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Contexto histórico y político de Benín Benín, anteriormente Dahomey, obtuvo su independencia efectiva de Francia en el año 1960. Las décadas posteriores estuvieron marcadas por una larga sucesión de golpes de Estado y regímenes militares –hasta diez cambios de gobierno entre 1960 y 1972–, culminando en el régimen marxista-leninista del general Mathieu Kérékou (1972-1991) –. La Conferencia Nacional de febrero de 1990 fue, sin embargo, el verdadero punto de inflexión: Benín se convirtió en el primer país del África subsahariana en hacer una transición pacífica y negociada hacia la democracia multipartidista. La Constitución del 11 de diciembre de 1990, estableció límites de mandato, una Corte Constitucional independiente y una Comisión Electoral Autónoma –la CENA–, transformando al país en un modelo democrático regional durante más de dos décadas. Entre 1991 y 2016, Benín experimentó cinco alternancias pacíficas de poder. Los presidentes Nicéphore Soglo (1991-1996), Mathieu Kérékou –en su etapa democrática (1996-2006) y Thomas Boni Yayi (2006-2016) consolidaron una reputación sin precedentes en el Golfo de Guinea. El V-Dem Institut y la Freedom House incluso llegaron a catalogar al país durante años como una de las democracias más y mejor consolidadas en África occidental. El giro autoritario bajo Patrice Talon (2016-2026) La llegada al poder del empresario algodonero Patrice Talon en 2016, tras ganar en segunda vuelta con casi el 66% de los votos, inauguró una era de reconfiguración institucional. Con el argumento de modernizar la gobernanza, Talon impulsó ciertas reformas electorales y constitucionales que, de forma sistemática y acumulativa, redujeron el espacio político de la oposición. La reforma del Código Electoral de 2019 introdujo un umbral mínimo del 10% de apoyos parlamentarios y de alcaldes para poder presentar candidaturas presidenciales –elevado al 15% en 2024–, un requisito imposible de cumplir para partidos no alineados con la coalición gobernante, que en las elecciones legislativas de enero de 2026 copó los 109 escaños de la Asamblea Nacional y los 77 alcaldes del país. Las elecciones presidenciales de 2021 ya dieron señales de alarma: los principales candidatos opositores, Joel Aivo y Reckya Madougu –esta última fiscal y líder del partido Los Demócratas–, fueron excluidos de la papeleta y posteriormente encarcelados. El informe sobre la Democracia 2025 del V-Institute identificó explícitamente a Benín como uno de los países con mayor retroceso democrático en África, un fenómeno encuadrado en la tendencia global de autorización legal: erosión institucional mediante reformas aparentemente legítimas, sin rupturas formales del orden institucional. El escenario preelectoral: entre el golpe y las urnas En la madrugada del 7 de diciembre de 2025, el teniente coronel Pascal Tigri lideró un grupo de soldados amotinados de la Guardia Nacional desde el campamento Togbin, en Fidjrosse, atacando la residencia presidencial, instalaciones militares clav y la televisión estatal, desde la que anunciaron el derrocamiento de Talon. El golpe fracasó horas después gracias a la resistencia de las Fuerzas Armadas leales y, decisivamente, a la intervención de la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres nigerianas –primera intervención armada de Nigeria desde la crisis gambiana de 2017– y a la asistencia logística y de vigilancia de Francia, con el presidente Macron en contacto directo con Talon. La CEDEAO, la Unión Africana y el Secretario General de la ONU condenaron el intento. Sin embargo, el episodio tuvo consecuencias profundas desde el proceso electoral. El gobierno beninés desató una ola de detenciones: entre los arrestados figuraron Candide Azannai (Restaurer l'Espoir) y Chabi Yayi, hijo del expresidente Boni Yayi. Se emitió una orden de detención contra Kémei Séba –activista panafricanista y candidato presidencial declarado en enero de 2025–, que había espesado apoyo al golpe y era percibido como articulador de la influencia del eje pro-Moscú y del bloque de la Alianza del Sahel (AES). Las elecciones parlamentarias del 11 de enero de 2026, celebradas en ese clima de represión postintento, dejaron a Los Demócratas por debajo del umbral del 20% en las 24 circunscripciones, con lo que perdieron todos sus escaños. La exclusión de la oposición El proceso de candidaturas para la presidencial del 12 de abril fue el emblema del cierre del espacio político. La CENA reabrió solicitudes de cinco aspirantes, pero el Tribunal Constitucional solo validó dos: la del ministro de Economía Romuald Wadagni, candidato oficial de la coalición gobernante (UPR y Bloque Republicano), y la de Paul Hounkpe, por las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE). La candidatura de Renaud Agbodjo por Los Demócratas –partido más votado de la oposición– fue rechazada por insuficiencia de avales parlamentarios. La tasa de registro, equivalente a unos 328,000 euros –250 millones de francos CFA–, constituyó por sí sola una barrera económica considerable. Los candidatos: Romuald Wadagni y Paul Hunkpe Romuald Wadagni. Nacido en 1977, de 49 años, economista formado en Francia y EEUU, con carrera de alto nivel en la consultora Deloitte. Nombrado ministro de Economía y Finanzas en 2016, fue el arquitecto de las políticas de austeridad y atracción de inversión extranjera del gobierno de Talon. Es identificado como el sucesor orgánico del sistema: tecnócrata de confianza, sin perfil político propio, con el respaldo explícito de Talon y el control absoluto de la máquina estatal, el parlamento y los ayuntamientos. Se presentó en binomio con la actual vicepresidenta Maiam Chabi Talata. Por otro lado, encontramos a Paul Hunkpe. De 56 años, es el alcalde de Bopa y exministro de Cultura. Candidato de las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente, partido que fue el principal partido gubernamental entre 2006 y 2016 bajo Boni Yayi y que desde entonces ha quedado reducido a un papel marginal. Buena parte de la oposición interpretó su candidatura no como un reto genuino al oficialismo, sino como un elemento legitimador del proceso. El propio Hounkpee concedió la derrota antes de conocerse los resultados provisionales, ofreciendo “felicitaciones republicanas” a Wadagni. Resultados y análisis electoral Las elecciones del 12 de abril de 2026 movilizaron a 7,897,287 electores censados en 17,462 colegios electorales, con 62,679 votantes en la diáspora. La participación fue del 58,75%, significativa en términos absolutos pero con notables asimetrías territoriales: en centros urbanos, especialmente en Cotonou, la participación osciló entre el 20% y el 40%, reflejo de una apatía o protesta silenciosa en los entornos más politizados. Mientras, los resultados provisionales de CENA, publicados la noche del 13 de abril, y ratificados definitivamente por la Corte Constitucional el 23 de abril dieron: Wadagni - Talata (UPR/BR): 94,27% – 4,570,000 votos. Hounkpe - Hounwanou (FCBE): 5,73% – 278,000 votos. La Corte Constitucional, presidida por Dorothée Sossa, proclamó el 23 de abril a Wadani y Talata como presidente y vicepresidenta. La toma de posesión está fijada para el 24 de mayo. Wadagni gobernará con un mandato de siete años –no de cinco, tras la reforma constitucional de noviembre de 2025 que extendió los períodos presidenciales y legislativos–, siendo renovable una vez con próximas elecciones previstas en 2033. Obviamente, diversas fuentes, a las que se suma Naciones en Ruinas, consideran que el proceso, ganado con un 94,27% de los votos, no fue “ni libre ni justo”, en ausencia de cualquier candidato de oposición real. Benín en el contexto del Sahel y África Occidental Las elecciones de 2026 deben leerse en el marco de una profunda reconfiguración geopolítica del Sahel y África Occidental. Desde 2020, cuatro miembros de la CEDEAO han sufrido golpes de Estado exitosos: Malí (2021), Guinea-Conakry (2021), Burkina Faso (2022) y Níger (2023). Este cinturón de golpes de Estado ha fragmentado la región, con Malí, Burkina Faso y Níger formando en julio de 2024 la Alianza de Estados del Sahel (AES), de orientación panafricanista y antifrancesa, con creciente presencia rusa a través del Grupo Wagner / Africa Corps. Benín, que limita al norte con Burkina Faso y Níger, ha visto cómo la violencia yihadista se einfiltra en su territorio, especialmente en las regiones del Atacora y el Alibori, con ataques de grupos filiados a Al Qaeda –como el del 8 de enero de 2025, que cusó más de 30 bajas militares–. En este escenario, el intento del golpe de diciembre de 2025 no puede desvincularse de la presión geopolítica regional. Los propios soldados amotinados invocaron argumentos que resonaban con los discursos de los golpistas sahelianos: mala gestión económica, captura del Estado por élites, carga fiscal sobre los pobres. Las cuentas pro-AES y prorrusas en redes sociales celebraron el golpe, y Kémi Séb –candidato presidencial y figura visible del círculo de influencia de Moscú en el espacio francófono– lo apoyó públicamente. La intervención nigeriana fue, en este sentido, doblemente significativa: selló la contención del contagio golpista y reforzó el papel de Nigeria como potencia democrática estabilizadora, en contraste con el doble estándar que parte de la opinión africana achacó a la CEDEAO por su inacción ante golpes anteriores. Francia, por su parte, sigue presente militarmente en Benín –a diferencia de Malí, Burkina y Níger, que han expulsado a las tropas francesas—, y su asistencia en diciembre de 2025 consolidó una relación de dependencia de seguridad. Ello sitúa a Benín en el eje París-Abuja frente al eje AES-Moscú, una fractura que estructura buena parte de la política doméstica e internacional del país de cara a los próximos siete años. El modelo beninés y la erosión democrática El caso de Benín es paradigmático de un fenómeno que el V-Dme Institute y el índice EIU The Economist Democracy Index documentan con creciente preocupación: la autocratización legal o “autocracia de baja intensidad”. A diferencia de los golpes militares clásicos, visibles e inmediatos, este modelo opera a través de reformas aparentemente constitucionales que desplazan gradualmente los contrapesos institucionales: umbrales electorales prohibitivos, criminalización de candidatos, control del parlamento y la justicia. El resultado es un sistema que preserva las formas electorales –hay votación, hay papeletas, hay observadores– sin garantizar competencia real. En 2024, según el V-Dem Report 2025, solo el 12% de la población mundial vivía en democracia liberales, el mínimo histórico. En el plano global, la elección de Benín coincide con un momento de reconfiguración de las relaciones entre África y las potencias externas. China avanza con inversión en infraestructuras, Rusia mediante grupos paramilitares y narrativas anticoloniales, y Occidente –en particular Francia y la UE– pierde influencia soft en el espacio francófono. La legitimidad electoral sigue siendo un activo diplomático: gobiernos como el de Wadagni necesitan ser reconocidos internacionalmente para acceder a financiación del FMI, el Banco Mundial y la UE, lo que crea incentivos para mantener una apariencia de proceso democrático incluso cuando su sustancia se ha vaciado. El mandato de siete años de Wadagni, que se extenderá hasta 2033 sin elecciones intermedias de relevancia, otorgan un margen clave pra consolidar el modelo o para corregi sus disfunciones m´s graves: la amenaza yihadista creciente en el norte, los altos niveles de pobreza –según el Banco Mundial, cerca del 38% de la población se situaba por debajo de la línea de pobreza en 2023–, la desigualdad estructural y la represión de una sociedad civil activa pero cada vez más acorralada. Conclusión: el futuro de la democracia beninesa Benín en 2026 encarna una paradoja: formalmente, uno de los países más estables de África occidental; materialmente, un sistema de competencia política clausurado. El legado de la Conferencia Nacional de 1990 –ejemplo durante décadas para el continente– ha sido erosionado mediante reformas sucesivas que han convertido las instituciones diseñadas para controlar el poder en instrumentos de su perpetuación. La victoria de Wadagni no es solo la victoria de un candidato, es la institucionalización de un modelo de sucesión dirigida desde el poder, con pátina electoral. Los retos del nuevo gobierno son estructurals: contener el avance eyihadista sin militarizar la política ni crear fracturas internas; redefinir la relación con Francia en un contexto de soberanismo creciente en la región sin caer en la esfera de influencia rusa; y reconstruir alguna forma de legitimidad democrática ante una ciudadanía que, como reveló la baja participación urbana, comienza a desconfiar de las formas sin la sustancia. La próxima cita electoral está prevista para 2033. Siete años son tiempo suficiente para avanzar en ambas direcciones: hacia una mayor apertura o hacia una consolidación autoritaria que haga irrecuperable el camino. Para el sistema internacional, el caso beninés es una advertencia sobre los límites de los criterios formales de legitimidad democrática. Una elección con dos candidatos, observadores internacionales y participación del 58,75% puede ser, al mismo tiempo, una elección sin competencia real. La comunidad internacional –y en particular la CEDEAO–, que observó el proceso bajo la misión encabezada por el expresidente ghanés Nana Akufo Addo– tiene ante sí la pregunta de qué significa “cumpli los estándares internacionales” cuando el sistema que los aplica ha diseñado las reglas para que solo pueda ganar uno.

«Es nuestro deber civilizar al mundo, extender las bendiciones de las instituciones anglosajonas y llevar la ley y el orden a las razas no civilizadas.» La sentencia del teólogo y reformista Josiah Strong no constituye una mera declaración propia de su contexto histórico, sino la condensación de una tradición ideológica profundamente arraigada en la evolución de Estados Unidos. Bajo diversas formulaciones, esa tradición ha servido para legitimar la expansión territorial, estructurar proyectos políticos y justificar la proyección internacional del país. Su expresión más conocida —el denominado Destino Manifiesto— no debe entenderse como una doctrina aislada o circunscrita al siglo XIX, sino como el resultado de una genealogía intelectual más amplia que articula religión, política y cultura en torno a una idea central: la convicción de que Estados Unidos ocupa un lugar singular en la historia y está investido de una misión que trasciende lo racional. Aunque el término “Manifest Destiny” fue acuñado en 1845, sus raíces se remontan a la cosmovisión puritana de los colonos ingleses del siglo XVII. En este sentido, el sermón pronunciado en 1630 por John Winthrop, gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, constituye un punto de partida esencial. En su discurso “A Model of Christian Charity", Winthrop formuló la empresa colonial como una alianza con Dios, un pacto moral que confería a la comunidad un carácter excepcional. «Dios Todopoderoso, en su santa y sabia providencia, ha dispuesto la condición de la humanidad de tal manera que, en todo tiempo, algunos deben ser ricos, otros pobres; algunos elevados y eminentes en poder y dignidad, otros humildes y sometidos. Una lectura al respecto de esto es, en primer lugar, que Él podría mostrar la gloria de su sabiduría en la variedad y diferencia de las criaturas; y, en segundo lugar, que cada hombre pudiera tener necesidad de otros, y de este modo todos pudieran estar más estrechamente unidos en los lazos de afecto fraternal. «Debemos deleitarnos unos en otros; hacernos nuestras las condiciones de los demás; alegrarnos juntos, sufrir juntos, trabajar y padecer juntos, teniendo siempre ante nuestros ojos nuestra comunidad como miembros del mismo cuerpo. El Señor será nuestro Dios y se deleitará en habitar entre nosotros como su propio pueblo, y nos bendecirá en todos nuestros caminos, de modo que veremos mucho más de su sabiduría, poder, bondad y verdad de lo que antes conocíamos. Seremos como una ciudad asentada sobre un monte; los ojos de todos los pueblos están sobre nosotros. De tal manera que, si obramos falsamente con nuestro Dios en esta obra que hemos emprendido, y hacemos que Él retire su ayuda presente, seremos hechos ejemplo y objeto de burla en todo el mundo. Pero si escuchamos su voz y nos aferramos a Él, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y nos hará una alabanza y una gloria, de modo que los hombres dirán en tierras posteriores: “El Señor la haga como la de Nueva Inglaterra”.» La metáfora de la “city upon a hill" introduce una noción fundamental: la ejemplaridad. Aunque no implica una doctrina expansionista territorial, sí establece dos pilares conceptuales que resultan decisivos: la idea de elección divina y la existencia de una misión moral universal. Durante los siglos XVII y XVIII, estos elementos se entrelazaron con el desarrollo de una identidad política diferenciada respecto a Europa. La experiencia colonial generó una cultura política basada en el protestantismo, el individualismo agrario y el autogobierno local, que acabaría cristalizando en una concepción singular del poder y la comunidad. Tras la independencia (1775–1783), esta herencia se integró en un marco republicano que, aunque centrado inicialmente en la consolidación institucional, contenía ya una lógica expansiva implícita. El crecimiento demográfico acelerado —de aproximadamente 2,5 millones de habitantes en 1776 a más de 5 millones en 1800—, unido a la disponibilidad de tierras al oeste de los Apalaches, impulsó una dinámica de movilidad constante. La economía agraria extensiva, dependiente de la incorporación continua de nuevas tierras fértiles, convirtió la expansión en una necesidad estructural incluso antes de ser formulada como doctrina. El primer gran hito en la consolidación territorial fue la Compra de Luisiana en 1803. Mediante este acuerdo con Francia, Estados Unidos adquirió más de dos millones de kilómetros cuadrados, duplicando su extensión y estableciendo un precedente estratégico: la expansión territorial no solo era viable, sino necesaria. La expedición de Lewis y Clark (1804–1806) reforzó esta lógica al convertir la exploración científica en un instrumento de apropiación política, proporcionando conocimiento geográfico y etnográfico que facilitó la integración de los territorios occidentales. En las décadas posteriores, la expansión se articuló a través de una combinación de diplomacia, presión geopolítica y violencia estructural. El Tratado Adams-Onís de 1819 permitió la adquisición de Florida y consolidó la retirada europea del área. Sin embargo, la expansión también implicó procesos de exclusión sistemática. La Indian Removal Act de 1830, impulsada por la administración de Andrew Jackson, institucionalizó el desplazamiento forzoso de poblaciones indígenas hacia el oeste del Misisipi. Episodios como el Trail of Tears (1838–1839) evidencian que la construcción territorial de Estados Unidos estuvo marcada por dinámicas de violencia y jerarquización racial. «El imperio de la libertad… debe ser extendido» (Thomas Jefferson, 1816) La formulación explícita del Destino Manifiesto llegó en 1845, cuando el periodista John L. O’Sullivan defendió la anexión de Texas argumentando que Estados Unidos tenía el derecho —y la obligación— de expandirse por el continente. Su planteamiento sintetizaba tres dimensiones fundamentales: el providencialismo (la expansión como voluntad divina), el excepcionalismo (la superioridad del modelo estadounidense) y el universalismo político (la expansión como difusión de la libertad). «Nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que la Providencia nos ha asignado…» Esta construcción discursiva resultó extraordinariamente eficaz precisamente por su ambigüedad, que permitía integrar intereses económicos, ambiciones estratégicas y justificaciones morales en una misma narrativa. Su aplicación fue inmediata: la anexión de Texas en 1845 y la guerra con México (1846–1848) culminaron en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual Estados Unidos adquirió vastos territorios que hoy constituyen gran parte del oeste del país. Sin embargo, este proceso generó tensiones internas profundas. La incorporación de nuevos territorios reactivó el conflicto en torno a la esclavitud, evidenciando que la expansión territorial no solo transformaba el mapa, sino también la estructura política del Estado. Durante la década de 1850, nuevas adquisiciones como la Compra de La Mesilla (1853) continuaron ampliando el territorio, pero el impacto más significativo fue la intensificación de la polarización entre el norte y el sur. Los intentos legislativos de conciliación fracasaron, y la Guerra Civil (1861–1865) puede interpretarse, en parte, como una consecuencia indirecta del proceso expansionista. «Salvaremos noblemente, o perderemos de forma miserable, la última y mejor esperanza de la Tierra.» (Abraham Lincoln, 1862) Tras la Guerra Civil, la expansión continental quedó prácticamente completada, pero el impulso expansionista no desapareció. Se transformó. La compra de Alaska en 1867 marcó el inicio de una nueva fase en la que la expansión dejaba de estar limitada por la continuidad territorial. A finales del siglo XIX, en un contexto de imperialismo global, Estados Unidos proyectó su poder más allá del continente. La guerra hispano-estadounidense de 1898 constituyó un punto de inflexión: el país adquirió territorios como Filipinas, Puerto Rico y Guam, además de establecer su influencia sobre Cuba y anexionar Hawái. El Destino Manifiesto se redefinió así como una narrativa de proyección global, en la que la expansión ya no respondía únicamente a necesidades demográficas o económicas, sino a una concepción más amplia de misión civilizadora y liderazgo internacional. «Es nuestro deber llevar la civilización a los lugares oscuros del mundo.» (Theodore Roosevelt, 1901). Esta reformulación no supuso una ruptura, sino una ampliación del marco ideológico existente. La lógica providencialista y el excepcionalismo estadounidense facilitaron de este modo, que la transición hacia el siglo XX no implicase el abandono del impulso expansionista, sino su reconfiguración. En este nuevo contexto, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de la Unión Soviética como potencia rival, esta tradición fue reinterpretada en una forma clave geopolítica. La confrontación ya no se articulaba en torno a territorios concretos, sino en torno a modelos de organización política y social a escala mundial. En este marco, la formulación de la Doctrina Truman en 1947 constituye un punto de inflexión decisivo. Lejos de ser una simple respuesta coyuntural a la crisis en Grecia y Turquía, esta doctrina representó la articulación explícita de una visión del mundo en la que Estados Unidos asumía un papel estructural como garante del orden internacional. En su discurso ante el Congreso, el presidente Harry S. Truman estableció una dicotomía fundamental entre dos formas de organización política: una basada en la libertad, la representatividad y el pluralismo; otra sustentada en la coerción, el control y la imposición ideológica. Esta formulación no solo definía al adversario, sino que reafirmaba la identidad propia en términos normativos, proyectando el excepcionalismo estadounidense como fundamento de su acción exterior. «Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones como líder del mundo libre.» (Harry S. Truman, 1947). Es en este marco donde se articula la política de contención, conceptualizada inicialmente por George F. Kennan, como desarrollo operativo de una lógica histórica mucho más profunda. Si la Doctrina Truman había reformulado el excepcionalismo estadounidense en términos de liderazgo global, la contención representaba la adaptación estratégica del antiguo impulso del Destino Manifiesto a un mundo ya plenamente interconectado y bipolar. La frontera, que en el siglo XIX había sido geográfica, se convirtió en ideológica. La contención no implicaba necesariamente la confrontación directa, sino una estrategia prolongada destinada a limitar la expansión del comunismo mediante instrumentos económicos, militares, diplomáticos y culturales. Sin embargo, su significado trasciende lo puramente táctico: al igual que el Destino Manifiesto justificó la expansión continental como una necesidad histórica y moral, la contención legitimaba la intervención global como una responsabilidad inherente a la identidad estadounidense. No se trataba únicamente de frenar a un adversario, sino de preservar —y extender— un orden considerado universalmente válido. En este sentido, la contención puede entenderse como una forma de Destino Manifiesto desmaterializado. La expansión ya no se realiza mediante la anexión de territorios, sino mediante la estructuración de sistemas. La lógica permanece: existe un modelo superior, una misión implícita y una legitimidad que trasciende las fronteras nacionales. Lo que cambia es el medio a través del cual esa misión se despliega. A través de iniciativas como el Plan Marshall, Estados Unidos no solo impulsó la reconstrucción de Europa occidental, sino que reprodujo, en clave sistémica, el mismo patrón histórico que había acompañado su expansión interna: integración económica, reorganización del espacio político y consolidación de una esfera de influencia. Si en el siglo XIX la incorporación de nuevos territorios implicaba su alineación con el modelo estadounidense, en el siglo XX la ayuda financiera operaba como mecanismo de alineación estructural. La prosperidad material actuaba, así, como vehículo de adhesión ideológica, reforzando la idea de que el modelo estadounidense no solo era viable, sino deseable. De forma paralela, la creación de alianzas como la OTAN puede interpretarse como la institucionalización de esta expansión sin territorio. Allí donde antes existía la frontera física, ahora emergía una frontera política y militar que delimitaba el espacio del “mundo libre”. Esta línea, aunque invisible, cumplía una función análoga a la del pasado: separar el espacio civilizado del espacio a transformar o contener. La pertenencia al bloque occidental implicaba, en este sentido, la incorporación a una comunidad definida no solo por intereses estratégicos, sino por una identidad compartida que remite directamente al excepcionalismo estadounidense. No obstante, es en el ámbito cultural donde esta continuidad con el Destino Manifiesto se revela con mayor claridad. La proyección global de valores, estilos de vida y narrativas convirtió la expansión en un fenómeno interiorizado. A través del cine, los medios de comunicación y la producción intelectual, Estados Unidos difundió una imagen de sí mismo como culminación del progreso histórico. Esta dimensión simbólica reproduce, en clave moderna, la antigua idea de ejemplaridad: la “city upon a hill" ya no se limita a ser observada, sino que se convierte en referencia aspiracional global. Esta forma de expansión cultural preparó el terreno para la fase posterior al final de la Guerra Fría. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos emergió como potencia hegemónica en un sistema unipolar. En este nuevo contexto, la idea de universalización del modelo liberal-democrático adquirió centralidad, reflejada en tesis como la del “fin de la historia”. «La democracia liberal puede constituir el punto final de la evolución ideológica de la humanidad.» (Francis Fukuyama, 1989). En el siglo XXI, la llegada de Donald Trump no ha supuesto una ruptura radical con esta tradición histórica, sino una reescritura de sus mecanismos de expresión. Su discurso político, articulado en torno al lema “America First”, es interpretado inicialmente como un repliegue estratégico, una aparente renuncia al papel de garante del orden internacional. No obstante, esta lectura resulta insuficiente si se analiza la coherencia estructural de su política. «El pueblo estadounidense siempre estará en el centro de nuestras decisiones, pero nuestro liderazgo se hará sentir en todo el mundo.» (Discurso en la toma de posesión). Lejos de abandonar el excepcionalismo, el enfoque trumpista lo reconfigura. La dimensión universalista que había caracterizado etapas anteriores es sustituida por una lógica de primacía pragmática. Estados Unidos no se presenta ya como portador de una misión moral universal, sino como actor central cuya hegemonía se justifica por su capacidad material y estratégica. Este desplazamiento implica una transformación significativa. En primer lugar, redefine la relación entre valores e intereses: los primeros dejan de constituir el fundamento legitimador principal, mientras que los segundos pasan a ocupar una posición central. En segundo lugar, introduce una forma de intervencionismo selectivo, orientado a objetivos concretos —económicos, tecnológicos o geopolíticos— en lugar de proyectos de transformación sistémica. En tercer lugar, reconstruye el espacio de expansión: comercio global, cadenas de suministro, tecnología o influencia estructural sobre el sistema internacional. En este sentido, el trumpismo no rompe con el Destino Manifiesto, sino que lo adapta a un contexto caracterizado por la multipolaridad emergente y la interdependencia global. La misión providencial se transforma en una lógica de competencia estratégica, donde la excepcionalidad estadounidense se afirma mediante la capacidad de imponer condiciones en un entorno cada vez más disputado. Frente a esta reformulación, las administraciones como la de Barack Obama o Joe Biden han tendido a mantener el excepcionalismo en clave multilateral. A diferencia del enfoque unilateral y pragmático, este modelo enfatiza la cooperación internacional, el fortalecimiento de alianzas y la defensa de un orden basado en normas. Esta estrategia se manifiesta en iniciativas como el fortalecimiento de alianzas tradicionales, la articulación de nuevos espacios de cooperación geopolítica y la promoción de estándares internacionales en ámbitos tecnológicos y económicos. La expansión, en este contexto, es puramente normativa: se trata de extender reglas, valores y estructuras institucionales que configuren el entorno internacional de manera favorable. Así, el excepcionalismo reaparece como un proyecto en disputa, más que como una certeza histórica incuestionable. En conjunto, el recorrido histórico del Destino Manifiesto permite comprenderlo no como una doctrina estática, sino como una auténtica “gramática de poder”. En el siglo XIX, se expresó como expansión territorial; en el XX, como liderazgo global; en el XXI, como competencia sistémica en un entorno multipolar. Lejos de haber desaparecido, esta lógica sigue operando como un marco interpretativo fundamental para entender la política estadounidense contemporánea. Tanto en el pragmatismo estratégico asociado a Donald Trump como en el multilateralismo de Barack Obama y Joe Biden, persisten elementos que remiten a esta tradición. «Es nuestro deber civilizar al mundo…» Una afirmación que, aunque transformada y adaptada a cada contexto histórico, continúa resonando en las distintas formas que adopta el poder estadounidense, confirmando la vigencia de una idea que, más que un concepto aislado del pasado, constituye una estructura persistente en el presente.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace ya más de un año, ha creado un ambiente de incertidumbre económica global, ya que ha impuesto aranceles a todos aquellos que hayan hecho negocios con países a los cuales considera competencia directa, como China, Rusia o Irán, entre otros. Esta medida ha llevado a los aliados de Estados Unidos a buscar alternativas comerciales para evitar las amenazas constantes de Trump. Un buen ejemplo de ello es la Unión Europea, la cual ha retomado negociaciones que llevaban años o incluso décadas paradas, y como resultado ha firmado acuerdos para establecer áreas de libre comercio, los más recientes los acuerdos con MERCOSUR y la India. Obsesión de Donald Trump con los aranceles Ya desde sus primeros días de su segundo mandato, Donald Trump ha utilizado los aranceles como herramienta en negociaciones, pero también como método de castigo para aquellos que no compartan su visión del mundo. A ello se suma su nacionalismo económico, bajo el lema “America first”, con el cual pretende proteger la industria nacional, incentivar a que las empresas produzcan dentro de Estados Unidos y castigar a quienes pretenden aprovecharse del mercado estadounidense. Con esto, quiere reducir el gran déficit comercial que tiene Estados Unidos y que va aumentando cada año. Ante ello, los aliados de Estados Unidos han ido firmando acuerdos o estableciendo áreas de libre comercio al haber un futuro incierto en cuanto al comercio con su principal aliado. El reciente tratado entre la Unión Europea e India es un reflejo de la búsqueda de aliados alternativos. Así pues, los elevados impuestos de importación del 50% a productos indios más un 25% por seguir comprando petróleo a Rusia y las amenazas a Europa con grandes aranceles por rechazar la propuesta de adquirir Groenlandia, ha llevado a crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, la cual llevaba décadas bajo negociaciones. Pero este no ha sido el único ejemplo, ya que este mismo mes la Unión Europea firmó un acuerdo con MERCOSUR, y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y Reino Unido, Keir Starmer, han viajado a Pekín para establecer relaciones comerciales con China. Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea El comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea representa el 40% del rendimiento económico global y casi un tercio del comercio global. Los países de la Unión Europea en su conjunto, son el mayor socio comercial de Estados Unidos. En 2024, Estados Unidos y la Unión Europea intercambiaron bienes por un valor estimado de 867,000    millones de euros (975.000 millones de dólares ), a los que se les suman el comercio de servicios, el cual asciende a 1,63 billones de euros. Principalmente, Alemania, siendo el cuarto socio de Estados Unidos, por detrás de México, Canadá y China, fortalece la posición europea.   Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el déficit comercial de la primera potencia mundial con respecto al resto del mundo en 2025 fue de 950.000 millones euros  (1,1 billones $). En cuanto a Europa, Estados Unidos compra muchos más bienes de los que le vende. En 2024, la balanza se inclinó a favor de Europa en alrededor de 197.000 millones de euros (235.000 millones de dólares). La Unión Europea ha tenido superávits significativos en los vehículos y productos farmacéuticos, mientras que Estados Unidos en petróleo, gas y carbón. Sin embargo, aunque si hablamos de bienes Estados Unidos salga perdiendo, genera un gran superávit en el comercio de servicios, impulsado por la creciente importancia de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Google o Meta. Además, los servicios financieros del sector tecnológico, como los ingresos por licencias, contribuyen significativamente al superávit, el cual se sitúa en unos 148.000 millones de euros (176.000  millones de dólares) a favor de Estados Unidos. Por lo que, el déficit comercial real de Estados Unidos frente a la Unión Europea es de tan solo 49.000 millones euros (59.000 millones $), lo cual está mucho más equilibrado de lo que dice Trump. Por lo que, debido a la importancia del sector tecnológico, unos aranceles o impuestos por parte de Europa en este campo afectaría gravemente a Estados Unidos. Por ello, se está barajando la posibilidad de aplicar el Instrumento de Medidas Anti Coerción (ICA) o “ Bazuca comercial” , la cual es una herramienta legislativa creada en 2023 como reacción a la coerción económica ejercida por China sobre Lituania, por apoyar la independencia de Taiwán. Sin embargo, esta medida no ha sido utilizada nunca, aunque permitiría a la Comisión Europea imponer amplias barreras comerciales, como restricciones de acceso al mercado europeo o bloqueos a la inversión extranjera.   Tras las amenazas del aumento de aranceles por no apoyar la adhesión de Groenlandia a Estados Unidos, Ignacio García Bercero, negociador jefe de la Unión Europea en la propuesta del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), apunta que lo que está sucediendo con Groenlandia es el caso más claro de coerción y se cumpen los requisitos para que el bloque aplique el ICA. Aunque el ICA no se creó para ser utilizado contra los aliados más cercanos de Europa, ahora la posibilidad es más alta que nunca. Tratado con MERCOSUR Las negociaciones para llevar a cabo este tratado comenzaron en 1999, sin embargo llevaban desde entonces estancadas, y no fue hasta diciembre de 2024 que se llegó a un acuerdo. Los países de la UE y MERCOSUR representan a 720 millones de personas y el 25% del PIB global. Con este tratado, se pretende demostrar a Estados Unidos que el mundo está a favor de a favor de bajos aranceles, un comercio fluido y crear mejor calidad y mejores precios para los consumidores. Para ello, se eliminarán barreras comerciales, se creará empleo y oportunidades de negocio y se garantizarán fuertes salvaguardias para las normas de la UE y la competencia leal. Desde la Unión Europea se espera que hasta 2040, el PIB de la Unión Europea aumente 77.600 millones euros y las exportaciones anuales aumenten en un 39%.   