Nigeria: genocidio cristiano

Desde hace ya más de una década, los ataques sistemáticos contra poblaciones cristianas en el centro y nordeste de Nigeria –asesinatos masivos, destrucción de iglesias, secuestros de sacerdotes y desplazamientos forzados– muestran un mismo patrón dirigido contra un grupo definido por su religión. Organizaciones de vigilancia internacional, parlamentos extranjeros y grupos de analistas y expertos ya hablan de actos que pueden encajar en el delito internacional de genocidio. Pese a ello, la respuesta del Estado nigeriano y de la comunidad internacional ha sido nefasta y estructuralmente polarizada.

Contexto

Los ataques contra comunidades cristianas en Nigeria no son nuevos ni vienen motivados por contextos inmediatamente recientes. De hecho, durante los años 80´s  y 90´s ya existían tensiones religiosas y brotes de violencia intercomunitarios en el norte del país, de mayoría musulmana contra las minorías cristianas, mayoritarias en el sur. En aquel momento, los ataques se ligaban a la introducción de la sharía en varios estados a partir de 1999, atacando iglesias, barrios cristianos y provocando disturbios.

A partir de 2009, la violencia se intensificó debido a la insurrección de Boko Haram tras la represión de su líder, Mohammed Yusuf. Desde entonces, los atentados suicidas contra iglesias, los secuestros de cristianos, las masacres en aldeas del noreste, la violación de religiosas; mujeres y niñas cristianas y demás; con picos de violencia en 2010 y 2015, no han parado de crecer. 

En 2015, Boko Haram juró lealtad al Estado Islámico y pasó a denominarse ISWAP, intensificando la persecución religiosa que hoy se observa en las calles y aldeas de Nigeria, con el objetivo de eliminar el cristianismo e imponer la sharía. De igual forma, se intensificaron paralelamente los enfrentamientos entre agricultores –mayoritariamente cristianos– contra pastores fulani –mayoritariamente musulmanes–. En consecuencia, a partir de 2010, la violencia se volvió más letal, con ataques organizados, asesinatos masivos y desplazamientos forzados, a la vez que el terrorismo cogía poder y territorio.

Los pastores y los agricultores comenzaron su rivalidad derivada del concurso por los recursos escasos. Ambos precisan de tierras y agua, aumentando la competencia. En consecuencia, los choques por materias primas, antes locales, se han ido intensificando hacia un componente religioso y étnico, con ataques fulani cada vez más organizados y dirigidos contra aldeas cristianas.

¿Qué pasa en Nigeria? hechos y cifras

Nigeria atraviesa una serie de olas muy crueles y sádicas de ataques y asesinatos contra las comunidades agrícolas, pobladoras del “Middle Belt” –Estados como Benue, Plateau o Kaduna–, así como, atentados perpetrados por grupos terroristas como Boko Haram/ISWAP en el nordeste. La violencia ya se ha cobrado miles de muertes, secuestros y desplazamientos. Según datos e informes, en el periodo de enero a agosto de 2025, 7,000 cristianos habrían sido asesinados en ataques realizados por pastores o milicias fulani y otros grupos terroristas.

Asimismo, se contabilizan numerosos casos de secuestros a clérigos, monjas o pastores, los cuales son normalmente asesinados, violados e incluso torturados por su condición religiosa. ONGs internacionales, así como organizaciones cristianas y otras fuentes católicas ya contabilizan los decesos por centenares en los últimos tiempos.

De igual forma, los grupos islamistas atacan, incendian y destruyen lugares de culto, poniendo especial énfasis en la quema de iglesias, muchas veces con feligreses o religiosos en su interior. En consecuencia, la comunidad religiosa se ve completamente destruida, sobre todo en pequeñas poblaciones cristianas rurales, provocando el desplazamiento interno de centenares de miles de personas.

La violencia en Nigeria tiene nombres: por un lado, Boko Haram/ISWAP –responsable de atentados, secuestros y violaciones en el noreste nigeriano–. Seguidamente, los grupos armados identificados como “herders”, de etnia fulani y tradicionalmente nómadas –se les atribuyen los ataques en la franja central nigeriana–. Por último, entre otros, las bandas criminales o “bandits” del noroeste –estas, mezclan motivos religiosos con la criminalidad–, reclamando compensaciones monetarias por los secuestros.

En cifras totales, se estima que más de 52,250 cristianos han sido asesinados desde 2009 hasta 2025, desplazando a unos 14 millones de cristianos internos forzados a huir de sus hogares. En total, más de 18,000 iglesias han sido quemadas y 2,200 escuelas cristianas han sido destruidas. 

