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El Estado como infraestructura digital En las primeras décadas del siglo XXI, el diagnóstico convencional de las ciencias sociales sobre la digitalización se concentró de forma casi exclusiva en la economía de plataformas, la precarización del trabajo y el capitalismo de vigilancia publicitaria enfocado al consumo masivo. Sin embargo, en el ecuador de la década de 2020, está emergiendo una mutación silenciosa pero de largo alcance en el corazón mismo del poder global: la creciente transformación del Estado en una entidad funcionalmente subordinada a infraestructuras tecnológicas privadas. Esta transición no responde únicamente a dinámicas inerciales del mercado o a la modernización técnica de la administración pública; constituye, fundamentalmente, un proyecto ideológico coherente, diseñado y ejecutado por una élite tecnocapitalista asentada en Silicon Valley que aspira a redefinir las bases ontológicas de la soberanía, la legitimidad y la organización política occidental. Este fenómeno puede ser conceptualizado como un nuevo milenarismo tecnológico. A diferencia de las utopías ciberlibertarias de los años noventa, que preveían la disolución del Estado en un ciberespacio desregulado y horizontal, este milenarismo es profundamente estatista, militarista y vertical. Su premisa central es cruda: la supervivencia de la civilización occidental frente a bloques autocráticos competidores (fundamentalmente China y Rusia) depende de la rendición incondicional de los mecanismos deliberativos de la democracia liberal ante la velocidad y la eficacia del software analítico y militar. En esta matriz discursiva, la trayectoria de Palantir Technologies y el andamiaje conceptual de su director ejecutivo, Alex Karp, ofrecen una clave interpretativa privilegiada para cartografiar el fin del interregno liberal y el advenimiento de una arquitectura de poder posdemocrática. Fundada en 2004 bajo el auspicio financiero de In-Q-Tel —el brazo de capital de riesgo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— y el capital seminal del multimillonario libertario Peter Thiel, Palantir Technologies se estructuró desde sus orígenes como el puente entre el procesamiento de datos a gran escala de Silicon Valley y los imperativos existenciales del aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos post-11 de septiembre. La génesis de sus plataformas troncales, Palantir Gotham (diseñada para entornos de defensa e inteligencia) y posteriormente Palantir Foundry (para el sector corporativo y civil) y AIP (Artificial Intelligence Platform, lanzada en 2023), responde a la necesidad de resolver la fragmentación informacional de las burocracias estatales. La inserción de Palantir en el tejido del Estado no opera bajo la lógica clásica del mero proveedor de servicios de tecnología de la información (TI). La empresa despliega una estrategia de penetración institucional sumamente sofisticada, denominada en el argot corporativo como "land and expand" (aterrizar y expandirse). Este mecanismo se desglosa en tres fases críticas que transforman la gobernanza pública. La primera es la Fase de Aterrizaje, que consiste en la ingesta gratuita o a bajo coste de subsistemas de datos públicos específicos para resolver una crisis de gestión o coordinación operativa urgente. Los ejemplos históricos abundan: desde el rastreo epidemiológico y la distribución logística durante la pandemia de COVID-19, pasando por el procesamiento de expedientes migratorios y control fronterizo en el ICE, hasta la gestión de municiones en teatros de operaciones complejos como Ucrania. La segunda es la Fase de Colonización Ontológica, donde el software de Palantir unifica las bases de datos heredadas e incompatibles de la administración pública, redefiniendo los "objetos", "vínculos" y "eventos" bajo una infraestructura propietaria estructurada. El Estado deja de poseer una comprensión de sus propios datos independiente del código que los organiza. Finalmente, se consolida la Fase de Dependencia Estructural o vendor lock-in: una vez que los flujos informacionales diarios de ministerios, ejércitos o agencias de inteligencia se ejecutan sobre la plataforma, la retirada del software implicaría el colapso operativo instantáneo del propio organismo. La soberanía se desplaza de manera irrevocable: el funcionario público pasa de tomar decisiones autónomas a operar un sistema cuyas reglas de visibilidad y predictibilidad algorítmica están blindadas por la propiedad intelectual de una corporación privada. Como señalaba el Dr. Marcus Jameson, Senior Fellow de Sociología Política en la London School of Economics, en una entrevista de investigación realizada en mayo de 2026: "El Estado moderno experimenta una expropiación epistemológica: ya no produce los datos ni el conocimiento sobre su población o sus enemigos; gestiona las alertas generadas por un ecosistema de software ajeno". El Estado, progresivamente, deja de ser soberano en sentido pleno para convertirse en un mero operador de sistemas que no controla ni puede auditar. El manifiesto de Karp: posliberalismo y poder tecnológico En abril de 2026, Palantir publicó un documento que marcó un punto de inflexión en la teoría política y corporativa de Silicon Valley. Titulado formalmente como El Manifiesto de la República Tecnológica —y concebido como el núcleo conceptual de la monografía de Alex Karp, The Technological Republic—, el documento rompe de manera explícita con las relaciones públicas corporativas tradicionales. No estamos ante una apología del libre mercado, la descentralización de internet o la responsabilidad social corporativa; se trata de un tratado de realismo político descarnado que articula un proyecto posliberal estructurado en veintidós puntos cardinales. Este manifiesto se organiza en torno a cinco grandes ejes doctrinales que reconfiguran el orden político contemporáneo. El primer eje es el de la Integración Orgánica, desarrollado en los puntos 1 y 2, que establece que Silicon Valley tiene una "deuda moral" con el Estado estadounidense y debe participar activamente en su defensa. Esta afirmación invierte la lógica tradicional del capitalismo tecnológico, transformando la dependencia de contratos públicos en una obligación patriótica intrínseca. No se trata de una colaboración contingente, sino de una fusión simbiótica entre el Pentágono, las agencias de inteligencia y el capital de software de Palo Alto, superando el progreso horizontal de las aplicaciones de consumo (el smartphone) a favor de un progreso vertical disruptivo que genera monopolios defensivos reales. El segundo eje consagra la Legitimidad Tecnocrática en los puntos 3, 4 y 5. Inspirado de forma heterodoxa en Jürgen Habermas, pero reinterpretado en clave autoritaria y pragmática, Karp afirma que la legitimidad de las élites depende exclusivamente de su capacidad para proveer orden, crecimiento económico y seguridad material. Si una clase dirigente no produce resultados materiales medibles, pierde su derecho moral a gobernar. La democracia, así, queda completamente subordinada a la eficacia, legitimando un hard power basado en software donde el desarrollo de armas autónomas e inteligencia artificial militarizada es inevitable. El debate democrático sobre la ética de estas tecnologías se presenta como un estorbo peligroso: si los adversarios autocráticos no se detienen a deliberar, Occidente tampoco puede permitirse el lujo de hacerlo. El tercer eje promueve el Desmantelamiento Burocrático en los puntos 8 y 17 del documento. Aquí, el manifiesto arremete contra la parálisis administrativa del funcionariado público tradicional. Karp identifica en la lentitud de los procesos deliberativos y en el celo regulatorio un síntoma inequívoco de decadencia civilizatoria. Propone que las funciones vitales de la burocracia estatal weberiana deben ser transferidas a estructuras corporativas cerradas bajo el mando de gerentes ejecutivos con plenos poderes operativos, privatizando las capacidades predictivas en la seguridad interior y en la administración civil. En este punto, el manifiesto se aproxima a las tesis de Curtis Yarvin, quien aboga abiertamente por sustituir el Estado democrático por una entidad gestionada estrictamente como una corporación privada. El cuarto eje se define por el Antagonismo Schmittiano reflejado en los puntos 11 y 12. Rompiendo con el ideal liberal del consenso deliberativo, la diplomacia multilateral y el derecho internacional como espacios de resolución pacífica, Karp sitúa la conflictividad y el antagonismo en el centro del orden político, fuertemente influido por las lecturas de Carl Schmitt y René Girard. Bajo esta premisa, el manifiesto anuncia el fin de la era atómica tradicional y el advenimiento de una nueva era de disuasión basada enteramente en la inteligencia artificial. La tecnología no solo transforma los métodos de combate, sino que inaugura una nueva era histórica donde la estabilidad de la Pax Americana (puntos 13 y 14) solo puede sostenerse si Estados Unidos retiene el monopolio absoluto sobre la infraestructura global de inteligencia artificial. Finalmente, el quinto eje articula un Giro Cultural y Cohesión Identitaria en los puntos 9, 21 y 22. El texto critica con dureza la cultura política contemporánea —caracterizada por la "cancelación", el multiculturalismo y la psicologización terapéutica— catalogándola como un síntoma de debilidad y fragmentación social. En su lugar, reivindica la restauración de jerarquías culturales tradicionales, el servicio militar o civil obligatorio (puntos 6 y 7) y la defensa de la religión frente al secularismo. Estos elementos operan como una cobertura cívico-nacionalista monolítica, indispensable para disciplinar a la población y sostener el esfuerzo industrial y militar que exige la guerra tecnológica permanente. Thiel, Musk, Vance y el aceleracionismo neoreaccionario en Silicon Valley Para desentrañar el alcance real del Manifiesto de Palantir, es imperativo situar a Alex Karp no como un intelectual aislado, sino como el estratega discursivo de un ecosistema oligárquico sólidamente consolidado en el Silicon Valley actual. Este bloque de poder encuentra su núcleo financiero e ideológico en la vasta red de influencia de Peter Thiel, cofundador de Palantir y PayPal, cuya ascendencia sobre la política estadounidense es profunda. Las tesis de Thiel quedaron plasmadas de forma explícita en su célebre ensayo de 2009 para el Cato Unbound, donde afirmó categóricamente que "la libertad y la democracia ya no son compatibles", argumentando que el bienestar social hipertrofiado y la masa votante bloqueaban el progreso tecnológico vertical. La culminación institucional de esta estrategia de Thiel ha sido el ascenso fulgurante de figuras políticas de la nueva derecha estadounidense, de quienes fue uno de los principales financiadores económicos. El caso paradigmático es el de J.D. Vance, cuyo puente entre los fondos de capital riesgo de San Francisco y la primera línea de la política institucional simboliza la alianza definitiva entre el capital de software y el poder estatal. Vance actúa en la esfera pública como el vehículo legislativo de este bloque industrial, promoviendo un nacionalismo económico agresivo emparejado con una protección férrea de los monopolios tecnológicos nacionales frente a las regulaciones externas, singularmente las de la Unión Europea. A este entramado se suma la figura de Elon Musk, cuyo control de infraestructuras críticas globales —como la constelación de satélites Starlink, indispensable en los conflictos armados contemporáneos, o la red social X— demuestra empíricamente la tesis de la privatización de la soberanía. Las decisiones unilaterales de Musk han alterado el curso de operaciones militares soberanas y debates democráticos con mayor velocidad que las resoluciones de los organismos internacionales. Musk, Thiel y Karp articulan una nueva fisonomía elitista: una aristocracia funcional de la técnica legitimada por su capacidad de ejecución e innovación disruptiva, y no por el voto popular. En una entrevista concedida en junio de 2026, la Dra. Elena Fuentes, Directora del Centro de Estudios de Gobernanza Tecnológica de Madrid, explicaba: "La tesis de los neorreaccionarios o de la 'Alt-Right' ilustrada no es la desaparición de la autoridad, sino su privatización absoluta. El Estado-Nación es percibido como una empresa ineficiente con un consejo de administración fragmentado (el Parlamento) y unos accionistas ignorantes (los ciudadanos). Su solución es el Tecno-Cesarismo: que el programador jefe o el CEO asuman el mando supremo para garantizar la viabilidad del sistema". El resultado de esta convergencia es una visión aceleracionista neorreaccionaria (NRx) del cambio político. Las tensiones inherentes al sistema democrático no deben resolverse mediante el diálogo o la ampliación de derechos, sino intensificarse deliberadamente mediante la disrupción tecnológica hasta provocar el colapso de las estructuras burocráticas heredadas. El Estado deviene una corporación; el presidente, un CEO; la ciudadanía, un conjunto de usuarios calificados por su rendimiento operacional. La inteligencia artificial, en este marco, adquiere un significado casi escatológico: no es una mera herramienta de automatización, sino el vector de una nueva era histórica que promete orden, seguridad y trascendencia civilizatoria a cambio de redefinir radicalmente el concepto liberal de libertad. La disuasión algorítmica y el vaciamiento de la soberanía tradicional El desplazamiento del poder hacia el software de defensa altera drásticamente los equilibrios geoestratégicos y la fisonomía de las relaciones internacionales. Durante ochenta años, la arquitectura de seguridad global se cimentó sobre la Destrucción Mutua Asegurada (MAD), un modelo estático basado en el recuento físico de cabezas nucleares y vectores de lanzamiento balísticos. En el escenario estratégico de 2026, Palantir postula que el poder de disuasión real ya no reside en el arsenal atómico latente, sino en la velocidad de la cadena de procesamiento de información y ejecución en el campo de batalla, acelerando el ciclo operativo OODA (Observar, Orientar, Decidir, Actuar) a niveles sobrehumanos. Las plataformas de IA militarizada integran en tiempo real flujos masivos de datos dispares: imágenes satelitales comerciales, intercepciones de señales electromagnéticas, telemetría de drones autónomos y perfiles de geolocalización de fuentes abiertas, generando recomendaciones cinéticas en cuestión de segundos. Un Estado que posea armas convencionales o atómicas pero carezca de una infraestructura de software propietaria capaz de procesar estos datos a velocidad hiperbólica queda operativamente ciego y tácticamente indefenso. En consecuencia, la soberanía defensiva ya no se mide por el tamaño de los ejércitos tradicionales, sino por el grado de autonomía o subordinación técnica a los proveedores de software analítico. Esta dinámica explica la insistencia del manifiesto en la remilitarización de potencias como Alemania y Japón (punto 15). Esta remilitarización no se concibe como el resurgimiento de ejércitos nacionales clásicos y autónomos, sino como la adquisición masiva de licencias de software de defensa estadounidense por parte de Berlín y Tokio. La interoperabilidad exigida por las alianzas militares se transforma en una integración de sistemas cerrados controlados desde los servidores centrales de las firmas tecnológicas de Denver o Palo Alto. La defensa de Occidente deja de ser una coalición de naciones soberanas para convertirse en una red de clientes corporativos integrados en el mismo código. Las propias palabras de Alex Karp sintetizan esta visión con una claridad inquietante: "América parece ser el único país occidental que cree que seguirá existiendo en 900 o 1000 años... yo quiero que América siga siendo americana en 1000 años, y la forma en la que consigues algo así es dominando el campo de batalla hoy en día." Esta perspectiva justifica la concentración de poder y la subordinación de la política a la estrategia tecnológica bajo la premisa de una excepción existencial permanente. El verdadero peligro de este tecno-cesarismo no radica en una ruptura constitucional abrupta o en un golpe de Estado militar visible en los parlamentos. Su fuerza reside en su apariencia de inevitabilidad técnica. Se despliega de manera silenciosa mediante contratos de software rutinarios, modernizaciones de bases de datos administrativas y convenios de colaboración en seguridad nacional que, capa a capa, vacían de contenido real las instituciones del autogobierno democrático. Al final de esta metamorfosis, los parlamentos democráticos pueden conservar intactas sus fachadas monumentales, sus debates televisados y sus rituales electorales periódicos. Sin embargo, las decisiones críticas sobre la asignación de recursos, la vigilancia de la población interior, la gestión de crisis sanitarias o la ejecución de operaciones bélicas internacionales se tomarán de manera automatizada dentro del código propietario de plataformas cerradas. El verdadero campo de batalla del siglo XXI es aquel en el que se decide si el futuro será gobernado por ciudadanos libres a través de la deliberación pública o por los arquitectos invisibles del código y la infraestructura digital global.

