Relaciones Estados Unidos-Cuba (2025–2026): política de máxima presión, crisis económica y reconfiguración del escenario geopolítico

Marco histórico de la relación bilateral

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba constituyen uno de los casos más prolongados y singulares de confrontación bilateral en la política internacional contemporánea. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ambos Estados han mantenido una relación caracterizada por la desconfianza mutua, la rivalidad ideológica y la ausencia de una normalización estable y duradera.

A lo largo de más de seis décadas, aunque se han producido episodios puntuales de acercamiento diplomático y económico, ninguno de ellos ha logrado modificar de forma estructural los fundamentos que determinan la relación bilateral. En consecuencia, el vínculo entre ambos países ha estado marcado por una dinámica cíclica de distensión y endurecimiento, en la que las políticas adoptadas por una administración estadounidense han tendido a ser parcial o totalmente revertidas por la siguiente.

Este patrón recurrente ha sido interpretado como resultado tanto de factores estructurales como institucionales. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 1961 y la imposición del embargo económico en 1962, Cuba pasó a ocupar una posición excepcional dentro de la política exterior estadounidense, adquiriendo una relevancia que trascendía el ámbito estrictamente geopolítico.

La dimensión interna de la política estadounidense hacia Cuba

Con el paso del tiempo, la cuestión cubana se ha consolidado como un elemento significativo de la política doméstica de Estados Unidos. En particular, la influencia del exilio cubano en Miami y su peso electoral en estados clave como Florida han contribuido a condicionar la formulación de la política exterior hacia la isla.

Este proceso de internalización del conflicto se vio reforzado con la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 (Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas), mediante la cual el embargo quedó incorporado al ordenamiento jurídico estadounidense. Esta legislación restringió considerablemente la capacidad del poder ejecutivo para modificar unilateralmente la política hacia Cuba, otorgando al Congreso un papel decisivo en cualquier proceso de normalización.

Desde esta perspectiva, cualquier intento de transformación sustancial del marco bilateral ha quedado condicionado tanto por las dinámicas políticas internas estadounidenses como por la evolución del sistema político cubano.

Reversión parcial y continuidad restrictiva

El periodo comprendido entre 2014 y 2016, bajo la Administración de Barack Obama, representó el intento más significativo de reconfiguración de la relación bilateral en décadas. En esta etapa se produjo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas y la ampliación de los intercambios económicos, culturales y humanos entre ambos países.

Este proceso constituyó el mayor avance en la normalización desde la Revolución Cubana. La persistencia del embargo económico, junto con la ausencia de reformas estructurales profundas en Cuba, limitó el alcance de dicho acercamiento. La existencia de vetos legislativos en el Congreso estadounidense impidió que las medidas adoptaran un carácter plenamente irreversible.

Entre 2017 y 2021, la Administración Trump impulsó una estrategia orientada a revertir buena parte de los avances alcanzados durante el acercamiento promovido por Barack Obama. Entre las medidas adoptadas destacaron la reducción significativa del personal diplomático en La Habana, la suspensión de numerosos servicios consulares tras los denominados "incidentes de salud" o "síndrome de La Habana", las restricciones a los viajes, las limitaciones a las remesas y el endurecimiento de las sanciones financieras. Entre las medidas adoptadas se incluyeron restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla, limitaciones a las remesas, ampliación de sanciones financieras y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton que establece la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses (incluidos aquellos que adquirieron la nacionalidad después de la expropiación) puedan presentar demandas ante tribunales federales de Estados Unidos contra personas físicas o jurídicas que se beneficien del uso o explotación de propiedades que fueron confiscadas por el Estado cubano tras la Revolución de 1959. Esto incluye no solo a entidades estadounidenses, sino también a empresas y actores de terceros países, lo que convierte esta disposición en un mecanismo con un fuerte alcance extraterritorial.

Otra medida fue la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, categoría en la que había sido incluida inicialmente en 1982 y de la que fue retirada en 2015. Posteriormente, la administración de Joe Biden mantuvo en términos generales la arquitectura sancionadora existente, introduciendo únicamente ajustes parciales sin alterar de forma sustancial el marco de restricciones vigente.

Intensificación de la presión estadounidense y reconfiguración estratégica (2025–2026)

Con el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025, la política hacia Cuba volvió a orientarse hacia una estrategia de máxima presión reforzada. En relación con la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, Cuba había sido incluida inicialmente por la Administración Reagan en 1982 y retirada en 2015 durante la presidencia de Barack Obama. Aunque la Administración Biden anunció nuevamente su exclusión en enero de 2025, la decisión fue revertida de manera inmediata tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, manteniendo en la práctica la consideración de Cuba como Estado promotor del terrorismo durante la mayor parte del período reciente, así como nuevas sanciones dirigidas a empresas vinculadas al aparato militar cubano y al conglomerado económico GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con un peso significativo en sectores estratégicos de la economía nacional.