Casos y ejemplificativos de la dramática situación

• 2015-2025: entre estos años, 145 sacerdotes fueron secuestrados; de ellos, 11 asesinados y 4 desaparecidos. Las provincias más afectadas son: Owerri (47 casos), Onitsha (30 casos) y Kaduna (24 casos y 7 asesinatos).

• 2018: Leah Sharibu, niña cristiana de 15 años, fue secuestrada por Boko Haram junto a más de 109 niñas. Leah permanece en cautiverio.

• 20 de diciembre de 2021: Masacre de Nasarawa, donde pastores fulani atacaron varias aldeas por conflictos de tierras. Murieron 52 personas.

• 5 de junio de 2022: ataque durante la misa en la Iglesia Católica St. Francis Xavier, combinando explosivo y tiroteo masivo, con 50 muertos y más de 100 heridos.

• 2022, Angwan Aku: cuatro mujeres cristianas fueron secuestradas y violadas por cinco hombres cada una en una pequeña comunidad cristiana.

• 2022, Borno: en campos de desplazados, entre el 50% y 60% de mujeres y niñas fueron violadas por bandas armadas o secuestradores.

• 15 de abril de 2023: ataque de “bandits” a una población cristiana en Runji, matando a 33 personas.

• 7 de abril de 2023, Benue: más de 43 personas del campo de desplazados internos de Mgban fueron asesinadas por atacantes sospechosos de ser pastores fulani.

• 15-16 de mayo de 2023, Plateau: más de 130 personas asesinadas en ataques coordinados por pastores fulani en comunidades rurales de Mangu y Plateau.

• Diciembre de 2023 - febrero de 2024: Estado de Plateau, más de 1,300 asesinados por ataques fulani. Las víctimas incluían niños, ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes; gran cantidad de aldeas y hogares destruidos.

• 24-25 de diciembre de 2023: “Masacre de Navidad” en condados de Bokkos, Barkin Ladi y Mangu por extremistas fulani; mínimo 195 muertos y más de 29,000 desplazados.

• Marzo de 2024: secuestro de 287 estudiantes en Kaduna, incluyendo menores de 12 años.

• Septiembre de 2024, Kaduna: una niña cristiana de 10 años fue violada por cinco hombres musulmanes; hospitalizada e inconsciente por semanas. Los atacantes fueron condenados a cadena perpetua en diciembre de 2024.

• 13-14 de junio de 2025: ataque nocturno a aldeas cristianas por “bandits”, asesinando cerca de 200 cristianos en una misión católica que alojaba a desplazados internos.

• 2023, Borno: más de 40 mujeres fueron secuestradas por grupos islámicos mientras recogían leña en un campo de desplazados internos en el distrito de Mafa. Las víctimas fueron liberadas tras el pago de un rescate de 50,000 nairas por mujer, unos 28,4€.

¿Es este caso un ejemplo de genocidio según el Derecho Penal Internacional?

El genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio –incluida en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional–, requiere dos elementos:

1. Elementos objetivos: actos enumerados, tales como: asesinato, lesiones graves, sometimiento intencional a condiciones de existencia que lleven a la destrucción física total o parcial, traslado forzado de niños, medidas en contra de la natalidad… 

2. Elementos subjetivos: intención específica –dolus specialis– de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido –étnico, nacional, racial o religioso–.

En el caso nigeriano, se han documentado numerosos casos de asesinato masivo, destrucción deliberada de lugares de culto y poblaciones rurals, desplazamientos forzados y secuestros selectivos contra la comunidad cristiana, así como, el sometimiento intencional de líderes religiosos, su asesinato, tortura y violación. Todo ello, son formas que encajan directamente con actos materiales del tipo penal recogido entre los elementos objetivos.

Así pues, las víctimas son identificables bajo un mismo grupo religioso –cristianos–. El Genocidio protege a grupos por cuestiones religiosas; por tanto, el elemento de grupo protegido también se encuentra presente en el caso.

Por último, las pruebas de intencionalidad: la intención podría llegar a probarse mediante los patrones de ataques repetidos y coordinados contra comunidades cristianas, la destrucción de bienes religiosos o el secuestro de religiosos. Asimismo, las declaraciones y prácticas demuestran la voluntad de diversos grupos islámicos de destruir a las comunidades cristianas en áreas concretas de Nigeria. En consecuencia, diversas organizaciones y expertos sostienen que la combinación de objetivos geográficos, la selección de las víctimas por religión y la continuidad temporal apuntan a la intención necesaria para calificar legalmente al caso como genocidio.