En el Shahnameh —el gran Libro de los Reyes de Persia compuesto por el poeta persa Ferdousí hacia el siglo XI— se narra la historia de Siyâvash, uno de los personajes más trágicos y admirables de toda la literatura oriental. Hijo del rey Kay Kavus, príncipe virtuoso y célebre por su honestidad, Siyâvash crece en un mundo atravesado por guerras entre Irán y Turán, dos reinos enemigos cuyo enfrentamiento parece tan antiguo como el tiempo mismo. Cuando alcanza la madurez, el joven príncipe es enviado a dirigir una campaña militar. Su ejército logra imponerse sobre las fuerzas enemigas y el camino hacia una victoria aplastante queda abierto. Sin embargo, en mitad de la campaña recibe una oferta inesperada. El rey de Turán propone una paz honorable. Las condiciones son razonables. Miles de vidas pueden salvarse. La guerra puede terminar. Siyâvash acepta. Lo que sigue es una de las escenas más sorprendentes de la literatura épica mundial. El héroe regresa victorioso, pero es acusado de debilidad. Su propio padre sospecha de él. Los cortesanos interpretan su moderación como una traición. Había tenido la oportunidad de destruir completamente al enemigo y no lo hizo. Había preferido una paz imperfecta a una victoria absoluta. El relato continúa con un largo descenso hacia la tragedia. Exiliado, traicionado y finalmente asesinado, Siyâvash muere precisamente por haber intentado actuar con justicia en un mundo gobernado por la lógica despiadada del poder. Sin embargo, la memoria persa no lo recuerda como un fracasado. Lo recuerda como un mártir de la rectitud. En algunas tradiciones posteriores, su figura adquiere incluso resonancias sagradas. La cuestión central de su historia no es si ganó o perdió una guerra. La cuestión es mucho más profunda. ¿Puede un hombre conservar su integridad moral cuando se le entrega el poder de destruir a sus enemigos? Toda reflexión seria sobre la guerra justa comienza ahí. No comienza con ejércitos, tratados o estrategias. Comienza con un drama de conciencia. Porque el verdadero problema filosófico nunca ha sido explicar por qué los hombres hacen la guerra. Eso resulta relativamente sencillo. La ambición, el miedo, el deseo de riqueza, el afán de gloria o la simple supervivencia ofrecen explicaciones suficientes. Lo verdaderamente difícil es responder a otra pregunta. ¿Puede existir una violencia moralmente legítima? ¿Hay circunstancias en las que matar deje de ser un crimen para convertirse en una obligación? Pocas cuestiones han provocado una reflexión tan intensa y tan prolongada dentro de la historia del pensamiento. La teoría de la guerra justa no es una doctrina marginal. Es uno de los mayores intentos intelectuales realizados por la humanidad para reconciliar dos realidades aparentemente irreconciliables. Por una parte, el reconocimiento de que la vida humana posee una dignidad inviolable. Por otra, la constatación histórica de que existen males frente a los cuales la mera pasividad puede resultar todavía más inmoral que la resistencia armada. El origen de este problema es mucho más antiguo que el cristianismo, Roma o Grecia. En realidad, puede rastrearse hasta las primeras civilizaciones. Los textos védicos de la India ya contienen discusiones sobre la legitimidad de la guerra. El Mahabharata, probablemente la epopeya más extensa jamás escrita, gira alrededor de un dilema que anticipa muchas de las preguntas posteriores sobre la guerra justa. En uno de sus episodios más célebres, el príncipe Arjuna contempla el campo de batalla antes del combate. Frente a él se encuentran antiguos maestros, amigos y familiares. Comprende que la victoria exigirá su muerte. Entonces baja el arco y declara que preferiría renunciar al reino antes que matar a aquellos a quienes ama. La respuesta de Arjuna ha sido interpretada durante siglos de múltiples maneras, pero una de ellas resulta especialmente relevante. Arjuna no glorifica la violencia. Tampoco la niega. Lo que sostiene es que existen circunstancias históricas en las que la renuncia a actuar constituye una forma de responsabilidad moral, aunque el deber ético no siempre coincida con la pureza personal. Mucho antes de que Occidente formulara la teoría de la guerra justa, la intuición ya estaba presente. La filosofía occidental heredará este problema y lo transformará en una de sus grandes obsesiones. En el fondo, toda la tradición puede entenderse como un largo debate acerca de la naturaleza del mal. Porque la respuesta que demos a la guerra depende de la respuesta que demos a una cuestión previa. ¿Qué es el mal? ¿Es una realidad tan radical que justifica el uso de la fuerza para detenerlo? ¿O es algo que nunca puede combatirse sin correr el riesgo de reproducirlo? Platón ya había observado que la justicia política exige algo más que buenas intenciones. En La República aparece una idea extraordinariamente moderna. Una ciudad justa necesita guardianes capaces de ejercer la fuerza, pero esos guardianes deben estar educados filosóficamente para evitar convertirse en depredadores. La violencia sin justicia conduce a la tiranía. Pero una justicia incapaz de defenderse desaparece. Esta intuición atravesará siglos enteros. Cuando Agustín de Hipona contempla el derrumbe del Imperio romano comprende que el problema no puede resolverse mediante fórmulas simples. La experiencia histórica le había enseñado que el mal no era una abstracción académica. Era una realidad tangible. Había visto ciudades saqueadas, poblaciones desplazadas y comunidades enteras destruidas. Desde esa experiencia construye una antropología profundamente pesimista. El ser humano, marcado por el pecado original, no habita un mundo armónico. Habita una historia fracturada. Agustín no afirma que algunas guerras sean buenas, afirma que ciertas formas de violencia pueden ser necesarias precisamente porque ninguna de las alternativas disponibles es completamente buena. En una carta dirigida al general Bonifacio escribe que el deseo de perjudicar, la crueldad vengativa y la pasión por dominar son los verdaderos males de la guerra. Lo importante no es la existencia material del combate sino la disposición moral que lo anima. Un hombre puede combatir con justicia y otro cometer una injusticia profunda sin abandonar jamás el campo de la paz. Esta centralidad de la intención será decisiva. De hecho, gran parte de la modernidad olvidará esta enseñanza. Acostumbrados a pensar en términos de resultados, solemos evaluar las acciones exclusivamente por sus consecuencias. Agustín introduce una dimensión distinta. La moralidad no puede reducirse a cálculos utilitarios. Existe una interioridad ética que determina el sentido último de los actos humanos. Tomás de Aquino desarrollará esta idea con una precisión filosófica extraordinaria. Su teoría suele resumirse en tres requisitos para una guerra justa, pero esa simplificación oculta la riqueza de su pensamiento. Lo que realmente está haciendo Tomás es integrar la ética aristotélica, la metafísica cristiana y la teoría jurídica en una única arquitectura intelectual. La guerra justa es posible porque el universo posee una estructura racional objetiva. No depende de la voluntad de los gobernantes. No depende del éxito militar. No depende de la propaganda. Existe un orden moral anterior al poder. Por eso Tomás invierte una de las máximas fundamentales de la política antigua. Durante siglos se había asumido que la victoria confería legitimidad. Tomás sostiene exactamente lo contrario. La legitimidad debe existir antes de la victoria. Esta inversión resulta tan radical que todavía hoy seguimos viviendo de ella. Cuando juzgamos retrospectivamente las acciones de cualquier Estado moderno estamos utilizando categorías que nacen, en gran medida, de esta revolución intelectual medieval. Sin embargo, la verdadera madurez de la teoría llegará con pensadores menos conocidos fuera de los círculos académicos. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina y Francisco Suárez desarrollaron en la España del siglo XVI una reflexión de una profundidad extraordinaria. Frente al entusiasmo imperial de su época, comenzaron a formular preguntas peligrosas. ¿Puede una civilización considerarse superior hasta el punto de imponer por la fuerza sus valores? ¿Puede la diferencia religiosa justificar una invasión? ¿Puede una guerra ser justa si nace del deseo de riqueza? La respuesta fue demoledora para muchos intereses políticos de su tiempo. Vitoria negó que la conversión religiosa pudiera imponerse mediante las armas. Negó que la superioridad cultural legitimara la conquista. Negó incluso que la autoridad papal otorgara automáticamente derechos territoriales sobre otros pueblos. Leyéndolo hoy sorprende su modernidad. En muchos aspectos anticipa los derechos humanos antes de que existiera el propio concepto. A partir de ese momento la teoría de la guerra justa deja de ser únicamente una reflexión sobre los Estados y comienza a convertirse en una reflexión sobre la humanidad. Pero precisamente cuando parecía consolidarse, apareció una crítica devastadora. Nietzsche. Pocos filósofos han desconfiado tanto de las justificaciones morales como él. Allí donde otros veían principios universales, Nietzsche sospechaba estrategias de poder disfrazadas de virtud. Su pregunta sigue siendo una de las más difíciles de responder. ¿Cuántas veces la expresión “guerra justa” ha servido para ennoblecer intereses menos confesables? La pregunta resulta incómoda porque la historia parece darle la razón: Las cruzadas se presentaron como guerras justas. Las conquistas coloniales se presentaron como guerras justas. Las invasiones ideológicas del siglo XX se presentaron como guerras justas. Casi nadie entra en combate convencido de representar el mal. Hannah Arendt al estudiar los totalitarismos, comprendió que la renuncia absoluta a la fuerza puede convertirse en complicidad con la barbarie. Auschwitz obliga a reconsiderar muchas certezas pacifistas. Después del Holocausto resulta difícil sostener que toda resistencia armada sea moralmente equivalente a la agresión. George Orwell llegó a una conclusión parecida durante la Guerra Civil Española. Su experiencia personal lo convenció de que algunas causas merecen ser defendidas incluso cuando el precio es terrible, porque; el problema no desaparece, se vuelve más complejo. Quizá por eso el filósofo contemporáneo Michael Walzer afirma que la guerra justa pertenece al ámbito de las tragedias morales. No estamos ante supuestos zoroastristas donde el bien combate al mal de forma pura y transparente. Estamos ante conflictos donde incluso la decisión correcta deja residuos de culpa. Para Emmanuel Levinas, el rostro del otro impone una exigencia ética previa a cualquier cálculo político. Ninguna razón de Estado puede borrar completamente esa responsabilidad. Incluso cuando la violencia parece inevitable, la humanidad del adversario sigue existiendo. Tal vez ahí resida la enseñanza más profunda de toda esta tradición. La teoría de la guerra justa no intenta demostrar que ciertas guerras sean buenas. Intenta impedir que quienes hacen la guerra olviden que están entrando en una región oscura del campo moral. Es una filosofía de la limitación. Una filosofía de la prudencia. Una filosofía construida contra la embriaguez