En junio de 2025 se aprobó un nuevo Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional que reforzó la aplicación del embargo, limitó las transacciones con entidades estatales cubanas y endureció las restricciones a viajes y actividades económicas relacionadas con la isla.

En paralelo, Cuba comenzó a ser reinterpretada dentro de la estrategia estadounidense no solo como un problema de democratización y derechos humanos, sino también como un elemento de competencia geopolítica en el hemisferio occidental, particularmente en relación con Rusia y China. Esta reconfiguración estratégica se vio reflejada en el denominado “Corolario Trump-Monroe” incorporado a la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025.

Crisis energética y colapso económico en Cuba

La intensificación de la presión estadounidense ha coincidido con un deterioro profundo de la economía cubana. La pérdida del suministro de petróleo venezolano, derivada de la evolución política regional, ha agravado significativamente la crisis energética de la isla, que ya presentaba signos estructurales de obsolescencia en su sistema de generación eléctrica.

Durante 2024 y 2025 se registraron múltiples apagones nacionales, mientras que en diversas provincias se implementaron cortes de suministro de hasta 18 horas diarias. En 2026, la situación se agravó aún más debido a las restricciones externas al acceso de Cuba a proveedores alternativos de energía, provocando una expansión de los apagones, el colapso del turismo y la reducción de una de sus principales fuentes de divisas.

En términos estructurales, la economía cubana experimentó una contracción estimada del 15% entre 2020 y 2025, afectada simultáneamente por la pandemia, las distorsiones derivadas de reformas monetarias internas y el impacto de las sanciones estadounidenses. En 2026, el turismo se redujo aproximadamente un 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Transformaciones políticas internas y respuestas del régimen

En este contexto de crisis económica y presión externa, el gobierno cubano ha adoptado una serie de medidas orientadas a la reestructuración parcial del modelo económico. El presidente Miguel Díaz-Canel ha impulsado reformas destinadas a ampliar el espacio del sector privado, facilitar la inversión extranjera, flexibilizar la actividad económica y promover la descentralización administrativa y empresarial. El Partido Comunista de Cuba (PCC) ha convocado reuniones extraordinarias de su Comité Central para evaluar estas reformas, en un contexto caracterizado por su carácter urgente y excepcional. Posteriormente, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha sido convocada para su eventual ratificación institucional.

Entre las medidas propuestas se incluyen la apertura del sector turístico a nuevos actores y modalidades de inversión, el incremento de la inversión extranjera directa, incluyendo a cubanos no residentes, la ampliación del sector privado, así como reformas orientadas a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario.

Dimensión externa de la crisis y presión estadounidense

De manera paralela, el Ejecutivo cubano ha constituido un grupo de expertos económicos compuesto por economistas críticos y no oficialistas, junto con figuras vinculadas al aparato institucional. Entre los participantes se encuentran académicos y especialistas que han defendido históricamente reformas orientadas hacia una mayor apertura del modelo económico, incluyendo la expansión del sector privado, la liberalización parcial del comercio exterior y la mejora de la seguridad jurídica.

Este grupo asesor ha comenzado a evaluar propuestas derivadas del paquete de reformas gubernamentales, en un intento de articular respuestas técnicas a la crisis estructural del país.

Las reformas internas se desarrollan simultáneamente a una intensificación de la presión estadounidense, que ha incluido sanciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía cubana, restricciones al comercio de petróleo y sanciones secundarias a empresas extranjeras que operan en la isla. Se ha producido una retirada progresiva de actores internacionales especialmente en sectores como el turismo, la aviación y la banca, debido al riesgo de sanciones, lo que ha contribuido a profundizar el aislamiento económico de Cuba. Diversas fuentes apuntan a que la política estadounidense ha combinado medidas de presión económica con una estrategia de coerción política orientada a promover transformaciones estructurales en el sistema cubano, incluyendo reformas no solo económicas sino también institucionales.

Escalada de tensión y dimensión militar del conflicto

De acuerdo con análisis recientes, la evolución del conflicto ha incorporado una dimensión estratégica y militar más explícita. Tras la intervención estadounidense en Venezuela en enero de 2026, el gobierno cubano ha incrementado sus ejercicios militares y programas de formación de reservistas, con el objetivo de reforzar una narrativa de “pueblo en armas” y preparación para escenarios de conflicto asimétrico.

Diversos análisis coinciden en señalar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba presentan un importante deterioro material y tecnológico respecto a su capacidad histórica durante la Guerra Fría. Equipamientos como carros de combate T-62, aviones MiG-21 y MiG-23, o sistemas navales de patrulla, han quedado progresivamente obsoletos, lo que limita significativamente la capacidad operativa del país en un escenario de confrontación convencional. Desde una perspectiva comparada, la asimetría militar entre Estados Unidos y Cuba es extremadamente pronunciada. 