El pasado 17 de enero, Ursula Von der Layen y otros altos cargos de la Unión Europea viajaron a Asunción para la firma del Acuerdo de Asociación entre MERCOSUR y la UE. Aunque aún faltaba obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por las legislaturas de los miembros de MERCOSUR, parecía que tras 26 años el acuerdo llegaría a implantarse. Sin embargo, 4 días más tarde, el Parlamento Europeo paralizó el acuerdo al votar a favor de un largo proceso de revisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque haya partes que se apliquen provisionalmente, supone un duro golpe a la posición de la Unión Europea y los socios sudamericanos podrían retirarse del acuerdo en señal de protesta.   A pesar de que el acuerdo mantenga pequeños aranceles para ciertos productos como la carne, arroz, miel o azúcar, las cuotas sobre el 77% de las exportaciones agropecuarias del MERCOSUR a la Unión Europea, se irán eliminando poco a poco en los próximos 10 años.  Por otro lado, la Unión Europea venderá maquinaria industrial, equipos eléctricos, automóviles o ropa, entre otros productos industriales en los países de MERCOSUR, un mercado cerrado por los altos aranceles, como es el del 35% para vehículos. Por lo que es entendible que países como Alemania apoyen fielmente el acuerdo, mientras que otros como Francia, Irlanda o Polonia se muestren más reticentes, ya que el sector agropecuario es clave en estos países.   En Europa, los ganaderos y agricultores lideran las protestas, ya que tienen miedo de que se produzca una competencia desleal, ya que los productos agrícolas sudamericanos pueden ser más baratos, debido a los menores costes laborales y ambientales. Y es que las diferencias en normas sanitarias y bienestar animal entre MERCOSUR y la Unión Europea son grandes, puesto que en Europa existen estrictas normas sobre pesticidas, hormonas y bienestar animal.   Se teme que los productos importados no cumplan con los estándares equivalentes, pero aún así compitan en precio, generando un rechazo tanto en los productores como en los consumidores. Por lo que antes de la firma del acuerdo, los productores europeos protagonizaron protestas multitudinarias en varias ciudades y capitales europeas en rechazo al acuerdo. Tratado con India El pasado 27 de enero, Ursula Von der Layen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, viajaron a Nueva Delhi para reunirse con el Narendra Modi y Chandrapuram Ponnusami Radhakrishnan, presidente y vicepresidente de la India, y así finalizar las negociaciones del acuerdo de libre comercio con India. Tras la reunión, Von der Layen anunció la “madre todos los acuerdos”, ya que la segunda y cuarta economías del mundo anunciaban la firma de un acuerdo de libre comercio que beneficiaría a más de 2.200 millones de personas. Este acuerdo es considerado la madre de todos los acuerdos también porque será mucho más difícil de implementar en comparación con los otros 45 acuerdos comerciales efectuados por la Unión Europea. Además con ello, Europa entra de lleno en el continente asiático, el cual registra un crecimiento exponencial, y en el Sur Global, concretamente con los BRICS, con una relación iniciado con el acuerdo con Sudáfrica en 2004, y afianzada este 2026 con Brasil (MERCOSUR) e India. La mayor parte del acuerdo se basa en la disminución progresiva de los aranceles, lo cual supondrá un ahorro de 4.000 millones euros anuales y la duplicación de las exportaciones a la India en los próximos 6 años. El sector que saldrá más beneficiado será el de la automoción, donde los aranceles bajaran progresivamente del 110% al 10%, además de que quedarán excluidos en los vehículos de bajo coste. Además, las piezas de automoción bajarán  hasta el 0% en los próximos 5 años, menos en las piezas de vehículos de lujo, que se mantendrán en hasta un 40%. La mayoría de estas piezas son fabricadas por empresas españolas.   Otro sector que quedará beneficiado por la bajada de aranceles es el agroalimentario. El mayor cambio lo experimentará el vino, ya que los aranceles bajarán de un 150% por botella hasta un 20-30%, dependiendo de la calidad del vino. También, el aceite de oliva español bajará de un 45% hasta el 0%. Sin embargo, el arroz, azúcar, carne de pollo y lácteos quedan fuera de su liberalización. El acuerdo también afectará a la maquinaria industrial (Del 12% al 0%), productos farmacéuticos (Del 10% al 0%) y los productos químicos (Del 7,5% al 0%). Asimismo, Europa abrirá su mercado al sector textil indio. Además de bajar y eliminar aranceles, este acuerdo servirá para abrir miles de negocios, ya que el tratado sirve como un llamamiento para los inversores europeos en la India. Se prevé un movimiento de alrededor de 100.000 millones euros y la triplicación de empresas europeas (Hoy hay unas 6.000 empresas) en los próximos 15 años.   Para la India, la movilidad laboral es una prioridad estratégica, para ello usarán la migración legal de talento, conseguida mediante vías rápidas burocráticas para estudiantes, investigadores y trabajadores con alta cualificación, especialmente en el ámbito tecnológico. Europa necesita ingenieros, programadores o científicos y la India es una gran potencia formativa y puede encontrar en la Unión Europea un mercado ideal para su capital humano.   Conclusión En un contexto marcado por la incertidumbre de que tu mayor aliado “te castigue” o se aproveche de tí en cualquier momento, los países que tienen buenas relaciones con Estados Unidos, están buscando alternativas para desarrollar su economía y negocios. La Unión Europea ha encontrado estos nuevos aliados en el continente americano, con los cuatro países que forman MERCOSUR, y un estratégico acuerdo con la India, ya que impide la penetración unilateral de China en el mercado indio.   Además, el aislamiento estadounidense puede pasarles facturas, ante la posibilidad de verse afectadas algunas de sus empresas tecnológicas que más aportan a la economía estadounidense, como Google, Apple o Microsoft. Por lo que el segundo mandato de Trump será recordado por generar la “guerra de los aranceles”, la cual modifica significativamente las alianzas económicas, tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Créditos foto: © European Union, via Audiovisual Service of the European Commission, CC BY 4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), via Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=182543704

Las 51ª elecciones a la Cámara de Representantes de Japón, celebradas el domingo 8 de febrero de 2026, se han configurado como uno de los procesos electorales más relevantes de la política asiática reciente, no solo por el carácter anticipado que han tenido, sino por el reordenamiento político e institucional de la segunda potencia continental. En esta ocasión, el electorado japonés estaba llamado a escoger a los 465 escaños de la cámara baja de la Dieta Nacional nipona, en un contexto marcado por la ruptura de alianzas históricas, la consolidación de nuevas coaliciones gubernamentales y el liderazgo irrefutable de Sanae Takaichi, primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en la historia del país. Japón ha mantenido, desde la posguerra, un sistema democrático caracterizado por la estabilidad institucional -quizás demasiado extrema–, la regularidad electoral y un alto grado de profesionalización administrativa. En consecuencia, las elecciones a la Cámara de Representantes constituyen el principal mecanismo de legitimación política del ejecutivo, ya que de ellas emana la mayoría parlamentaria que sostiene al primer ministro. Aunque el mandato legal es de un máximo de cuatro años, la disolución anticipada de la cámara ha sido una herramienta recurrente utilizada por los gobiernos para reforzar su posición política, una práctica que se ha vuelto a manifestar en este proceso electoral. El contexto reciente de estas elecciones se encuentra en el cambio de liderazgo del Partido Liberal Democrático (PLD) ocurrido en octubre de 2025. Sanae Takaichi fue elegida presidenta del partido y, poco después, confirmada como primera ministra por la Dieta Nacional. Su llegada al poder no solo ha supuesto un hito por razones de género, sino que ha marcado un giro político dentro del oficialismo japonés. Bajo el mandato de Takaichi, el PLD ha roto con el Komeito, socio tradicional durante más de 26 años, poniendo fin a una de las alianzas más estables de la política local contemporánea. Esta ruptura se enmarca en desacuerdos ideológicos, tensiones internas y el desgaste proveniente de escándalos de financiación política, factores que debilitaron la cohesión del bloque conservador tradicional. Ante la salida del Komeito, Takaichi ha optado por articular una nueva fórmula de gobernanza mediante un acuerdo de confianza y suministro con la Asociación Japonesa de Innovación (AJI). Esta alianza fue la que permitió la formación del gobierno el 21 de octubre de 2025, aunque con una mayoría parlamentaria mucho más estrecha que en legislaturas previas. Esta fragilidad estructural del Ejecutivo ha sido uno de los principales factores a la hora de convocar las ya celebradas elecciones anticipadas. Asimismo, a mediados de enero de 2026 comenzaron a circular informaciones sobre la inminente disolución de la Cámara de Representantes. El 13 de enero, ciertos medios japoneses señalaron que la primera ministra planeaba disolver la cámara antes del inicio de la sesión parlamentaria ordinaria. Días después, el PLD activó su estructura territorial, solicitando a sus capítulos prefecturales el registro urgente de candidaturas, mientras que el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones instruía a las autoridades electorales a prepararse para unos comicios generales. Finalmente, el día 19 de enero, Takaichi anunció oficial y públicamente la disolución de la cámara baja para el 23 de enero, fijando la fecha electoral para el día 8 de febrero.   La pronta convocatoria ha sido interpretada como un movimiento estratégico destinado a reforzar el liderazgo político del partido, el cual busca obtener un mandato claro para impulsar un programa legislativo ambicioso –marcado por un presupuesto récord para el año fiscal– y consolidar el respaldo ciudadano a la nueva coalición con la AJI. A todo ello, se han de sumar contextos económicos y sociopolíticos complejos, caracterizados por el aumento del coste de vida y un entorno geopolítico cada vez más tenso, especialmente en relación a Pekín, lo que incrementa la necesidad de un gobierno fuerte que cuente con legitimación electoral directa. Ante este escenario, la oposición también se ha reorganizado en respuesta. El Partido Democrático Constitucional y el Komeito han anunciado la formación de una alianza electoral conjunta bajo el nombre de Alianza de la Reforma Centrista, con el objetivo de presentar una alternativa moderada y competitiva frente al nuevo bloque gobernante. Sistema electoral y composición partidaria Las elecciones de 2026 se han celebrado bajo el sistema electoral mixto paralelo vigente en Japón. De los 465 escaños en disputa, 289 se eligen en distritos uninominales mediante el sistema de mayoría simple, mientras que 176 se asignan por representación proporcional en once bloques regionales utilizando el método D´Hondt. Ambos votos se emiten de forma simultánea, pero se contabilizan de forma independiente.   Este diseño electoral permite una representación limitada pero relevante de fuerzas medianas y pequeñas a través del componente proporcional. El sistema de sekiharitisu, que pondera el rendimiento electoral de los candidatos derrotados en distritos, añade un elemento adicional de complejidad y competitividad. El panorama partidario refleja una fragmentación controlada, con dos grandes polos dominantes. El Partido Liberal Democrático, liderado por Sanae Takiachi, parte como la principal fuerza parlamentaria, con 191 escaños, buscando renovar su hegemonía bajo un liderazgo más ideológicamente definido. Frente a ella, la Alianza de la Reforma Centrista se posiciona como principal fuerza opositora, con 172 escaños, articulando una propuesta que intenta captar al elector moderado. La Asociación Japonesa de Innovación, con 38 escaños, emerge como socio clave y preferente del gobierno, especialmente fuerte en áreas urbanas debido a su discurso reformista de corte liberal-populista. Junto a estas fuerzas, el sistema parlamentario japonés mantiene la presencia de partidos pequeños y medianos, como el Partido Democrático para el Pueblo, Reiwa Shinsengumi o el Partido Comunista Japonés, así como varias formaciones de derecha populista y ultraconservadora. Aunque su peso en número de escaños es muy limitado, estas fuerzas consiguen polarizar el mensaje y debate político, presionando al discurso público hacia posiciones más duras y complejas en materias sensibles, como identidad, seguridad o política económica. A continuación se presentan las candidaturas partidarias presentadas a las elecciones de 2026: Partido Ideología / Posición Líder Escaños 2024 vs 2026 Partido Liberal Democrático  Derecha: - Conservadurismo. - Nacionalismo. Sanae Takaichi  2024: 191/465 2026: 316/465 Alianza de la Reforma Centrista Centro: - Reformismo. Yoshihiko Noda y Tetsuo Saito 2024: 172/465 2026: 49/465 Partido de la Innovación Derecha: - Conservadurismo. - Neoliberalismo. - Populismo. - Libertarismo. Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita 2024: 38/465 2026: 36/465 Partido Democrático para el Pueblo Centro: - Liberalismo. - Populismo. Yuichiro Tamaki 2024: 28/465 2026: 28/465 Reiwa Shinsengumi Izquierda: - Liberalismo. - Populismo. - Progresismo. - Anticapitalismo. Akiko Oishi y Mari Kushibuchi 2024: 9/465 2026: 1/465 Partido Comunista Extrema izquierda: - Comunismo. - Socialismo. - Pacifismo. Tomoko Tamura 2024: 8/465 2026: 4/465 Genzei Nippon-Alianza Yukoku Extrema derecha: - Recortes fiscales. - Populismo. Kazuhiro Haraguchi y Takashi Kawamura 2024: 5/465 2026: 1/465 Sanseito Extrema derecha: - Nacionalismo. - Ultraconservadurismo. - Populismo. - Antiinmigración. Sohei Kamiya 2024: 3/465 2026: 15/465 Partido Conservador Extrema derecha: - Conservadurismo. - Nacionalismo. - Populismo. Naoki Hyakuta 2024: 1/465 2026: 0/465 Partido socialdemócrata Centroizquierda: - Socialdemocracia. - Progresismo. - Feminismo. - Antineoliberalismo. Mizuho Fukushima 2024: 1/465 2026: 0/465 Team Mirai Democracia electrónica Takahiro Anno 2026: 11/465 ¿Por qué la política japonesa ha sido tan convulsa? Durante los últimos años Japón ha estado inmerso en una sucesión relativamente recurrente y rápida de cambios políticos que, a primera vista, puede dar la impresión de inestabilidad. Sin embargo, esta dinámica ha de comprenderse más como el resultado de rasgos estructurales del sistema interno japonés y de un contexto adverso que como una crisis realmente institucional instaurada. Durante casi una década, entre 2012 y 2020, la política nacional estuvo marcada por la figura del asesinado expresidente Shinzo Abe, el primer ministro más longevo de la historia del país. Su liderazgo proporcionó una estabilidad poco común en Japón, basada en el control de las facciones internas del PLD, una agenda reconocible en política común y de seguridad, y una posición firme en el escenario internacional, claramente en favor del bloque occidental. En consecuencia, la dimisión de Abe por motivos de salud supuso el fin del equilibrio que lo caracterizó, abriendo una etapa en la que ningún sucesor ha logrado una autoridad comparable. A partir de ese momento, Japón ha tenido que afrontar una cadena de crisis simultáneas. La gestión de la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las limitaciones de la tradicional burocratización nipona; el envejecimiento de la población y el estancamiento económico arrastrado desde hace décadas siguieron presionando al Ejecutivo; y, desde 2022 la inflación importada y el deterioro del entorno estratégico en Asia Oriental han añadido presiones. Todo ello ha erosionado de forma veloz la popularidad de los primeros ministros, favoreciendo su sustitución antes de que pudieran siquiera consolidarse. El breve mandato de Yoshihide Suga –2020-2021– es un ejemplificador de la mencionada situación. Aunque representaba la continuidad administrativa del legado de Abe, carecía de una base sólida dentro de su partido (PLD) y quedó políticamente desgastado por la pandemia, lo que le llevó a dimitir al cabo de un año. Su sucesor, Fumio Kishida –2021-2024–, adoptó un perfil más moderado y conciliador, reforzando la política de defensa y manteniendo las alianzas tradicionales de Tokio con sus socios extranjeros. No obstante, Kishida perdió apoyos progresivamente debido a la percepción de falta de liderazgo y por varios escándalos de financiación política que afectaron al partido. Coetáneamente se sumó el asesinato mencionado de Shinzo Abe en 2022, un acontecimiento de magnicidio sin precedentes en el Japón contemporáneo. Más allá de su impacto simbólico, el suceso demostró los vínculos opacos entre políticos y determinadas organizaciones, dañando la credibilidad del PLD y acelerando las tensiones internas. No supuso una ruptura del sistema, pero lo debilitó en un contexto en el que el partido gobernante ya no se podía mantener tal y como estaba. En consecuencia, la llegada de Shigeru Ishiba al frente del gobierno en 2024 reflejó un nuevo escenario. Figura veterana y crítica con el aparato tradicional del PLD, gobernó con un partido fragmentado y un margen de maniobra muy justo, lo que reforzó su sensación de provisionalidad en el liderazgo, el cual, acabó en octubre de 2025 en favor de Takaichi. Desde una perspectiva histórica, se ha de subrayar que la rotación frecuente de primeros ministros no es ajena a la tradición política japonesa. Salvo excepciones como la de Abe, Japón ha sido habitualmente conocido por gobiernos de corta duración, especialmente cuando el equilibrio entre facciones del PLD se rompe. La política japonesa se decide en gran medida dentro del partido dominante más que en la competición electoral entre bloques, y la dimisión es vista como una salida común o habitual ante la pérdida de apoyo, no como un fracaso personal. Estos cambios recientes no indican por completo una crisis del régimen democrático ni una deriva rupturista en Japón. Responden en mayor medida al fin de un liderazgo excepcionalmente fuerte, a la presión de un entorno económico e internacional hostil, y a una tradición política que acepta la sustitución frecuente de líderes como mecanismo de ajuste. Japón sigue siendo estable, pero atraviesa una fase de liderazgos débiles que, quizás, Takaichi sepa superar tras su elección como primera ministra. ¿Quién es quién en la política japonesa? Sanae Takaichi Es una de las figuras más representativas del conservadurismo y nacionalismo japonés del Partido Liberal Democrático (PLD). Inició su carrera política en los años noventa y ha ocupado cargos ministeriales varias veces, destacando especialmente como Ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones en distintos gobiernos, como el de Shinzo Abe. Su trayectoria está ligada estrechamente al abeísmo, la defensa de una reinterpretación o reforma de la Constitución pacifista, el fortalecimiento de las capacidades defensivas de Japón y una visión firme frente a China y Corea del Norte.   Ideológicamente, Takaichi representa una derecha clara, poco común en la política japonesa, tradicionalmente conservadora, pero pragmática y poco confrontacional. Defiende valores conservadores en lo social, una narrativa nacionalista afirmativa y un papel activo del Estado en sectores clave, como la seguridad económica, la tecnología y la energía. Fue candidata a liderar el PLD tras Kishida, apoyada por los sectores que buscaban la continuidad ideológica de Abe, aunque con capacidades menos amplias para generar consensos internos en el partido debido a su perfil duro y polarizador. Además, entre sus simpatizantes internacionales encontraríamos al Partido Republicano, liderado por Donald Trump; los grupos europeos de Patriots for Europe y Conservadores y Reformistas Europeos –donde se encuentran líderes como Giorgia Meloni–; el Presidente argentino Javier Milei, el Presidente indio Narendra Modi, el surcoreano Lee Jae-myung y algunos otros líderes occidentales y del continente asiático, como el caso de Pakistán, Taiwán o Malasia. Yoshihiko Noda Es una figura central del centro-izquierda japonés y uno de los pocos primeros ministros no pertenecientes al PLD. Militante histórico del Partido Democrático de Japón, fue primer ministro entre 2011 y 2012, en un contexto marcado por la crisis y el posterior desastre nuclear de Fukushima.  Políticamente, Noda se caracteriza pr un enfoque tecnocrático y fiscalmente responsable, incluso ante decisiones impopulares como la subida a los impuestos al consumo. En política exterior mantiene una línea pragmática y tradicional, reforzando la alianza con EEUU. Tras la derrota electoral en 2012 y el colapso del PDJ, ha seguido siendo un referente institucional del constitucionalismo pacifista democrático y del reformismo moderado. Sin embargo, nunca ha logrado conformar una verdadera oposición que no esté fragmentada. Tetsuo Saito Figura clave de Komeito, el partido budista moderado que actuaba como socio de coalición del PLD desde hace décadas. Ingeniero de formación y político de carrera, ha desempeñado algunos cargos ministeriales, entre ellos el del Ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo. Su relevancia política no radicaba en su liderazgo personal, sino en su papel como garante del equilibrio de la coalición gobernante. Komeito introducía un perfil más moderado a los impulsos conservadores del PLD, especialmente en materia de seguridad y política exterior, representando la tradición política japonesa basada en el consenso y la gestión incremental. Hirofumi Yoshimura Uno de los líderes más notables del regionalismo reformista. Vinculado a la Ishin no Kai –Partido de la Innovación de Japón–, ha desarrollado su carrera política en la región de Kansai, primero como alcalde de Osaka y después como gobernador de la prefectura.   Yoshimura defiende una agenda de reformas administrativas, la reducción del gasto público, la descentralización y la confrontación con la burocracia central. Su estilo directo y su énfasis en la eficiencia lo han convertido en la alternativa liberal-reformista y en una figura central en el panorama político, caracterizando una oposición administrativa más que ideológica. Fumitake Fujita Político relativamente joven, asociado al espacio reformista y a nuevas corrientes dentro de la oposición. Ha destacado por sus discursos centrados en la modernización institucional, la eficiencia administrativa y la adaptación de Japón a retos como el envejecimiento demográfico, la digitalización o la sostenibilidad fiscal. Representa una generación menos tradicional, más pragmática y tecnócrata, criticando el tradicional inmovilismo japonés. Yuichiro Tamaki Político de perfil reformista y líder del Partido Democrático para el Pueblo. Ha ocupado cargos de importancia en la Dieta japonesa y se ha posicionado como una de las figuras centrales del centro nipón. Defensor de reformas económicas realistas, una mayor disciplina fiscal, protección social y el fortalecimiento de la clase media. Tamaki busca una alternativa al PLD sin caer en confrontación ideológica, apostando por una moderación pragmática, una línea en seguridad y relaciones exteriores moderada y una cooperación internacional más amplia. Lecturas electorales Con 316 escaños en total, Sanae Takaichi no solo ha ganado las elecciones, ha obtenido un mandato excepcional en Japón. La cifra supera con holgura la mayoría absoluta y supera los dos tercios de la cámara necesarios para el control de la agenda legislativa sin bloqueos reales, condicionando a la Cámara Alta y, llegado el caso, con capacidad para abrir debates sobre reformas constitucionales –objetivo de la administración Takaichi–. Este resultado rompe con los tradicionales equilibrios políticos a los que estamos acostumbrados en países occidentales europeos o norteamericanos, demostrando un gran apoyo popular a la propuesta de la líder nipona. Desde el punto de vista político-institucional, la mayoría obtenida reduce drásticamente el peso de cualquier otra oposición. Takaichi deja de ser una primera ministra “de compromiso” para convertirse en una líder con capacidad de imposición real. La burocracia, históricamente autónoma, tendrá menos margen para frenar sus iniciativas. No obstante, esto no implica una ruptura democrática, sino un desplazamiento claro hacia un Ejecutivo más fuerte y menos consensual, resultado del contexto económico e internacional en el que el electorado japonés se encuentra.   En seguridad y defensa, los 316 escaños de Sanae legitiman un salto cualitativo de las Fuerzas Armadas. No es sinónimo de tan solo más gasto militar, sino de la normalización doctrinal de que Japón debe asumir un papel disuasorio en el entorno estratégico de Asia Oriental, frente a otros actores como Rusia, China o Corea del Norte. La reforma constitucional que persigue la nueva líder deja de ser tabú y pasa a ser una opción política real, aunque probablemente gradual y enmarcada cuidadosamente para evitar una reacción adversa. En el plano económico, la mayoría permite combinar el nacionalismo económico y el estímulo fiscal sin grandes frenos parlamentarios, al menos, de momento. El riesgo, sin embargo, sigue siendo que Japón mantiene reformas estructurales complejas, especialmente en cuanto a deuda y mercado laboral, lo que puede aplazar las reformas a cambio de políticas populares de corto plazo. Asimismo, el peso parlamentario será menor y la calidad estratégica del liderazgo del Ejecutivo mantendrá más peso. En cuanto a política exterior, el mensaje es claro: Japón quiere posicionarse como el actor central del Indo-Pacífico, no solo como un aliado, sino como un protagonista. La relación con el G7, Occidente y EEUU se profundizará, pero con mayor autonomía, posicionándose como socio preferente muy probablemente ante Corea del Sur y, más allá de su región inmediata, Tailandia, Filipinas, Vietnam e inclusive Australia o Nueva Zelanda. Mientras, se espera que China interprete los resultados electorales como una señal de endurecimiento sostenido, aunque no coyuntural. Por su parte, Rusia y Corea del Norte podrían optar por decisiones más drásticas que las de Pekín, especialmente este segundo, al que una alianza entre Tokio y Seúl en términos militares pondría en un nuevo panorama político-militar. 316 escaños no garantizan buenos resultados, pero eliminan muchas excusas institucionales y administrativas. Japón entra en una fase donde los límites no son políticos, son estructurales. Si Takaichi acierta, puede definir el papel de su país durante décadas; si falla, el coste probablemente será proporcional al poder acumulado. Conclusión final En síntesis, las elecciones de febrero de 2026 representan un nuevo capítulo en la historia política japonesa. El país se enfrenta ahora a la posibilidad de consolidar esta nueva etapa de gobernabilidad bajo una nueva líder, o, por el contrario, a entrar en un ciclo de mayor volatilidad política, marcada por la polarización y el contexto en el que se encuentra el país. El resultado de los comicios determina no solo la fuerza que vaya a tener la ya presidenta Sanae Takaichi, sino el rumbo político de Japón en un contexto económico complejo e internacionalmente incierto y que durante los próximos años, será clave. Créditos foto: Cabinet Public Affairs Office (Japan), CC BY 4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), via Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=178929302 , cropped

Introducción: más allá del poder formal La historia de las relaciones internacionales suele contarse a través de líderes nacionales, tratados y conflictos. Sin embargo, detrás de las decisiones que moldean el mundo, un grupo selecto de mujeres ha ejercido, en nombre de muchas, una influencia decisiva desde posiciones que no siempre han implicado ser jefas de Estado. Figuras como Madeleine Albright, Condoleezza Rice, Eleanor Roosevelt, Fatou Bensouda, Ngozi Okonjo-Iweala, Christine Lagarde, Valerie Amos y Samantha Power han redefinido la política global, combinando diplomacia, economía, derechos humanos o la justicia internacional. Sus legados no son lineales, ni están exentos de errores: son y fueron profesionales que operaron en sistemas dominados históricamente por hombres, donde cada decisión se mide bajo estándares estrictos. El siguiente artículo tratará, de forma realista, el entrelazado de estas mujeres en la arena internacional, en conmemoración al papel de la mujer en el ámbito de las relaciones internacionales. Diplomacia con filo: Albright, Rice y Power Madeleine Albright y Condoleezza Rice representan dos aproximaciones distintas al poder estadounidense en la política exterior. Albright llegó con la claridad de la post-Guerra Fría, enfocada en expandir la OTAN, mediar en conflictos balcánicos y proyectar la democracia liberal en Europa del Este. Su habilidad para leer contextos complejos, desde Sarajevo hasta Kosovo, le permitió equilibrar alianzas sin recurrir exclusivamente a la fuerza militar, aunque no estuvo exenta de críticas por intervenciones consideradas excesivas por algunos analistas, especialmente en las repúblicas ex-yugoslavas. Rice, por su parte, operó en un mundo más fragmentado y peligroso post-11S, donde la amenaza del terrorismo global redifinió prioridades clave. Su firmeza frente a Rusia y Oriente Medio reflejó una visión estratégica calculadora, pero también expuso a los EEUU a críticas por subestimar las consecuencias humanitarias en conflictos como Irak y Afganistán. Aquí emerge la tensión constante entre eficiencia y ética que ha caracterizado a la diplomacia moderna, la cual, también afectó a Rice, quienes muchos subestimaban por su género y no por sus capacidades. En un nivel distinto, Samantha Power combinó activismo y pragmatismo. Como embajadora en las Naciones Unidas, introdujo la “diplomacia de prevención de genocidios”, anticipando crisis antes de que estallara. Su enfoque resalta la importancia de la anticipación y el peso de la evidencia en la toma de decisiones internacionales, contraponiéndose a la diplomacia más tradicional de Albright o Rice. Juntas, estas tres mujeres muestran cómo la inteligencia estratégica, la ética y la capacidad de negociación se entrelazan de manera compleja en la diplomacia. Economía y poder global: Lagarde y Okonjo-Iweala El campo económico no es menos político, y aquí destacan Christine Lagarde y Ngozi Okonjo-Iwela. Lagard, desde el FMI y luego el BCE, ha lidiado con crisis financieras que han impactado directamente en la estabilidad internacional. Su estilo ha combinado siempre el pragmatismo y la autoridad moral: no siempre toma decisiones populares, pero ha demostrado una capacidad de análisis que previene colapsos sistémicos que podrían desestabilizar regiones enteras. Okonjo-Iweala, por su parte, es un gran ejemplo de cómo la economía puede ser una herramienta de diplomacia global. Su liderazgo en la OMC no solo representa inclusión de voces del Sur Global, sino que evidencia cómo la negociación económica internacional requiere presión técnica, resiliencia frente a intereses poderosos y sensibilidad política. La interrelación entre Lagarde y Okonjo-Iweala muestra que el poder no solo se ejerce mediante ejércitos o tratados, sino mediante también estructuras financieras que condicionan las decisiones de gobiernos y organismos multilaterales, incluidos aquellos donde la figura de las mujeres está todavía denostada.  Justicia y derechos humanos: Bensouda, Amos y Roosevelt Si la economía y la diplomacia definen el poder, la justicia y los derechos humanos definen su legitimidad. Eleanor Roosevelt, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sentó bases que todavía estructuran la ética internacional. Su habilidad para negociar principios universales con Estados reticentes muestra la importancia de la paciencia, la argumentación moral y la visión estratégica a largo plazo. Década después, Fatou Bensouda llevó esta visión a la práctica judicial. Como fiscal de la Corte Penal Internacional, enfrentó la complejidad de investigar crímenes de guerra mientras lidiaba con presiones políticas de Estados poderosos. Su gestión evidencia los dilemas éticos de la justicia global: equilibrar el castigo y la diplomacia, la evidencia y la narrativa política. Valerie Amos, coordinando la diplomacia humanitaria en la ONU, demuestra cómo la intervención efectiva requiere no solo leyes o tratados, sino logística, cooperación multilateral y sensibilidad cultural. Estas tres mujeres evidencian que los derechos humanos y la justicia internacional no son abstractos, sino arenas donde la estrategia, la moral y el pragmatismo se mezclan, y donde los errores pueden tener consecuencias humanitarias inmediatas.  Convergencias y tensiones: una comparación analítica Analizando estas ocho figuras juntas, surgen patrones interesantes. La diplomacia estadounidense –Albright, Rice y Power– comparte un énfasis en estrategia y anticipación, pero difiere en el equilibrio ética-eficacia. La economía internacional, liderada por Lagarde y Okonjo-Iweala, muestra cómo las decisiones técnicas pueden tener efectos geopolíticos inmediatos. La justicia y los derechos humanos, representados por Roosevelt, Bensouda y Amos, revelan que la legitimidad internacional requiere constancia, coraje y manejo de conflictos de interés global. Curiosamente, todas operan en sistemas predominantemente masculinos, lo que potencia tanto sus logros como sus errores. Cada una debió demostrar competencia extrema para que sus decisiones fueran tomadas en serio, y sus fallas se amplificaron mediáticamente. Esta tensión entre habilidad, contexto y visibilidad define su legado: no son heroínas perfectas, sino agentes estratégicos que transforman el juego internacional con visión, cálculo y, a veces, riesgo. Conclusión: impacto realista y legado El estudio de estas ocho mujeres revela que el poder internacional no se ejerce solo desde la presidencia de un país o el liderazgo militar. La influencia puede venir de la diplomacia inteligente, la economía estratégica, la justicia internacional o la defensa de derechos humanos. Su legado es tanto un testimonio de capacidad individual como un espejo de las estructuras que condicionan el mundo. Pero su ejemplo no es aislado. En la actualidad, figuras como Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España y directora de la Red de Comercio Global de la ONU, Nadia Calviño, actual Presidenta del Banco Europea de Inversiones; las reinas Máxima de Países Bajos, Rania de Jordania y Letizia de España, promotoras de la inclusión financiera, desarrollo sostenible y de salud mental e infantil en foros internacionales; o Tsai Ing-wn, liderando la diplomacia taiwanesa frente a China, muestran que el impacto femenino se ejerce en múltiples frentes y niveles. A lo largo de la historia, solo 61 mujeres han recibido el Premio Nobel en todas las categorías, un reflejo de la histórica desigualdad de oportunidades y reconocimiento. En el ámbito de las relaciones internacionales, figuras como Rigoberta Menchú y María Corina Machado han destacado por su influencia y diplomacia, mientras que en el presente, líderes como Roberta Metsola, Kaja Kallas, Michelle Obama, Úrsula von der Leyen y Sahle-Work Zewde ejercen el poder como mujeres, combinando estrategia con diplomacia. Tampoco olvidar el legado de Sirimavo Bandaranaike, primera mujer en ser Jefa de Estado, en la antigua Ceilán en 1960. Desde entonces, el camino se abrió par figuras como la islandesa Vigdís Finnbogadóttir como primera presidenta, Ellen Johnson Sirleaf en Sierra Leona, Michelle Bachelet en Chile, Dalia Grybauskaite en Lituania, Samia Suluhu Hassan en Tanzania, Chinchilla Miranda y Laura Fernández en Costa Rica, Mia Motley en Varados, Giorgia Meloni en Italia, Sanae Takaichi en Japón o Claudia Sheinbaum en México. Estas mujeres, junto a nuestras protagonistas históricas, demuestran que la influencia en las relaciones internacionales requiere una combinación de visión estratégica, capacidad de negociación, resiliencia frente a sistemas dominados por hombres y la habilidad de balancear ética, pragmatismo y presión política. Reconocer sus logros y errores permite comprender mejor cómo se toman decisiones que afectan millones de vidas y cómo la inclusión de perspectivas diversas –femeninas y de distintos contextos ideológicos y culturales– puede definir los límites de la política global, haciendo más compleja, pero también más legítima, la manera en que se ejerce el poder internacional. Créditos foto: By 内閣広報室｜Cabinet Public Affairs Office, licensed under CC BY 4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ). Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181911469

