Soberanía y fragmentación del poder estatal en América Latina: entre la estabilidad externa y la erosión interna

La soberanía es un fenómeno que, en apariencia, resulta sencillo de comprender para el común de las personas. Sin embargo, su alcance jurídico y político revela  una complejidad considerable. Desde una perspectiva estrictamente jurídica,  puede afirmarse que la soberanía de los Estados se expresa en el “poder  supremo e ilimitado […] para establecer su constitución y adoptar las decisiones  políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano  internacional” (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2025). 

De acuerdo con las Naciones Unidas, todos los Estados gozan de igualdad soberana: poseen los mismos derechos y deberes y son, por igual, miembros de  la comunidad internacional. Además, la organización subraya que la integridad  territorial y la independencia política de los Estados son inviolables (Naciones  Unidas, 1970). 

A partir de estas definiciones, es posible identificar dos dimensiones en las que  podemos conceptualiza y evaluar la soberanía. En el plano externo, esta implica  la facultad del Estado para ser reconocido y actuar libremente dentro del sistema internacional, sin subordinación a poderes ajenos. En el plano interno, la  soberanía se traduce en la capacidad de ejercer efectivamente la autoridad, el orden jurídico y el control sobre su territorio y población, garantizando el  monopolio legítimo de la fuerza. 

En este marco, no caben dudas respecto a que en América Latina las cuestiones soberanas en términos externos se encuentran, a grandes rasgos, resueltas. La  región puede ser considerada una zona de paz en lo que a conflictos  interestatales respecta: más allá de casos puntuales que desarrollaremos más adelante, no presenta disputas territoriales de gran magnitud ni amenazas a su integridad externa. En consecuencia, los Estados latinoamericanos ejercen, en  general, su soberanía externa de manera plena, lo que contribuye a un escenario de relativa estabilidad en materia de política internacional. Sin embargo, el  panorama cambia cuando el análisis se traslada al ejercicio de la soberanía  interna, donde la debilidad institucional, las crisis políticas recurrentes y las  limitaciones del poder estatal en amplios sectores sociales y territoriales ponen  de manifiesto importantes déficits en su ejercicio efectivo. 

Si bien resulta difícil cuantificar el grado de ejercicio soberano, existen indicadores que permiten aproximarse al modo en que las capacidades estatales  se manifiestan territorialmente. El Global Peace Index, elaborado por el Institute for Economics and Peace, pondera 23 variables cualitativas y cuantitativas para  medir niveles de seguridad ciudadana, presencia de conflictos internos y  externos, y grado de militarización. España, por ejemplo, obtiene una calificación de 1,58, ubicándose en el puesto 25 entre 163 países, siendo Islandia, Irlanda y Nueva Zelanda los de mejor desempeño. 

Aunque el índice no mide directamente la capacidad soberana, resulta útil para  contrastar las condiciones de estabilidad en América Latina. Al hacerlo, los resultados no sorprenden: países como México, Colombia y Brasil registran  puntuaciones en torno a los 2,7 puntos, situándose entre los puestos 135, 140 y 130 del ranking global. 

Veamos algunos ejemplos 

México no mantiene disputas fronterizas abiertas y posee una larga tradición diplomática, lo que garantiza el pleno ejercicio de su soberanía externa. Sin embargo, la expansión del crimen organizado transnacional ha socavado el  monopolio estatal de la fuerza. En diversas regiones, los cárteles no solo dominan la producción y comercialización de drogas, sino que han diversificado  sus actividades ilícitas hasta adquirir capacidad logística y financiera suficiente para influenciar el territorio y reemplazar parcialmente al Estado en la provisión de bienes básicos, buscando legitimidad social. Si bien el país presenta una  puntuación nacional de 2,64 en el Global Peace Index, estados como Baja California (4,13), Guanajuato (4,30) o Colima (4,74) exhiben niveles de violencia equivalentes a zonas de conflicto armado.