del poder. Cuando observamos el siglo XXI, con drones autónomos, inteligencia artificial militar, ciberguerras y conflictos híbridos, las preguntas fundamentales siguen siendo exactamente las mismas que atormentaban a Arjuna, a Agustín o a Siyâvash. ¿Puede la violencia servir a la justicia sin destruirla? ¿Puede una comunidad defenderse sin convertirse en aquello que combate? ¿Existe algún criterio capaz de distinguir entre la fuerza legítima y la mera dominación? Quizá nunca encontremos una respuesta definitiva. Tal vez la grandeza de la teoría de la guerra justa consista precisamente en negarse a ofrecerla. Su función no es tranquilizar nuestra conciencia. Es inquietarla. Es recordar que el uso de la fuerza nunca debe convertirse en una decisión cómoda. Es obligarnos a mirar cada conflicto con una mezcla de responsabilidad y duda. Porque, después de más de dos mil años de reflexión filosófica, seguimos descubriendo la misma verdad. El problema de la guerra justa no es un problema militar. Es un problema humano. Habla menos de los ejércitos que de nosotros mismos. Habla de una especie capaz de producir catedrales, poemas y amor, pero también campos de exterminio y ciudades arrasadas. Habla de nuestra grandeza y de nuestra fragilidad. Habla de la imposibilidad histórica de escapar completamente de la violencia y de la necesidad, igualmente humana, de someterla siempre al yugo de la conciencia. Por eso a mi juicio la fundamentación de la guerra justa no es una celebración; sino un oxímoron. Es la expresión de una esperanza mucho más modesta y mucho más humana. La convicción de que, si es guerra, no es justa y si es justa, no es guerra. Dicen que cuando Siyâvash murió, de su sangre nació una flor roja. Los reyes la quemaron celebrando haber desaparecido a un hombre injustamente condenado, los siglos sin embargo; demostraron que ellos habían sido derrotados por algo inmarcesible: su memoria.

Introducción: el ataque contra el Centro Islámico de San Diego El 18 de mayo de 2026, el Centro Islámico de San Diego fue escenario de un ataque violento en el que dos adolescentes, identificados como Caleb Vazquez (18 años) y Cain Clark (17 años), asesinaron a tres personas antes de suicidarse. Este suceso es considerado el primer ataque letal con motivaciones ideológicas contra una mezquita en los Estados Unidos en este siglo conforme apunta el Center for Strategic and International Studies en su análisis relativo al atentado. La cronología del ataque comenzó alrededor de las 11:30 a.m del 18 de mayo donde, los agresores, vestidos con trajes de combate y camuflaje adornados con simbología neonazi, irrumpieron en las instalaciones de la mezquita—la cual albergaba una escuela— abriendo fuego y acabando con la vida de tres personas. Las tres personas fallecidas fueron identificadas como Amin Abdullah (51 años), un guardia de seguridad que trabajó en la mezquita durante más de una década y cuya intervención evitó que la masacre fuera mayor; Mansour Kaziha (78 años), encargado de mantenimiento del centro; y Nadir Awad (57 años), esposo de una maestra de la mezquita. Tras el tiroteo, los atacantes huyeron en un vehículo BMW blanco hacia un vecindario cercano, donde dispararon contra un jardinero (quien no resultó herido de gravedad) antes de quitarse la vida con sus propias armas mientras la policía los cercaba. Existen múltiples evidencias, tanto en la ejecución del ataque como en la preparación del mismo, que confirman la profunda imbricación de los perpetradores en ideologías calificadas como de “extrema derecha” y favorables al supremacismo blanco. Estas características no fueron accidentales, sino que siguieron un “guion” o manual de violencia diseñado para este tipo de actos que ha sido emulado en el pasado por anteriores terroristas con las mismas convicciones ideológicas que Vazquez y Clark. No obstante, antes de señalar las diferentes características que llevaron a ambos perpetradores a elaborar su propio “currículo de la violencia”, se ha de entender el corpus ideológico que impulsó a los jóvenes adolescentes a realizar dicho atentado. ¿Qué se entiende por terrorismo de extrema derecha?- La influencia de la ideología en el atentado A grandes rasgos, se puede decir que el terrorismo de extrema derecha se sustenta en un conjunto heterogéneo de prejuicios e ideologías totalitarias que comparten el rechazo a la diversidad y consideran a las minorías religiosas, étnicas o sexuales como sus enemigos. Aunque no se cuenta con una definición clara ni unánime. Conforme al estudio realizado por el Center for the Study of Organized Hate (CSOH), el terrorismo de extrema derecha contemporáneo no solo es comprendido como diferentes actos aislados de violencia, sino como un ecosistema ideológico y digital complejo centrado principalmente en la supremacía blanca, el aceleracionismo y la—archiconocida— Teoría del “Gran Reemplazo” de Renaud Camus. Estas teorías son las que impulsaron el atentado en la Mezquita de San Diego demostrando que las intenciones de los perpetradores no operaban de forma aislada, sino que formaban parte de un ecosistema ideológico interconectado donde cada creencia alimentaba a la otra dentro de un mismo “manual de estrategia”. Así es como se crearía una red de odio donde el “Gran Reemplazo” servía de marco conspirativo, el antisemitismo identificaba la base intelectual de la trama, y el aceleracionismo dictaba la necesidad de una violencia inmediata. A continuación se irán desarrollando cada una de las teorías que impulsaron los atentados: En primer lugar, el tema fundamental que unía todas las creencias de los atacantes era la teoría del Gran Reemplazo. Esta conspiración sostiene que la población blanca occidental está siendo sustituida sistemáticamente por inmigrantes no blancos (especialmente musulmanes) para provocar la extinción de la raza blanca. Dicho plan estaría siendo orquestado por una élite global judía para acelerar el colapso occidental. Bajo esta premisa, los atacantes no veían a los musulmanes simplemente como personas con una religión diferente, sino como "invasores" cuya sola presencia en el país era ilegítima. En el manifiesto publicado online por los atacantes, definían a los musulmanes y a las personas negras como “bioarmas” utilizadas para destruir la civilización occidental. Ejemplificado quedó en los escritos, el odio a los musulmanes de Caleb Vazquez quien alegaba “odiar al Islam como religión” y estar principalmente preocupado con “verlos aquí invadiendo mi país” al mismo tiempo que consideraba que, el Islam, “es en todas formas incompatible y hostil con los valores y moralidad de los países occidentales”. Pese a que el atentado fue contra una mezquita, expertos subrayan el antisemitismo como base intelectual del odio de los perpetradores. Como se ha mencionado, los atacantes— y generalmente los seguidores de la Teoría del Gran Reemplazo— creían que los judíos eran el “enemigo universal” y los responsables del “gran reemplazo”. Según su visión, otros grupos como los inmigrantes o la comunidad LGBTQ+ eran solo herramientas pasivas, mientras que los judíos poseían el poder para dirigir desde la sombra la migración masiva, la identidad trans, la inestabilidad política... Dichos activos serían impulsados y dirigidos para destruir la “cultura blanca” y la civilización occidental. En tercer lugar, el aceleracionismo ha sido la doctrina ideológica que ha proporcionado la justificación estratégica para la masacre. Esta ideología sostiene que debe fomentar la realización de acciones violentas y no violentas para explotar las contradicciones intrínsecas de los sistemas democráticos con el fin de “acelerar” su destrucción total. El fin último es la instauración de un estado etno-blanco—de ahí las conexiones con el supremacismo blanco— tras el caos social. La violencia no es solo un desahogo de odio, sino una herramienta calculada para forzar una “guerra racial total”. Asimismo, en este ataque—al igual que en atentados sucedidos en el pasado con características similares— el odio hacia las mujeres (misoginia extrema) es una “característica estructural” motivada por la pertenencia de los atacantes a círculos incel. El movimiento incel se asocia con una comunidad misógina online compuesta por hombres jóvenes que basan su identidad en la frustración sexual. Los incel culpan directamente a las mujeres y al feminismo de su situación, sosteniendo que la liberación y los derechos de las mujeres han alterado las dinámicas sociales y culturales, impidiéndoles acceder a dinámicas sociales. Este movimiento conecta con la Teoría del Gran Reemplazo, en tanto que los incel—y los atacantes de la Mezquita de San Diego— culpan a las mujeres de la regresión demográfica de la raza blanca y de practicar una “empatía suicida” al votar por políticas que permiten la inmigración. Es por ello por lo que, operando bajo una cultura troll en internet a través de memes o códigos comunes, se fomenta la deshumanización de las mujeres y otros grupos convirtiéndolos en “objetivos legítimos de violencia”. En el manifiesto publicado por Vazquez y Clark, clasificaban a las mujeres como las criaturas más “malvadas” después de los judíos. Finalmente, estas teorías se mantenían unidas por lo que los expertos llaman un "currículo de la violencia" donde, cada ataque perpetrado por creyentes de estas ideologías es ideado para inspirar al siguiente. En consecuencia, los atacantes se veían a sí mismos como parte de un linaje de asesinos en masa a los que llamaban “santos” como el caso de Brenton Tarrant o Elliot Rodger. El atentado contra el Centro Islámico de San Diego, fue retransmitido en vivo siguiendo la estética del “first-person shooter”—estilo visual de los videojuegos de disparos en primera persona— favoreciendo la “gamificación” del asesinato en masa para atraer a audiencias más jóvenes y nativas digitales en foros extremistas. El uso de transmisiones en vivo y manifiestos que copian fragmentos de ataques anteriores asegura que la ideología funcione como un sistema de transmisión diseñado específicamente para producir más violencia en el futuro. Elementos característicos en los atentados de extrema derecha- el ejemplo de San Diego El ataque contra el Centro Islámico de San Diego tan solo es el último de los múltiples atentados sucedidos en el pasado que se pueden englobar dentro de la ideología de la extrema derecha y el supremacismo blanco. Como se ha mencionado anteriormente, tanto en la ejecución del ataque como en la preparación del mismo, los perpetradores siguieron un manual de violencia diseñado para realizar este tipo de actos basado en el uso de elementos visuales y simbólicos cargados de contenido ideológico. Una de las pruebas más claras fue el uso de armas con mensajes de odio. Los investigadores hallaron esvásticas y la frase "Race War Now" (Guerra Racial Ahora) grabadas en sus pistolas. También se reportó la presencia de términos genéricos de "discurso de odio" escritos sobre el equipo de combate conforme a las investigaciones a las que el Washington Post tuvo acceso. En segundo lugar, los atacantes vestían con trajes de combate y camuflaje que portaban insignias extremistas, entre ellas destacaba el Sonnenrad (sol negro)— símbolo adoptado por los nazis y popularizado