Algunos análisis estratégicos subrayan que las experiencias recientes de intervención militar internacional demuestran que la superioridad militar no garantiza necesariamente transiciones políticas estables, especialmente en contextos donde existen estructuras estatales colapsadas o fragmentación institucional.

En conjunto, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba parecen situarse en una fase de elevada volatilidad, caracterizada por la interacción simultánea de tres dinámicas principales: la presión externa estadounidense, la crisis estructural del modelo económico cubano y los intentos de reforma interna impulsados por el gobierno. La convergencia de estos factores ha generado un escenario en el que las transformaciones políticas y económicas en la isla se encuentran estrechamente condicionadas tanto por las restricciones externas como por la capacidad del sistema político cubano para adaptarse internamente a una crisis de carácter multidimensional.

De hecho, el pasado 10 de junio, el presidente de Cuba concedió una entrevista a elDiario.es, en la que afirmó:

“Yo creo que Estados Unidos en esta política de máxima presión está apostando a tres escenarios. Un escenario es la asfixia económica provocando el estallido social y que ese estallido social le dé posibilidad de entonces con un pretexto de ayuda humanitaria intervenir en el país. Un segundo escenario, es seguir un diálogo coercitivo con Cuba de máxima presión para apoderarse de la economía cubana para ocupar el país económicamente y que eso le diera la posibilidad de provocar un cambio de sistema político y un tercer escenario, es la agresión militar. Pero esos escenarios no los hemos construidos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho a defendernos a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y no haya derrota.” 

¿Qué esperar ahora?

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán en torno al Estrecho de Ormuz, alcanzado recientemente a través de un proceso de mediación en el que participaron actores como Pakistán y Catar y que incluyó contactos diplomáticos desarrollados en Suiza, así como la actuación militar israelí en el Líbano, reflejan la centralidad que Oriente Medio continúa ocupando en la agenda internacional. Estos acontecimientos no implican una pérdida de relevancia estructural de Cuba dentro de la política exterior estadounidense, pero sí contribuyen a una jerarquización de prioridades en la que los desafíos asociados a la seguridad energética global, la estabilidad regional y la gestión de conflictos armados adquieren un carácter prioritario para la acción diplomática y de seguridad de Estados Unidos.

Esta realidad resulta especialmente significativa si se considera que el Estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de tránsito energético del mundo, de cuya estabilidad depende una parte sustancial del comercio internacional de hidrocarburos. Cualquier alteración en esta región tiene la capacidad de generar efectos inmediatos sobre los mercados energéticos, la inflación global y la seguridad económica de numerosos Estados, incluidos los propios aliados de Washington. Como consecuencia, la Administración estadounidense se ve obligada a concentrar una parte considerable de sus recursos diplomáticos, militares y de inteligencia en la gestión de estas crisis.

La estabilización en el Estrecho de Ormuz en cuanto al comercio energético global tiene implicaciones sobre el precio internacional del petróleo y “por extensión” sobre la disponibilidad y coste relativo de los combustibles en los mercados internacionales. Dado que Cuba es una economía altamente dependiente de las importaciones energéticas, cualquier reducción de la volatilidad en los mercados energéticos tiende a tener un efecto amortiguador, aunque limitado, sobre su crisis de abastecimiento. En este sentido, una mayor estabilidad en el Estrecho de Ormuz puede facilitar el acceso indirecto a combustibles en mercados secundarios y aliviar parcialmente la presión derivada de la crisis energética estructural que atraviesa el país, agravada por la escasez de divisas y la pérdida de suministros preferenciales procedentes de aliados tradicionales.

La intensificación de la agenda estadounidense en Oriente Medio, ha contribuido a un desplazamiento relativo del foco de atención estratégica de Washington. La concentración de recursos diplomáticos, militares y de inteligencia en la estabilización del eje Irán–Estrecho de Ormuz y sus ramificaciones regionales ha reforzado una jerarquización de prioridades en la política exterior estadounidense, en la que determinados dossiers adquieren mayor urgencia operativa.

Como consecuencia, la cuestión cubana tiende a situarse en un plano de menor centralidad coyuntural dentro de la agenda inmediata de la Casa Blanca, sin que ello implique una pérdida de relevancia estructural. En términos analíticos, Cuba continúa ocupando un lugar significativo en la política exterior estadounidense por su dimensión regional, simbólica y doméstica, especialmente en relación con el marco de sanciones y la política hacia América Latina.

Sin embargo, su tratamiento queda parcialmente subordinado a crisis de mayor intensidad geopolítica en otras regiones del sistema internacional.