Diplomacia española en China: entre la geoeconomía y la competencia global En un momento en el que el orden internacional parece cada vez más volátil, la reciente visita de Pedro Sánchez a China no puede leerse como un simple gesto diplomático más. Llega en un contexto marcado por la imprevisibilidad de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, la creciente asertividad global de China y la escalada de tensiones en Oriente Medio, con Irán como epicentro. En ese tablero, España ha optado por una estrategia que combina pragmatismo económico, posicionamiento europeo y una cierta vocación de mediación. La visita del Presidente de España revela hasta qué punto los países europeos, especialmente potencias medias como España, están tratando de adaptarse a un entorno internacional en el que las reglas del juego ya no están claras. La visita de Pedro Sánchez a China se ha desarrollado entre el 10 y el 15 de abril de 2026, aunque su agenda oficial comenzó el día 13 en Pekín, concentrado en apenas tres jornadas el núcleo político, económico y simbólico del viaje. No era un desplazamiento más sino que se trataba de su cuarta visita a China en apenas cuatro años, un dato que por sí solo refleja el peso creciente de la relación bilateral en la política exterior española. El viaje arrancó con un perfil más institucional y académico. El día 13, Sánchez intervino en la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones intelectuales más influyentes del país, donde lanzó un mensaje claro: “Europa y China están llamadas a entenderse en un momento de tensiones globales” así como también en su discurso añadió: “China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo.” El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó la importancia de avanzar hacia una relación comercial más equilibrada y basada en la reciprocidad con China durante su intervención en Pekín. En el marco de su visita oficial, el Gobierno español ha optado por asumir esta realidad con un enfoque basado en el realismo, el pragmatismo y el sentido de la responsabilidad. Sin ignorar las diferencias existentes con China, ha defendido la conveniencia de reforzar los elementos de cooperación que históricamente han permitido el entendimiento entre ambos países. "La propuesta de España es clara: construir una relación basada en el respeto mutuo. Un respeto que nos permita cooperar en todo lo posible. Competir en lo que sea necesario. Y gestionar nuestras diferencias cuando éstas resulten inevitables. España defiende esta visión. Lo hace en Madrid. Lo hace en Bruselas. Y lo hará donde haga falta", expresó Sánchez y reiteran desde Moncloa. Por otra parte, en su intervención ante un auditorio formado en gran parte por estudiantes de una de las instituciones académicas más influyentes de China, Sánchez evocó un episodio histórico para ilustrar la profundidad de los vínculos entre ambos mundos. Recordó cómo en 1583 el jesuita Matteo Ricci revisó su concepción del mundo al constatar que China no ocupaba una posición periférica, como se asumía en Occidente. España, señaló, no era ajena a esa realidad, ya que mantenía intercambios comerciales con la dinastía Ming. En esa línea, destacó que tanto entonces como ahora España reconoce el peso de China en el sistema internacional, subrayando su condición actual como principal exportador de bienes a nivel global y uno de los actores más relevantes en el comercio de servicios. Qué se dijeron Sánchez y Xi Jinping Lejos de limitarse a cuestiones bilaterales, la conversación entre ambos líderes estuvo profundamente marcada por el contexto global. Sánchez trasladó a Xi la necesidad de reforzar el papel de China como actor clave en la resolución de conflictos internacionales, especialmente en Oriente Medio, llegando a señalar que resulta difícil encontrar otros interlocutores con la misma capacidad de influencia. En la misma línea, ambos coincidieron en la defensa del multilateralismo y el derecho internacional frente a lo que Xi describió como el riesgo de volver a una “ley de la selva” en las relaciones internacionales. Esta expresión no es menor ya que apunta directamente a la percepción compartida de que el sistema internacional está entrando en una fase de desorden, marcada por decisiones unilaterales y conflictos abiertos como ocurre en Irán ahora mismo. El Presidente Sánchez, por su parte, fue explícito al señalar que el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial está siendo “socavado” y defendió la necesidad de reformarlo en lugar de abandonarlo. En ese marco, España se presentó como un actor dispuesto a construir puentes entre China y Europa, manteniendo su identidad europeísta pero apostando por el diálogo. Además, durante la visita se produjeron encuentros con inversores y empresas chinas como fue la empresa tecnológica Huawei, con el fin de reforzar la cooperación entre empresas chinas y españolas. Sectores como la automoción eléctrica, la energía o las infraestructuras estuvieron en el centro de las conversaciones, reflejando una estrategia evidente atraer capital chino sin romper el marco europeo. ¿Cuándo se originaron las relaciones entre España y China? La relación entre España y China no es reciente ni exclusivamente contemporánea. Tiene raíces profundas que aunque sean discontinuas revelan una interacción histórica basada en el comercio, la curiosidad mutua y la política económica. Los primeros vínculos entre ambos mundos se remontan al siglo XVI, en el contexto de la expansión global de la Monarquía Hispánica. Aunque España y China no establecieron relaciones diplomáticas formales en ese momento, sí existió un contacto indirecto pero relevante a través de la ruta comercial del Galeón de Manila, que conectaba Asia con América. Desde Filipinas, territorio bajo dominio español por entonces, se articuló un flujo constante de mercancías entre China y el Imperio español. Productos como la seda, la porcelana o las especias llegaban a América y desde allí a Europa. Este comercio convirtió a China en un socio económico clave, aunque fuese lejano, para la Corona española. En paralelo, figuras como Matteo Ricci (mencionado por Sánchez en su discurso) desempeñaron un papel fundamental en el acercamiento cultural. Aunque italiano, Ricci formaba parte de las misiones católicas impulsadas en gran medida por las redes ibéricas. Su labor en la Corte china contribuyó a generar un conocimiento más preciso del gigante asiático en Europa, rompiendo con la idea de un territorio periférico y desconocido. Tras este periodo inicial, las relaciones entre España y China entraron en una fase de menor intensidad. La progresiva decadencia del Imperio español y los cambios en el sistema internacional redujeron el contacto directo. A diferencia de otras potencias europeas como Reino Unido o Francia, España no tuvo un papel protagonista en China durante el siglo XIX, especialmente en el contexto de las guerras del opio y la apertura forzada del país asiático. Esto implicó que la relación bilateral careciera de los conflictos históricos que sí marcaron a otras potencias occidentales, pero también que su desarrollo fuera más limitado. Sin embargo, aunque los contactos entre España y China pueden rastrearse indirectamente hasta el siglo XVI, a través de las rutas comerciales que conectaban Asia con América, las relaciones diplomáticas modernas se establecieron formalmente en 1973, cuando España reconoció oficialmente a la República Popular China. Este reconocimiento se produjo en un contexto de apertura internacional tanto por parte de China, tras su entrada en las Naciones Unidas en 1971 como de España, que en la etapa final del franquismo buscaba a su vez, reforzar su legitimidad exterior. El establecimiento de relaciones diplomáticas marcó el inicio de un proceso gradual de acercamiento, aunque inicialmente limitado por factores ideológicos, geográficos y económicos. Los años siguientes, con la apertura económica china y su integración en la economía global especialmente tras su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001 se generaron nuevas oportunidades para España. En 2005 se creó la Asociación Estratégica Integral en aras de fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación tanto en materia política, económica, comercial y cultural firmada por el presidente al cargo José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello sentó las bases para el desarrollo posterior de vínculos más estrechos y la relación que se conoce hoy día. En el año anterior, en 2025 a su vez, se firmaron siete acuerdos comerciales entre España y China que estaban destinados a impulsar la exportación de diversos productos españoles, especialmente del sector alimentario, sanitario y cosmético, hacia el mercado chino, al tiempo que buscan reforzar la cooperación bilateral en áreas como la cultura, la ciencia y la educación. Estos acuerdos produjeron un crecimiento superior al 7% de las empresas españolas hacia China. El mercado chino y las inversiones procedentes del país han adquirido una relevancia creciente dentro de la economía española, jugando un papel importante en la economía nacional, ya que se le visiona como un actor inversor con capacidad de influencia en infraestructuras, tecnología y energías renovables. En términos estructurales, la relación es asimétrica pero complementaria. España presenta un déficit comercial persistente con China, lo que refleja una mayor dependencia de las importaciones que de las exportaciones. Las importaciones de España procedentes de China alcanzaron en 2025 los 50.250 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas hacia el mercado chino se situaron en el mismo periodo en 7.972 millones de euros según la Fundación Consejo España China. Una visita en clave geopolítica Es indudable que el viaje de Pedro Sánchez a China es un movimiento estratégico de múltiples capas. Por un lado, responde a una lógica económica evidente ya que por un lado pretende reforzar relaciones comerciales y seguir atrayendo inversiones para consolidar la presencia española en un mercado clave. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, reducir esta visita a una dimensión económica sería simplificarla en exceso. España ha tratado de proyectarse como un actor capaz de mantener canales de diálogo abiertos con China en un momento en el que las relaciones entre Pekín y Occidente atraviesan tensiones significativas. En ese sentido, el encuentro con Xi Jinping no solo tiene valor bilateral, sino también europeo. España actúa en cierta medida, como interlocutor dentro de una Unión Europea que busca definir su propia posición entre Estados Unidos y China, sin quedar completamente subordinada a ninguno de los dos. La Unión Europea se enfrenta a un dilema estratégico cada vez más evidente y que se ha visto incrementado desde el inicio de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, sobre cómo gestionar su relación con China sin deteriorar su alianza con Estados Unidos. Este equilibrio se ha vuelto más complejo en un contexto en el que Washington adopta posiciones más confrontativas, mientras que Pekín amplía su influencia global. España, como potencia media dentro de la UE no pretende marcar la agenda, pero sí contribuye a matizarla. La visita de Sánchez puede interpretarse como un intento de reforzar la idea de una Europa con margen de autonomía, capaz de relacionarse con China desde una posición propia. No obstante, esta estrategia no está exenta de tensiones. Las diferencias en materia de derechos humanos, gobernanza y modelo político siguen siendo un punto de fricción constante. La cuestión es hasta qué punto estos elementos condicionan realmente la política exterior frente a los intereses económicos y bélicos. A su vez, el papel de España tiene ventajas evidentes, pero también límites. La capacidad de España para influir en el orden global es reducida, y su margen de maniobra está condicionado por su pertenencia a la Unión Europea y por las dinámicas de las grandes potencias. Aun así, en un mundo donde las certezas escasean, la flexibilidad puede ser una estrategia en sí misma. Desde el realismo estructural, autores como el politólogo estadounidense Kenneth Waltz sostendrían que los Estados actúan en función de su posición en un sistema internacional anárquico, buscando maximizar su margen de maniobra. Bajo esta lógica, el acercamiento de España a China no implicaría un cambio ideológico, sino una adaptación racional a un entorno en el que la hegemonía estadounidense se percibe más inestable y donde emergen nuevas potencias capaces de alterar el equilibrio global. Desde esta perspectiva, el acercamiento a China no constituye una anomalía ni una ruptura del orden occidental, sino una expresión de balancing behavior suave o indirecto dentro de un sistema multipolar emergente. España no estaría “cambiando de bloque”, sino ajustando su inserción internacional para maximizar seguridad económica que últimamente se encuentra en jaque con la guerra en Irán y los altibajos de su relación con Estados Unidos. España parte de un margen de autonomía dentro de su posición estructural como potencia media, altamente integrada en la Unión Europea y dependiente del comercio exterior, por tanto es el actor idóneo para realizar un acercamiento a China en cuanto a temas bélicos, que tenga cierta repercusión internacional desde una posición mediadora y pacifista. ¿Qué ocurrirá ahora? A diferencia de otras potencias occidentales, España y China no arrastran un legado significativo de conflictos históricos, lo que ha facilitado el desarrollo de una relación relativamente fluida, basada en el pragmatismo y es debido a esta ausencia de fricciones estructurales que se ha permitido que el vínculo bilateral evolucione con menor carga ideológica que en otros casos, aunque no por ello esté exento de complejidad en el contexto geopolítico actual. En el marco de lo que algunos ya describen como un nuevo orden multipolar, la relación entre ambos países se inscribe en una dinámica más amplia de reconfiguración del poder global. En este escenario, España ha insistido en la necesidad de que China asuma un papel más activo en la defensa del derecho internacional y en la gestión de los principales focos de conflicto, desde Ucrania hasta Oriente Medio, incluyendo Líbano e Irán. La apelación no es menor ya que supondría reconocer explícitamente el peso creciente de Pekín como actor imprescindible en la gobernanza global. Durante la visita, en un entorno diplomático especialmente activo, el Gobierno español ha subrayado la centralidad de China en la resolución de crisis internacionales. En palabras del propio presidente, se trataría del único actor del tablero global con capacidad real para contribuir a “desanudar” la situación en conflictos como el de Irán y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz. Este diagnóstico se apoya en la constatación de que China representa hoy una superpotencia industrial y tecnológica con un peso económico difícil de ignorar, lo que justificaría según el Ejecutivo, reforzar la cooperación bilateral y consolidar una posición más visible de España en la interlocución con su liderazgo. Bajo esta lógica, el viaje ha sido interpretado como un intento de consolidar una estrategia exterior basada en el refuerzo de vínculos con actores clave del sistema internacional, en un momento en el que otras potencias occidentales, como Estados Unidos bajo Donald Trump, muestran una creciente volatilidad en su papel global. En ese contexto, el acercamiento a China no se presenta como una ruptura, sino como una adaptación a una realidad internacional más fragmentada, en la que la diplomacia se desplaza hacia múltiples centros de poder. Hoy, la relación entre España y China se inscribe así en un entorno mucho más complejo, en el que Pekín ha dejado de ser un actor periférico para convertirse en uno de los polos centrales del sistema internacional. Consciente de ello, España ha optado por una política de aproximación prudente, que busca equilibrar las oportunidades económicas con las obligaciones políticas y estratégicas derivadas de su pertenencia a la Unión Europea y de su inserción en el bloque occidental. En este marco, el propio Pedro Sánchez ha resumido la filosofía de este acercamiento con una afirmación que condensa el espíritu de la visita: “En el pasado China y Europa supieron prosperar juntas y no hay razón para no volver a hacerlo.” Pero si el futuro del sistema internacional pasa por una creciente fragmentación del poder, múltiples crisis simultáneas y la competencia entre grandes bloques, la pregunta que queda abierta es inevitable: ¿puede España realmente prosperar equilibrando a Estados Unidos y China sin acabar atrapada en la rivalidad entre ambos? Créditos foto: Ministry of the Presidency. Government of Spain. Original published date: 11 April 2025. Retrieved via Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163431203

Sevilla comienza a engalanarse poco a poco, como todos los años y como toda la vida, casi sin pedir permiso, de rojo, verde y blanco; de farolillos que cuelgan como si el cielo se hubiera bajado a la calle, de trajes de flamenca que ondulan al compás de la tarde, de sevillanas que brotan en cualquier grupo de amigos y de guitarras y palmas que marcan el pulso de una ciudad que despierta distinta, con más alegría y salero. Donde se pone alegre “la gente seria”, porque en el aire ya se respira algo que no se puede explicar del todo, pero que todos reconocen: ya huele a feria. En apenas unos días, el Real de la Feria, asentado en el barrio sevillano de Los Remedios, se transformará en un auténtico epicentro humano, un escenario vibrante por el que desfilarán cientos de miles de personas entre luces, albero, música y rebujito. Allí, entre casetas que guardan historias y encuentros que se repiten año tras año, se celebrará una nueva edición de una festividad que suma ya 179 años de vida, y que, lejos de quedarse anclada en la nostalgia, ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia. Como la propia ciudad, la Feria ha mutado, ha crecido y se ha reinterpretado, pero sigue siendo, en lo más profundo, ese latido colectivo que define a Sevilla cuando llega la primavera. 179 años de feria: historia, cambios y presente La Feria de Abril actualmente trasciende su importancia del ámbito local, convirtiéndose en una de las festividades marcadas en rojo en el calendario nacional, pero su origen dista notablemente de lo que actualmente se concibe como la feria. Su fundación, en 1847, respondió a una lógica económica propia del liberalismo de las décadas centrales del siglo XIX. Fueron los concejales José María Ybarra y Narciso Bonaplata quienes intentaron impulsar el mercado local, por lo que convocaron una feria de ganadería anual para atraer a tratantes, comerciantes y agricultores en el Prado de San Sebastián. La elección de este emplazamiento no fue casual: en aquel momento, el Prado se encontraba en las afueras de la ciudad, al no existir, entre otros emplazamientos, la icónica Plaza de España, erigida en 1920. Además, era un término medio entre amplitud y accesibilidad para que la población concurriera. Aquella primera edición, autorizada por Isabel II, se celebró entre los días 18 y 21 de abril de 1847 (hace justamente 179 años) y contó con un número reducido de casetas, destinadas a la compraventa. Sin embargo, desde ese mismo momento inicial comenzaron a emerger dinámicas que desbordaban el marco estrictamente mercantil: la presencia de puestos de comida, música improvisada y espacios de encuentro social anticipaban una transformación que, con el paso de las décadas, sería irreversible. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Feria experimentó una evolución progresiva desde su función económica hacia una dimensión crecientemente festiva. Este proceso no fue abrupto, sino acumulativo: la ciudad de Sevilla, en pleno proceso de redefinición tras la crisis del Antiguo Régimen, encontró en la Feria un espacio donde articular nuevas formas de sociabilidad urbana. Las casetas, inicialmente abiertas y de acceso libre, se multiplicaron y diversificaron, reflejando la complejidad social de la ciudad. Paralelamente, la música -especialmente las sevillanas- la indumentaria tradicional y la gastronomía comenzaron a adquirir un protagonismo creciente, configurando una identidad festiva que trascendía el mero intercambio comercial. El cambio de siglo consolidó definitivamente esta mutación. A comienzos del siglo XX, la Feria ya había dejado de ser, en sentido estricto, una feria ganadera para convertirse en una celebración popular de amplio espectro. Este proceso se vio reforzado por la propia evolución urbana de Sevilla, especialmente tras la Exposición Iberoamericana de 1929, que proyectó una imagen de la ciudad profundamente ligada a la tradición, el tipismo y la escenificación de lo andaluz. La Feria se integró plenamente en esa lógica simbólica, convirtiéndose en un escaparate de identidad colectiva. No obstante, este crecimiento planteó también desafíos materiales. El Prado de San Sebastián, que durante décadas había servido de sede, comenzó a resultar insuficiente ante el aumento exponencial de asistentes y casetas. La expansión urbana del siglo XX terminó por absorber este espacio, generando tensiones entre la ciudad cotidiana y la ciudad festiva. Como respuesta a estas limitaciones, en 1973 se decidió trasladar la Feria a su actual ubicación en el barrio de Los Remedios, donde se creó el denominado Real de la Feria. El nuevo recinto supuso un punto de inflexión en la historia del evento. A diferencia del Prado, el Real de Los Remedios fue concebido como un espacio específicamente diseñado para la celebración: calles trazadas con una lógica ortogonal, infraestructuras más sólidas y una organización más sistemática de las casetas. Este proceso implicó, en cierto modo, una institucionalización de la Feria, que pasó a estar más regulada y planificada, aunque sin perder su carácter efímero ni su dimensión simbólica. La portada, elemento central del recinto, comenzó a renovarse anualmente, incorporando referencias arquitectónicas y patrimoniales de la ciudad, reforzando así el vínculo entre tradición e innovación. En las últimas décadas, la Feria ha continuado evolucionando en paralelo a los cambios sociales, económicos y urbanos de la ciudad de Sevilla, con aumento de calles, y proyectos de ampliación recurrentes. El incremento del turismo, la profesionalización de sectores vinculados estrictamente a la fiesta y la creciente proyección mediática han transformado su fisionomía , hasta el punto de plantear un posible traslado al Charco de la Pava, una zona más amplia que permitiría abordar problemas estructurales como la congestión, la accesibilidad o la capacidad de crecimiento. Esta propuesta, recurrente en el debate político local, enfrenta posiciones encontradas: mientras algunos sectores la consideran una solución necesaria, otros la perciben como una ruptura con la memoria espacial construida desde 1973. A este debate territorial se suma la controversia en torno al calendario. Tradicionalmente, la Feria se celebraba de lunes a domingo, comenzando con la popular “noche del pescaíto”. Sin embargo, en años recientes se ha impuesto el modelo de sábado a sábado, ampliando su duración. Esta modificación, fruto de consultas ciudadanas y decisiones políticas, refleja tensiones entre tradición y adaptación: por un lado, responde a intereses económicos y a la demanda de mayor disfrute; por otro, plantea interrogantes sobre la intensidad y autenticidad de la experiencia festiva. Particularidades de la Feria: entre rebujito y casetas Entre lo que se comparte y lo que se cuida, entre la jarra que pasa de mano en mano y la caseta que acoge como si fuera una casa prestada, se entiende mejor el equilibrio íntimo de la Feria de Abril. El rebujito y las casetas privadas no responden a una lógica de exclusión, sino de pertenencia: uno articula la convivencia desde lo colectivo, ligero y abierto; las otras desde la cercanía, la vecindad y los vínculos que se repiten año tras año. En ese cruce, la Feria se construye como una ciudad paralela donde lo público y lo familiar no se contradicen, sino que se complementan: se entra para compartir, pero también para reencontrarse. Si hay un elemento que, sin ser originario, ha terminado por convertirse en símbolo casi inseparable de la Feria de Abril, ese es el rebujito. Esta bebida, hoy omnipresente en cualquier caseta, no formó parte del paisaje tradicional de la Feria hasta fechas relativamente recientes. Su origen se encuentra en una adaptación local de combinados británicos como el sherry cobbler, introducidos en Andalucía a lo largo del siglo XIX en el contexto de las intensas relaciones comerciales entre el sur de España y el Reino Unido, especialmente en el ámbito del vino de Jerez. Sin embargo, no sería hasta finales del siglo XX, especialmente entre las décadas de 1980 y 1990, cuando el rebujito, tal y como hoy lo conocemos -mezcla de manzanilla con 7up y abundante hielo-, comenzó a servirse de forma generalizada en el Real, desplazando progresivamente a otras formas más tradicionales de consumo del vino. Sí bien no existe una fecha exacta y oficial de su “primera vez” en la Feria, todo padre y toda madre sevillana vivió su irrupción como un verdadero fenómeno colectivo con un gran éxito. Frente a otras bebidas más densas o alcohólicamente intensas, el rebujito responde perfectamente a las condiciones climáticas de la Feria: calor, largas jornadas, consumo continuado, y a su propia lógica social: es una bebida ligera, compartida en catavinos o vasos de plástico pequeños, que se sirve en jarras y acompaña la conversación más que interrumpirla, salvo para pedir otra. En ese sentido, su consolidación no solo refleja una evolución en los hábitos de consumo, sino también una adaptación cultural a una Feria cada vez más masiva, más prolongada y más exigente en términos de resistencia festiva. El rebujito, lejos de ser una tradición ancestral, es un ejemplo claro de cómo la Feria incorpora elementos nuevos hasta hacerlos parecer de toda la vida. Por otro lado, esta bebida se suele beber en torno a las casetas, que en Sevilla suelen ser privadas, elemento que suele ser un choque cultural reseñable. En sus orígenes, cuando la Feria aún conservaba su carácter ganadero en el Prado de San Sebastián, las primeras casetas eran estructuras provisionales donde comerciantes y tratantes se reunían para cerrar acuerdos, comer y resguardarse. Eran espacios abiertos, sí, pero también profundamente vinculados a redes concretas de confianza: familias, socios, conocidos. Con el paso del tiempo, a medida que la función económica fue cediendo terreno a la dimensión festiva, esas estructuras no desaparecieron, sino que mutaron hacia lo que hoy entendemos como casetas: lugares de encuentro más íntimos dentro de un marco colectivo. A lo largo del siglo XX, especialmente tras el traslado al Real en Los Remedios en 1973, esta lógica se consolidó y se institucionalizó. Las casetas pasaron a organizarse en torno a titulares -familias, grupos de amigos, peñas, hermandades o entidades- que gestionaban el espacio y lo dotaban de identidad propia. Lejos de ser meros recintos festivos, se convirtieron en espacios de memoria compartida, donde cada año se repiten gestos, se reencuentran generaciones y se refuerzan vínculos. En este sentido, la caseta funciona casi como una casa efímera levantada sobre el albero: tiene sus normas, sus ritmos y, sobre todo, su gente. Por eso, el carácter privado de muchas casetas no puede entenderse desde una lógica de cierre arbitrario, sino desde una lógica doméstica. No se trata de excluir por excluir, sino de preservar un espacio de confianza. De la misma forma que nadie abre su salón a desconocidos sin mediación, la caseta mantiene esa frontera simbólica que distingue entre el invitado y el extraño. En el fondo, las casetas privadas reflejan una manera muy concreta de entender la comunidad: no como algo abstracto o anónimo, sino como una red de relaciones vividas, cercanas, casi familiares. En una Feria que reúne a cientos de miles de personas, estos espacios permiten que la ciudad no pierda del todo su escala humana. Son, en definitiva, el lugar donde la multitud se convierte en grupo, donde la fiesta se hace conversación, y donde Sevilla, por unos días, se celebra, pero también se mira y se reconoce a sí misma. La feria de Sevilla para la economía sevillana Es necesario comprender que, del mismo modo que la Feria de Abril no se entendería sin la historia y sociedad que tiene detrás, también ciertos sectores económicos de la ciudad dependen de la Feria de Abril, siendo una de las principales palancas económicas de la ciudad en el siglo XXI. Su impacto trasciende lo simbólico para convertirse en una auténtica “industria temporal” que, concentrada en apenas una semana, moviliza cifras propias de grandes eventos internacionales. Las estimaciones más consolidadas sitúan su impacto económico en torno a los 1.000 millones de euros, llegando incluso a proyecciones más ambiciosas cercanas a los 2.000 millones según fuentes institucionales- aproximadamente 1700 euros al segundo se mueven en la feria (fuente: Diario de Sevilla)-. Esta magnitud no es menor: equivale aproximadamente al 3% del PIB anual de Sevilla, una cifra extraordinaria si se tiene en cuenta la brevedad del evento . Esta capacidad de generación económica se sostiene, en gran medida, en una afluencia masiva de visitantes. En ediciones recientes, la Feria ha superado los tres millones de asistentes, con picos diarios cercanos al medio millón de personas transitando por el Real . A ello se suma un perfil turístico particularmente rentable: visitantes que no solo acuden a ver, sino a participar activamente en la experiencia, con un gasto medio estimado entre 100 y 150 euros diarios por persona . El resultado es una activación simultánea de múltiples sectores: hostelería, transporte, moda flamenca, espectáculos, logística o servicios públicos, generando además miles de empleos temporales vinculados directa o indirectamente al evento. El sector turístico es, del mismo modo que en otras festividades como la Semana Santa, uno de los principales beneficiarios. Durante la Feria, Sevilla alcanza niveles de ocupación hotelera que rondan o superan el 80-85%, con picos aún mayores en días clave . Esta presión de la demanda no solo incrementa la ocupación, sino también los precios, generando una rentabilidad extraordinaria para el sector. A ello se suma el impacto indirecto en la proyección internacional de la ciudad: la Feria actúa como un escaparate global que refuerza la marca Sevilla como destino cultural y experiencial, multiplicando su atractivo turístico a medio y largo plazo. Sin embargo, esta dimensión económica no está exenta de controversia. Una de las principales tensiones gira en torno a la propia mercantilización de la Feria. El aumento de precios -en casetas, alojamientos o servicios- ha generado críticas sobre la progresiva elitización del evento, alejándolo de su carácter popular original. A esto se suma el debate sobre el modelo de duración: la alternancia entre el formato tradicional y el modelo ampliado (de sábado a sábado) ha evidenciado intereses económicos contrapuestos. Mientras sectores como la hostelería o el turismo apuestan por una Feria más larga que maximice beneficios, otros actores -incluidos caseteros y el propio alcalde actual- han denunciado el incremento de costes y la pérdida de intensidad festiva, llegando incluso a advertir de crisis en el modelo actual. En este sentido, la Feria de Abril se convirtió incluso en programa electoral dentro de las pasadas elecciones municipales de 2023. Otra controversia relevante reside en el impacto urbano y social. La concentración masiva de visitantes genera tensiones en movilidad, limpieza, seguridad y convivencia, obligando a desplegar dispositivos públicos de gran escala. Además, el modelo de casetas privadas, aunque históricamente arraigado, ha sido cuestionado en términos de accesibilidad y equidad, especialmente por parte de visitantes que perciben barreras en una fiesta que, en apariencia, se presenta como abierta. Turistificación y gentrificación de la Feria de Abril La Feria de Abril, como tantos otras fiestas altamente concurridas, no ha quedado al margen de los procesos contemporáneos de turistificación y, en menor medida, de gentrificación cultural. Lo que durante décadas funcionó como una fiesta con fuertes códigos internos -marcados por la vecindad, la pertenencia y la repetición de vínculos- se ha visto progresivamente atravesado por dinámicas externas que reconfiguran su sentido. La creciente proyección internacional de Sevilla, unida a la lógica del turismo experiencial, ha convertido la Feria en un producto global que no se vive, se consume, se exhibe y se representa, en un entorno altamente performativo. En este proceso, el papel de los influencers y creadores de contenido ha sido especialmente significativo. La Feria se ha transformado en un escenario altamente visual, donde el traje de flamenca, el rebujito o el paseo de caballos funcionan como elementos de una narrativa exportable a redes sociales. Esto no es en sí problemático, pero sí introduce una cierta simplificación de la experiencia: se privilegia la imagen sobre el contexto, el instante sobre el significado. Así, proliferan asistentes que participan de la estética de la Feria sin conocer del todo sus códigos -desde el sentido de las casetas hasta los tiempos propios de la celebración- generando una tensión entre lo que se muestra y lo que realmente es. A ello se suma la presencia creciente de turistas que, atraídos por esa imagen globalizada, acuden en masa al Real. Su impacto es ambivalente. Por un lado, sostienen una parte fundamental del motor económico de la ciudad; por otro, contribuyen a una saturación del espacio que altera las dinámicas tradicionales de la Feria. No se trata tanto de una sustitución de población -como en los procesos clásicos de gentrificación urbana-, sino de una reconfiguración del uso del espacio festivo, donde lo local convive, no siempre sin fricciones, con lo externo. En este sentido, la Feria corre el riesgo de convertirse, parcialmente, en un espectáculo observado desde fuera, más que en una experiencia vivida desde dentro. Los propios actores políticos tampoco son ajenos a esta transformación. La Feria se ha consolidado como un escaparate institucional donde alcaldes, concejales y representantes de distintos niveles se dejan ver, recorren casetas y participan de la liturgia festiva. Este “paseo político” forma parte de la tradición, pero en el contexto actual adquiere una dimensión más mediática y vinculada a aparecer en la foto. Estos procesos no implican necesariamente la pérdida de la esencia de la Feria, pero sí la tensionan. La turistificación introduce nuevas lógicas de consumo y representación; la mediatización redefine los ritmos y las formas de participación; y la masificación obliga a replantear equilibrios. La cuestión de fondo no es tanto si la Feria cambia -porque siempre lo ha hecho y lo tiene que hacer-, sino hasta qué punto puede seguir transformándose sin diluir aquello que la hace reconocible para quienes, año tras año, la viven como parte de su propia forma de estar en el mundo. Y al final, con todo lo que se diga, con todas las tensiones que se atraviesen, con todo lo que cambie o se discuta, la Feria de Abril sigue siendo ese momento en el que Sevilla se mira a sí misma y se reconoce, y en el que al sevillano, sin importar su momento personal, le entran los nervios de soñar como un niño. Por eso, a los sevillanos solo queda desearles lo de siempre, pero con más ganas que nunca: que la vivan como saben, sin prisa pero sin pausa, con esa mezcla de arte, elegancia y guasa que no se aprende en ningún sitio. Y a los que vienen de fuera, que no se queden en la foto ni en el titular. Que se arrimen, que pregunten, que escuchen un cante aunque no lo entiendan del todo, que se pierdan un poco. Que entren si les abren, y si no, que lo entiendan, porque aquí la puerta no se cierra por desprecio, sino porque dentro hay vida compartida. Porque la Feria no se explica: se pisa, se huele, se canta y se recuerda. Y si uno viene con respeto y con ganas de vivirla de verdad, siempre acaba llevándose un trocito. Así que, como diría cualquiera en el Real cuando empieza lo bueno: disfruten ustedes… que esto es Sevilla, y esto es la Feria.