por grupos neonazis y supremacistas blancos— así como parches de la organización terrorista neonazi Atomwaffen Division. Por último, el uso de la transmisión en vivo y la publicación simultánea de un manifiesto replican exactamente el patrón establecido por Brenton Tarran –considerado como un “santo” – en el ataque a las mezquitas de Christchurch en 2019. Los atacantes buscaron, lo que en los círculos extremistas se conoce como una "puntuación alta" de víctimas, para ganar estatus en la subcultura extremista en línea conocida como Terrorgram. La importancia de los manifiestos terroristas en los atentados del terrorismo de extrema derecha El artículo publicado en la Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESI) por Josep Baquès, Mario Toboso y Carles Ortolà revela que los manifiestos terroristas de extrema derecha son piezas fundamentales para comprender las motivaciones ideológicas y los procesos de radicalización de sus autores, quienes suelen actuar como terroristas individuales. Los manifiestos se erigen como la fuente primaria de análisis permitiendo a los investigadores desentrañar las raíces ideológicas, descubrir las motivaciones de los individuos, identificar denominadores comunes transnacionales. Además, es precisamente a través del análisis de los manifiestos de terroristas de extrema derecha como se puede observar el proceso de radicalización de estos jóvenes. Dicho proceso suele ser extremadamente rápido, se apoya masivamente en internet y se nutre de una cadena de inspiración entre los propios atacantes mediante la lectura y emulación de los predecesores. Internet ha sustituido el aparato comunicativo de una organización terrorista tradicional, permitiendo que el individuo acceda a fuentes ideológicas y manuales operativos de forma autónoma y pueda conectar de forma instantánea con sujetos con los que comparta pensamiento ideológico, aislando al individuo de su entorno social y encerrándose en una burbuja de la que es complicado salir. En el caso del manifiesto publicado por los atacantes de la Mezquita de San Diego, titulado "The New Crusade: Sons of Tarrant" (La Nueva Cruzada: Hijos de Tarrant), es un documento de 75 páginas que no sólo detalla las motivaciones de Caleb Vazquez y Cain Clark, sino que actúa como una pieza central en su estrategia terrorista. El manifiesto de San Diego cita extensamente a asesinos previos, convirtiendo la ideología en un "currículo" donde se copian tácticas y retóricas de ataques pasados para maximizar el impacto mediático. Cabe destacar la mención de los atacantes a Brenton Tarrant—autor de la masacre de Christchurch— donde, al identificarse como sus “hijos”, buscan dar continuidad a lo que consideran una "nueva era de terror blanco". El manifiesto utiliza un lenguaje específico para despojar de humanidad a sus víctimas, llamando a los musulmanes "invasores" y a las mujeres "foids" (humanoides femeninas). Esta retórica funciona como "gasolina" social que hace que el asesinato sea visto por sus seguidores como algo permisible o incluso necesario. Además, es importante señalar que el documento ofrece una ventana clara a cómo los jóvenes de hoy están siendo radicalizados en entornos digitales. En el presente caso, los atacantes se conocieron en internet y se radicalizaron a través de redes de mensajería anónimas y colectivos descentralizados. Su proceso de autorradicalización no dependió de una organización jerárquica física, sino de una inmersión profunda en ecosistemas extremistas en línea que proporcionan un "guion" para el asesinato en masa. Estos grupos o comunidades extremistas dotaron a los atacantes un sentido de pertenencia y validación que no tenían en el mundo físico, transformando su alienación social en una misión política violenta. Este sentido de pertenencia a este grupo se asocia por las inseguridades personales que los atacantes decían sufrir expresado en su manifiesto. Un hallazgo clave en sus escritos es la conexión profunda con la subcultura de los incels— ideología explicada previamente asociada con el celibato involuntario— donde el odio hacia las mujeres no es un elemento secundario, sino una característica estructural de su ideología. Por último, El manifiesto revela que su radicalización integró múltiples teorías conspirativas en una sola rúbrica: el Gran Reemplazo era el motor, el antisemitismo identificaba al supuesto enemigo universal—los judíos— y, los musulmanes y personas negras eran vistos como "bioarmas" utilizadas para destruir la civilización occidental. La normalización de los discursos de odio en la sociedad: Un diagnóstico social y político compartido entre terroristas y sectores de la sociedad Más allá de la violencia—la cual es muy preocupante y constituye el paso final en el proceso de radicalización de un individuo— se debe destacar que, la actividad terrorista nace de un movimiento social más amplio; es decir, la dimensión social del terrorismo se articula a través de una población de referencia cuyas demandas colectivas coinciden con el diagnóstico realizado por el grupo terrorista o lobo solitario. Ejemplos como los discursos de odio de figuras políticas, la proliferación de teorías conspirativas y el papel mediador de internet forman un ciclo de retroalimentación que deshumaniza a grupos específicos y normaliza la violencia extrema. Este fenómeno para nada es accidental ya que responde a mecanismos psicológicos, estrategias políticas de legitimación y la arquitectura algorítmica de las plataformas digitales que propaga y normaliza las retóricas extremas de hoy en día. El discurso de odio emitido por líderes políticos actúa como un catalizador que transforma ideas marginales en posturas aceptables para el debate público. La presencia de políticos en foros extremistas o el uso de la retórica racial ensancha lo que es concebible debatir, legitimando posiciones que antes eran consideradas tabú. Es más, los discursos deshumanizantes funcionan como "petróleo" vertido sobre la sociedad, creando un entorno donde la violencia se vuelve permisible. Cuando un político utiliza términos como "especie invasora" o "invasores" para referirse a minorías, no solo expresa un prejuicio, sino que asigna un rol de ilegitimidad a la víctima, sugiriendo que la "acción defensiva" violenta es necesaria. Ejemplo de ello es lo que puede observarse en los Estados Unidos, dónde figuras de alto nivel— asesores presidenciales como Stephen Miller y legisladores— han promovido teorías que sugieren que ciertos grupos "no pertenecen" al país o son "incompatibles" con los valores occidentales. Acto seguido, estos mensajes son internalizados por individuos que luego cometen actos de violencia bajo la creencia de que actúan en defensa de su nación o raza, como fue el caso de la masacre del Paso (Texas) en 2019 donde el atacante, Patrick Crusius, alegó estar motivado por la retórica hostil y violenta contra los inmigrantes que promovía y sigue promoviendo el presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, Internet ha acelerado y amplificado la difusión de estos discursos de una manera que las tecnologías anteriores no permitían, creando un sistema de transmisión de odio globalizado que promueve estos discursos de odio utilizados por ambos extremos del sistema político existente. Plataformas como YouTube, TikTok y X (antes Twitter) utilizan algoritmos diseñados para maximizar la interacción, la cual suele ser impulsada por la ira y la indignación. Esto permite que los usuarios descubran contenido extremista y se unan a comunidades cerradas que refuerzan sus prejuicios generando, en consecuencia, “cámaras de eco” de las que son difíciles de escapar. Para frenar o poner fin a la proliferación de estas ideologías o teorías conspirativas que tanto están calando en la sociedad, se debe adoptar y fomentar un cambio de paradigma que ayude a prevenir la radicalización hacia un extremismo violento. A nivel político y social, se debiera instar a nuestros líderes políticos a rechazar y evitar utilizar retóricas deshumanizantes y el uso de términos moralmente deslegitimadores. Erróneamente, durante estos últimos años los partidos mainstream o tradicionales han ido adoptando y comprando el diagnóstico que las agendas de tanto la izquierda como la derecha radical han ido construyendo sobre temas divisivos como la inmigración, la ideología de género, la seguridad y la defensa o la “transición verde” entre muchos otros. La introducción de estos debates divisivos por la retórica populista, ha producido que caigan en el olvido cuestiones que realmente generan una preocupación real sobre la población como es el caso de la inflación, el crisis de la vivienda, el mal estado de las infraestructuras del país, la corrupción sistémica o la insostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello, resulta necesario reconducir los discursos políticos hacia la búsqueda de soluciones reales a los problemas socioeconómicos, en lugar de monopolizar el debate público con narrativas polarizantes que fomentan la fragmentación social. Seguidamente, para lograr una prevención eficaz del extremismo violento, resulta imprescindible adoptar medidas de carácter social que actúen sobre las causas estructurales y los factores ambientales que favorecen los procesos de radicalización antes de que estos desemboquen en la violencia. En este sentido, es fundamental promover estrategias preventivas dirigidas a reforzar la cohesión social, el sentimiento de pertenencia y la inclusión, integrando en ellas a organizaciones no gubernamentales, comunidades religiosas, víctimas del terrorismo y antiguos extremistas, cuya experiencia puede contribuir a fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los discursos extremistas. Asimismo, resulta necesario fomentar la cooperación entre los cuerpos policiales, los servicios de salud, los trabajadores sociales y los profesionales de la educación para identificar de manera temprana los factores de riesgo y proporcionar apoyo a aquellos jóvenes que presenten procesos de radicalización asociados al aislamiento social, la soledad o las disfunciones familiares. Esta intervención precoz facilita no solo la prevención de la violencia, sino también la posterior reintegración social de las personas afectadas. Por último, la educación debe erigirse como la herramienta estructural más relevante para prevenir el extremismo violento a largo plazo. Para ello, resulta imprescindible reforzar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico mediante programas educativos que desarrollen capacidades de análisis desde edades tempranas. Del mismo modo, conviene fortalecer la enseñanza de los valores propios de una sociedad abierta —como la democracia, la tolerancia, la paz y el respeto por los derechos humanos— con el fin de contrarrestar las narrativas de confrontación basadas en la lógica del «nosotros contra ellos», estrechamente vinculadas a los actuales escenarios de polarización. En conclusión, la prevención efectiva del extremismo y la radicalización exige un enfoque multisectorial, preventivo y sustentado en la evidencia, capaz de coordinar la actuación de las instituciones públicas, la sociedad civil y el sistema educativo para abordar de forma integral los factores que favorecen estos procesos.