Colombia, también con fronteras estables y reconocidas, enfrenta un único conflicto limítrofe activo en el llamado trapecio amazónico, un espacio fronterizo tripartito con Perú y Brasil donde persiste la disputa por la isla Santa Rosa cuyo  tratamiento se encuentra transitando la vía diplomática tras un breve periodo de tensiones durante los últimos meses. A pesar de su estabilidad democrática, la persistencia de grupos armados y estructuras narco-paramilitares continúa degradando la autoridad estatal. Según Reuters (2025), estas organizaciones  han expandido su control territorial en los últimos tres años, constituyendo en algunas regiones verdaderos estados paralelos que reemplazan funciones básicas del Estado y ejercen autoridad coercitiva local.

En Brasil, organizaciones criminales como el Comando Vermelho (CV), el  Terceiro Comando Puro (TCP) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) operan  en grandes centros urbanos —Río de Janeiro, São Paulo, Recife y Fortaleza— sustituyendo parcialmente al Estado en diversas funciones. En numerosas  comunidades, estos grupos prohíben robos, resuelven disputas domésticas y  regulan la vida cotidiana mediante mecanismos de coerción propios. La ausencia  prolongada del Estado permitió que tales actores “internalicen” tareas de policía,  justicia y control social. En ciertas favelas, incluso organizan el suministro  irregular de electricidad o agua e imponen tarifas de seguridad. Durante la  pandemia, distribuyeron alimentos y medicamentos, consolidando una imagen  de protección local (Goomez, Merlo, & Pires, 2025).

Más allá de estos casos emblemáticos, en varios países sudamericanos se observan formas parciales de soberanía interna erosionada:

• En Perú, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) constituye un enclave donde confluyen narcotráfico, remanentes del Sendero Luminoso y economías ilegales que sostienen estructuras armadas locales; pese a los programas estatales, el control gubernamental sigue fragmentado.  

• En Bolivia, regiones como el Chapare, núcleo cocalero tradicional, exhiben una autonomía económica y política que limita la autoridad central.  

• En Paraguay, el avance de las narco-economías en departamentos fronterizos y la penetración del PCC han configurado redes ilícitas transnacionales que erosionan la capacidad estatal.  

• En Ecuador, la escalada de violencia criminal y la infiltración del narcotráfico en las instituciones desembocaron en la declaración del estado de conflicto armado interno en 2024. 

En conjunto, estos procesos reflejan una tendencia regional hacia la  fragmentación de la soberanía interna: los Estados conservan su legitimidad y  reconocimiento externo, pero su autoridad efectiva sobre el territorio se ve disputada por actores ilegales que ejercen funciones coercitivas, económicas e  incluso sociales en los márgenes del poder formal. 

El Cono Sur como eje de la resistencia

A medida que nos desplazamos hacia el sur, el panorama se torna sensiblemente más estable. Los países del Cono Sur —Chile, Argentina y Uruguay— han dejado atrás sus históricas disputas limítrofes y ejercen hoy un control efectivo y consolidado sobre la totalidad de sus territorios, tanto en el plano político como institucional, obteniendo puntuaciones de 1.90; 1.77 y 1.78 respectivamente.

Si bien el fenómeno del narcotráfico ha comenzado a manifestarse con mayor  intensidad en zonas fronterizas y —puntualmente— en grandes centros urbanos de la República Argentina —particularmente en Rosario y Buenos Aires—, estos  casos constituyen desafíos emergentes de seguridad pública, más que síntomas  de una erosión estructural de la soberanía interna. En conjunto, el Cono Sur mantiene un elevado nivel de gobernabilidad, cohesión estatal y estabilidad  institucional, consolidándose como un espacio sólido de soberanía plena en el  continente. El desafío para estos países será observar la situación vecina y accionar de manera preventiva para evitar ceder espacios al crimen organizado que —como se observó— son difíciles de recuperar una vez estos se consolidan.