Los hechos documentados cumplen los actos materiales del tipo penal y existen evidencias de un patrón dirigido contra un grupo religioso identificable. Por tanto, los hechos jurídicos fundados para sostener que la conducta podría constituir genocidio están mayormente argumentados. Sin embargo, la calificación requiere una decisión judicial internacional o un pronunciamiento formal comparable, como sería el de la Corte Internacional de Justicia o una resolución de la ONU –aprobada por el Consejo de Seguridad–. 

Opiniones de instituciones y actores internacionales

Algunas organizaciones sobre los derechos humanos llevan tiempo señalando los hechos en el país africano. Estas, declaran que los hechos son suficeintes como para catalogar la situación de genocidio. Entre ellas, encontramos al Genocide Watch.

Por otro lado, ONGs han documentado matanzas, ataques y violencia sistematizada de pastores; denuncian la impunidad y los fallos del Estado en la protección de víctimas y en el sometimiento judicial. Estas organizaciones, como Amnistía Internacional, llaman a que investigadores lleven a cabo trabajos sobre el tema y a mayores medidas de protección y sanción.

También es relevante el papel de los Estados y cámaras legislativas internacionales. Han habido pronunciamientos que denuncian la persecución, demandando medidas. Incluso ciertos polítticos lo tilde directamnte de “genocidio”. No obstante, nadie ha logrado frenar, por desinterés, motivaciones varias o temor, a Nigeria. En muchas ocasiones, solo una parte legislativa reclama acciones, como sucedió en el Congreso de los Estados Unidos de América, cuando el grupo republicano demandó acciones y fue rechazado por el partido demócrata.

Respecto a la comunidad internacional, más allá de informes, documentos o resoluciones esporádicas, la respuesta práctica es casi inexistente. Ni las sanciones dirigidas, las misiones de protección o la intervención multilateral han servido para causar cambios frente a la situación. El genocidio implica obligaciones de prevención y acción bajo la Convención; por lo que es completamente criticable la inacción de la comunidad internacional.

¿Qué hace Nigeria al respecto?

El Estado ha desplegado en numerosas ocasiones distintas campañas policiales y militares contra grupos terroristas, especialmente contra Boko Haram. De tal forma, se han llevado a cabo diversos procesos judiciales, procesos y condenas contra insurgentes, pero no con el final esperado. La respuesta ha sido en general muy heterogénea, totalmente insuficiente para la protección de civiles e impune para los atacantes. La falta de investigación efectiva es creciente, alarmante e indignante, especialmente en áreas rurales del centro de Nigeria –Middle Belt–.

Ante estos hechos, diversas comunidades y observadores acusan al gobierno y a las autoridades judiciales, locales y federales de no actuar con diligencia o de aplicar enfoques selectivos. Tiempos de respuesta tardíos, ausencia de protección de aldeas, fracasos en la implementación de legislaciones… son solo algunos casos que demuestran la ineficacia y la falta de preocupación con la que el gobierno se toma el asunto.

Nigeria cuenta con fuerzas armadas poderosas en la teoría, pero mal distribuidas, plenas de corrupción e impunidad. El gobierno no responde a tiempo a los ataques o directamente ni actúa, sea por ineficacia o desinterés. Además, la impunidad alimenta la continuidad de los ataques, con muy pocos autores juzgados.

De igual forma, la religión e identidad étnica están siendo utilizadas como herramientas de poder en Nigeria, donde existen unas poblaciones musulmana y cristiana que representan un 45% del total de habitantes cada una. En consecuencia, algunos líderes locales motivan las diferencias para consolidarse en el poder, promoviendo el discurso de odio, la xenofobia y la intolerancia en todas sus formas. Asimismo, el reparto de cargos y recursos gubernamentales se divide en el eje “norte musulmán” y en el sur “cristiano”, lo que ha generado diferencias y desconfianzas cada vez mayores, provocando ataques. 

Actualmente, pese a que Nigeria es oficialmente un Estado laico según su Constitución, la religión de los presidentes y sus políticas tienden a reflejar el equilibrio nacional. Hoy en día, el presidente Ahmed Tinubu y la vicepresidenta Kashim Shettima son musulmanes. Esto es una excepción a la norma, ya que para mantener el equilibrio se nombraba a uno de los dos cargos de la otra religión. Es decir, si el presidente es musulmán, el vicepresidente debería haber sido cristiano, y viceversa. En este gobierno, ambos son musulmanes, lo que ha generado desconfianza y debates por parte de la población cristiana.

Pese a que los partidos no se definen por su religión, teóricamente, los votantes muchas veces apoyan a líderes según su identidad religiosa y regional. Esto se ve en las votaciones entre norte y sur del país, lo cual puede desembocar en una futura guerra civil por diferenciación identitaria, genocidio, imposición o abuso de poder contra las minorías por parte del Estado y las autoridades, entre muchos otros escenarios.