Introducción A pesar de su reducida extensión (786.8 km2) y de su condición insular, de sus limitados recursos petrolíferos, de concentrar una población de tan solo 1.5 millones y de poseer el ejército más pequeño de Medio Oriente, el Reino de Baréin –que en árabe significa “las dos aguas”, o “los dos ríos” (Peñalva, 2011) –,destacó en tiempos de la Pax Britannica – nombre con el que se le conoce al período de dominio británico en el Golfo Árabe que duró aproximadamente 150 años– por albergar desde 1946 la sede del Residente Político, un alto representante del cuerpo diplomático del Gobierno de Bombay ('The Political Residency, Bushire', Qatar Digital Library, s.f.), y por convertirse en el primer Estado árabe en el que se descubrió petróleo, concretamente en 1932. En el presente siglo, este archipiélago de 36 islas se ha evidenciado como un punto álgido en la segunda guerra fría de Oriente Medio, que enfrenta al Reino de Arabia Saudita con la República Islámica de Irán –representantes de los bloques suní y chií– por la hegemonía en la región, debido al marcado sectarismo perviviente en su sociedad. No menos importante, su capital Manama alberga la sede de la Quinta Flota de los Estados Unidos desde la cual se supervisa toda operación llevada a cabo en un parámetro de 27 naciones, competencia de la CENTCOM (United States Central Command) cuyo objetivo es salvaguardar los intereses norteamericanos. Con un personal que alcanza los ocho mil, Baréin es el único país del área supervisada por la CENTCOM en albergar familiares de militares (Congressional Research Service, 2025). En este artículo se desarrollará un análisis histórico de la reforma emprendida por S.M. el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa desde su ascenso al trono así como de los acontecimientos reportados durante los meses de febrero y marzo de 2011 circunscritos dentro de la extensamente denominada “Primavera árabe” y sus consecuencias a nivel doméstico. Monarquía y sociedad heterogénea La sociedad del país es diversa tanto en términos étnicos como religiosos, siendo difícil determinar cuál es la población autóctona, pues es importante recordar que el Reino se enmarca en una región que es crisol de culturas. Los grupos tradicionalmente identificados dentro de su estructura socioeconómica incluyen de forma descendente desde la cúspide de la pirámide al Rey; los miembros de su familia (Al Jalifa) y los tribus árabes aliadas que acompañaron a esta en la toma de Baréin en 1783; seguidos por los llamados “naydíes”, que como su nombre indica proceden del centro peninsular de Arabia (región del Nadj) y de sedentarización más temprana; a continuación se encuentran prominentes comerciantes de origen árabe que volvieron a Baréin tras emigrar a Persia en épocas anteriores, conocidos como Hawala ; en un nivel inferior aparecen los Baharnah , o lo que es lo mismo, una comunidad árabe de trasfondo chiíta que representa la mayor parte de habitantes originarios de la isla; siguiendo con la jerarquía figuran los Persas, otro grupo chiíta con origen en la costa norte del Golfo y llegados en distintas oleadas migratorias; y en última instancia se hallan los Bidunes, localizados en la base de la pirámide, siendo estos descendientes de extranjeros (muchos de ellos iraníes y chiítas) cuya estancia data desde principios del siglo pasado y que no han accedido a la nacionalidad. En palabras de Marta Saldaña Martín en “ Bahrain: ¿un reino en busca de democracia? ”,” la condición de cada una de estas comunidades ha determinado su destino en el seno de la sociedad bahrainí”. Con origen en la confederación tribal Unaiza, más precisamente en la qabila Utub, la familia real ha gobernado el archipiélago desde el siglo XVIII cuando Ahmed Bin Mohamed Al Jalifa “el Conquistador” expulsó a los persas, quienes bajo el mando de la dinastía Safávida habían ostentado su control desde 1602 (Machlis, 2016). Este período de la historia explica la singularidad bareiní, al ser el único Estado árabe en el Golfo de mayoría chií, y mucho tiene que decir su pasado como bastión del Shah. Los herederos de “el Conquistador” consolidaron su poder sobre el territorio a través de la incautación de una gran parte de las tierras para uso agrícola a finales del siglo XVIII, culminando en una administración directa por miembros designados de la familia real ( Fred H. Lawson, 1989). Otro factor social a tener en consideración es la afiliación religiosa, que unida a la étnico-tribal, moldean las relaciones sociales entre el Estado y las comunidades y entre ellas mismas: El chiismo, segunda rama más seguida del Islam, es la corriente mayoritaria en las islas, estimada entre un 55 y 70% de la población (House of Commons, 2025). Durante el dominio safávida desde principios del siglo XVII, Baréin albergó centros de estudio clerical que destacaron entre los más prominentes del mundo árabe. Esta doctrina de la religión mahometana se fundamenta en la creencia de que el califato debía recaer sobre los descendientes del profeta a través de su yerno Alí, a quienes estos consideran como su primer líder espiritual o imán. La sucesión de imanes se pierde en el 880 d.C. con la desaparición del duodécimo, y desde entonces la comunidad chií es dirigida por un ayatolá mientras se espera su regreso (Marine Corps Intelligence Activity, 2002). La población chiíta del Reino está integrada fundamentalmente por dos grupos: los anteriormente nombrados Baharnah, árabes originarios que siguieron a Alí bin Abu Talib, primo y yerno de Mahoma tras el cisma con los suníes previo a la toma de Baréin por parte de los Al Jalifa. Procedentes de las zonas rurales y vinculados a la explotación datilera, tras el inicio de la actividad de la compañía petrolera nacional BAPCO, se produjo un éxodo hacia las principales ciudades del país; y los llamados Persas, con origen en la costa norte del Golfo e instalados en el país en diversos períodos u olas: los primeros llegaron hace tres siglos, otros durante las primeras décadas del siglo XX (Saldaña, 2008), y que hoy en día se concentran en los distritos al-Hurra y al-Ajam de Manama. Las actividades religiosas de ambas comunidades chiíes son mayoritariamente independientes las unas de las otras , y según Fred H. Lawson en su obra “ Bahrain, the modernisation of autocracy ”, esta última “podría constituir el público más receptivo a los llamamientos revolucionarios difundidos por clérigos chiíes más radicales al otro lado del Golfo Pérsico, en Irán”. A pesar de la internacionalmente propagada idea de Baréin como una sociedad desigual gobernada por una minoría suní privilegiada que somete a una mayoría de corte chií, lo cierto es que algunas familias como los Al-Urayid, pertenecientes al estrato Baharnah , han logrado convertirse en prominentes comerciantes e incluso tener presencia en el gobierno (Saldaña, 2008). Asimismo, la preponderancia suní radica en la identificación de importantes actores sociales como la familia real, sus aliados –entre los que destacan las tribus árabes Al Rumia, Al Musallam, Sudan y Al Duwasir, vinculadas a los Utub– y de los clanes comerciales más importantes con esta rama del Islam (Fred H. Lawson, 1989). Sin embargo, y como se ha manifestado, no existe una élite basada exclusivamente en la confesión, pues entre los aliados del gobierno se incluyen de manera indiscriminada familias tribales y comerciantes de peso de ambos estratos religiosos, además de árabes y persas (Kinninmont, 2012). Los naydíes por su parte, que son suníes, se encuentran muy presentes en el ámbito del comercio –al igual que los clanes Kanu, Fajro y Shirawis identificados como Hawala–,  cuya temprana sedentarización en los centros urbanos les ha permitido tradicionalmente dedicarse a este sector. Entre las familias más relevantes se nombra a los Al Qusaibi y Al Zayyani (Saldaña, 2008). Por último se sitúan los Bidunes, que son conocidos en el Golfo por ser descendientes de extranjeros (principalmente chiítas y muchos de origen iraní) cuya presencia data desde comienzos del siglo pasado y que a pesar de haber nacido en estos países donde residen, no han obtenido la nacionalidad. Esta situación de apatridia les ha situado históricamente como un colectivo marginado, pero con el inicio de la reforma de 2002, el actual monarca Hamad Bin Isa Al Jalifa otorgó la nacionalidad a varios miles de ellos residentes en el Reino, regularizando su situación (BTI, Bahrain country report, 2012). En la actualidad, Manama se posiciona como una ciudad cosmopolita y heterogénea que incluye un considerable número de expatriados persas, indios, pakistaníes, omaníes y yemeníes, unidos a la población local árabe suní y chií, sin propensión a agruparse en barrios exclusivos, a excepción de Al-Quful y Ras Rumman, donde la población local ha mantenido su fuerte identidad, destacando una amplia red de ma´tams – centros comunitarios religiosos chiítas–. En el pasado, la población de la capital se componía principalmente de una población homogénea de árabes suníes, una tendencia no seguida en los distritos de Fariq al-Hayayish y As-Sagha, también árabe pero credo chiíta ( Fred H. Lawson, 1989). Independencia, fugaz experiencia constitucional en los setenta, e intifada de los años noventa Cuando el Reino Unido anunció su retirada del Golfo en 1968, la región veía alterado el status quo  caracterizado por el rol de Londres como protector. Baréin negoció entre 1970 y 1971 su adhesión a lo que en el futuro se conocería como los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete Estados tribales que se unieron en aquel momento de incertidumbre. Sin embargo, el 15 de agosto de 1971, Baréin proclamó su independencia. El motivo que explica la decisión de no federarse fue su disconformidad con el papel que jugaría en este proyecto, ya que esperaba desempeñar un liderazgo que no le era reconocido. En este contexto, se firmó un acuerdo militar con los EE.UU. mediante el cual la marina norteamericana se instaló en la base naval de Juffair, y otro de amistad con Gran Bretaña (Saldaña, 2008). Irán (anteriormente Persia), reavivó sus reclamos sobre la isla negándose a aceptar su independencia, algo que no era nada nuevo pues en 1928 el Shah ya había publicitado sus pretensiones de anexión. Además, el parlamento iraní había declarado en 1957 a Baréin como su decimocuarta provincia (Kapanadze, 2021). Los planes de Teherán se vieron truncados por un referéndum llevado a cabo en 1970 por las Naciones Unidas, el cual concluyó que el pueblo bareiní quería la independencia y rechazaba la unión. Respaldados por la Resolución 278 del Consejo de Seguridad, los resultados del plebiscito fueron finalmente aceptados por el parlamento iraní (Congressional Research Service, 2025). En el aspecto doméstico, un Consejo de Estado conformado por 12 miembros y presidido por el hermano mayor del Emir, S.A.R. El príncipe Jalifa bin Salman Al Jalifa –quien ostentó el cargo de primer ministro durante casi cinco décadas hasta su fallecimiento en el año 2020–, se había creado en 1970 para desempeñar el poder ejecutivo y llevar a cabo las reformas políticas y administrativas (Marine Corps Intelligence Activity, 2002). Se promulgó una constitución en 1973 que estableció un parlamento completamente electo y las primeras elecciones a la llamada Asamblea Nacional tuvieron lugar en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, bajo acusaciones de obstrucción parlamentaria, ya que la cámara había estado desafiando al gobierno en asuntos como la propiedad de la tierra, el presupuesto, la presencia norteamericana en el país (Kinninmont, 2012) o la propuesta Ley de Seguridad del Estado (Power, 2012), S.A. El Emir Isa Bin Salmán Al Jalifa disolvió la asamblea e instituyó en su lugar un Consejo de Ministros liderado por su hermano Jalifa . Desde 1975 hasta 2002 se considera a este pequeño Estado del Golfo como una monarquía absoluta (House of Commons, 2025). De acuerdo a Greg Power en “ The difficult development of parliamentary politics in the Gulf: Parliaments and the process of managed reform in Kuwait, Bahrain and Oman ”, el desarrollo de la actividad parlamentaria en el Golfo ha estado condicionada por el extendido modelo de Estado rentista. Los elevados ingresos procedentes del petróleo –es vital recordar que la Crisis del Petróleo de la década de los setenta provocó la cuadruplicación de los precios de esta materia prima– han desembocado en una realidad política en la cual estos Estados no dependen de los ingresos obtenidos mediante la recaudación de impuestos sobre los ciudadanos o el sector privado, cuyas consecuencias sobre la representación política se resumen en la frase “no taxation, no representation”. Es más, el aumento de los precios del petróleo permitió al Estado bareiní invertir en infraestructuras, sanidad, educación y bienestar social (Karolak, 2010) sin necesidad de presionar fiscalmente a los ciudadanos. La revolución islámica de 1979 en Irán supuso una amenaza directa para el Estado de Baréin, ya que desde el establecimiento del régimen de los ayatolás estos han tratado de exportar su modelo teocrático por todo el mundo araboislámico, con especial interés en la población chiíta del país. En 1981 fue desmantelado un intento de golpe apoyado por Irán y protagonizado por el denominado “Frente Islámico para la Liberación de Baréin” (Kinninmont, 2012), y en 1982 el imán chií Muhammad Taqi Madarisi fue expulsado del Emirato al haber sido acusada la “Organización del Trabajo Islámico” de la que él era fundador, de instigar varios atentados desde 1982, destacando el intento de asesinato del Emir en 1984 (Saldaña, 2008). En este contexto de inseguridad regional causada por la fundación de la República Islámica y la guerra entre Irak e Irán, los saudíes y los Al Jalifa firmaron un acuerdo de defensa seguido dos años más tarde por la fundación del Consejo de Cooperación del Golfo en 1981 en la que se incluyen estos dos países junto con Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar y Kuwait (Saldaña, 2008). Pese a los esfuerzos gubernamentales anteriormente nombrados para mejorar los servicios públicos, en las décadas posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional se incrementó la presión sobre el gobierno para restaurar la constitución de 1973 y el parlamento. En 1992, el entonces monarca S.A. El Emir Isa Bin Salmán Al Jalifa estableció un Consejo Consultivo sin potestad legislativa tras una petición firmada por más de 300 personalidades del país (Al-Jamri, 1997). Dos años más tarde, el endurecimiento de las demandas de la oposición entre las que se encontraban la vuelta del parlamentarismo, medidas contra el desempleo y el fin al estado de emergencia desembocaron en una oleada de disturbios conocidos como la “Intifada bareiní”. De acuerdo con múltiples autores, la revuelta fue protagonizada mayoritariamente por sectores chiíes de la sociedad (BTI, Bahrain Country Report, 2003; Kinninmont, 2012; Karolak, 2010; Moore-Gilbert, 2016), y en particular jóvenes que alegaban sufrir discriminación en el ámbito social y laboral por parte del Estado a causa de su confesión religiosa (Karolak, 2010). A pesar de las acusaciones contra el gobierno, lo cierto es que entre los miembros del Consejo de Shura (Consejo Consultivo) y los miembros del gabinete que no forman parte de la familia real, los chiítas constituyen aproximadamente la mitad de estos (BTI, Country Report Bahrain, 2010). Añadido a ello, y como excepción a las actuales y generalmente seculares leyes de Baréin, las asuntos relativos a la familia y la herencia se rigen por un sistema dual de Sharía que incluye la rama suní y chií, y “dado que las resoluciones de estos tribunales se basan en interpretaciones de los textos sagrados del islam (el Corán y la Sunna) realizadas predominantemente por eruditos religiosos varones, los jueces pueden ejercer un margen considerable de discrecionalidad” (BTI, Country Report Bahrain, 2012), permitiendo así que la comunidad chií siga rigiéndose por su propia escuela jurídica del Islam.  De acuerdo con Kylie Moore-Gilbert en “ From Protected State to Protection Racket: Contextualising Divide and Rule in Bahrain ”: “las protestas estuvieron frecuentemente marcadas por la violencia, con grupos más radicales de manifestantes que adoptaron tácticas que incluían la quema de edificios públicos como bancos, oficinas de correos y comisarías”. Los años en el período de 1995 y 1997 destacaron por una gran inestabilidad. Se reportaron ataques con bomba en un centro comercial de la capital en 1995, y varios de los hoteles de lujo de la misma en 1996. El inicio de la Intifada se relaciona con la detención del erudito chií Ali Salman el 5 de diciembre de 1994 (Al-Jamri, 1997), un año que se saldó con hasta cinco mil detenidos (Moore-Gilbert, 2016). Las pérdidas humanas resultado de este clima de violencia ascienden a al menos 40 (Kinninmont, 2012), y si bien se inició en septiembre de 1995 un diálogo entre gobierno y los encarcelados líderes de la oposición, a su vez miembros del Comité de Petición Popular: los islamistas chiítas Abdul Amir Al-Jamri y Abdul Wahab Hussein, en enero de 1996 las negociaciones no habían dado fruto (Al-Jamri, 1997), y estos junto al resto de involucrados en los incidentes volvieron a entrar en prisión. En 1996, la televisión emitió las confesiones de hombres acusados de pertenecer a una célula de Hezbollah en Baréin financiada por Irán con interés en mantener vivos los disturbios y que comprometían a personas con gran peso social en el país (Jones, 2017). El ascenso de S.M. el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa y el reformismo de los años 2000 Tras la muerte en 1999 de S.A. el Emir Isa Bin Salmán Al Jalifa le sucedió su hijo y monarca actual, S.M. El Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa (a título de Rey desde 2002). Nacido en la ciudad de Riffa en 1950, desempeñó a lo largo del reinado de su padre diversos cargos como jefe del Directorio de Defensa y miembro del Consejo de Estado o ministro de defensa (Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2024). Desde su ascenso a la jefatura del Estado ha destacado su predisposición al diálogo y una mayor apertura política. En su primer discurso a la nación, el entonces Emir de Baréin prometió que no se toleraría ningún tipo de favoritismo ni discriminación sobre la población basada en principios sectarios. Se procedió al diálogo con la oposición y se liberaron 350 presos (Jones, 2017). Asimismo, los comités instituidos para la reforma hicieron públicas sus propuestas en diciembre del 2000, dando luz a la “Carta de Acción Nacional”: un texto que serviría como guía para el país en su proceso de transformación en una monarquía constitucional (Power, 2012). Sumado a ello, derogó tanto la Ley de Seguridad del Estado como el estado de emergencia, entendido como un paso fundamental para evitar el abuso y represión policial. Igualmente, concedió una Amnistía General a través de varios decretos entre los años 2001 y 2002 para los activistas políticos detenidos durante los incidentes entre 1994 y 1999 (BTI, Bahrain Country Report, 2010). También en 2002 concedió la nacionalidad a miles de Bidunes apátridas en su propia tierra (BTI, Bahrain Country Report, 2012)  La Carta de Acción Nacional, que abogaba por el establecimiento de un parlamento bicameral y la reforma de la constitución, contó con un apoyo abrumador de la población (un 98.4% votó a favor) en un referéndum que tuvo lugar el 14 de febrero de 2001. Citando a activistas locales, Jane Kinninmont escribió con posterioridad en 2012 que durante la visita del Emir Hamad a la población chiíta de Sitra, “multitudes jubilantes alzaron su coche sobre sus hombros y lo recorrieron por las calles”. La Constitución de 2002 incluyó varias enmiendas promulgadas por el monarca –con su entrada en vigor coincidiendo con el primer aniversario del referéndum, el Estado cambió su denominación oficial de Estado de Baréin a Reino de Baréin, y el Emir Hamad se convirtió en Rey– que le garantizaban ciertas prerrogativas como el nombramiento y destitución del gobierno así como la disolución del parlamento (Power, 2012). La carta magna establecía un poder legislativo de dos cámaras con poderes similares e integradas por 40 miembros (ambas bajo el nombre de Asamblea Nacional): la primera cámara de representantes sería electa mientras que la segunda sería un consejo consultivo designado. La proposición de leyes podía ser llevada a cabo por cualquier miembro de las dos cámaras, debiendo ser aceptadas por mayoría en ambas y posteriormente ratificadas por el soberano. Si este rechazara dicha proposición y la devolviese al parlamento, una nueva votación favorable resultaría en su ratificación final por el monarca en un plazo de un mes. (Marine Corps Intelligence Activity, 2002). Por otro lado, la presidencia de la Asamblea Nacional recaía sobre el líder del Majlis al-Shura  –órgano designado– (Fabani, 2021). Fue en octubre de aquel año, meses después de la entrada en vigor de la ley fundamental del Estado, cuando 250.000 ciudadanos fueron llamados a las urnas en las primeras elecciones tres décadas después de los últimos comicios.Con una participación del 53%, se habían reconocido a las mujeres sus derechos al voto y a presentarse a cargos políticos, cosa que no había ocurrido en 1973. Los resultados mostraron un empate entre las opciones islamistas y seculares (BTI, Country Report Bahrain, 2003). Sin embargo, cuatro sociedades políticas, entre ellas Al-Wefaq –de corte islamista chiíta– boicotearon las votaciones, quedando fuera del parlamento (BTI, Country Report Bahrain, 2010). En 2005 se promulgó una Ley de Asociaciones Políticas para regular la actividad política e inscribir ante el ministerio de justicia a aquellas sociedades que concurrieran a las elecciones. Esta legislación prohibía que estas basasen su membresía u objetivos en cuestiones étnicas, sectarias, clase social, ámbito profesional o procedencia geográfica (BTI, Country Report Bahrain, 2010) para así evitar la conformación de bloques que resultasen en una polarización social desestabilizante. De la misma manera, sus miembros no debían estar inscritos en una organización política extranjera, el ejército, la guardia nacional o agencias de seguridad del Estado. Al-Wefaq, que en los comicios previos había decidido no presentarse, decidió registrarse y así poder hacerlo en 2006. Mientras tanto, una formación cismática de la anterior organización y conocida como Al-Haq decidió actuar fuera de la ley (Power, 2012). De acuerdo con Ornela Fabani, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 2021, un aspecto que distingue a esta monarquía de sus vecinos es su característica posición como país “donde la oposición ha ganado mayores espacios”. Cuatro años después de las primeras elecciones tras el inicio de la reforma se renovó el parlamento con una participación que alcanzó el 72%, un 19% más que en 2002. La Asociación Nacional Islámica Al-Wefaq y La Asociación de Acción Islámica (‘Amal) se aliaron para concurrir a estos comicios, ganando un total de 17 sobre 40 escaños (Saldaña, 2008). La entrada al parlamento de los islamistas chiítas favoreció la sectarización de este, especialmente durante la primera etapa de la legislatura (Power, 2012). Ese mismo año se publicó una nueva Ley Anti-terrorista que establecía límites a la participación política, ilegalizando aquellos actos que supusieran un daño para la unidad nacional (BTI, Country Report Bahrain, 2010).   Como señala el informe sobre Baréin de “The Bertelsmann Transformation Index” de 2010, “Baréin tolera más activismo político y cívico que sus monarquías vecinas del Golfo”, siendo regulado el derecho de reunión por medio de la Ley 32/2006, que establece el requisito de licencia previa para manifestaciones y concentraciones. Los años posteriores se ven caracterizados por un incremento de la violencia entre manifestantes y las fuerzas del orden. Desde otoño de 2007, se reportó un aumento en las agresiones contra trabajadores expatriados a manos de jóvenes bareiníes, y en diciembre de 2007, la muerte de un hombre involucrado previamente en una confrontación con las fuerzas policiales desencadenó nuevos enfrentamientos de gran magnitud. Asimismo, activistas de la oposición se han visto involucrados en ataques violentos entre los que destacan la agresión de la granja del asesor de seguridad del Rey en marzo de 2008, o la muerte de un agente de policía tras otro ataque contra un coche patrulla el mes siguiente (BTI, Country Report Bahrain, 2010). En este período, el gobierno continuó con la hoja de ruta marcada por la Carta de Acción Nacional de 2001, con la aprobación en mayo de 2007 por el Consejo Consultivo de enmiendas a la Ley de Prensa que eliminaran las penas de prisión para periodistas —aunque la Cámara de Representantes finalmente las rechazó—, así como la creación de una autoridad nacional de los Derechos Humanos ese mismo noviembre (BTI, Country Report Bahrain, 2012). El gobierno encontró una fuerte oposición por parte de la comunidad chií en sus intentos por promulgar una Ley de Familia, ya que Baréin era uno de los pocos países árabes sin una ley codificada en este aspecto, como se ha evidenciado con múltiples concentraciones como la de junio de 2008. En 2009 sin embargo, las dos cámaras de la Asamblea Nacional aprobaron una legislación sobre familia presentada por la parte suní para su comunidad (BTI, Country Report Bahrain, 2012), mientras tanto, los tribunales de familia y herencia chiíes siguieron interpretando la Sharía al margen de ley codificada alguna. Tal como expone el informe sobre Baréin de “The Bertelsmann Transformation Index” de 2012, “con enfrentamientos violentos repetidos entre chiíes, en su mayoría jóvenes, y las fuerzas de seguridad en la primera mitad de 2009, así como un aumento de la represión estatal antes de las elecciones parlamentarias de octubre de 2010” las relaciones entre el gobierno y la oposición se deterioraron aún más. Añade también que “el país fue testigo de masivas protestas antigubernamentales a principios de 2011”, un episodio que se analizará con detenimiento más adelante. Paralelamente, la Cámara de Representantes volvió a ser electa en octubre de 2010 tras el término de la legislatura iniciada en 2006, con una participación que cayó al 63%, resultando en la renovación por parte de La Asociación Nacional Islámica Al-Wefaq de sus diecisiete escaños, y sumando uno más respecto a las elecciones anteriores, todo ello traducido en un 45% de los votos (Fabani, 2021). 17 candidatos independientes progubernamentales obtuvieron representación y grupos suníes como Al-Menbar y Al-Asalah perdieron fuerza, ganando dos y tres escaños respectivamente, siendo este segundo el más perjudicado al perder cuatro miembros en relación a 2006. Por otra parte, cuatro grupos opositores tanto chiítas como izquierdistas, entre ellos el movimiento islámico Al-Wafa y Al-Haq, quienes operaban al margen de la ley, boicotearon las elecciones denunciando la Ley Electoral de 2002 (BTI, Country Report Bahrain, 2012). En el aspecto económico, las reformas emprendidas han sido exitosas, implementándose políticas que aseguren una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión estatal, así como una privatización de los monopolios estatales –si bien continúa una fuertemente intervención del Estado–, procurando una economía de mercado funcional (BTI, Bahrain Country Report, 2012). La economía del país está ampliamente diversificada, incentivado por sus reducidas reservas de petróleo, principalmente en sectores como el turismo, logística, gas, aluminio, infraestructuras y comunicación, manteniendo como socio principal a Arabia Saudita (Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2024). Riad provee a Manama 140.000 barriles de petróleo al día procedentes de un yacimiento de derechos compartidos, mientras la producción propia alcanza sólo los 40.000 barriles según The Bertelsmann Transformation Index en 2012. En referencia a estos datos, Greg Power afirma que “a diferencia de Kuwait, Bahréin no cuenta con la riqueza petrolera necesaria para comprar el apoyo frente a la disidencia. Más bien, depende en gran medida de Arabia Saudita”.  