Cuando se aborda el tema de Palestina, la atención mediática y política tiende a dirigirse inmediatamente hacia Gaza, Cisjordania o el conflicto con Israel. Las imágenes de bombardeos, despalazamisnets y detsrucción ocupan portadas, debates politicios y redes sociales, estructurando el relato dominante. Sin embargo, existe una dimensión de la realidad palestina mucho menos visible: la de los refugiados de 1948 y sus descendientes. Una realidad que, precisamente por su invisibilidad, rara vez protagoniza titulares, adquiriendo una relevancia analítica central. La temporalidad permanente del exilio Han transcurrido setenta y ocho años desde la Nakba de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares durante la guerra vinculada a la creación del Estado de Israel. Hoy, para millones de sus descendientes, el exilio no ha terminado, se ha transformado en una condición hereditaria. Hoy la UNRWA registra aproximadamente a 5,9 millones de refugiados palestinos. Muchos de ellos nunca han pisado el territorio palestino. Otros ni siquiera conocen a nadie que lo haya hecho. Y, aun así, siguen siendo refugiados, manteniendo su estatus jurídico de forma intergeneracional. Ante ello, la pregunta es inevitable: ¿Cuánto tiempo puede considerarse temporal una situación que dura casi ocho décadas? Campos que dejaron de ser provisionales Una parte significativa de la población –aproximadamente un tercio– reside en campos de refugiados. No se trata de personas que huyeron hace meses ni que esperan regresar cuando termine una guerra reciente. Se trata de hijos, nietos, bisnietos e incluso tataranietos de quienes abandonaron Palestina en 1948. Personas que han nacido en campos de refugiados, se han criado en ellos y probablemente morirán en ellos sin haber conocido otro hogar. Más de 1,4 millones de personas viven actualmente en 58 campos de refugiados distribuidos en cinco zonas principales: Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. Campos que se establecieron inicialmente como espacios provisionales para proporcionar refugio temporal y que llevan siete décadas sin serlo, institucionalizando la excepcionalidad. El limbo palestino en el Líbano El Líbano alberga a unos 470.000 refugiados palestinos registrados, una de las comunidades acogidas más grandes de la región. Sin embargo, durante décadas, han vivido bajo un régimen jurídico que los mantiene en una posición de exclusión permanente. A diferencia de otros colectivos refugiados, los palestinos han visto restringido históricamente su acceso a numerosas profesiones en el mercado laboral formal libanés. Pese a que en 2005 se aprobó una ley que permitía a los refugiados nacidos en Líbano trabajar en los sectores clericales y administrativos, aún hoy no pueden ejercer profesiones de ciertos sectores, tales como: medicina, derecho, odontología, ingeniería o contabilidad. Sectores considerados como liberales, los cuales suelen representar la columna vertebral de la clase media. El resultado es previsible y genera un efecto económico directo: miles de personas se ven obligadas a trabajar en la economía sumergida, sin contratos, sin protección social, sin estabilidad y aceptando salarios considerablemente inferiores a los del resto de trabajadores. Además, el acceso a ciertos servicios públicos en El Líbano sigue siendo limitado, por lo que la mayoría depende enteramente de los servicios de la UNRWA para satisfacer sus necesidades básicas –así como para acceder a servicios educativos, sanitarios o de asistencia básica– en un Estado sumido en crisis político-económicas constantes. Como señalan desde la propia UNRWA, el deterioro económico ha provocado una falta de oportunidades laborales incluso para los ciudadanos libaneses. Un elemento llamativo es que muchos de estos refugiados nacieron en el propio Líbano. Más de la mitad de los refugiados palestinos que hay en el país residen en 12 campos oficiales cuya extensión apenas ha variado desde 1948, a pesar de que la población ha experimentado un crecimiento notable. Hablan árabe, conocen únicamente la sociedad libanesa y jamás han vivido en otro lugar. Sin embargo, continúan siendo tratados jurídicamente como extranjeros temporales. Y aquí surge una cuestión incómoda: ¿Cómo puede alguien seguir siendo considerado un huésped provisional después de setenta y ocho años? La justificación suele encontrarse en un argumento político repetido durante décadas: integrar plenamente a los palestinos podría poner en riesgo su derecho al retorno. Según esta lógica, mantener su condición de refugiados es una forma de preservar la reivindicación histórica palestina. Sectores relevantes en la política libanesa creen que la plena integración jurídica podría debilitar la reivindicación palestina. Sin embargo, esta realidad se ha convertido en un dilema normativo: la preservación de un principio político no debería implicar la perpetuación indefinida de la exclusión socioeconómica. ¿Puede protegerse una aspiración política legítima a costa de privar a generaciones enteras de oportunidades laborales, estabilidad económica y derechos básicos? ¿Hasta qué punto es aceptable pedir a una persona que sacrifique su presente en nombre de una solución futura que nunca termina de llegar? Siria: de refugio a nuevo desplazamiento En contraste con Beirut, durante muchos años, Siria ha ofrecido una realidad distinta y flexible. Desde la década de los cincuenta, el Gobierno sirio otorgó a los refugiados palestinos el derecho a trabajar sin restricciones tanto en el sector público como en el privado, incluyendo la posibilidad de formar parte de los sindicatos y asociaciones de trabajadores, así como acceso a los servicios públicos, a la sanidad o a la educación. Aunque seguían siendo refugiados, podían acceder a derechos y oportunidades que les permitió construir una integración socioeconómica relativamente estable. Todo cambió con el estallido de la Guerra Civil siria. El caso de Yarmouk resulta especialmente paradigmático. Establecido en 1957 a las afueras de Damasco para acoger a los palestinos desplazados en 1948, con el tiempo se convirtió en un suburbio más de la capital siria, con hospitales, restaurantes, escuelas y una de las tasas de alfabetización más elevadas del mundo árabe. Llegó a albergar a 160.000 habitantes. Era, en muchos sentidos, la demostración de que la integración era posible. No obstante, la guerra lo destruyó. Sitiado desde 2013 por las tropas del régimen de Al Asad, su población se redujo de esos 160.000 a apenas 18.000 habitantes. En 2018, cerca de 120.000 refugiados palestinos que vivían en Siria habían tenido que abandonar el país con destino al Líbano, Jordania y otros lugares de la zona. La paradoja resulta devastadora: personas que ya eran refugiados se convirtieron en desplazados por segunda vez. Lo que comenzó como un desplazamiento temporal en 1948 terminó transformándose en una cadena de desplazamientos que atraviesa generaciones enteras. La solidaridad árabe: ¿realidad o discurso? Quizá una de las cuestiones más incómodas que plantea esta situación tiene que ver con el contraste entre el discurso político y la realidad cotidiana de millones de refugiados. Durante décadas, la causa palestina ha ocupado un lugar central en la retórica de numerosos Estados árabes. Se habla de hermandad, de solidaridad y de una responsabilidad compartida hacia el pueblo palestino. Sin embargo, la experiencia empírica de muchos refugiados parece contar una historia diferente entre el discurso y la realidad material. La solidaridad no se mide únicamente mediante declaraciones institucionales o discursos pronunciados en foros internacionales. También se mide en el acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda y a las oportunidades civiles, lo que en muchos lugares de acogida ha llevado a una contradicción persistente en cuanto al estatus de los palestinos. Y es precisamente ahí donde aparecen las contradicciones: ¿Por qué resulta tan difícil para un palestino ejercer determinadas profesiones en algunos países árabes? ¿Por qué generaciones enteras continúan atrapadas en la precariedad pese a haber nacido y crecido en esos mismos países? ¿Por qué estas realidades generan tan poca atención internacional en comparación con otros aspectos del conflicto palestino? Plantear estas preguntas no significa ignorar las responsabilidades de Israel ni minimizar el sufrimiento provocado por décadas de conflicto. Significa reconocer que la situación de los palestinos no depende exclusivamente de lo que ocurre en Gaza o Cisjordania. También depende de las decisiones políticas adoptadas en Beirut, Damasco, Ammán o Ankara, entendiendo el conflicto principal dentro de sus dimensiones regionales. El exilio como condición heredada Quizá lo más trágico de esta historia sea la normalización y reproducción intergeneracional del desplazamiento original. Durante años, la comunidad internacional ha asumido que millones de palestinos viven en una situación excepcional permanente. El problema es que una excepción que dura setenta y ocho años deja de parecer una excepción. La propia UNRWA fue fundada como una organización temporal, pero su mandato ha sido renovado continuamente desde 1950 por siete décadas, lo que refleja la ausencia de una solución estructural. En este contexto, las nuevas generaciones nacen en campos de refugiados sin haber conocido Palestina. Crecen escuchando historias sobre pueblos y ciudades que nunca han visto. Construyen sus vidas en países donde, con frecuencia, siguen sin disfrutar plenamente de los mismos derechos que quienes los rodean. El refugio deja de ser una condición para convertirse en un estatus heredado. Y mientras tanto, el mundo continúa hablando de ellos como si se tratara de una situación provisional. Conclusión: la normalización de lo excepcional Quizá haya llegado el momento de formular una pregunta distinta. El caso palestino evidencia un fenómeno singular en el sistema contemporáneo, el de una excepcionalidad prolongada. La cuestión no es únicamente cuánto tiempo llevan las poblaciones palestinas en situación de refugio, sino cómo una condición concebida como transitoria ha sido normalizada tanto tiempo. El verdadero problema no es únicamente haber perdido un hogar hace setenta y ocho años. Es que, casi ocho décadas después, nadie parece haberles ofrecido uno nuevo, marcando la ausencia de un horizonte político que permita imaginar una solución efectiva. Crédito foto: Benno Rothenberg / Meitar Collection / National Library of Israel / The Pritzker Family National Photography Collection (CC BY 4.0), vía Wikimedia Commons.

Artículo escrito por: Javier Angulo Perojil y Rocío Iglesias Cassinelli. En un mundo cada vez más fragmentado por tensiones geopolíticas, crisis económicas y desafíos climáticos, emerge uno de los foros de cooperación más influyentes en la comunidad internacional: el G7. También conocido como el Grupo de los 7, los Grandes 7, o en inglés, Big Seven, se trata de una serie de reuniones anuales donde los líderes políticos de los siete países más influyentes del mundo se sientan a la mesa para definir las líneas de acción y coordinar políticas en temas relacionados con el comercio, la tecnología, el cambio climático y la seguridad. ¿Qué es el G7? Nacido en los turbulentos años setenta como propuesta frente a las acontecidas Guerras del Petróleo y el colapso del sistema de tipos de cambio fijo, comenzó como un marco para tratar cuestiones puramente económicas y monetarias. Sin embargo, a lo largo de los años el G7 ha ido añadiendo temas a su repertorio que van más allá de la cooperación meramente económica: se han incluido en la agenda cuestiones relacionadas políticas de desarrollo (como pasó en 1988 en el G7 de Toronto, donde uno de los puntos de debate propuestos fue el apoyo al continente africano), también aquellas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, cuestiones sociales (como la creación de empleo y la protección social), y todo aquello relacionado con las grandes crisis y conflictos (como la crisis de Libia, el conflicto sirio, la situación de Fukushima, la crisis de la deuda pública europea o la anexión de Crimea, entre otro). De tal forma, el Grupo de los Siete se ha logrado consolidar como el club de las democracias ricas, donde los países más potentes (en el presente: Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido), pueden reunirse de forma informal en una Cumbre que organiza el país que ostente la presidencia ese año. Por esta misma razón, donde no se tiene una sede fija ni la formalidad clásica de las organizaciones, el G7 es un foro internacional donde se definen posiciones coordinadas y no una organización internacional clásica como las Naciones Unidas. En ese sentido, tampoco tiene personalidad jurídica ni un tratado fundacional único- Tampoco posee una secretaría permanente. Estas son características propias de cualquier organización internacional clásica que el G7 no tiene, por lo que cabe destacar que es un foro internacional y no una organización con su organigrama de órganos permanentes. Por tal, no habrá una resolución o una directiva del G7 como sí de la Unión Europea o de la ONU, sino que las decisiones que se tomen dentro de estas charlas suelen ser publicadas como comunicados conjuntos entre las Naciones. Évian y los desequilibrios de la globalización De este modo, la cumbre, celebrada entre el 15 y el 17 de junio en Évian, dejó una imagen muy clara del panorama internacional actual. No porque el G7 saliera de allí con una fórmula para ordenar el mundo o resolver las tensiones actuales. Más bien todo lo contrario. Évian sirvió para dejar al descubierto algo que realmente nunca dejó de estar presente: la globalización ha dejado de sentirse como una promesa cómoda de apertura, eficiencia y crecimiento compartido. Ahora hablar de este concepto significa debatir sobre vulnerabilidad, dependencias, rutas inseguras, deuda, escasez de minerales críticos, inflación, crimen organizado y sobre la dificultad de mantener cohesionado un sistema que reparte cada vez peor sus beneficios. La presidencia francesa pretendió situar los desequilibrios mundiales en el centro del debate, lo cual no es un detalle