Voces críticas: una perspectiva de dos opiniones

Por un lado, encontramos a quienes sostienen abiertamente la tesis genocida de los hechos. Entre ellos, ONGs, think tanks, grupos políticos de diversas ideologías en occidente o algunos grupos religiosos que exigen el reconocimiento jurídico y acciones concretas. 

No obstante, hay voces que piden cautela a la hora de catalogarlo como tal. Estos, señalan que aunque la violencia es extrema y selectiva, la palabra “genocidio” es jurídica y su uso requiere pruebas rígidas de intención; advierten contra la politizción de etiquetas sin evidencias judiciales completas, especialmente por la falta de una sentencia judicial internacional sobre el caso, debido a la justificación de violencia intercomunitaria. Sin embargo, internamente, este grupo también mantiene debates sobre la metodología estadística y la politización de cifras, lo que frena cada vez más sus declaraciones, pese a no tener a día de hoy una sentencia que declare completamente la situación como genocidio.

Crimen de lesa humanidad

El crimen de lesa humanidad es un delito internacional que consiste en cometer actos graves y sistemáticos contra la población civil, como asesinatos, torturas, violaciones, desplazamientos forzosos, persecuciones por motivos políticos, religiosos, étnicos o de género, o cualquier otro acto inhumano que cause sufrimiento grave.

A diferencia del genocidio, no requiere de la intención de destruir total o parcialmente a un grupo específico, sino que basta que los actos formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles.

En el caso de Nigeria, la violencia de grupos como Boko Haram, que incluye asesinatos masivos, secuestros, desplazamientos forzosos y ataques recurrentes contra comunidades cristianas y musulmanas, podría ser calificada jurídicamente como crimen de lesa humanidad, dado qu cumple con los criterios de sistematicidad, generalización y afectación de la población civil, aunque no se pueda –de momento– tipificar como genocidio por la falta de intencionalidad específica de exterminio –actualmente en valoración–.

El crimen de lesa humanidad conlleva que quienes cometen actos graves y sistemáticos contra la población civil, pueden ser perseguidos penalmente a nivel internacional ante tribunales como la CPI, enfrentando penas de prisión severas y obligación de reparar daños a las víctimas. Además, genera responsabilidad política y social, obliga a proteger a la población civil y documentar los abusos para prevenir su repetición. En Nigeria, puede que la catalogación de los hechos como crimen de lesa humanidad –más “sencillo” que de genocidio, pese a las voces críticas que reclaman su declaración– quizás sea una solución más práctica ante la masacre.

Pasos jurídicos y políticos necesarios

Nigeria, forma parte del Estatuto de Roma, por ende, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional podría activarse. Para ello, se debería demostrar que el país es incapaz o no quiere investigar los hechos, o, la Fiscalía de la CPI debería decidir abrir un examen preliminar sobre la situación y proceder. A ello, se sumarían las investigaciones independientes y documentales de tribunales nacionales, comisiones de la ONU o investigaciones del OMP.

Por otra parte, se deben primar inmediatamente las medidas de protección en zonas vulnerables, programas de desarme y control de armamento, cumpliendo las leyes anti-grazing y de reforma policial. Sin embargo, muchos mantienen severas dudas sobre la capacidad nigeriana para llevar esto a cabo, especialmente en un contexto de corrupción política, crisis social, persecución religiosa, una pseudo-guerra civil y genocidio.

Para lograr el encauzamiento de la situación, actores internacionales deberían tomar cartas en el asunto: sanciones selectivas, asistencia y apoyo en inteligencia e investigaciones forenses y de campo, así como, medidas de presión diplomática para prevenir ataques. No obstante, lejos queda que parlamentos, Estados y organizaciones internacionales mantengan el foco sobre Nigeria.

Conclusión

Los hechos actualmente disponibles configuran, en sus elementos materiales, actos que el Derecho Internacional incluye en la categorización de genocidio. La pregunta real es la intención: los ataques repetidos, por identidad religiosa en áreas concretas, así como la selección de víctimas, proporcionan una presunción probatoria sólida de la intención dirigida. Por ello, además de exigir investigaciones judiciales internacionales e imparciales, corresponde que la comunidad internacional active mecanismos de prevención, asistencia y sanción previstos en el Derecho Internacional para evitar la consumación definitiva de un crimen de dimensiones genocidas.

Crédito foto: © UNHCR/Xavier Bourgois. Some of the Nigerian refugees who crossed the border last week seek shelter in the Cameroonian town of Goura, after fleeing violence in Rann.