Baréin es definida como una economía de ingresos elevados, con una renta per cápita  equivalente a países europeos occidentales (Congressional Research service, 2025), y cuyos ciudadanos disfrutan de un amplio sistema de bienestar, ya que el Estado proporciona junto a educación y sanidad préstamos estatales a bajo costo y dirige programas ambiciosos de vivienda, y no menos importante, sus funcionarios públicos gozan de las remuneraciones y prestaciones más elevadas de la región (BTI, Country Report Bahrain, 2010). La Junta de Desarrollo Económico (EDB, por sus siglas en inglés) creada en el 2000 y presidida desde 2002 por S.A.R. el príncipe heredero Salmán bin Hamad bin Isa Al Jalifa anunció en 2008 la “Visión 2030”, un plan económico a largo plazo y que según la web oficial de la Oficina del Primer Ministro, “su objetivo central es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos bahreiníes, al tiempo que posiciona al Reino como un centro económico líder en la región”. Sumado a ello, la EDB emprendió un paquete de medidas para reformar el mercado laboral, en busca de la nacionalización de su mano de obra, así como reducir las diferencias salariales entre trabajadores locales y expatriados (Kinninmont, 2012). Los datos macroeconómicos durante la década han sido positivos, con un crecimiento del PIB estimado en el 6.5% anual en los años 2007 y 2008 gracias a la diversificación económica (BTI, Country Report Bahrain, 2010), y con un desempleo en caída desde el 15% en 2005 al 4% en 2007. En una notable mejora del sistema de seguridad social, se introdujo en junio de 2007 una prestación por desempleo —siendo el primer país del Consejo de Cooperación del Golfo en hacerlo—, y que estaría financiado por un impuesto del 2% a cada renta y pagado a partes iguales por el empleador y el asalariado, al que se le uniría otro 1% financiado por el Estado (BTI, Country Report Bahrain, 2010). La crisis económica mundial de 2008 redujo pero no mermó el crecimiento económico del Reino de Baréin, como así reflejan los datos del FMI sobre el crecimiento real del PIB en el país en 2009 (2.5%), y en 2010 (4.3%), y “gracias a una regulación prudente por parte de las autoridades, la recuperación económica del país y la estabilidad macroeconómica parecen haberse consolidado a finales de 2010” (BTI, Country Report Bahrain, 2012). Cronología de los sucesos de febrero y marzo de 2011 hasta la intervención de la Fuerza Escudo de la Península y el desalojo de la Plaza de la Perla Como se ha descrito previamente, la situación a principios de 2011 era delicada, pues el 17 de diciembre de 2010 la muerte de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino de 26 años que se inmoló con fuego frente a la oficina del gobernador tras haberle sido confiscada su mercancía sin posibilidad de recurrir (Enciclopedia Británica, 2026), resultó en una oleada de protestas por todo el Norte de África y Oriente Medio exigiendo mejoras tanto sociales como económicas: solución del problema de la vivienda, libertades civiles y participación ciudadana en la política, empleo o mejora de las condiciones de vida (Fabani, 2013). A este fenómeno se le ha conocido como “Primavera árabe”. Las consecuencias de estas movilizaciones incluyen la caída del entonces presidente de Túnez Ben Ali, así como la renuncia de Hosni Mubarak en Egipto y Abdallah Al Saleh en Yemen (Fabani, 2013), tras 23, 29 y 33 años de gobierno respectivamente. En el caso de Baréin, en el que las redes sociales al igual que en el resto de países afectados fueron un elemento decisivo, de ahí que a menudo se conozca a este período como “las revoluciones de Facebook” (Karolak, 2011) por el papel que esta plataforma desempeñó en la movilización popular, disidentes vinculados a la comunidad chiíta congregaron a decenas de miles de personas en las calles (Foley, 2012), derivando en un período de inestabilidad y violencia. Una muestra de la influencia ejercida por internet es el seguimiento masivo de sitios web tales como "Revolución 14 de febrero en Bahréin" (con 68.000 seguidores), "14 de febrero de 2011 Día de la Revolución en Bahréin" (casi 8.000 seguidores),"We Are Bahrain" ( con 22.000 seguidores) o "¡Estamos contigo, Bahréin! ¡Unidos contra las protestas!" (más de 12.000 seguidores) (Karolak, 2011). A continuación se ofrecerá una narración exhaustiva de los hechos en orden cronológico desde el 14 de febrero al 18 de marzo de 2011. La elección de este intervalo se debe a que coincide con el primer y más tenso mes de disturbios, desde la primera toma de la Plaza de la Perla por los manifestantes hasta la intervención del Escudo de Seguridad de la Península –brazo militar del CCG– en la isla y destrucción del símbolo principal de la disidencia. Los datos ofrecidos han sido extraídos del archivo de Bahrain News Agency (BNA), con aportaciones adicionales de otras fuentes externas. Activistas opositores, coincidiendo con el décimo aniversario del referéndum de la Carta de Acción Nacional, habían convocado a la población por medio de internet a participar el 14 de febrero en un “día de la ira” tomando las calles y ocupando la Plaza de la Perla en Manama inspirados por sus homólogos egipcios (Power, 2012).  Los días previos a los incidentes, S.M el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa anunció subsidios para productos básicos y nuevos programas sociales junto al pago directo de 1000 dinares bahreiníes (hoy más de 2600 euros) en forma de donación para los hogares de bajos ingresos. El 9 de febrero, el gobierno informó que 78.000 ciudadanos se verían beneficiados por el cheque social. La jornada anterior a la convocatoria de la oposición, los periódicos locales ya reflejaban una tensa expectación ante el ritmo que pudiesen tomar los acontecimientos. Daily Tribune  abrió su edición con las palabras del primer ministro: ¡Mantengámonos unidos! Se debe fomentar una mayor cohesión dentro de la sociedad para promover la patria y preservar el progreso nacional alcanzado por Bahréin; en la misma línea, Gulf Daily News  publicaba: La unidad nacional es crucial, afirma el Primer Ministro. La preservación de la patria y sus logros es una responsabilidad compartida, declaró Su Alteza Real el Primer Ministro; por su parte, el parlamento emitió un comunicado llamando a consolidar la confianza entre el pueblo y su gobernante. Cuando finalmente llegó la fecha del 14 de febrero, se reportaron protestas aisladas en localidades chiítas a lo largo de todo el país, e intentos de tomar la Plaza de la Perla en la capital (BBC News Mundo, 2011).  Los reclamos incluían la abolición de la Constitución de 2002, una Asamblea Constituyente que redactara una nueva ley fundamental, y un poder legislativo compuesto exclusivamente por una cámara electa. Asimismo, acusaban al gobierno de discriminar a la población basado en su confesión religiosa y pretender mermar la mayoría chiíta a través de la naturalización de mano de obra extranjera suní (Fabani, 2021). Paralelamente, se organizaron concentraciones públicas en apoyo a la familia real en Um Al Hassam y Muharraq.  Todo este clima de tensión amenazaba con eclipsar las celebraciones por el décimo aniversario del referéndum sobre la Carta de Acción Nacional, marco teórico del reformismo característico del reinado del Rey Hamad. El primer ministro S.A.R. El príncipe Jalifa Bin Salmán se reunió con S.A.R. el príncipe heredero Salmán Bin Hamad, asegurando ambos que "durante la última década de prosperidad, el Reino ha alcanzado una gran cantidad de logros políticos, económicos y sociales, cuyo núcleo han sido los ciudadanos bareiníes", citando la aprobación de la Carta de Acción Nacional en su aniversario como muestra del apoyo unánime del pueblo de Baréin a la reforma y ejemplo de espíritu de unidad nacional. Fue el día siguiente cuando el Instituto Nacional de los Derechos Humanos se pronunció acerca de los incidentes ocurridos durante las primeras jornadas de protestas, dejando un muerto durante un enfrentamiento policial en el pueblo de Al Daih, y otro durante el funeral de este . Según Bahrain News Agency, “la institución condenó el uso desproporcionado de la fuerza que causó la muerte de dos personas y dejó a muchas otras heridas. Exigió una investigación inmediata, seria e independiente sobre las causas de los incidentes e instó a todos los ciudadanos a permanecer unidos con el liderazgo para guiar a Baréin hacia mayores reformas y logros. De igual forma, expresó su confianza en Su Majestad el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa para controlar la situación, dado que es el símbolo de la unidad nacional y el garante de la constitución”.  Igualmente, el jefe de Seguridad Pública declaró: "los participantes en el funeral del difunto Ali Abdulhadi Mushaima se enfrentaron con cuatro patrullas de seguridad que estaban evacuando un automóvil que impedía el paso del cortejo fúnebre" y que “Fadhel Salman Matrouk murió en el hospital a causa de una herida sufrida en los enfrentamientos y las investigaciones aún están en curso¨ (Bahrain Agency News, 2011). A la vista de los últimos sucesos, el Rey se dirigió a la nación a través de un mensaje televisado: "Ante los incidentes esporádicos ocurridos ayer y hoy, donde lamentablemente se registraron dos fallecimientos entre nuestros queridos hijos, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y pedimos a Dios que les conceda fortaleza y consuelo”; "hemos solicitado al viceprimer ministro Jawad Al Arrayed que forme un comité especial para determinar las razones que hay detrás de estos lamentables incidentes."; “el Reino de Baréin es un Estado de derecho con un ordenamiento jurídico constitucional, y contamos con una ley, aprobada por el consejo electo, que regula las manifestaciones pacíficas. La libertad de expresión es un derecho garantizado por la Carta y la Constitución, y regulado por ley, a la cual todos debemos adherirnos”; “hace diez años, abrimos las puertas a una libertad responsable, movidos por nuestro amor y admiración hacia nuestros leales ciudadanos”; “que Dios nos proteja y preserve nuestra querida patria, la libre de todo daño y mantenga la seguridad en nuestro país y en el resto del mundo islámico. Oh Allah, une nuestros corazones, mantén nuestra cordialidad y fraternidad”.  Los periódicos de aquel martes 15 de febrero ofrecieron una mayor cobertura sobre los episodios acaecidos como evidencian las portadas de Daily Tribune : Manifestantes invaden la  rotonda de la Perla. La rotonda de la Perla  se transformó ayer en un mar de gente cuando miles de manifestantes llegaron al lugar para realizar una manifestación pacífica; AKhbar Al Khaleej:  La transmisión en vivo de las manifestaciones es un signo de apertura democrática. La televisión de Bahréin tomó hoy una iniciativa audaz al transmitir en vivo las manifestaciones en la rotonda de la Perla. "Esta medida busca desbaratar y desenmascarar a todos aquellos que intentan proyectar una imagen errónea de lo que está sucediendo en Baréin", declaró el director general interino de Radio y Televisión, Ali Mohammed Al Romaihi; y Gulf Daily News : El BIC organizará el fin de semana de carreras. El Circuito Internacional de Bahrein (BIC) sigue adelante con sus planes para organizar su primer gran evento internacional del año este fin de semana, a pesar de la creciente preocupación por la seguridad tras las protestas masivas que se están llevando a cabo en todo el reino. El miércoles, tiendas de campaña se veían en las inmediaciones de la Plaza de la Perla, con personas exhibiendo pancartas de presos y otras regulando el tráfico (Peñalva, 2011). De acuerdo con el Ministerio del Interior, se declaró la ilegalidad de dicha manifestación, aunque "la concentración, que no cumplió con los procedimientos legales, fue consentida en señal de solidaridad tras los recientes y lamentables incidentes". En palabras del portavoz oficial del ministerio, Taraq Hassan Al Hassan "la manifestación provocó congestión vehicular y perturbó los intereses de la población, paralizando el tráfico en un tramo de la autopista Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa". En referencia a la muerte de un nuevo ciudadano durante el funeral de otro manifestante aclaró: "un grupo de manifestantes atacó a una patrulla policial, cuyo vehículo se averió, lo que provocó que la policía utilizara gases lacrimógenos y realizara disparos de advertencia", asegurando que esta fatalidad no hubiese ocurrido si las fuerzas del orden no hubiesen sido atacadas. No es de extrañar tras estas declaraciones que en las primeras horas de aquella madrugada se conociese del desalojo de la multitud sentada en la Plaza de la Perla. En un reportaje televisado, el portavoz oficial del ministerio del interior dio detalles sobre el desarrollo del operativo: "las fuerzas de seguridad avanzaron del norte al sur, desde la autopista Shaikh Khalifa bin Salman, lo que permitió a los manifestantes abandonar la zona desde el sur”. Afirmó también que en la inspección de las tiendas de campaña se hallaron cuatro armas de fuego, balas de 9mm, espadas, cuchillos e incluso banderas de Hezbolá. Dos fueron los fallecidos durante la evacuación, al que se le añade otro posterior en un ataque contra el personal de seguridad. El número total de civiles heridos ascendió a 92, mientras que el de agentes se cifra en 50, dos de ellos apuñalados con espadas.  Sobre el motivo que explica la actuación policial, Al Hassan hizo referencia al impacto en la economía de la nación, su comercio, turismo e intereses, unido a la crisis de tráfico que provoca una manifestación en una zona de interés vital, la cual a su vez carecía de legalidad. En respuesta a las acusaciones sobre brutalidad y rumores circulantes, declaró "el comandante de la policía antidisturbios exigió, mediante altavoces, a los manifestantes que abandonaran el lugar antes de tomar medidas contra ellos, y las fuerzas policiales acordonaron la zona desde un lado, dejando las otras salidas libres para que los manifestantes pudieran marcharse." Entre las consecuencias inmediatas al dispositivo policial se incluye la renuncia de los miembros de la sociedad islamista chiíta Al Wefaq, la más votada en las elecciones de octubre, a sus escaños en el parlamento, así como el despliegue de tropas de las Fuerzas de Defensa de Baréin (BDF) en la Gobernación de la Capital.  Más adelante, y tras el llamamiento a una sentada de 2 horas frente a las escuelas por la Asociación de Profesores de Baréin por los incidentes en la madrugada, se convocó una huelga inicialmente de tres días que obligó al Ministerio de Educación a pedir la colaboración de voluntarios para suplir las bajas y así garantizar el correcto funcionamiento de las aulas (Global Voices, 2011).  Pese a lo expuesto, y en el punto álgido de la crisis Manama albergó la trigésima reunión ministerial extraordinaria del Consejo de Cooperación del Golfo, en la cual las monarquías árabes se comprometieron a ofrecer pleno apoyo económico, político y militar al país para garantizar su seguridad y estabilidad interna. También destaca la llamada de la entonces Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton al ministro de exteriores el Jeque Khalid   Bin   Ahmed   bin   Mohammed   Al Jalifa. El 18 de febrero, en una aparición en la televisión nacional, S.A.R. el príncipe heredero Salmán Bin Hamad Al Jalifa anunció el inicio del proceso de diálogo nacional: "ofrezco mis condolencias al pueblo de Baréin por los dolorosos días que están viviendo"; “jamás esperé una situación así en Baréin. Deben prevalecer los valores morales y todos deberían ejercer autocontrol en este momento. Esto se aplica a las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos de Baréin”; “toda mi vida he servido únicamente a este país. Continuaré sirviendo a este país y a sus ciudadanos sunís, chiítas y de otras religiones”; “este es nuestro deber, y el deber de todo ciudadano leal, suní o chiíta. Quiero ver a todos los hermanos esta noche. Quien tenga un sentido de patriotismo, por favor, dé un paso al frente y alce la voz. No tengan miedo”.  Horas después del anuncio de la iniciativa, siendo ya sábado 19 por la mañana, como subcomandante supremo de las fuerzas armadas, ordenó la retirada del ejército de las calles como un gesto de buena fe. Por la tarde, los manifestantes volvieron a concentrarse en la Perla, esta vez exigiendo la disolución del gobierno como demanda innegociable para participar en el Diálogo Nacional. Conforme al testimonio de María Luisa Peñalva Vélez, española residente en el Reino durante los disturbios, un ex alumno suyo que participó aquel día en la nueva convocatoria llegó a decirle “queremos que caiga el Rey”, y haciendo caso omiso a sus advertencias sobre las posibles pérdidas humanas insistía “va a pasar pronto, vamos a derrocar al Rey”.  De nuevo y mientras una multitud marchaba hacia el punto de encuentro, S.A.R. el príncipe heredero hizo un llamado a la calma y diálogo en otra aparición en televisión: “Hoy, la situación comenzó a normalizarse y reitero que nuestro deber es preservar la seguridad y la estabilidad, garantizar que no haya discordia y que la situación no empeore. Cuanto más mantengamos la calma a medida que avanzamos, más cerca estaremos de nuestro objetivo. Compatriotas de Baréin, espero que podamos unir fuerzas, trabajar juntos y comunicarnos con todas las fuerzas políticas del país. Únanse a nosotros para calmar la situación y poder declarar un día de luto por nuestros hijos fallecidos”. Cumpliéndose una semana desde el inicio del “día de la ira”, se congregó a decenas de miles de personas frente a la mezquita Al Fateh pidiendo unidad, donde el prominente académico islámico suní Abdullatif   Al-Mahmood, portavoz del llamado Comité de Unidad Nacional expresó: “hacemos un llamamiento a las personas de todas las comunidades para que defiendan los valores de la unidad nacional y rechacen las prácticas sectarias, y para que se apoyen mutuamente en la reivindicación de los derechos legítimos políticos y sociales, y exhortamos a las personas a unirse y mostrar compasión entre sí, a protestar por medios pacíficos y con espíritu nacional, y a aceptar la opinión de los demás”. El día siguiente, 22 de febrero, S.M. el Rey recibió en el palacio de Al Safriya a los organizadores del encuentro por la reconciliación, afirmando que "todas las demandas expresadas en su manifestación popular serán tenidas en cuenta en el marco de la iniciativa de diálogo nacional liderada por Su Alteza Real el Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Heredero y Subcomandante Supremo".  En un esfuerzo por atraer a la juventud del país a la senda liderada por el príncipe Salmán, el primer ministro S.A.R. el príncipe Jalifa Bin Salmán instó a los más jóvenes en una reunión con miembros de ONGs y medios de comunicación a contribuir en el proceso de reforma emprendido por el monarca en busca de mayor prosperidad y progreso. "La nación obtiene su fuerza de la juventud y, con la unidad de todos sus componentes, saldrá fortalecida", exhortó. A finales de mes, se desveló la creación de un fondo nacional para la juventud, presentado por el presidente del Consejo Supremo para la Juventud y el Deporte, el jeque Naser bin Hamad Al Jalifa. Un movimiento muy destacado y comentado internacionalmente fue la visita de S.M. al Reino de Arabia Saudita para reunirse con el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas – título honorífico religioso que ostenta desde 1986 su soberano– (The New York Times, 2011; India TV News, 2011; Arabian Business, 2011; Telemetro, 2011; Bahrain Agency News, 2011; BioBioChile, 2011). Algunos hablaban entonces de la posibilidad de una mayor implicación saudí en el conflicto interno. En un nuevo contexto de tensión rebajada, parecía que se podría lograr un entendimiento entre ambas partes que dejara atrás una semana de gran incertidumbre y pérdidas humanas. Como muestra de cooperación, el gobierno había permitido el acceso a la rotonda de la Perla y declarado “Día de Duelo” la jornada anterior en una rueda de prensa de la Autoridad de Asuntos de Información (IAA), haciendo a su vez público que “tras un decreto de Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Jalifa, emitido el lunes 21 de febrero, la Fiscalía y el Ministerio del Interior coordinaron ayer la liberación de un total de 308 detenidos y condenados. El Ministerio del Interior confirma que ninguno de los liberados enfrentará un proceso penal relacionado con el delito por el que estaban detenidos”. El “Día de Duelo” tuvo lugar el viernes 25 de febrero, con programación religiosa y lectura del Corán en la radio y televisión pública. La BTV también mostró fragmentos de la multitudinaria “marcha de los mártires” – una procesión para conmemorar a los fallecidos que comenzó en dos puntos separados: centro comercial Seef y distrito de Salmaniya, y que marcharon hasta encontrarse en la Glorieta de la Perla, lugar simbólico para la oposición–(Global Voices, 2011). A la luz de los cambios ministeriales en las carteras de vivienda, salud y asuntos del gabinete publicados por la Autoridad de Asuntos de Información, confirmados en una declaración de prensa: “ayer, Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Jalifa emitió un decreto formal anunciando una remodelación del gabinete y nuevos nombramientos ministeriales. La remodelación se ha centrado en la prestación de servicios gubernamentales esenciales”, el lunes por la mañana se reportó el bloqueo por parte de ciudadanos de la sede de la Asamblea Nacional donde el Consejo Consultivo y la Cámara de Representantes desarrollan sus sesiones de carácter semanal. Las motivaciones incluían la demanda de una nueva carta magna y el cese completo del gobierno. En su cobertura de los eventos para Global Voices, Yacoub Al-Slaise informó que “ En un gesto amistoso, el personal del Consejo Al-Shura llevó agua a los manifestantes”. Una reunión extraordinaria para valorar los últimos acontecimientos en el Reino fue programada por el Consejo de Shura (órgano designado) el miércoles. En la misma declaración, el portavoz oficial de la IAA Maysoon Sabkar notificó que “Su Majestad el Rey anunció una reducción del 25% en los préstamos hipotecarios del gobierno, que beneficiará a más de 35.000 familias con un costo de 127 millones de dinares. En cuanto a las protestas, desde el jueves se han registrado al menos tres grandes concentraciones, todas ellas transcurridas sin incidentes”. Y en referencia a los daños personales: “el Ministerio de Salud ha proporcionado la siguiente actualización sobre las víctimas tras los recientes sucesos. Actualmente, 15 personas permanecen hospitalizadas, todas en condición estable”. En vista de las crecientes exigencias para que dimitiese, el primer ministro S.A.R. el príncipe Jalifa Bin Salmán Al Jalifa se pronunció mientras recibía a los propietarios de los majlises locales leales a la Corona: "Jalifa bin Salmán ha dedicado toda su vida al servicio de este reino y su pueblo, y permanecerá fiel a esta querida nación y a su gente".  Asimismo, con respecto a la situación interna del país, Bahrain Agency News publicó: “Su Alteza Real el Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Heredero y Subcomandante Supremo, ha anunciado que las acciones y medidas adoptadas en los últimos días para calmar la situación han logrado una relativa tranquilidad que podría devolver la vida en el Reino a su estado normal”. Febrero, protagonizando los mayores incidentes desde los años noventa, había llegado a su fin. Por su parte, el mes entrante traía consigo nuevas manifestaciones pacíficas que no lograban camuflar la división social existente, con una oposición que no cedía en sus demandas para negociar. En los primeros días de aquel mes de marzo, dos fueron las manifestaciones convocadas bajo el pretexto de conseguir la unidad nacional. Siete grupos de la oposición –entre los que se encuentran Al Wefaq, la Sociedad Nacional Al-Ekha, Tribuna Democrática Progresista, Acción Democrática Nacional, Agrupación Democrática Nacionalista, Asociación de Acción Islámica y Asamblea Democrática Nacional– marcharon hacia la Plaza de la Perla el día 1, firmando una lista de siete exigencias al gobierno que se ofrece a continuación en su redacción original extraída del blog del bareiní Mahmood Nasser Al-Yousif : 1. Una nueva constitución forjada por una asamblea constituyente elegida para establecer una monarquía constitucional y un gobierno electo; 2. La adopción de un sistema electoral equitativo para lograr la representación de toda nuestra sociedad; 3. Exigimos la destitución del gobierno y la formación de un gobierno de transición cuya misión sea lograr avances políticos y de seguridad que permitan crear un entorno propicio para un diálogo nacional serio y fructífero. Rechazamos la reducción de este requisito fundamental mediante una reorganización ministerial limitada, que constituye una repetición de los intentos anteriores que no ofrecieron una alternativa real a nuestro pueblo; 4. Liberación de los presos de conciencia y presos políticos restantes y abolición de sus juicios; 5. La formación de una comisión de investigación independiente e imparcial sobre los asesinatos ocurridos desde el 14 de febrero, y llevar a juicio a los responsables; 6. Neutralización de los medios de comunicación oficiales del Estado para que sean representativos a nivel nacional de todos los componentes de la sociedad y sus puntos de vista; y 7. proporcionar las garantías necesarias para que el gobierno cumpla con los acuerdos que suscribe. Paralelamente el día posterior, miércoles 2, el recientemente formado Comité de Unidad Nacional liderado por el jeque suní Abdullatif Al-Mahmood acudió junto a 350.000 personas según datos del gobierno, a las seis de la tarde a la mezquita Al-Fateh. La agencia de noticias nacional informó de que “ciudadanos bareiníes de todas las facciones y religiones del reino se congregaron por cientos de miles en la zona para reafirmar la unidad nacional, la estabilidad y la lealtad al liderazgo de Baréin. Subrayaron su compromiso con la legitimidad del sistema político y la familia gobernante, y exigieron entablar de inmediato un diálogo nacional sin condiciones preestablecidas” Las redes sociales y demás sitios web se habían convertido en una fuente de información, muchas veces difusa y no verificada, a través de la cual los ciudadanos bareiníes ofrecían actualizaciones sobre el estado del país en tiempo real. A raíz de este hecho, el Ministerio de Salud negó rotundamente las afirmaciones que algunos de estos medios digitales realizaban acerca de hospitales y centros de salud que supuestamente habrían denegado atención sanitaria a ciudadanos debido a su condición religiosa o política, facilitando dos números para atender todas aquellas quejas con el compromiso de investigarlas. A pesar de los esfuerzos y llamamientos a revertir la confrontación, las universidades se vieron envueltas en la espiral de sectarismo latente en aquel momento, como así denunció  el presidente de la Universidad de Baréin Ibrahim Janahi al intervenir una protesta estudiantil: "Cualquier actividad que pueda avivar los sentimientos sectarios puede resultar instigadora y provocadora para los estudiantes". Igualmente, el subsecretario de Asuntos Educativos y Curriculares del Ministerio de Educación, Abdulla Yusuf Al Mutawa, realizó una visita a Marwa Al Awadhi, estudiante herida durante los altercados ocurridos en la Escuela Secundaria Femenina Al Ahmed Al Zaher, cuando la manifestación de un grupo de estudiantes dentro del centro, provocó enfrentamientos con otras compañeras, episodios repetidos en muchas otras escuelas de las gobernaciones Central y Capital. En la noche del 3 de marzo, se produjo un altercado violento con bloques de metal, barras de madera, cuchillos y espadas en Ciudad Hamad, al suroeste de Manama y que habría involucrado a unas doscientas personas (Global Voices, 2011). El Ministerio del Interior reveló que fue necesaria la intervención de la policía, y que durante el dispositivo estuvieron presentes varios diputados y el gobernador del norte para llamar a la calma.  