banal. Durante décadas, las grandes economías avanzadas defendieron un tipo de globalización basada en la apertura de mercados, la integración productiva y la circulación rápida de capitales, bienes y tecnología. El problema es que esa integración no generó las mismas capacidades para todos. Algunos países acumularon industria, innovación, financiación y margen político. Otros quedaron atrapados en una posición más delicada: proveedores de materias primas, receptores de deuda, economías vulnerables a los shocks externos y Estados con poco espacio para decidir su propio modelo de desarrollo a medio plazo. Ese es uno de los puntos más importantes para entender la relevancia de lo debatido en Évian. El G7 habló de crecimiento equilibrado, duradero y resiliente, pero esas palabras solo tienen sentido si se mira quién puede permitirse crecer y quién simplemente intenta resistir. Una economía avanzada puede aprobar subsidios industriales, reforzar reservas energéticas, reorientar cadenas de suministro o movilizar inversión privada con cierta rapidez, pero muchos países de renta media o baja no pueden partir de ahí. Tienen deuda elevada, monedas expuestas, dependencia alimentaria o energética, menor acceso a financiación barata y una presión social más inmediata. Para ellos, una subida del petróleo, una restricción en fertilizantes o un encarecimiento del transporte marítimo significa una pérdida de estabilidad política. Respecto a los conflictos actuales, también hubo palabras y decisiones. Sin ir más lejos, Ucrania, como viene siendo habitual, estuvo presente. Sería incongruente pensar que una cumbre del G7 no tuviera en cuenta la guerra y sus consecuencias para la seguridad europea. Los líderes reafirmaron nuevamente su apoyo a Kiev, la defensa de su soberanía y la necesidad de aumentar la presión sobre la economía de guerra rusa. La guerra sigue ordenando prioridades occidentales en defensa, energía, sanciones e industria, aunque ya no basta para explicar toda la agenda. La seguridad europea actualmente tiene que convivir con preocupaciones más amplias: la estabilidad comercial, el acceso a recursos estratégicos, las tensiones en Oriente Próximo, el ascenso del Indo-Pacífico y la resistencia de un orden económico cada vez más discutido. Oriente Próximo sí apareció como una de las zonas donde la economía mundial deja de ser una abstracción y vuelve a depender de variables muy concretas: estrechos marítimos, capacidad de exportación, reservas energéticas, seguros de transporte, sanciones, equilibrios militares y credibilidad diplomática. El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán fue presentado en Évian como una oportunidad para rebajar la tensión regional, pero conviene leerlo más como un mecanismo provisional de contención que como una paz consolidada. Su fragilidad era evidente: dependía del expediente nuclear iraní, de la posición de Israel, de la presión sobre Hezbolá en Líbano, de la situación humanitaria y política en Gaza, del levantamiento o mantenimiento de sanciones, y de la reapertura segura del estrecho de Ormuz. Este último punto es central. Ormuz no es solo una referencia geográfica entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos; es uno de los principales cuellos de botella energéticos del planeta, transitando por la zona en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo y una parte sustancial del gas natural licuado procedente del Golfo. Cuando el G7 insiste en la libertad de paso, no está defendiendo únicamente un principio jurídico de navegación, sino una condición material para la estabilidad de precios, la seguridad energética y la continuidad del comercio internacional. La importancia de Ormuz se entiende mejor si se observa la cadena de transmisión económica que activa cualquier tensión en la zona. Una amenaza de cierre, una reducción del tráfico o una militarización del paso no afecta solo al precio del barril en los mercados internacionales. Así, introduce una prima de riesgo geopolítica sobre el crudo; encarece los fletes, altera las pólizas de seguro marítimo, obliga a redirigir cargamentos, tensiona las reservas estratégicas y presiona a los países importadores más dependientes de Asia y Europa. Ese impacto termina filtrándose hacia la electricidad, los combustibles, los fertilizantes, el transporte de mercancías y, finalmente, los precios al consumo. Por eso Oriente Próximo no aparece en Évian como un asunto regional, sino como un espacio donde se cruzan seguridad, energía, inflación y gobernanza económica. La región muestra con claridad uno de los grandes desequilibrios de la globalización: buena parte del sistema productivo mundial funciona bajo la apariencia de fluidez, pero depende de pasos estrechos, acuerdos inestables y actores capaces de convertir una crisis local en un problema macroeconómico global. En ese punto, la geopolítica no interrumpe la economía desde fuera; forma parte de su propia estructura. La globalización depende de lugares que muchas veces no controla. Esa frase resume bien el papel de Oriente Próximo en la cumbre. Las grandes economías pueden diseñar estrategias de diversificación, aumentar reservas o pedir libertad de navegación, pero siguen dependiendo de espacios políticamente inestables para sostener una parte importante de su seguridad energética. En este punto apareció uno de los puntos débiles del G7: quiere un entorno económico estable y predecible, aunque parte de ese entorno descansa sobre regiones atravesadas por guerras, bloqueos, rivalidades históricas, intereses militares y Estados debilitados. El Indo-Pacífico también ocupó un lugar relevante en la agenda, aunque desde una lógica distinta a la de Oriente Próximo. Allí la preocupación no era tanto la libertad de navegación o el equilibrio militar en los mares de China Oriental y Meridional, más bien cómo esto afecta directamente a la organización futura de la producción mundial. El mar de China Meridional es una de las arterias comerciales más sensibles del planeta: por sus aguas pasaron en 2016 alrededor de 3,4 billones de dólares en comercio marítimo, cerca de un tercio del comercio global transportado por mar, y estimaciones posteriores lo sitúan en torno al 5% del PIB mundial. A esa dimensión logística se suma la concentración tecnológica de la región. Taiwán ocupa una posición central en la fabricación de semiconductores avanzados a través de TSMC, mientras el mercado global de chips podría superar los 1,5 billones de dólares en 2030 impulsado por la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. Esto convierte cualquier tensión en el Indo-Pacífico en algo mucho más amplio que una disputa regional: una crisis en la zona puede afectar a automóviles, teléfonos, defensa, inteligencia artificial, energías renovables, electrónica de consumo y producción industrial en Europa o Norteamérica. China, en ese marco, no puede reducirse a una simple amenaza. Es competidor estratégico, socio comercial, potencia tecnológica, centro manufacturero y actor indispensable para muchas cadenas de valor. Precisamente, el hecho de que Pekín concentre todos estos procesos, es el motivo de preocupación principalmente del G7 en este sentido: China domina alrededor del 90% del procesamiento mundial de tierras raras, conserva una posición muy fuerte en materiales críticos y puede condicionar sectores enteros mediante controles de exportación, subsidios industriales o presión comercial. De hecho, el G7 planteó en Évian reducir la dependencia de un único proveedor externo en minerales críticos por debajo del 60% para 2030, con el objetivo posterior de acercarse al 50%, empezando por pilotos en litio y níquel. Durante años, la globalización premió producir donde resultara más barato y eficiente. La pandemia, la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética y el pulso tecnológico con China cambiaron esa lectura. La pregunta ya no es dónde se produce a menor coste, sino qué ocurre cuando una potencia concentra materiales, rutas, tecnología y capacidad industrial suficientes como para convertir una ventaja económica en poder geopolítico. Por eso los minerales críticos tuvieron tanta presencia en Évian. Litio, níquel, tierras raras, imanes permanentes, baterías, semiconductores, tecnología digital, defensa, transición verde. Todo eso suena a futuro, pero descansa sobre minas, refinerías, barcos, puertos, contratos y Estados con intereses propios. La economía limpia también se encuentra influenciada por la geopolítica, y, además, no siempre es limpia. Se hablaron términos de diversificación, almacenamiento, reciclaje, trazabilidad o cooperación con socios, pero son acciones que nacen de un proceso progresivo que requiere inversión, acuerdos, tecnología, estabilidad política y aceptación social. La autonomía estratégica queda muy bien en un comunicado, pero convertirla en realidad es muy complejo según el contexto. En este aspecto, lo que deja la cumbre celebrada en territorio galo es una imagen bastante nítida de la opinión de estos estados sobre los desequilibrios que atraviesa la globalización actual, más que una valoración definitiva. Ucrania, Oriente Próximo, el Indo-Pacífico, los minerales críticos, la deuda o la seguridad de las rutas comerciales aparecen como asuntos remitidos a una misma realidad: el crecimiento mundial depende de cadenas, territorios y recursos que no están distribuidos de forma equilibrada ni protegidos frente a conflictos. Se puede tensionar energía, defensa o industria con un solo movimiento, como en Ucrania; se puede desestabilizar una economía en base a un estrecho, una región o unas reservas de hidrocarburos, como en Oriente Próximo; y se puede generar una disputa entre rutas, capacidad industrial e influencia geoestratégica con otras potencias en un largo plazo, como en el Indo-Pacífico. Todos los acontecimientos tratados muestran que la globalización funciona, pero ya no es neutral -principio que acompañó durante décadas al comercio internacional- y necesita de una moderación, diversificación y principios que no socaven una economía con un movimiento. La interdependencia se planteó como una garantía de estabilidad y como un desincentivador para romper el sistema, pero está tornando en exposición y vulnerabilidad. Por eso los desequilibrios no son sólo una cuestión de riqueza entre países, sino de capacidad para resistir. Algunos Estados pueden diversificar, almacenar, subsidiar o reindustrializar. Otros llegan a cada crisis con deuda, dependencia energética, menor margen fiscal y una posición más débil en las cadenas de valor. El G7 se suma al boom de la inteligencia artificial Por su parte, otro de los temas en la agenda fue el de la tecnología, un ámbito que en el siglo de la revolución digital ha cobrado gran significado y relevancia. En ese sentido, destacaron dos elementos: la búsqueda de los países reunidos para alcanzar un espacio digital más seguro para los menores, dotándolos de las herramientas necesarias para detectar posibles acciones ilícitas y de terrorismo en el ciberespacio; y también la inteligencia artificial (IA), el componente con más apogeo en los debates de actualidad y el cual, por ende, ocupó un rol central en la Cumbre. Respecto al primero, los miembros del G7, así como países socios del grupo como Brasil, Egipto, India, Kenia y la República de Corea, han reconocido la infinidad de oportunidades que el espacio digital representa para la sociedad y sobre todo para los menores, por lo que han resaltado la importancia de proveer todas las herramientas necesarias para que la tecnología pueda impulsar la educación, salud, creatividad y conexiones sociales en la juventud. No obstante, también han destacado los peligros que puede suponer la tecnología, por lo cual en el comunicado conjunto titulado "Leaders call on a safer digital space for minors", los lideres reunidos en el G7 acordaron intercambiar buenas prácticas y reforzar sus esfuerzos para hacer del ciberespacio un lugar más seguro. En ese mismo texto, también subrayaron el rol de las figuras paternas y educativas para enseñar acerca de su uso seguro, mas no proveyeron muchas más indicaciones que esas. En cambio, donde realmente se tomó una política más contundente fue respecto a la inteligencia artificial, que, como se comentaba, fue la gran protagonista durante las reuniones dedicadas a la tecnología. En esa línea, destacaron los comentarios del presidente francés y anfitrión de la cumbre de este año, Emmanuel Macron, quien ratificó que los líderes reunidos habían expresado su interés en potenciar sus economías mediante el uso de la inteligencia artificial, pero que también eran conscientes de los peligros que podía suponer si se permite que siga avanzando sin un marco internacional común y estándares comunes para todos. Frente a ello, el presidente también destacó el consenso sobre la importancia de la cooperación internacional en materia de IA, e hizo pública la decisión de los siete países de lanzar un trabajo en conjunto para alcanzar una regulación de los modelos avanzados de IA que logre blindar su desarrollo frente a posibles amenazas globales, como los ataques contra la ciberseguridad, o directamente contra el hecho de que los modelos más avanzados puedan caer en manos de regímenes autoritarios. Para alcanzarlo, pactaron construir en los próximos meses una plataforma de discusión y de cooperación entre democracias para enfrentar los riesgos de la IA, donde se establecerían estándares comunes y se pondrían en común formas de mejorar la seguridad digital. Además, para conseguirlo, también le solicitaron a los expertos en ciberseguridad del G7 identificar las mejores prácticas en el ámbito de la IA y mejorar la comunicación y el intercambio de ideas con los organismos de ciberseguridad e instituciones pertinentes en los grupos del foro. En este contexto de debate en el foro del G7, también destacó la iniciativa presentada ante los líderes de los siete países por OpenAI (creadora de ChatGPT), Google DeepMInd (Gemini) y Anthropic (Claude), las tres empresas más grandes de IA. Según presentaron los CEOs de las tres desarrolladoras, la idea es poder formar una coalición internacional liderada por