El primer ministro, ejerciendo desde antes de la independencia del país en 1971, seguía en el punto de mira de la oposición, esta vez acusado de corrupción por el bloque Al Wefaq. En su defensa, su portavoz de prensa reivindicó que "su Alteza Real el Primer Ministro es un símbolo nacional. Sus logros, que son de gran trascendencia, comenzaron incluso antes de la independencia de Baréin"; "desacreditar los logros y el papel histórico de los símbolos nacionales es algo que rechazamos y desaprobamos", reafirmando que "los bareiníes reconocen los logros históricos, primero bajo el mandato del difunto jeque Isa bin Salmán Al Jalifa, y luego en la próspera era de Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Jalifa". La Corte del Príncipe Heredero emitió un comunicado respecto al desarrollo de la iniciativa del Diálogo Nacional impulsada el 19 de febrero: Su Alteza Real el Príncipe Salmán bin Hamad Al Jalifa, Príncipe Heredero y Subcomandante Supremo, ha recibido correspondencia de las seis organizaciones anunciadas hoy, junto con la de otros grupos políticos; y citando al heredero al trono: "Sin embargo, todavía se están recibiendo solicitudes formales de otros sectores de la sociedad bahreiní"; “Actualmente existen diferencias sustanciales entre los distintos grupos y partidos dispuestos a participar en el diálogo nacional”; “precisamente por ello debe comenzar el diálogo para que se pueda alcanzar un acuerdo político por consenso”. Siguiendo con los números de la prensa nacional el día 7, se destacaba la llamada del jeque Naser Bin Hamad Al Jalifa a un encuentro para jóvenes en el marco del Diálogo Nacional que tuvo lugar en el Hotel Gulf, denominado “Diálogo Juvenil”. En palabras de Naser, quien es Presidente del Consejo Supremo para la Juventud y el Deporte “el diálogo es la forma más adecuada de resolver los problemas que el Reino está presenciando actualmente, y creemos que es un método de civilización avanzado”. Simultáneamente, aquella tarde y según informaría el Director General de la Policía de la Capital, un incidente entre manifestantes frente al centro financiero por la autopista Rey Faisal y una conductora alrededor de las 17:15h, resultaría en dos jóvenes heridos levemente al ser esta agredida dentro de su vehículo y presa del pánico decidió abandonar el lugar. Mientras tanto, el Jeque Khalid Bin Ahmed Mohammed Al Jalifa, ministro de exteriores, participaba en la capital de los Emiratos Árabes Unidos en la 118º reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo, una organización que se había mostrado fervientemente comprometida a defender la estabilidad doméstica de la isla y de la institución de la Corona. En esta cita, un paquete de desarrollo cifrado en 10 mil millones de dólares fue ratificado por los países del Golfo en apoyo al pequeño Estado insular. Posteriormente, y coincidiendo con el día internacional de la mujer trabajadora, el jeque Naser continuó con sus esfuerzos para atraer a las nuevas generaciones, patrocinando la Conferencia de Voz Juvenil en el Muharraq Sport Club. En ella, expresó: “Las demandas de la juventud serán entregadas a Su Majestad el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa”. El sexto punto del manifiesto hecho público por la oposición durante la concentración por la unidad referente a la libertad de prensa fue contestado por el Rey con la puesta en marcha de una inspección de la Autoridad de Asuntos de Información. Su presidente, el Jeque Fawaz Bin Mohamed Al Jalifa alabó la iniciativa y de acuerdo con Bahrain Agency News  “afirmó que la IAA continuará asumiendo sus deberes de manera creíble, transparente y objetiva a la luz de la libertad de los medios de comunicación garantizada por el proyecto de reforma real”. El miércoles 9 de marzo, figuras religiosas de la comunidad suní y chií –entre los que se incluyeron imanes, oradores, predicadores y clérigos–, mostraron su apoyo a la celebración de un diálogo nacional multipartidista liderado por el príncipe heredero y pidieron combatir el extremismo y sectarismo religioso. Asimismo, el monarca intervino en el programa radiofónico “Buenas noches, Baréin”, cuyas palabras a la ciudadanía pueden ser resumidas con los siguientes fragmentos: “Considérenme uno de ustedes porque no me gustan los protocolos. Así es como todos hemos sido criados y educados en nuestras escuelas y majlis”; “somos capaces de mostrar a todo el mundo que Baréin es el reino del amor, la civilización y los corazones unidos”; “nuestros corazones, inshallah (si Dios quiere), permanecerán estrechamente unidos y seguros”.  Lejos de apaciguarse el conflicto social, las prácticas sectarias –en el Medio Oriente, y concretamente en el lenguaje islámico, las sectas hacen referencia a las distintas interpretaciones o doctrinas dentro de una misma religión, sin una connotación peyorativa. En este caso sunismo y chiismo– se extendían en todos los sectores. El Ministerio de Educación lamentó el jueves 11 que un total de 30 alumnas de la Escuela Secundaria femenina de Yathreb abandonaron las aulas y realizaron consignas políticas en el patio; así como la violencia constante entre estudiantes, sus padres y el profesorado en la Escuela Secundaria femenina de Saar. En consecuencia al incremento de las manifestaciones no autorizadas frente a edificios gubernamentales, hospitales o escuelas, resultando en la alteración del tráfico y el orden público, y por ser ilegales al no ser conformes a la Ley sobre Reuniones Públicas, Marchas o Mítines, la cual prohíbe expresamente que estas se efectúen frente a infraestructuras críticas como centros sanitarios, aeropuertos, centros comerciales, ni respetando los plazos previos de 3 días desde su comunicación al Jefe de Seguridad Pública, los miembros de la Cámara de Representantes debatieron los pasos a seguir para emprender los procedimientos necesarios para hacer cumplir la ley. Cinco diputados mostraron su preocupación respecto a la perturbación del tráfico y acceso que la instalación de carpas relacionadas con sentadas provocaron frente al Complejo Médico Salmaniya, el más grande del país, y solicitaron una comparecencia del Ministro de Salud. La escalada de prácticas extremistas en civiles se aprecia durante los incidentes de Riffa, ocurridos en la tarde de aquel jueves. Según el Ministerio del Interior, a las 14:15h un grupo de personas cifrado en 8.000 procedentes de A´ali, marcharon hacia la localidad suní de Riffa, donde se encuentra el palacio real y residen una gran parte de los miembros de la familia del Rey. Allí, un segundo grupo se reunía en la conocida Rotonda del Reloj; a las 16:40h, ante el despliegue de las fuerzas de seguridad, quienes habían establecido una valla de alambre de púas, la mayoría de manifestantes comenzaron a abandonar la zona, a pesar de que algunos de ellos trataron de romper dicha valla para llegar al otro colectivo. En respuesta, los agentes dispersaron a la multitud con ocho botes de gas lacrimógeno a tenor del comunicado oficial, negando el uso de munición o balas de goma alegados por otras fuentes; mientras que a las 17:30h ambos grupos habían abandonado el lugar. En la misma nota, Interior admitió que la situación interna era tensa. En consonancia con el clima generalizado de incesantes protestas en el país, el diario Al Ayam  informó el 13 de marzo de una concentración frente al palacio real, en la cual el personal del Rey ofreció café árabe, agua y dátiles a la muchedumbre. En esa misma madrugada, unas 350 personas bloquearon ambos lados de la autovía Rey Faisal, provocando el uso de gases lacrimógenos por las autoridades. En el choque con la policía, catorce fueron los oficiales heridos, uno de ellos con lesiones graves en la cabeza y otro apuñalado.  El portavoz del Ministerio del Interior Tariq Al Hassan declaró que durante el despeje de los accesos a la capital bloqueados, la policía antidisturbios fue atacada por alborotadores estacionados en la rotonda del CCG (plaza de la Perla), sin embargo, “las fuerzas fueron evacuadas para evitar causar pérdidas humanas”.  Al caer la noche, el líder del Comité para la Unidad Nacional y siete sociedades políticas lideradas por el secretario nacional de Al Wefaq Ali Salmán, pidieron el restablecimiento de la paz civil en los pueblos y ciudades de Baréin, y evitar la discriminación sectaria en las actuaciones de las fuerzas de seguridad en una declaración conjunta. A su vez, S.A.R. el príncipe heredero Salmán Bin Hamad Al Jalifa dejó claro que “por nuestra responsabilidad ante Alá todopoderoso y Su Majestad el Rey y el pueblo de Baréin, afirmamos decididamente que el derecho a la seguridad está por encima de todas las consideraciones”; “nos embarcamos en la iniciativa, respondiendo al llamado del deber, y todavía estamos llegando a todas las partes que desean entablar un diálogo nacional con las secciones activas de la sociedad bahreiní”; “hemos expresado nuestra aprobación de todos los principios que se han establecido para el diálogo nacional”. El heredero al trono dejó también abierta la posibilidad de celebrar un referéndum sobre un posible acuerdo alcanzado por todas las partes. Las comunidades de expatriados también fueron víctimas de violencia por parte de los manifestantes en aquella semana convulsa. La televisión pública transmitió testimonios visuales del ensañamiento con la mano de obra extranjera. El informe contabilizó un trabajador de origen bangladesí muerto y diecisiete asiáticos heridos en grado medio y crítico. El primer ministro aseguró que “esos expatriados son los invitados del amable y hospitalario pueblo bahreiní”, confirmando que el gobierno garantizaría su seguridad. Adicionalmente, la sede de Acción Democrática Nacional (Wa´ad) fue saqueada por un grupo de jóvenes no identificados, poniendo en alerta a las siete sociedades incluídas en el Diálogo Nacional. Finalmente, y en respuesta a la grave crisis interna, el 14 de marzo de 2011 las tropas de la Fuerza Escudo de la Península del Consejo de Cooperación del Golfo entraron en Baréin. En palabras del Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos Anwar Mohamed Gergash “la medida es en respuesta a una solicitud de asistencia del Reino de Baréin y en contribución al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad”, desatando las críticas de Irán a través de su ministro de exteriores Ali Akbar Salehi.  Las declaraciones de la República Islámica encontraron una firme condena por parte del gobierno, al ser consideradas como una intervención en los asuntos domésticos del archipiélago. El subsecretario del Ministerio de Asuntos Regionales y del CCG Hamad Al Amer dijo que “la declaración iraní contraviene el principio de relaciones de buena vecindad entre Baréin e Irán, el derecho internacional, la carta de la ONU y la convención de la OIC que subrayan el respeto a la independencia y soberanía de los Estados”. Igualmente, subrayó que “la entrada de las Fuerzas del Escudo Peninsular a Baréin emana del destino común y la unidad entre los países del CCG, así como de la responsabilidad compartida de mantener la seguridad y estabilidad regional”. El 15 de marzo de 2011, S.M. el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa firmó el Real Decreto nº 18 de 2011, por el que se declaraba el estado de seguridad nacional por un plazo de tres meses, de acuerdo al artículo 36 (b) de la Constitución. En el parte de las Fuerzas de Defensa de Baréin, se enumeraron los siguientes puntos: Toque de queda, evacuación de ciertos espacios y prohibición de mítines que pudieran alterar el orden público, además de la persecución de los infractores de la ley. Dos días después se informó que se había detenido a líderes de la oposición que habían pedido la caída del régimen, acusados de mantener contacto con inteligencia extranjera. Se presenta ahora un resumen de los contenidos de los periódicos locales el 17 de marzo: Daily Tribune: cuatro miembros más del Consejo de Shura renunciaron ayer por la mano dura del gobierno con los manifestantes; Al Watan : Mano dura y toque de queda. Las fuerzas de seguridad de Baréin lanzaron ayer una operación para despejar la Rotonda GCC, el Puerto Financiero de Baréin, Complejo Médico Salmaniya y las áreas circundantes; Al Wasat : Los supermercados a lo largo de Baréin se enfrentaron a la escasez de alimentos frescos ayer, con entregas gravemente interrumpidas en los últimos días.  Habiendo sido evacuada la Plaza de la Perla, símbolo de la revolución y núcleo principal de la disidencia tras un largo y complicado operativo lleno de incidentes que comenzó a las 5:30h y finalizó a las 21:50h del día 16, Bahrain Agency News publicó imágenes dos días después de la destrucción del monumento que había coronado aquel espacio en el corazón de Manama y albergado a miles de manifestantes. La revolución había fracasado, la monarquía había ganado.   Respuestas a la crisis interna: Estado de Seguridad Nacional, Diálogo Nacional, informe BICI y reforma constitucional de 2012 En adelante se proseguirá con el recuento de las medidas institucionales para socavar la inestabilidad doméstica, entre las que se incluyen el ya anteriormente nombrado Diálogo Nacional, más información acerca del desarrollo del Estado de Seguridad Nacional declarado por un plazo de tres meses, la materialización de la orden del Rey para investigar los posibles excesos policiales y las muertes durante el período de desorden civil de febrero y marzo, así como los cambios constitucionales. En primer lugar, el Estado de Seguridad Nacional, declarado tras la entrada de 1.000 tropas saudíes y 500 emiratíes bajo la bandera del Consejo de Cooperación del Golfo a mediados del mes de marzo (Barany, 2016), estaba previsto que se levantara el 14 de junio. No obstante, mediante el Real Decreto n.º 48 de 2011, de 8 de mayo, el monarca adelantó dicha fecha al 1 de junio, medida aplaudida por el principal grupo de la oposición, Al Wefaq. Desde la entrada de la Fuerza Escudo de la Península, las fotos del Rey Abdalá de Arabia Saudita se hicieron recurrentes en el Aeropuerto Internacional de Baréin y las banderas del país aliado se alzaban durante las concentraciones pro-gobierno junto a la nacional. En mayo de 2012, se especuló sobre el posible anuncio de una unión entre Arabia Saudita y Baréin en un contexto en el que los países del Golfo estudiaron la viabilidad de una mayor integración política y económica al estilo Unión Europea tras la Primavera árabe. Sin embargo, las reservas de algunos Estados-miembro a una hipotética hegemonía de Riad paralizó el proceso (Kinnimont, 2012). A finales de mes, concretamente el día 29 de junio, en un discurso, el Rey Hamad anunció la creación de una comisión de investigación independiente (BICI) para analizar los eventos de febrero y marzo, el papel de las autoridades y de los manifestantes en el desarrollo de las protestas y la escalada de tensión, así como las muertes reportadas. Citando textualmente las palabras del jefe del Estado, dicho discurso puede resumirse de la siguiente manera: “Por voluntad de Dios, hemos vivido en esta hermosa patria como hermanos, amándonos unos a otros como siempre ha sido la naturaleza del pueblo de Baréin, que ha sido el mejor apoyo para ayudarnos a cumplir con nuestras responsabilidades. Hemos fundado nuestro gobierno en los principios de la Carta de Acción Nacional, aprobada unánimemente por nuestro leal pueblo, y en los fundamentos de la justicia, la consulta y la Constitución. Ahora, con la seguridad y la estabilidad restablecidas por voluntad divina, y tras superar los graves incidentes ocurridos, les convocamos hoy a una reunión extraordinaria de su estimado Consejo para asegurarles nuestra firme resolución de restablecer la confianza y unificar nuestras visiones, a fin de avanzar en nuestra marcha hacia una mayor reforma y consulta, mediante un diálogo nacional integral y consensuado, al que deseamos todo éxito. Sin embargo, los graves acontecimientos han generado una angustia y tensión sin precedentes, lo que ha llevado a muchos a temer que la política de democracia y apertura que hemos promovido desde el inicio de nuestro mandato pueda brindar una oportunidad a algunos extremistas para secuestrar la nación y sumirla en el caos y el extremismo. Pero hoy les aseguramos con firmeza que no permitiremos que los llamamientos al extremismo o al caos secuestren nuestra reforma, ni permitiremos que el miedo guíe ninguna decisión. Además, no podemos fortalecer a ningún partido a expensas de otro, ni dejar que el país sea presa de una fragmentación que socave la unidad nacional, pues la ira y el miedo impiden el pensamiento sensato y el aprendizaje de las lecciones” Seguidamente añadió: “Los sucesos ocurridos en febrero y marzo nos causaron gran angustia, al igual que a todo nuestro pueblo y a todos los amigos de Baréin en el mundo. Estos acontecimientos no tienen precedentes en nuestra historia y se produjeron en un momento en que el Reino estaba dando grandes pasos adelante en todos los ámbitos. Durante diez años, hemos buscado la reforma de las instituciones de Baréin”; “Ante lo sucedido, no era posible ignorar ni eludir la responsabilidad de restablecer la seguridad y la estabilidad en el país y de proteger a los ciudadanos y las instituciones que hemos jurado defender. A pesar de la magnitud de lo ocurrido, no fue nada comparado con lo que sucedió o está sucediendo en otros países. No obstante, nuestros valores rechazan tales sucesos y nos exigen trabajar arduamente para evitar que se repitan en el futuro. Altezas,Excelentísimos señores, no cabe duda de que los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones por medios pacíficos y legítimos. Tienen derecho a plantear sus demandas sin que se respondan con violencia; y, a cambio, la libertad debe ejercerse con responsabilidad. La libertad de expresión no debe utilizarse para perturbar el orden público, amenazar la paz civil, socavar los intereses económicos ni dañar las instalaciones estatales” A continuación declaró: “Durante los recientes acontecimientos, circularon rumores que afirmaban que algunos tenían razón y otros no”; ”Ante esta situación, no podemos continuar nuestro progreso sin sanar estas heridas y descubrir toda la verdad. Desde el principio, nos hemos esforzado por garantizar la seguridad, incluso cuando la violencia se intensificaba y se incitaba a la gente a recurrir a ella. Lamentamos profundamente las pérdidas de vidas, independientemente de sus cargos o posturas. Hemos ordenado la formación de un comité, presidido por el Viceprimer Ministro, para investigarlas. El gobierno también está trabajando para encontrar alternativas legales para las instalaciones que han sido retiradas, y ya se ha formado un comité, a raíz de una decisión de Su Alteza Real el Primer Ministro, para examinar los despidos en el sector privado. Muchos detenidos han sido liberados y el Estado de seguridad nacional finalizó antes de lo previsto” Más adelante, insistió: “Altezas, Excelencias, Pero también necesitamos mirar hacia atrás y determinar exactamente qué sucedió en febrero y marzo, y considerar las reacciones a esos eventos”; “Hubo víctimas de la violencia que tuvo lugar. No debemos olvidarlas. Ha habido acusaciones y contraacusaciones sobre los origenes de la violencia. Ha prevalecido la falta de confianza y los desacuerdos han dado lugar a creencias contradictorias sobre los eventos, incluso si tales creencias se basan solo en rumores. Pero dejemos claro a todo aquel que ostente autoridad en nombre de nuestro gobierno o de cualquier otro bando, que mantenemos firme nuestro compromiso con los principios de los derechos humanos y que la violación de dichos principios no será tolerada” Finalmente, concluyó: “Por consiguiente, tras amplias consultas con numerosas partes, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos decidido nombrar una Comisión independiente de investigación sobre los sucesos de febrero y marzo. Estará integrada por personas eminentes con amplia experiencia en derecho internacional de los derechos humanos, que no tienen ningún cargo en nuestro gobierno ni en nuestra esfera política.Han sido elegidos por su prestigio personal y sus logros internacionales”. Posteriormente, el 1 de julio el príncipe heredero lanzó oficialmente la Conferencia del Diálogo Nacional, que se extendería por casi un mes, contando con un total de 300 participantes procedentes de todos los estratos de la sociedad. El grupo parlamentario más numeroso, Al Wefaq obtuvo cinco representantes. No obstante, al poco de iniciarse las negociaciones, la formación se retiró de las mismas al no estar satisfecha con el contenido a tratar, rechazando el acuerdo final alcanzado y publicando en octubre uno propio conocido como el "Documento de Manama”, en el cual se solicitaba un parlamento unicameral con potestad legislativa completa y compuesto en su totalidad por miembros electos, el nombramiento del primer ministro por la coalición más votada y la institución de una comisión electoral independiente (Fabani, 2021). Paralelamente, el acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Nacional se tradujo en la entrada en vigor de enmiendas a la Constitución de 2002 para el año 2012. Los artículos revisados fueron el  42, 36, 52, 53, 57, 59, 65, 67, 68, 83, 85, 86, 88, 91, 92, 102, 103, 109, 115 y 120 (Constitución del Reino de Baréin, 2023). En esta coyuntura, y con el objetivo de cubrir los dieciocho escaños vacantes de la Cámara de Representantes tras la renuncia de los miembros de Al Wefaq en febrero, se convocaron elecciones en septiembre de 2011, en un contexto atípico (Power, 2012). La participación apenas superó el 17%. El esperado informe de la Comisión Independiente de Investigación se hizo público el 23 de noviembre. El documento arrojó luz sobre los incidentes acontecidos en los primeros meses de disturbios. En él se contabilizaron trece muertes atribuidas a las fuerzas de seguridad (siete de ellas por escopeta, cinco por arma de fuego y un individuo por heridas físicas); ocho muertes de civiles no imputadas a un perpetrador concreto, y cinco muertes por tortura. De acuerdo con el mismo informe, un total de cuatro trabajadores expatriados murieron (dos de ellos a manos de manifestantes, otros dos durante la actuación de las fuerzas de seguridad). También se presentó el número de bajas de agentes de policía y miembros de las Fuerzas de Defensa de Baréin: un total de cinco, (tres de ellas responsabilidad de manifestantes) En los apartados finales, la Comisión Independiente expone que “ reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Baréin durante el transcurso de su labor para abordar diversas cuestiones y, en particular, para aliviar las dificultades de quienes sufrieron algunas de las consecuencias derivadas de los hechos investigados por la Comisión” Las citadas acciones gubernamentales de los redactores del expediente BICI incluyen: readmisión de 412 estudiantes expulsados de la Universidad de Baréin, readmisión de 1558 trabajadores involucrados en las protestas, liberación de 310 presos, investigación de catorce muertes de civiles y la imputación de agentes implicados, fondos y licencias otorgadas para la reconstrucción de mezquitas de culto chiíta y ma´tams  destruidos durante febrero y marzo y la creación del Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas mediante el Real Decreto 30º de 2011.  Como respuesta al informe, S.M. el Rey Hamad Bin Isa Al Jalifa estableció una Comisión Nacional para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe BICI. Los miembros de esta “dieron cuenta del compromiso del régimen con la implementación de la mayor parte de las recomendaciones” (Fabani, 2021). Conclusiones Independientemente de las intenciones iniciales de los manifestantes durante febrero y marzo de 2011, quienes inspirados en sus homólogos egipcios quisieron “recrear una Plaza Tahrir” en la Rotonda de la Perla de Manama, lo cierto es que el sectarismo se apoderó de aquel movimiento que desafió en vano a la monarquía Al Jalifa, la cual contaba con el firme apoyo de Arabia Saudita, su principal socio comercial, Emiratos Árabes y el resto de países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.  El Rey, con un respaldo económico del CCG, extendió el gasto social para contrarrestar el malestar de la población, en un país que ya contaba previamente con uno de los estados de bienestar más eficientes del Golfo. A pesar de la disposición del gobierno a negociar y establecer un diálogo, sumado a la retirada del ejército de las calles como muestra de buena fe, las dinámicas incendiarias en aumento amenazaban en muchos casos la vida de los ciudadanos debido a la división suní-chií que desarrollaron los acontecimientos, la estabilidad económica y en última instancia el status   quo en la región.  Irán ha mantenido contacto con organizaciones chiítas antigubernamentales de actividades violentas en el pasado, de las cuales en este momento de la historia analizado habían surgido sociedades políticas y líderes que habían optado por la vía parlamentaria tras el inicio de la reforma promovida por el Rey Hamad. No sería entendible desde un punto de vista iraní el abandonar las pretensiones de influir en la mayoría chiita de Baréin para poder instalar un Estado satélite frente a las costas de los saudíes y escalar posiciones para alcanzar la hegemonía regional. En el caso de Arabia Saudita, como destacado miembro del Consejo de Cooperación del Golfo del que Baréin también forma parte, así como país que cuenta con una minoría chiíta en su Región Oriental que comparte historia y credo con la mayoría chiita bareiní, la isla no es un simple aliado o vecino, y su estabilidad junto con la de la familia real suní es un asunto de Estado. Mientras tanto, Baréin apuesta por formar parte de la unión de dinastías árabes y consolidarse aún más si puede como un aliado confiable para los Estados Unidos, en busca de socavar cualquier intento de violación de su soberanía nacional. La pregunta de si las sociedades políticas de ideología islamista chiíta pretenden verdaderamente instaurar una democracia debería ser contestada tras un análisis previo de dicho concepto. Desde la instauración de la Asamblea Nacional en 2002 y la entrada de estas en las posteriores legislaturas tras abandonar la estrategia del boicot, se han apreciado intentos desde este espectro político junto a otros sectores minoritarios de revertir el estatus de refugio liberal que caracteriza a la isla mediante demandas de prohibir la venta y consumo de alcohol, segregación de sexos en la universidad o limitar conciertos de cantantes árabes “occidentalizados”. Al Wefaq, que había sido hasta su renuncia a participar en el parlamento la sociedad política más votada, está liderada por el clérigo Ali Salman. Es más, su nombre completo incluye la nomenclatura “Sociedad Nacional Islámica", denotando una inclinación claramente confesional y que no despierta mucha confianza en lo que se refiere a garantizar la libertad religiosa y separación religión-Estado que exige todo sistema democrático si llegase al poder. Cabría preguntarse hasta qué punto un clérigo desde un grupo político afiliado religiosamente y con una inclinación sectaria hacia el chiismo puede ser creído cuando habla de democracia.

El 12 de abril de 2026 no fue una elección más en Hungría. Fue, en términos políticos e históricos, un momento de ruptura. Por primera vez desde 2010, el sistema construido por Viktor Orbán no logró sostenerse en las urnas. La victoria del partido TISZA, liderado por Péter Magyar, no representa únicamente una alternancia gubernamental: constituye el primer desmantelamiento electoral exitoso de un modelo iliberal dentro de la Unión Europea. Durante más de una década, Hungría fue considerada el laboratorio político de una nueva forma de gobierno en Europa: una democracia formal, pero profundamente reconfigurada en sus equilibrios internos. Orbán, además de perdurar en el poder, redefinió las reglas del sistema, reformando la Constitución, consolidando redes mediáticas afines y reestructurando el poder judicial, de tal forma que fue configurando una mayoría que en ciertos momentos parecía incontestable.  Sin embargo, el resultado del 12 de abril ha demostrado que incluso los sistemas más sólidos pueden erosionarse desde dentro. Con una participación cercana al 78%, la sociedad húngara transformó las elecciones en un acto de corrección política acumulada. La clara victoria de Magyar refleja no solo una mayoría electoral, sino una voluntad de cambio estructural que trasciende el corto plazo. Contexto político de un sistema tensionado antes de concurrir en las urnas Las elecciones del 12 de abril de 2026 no pueden entenderse sin atender al contexto acumulado en el que se produjeron. Hungría llegaba a la cita electoral tras varios años de tensiones estructurales que, sin cristalizar en una crisis súbita, habían erosionado progresivamente la legitimidad del modelo político construido por Viktor Orbán. El rasgo central no fue el colapso, sino el desgaste: una pérdida gradual de eficacia política, económica y narrativa en la que la estabilidad comenzó a ser percibida como inmovilismo. En el plano económico, los datos muestran mejor este sistema desgastado y con tensiones en diversos sectores. Hungría registró una de las inflaciones más elevadas de la Unión Europea tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Según Eurostat, alcanzó el 26,2% interanual en enero de 2023, la tasa más alta de toda la UE en ese momento. Este pico no fue anecdótico, pues según estos datos el índice llegó incluso al 25,7% en diciembre de 2023, erosionando de forma directa salarios reales y ahorro de los hogares. Aunque la inflación descendió, el daño acumulado fue profundo, especialmente en bienes básicos. Entre 2020 y 2025, la inflación acumulada superó el 50%, afectando de manera desproporcionada a las rentas bajas. A ello se sumó un crecimiento económico estancado -PIB prácticamente plano en 2025- y una fuerte volatilidad del forinto húngaro, lo que debilitó aún más la confianza económica. En el plano social, el impacto de esta situación fue igualmente significativo. El aumento del coste de vida, unido al deterioro relativo del consumo -Hungría se situó en los últimos puestos de la UE en consumo per cápita ajustado- , generó una percepción creciente de empobrecimiento relativo. Este fenómeno decantó la balanza en contra de Fidesz, en tanto que los sectores que eran la base electoral en periodos anteriores, ahora se encontraban en contra de Orbán, como las clases trabajadoras o las zonas rurales. A ello se sumó un factor generacional clave: los sectores más jóvenes mostraron una clara desconexión con el modelo político dominante, mientras que el apoyo a Fidesz se concentraba cada vez más en segmentos de mayor edad. La polarización, que durante años había funcionado como mecanismo de movilización, comenzó a transformarse en fatiga. En el plano político, el sistema mostraba signos evidentes de agotamiento estructural. Desde 2010, Fidesz había utilizado su mayoría parlamentaria reforzada para rediseñar el sistema institucional: nueva Constitución, reforma del sistema electoral, control progresivo del poder judicial y concentración mediática.   Según diversos análisis, más del 80% del ecosistema mediático terminó alineado directa o indirectamente con el gobierno. Este control permitió sostener el poder, pero también redujo los incentivos para la renovación política, lo que constituyó en la práctica como una huída hacia adelante, en términos electorales, pues Fidesz continuaba afianzando posiciones, pero a costa de un agotamiento del sistema. Indicadores internacionales reflejan esta deriva: Hungría pasó a ser considerada una “democracia híbrida”, con un deterioro continuado en independencia judicial, pluralismo y calidad institucional. Esto trajo consigo una percepción de que el sistema se iba cerrando, y la alternancia se veía como un imposible.   El plano internacional fue determinante, especialmente por la posición de Hungría en relación con Rusia, especialmente tras la Guerra de Ucrania, desatada en 2022. Durante los últimos años, el gobierno de Orbán mantuvo una política de acercamiento estratégico a Moscú, visible en varios ámbitos: dependencia energética del gas ruso, acuerdos nucleares como la ampliación de la central de Paks con tecnología rusa y oposición reiterada a sanciones energéticas dentro de la UE. Además, Hungría bloqueó o ralentizó en múltiples ocasiones decisiones europeas clave relacionadas con Ucrania, generando tensiones constantes dentro del bloque. Esta ambigüedad fue percibida como un problema, tanto por socios europeos como por parte de la opinión pública interna. El impacto político de esta relación con Rusia se intensificó en la fase previa a las elecciones, especialmente tras revelaciones sobre contactos estrechos entre altos cargos húngaros y autoridades rusas, lo que alimentó sospechas sobre la alineación estratégica del país. Esto fue estratégicamente utilizado por una oposición que supo capitalizar el debate y conducirlo hacia la elección entre ambigüedad o reintegración.   El desgaste del sistema Orbanista: corrupción estructural, fatiga y confrontación constante con la UE La corrupción se convirtió, en la fase final del gobierno de Viktor Orbán, en el principal factor de desgaste político, no tanto por la acumulación de escándalos concretos como por la percepción creciente de que formaba parte del propio funcionamiento del sistema. Con el paso del tiempo, dejó de interpretarse como una anomalía para integrarse en la experiencia cotidiana de amplios sectores de la sociedad húngara: la idea de que el Estado no operaba como un árbitro neutral, sino como un mecanismo que favorecía de forma sistemática a redes cercanas a Fidesz, en un sistema que iba tornando a cuasi-clientelar.  Esta percepción se vio reforzada por el conflicto sostenido con la Unión Europea, que durante años señaló deficiencias estructurales en contratación pública, conflictos de interés y debilidad de los mecanismos de control. El punto de inflexión se produjo en 2022, cuando el Consejo activó el mecanismo de condicionalidad y suspendió aproximadamente 6.300 millones de euros en fondos de cohesión, aludiendo directamente a problemas en la gestión de recursos y en la arquitectura anticorrupción del país. Este hecho tuvo un impacto bastante considerable, más allá de las fronteras nacionales, al trasladar un debate institucional a una dimensión material perceptible.   El problema, sin embargo, trascendía la mera gestión irregular de fondos. La proximidad al poder político comenzó a funcionar como un factor determinante en el acceso a contratos públicos, oportunidades empresariales y visibilidad mediática, configurando una estructura en la que las fronteras entre lo público y lo privado tendían a diluirse. Como señalaba Reuters, el desgaste del gobierno estuvo vinculado, entre otros factores, a la percepción de “oligarcas acumulando riqueza”, una fórmula que sintetiza la conexión entre concentración económica, poder político y malestar social. A esta dinámica se sumó la debilidad de los mecanismos de control institucional. Según Transparency International Hungary, Hungría registró en los últimos años uno de los peores resultados de la Unión Europea en el Índice de Percepción de la Corrupción, con 40 puntos, su mínimo histórico. Más relevante aún que la puntuación fue el diagnóstico cualitativo: el problema no residía únicamente en prácticas corruptas concretas, sino en el deterioro del entorno institucional destinado a prevenirlas. TI-Hungría ha señalado de forma reiterada limitaciones en el acceso a la información pública, debilidades en la protección de denunciantes, insuficiencias en los sistemas de declaración patrimonial y la ausencia de una regulación efectiva del lobbying.   Además, las reformas introducidas bajo presión europea reflejaron, en este sentido, los límites del modelo. Aunque el gobierno impulsó cambios formales -como la creación de nuevas estructuras de supervisión-, muchos de estos ajustes resultaron parciales o insuficientes. En algunos casos, incluso, introdujeron nuevas ambigüedades, como sistemas de declaración patrimonial menos detallados, lo que reforzó la percepción de que el sistema podía adaptarse a las exigencias externas sin alterar sus fundamentos. El impacto político de este proceso fue progresivo pero profundo. La corrupción dejó de ser tolerada como un coste asociado a la estabilidad para convertirse en el síntoma de un modelo agotado. La narrativa oficial -centrada en la soberanía, el orden y la estabilidad- comenzó a entrar en contradicción con una realidad marcada por el encarecimiento de la vida, el deterioro de servicios públicos y una creciente percepción de desigualdad en el acceso a oportunidades. Este desgaste no puede separarse del propio modelo iliberal promovido por Orbán. La concentración de poder, el debilitamiento de contrapesos institucionales y la reducción del pluralismo facilitaron la consolidación del sistema, pero también limitaron su capacidad de corrección. Con el tiempo, lo que había sido presentado como un modelo eficaz y celebrado por las derechas tanto europea como americana por su narrativa confrontativa, terminó generando rigidez y desconexión social.   A ello se añadió la constante lucha sostenida con la Unión Europea, que durante años funcionó como recurso político interno, pero que acabó teniendo costes materiales claros: bloqueo de fondos, pérdida de confianza institucional y deterioro de la posición de Hungría dentro del bloque. En paralelo, la cercanía del gobierno a Rusia -visible en su política energética y en su actitud ambigua frente a la guerra en Ucrania- reforzó la percepción de aislamiento y contribuyó a tensionar aún más su relación con el entorno europeo. En este contexto, el agotamiento del régimen fue también narrativo. Los conceptos que habían sostenido su legitimidad comenzaron a perder eficacia al entrar en conflicto con la experiencia social. La derrota de 2026 no fue solo un cambio de gobierno, sino la evidencia de que el marco político que había sostenido al orbanismo durante más de una década había dejado de resultar creíble. Partidos, liderazgos y ruptura del equilibrio político El sistema político húngaro previo a 2026 se caracterizaba por una anomalía estructural: la coexistencia de elecciones competitivas con un campo político profundamente desequilibrado. Fidesz no solo era el partido dominante; era el eje sobre el que giraba todo el sistema. Ideológicamente, Fidesz evolucionó desde posiciones conservadoras tradicionales hacia un modelo nacional-conservador con rasgos iliberales. Bajo el liderazgo de Orbán, el partido defendió una concepción del Estado basada en la soberanía nacional, el control de fronteras, la centralidad de la identidad cultural y una crítica constante a las instituciones europeas. Este marco ideológico se tradujo en reformas institucionales profundas que reforzaron su posición de poder. Sin embargo, el elemento más relevante de estas elecciones ha sido la irrupción de Péter Magyar. Su figura rompe con los esquemas tradicionales de la oposición húngara. No es un outsider clásico, sino un actor que proviene del propio sistema. Su trayectoria le permitió construir un discurso particularmente eficaz: una crítica interna, fundamentada en el conocimiento directo de las dinámicas de poder. El partido TISZA (Tisztelet és Szabadság) se configuró como una plataforma transversal. A diferencia de intentos anteriores de coalición opositora, no se presentó como una suma de partidos, sino como un proyecto político nuevo. Su programa combinó elementos de regeneración democrática, lucha contra la corrupción y un claro compromiso europeísta. Este posicionamiento le permitió atraer votantes de perfiles muy diversos: desde sectores urbanos progresistas hasta votantes conservadores desencantados con Fidesz. La clave de su éxito no fue únicamente ideológica, sino estratégica: evitó la polarización extrema y centró su discurso en cuestiones concretas, tangibles y compartidas por amplias capas de la sociedad. En cuanto a los partidos menores, su papel ha sido secundario pero significativo. Formaciones como Mi Hazánk han intentado capitalizar el voto más radical, mientras que partidos tradicionales de la oposición han quedado diluidos en el nuevo escenario político. El resultado es una recomposición profunda del sistema: de un modelo hegemonizado por un solo partido a un escenario más competitivo, aunque todavía condicionado por la arquitectura institucional heredada. La jornada electoral: participación masiva y voto de ruptura La jornada electoral del 12 de abril estuvo marcada por una movilización ciudadana excepcional. Desde las primeras horas de la mañana, los colegios electorales registraron una afluencia constante que superó ampliamente los registros de elecciones anteriores. La participación, cercana al 78%, refleja la percepción generalizada de que estas elecciones tenían un carácter decisivo, pues fueron las elecciones más concurridas desde la caída del comunismo en el país. El proceso electoral se desarrolló sin incidentes graves, aunque observadores internacionales señalaron desequilibrios estructurales en la campaña, especialmente en el acceso a medios de comunicación. Este elemento, habitual en procesos electorales anteriores, no fue suficiente en esta ocasión para condicionar el resultado. A lo largo del día, las encuestas a pie de urna comenzaron a apuntar hacia un escenario favorable a la oposición. Sin embargo, la magnitud de la victoria no se hizo evidente hasta las primeras horas del escrutinio, cuando la ventaja de TISZA comenzó a consolidarse de manera clara. Uno de los aspectos más relevantes fue el cambio en los patrones territoriales de voto. Regiones que tradicionalmente habían apoyado a Fidesz mostraron un giro significativo, especialmente en áreas urbanas intermedias y en sectores económicamente dinámicos. Este desplazamiento del voto indica que el cambio no fue únicamente coyuntural, sino estructural. Budapest, como era previsible, se consolidó como el epicentro del cambio. Sin embargo, lo verdaderamente significativo fue la extensión de ese cambio más allá de la capital. El apoyo a la oposición se expandió a territorios donde Fidesz había mantenido una hegemonía casi incontestable. La jornada concluyó con una sensación generalizada de cambio. Las celebraciones en las principales ciudades del país no reflejaban únicamente una victoria electoral, sino la percepción de estar ante el inicio de una nueva etapa política. Finalmente, aproximadamente a las 22:00, se conocían ampliamente los resultados electorales en una fase más avanzada, lo que confirmó la sospecha y la sensación de cambio. La tabla que a continuación es adjuntada muestra algo más importante que una victoria electoral: muestra una reordenación completa del sistema húngaro. La cuestión ya no es en torno a FIDESZ y una oposición fragmentada: hay organización y una mayoría reformista. Esto además confirma no sólo el perfil de Magyar, proveniente del interior del sistema, sino el hecho de que no hace falta ser un outsider para revolver la configuración electoral de un país. A su vez, se evidencia el fracaso de la oposición tradicional, desfasada e incapaz de sobrevivir de forma autónoma. Por otro lado, cabe destacar que la extrema derecha, sí bien ha salido altamente beneficiada de la caída de Orbán, no ha logrado heredar completamente el desgaste del gobierno: el sistema se centralizó, no se renovó. Partido / lista Líder  Perfil ideológico % voto Escaños Lectura política TISZA Péter Magyar Centroderecha reformista, anti-corrupción, europeísta, conservador moderado en lo social 53,06% 138 Ha logrado convertir una candidatura de ruptura en una mayoría arrolladora. Su gran éxito fue presentarse no como una coalición anti-Orbán más, sino como un vehículo de limpieza institucional, eficacia estatal y reenganche europeo. FIDESZ–KDNP Viktor Orbán Nacional-conservador, iliberal, soberanista, confrontativo con Bruselas, cercano a una agenda prorrusa en política exterior 38,43% 55 El desplome no es marginal: pasa de partido-sistema a oposición derrotada. Conserva un suelo social importante, pero pierde la centralidad histórica que había monopolizado desde 2010 Mi Hazánk Mozgalom László Toroczkai Extrema derecha nacional-radical, identitaria, más dura que Fidesz en migración, soberanía y cultura política 5,83% 6 Sobrevive como fuerza parlamentaria, pero no capitaliza la caída de Fidesz. Su techo sigue siendo estrecho: útil como recordatorio de que el espacio ultra no desaparece. Demokratikus Koalíció (DK) Klára Dobrev Centroizquierda liberal, pro-UE, heredera del viejo espacio opositor tradicional 1,16% 0 La noche también certifica el hundimiento de la vieja oposición liberal-socialdemócrata. El anti-orbanismo clásico ha sido absorbido por TISZA.  Distribución de los escaños en la Asamblea Nacional de Hungría. La derrota de Viktor Orbán no es simplemente una alternancia política, porque lo que entra en crisis no es solo un gobierno, sino una forma de ejercer el poder dentro de la Unión Europea. Durante más de una década, Orbán demostró que era posible sostener legitimidad electoral mientras se erosionaban gradualmente los equilibrios, se estrechaban los márgenes de competencia y se utilizaban las instituciones como instrumentos de consolidación política. No fue solo un proyecto nacional, sino un modelo que redefinió los límites de lo aceptable dentro del marco europeo. Precisamente, la viabilidad a largo plazo de este tipo de regímenes es lo que hace que su caída tenga una importancia más significativa.   Esa aparente solidez descansaba sobre una arquitectura más frágil de lo que sugería su continuidad. El sistema electoral húngaro -formalmente mixto, pero claramente inclinado hacia efectos mayoritarios- permitió convertir ventajas relativas en mayorías parlamentarias amplias, reforzando la sensación de control estructural. Pero este ciclo electoral ha constatado que ni siquiera ese diseño puede contener un desgaste acumulado, por lo que esta derrota revela que el sistema ha dejado de amortiguar el descontento.   Por otro lado, conviene no realizar lecturas triunfalistas de la situación, TISZA ha ganado, pero hereda unas inercias del modelo anterior bastante preocupantes: un modelo institucional tensionado, una estructura mediática condicionada y una serie de redes de influencia que no desaparecen con una derrota en las urnas de forma automática. Ahí reside la verdadera dificultad del futuro proyecto de Peter Magyar, además del hecho de que, sí bien la victoria electoral constituye un cambio de régimen, pero no trae consigo una modificación ideológica radical, se ha pasado de un modelo liberal a una centroderecha europeísta, no hacia la izquierda. El proyecto de Péter Magyar ha triunfado como síntesis del descontento, pero deberá gobernar en un entorno que limita su margen de maniobra. Esa es la paradoja: la La regeneración, en este contexto, no es un punto de llegada inmediato, sino un proceso expuesto a tensiones, renuncias y desgaste. En última instancia, lo ocurrido en Hungría apunta a una idea más profunda: los sistemas no se sostienen solo por su capacidad de control, sino por su capacidad de resultar creíbles. El orbanismo no cayó porque dejara de dominar las instituciones, sino porque dejó de ofrecer un relato convincente sobre el presente y el futuro. Cuando la estabilidad se percibe como estancamiento, la soberanía como aislamiento y el orden como desigualdad, el lenguaje político pierde eficacia, y con él, la base que sostiene el poder. Hungría no cierra una etapa, sino que entra en un terreno más exigente: aquel en el que el cambio electoral debe demostrar si puede convertirse en cambio institucional. Y en ese tránsito, en realidad, no solo se juega Hungría, sino una pregunta más amplia sobre los límites —y la resiliencia— de la democracia europea.

Desde su independencia de Francia en 1943, el Líbano ha sido uno de los países más peculiares de Oriente Medio debido a su diversidad étnica y religiosa. Esta riqueza cultural ha dado lugar a un sistema de gobierno único en el mundo, el cual busca garantizar la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo. No obstante, en las últimas décadas, el modelo se ha visto debilitado y tensionado por los acontecimientos regionales, así como por las influencias geopolíticas que los diversos grupos nacionales proyectan sobre él. Se trata de un país compuesto por un crisol religioso de 18 confesiones. Los cristianos representan el 30,5 % de la población, destacando los maronitas, en comunión con el Papa de Roma, aunque gozando de autogobierno. A ellos se añaden griegos ortodoxos, griegos católicos, armenios católicos, armenios ortodoxos, siríacos ortodoxos, siríacos católicos, asirios, caldeos, coptos, protestantes evangélicos y católicos romanos. Por su parte, los musulmanes (64 %) se dividen entre suníes (31,2 %), chiíes (32,2 %) y otras ramas (0,6 %). Por último, los drusos representan en torno al 5,5 % de la población. Previo a su independencia, el país formó parte del Mandato francés de Siria y Líbano, cuyas raíces históricas se encuentran en las disputas entre Francia y el Imperio otomano durante el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, proclamándose el Estado del Gran Líbano en 1920. En dicha entidad, los maronitas fueron un actor privilegiado al ser considerados por los franceses como sus iguales en Oriente Medio. Por ello, gozaron de una gran autonomía e importantes puestos de poder en detrimento de los musulmanes. Esto se derivó de una interpretación sesgada del artículo 95 de la Constitución de 1926, que abordaba la representación equitativa, constituyendo uno de los orígenes de los conflictos sectarios en el país. En cuanto a la representación parlamentaria, se aplicaba la regla de seis diputados maronitas por cada cinco musulmanes. Cabe destacar que los suníes gozaban de una porción mayor de influencia con la intención de frenar sus ambiciones irredentistas sirias, llegando a ocupar puestos como el de presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), de menor rango legal que el de presidente de la República, reservado a los maronitas. Respecto a los chiíes, estos se encontraban marginados, pues su participación se limitaba a la administración local del valle de la Becá y del sur del país, bajo el control de funcionarios cristianos o suníes, con una presencia mínima en el Parlamento y supeditada a los intereses de los terratenientes (zaims). Finalmente, a la minoría drusa se le reservaba cierta cuota de poder en los puestos relacionados con la defensa y el orden público. El sistema político libanés: confesionalismo político y equilibrio de poder Debido a la herencia colonial, que perdura hasta la actualidad mediante el sistema político surgido de la Constitución de 1926, la estructura institucional del Líbano se basa en un frágil equilibrio de poder entre las religiones predominantes: suníes, chiíes y maronitas. En consecuencia, el presidente de la República debe ser maronita, el presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), musulmán suní, y el presidente de la Cámara de Diputados, musulmán chií. La independencia del país en 1943 supuso el punto de consolidación para este sistema equilibrista. Ese mismo año se firmó el Pacto Nacional, un acuerdo verbal entre los cristianos maronitas, liderados por Bishara al-Khuri, y Riad al-Solh, representante de los musulmanes suníes. No hubo participación chií en la negociación, lo que profundizó su marginación en las estructuras institucionales del Estado y se convirtió en fuente de futuros conflictos. Esta negociación se produjo en un contexto marcado por los miedos mutuos entre ambas comunidades, a lo que se sumaba una visión de alteridad derivada de posturas contrapuestas sobre el futuro del territorio. Por un lado, los musulmanes suníes buscaban la arabización del Estado y una hipotética unión con Siria, germen del panarabismo, temerosos de que el país continuara en la órbita de influencia francesa. En contraposición, los maronitas ansiaban la protección de Francia para evitar dicha absorción y preservar así su identidad propia. El Pacto Nacional concluyó con compromisos para ambos actores. La parte árabe renunció a la unificación del Líbano con otro Estado, aceptando las fronteras actuales, así como la soberanía y la independencia nacional. Por su parte, los maronitas desistieron de sus ambiciones favorables a la influencia francesa, reconociendo la identidad árabe del país. Se mantuvo la regla de representación de seis escaños maronitas por cada cinco musulmanes, la cual perduró hasta los Acuerdos de Taif de 1989. Esta proporción fue fruto del censo oficial de 1932, el cual determinó que la población cristiana, en todas sus ramas, representaba entre el 51 % y el 54 % del total. En torno a este contexto se conformaron los principales partidos políticos del Líbano. En el bloque maronita destacaron las Falanges Libanesas (1936), de inspiración fascista, el Bloque Nacional (1943), de corte institucional y legalista, y el Partido Nacional Liberal (1958), nacido como respuesta a la influencia del presidente egipcio Nasser.   En el lado opuesto, las fuerzas antimaronitas eran heterogéneas, ilustrando la diversidad ideológica y religiosa de la época. Entre ellas se encontraban el Partido Socialista Progresista (1949), representante de los drusos y la izquierda, el Movimiento Al-Mourabitoun (1957), de carácter suní y panarabista, y el Partido Social Nacional Sirio (1932), de militancia pluriconfesional, que abogaba por la unificación de Siria y Líbano bajo un marco corporativista que rechazaba el socialismo árabe. A su vez, el Partido Comunista Libanés (1924), escindido del Partido Comunista de Siria y Líbano en 1944, buscaba superar las disputas étnicas basándose en la teoría marxista y la influencia de la Revolución rusa. Por último, en representación de los chiíes, se fundó en 1974 el Movimiento de los Desposeídos, justo antes del estallido de la guerra civil, con su correspondiente brazo armado: Amal. Gracias a dicho acuerdo de convivencia, el país fue denominado la "Suiza de Oriente Medio" por su estatus de próspero centro financiero, su alta estabilidad económica y su diversidad cultural. Sin embargo, tras esta fachada se escondían problemas estructurales de inmensa gravedad. El reparto rígido de cuotas provocaba un profundo inmovilismo político. El veto se utilizaba como arma de bloqueo ante cualquier intento de reforma que pudiera mermar el poder de las diferentes facciones, paralizando cambios institucionales y provocando años de estancamiento con gobiernos en funciones. Aun así, es importante señalar que, antes de la guerra civil (1975-1990), el presidente maronita gozaba de amplios poderes y podía nombrar ministros a voluntad, lo que otorgaba mayor agilidad al sistema al concentrar la autoridad en una sola figura. A lo anterior se suma la carencia de una ciudadanía unificada, evidente en el artículo 9 de la Constitución. Aunque formalmente existe una "ciudadanía libanesa", el país carece de un código civil único para los asuntos personales. Un ejemplo de ello es la inexistencia del matrimonio civil, delegando el Estado el control de la vida privada a las instituciones confesionales. Además, el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o el empleo está fuertemente vinculado al liderazgo de las sectas, pues los ciudadanos deben acudir al zaim, líder de la facción, para obtener asistencia a cambio de lealtad y votos. Esta dinámica impide la consolidación de una identidad nacional laica, perpetuando la fragmentación social. Para concluir este apartado, debido a la estructura mencionada y a la privilegiada posición geopolítica del país, limitando al norte con Turquía, al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo, las diferentes sectas han sido históricamente instrumentalizadas por potencias extranjeras como proxies.   Durante la Guerra Fría, la disputa enfrentó a las fuerzas panarabistas, apoyadas por Egipto, con las facciones prooccidentales, respaldadas por Estados Unidos y Francia. Esto motivó la Operación Blue Bat en 1958, un desembarco de marines estadounidenses en Beirut para evitar que el país cayera bajo la influencia egipcia. En la actualidad, como herencia del pasado y de la guerra civil, se observa el apoyo de Irán a Hezbolá (chií) para proyectar poder hacia Israel y el Mediterráneo, las alianzas de Arabia Saudí con el bloque suní para frenar a Teherán, y los vínculos históricos de Estados Unidos y Francia con los sectores cristianos. La guerra civil libanesa (1975-1990) y la renovación del consenso en los Acuerdos de Taif El mito de la "Suiza de Oriente Medio" se derrumbó en 1975 con el estallido de la guerra civil libanesa (1975-1990). Las raíces del conflicto residían en el crecimiento demográfico de la población musulmana, especialmente de los chiíes, que se sentían infrarrepresentados al basarse el reparto de escaños en el obsoleto censo de 1932. En paralelo, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), expulsada de Jordania en 1970 tras el "Septiembre Negro", se asentó en Líbano y utilizó el sur del país para atacar a Israel. Esto generó un fuerte rechazo en los sectores maronitas, que percibían a la OLP como un "Estado dentro del Estado" que amenazaba su soberanía y estabilidad. En cambio, los musulmanes y la izquierda libanesa veían en la presencia de la milicia palestina una herramienta de presión para forzar reformas en el sistema dominado por los maronitas. El detonante oficial del conflicto fue el ataque de milicias cristianas de las Falanges Libanesas contra un autobús repleto de palestinos en Beirut, asesinando a 27 personas en represalia por un atentado previo de la OLP. A partir de entonces, aunque se producirían numerosas fracturas internas, se conformaron dos grandes coaliciones. Por un lado, el Frente Libanés, formado por las Falanges Libanesas y el Partido Nacional Liberal, cuyo objetivo era mantener las cuotas políticas maronitas y la alineación del país con Occidente. Por otro, el Movimiento Nacional Libanés, integrado por el Partido Socialista Progresista druso, el Partido Comunista Libanés y los suníes de Al-Mourabitoun, fuertemente respaldado por la OLP y el Movimiento de los Desposeídos (chií), que buscaba abolir el confesionalismo y arabizar el Líbano. Durante los dos primeros años de guerra (1975-1976), Beirut quedó dividida por la Línea Verde en un sector musulmán y otro cristiano. Tuvo lugar la conocida como "guerra de los hoteles", en la que las milicias combatían planta por planta en los grandes edificios de la capital, y se perpetraron masacres sectarias como la de Karantina, por el Frente Libanés, y la de Damour, por el Movimiento Nacional Libanés. Cabe apuntar que Siria intervino en 1976 para evitar que la OLP provocase una guerra directa entre Líbano e Israel, aunque pronto cambió de bando y se alió con los musulmanes. Esto derivó en una ocupación militar de facto de gran parte del territorio, como el valle de la Becá, otorgando a Damasco el control de la política libanesa hasta la Revolución de los Cedros de 2005. Aunque la contienda enfrentó principalmente a estos dos bloques, también se produjeron encarnizadas luchas internas por el liderazgo ideológico y militar. Un claro ejemplo fue la guerra de los campamentos (1985-1988), en la que Amal, heredera del Movimiento de los Desposeídos, masacró a palestinos de la OLP con el apoyo de Siria. El Gobierno sirio veía en Yaser Arafat a un competidor por el dominio del Líbano y buscaba impedir a toda costa que los palestinos se hicieran con el poder. La hostilidad entre los chiíes y la OLP no surgió de forma espontánea. Derivó de la táctica palestina de utilizar a la población chií del sur del Líbano como escudo humano para sus lanzamientos de cohetes contra Israel. Esta dinámica había provocado la Operación Litani en 1978, una invasión israelí para garantizar la seguridad de sus fronteras que desplazó a cientos de miles de chiíes libaneses. Más tarde, en 1982, Israel avanzó hasta Beirut, forzando el exilio de Arafat a Túnez e iniciando una ocupación militar del sur del país que se mantendría hasta el año 2000, cuando se estableció la Línea Azul. Previo al enfrentamiento entre Amal y la OLP, el bloque chií se había fracturado profundamente en 1982. Por una parte, quedó Amal, de corte institucionalista, que controlaba el sur y parte de Beirut, anhelaba un Líbano secular reformado y era el principal aliado de Siria. Por otra parte, surgió Hezbolá, una fuerza revolucionaria financiada por Irán que juró lealtad a su líder supremo y cuya prioridad no era el Estado libanés, sino la guerra santa contra Israel y la instauración de un orden islámico. Esta brecha ideológica y la férrea oposición de Hezbolá a la guerra de los campamentos, considerándola perjudicial para la unidad árabe contra el sionismo, desembocaron en la "guerra de los hermanos" (1988-1990) entre ambas milicias chiíes. El conflicto fratricida concluyó con el Acuerdo de Damasco, en el que se repartieron áreas de influencia y se pactó un alto el fuego. El término de la guerra civil llegó con los Acuerdos de Taif de 1989, firmados en Arabia Saudí. El texto redefinió la estructura política, otorgando mayor peso a los musulmanes y reduciendo las prerrogativas presidenciales maronitas. El pacto implicó la marginación definitiva de la OLP, un reajuste del sistema confesional, sin abolirlo, y la consolidación de un bloque de poder chií entre Hezbolá y Amal, el cual condiciona actualmente las relaciones internacionales del país. No obstante, el nuevo orden no trajo la independencia real, sino que sumió al Líbano bajo una hegemonía siria que perduró quince años, hasta 2005. La Revolución de los Cedros (2005) y el fin de la influencia siria en Líbano El advenimiento de la Revolución de los Cedros en 2005 supuso el fin de la injerencia de Damasco sobre Líbano, iniciada en 1976 y legitimada por la Liga Árabe bajo el amparo de la Fuerza Árabe de Disuasión, compuesta casi íntegramente por tropas sirias. Desde 1990, Siria había actuado como el poder fáctico en el país mediante la llamada Pax Syriana, institucionalizada a través del Tratado de Hermandad de 1991. Durante todo ese periodo, el gobierno sirio ejercía una influencia determinante en la designación de los presidentes y ministros en Beirut, manteniendo a su vez a 30.000 soldados estacionados en suelo libanés. Los motivos de esta influencia foránea son diversos, pero se pueden sintetizar en ideología, geoestrategia e intereses económicos. Históricamente, ambos territorios estuvieron unidos durante el periodo colonial, debido a esto, sectores irredentistas y el propio gobierno de Hafez al-Ásad consideraban al Líbano como una parte integral de la "Gran Siria". En el plano geoestratégico, al estar en constante conflicto con Israel, Siria usaba al país vecino como barrera defensiva y como base de operaciones para atacar mediante proxies, principalmente a través de Hezbolá. A nivel económico, los puertos de Trípoli y Beirut, junto con el opaco sistema bancario libanés, resultaban vitales para que Damasco evadiera las sanciones internacionales. La Revolución estalló tras años de creciente malestar en gran parte de la sociedad civil, que consideraba la ocupación siria como una violaciónde su soberanía. El detonante fue el magnicidio del ex primer ministro Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005, provocado por la detonación de un coche bomba en el centro de Beirut. El asesinato se atribuyó a su firme oposición a la injerencia siria, pese a haber colaborado con ella en la década anterior, y a su rechazo a la enmienda constitucional impuesta en 2004, la cual prorrogaba ilegalmente el mandato del presidente prosirio Émile Lahoud. A lo largo de los primeros años de los 2000, Hariri, el principal referente político suní, se había convertido en el mayor obstáculo para Damasco. Perfilado como claro favorito para ganar las siguientes elecciones, planeaba articular una coalición parlamentaria suní-druso-cristiana con la intención de expulsar a Siria de los asuntos internos y acercar el país a Occidente, contando con el respaldo diplomático de Estados Unidos y