Estados Unidos, con la capacidad de controlar esta nueva tecnología a nivel mundial. Durante uno de los almuerzos de la cumbre, Demis Hassabis, Sam Altman y Dario Amodei, altos cargos de las empresas mencionadas, siguieron la línea de debate de los representantes de los siete países y también llamaron a la cooperación internacional. Por ejemplo, Hassabis y Altman propusieron un organismo de estándares y un foro de evaluación que estuviese liderado por la potencia americana, algo que fue bien recibido por algunos de los altos cargos allí presentes, como el viceprimer ministro canadiense, Mark Carney. Por su parte, Amodei, director ejecutivo de Anthropic, resaltó que los países allí reunidos debían resistir la tentación de fragmentarse y defender el deber de las naciones democráticas de actuar de forma conjunta por una IA más segura. De tal forma, entre sus propuestas destaca la intención de bloquear a China para que no acceda a cadenas de suministro de chips y componentes críticos. No obstante, aunque este escenario parece idílico, la realidad es que las propuestas de cooperación llegan en un momento bastante crítico para la IA, especialmente para Estados Unidos, y específicamente para Claude, cuyos nuevos modelos Mythos 5 y Fable 5 fueron bloqueados por la Administración Trump para todos aquellos usuarios no estadounidenses. Una política que, si bien pretendía evitar problemas de seguridad (pues las actualizaciones de Anthropic podían ser utilizadas para encontrar fallas informáticas aprovechables durante ciberataques), fue también criticada por nacionalistas, como lo hizo el presidente Macron, quien insistió en que “la respuesta no puede ser la no cooperación entre democracias”. Por su parte, esta nueva plataforma de diálogo que parece comenzar a formarse demostrará ser el nuevo juego de ajedrez de los próximos meses. Una contienda donde quedará claro a qué países el G7 considera aliados, democráticos y/o posibles socios, y cuáles son los que integrarán la lista de amenazas autoritarias de las que los siete grandes quieren protegerse. En ese sentido, una de las potencias que probablemente encabece esa lista sea China, principal competidora de los modelos de inteligencia artificial occidentales, y la cual, junto con Rusia, ha sido puntera dentro del bloque que pretende cortar el flujo libre de datos transfronterizos. La gran crítica al G7: ¿dónde está China? Cuando de potencias económicas se habla, es verdad que siempre destaca la posición de Estados Unidos como la más importante, con un PIB de 32,38 billones de dólares según datos de 2026 del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, según los rankings de esta misma organización, quien le continúa en el segundo puesto del podio es China, con un valor de 20.85 billones de dólares, seguida por Alemania, con 5.45 billones de dólares, Japón con 4.38 billones de dólares, Reino Unido con 4.26 billones, India con 4.15 billones y Francia con 3.6 billones e Italia con 2.74 billones. Esta enumeración engloba claramente a los siete integrantes del G7, pero, ¿por qué China no está allí si sobrepasa con creces a la segunda potencia más fuerte dentro del foro? ¿Cómo es posible que estén invitadas potencias con una media de 4 billones de dólares en PIB, y no una con más de 20,85 en la Cumbre de las potencias económicas más importantes del mundo? Claramente algo en la organización del club de los siete no cuadra, y esa es una de las críticas que se le hacen desde que China se ha convertido en un referente económico global. Preguntas como las anteriores a veces son ignoradas por los altos mandatarios, otras veces, se justifican en que la República Popular de China no comparte los mismos valores que tiene el foro (lo cual tampoco es completamente mentira). La idea es poder hacer que el boleto de entrada al club de la élite sea mantener una sociedad abierta y democrática, que esté comprometida con los valores individuales, algo que el régimen de Xi Jinping no cumple y lo hace quedarse fuera. Mas la pregunta realmente sigue siendo si realmente puede abordarse la gobernanza económica mundial sin contar con el segundo mayor motor del crecimiento global. Que el G7 siga sin incluir a China hace ver al foro como una coalición frente a la potencia asiática, una reunión de líderes que, más que coordinarse, buscan encontrar formas de aislarla de las cuestiones importantes en las que le correspondería participar. El mismo queda en parte demostrado con las charlas en el foro de este año respecto a los minerales críticos y a la propuesta de reducir la dependencia para con este país en un 50% lo antes posible. Pero más allá de esto, lo que la falta de China dentro de las reuniones pregona es el posible declive del G7 como la cumbre de excelencia a la que cualquier país debería desear entrar. El no contar con su presencia puede suponer un error estratégico a futuro que alimenta la percepción de que Occidente pretende preservar estructuras incapaces de readaptarse, y que su única intención es mantener un orden mundial donde sus valores dominen en vez de la cooperación global que se pretendió luego de la Segunda Guerra y con la Carta de las Naciones Unidas. Évian y por qué el poder ya no cabe en siete sillas La reunión del G7 deja una lectura ciertamente incómoda, pero bastante clara: el G7 sigue siendo un foro informal significante, pero no basta para ordenar el mundo. Su influencia continúa siendo enorme, debido a que reúne economías con capacidad financiera, diplomática, tecnológica y militar más que suficiente para coordinar sanciones, lanzar mensajes políticos, marcar prioridades e influir en la conversación internacional. Pero estas capacidades conviven con una limitación relevante: no es una OI clásica, ni representa al conjunto de la comunidad internacional. Su informalidad inherente, que durante muchos años le permitió crecer, también destapa sus límites. De hecho, Morgenthau (1948) ayuda a leer bien esta contradicción cuando plantea que la política internacional se entiende desde el interés definido en términos de poder, debiendo pensar en el interés nacional como “poder entre otros poderes”. El G7 encaja perfectamente en esa lógica, aunque quizá de una forma menos cómoda para su propio relato. Sus miembros hablan de cooperación, estabilidad, valores democráticos y gobernanza global, pero también pretenden preservar margen, influencia y capacidad de decisión en un sistema que ya no controlan como lo hicieron tradicionalmente. Évian no es solamente una cumbre reactiva ante los conflictos y desafíos globales; más bien fue un intento de conservar posición en un orden internacional donde China, India, el Golfo, Brasil o el Indo-Pacífico ya no son actores secundarios, sino piezas que condicionan comercio, energía, tecnología, deuda y cadenas de suministro. A ese límite estructural al foro, se le suma una dimensión humana, menos visible en los comunicados, pero importantes en las reuniones: la política internacional también está hecha de egos. Lo señalaba nuestro colaborador Andrés Torres Amaro (2026) en su artículo para Naciones en Ruinas sobre el encontronazo entre Meloni y Trump: los liderazgos no son canales neutros de los intereses del Estado. Todos ellos arrastran ambiciones, inseguridades, relatos propios y una necesidad constante de demostrar autoridad. En una cumbre como el G7, esos gestos pesan y expresan más allá de una posición nacional; también forma parte de una disputa por protagonismo, credibilidad y control del relato en un foro en el que también hay ciertas diferencias. Por eso estas cumbres tienen algo de teatro serio. Erving Goffman (1956) explicaba la vida social desde la idea de la representación: hay escenario, audiencia, papel, gesto y control de la impresión. El G7 funciona muchas veces así. La fotografía familiar, el comunicado conjunto, la frase medida, la tensión entre líderes, la ausencia de ciertos actores y la presencia calculada de otros forman parte de una coreografía política. La escenografía no sustituye al poder, pero sí que lo acompaña, y a veces eso incluso lo esclarece mejor que un comunicado final. La cumbre de Évian, en este sentido, no cierra absolutamente nada. Más bien deja incógnitas abiertas en torno a la siguiente cuestión: ¿hasta dónde puede llegar un foro que conserva tanta capacidad de influencia, pero cuya legitimidad es cada vez más complicada de sostener en un mundo más plural, competitivo y menos dispuesto a aceptar direcciones heredadas? Esto no significa que el G7 deje de ser relevante. Importa mucho, pero ya no bastan siete sillas para decidir por ocho mil millones.

Introducción Las últimas elecciones generales celebradas en Colombia durante el segundo trimestre de 2026 suponen un punto de inflexión en la trayectoria política del Estado hispanoamericano y un nuevo giro de espectro en el hemisferio americano. Tras una legislatura encabezada por la izquierda de Gustavo Petro, caracterizado por una agenda reformista ambiciosa, una creciente y clara polarización política y tensiones entre las instituciones nacionales –especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo–, el electorado ha optado por un giro hacia la derecha disruptiva liderada por Abelardo de la Espriella. Los resultados no son meramente una alternancia ideológica al uso, sino una plena reconfiguración del contrato político colombiano. En términos de Huntington, se trata de un reajuste del orden político tras una etapa de sobrecarga de demandas sociales y de debilidad institucional. Como de costumbre, el sistema político ha reaccionado, como ya anticipó Juan Linz, a las tensiones propias del presidencialismo americano en contextos multipartidistas fragmentados mediante un giro hacia opciones percibidas como decisionistas o centralizadoras. De la Espriella ha logrado la victoria en una segunda vuelta tremendamente ajustada, legitimada por una mayor participación ciudadana, la cual ha alcanzado el 63,60% y los 26,095,102 votos válidos. Con 12,959,515 votos, el partido “Defensores de la patria”, del binomio De la Espriella-José Manuel Restrepo ha alcanzando llegar al Palacio de Nariño, dejando ligeramente atrás al “Pacto Histórico” del binomio Iván Cepeda-Aida Quilcué con 12,708,695 votos. En conjunto, es observable un paralelismo entre los resultados colombianos con lo que Pippa Norris denomina como “cultural backlash”. Es decir, una reacción electoral frente a ciclos percibidos como demasiado transformadores e inestables –hecho observado en contextos electorales pasados en tiempos recientes, como Chile, Perú o Costa Rica–. Lectura de los resultados electorales La segunda vuelta celebrada el pasado 21 de junio de 2026 demuestra una reestructuración del voto en tres dinámicas: un voto urbano competitivo, un realineamiento de las regiones intermedias o “bisagra” y la persistencia de ciertos bastiones periféricos con menor capacidad decisoria. Así pues, el triunfo de De la Espriella responde a la formación de una coalición heterogénea que combina tanto a sectores empresariales y financieros con clases urbanas medias, regiones intermedias afectadas por la incertidumbre económica de Petro y votantes desencantados del ciclo reformista previo. Este comportamiento es consistente con el modelo que Anthony Downs estableció en 1957, según el cual los votantes no responden de forma exclusiva a la ideología, sino a las evaluaciones de utilidad y eficacia gubernamental percibida. En tal forma, en el reconocido eje cafetero y la región andina intermedia, el voto ha resultado particularmente decisivo. Dichas zonas funcionan como espacios de voto de equilibrio, donde la estabilidad económica y la percepción de gobernabilidad pesan más que la propia ideología partidista. Hirschman interpretó este desplazamiento como una forma de “exit” frente a la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para sostener trayectorias de bienestar firmes. En las regiones aledañas al mar Caribe, el voto se ha comportado de forma pragmática. Más que una adhesión partidista, han predominado las ideas racionalistas orientadas a las expectativas de inversión, infraestructura y flujo de recursos –recordemos que la región es un núcleo principal del sector secundario y terciario colombiano, con epicentros de carácter internacional como Cartagena de Indias–. Lijphart, entendía este fenómeno como una parte de las democracias segmentadas, donde las élites locales negocian su inserción en el centro del poder. En contra, las áreas del Pacífico y la Amazonía han mantenido una mayor continuidad con el proyecto progresista de la administración saliente, aunque con un menor peso en el resultado nacional. Esta resistencia periférica responde a los modelos de estatalidad centralizada, caracterizándose por ser las áreas con menor IDH del país (Mapa de los departamentos de Colombia por el índice de desarrollo humano, distribuido por categorías [(información del 2023, publicada en 2025)]. En las grandes urbes, especialmente en Bogotá, el resultado muestra una gran polarización, visible de forma clara entre barrios según su poder adquisitivo. Sin embargo, la victoria del discurso de orden y eficiencia se inscribe en un contexto de incertidumbre creciente, que Bauman ya conceptualizó como “modernidad líquida”: una sociedad donde la volatilidad institucional incrementa la demanda de estabilidad y control. Naturaleza del nuevo proyecto político: el Estado mínimo tecnificado El nuevo gobierno de De la Espriella se articula en torno a una doctrina: la construcción de un Estado reducido en tamaño, pero altamente eficiente y tecnológicamente hábil. Esta combinación lo acerca a lo que Rodrik denomina como “globalización con anclaje institucional nacional”, donde la apertura económica se mantiene, pero bajo un fuerte control interno de eficiencia y disciplina fiscal. El eje estructural del nuevo modelo es la reducción del aparato estatal –ampliamente expandido por el Ejecutivo anterior– y la simplificación institucional –similar a las declaraciones de gobiernos regionales como el de Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina–. En términos weberianos, se puede llevar a cabo una lectura donde se observaría una transición de una burocracia