Francia. Asimismo, Hariri había tenido un papel clave en el impulso de la Resolución 1595 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía la retirada de todas las fuerzas extranjeras y el desarme de milicias como Hezbolá. Tras su trágico asesinato, la sociedad libanesa se fracturó de nuevo en dos grandes coaliciones políticas: la Alianza del 14 de Marzo, de corte soberanista y antisiria, y la Alianza del 8 de Marzo, estrechamente vinculada al eje prosirio. El 16 de febrero, el entierro de Hariri se transformó en una masiva protesta contra la ocupación. Días más tarde, el 21 de febrero, decenas de miles de personas desafiaron la prohibición gubernamental y acamparon en la plaza de los Mártires, iniciando meses de desobediencia civil. En respuesta, Hezbolá y Amal lograron movilizar a 500.000 simpatizantes el 8 de marzo en una concentración de agradecimiento a Siria, dando nombre a su alianza. La contrarréplica soberanista no se hizo esperar: el 14 de marzo, la facción contraria logró reunir a 1,2 millones de manifestantes. La presión popular y exterior forzó, tanto al Ejército sirio como a su servicio de inteligencia (Mukhabarat), a retirarse progresivamente. En marzo, evacuaron el norte del Líbano y abandonaron sus posiciones clave en Beirut entre los abucheos de la población. En abril se replegaron del valle de la Becá, región que Siria consideraba vital para su seguridad nacional. Finalmente, la evacuación concluyó el 26 de abril de 2005 con una rápida ceremonia en la base aérea de Rayak entre el general sirio Ali Habib y el comandante libanés Michel Suleiman. Tras el acto, un último convoy de 14.000 soldados cruzó la frontera. Aunque esta retirada devolvió formalmente la soberanía al Líbano, propició colateralmente el auge de Hezbolá. Ante la marcha de sus valedores sirios, la milicia se integró de lleno en las instituciones democráticas para blindar su arsenal y su estatus, pasando de ser un grupo guerrillero a convertirse en el partido político más poderoso e influyente de la nación. Sin el arbitraje político de Damasco en la política interna, el país volvió a transformarse en un Estado profundamente fragmentado, caracterizado por los bloqueos constantes y a una grave parálisis administrativa. El nuevo periodo bipolar, polarización y violencia política: desde la Revolución de los Cedros hasta la actualidad En los años posteriores a la revolución, la Alianza del 14 de Marzo, con Fuad Siniora a la cabeza, ganó las elecciones y asumió la jefatura del Gobierno. Mientras, Amal y Hezbolá, junto a la Alianza del 8 de Marzo, se erigieron en la principal fuerza de oposición política y armada gracias al patrocinio de Irán. Sin embargo, para respetar el reparto confesional y evitar una nueva guerra civil, se permitió la entrada de ministros de la Alianza del 8 de Marzo en el Ejecutivo. Lejos de aportar estabilidad, su participación se tradujo en una estrategia de bloqueo institucional: vetar cualquier decisión contraria a sus intereses o a los de Siria, bloqueando el desarme de Hezbolá y torpedeando la creación del Tribunal Especial para el Líbano, impulsado para investigar el asesinato de Hariri. En este turbulento escenario se desataron una serie de asesinatos, entre 2005 y 2008, contra periodistas e intelectuales críticos con Siria, como Samir Kassir, ideólogo de la Revolución de los Cedros, y Gebran Tueni, director del periódico An-Nahar, los cuales generaron un clima de intimidación en la coalición gobernante. La situación colapsó en noviembre de 2006, cuando los ministros del 8 de Marzo dimitieron en bloque argumentando que el Gobierno no respetaba el pacto de coexistencia. A modo de protesta, organizaron una acampada frente al Palacio de Gobierno que se prolongó durante 18 meses, paralizando la economía del centro de Beirut. Un antecedente directo que agravó esta ruptura fue la guerra entre Israel y Hezbolá del verano de 2006. Tras la captura de dos soldados israelíes por parte de la milicia chií en una operación transfronteriza, se desencadenó un conflicto bélico de 34 días. El Gobierno libanés condenó duramente la acción de la milicia, acusándola de secuestrar la soberanía estatal para arrastrar al país a una guerra unilateral. El alto el fuego se logró mediante la Resolución 1701 de la ONU, que reforzó el despliegue de los "cascos azules" (FPNUL) en el sur de la frontera, aunque fracasó en su exigencia de desarmar a Hezbolá. El punto de máxima tensión llegó en mayo de 2008. El Ejecutivo del 14 de Marzo intentó desmantelar la red privada de telecomunicaciones por fibra óptica de Hezbolá, pilar fundamental de su "Estado paralelo", y destituyó al jefe de seguridad del aeropuerto, vinculado a la milicia. En respuesta, Hassan Nasrallah, líder del grupo chií, calificó el acto como una declaración de guerra. En cuestión de horas, sus combatientes tomaron por la fuerza el sector oeste de Beirut, demostrando una superioridad armada abrumadora frente a las mermadas fuerzas estatales. Para evitar un derramamiento de sangre generalizado, las facciones políticas firmaron los Acuerdos de Doha (2008) en Qatar. El pacto claudicó ante el bloque chií otorgándole un derecho de veto oficial en el Consejo de Ministros y designando a Michel Suleiman, entonces jefe del Ejército, como presidente de consenso. Esto institucionalizó legalmente la parálisis del país, impidiendo aprobar cualquier ley sin la autorización de Amal y Hezbolá. En 2009, Saad Hariri, hijo del dirigente asesinado, fue nombrado primer ministro, cargo que ocupó hasta 2011, cuando los miembros del 8 de Marzo forzaron la caída del Gobierno al negarse Hariri a romper vínculos con el Tribunal Especial de la ONU, que preparaba la imputación de milicianos de Hezbolá por el atentado contra su padre. Tras este quiebre, el 8 de Marzo logró imponer a su propio candidato, Najib Mikati, a través de una compleja maniobra parlamentaria. Se formó así el primer gobierno sin participación prooccidental desde 2005, dominado en su totalidad por Hezbolá y sus aliados. Dicho Ejecutivo sufrió un duro aislamiento por parte de la comunidad internacional y de las monarquías árabes, siendo percibido como un aliado estratégico de Irán y Siria, a lo que se agregan las fuertes tensiones internas. Terminó por implosionar en 2013 por la guerra civil siria: Hezbolá exigía el apoyo militar abierto a Bashar al-Ásad, mientras que Mikati pretendía mantener una estricta política de neutralidad. A Mikati le sucedió Tammam Salam mediante un consenso in extremis. Su mandato estuvo marcado por el bloqueo: el 8 de Marzo paralizó el Parlamento durante más de dos años para impedir la elección de un nuevo presidente de la República hasta que su candidato, Michel Aoun, fue aceptado. Este vacío se rompió en octubre de 2016 gracias al Pacto Aoun-Hariri. Ambas coaliciones acordaron repartirse el poder: Saad Hariri ocuparía el cargo de primer ministro y Michel Aoun la presidencia. Este acuerdo legitimó en la práctica el control dual del país, mientras Hariri gestionaba las instituciones burocráticas, Hezbolá conservaba su poder de veto y el control efectivo de las fronteras. En noviembre de 2017, la anomalía del sistema se hizo mundialmente visible cuando Hariri, convocado por Arabia Saudí para exigirle que frenase a Hezbolá, anunció por sorpresa su dimisión desde Riad. Tras semanas en las que el Gobierno libanés denunció que su primer ministro estaba secuestrado, Hariri regresó a Beirut gracias a la mediación de Francia y retiró su renuncia. En mayo de 2018, la Alianza del 8 de Marzo ganó las elecciones legislativas con mayoría absoluta, afianzando el poder de veto de Hezbolá, aunque mantuvo a Hariri en la presidencia del Gobierno. Este gabinete se topó de frente con la Revolución del 17 de Octubre de 2019. Lo que comenzó como una protesta por la imposición de una tasa sobre el uso de la aplicación WhatsApp derivó en un levantamiento masivo de la sociedad civil contra la corrupción endémica de toda la clase política. Hariri se vio obligado a dimitir, dando paso a un gabinete técnico apoyado únicamente por la Alianza del 8 de Marzo, liderado por Hassan Diab. Su mandato coincidió con el devastador colapso económico de 2020: el Líbano entró en default (impago de la deuda soberana) por primera vez en su historia. A la ruina financiera y a la hiperinflación se sumó en agosto la catastrófica explosión del puerto de Beirut. Ante el clamor popular, Diab dimitió y se inició un salvaje asedio judicial por parte de Amal y Hezbolá para impedir que los tribunales investigaran las responsabilidades administrativas de sus propios ministros en la explosión. Tras la tragedia del puerto, el Líbano soportó más de un año de vacío ejecutivo bajo la enorme presión de la comunidad internacional, liderada por Francia, para que se ejecutaran reformas inmediatas. En septiembre de 2021, Najib Mikati logró armar un nuevo gobierno apoyado pragmáticamente por ambos bloques para tratar de frenar el colapso. Sin embargo, las ansiadas reformas estructurales quedaron en papel mojado debido al boicot incesante de Hezbolá, que paralizó nuevamente el Consejo de Ministros con el fin de exigir la destitución del juez Tarek Bitar, encargado del caso del puerto. Las elecciones parlamentarias de 2022 confirmaron el profundo hartazgo ciudadano, dejando una cámara altamente fragmentada con la irrupción de numerosos diputados independientes. Las continuas disputas generaron un vacío de poder total que obligó a Mikati a gobernar de forma interina. La parálisis institucional no se desbloqueó hasta enero de 2025, cuando un acuerdo de mínimos entre facciones permitió nombrar presidente de la República a Joseph Aoun, antiguo comandante del Ejército, y primer ministro a Nawaf Salam, expresidente de la Corte Internacional de Justicia. El nombramiento de figuras de este perfil buscaba desesperadamente alejar al país de la trifulca partidista para acometer las reformas económicas de las que dependía la supervivencia nacional. La guerra de Irán y el conflicto Hezbolá-Israel: Líbano ante la encrucijada Como quedó en evidencia durante la crisis de 2006, el Líbano es el principal escenario donde las potencias globales y regionales como Israel, Arabia Saudí, Irán, Estados Unidos y, antiguamente, Siria, dirimen sus disputas hegemónicas. Tras los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, la tensión entre Israel y Hezbolá se recrudeció exponencialmente, dando lugar a un intercambio diario de artillería a través de la frontera sur, dinámica que se intensificó notablemente con la escalada bélica entre Irán e Israel en junio de 2025. No obstante, fue el estallido de la guerra directa entre Irán y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero de 2026, el que marcó el punto de no retorno. Devolviendo al país al paradigma bélico de 2006, las Fuerzas Armadas israelíes iniciaron el 16 de marzo de 2026 una invasión terrestre en el sur del Líbano. Su objetivo declarado es establecer a la fuerza una zona de amortiguación o seguridad que se extienda desde la frontera hasta el río Litani, erradicando así la infraestructura operativa de Hezbolá. Esta campaña militar supone una rotunda violación de la soberanía libanesa, a la vez que quebranta la Resolución 1701 de la ONU. Dicha norma, que delimitaba una franja completamente desmilitarizada entre la Línea Azul y el río Litani, ha sido vulnerada de forma sistemática y reiterada por ambos contendientes. En este crítico contexto, el eterno debate sobre la imperiosa necesidad de desarmar a Hezbolá ha acaparado de nuevo el tablero político nacional. En virtud de los Acuerdos de Taif (1989), se ordenó la disolución de todas las facciones paramilitares del país, exceptuando al grupo chií, al cual se le concedió el estatus de "fuerza legítima de resistencia" para combatir la ocupación israelí de la franja sur, vigente en aquel momento. Quienes claman hoy por su desmilitarización sostienen que el arsenal de Hezbolá atenta gravemente contra la esencia misma del Estado al arrebatarle el monopolio de la violencia y usurpar sus funciones en materia de defensa nacional, involucrando al país entero en conflictos exteriores sin autorización parlamentaria. Para las comunidades cristiana y suní, resulta evidente que, mientras la milicia prosiga operando al margen de la ley, ni el chantaje político doméstico ni las asfixiantes sanciones internacionales que han sepultado la economía llegarán a su fin. En el lado opuesto, los partidarios y aliados de Hezbolá esgrimen que la propia existencia del Estado libanés depende inexorablemente del armamento del grupo. Alegan que las exiguas Fuerzas Armadas regulares son incapaces de disuadir o contener los embates de Israel, un país al que no otorgan reconocimiento diplomático alguno. Esta tesis defensiva cuenta con el inquebrantable respaldo sociológico de amplísimos sectores de la población chií, que veneran a la milicia como la única muralla que los ha protegido a lo largo de las décadas. Además, Hezbolá trasciende la mera condición de facción armada, actuando como un eficaz Estado paralelo que provee servicios sanitarios, educativos e infraestructuras allí donde la precaria administración central no llega, fidelizando así el apoyo incondicional de sus bases. En consecuencia, el Líbano afronta en estos momentos una encrucijada existencial a tenor del devenir de la actual invasión terrestre israelí y de las condiciones impuestas por las instituciones financieras globales, que vinculan cualquier paquete de rescate económico a la liquidación militar del grupo proiraní. Por su parte, el Ejecutivo liderado por Nawaf Salam ha emprendido acciones contundentes: ha ilegalizado todos los movimientos castrenses ajenos al Ejército nacional, ordenado la incautación de arsenales clandestinos e impulsado un ambicioso despliegue de tropas en el sur, gravemente obstaculizado por el avance de Israel. En paralelo, ha procedido a la detención y expulsión de agentes pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán. Hezbolá, previsiblemente, ha tachado estas maniobras estatales de alta traición, acusando al Gobierno de dejar al Líbano inerme y movilizando a todos sus efectivos sociopolíticos para sabotear el plan de desarme, lo que amenaza con desatar de forma inminente una nueva guerra fratricida. Entre la espada y la pared: perspectivas de futuro para el Líbano Ante la devastación financiera de 2020, la invasión del sur, la insostenible fragilidad del equilibrio interconfesional y la intrusión crónica de potencias extranjeras, Líbano atraviesa una crisis existencial sin una salida viable a corto plazo. Por una parte, un choque frontal del Gobierno contra la cúpula militar de Hezbolá prendería la mecha de una nueva guerra civil y, simultáneamente, despejaría el terreno para que Israel ejecutase sus ataques sin resistencia debido a las enormes limitaciones operativas de las Fuerzas Armadas regulares. Por otra, claudicar ante el mantenimiento del arsenal chií perpetúa el chantaje político interno y consolida la subordinación del país a los intereses geopolíticos de Irán, condenando al Líbano a un ostracismo económico irreversible. Esta dramática encrucijada se agrava por el profundo desgaste social y el escepticismo de una ciudadanía exhausta que rechaza frontalmente la legitimidad de sus élites tradicionales y del propio entramado institucional. En la actualidad, el Estado libanés no solo brega contra milicias intestinas o invasiones foráneas, sino contra su propio desmoronamiento administrativo y moral. Si el gabinete de Nawaf Salam fracasa en su empeño por canalizar el auxilio internacional para rearmar al Ejército y, a su vez, articular una red de servicios públicos que sustituya al poderoso sistema de bienestar de Hezbolá, el país se abocará a una fragmentación territorial de facto. En conclusión, el porvenir nacional exige una reescritura radical y valiente del contrato social vigente, un proceso que debe lograr, de forma inaplazable, la separación entre la representación política y la adscripción religiosa. Resulta evidente que esta aspiración parece quimérica bajo el estruendo incesante de la artillería en el sur y el dictado de las potencias regionales. Sin embargo, la premisa es ineludible: careciendo de un pacto firme que restituya al Estado el monopolio legal del uso de la fuerza y garantice su neutralidad fáctica ante los distintos ejes de Oriente Medio, la nación corre el severo riesgo de extinguirse como sujeto soberano para mutar en un escenario de guerra perpetua.   La supervivencia del territorio que en el pasado se enorgullecía de ser la "Suiza de Oriente Medio" ya no dependerá de la nostalgia de aquel bienestar perdido, sino de su celeridad para erigir un marco de ciudadanía plena, laica y unificada, debiendo hacerlo antes de que la inercia del conflicto y las balas dicten la sentencia final. A la vista de los precedentes históricos del país, este funesto desenlace es una posibilidad que no debe descartarse.

Artículo escrito por: José Manuel Jiménez Vidal y Sofía Fernández Cayon. Origins of the Conflict and Historical Background April 15, 2023; alarm bells ring once again in Khartoum: the current third civil war in Sudan has just erupted. But what has happened this time? To understand it, we must take a step back and analyze it with some perspective: Looking back to 2003, when two rebel groups—the Sudan Liberation Movement and the Justice and Equality Movement—rose up against the government of Omar al-Bashir, triggering what became known as the Darfur Conflict, we can identify certain defining characteristics. In essence, it was a conflict marked by ethnic tensions and struggles over resources and political representation, but it was also rooted in historical dynamics carried over from the second civil war, which was nearing its end. During that conflict, the Sudanese government armed and supported the Janjaweed militia, which fought against the rebels and was eventually formalized in 2013 as the Rapid Support Forces (RSF). These forces have been accused of committing crimes against humanity, including massacres and acts of genocide—such as the Khartoum massacre in 2019—and are now key protagonists in the current war. At the time, they acted on behalf of the government and carried out severe atrocities such as the burning of non-Arab villages, mass killings, and systematic sexual violence, leading to the displacement of millions of people. In 2009, the International Criminal Court issued an arrest warrant against the Sudanese leader, marking the first time the institution had done so against a sitting head of state. However, his continued hold on power until his overthrow in 2019, and his subsequent detention under Sudanese internal proceedings, have prevented his transfer to The Hague. Political transition, power struggles, and the return to war Following Omar al-Bashir’s ousting, a mixed Sovereign Council (civilian and military) was established, with Abdel Fattah al-Burhan leading the military wing and Mohamed Hamdan Dagalo—the RSF leader—serving as vice president. A transitional period began, but tensions over the integration of the RSF into the national army led to the 2021 coup, when al-Burhan declared a state of emergency. The civilian branch was sidelined, and tensions between military leaders escalated to the point that, in 2023, the conflict reignited. Returning to the present, the current war, although unfolding within a broader structural political crisis rooted in the colonial era, is primarily driven by the power ambitions of both sides: the RSF and the Sudanese army. This war can also be classified among the so-called “silent conflicts” in Africa, as it does not receive the media attention warranted by the severity of the events taking place. According to estimates from international organizations, by 2025 the number of civilian deaths had tripled, reaching nearly 11,500, alongside thousands of injured and around a thousand missing persons. Internal displacement has reached 11 million people—70% of whom come from Darfur—while neighboring countries have received nearly 4 million refugees. Sexual violence in these conflicts also remains largely overlooked. According to Al Jazeera, in 2024 many Sudanese women were forced to engage in sexual relations with members of both sides in order to guarantee their safety. This further highlights the need for a comprehensive approach to conflict resolution, as not only economic, political, and military dimensions are at play, but also a gender perspective is essential to protect vulnerable groups. Internationalization of the conflict and fragmentation of actors The role of the international community—and particularly the UN Security Council—is crucial in ensuring an end to hostilities and facilitating an effective and inclusive political transition. As the main UN body responsible for maintaining international peace and security, it must weigh effective measures to end the war, whether through arms embargoes, peacekeeping or peace enforcement operations, or diplomatic and economic pressure. In all cases, the protection of civilians and the resolution of the humanitarian crisis must remain paramount, although achieving this will require significant long-term efforts. Today, Sudan is immersed in a long, bloody, and largely overlooked conflict that threatens to destabilize the entire region. To this already extremely complex scenario must be added the growing indirect internationalization of the conflict, which further intensifies both its duration and severity. Although it is not a conventional interstate war, various external actors have demonstrated strategic interests in Sudan, whether for geopolitical, economic, or regional security reasons. The country’s position—serving as a gateway between sub-Saharan Africa and the Arab world, as well as the Sahel, with access to the Red Sea and proximity to regional powers such as Egypt and Ethiopia—makes it a crucial hub for trade, energy routes, and military strategy. In this regard, regional powers such as Cairo have traditionally supported the Sudanese regular army, led by Abdel Fattah al-Burhan, due to shared interests in the stability of the Nile Valley and the containment of insurgent movements. Meanwhile, the Rapid Support Forces, commanded by Mohamed Hamdan Dagalo—also known as “Hemedti”—have maintained more ambiguous ties with actors such as the United Arab Emirates, particularly in connection with the gold trade, one of the country’s most valuable resources. Sudanese gold, extracted from regions such as Darfur and Kordofan, has become a central element of the conflict. The RSF controls numerous mines and export routes, enabling it to finance its military operations independently and undermining any attempt at state control. This reflects a common dynamic in modern conflicts: the “war economy,” in which natural resources not only fuel violence but also create incentives to prolong it. At the global level, powers such as Russia have shown interest in establishing a naval base on the Red Sea, while companies linked to the Wagner Group have been accused of involvement in Sudan’s mining sector. Meanwhile, the United States and the European Union have attempted diplomatic mediation, albeit with limited success due to internal fragmentation and the lack of genuine political will among the warring parties. Another key factor in understanding the prolongation of the war is territorial fragmentation and the multiplicity of armed actors. Although the main conflict pits the army against the RSF, numerous rebel groups, local militias, and armed movements with their own agendas operate across the country, particularly in peripheral regions such as Darfur, Blue Nile, and South Kordofan. Some of these groups, such as the Sudan Liberation Movement, have formed temporary alliances with one side or the other depending on shifting strategic interests. This fragmentation greatly complicates any negotiation process, as there is no single representative interlocutor or clear power structure. From a conflict resolution perspective, this means that even if an agreement were reached between the two main factions, violence could persist at the local level. Humanitarian crisis, regional impact, and prospects for resolution From a humanitarian standpoint, the situation continues to deteriorate at an alarming rate. Organizations such as the United Nations have warned that Sudan is facing one of the worst humanitarian crises in the world today. The combination of mass displacement, collapse of the healthcare system, food insecurity, and lack of access to humanitarian aid has created near-famine conditions in several regions of the country. Moreover, access for humanitarian organizations is severely restricted due to insecurity and blockades imposed by the armed actors themselves. As a result, millions of people remain completely unprotected, without access to basic services such as clean water, healthcare, or education. In cities like Khartoum, urban warfare has destroyed much of the infrastructure, turning densely populated areas into active war zones. The regional impact is also significant. Neighboring countries such as Chad, South Sudan, and Ethiopia are receiving large flows of refugees, placing additional strain on their already fragile economic and social systems. This increases the risk of regional instability, particularly in border areas where tensions already exist. At the same time, the conflict has had a devastating effect on Sudanese social cohesion. Polarization, mistrust between communities, and the normalization of violence are eroding the foundations of peaceful coexistence. Younger generations, who led the pro-democracy protests of 2019, now face a landscape marked by despair and lack of opportunity. Despite this bleak outlook, there are still elements that could serve as a basis for future resolution. First, Sudanese civil society continues to demonstrate a remarkable capacity for organization and resilience. Community support networks, resistance committees, and local organizations continue to operate under extremely difficult conditions, providing assistance and keeping democratic aspirations alive. Second, international pressure—although insufficient so far—could become more effective if better coordinated. Measures such as stricter arms embargoes, targeted sanctions against leaders responsible for human rights violations, and strengthened international justice mechanisms—such as those led by the International Criminal Court—could help shift the incentives of the warring parties. Finally, any lasting solution must address the structural causes of the conflict: regional inequality, political exclusion, competition over resources, and institutional weakness. Without deep reforms that include all communities and ensure a fair distribution of power and wealth, the risk of renewed cycles of violence will remain high. In conclusion, the war in Sudan is not merely a confrontation between two military factions, but the result of decades of accumulated tensions, competing interests, and structural failures. Its prolonged and “silent” nature should not diminish its importance—on the contrary, it highlights the limitations of the international system in responding to complex crises and underscores the urgent need for a more comprehensive and sustained approach. Meanwhile, millions of Sudanese remain trapped in a reality defined by violence, uncertainty, and the absence of a clear path toward peace.

Algo de lo que uno puede percatarse cuando viaja es que, al aterrizar en un aeropuerto, sea éste Frankfurt, Dubai o Ciudad de México, hay una serie de similitudes: mismas cintas transportadoras, mismas pantallas de vuelo, mismos pasillos con tiendas del Duty-Free con perfumes y chocolates envueltos en las mismas tipografías, todo al alrededor del individuo puede ser igual, estando en una punta u otra del mundo. Antes de ver el cielo o escuchar el idioma local, el espacio donde el sujeto se encuentra ya ha comunicado algo: “aquí no importa dónde estés”.   Esta experiencia normalizada, es lo que el antropólogo francés Marc Augé denominó en 1992 como los “no lugares". Tres décadas después, su concepto no sólo no ha envejecido, sino que ha ganado una dimensión nueva y más profunda, donde la producción industrial globalizada convierte al planeta entero en una cadena de montaje de “no lugares” fácilmente intercambiables y reconocibles.  ¿Qué es un “no lugar”? Para Augé, el lugar es aquel espacio que puede definirse como identitario, relacional e histórico, es decir, una plaza, un mercado local o una iglesia de barrio. Todos ellos son lugares no únicamente por el espacio físico, sino porque en estos se encuentran rasgos de una comunidad, una memoria colectiva, una forma de ser en el mundo. El no lugar, por el contrario, es aquel espacio que no puede definirse ni como identitario, ni como relacional, ni como histórico. No lugares son las autopistas, los supermercados de gran superficie, los campos de tránsito de refugiados, las cadenas hoteleras internacionales, las plataformas logísticas, los grandes centros comerciales… Básicamente, los espacios concebidos para la circulación, el consumo o la espera. No para la permanencia, el arraigo ni la memoria de las personas que pasan y conviven en ellos.   Augé subraya que los no lugares no son una patología, sino una condición de la sobremodernidad, donde la sociedad siente una aceleración del tiempo, un aumento de las movilidades y del individualismo dentro de los marcos colectivos de referencia. En esta sobremodernidad, el individuo se convierte en un pasajero perpetuo, navegando de no lugar en no lugar con la tarjeta de embarque como único documento de identidad provisional, lo que ha dado pie a que estos lugares sean usados como herramientas de expansión del capitalismo.  La estandarización como ideología La producción en masa tiene una lógica implacable, ya que fabricar el mismo tornillo en diez millones de unidades es infinitamente más rentable que fabricar diez millones de tornillos distintos. Este principio que Henry Ford aplicó al coche y Frederick Taylor al trabajo, se ha extendido en las últimas décadas a la producción del espacio habitable, comercial y de tránsito. Las grandes cadenas internacionales como McDonald 's, Starbucks, IKEA, Zara, entre muchas otras, han perfeccionado el arte de la replicación espacial. Sus establecimientos no solo venden productos, venden una experiencia espacial estandarizada que minimiza la fricción cognitiva del consumidor, lo que hace que entrar en un Starbucks en Tokio o en Estambul active el mismo mapa mental, los mismos rituales de pedido y los mismos aromas, siendo la familiaridad el producto principal. Esta lógica es muy poderosa en un sentido geopolítico, la capacidad de una empresa transnacional para implantar un entorno espacial reconocible en cualquier punto del globo es en el fondo una forma de poder blando. Ya que con ello se demuestra que las reglas del juego son globales, que el espacio local puede ser sustituido por el espacio de la marca, y que el territorio y cultura son aspectos negociables. La cadena de suministro global a la que pertenecen el entramado de fábricas en Guangdong, los puertos en Rotterdam, los centros logísticos en los extrarradios de cualquier ciudad media, son en sí mismos, una red de no lugares. Los polígonos industriales y las plataformas de distribución son espacios sin identidad local, diseñados para ser idénticos en Kansas, en Cracovia o en Kuala Lumpur. Geopolítica del no lugar La producción estandarizada del espacio tiene dimensiones geopolíticas concretas y consecuencias para la soberanía, la cultura y el poder, existiendo una asimetría estructural en la capacidad de generar y exportar modelos espaciales. Los países que han dominado la segunda mitad del siglo XX, como Estados Unidos, pero también Alemania, Japón y más recientemente China, han sido los grandes exportadores de arquitecturas del no lugar. La franquicia estadounidense de comida rápida, el supermercado de distribución alemán, el complejo logístico de manufactura china, todos estos imponen una forma de hacer las cosas que otros países importan casi sin darse cuenta.  China con su ambicioso proyecto de la nueva Ruta de la Seda no solo financia infraestructuras de transporte, sino que construye puertos, aeropuertos, parques industriales y zonas económicas especiales con un modelo espacial específico, replicable, que lleva un conjunto de normas técnicas, laborales y comerciales que expanden la esfera de influencia de Pekín. Convirtiendo así, la Ruta de la Seda del siglo XXI en una red de no lugares adaptados a China.   Del mismo modo, las grandes plataformas digitales como Amazon, Alibaba o Google están construyendo una serie de plataformas de “no lugares” virtual que se superpone sobre los espacios físicos, por ejemplo, la central de datos de Amazon Prime en las afueras de cualquier ciudad europea es la conexión a una red global que responde a lógicas completamente ajenas al territorio donde se asienta, sus trabajadores son ciudadanos locales pero sus protocolos son globales. Así mismo, la plataforma en sí de Amazon Prime, no es muy distinta a la creada por Netflix, Disney Plus, u otra aplicación de entretenimiento, viendo en estas como la estandarización llega incluso al mundo digital.   Las redes sociales, las plataformas de streaming, los entornos de trabajo remoto, los videojuegos de mundo abierto, todos ellos son no lugares en el sentido augéano, pero con características que el antropólogo francés no pudo anticipar. El no lugar digital, inclusive lo podríamos considerar como el espacio más estandarizado jamás producido, esto si tomamos en cuenta que la interfaz de Facebook es idéntica en Madrid y en Sao Paulo y donde el feed de Instagram obedece al mismo algoritmo en Dakar que en Copenhague. La lógica de optimización que gobierna estos espacios no tiene patria ni cultura, tiene métricas de engagement y objetivos de retención para tener la mayor cantidad de usuarios posibles.   Esta estandarización digital tiene efectos en la vida cotidiana, como por ejemplo, en la gentrificación de los barrios urbanos, debido al aumento de locales fotogénicos diseñados para ser instagrameables o la transformación de destinos turísticos por efecto de la viralización en TikTok, siendo el espacio digital el que activamente reconfigura el espacio físico.   Resistencia, autenticidad y trampa del folklore Frente a la expansión de los no lugares, han surgido diversas formas de resistencia cultural, el comercio local de toda la vida, que huye de la estandarización masiva, a nivel legislativo, encontramos las denominaciones de origen que protegen productos y paisajes. Sin embargo, existe una trampa en esta resistencia, ya que el capitalismo tiene una notable capacidad para absorber y rentabilizar la autenticidad, convirtiendo el barrio bohemio, el mercado artesanal o el restaurante de cocina local rápidamente en destinos de consumo diferenciado para turistas y clases medias urbanas, transformando la autenticidad en un producto más, distribuido a través de plataformas como Airbnb o TripAdvisor. Esta dinámica tiene consecuencias políticas directas, las políticas de patrimonio, de protección del paisaje urbano y de regulación del turismo masivo, son en el fondo políticas de resistencia frente a la estandarización del espacio. Sin embargo, ciudades como Venecia  o Barcelona enfrentan la paradoja de ser deseadas precisamente por su especificidad local, enfrentando así, el turismo masivo y la especulación inmobiliaria. En este sentido, la lucha por el espacio, quién lo define, quién lo produce, quién lo habita y en qué condiciones, es una de las dimensiones menos visibles pero de las más relevantes en la geopolítica contemporánea. Conclusión Los no lugares no son simplemente aeropuertos aburridos o centros comerciales sin alma, aunque a priori se puede pensar que dicha estandarización es beneficiosa, son la materialización de una forma de organizar la economía mundial, la producción estandarizada, la circulación y el consumo, siendo en este sentido, espacios profundamente políticos. Comprender la geopolítica de los no lugares implica reconocer que el control del espacio es una parte del poder tan importante como el control de los recursos naturales o las capacidades militares.  Las empresas transnacionales, las potencias emergentes y los Estados compiten por el derecho a definir cómo se ve, cómo huele y cómo funciona el espacio de la vida cotidiana. La resistencia a esta homogeneización no puede ser simplemente nostálgica, requiere políticas activas de planificación urbana, protección del comercio local, regulación de las plataformas digitales y una comprensión clara de que la diversidad espacial y cultural no es un lujo pintoresco, sino una condición de la resiliencia política y social. Augé escribió en 1992 que “la medida de la época podría ser en el exceso”, más de 30 años después, vemos como el exceso de no lugares no es solo una medida de la época, sino uno de sus problemas políticos más urgentes.