expansiva orientada a la provisión de bienes públicos hacia una burocracia optimizada por rendimiento, donde la legitimidad deriva de la eficiencia práctica más que de la inclusión teórica. En el plano económico, el proyecto apuesta por la desregulación, la reducción de los impuestos corporativos y la atracción de inversión extranjera. Este enfoque se inscribe dentro de la tradición neoliberal descrita por David Harvey, aunque mantiene una particularidad; la incorporación de tecnologías con capacidades extensivas de control y auditoría estatal. Otro de los elementos distintivos es la digitalización estatal. El nuevo líder colombiano ha apostado en su campaña por la implementación del blockchain en la contratación pública, junto con sistemas de inteligencia artificial aplicados a la administración tributaria. Esta “gobernanza algorítmica” (Rouvroy y Berns), conforma un modelo en el que la decisión pública se automatiza parcialmente mediante sistemas predictivos basados en datos masivos. No obstante, esta transformación trae consigo tensiones graves. Ya en 1988, autores como Migdal advertían que los procesos de fortalecimiento técnico del Estado pueden crear déficits de legitimidad si no van acompañados de redes sociales e institucionales que sostengan su aceptación –algo hoy día complejo, especialmente teniendo en consideración la deslegitimación de las instituciones democráticas alrededor del mundo y la polarización política motivada mediante desinformación, nuevas tecnologías incorporadas a las estratégias de gobernanza y una creciente amalgama de problemáticas socioeconómicas con consecuencias políticas–. Reconfiguración del Estado y economía política del ajuste La reforma del Estado colombiano implicará una reducción del tamaño de la administración pública, la fusión de entidades y la eliminación plena de ciertas estructuras redundantes. Este proceso responde a una lógica de racionalización extrema, en la que el criterio es la eficiencia fiscal. Desde la economía política, este modelo busca resolver lo que Rodrik denomina el “trilema de la globalización”: no es posible maximizar simultáneamente soberanía, democracia profunda y globalización económica. El nuevo gobierno de derecha ha optado por priorizar la competitividad y apertura económica, incluso a costa de ciertos niveles de redistribución. Mientras, el gobierno previo había primado la profundización de la democracia, sacrificando buena parte del bienestar socioeconómico que hoy encabeza De la Espriella. Polanyi es un autor quizás pertinente para la interpretación de esta dinámica –comúnmente confundida con la mera alternancia política o con el encasillamiento ideológico de ciertas materias–: la expansión del mercado tiende a generar contramovimientos sociales que buscan reequilibrar la protección social. El éxito del nuevo modelo dependerá de su capacidad para evitar una reacción correctiva de este tipo –reacción que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022 tras un gobierno conservador liderado por Pedro Duque, focalizado en la expansión del mercado y la atracción de inversiones–. Consecuencias internacionales: geografía de la reorientación geopolítica y alineamiento occidental En el plano internacional, el cambio de gobierno supone un reposicionamiento estratégico de Colombia dentro del sistema hemisférico americano. El país ha decidido reforzar su alineación con Estados Unidos y consolidar su participación en mecanismos regionales, como el Escudo de las Américas. Este movimiento se ajusta a la teoría de Kenneth Waltz, según la cual los Estados pequeños o medianos –entiéndase como capacidad estatal total, no meramente económica– tienden a alinearse con potencias hegemónicas –actualmente EEUU, China y la Unión Europea– para maximizar la seguridad en entornos anárquicos –entiéndase entorno anárquico un continente americano encabezado por potencias terceras a EEUU u occidente–. La intensificación de la cooperación en seguridad y narcotráfico –vital para el país andino– debe interpretarse dentro del marco de los complejos regionales de seguridad de Buzan, donde Iberoamérica funciona como un sistema interdependiente de amenazas transnacionales, como la trata de personas, el tráfico de drogas y armas o la explotación. En relación con organismos multilaterales, Colombia probablemente adoptará próximamente una postura más instrumental. La ONU pierde centralidad como espacio normativo expansivo –un golpe a la organización, quién se había apoyado en buena forma en el gobierno de Petro como eje en la región–, mientras que el FMI y el Banco Mundial ganan relevancia como actores técnicos de financiamiento y estabilización macroeconómica. Este enfoque se alinea con la visión de Ikenberry, que describe las instituciones internacionales como herramientas de orden liberal más que como entidades normativas autónomas. Un elemento a considerar será el posicionamiento de la nueva administración respecto a la gobernanza de la vecina Venezuela de Delcy Rodríguez y la gestión de los refugiados venezolanos en territorio colombiano. Asimismo, la opositora María Corina Machado ha celebrado el acceso al poder de De la Espriella, por lo que se puede esperar una probable buena colaboración interregional en el eje Ecuador-Colombia-Venezuela, pudiendo aprovechar la inestabilidad que ahora protagoniza Brasil con sus próximas elecciones, disputadas entre Lula da Silva y el heredero Flávio Bolsonaro. Asimismo, queda en el aire la posible participación de Colombia –miembro de la OCDE– en la cumbre del G20 de 2026 en Miami. En Hispanoamérica, el país adopta una estrategia de diferenciación selectiva, distanciándose de gobiernos ideológicamente opuestos a Washington –y ahora también a Bogotá–, priorizando el pragmatismo con actores regionales clave –como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Costa Rica, El Salvador o Estados Unidos– y motivando los acuerdos bilaterales en materia energética, migratoria y comercial. No obstante, no se espera un cambio disruptivo extremo en áreas de cooperación como la OEA. Riesgos estructurales del nuevo ciclo El nuevo modelo presenta tres tensiones fundamentales. En primer lugar, existe el riesgo de una brecha entre la eficiencia estatal y la legitimidad democrática. Un Estado altamente tecnificado pero socialmente poco integrado puede enfrentar déficits de aceptación ciudadana –algo que en Colombia puede darse fácilmente, teniendo en cuenta que los datos de acceso a internet y medios digitales son desiguales según las regiones–. En segundo lugar, la reducción del Estado puede debilitar las capacidades redistributivas en un país caracterizado por la desigualdad estructural persistente, sobre todo si se hacen sin tener en consideración vulnerabilidades clave, como el impacto de catástrofes naturales, el desarrollo económico, el índice de desarrollo humano o el progreso en áreas como el comercio o la expansión de infraestructuras e inversiones. Por último, la dependencia de capital externo –principalmente norteamericano y europeo– y ciclos globales –dependiente de los flujos del mercado global y sus contracciones– puede aumentar la vulnerabilidad económica de un país en expansión comercial. Estos riesgos son coherentes con las advertencias de Migdal y Polanyi sobre los límites de los procesos de liberalización intensiva sin mecanismos compensatorios sólidos. Sin embargo, las referencias de otros países de la región pueden anticipar muestras de lo que se aplicará en Colombia, tanto en los casos positivos como en los negativos. Conclusión El triunfo de Abelardo de la Espriella marca el inicio de un ciclo de reconfiguración del Estado colombiano basado en tres ejes: la reducción del Estado, la tecnificación del aparato público y la reorientación pro-mercado del modelo económico. Colombia deja atrás el modelo reformista progresista que ha caracterizado la región sudamericana durante el lustro 2021-2026, quizás por falta de autocrítica, la excesiva burocratización del gobierno saliente, los daños económicos causados o la frustración sociopolítica generada localmente y motivada internacionalmente. En términos históricos, Colombia entra en una fase de transición de un modelo expansionista del Estado social hacia un modelo reduccionista del mismo. Este cambio no es técnico exclusivamente, sino político, en tanto que redefine el equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía en un sistema presidencialista históricamente soberanista con un peso presidencial excesivo para muchos. Siguiendo a Fukuyama, el desafío central será mantener simultáneamente dos dimensiones que tienen a entrar en tensión: la capacidad estatal y la legitimidad política. El éxito o no de este ciclo dependerá de si el Estado logra construir un nuevo equilibrio entre eficiencia, cohesión social y gobernabilidad en un contexto de alta complejidad territorial, donde De la Espriella gobierne “para todos y no haya vencedores ni vencidos” (De la Espriella, discurso tras la victoria electoral en segunda vuelta, 21 de junio de 2026). Crédito foto: Defensores de la Patria (https://defensoresdelapatria.com).

El cambio climático una problemática global El planeta está en peligro, hay necesidad de cambios, debemos asegurar un futuro para las nuevas generaciones, el cambio climático ya está aquí. Es una realidad sin posibilidad de debate, o un fenómeno rodeado de sensacionalismo, sea cual sea la perspectiva del lector, el cambio climático y la degradación del territorio es una problemática global, con claros efectos e influencia en todos los niveles ya sea local, regional, nacional e incluso mundial. El deterioro del territorio, fauna y flora no afecta por igual a todo ecosistema o población, sino que aquellos más vulnerables se encuentran más expuestos a las repercusiones medioambientales. En consecuencia, el presente artículo analiza y valora los esfuerzos de la población imbricados con el apoyo de organizaciones internacionales externas y múltiples gobiernos africanos para garantizar la subsistencia y prosperidad en una de las regiones más amenazadas en la actualidad: el Subsahara. El Sáhara es el mayor desierto cálido de todo el planeta con una extensión de 9.400.000 kilómetros cuadrados. Previamente alojó vida, incluida marítima. No obstante, su avance durante los últimos siglos no ha tenido freno, inundando de dunas toda zona anexa e incrementando su tamaño un 10% en los últimos 100 años. La Gran Muralla Verde, un proyecto panafricano A modo de respuesta ante tal expansión y con el objetivo de reacondicionar progresivamente la superficie para habilitar su repoblación, la Unión Africana promovió en 2007 el mayor proyecto de reforestación del mundo, la Gran Muralla Verde, una empresa megalítica de 8000 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho que transcurrirá a lo largo de 11 países situados en la zonas más áridas del Sahel (Senegal, Mauritania, Níger, Malí, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea, Etiopía y Yibuti), y que en principio se instauró con la intención de materializarse para 2030. A fin de facilitar la coordinación intraestatal, en 2010 se instauró la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde, una entidad que adicionalmente sirvió para integrar organizaciones internacionales y agentes externos a la causa, que han ido jugando un papel fundamental en áreas como la logística, la financiación o la educación medioambiental. Entre tales entidades destacan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, impulsora del programa Acción Contra la Desertificación; y el Banco Africano de Desarrollo, que ha promovido y subvencionado proyectos para la aceleración de la reforestación, la mejora de técnicas de gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático y a las catástrofes naturales, como la Iniciativa de Transformación Agrícola en África, el Programa de Fortalecimiento de los servicios climáticos para el sector de la seguridad alimentaria o el Building Resilience through Innovation, Communication and Knowledge Services. Reforestación en el África subsahariana, una cuestión de supervivencia y autodeterminación La constitución del proyecto internacional surge para atender a las necesidades prolongadas de la población del Sahel a causa del incremento de la aridez y desertificación de toda la región subsahariana. Un fenómeno que ha traído consigo una pérdida de la biodiversidad sin precedentes, la imposibilidad de cultivar, un incremento exponencial de la hambruna, la necesidad de la juventud de emigrar para tener un futuro digno o la consecución de múltiples conflictos internos por la lucha de los escasos recursos existentes, en otras palabras, la degradación del terreno en todos estos países genera una reducción de las posibilidades económicas y de supervivencia de la población local, lo cuál le suma en una precaria situación de pobreza que condiciona la aparición de tensiones bélicas y migración descontrolada (que deja desamparado el entorno rural y en ocasiones empuja a los jóvenes incluso a migrar hasta Europa). Dentro de los principales apelativos que fomentan la creación de la Gran Muralla Verde, se prevén la mejora de calidad de vida de más de 100 millones de personas, la reintroducción de vegetación y plantas comestibles en las zonas intervenidas, el freno de la desertización, la mejoría de la economía local (habiendo creado 335.000 empleos conexos ya en 2019) y la mitigación de tendencias anexas a la pobreza como la migración o el terrorismo. De igual manera, el incremento de flora y principalmente de árboles tendría un enorme impacto sobre los ecosistemas, involucrando una notoria reducción de los niveles de CO2 y las temperaturas (modificándose estas últimas como consecuencia de un notable incremento de la humedad) y un aumento del nivel freático y del alimento para el ganado. Internacionalidad: un proyecto con divergencias en velocidad y eficacia No obstante, a pesar de los múltiples beneficios que se garantizan, los avances del proceso han sido bastante inferiores a los esperados, suceso condicionado por factores como la inestabilidad política de algunos de estos países como Burkina Faso y Malí, la extendida corrupción y las promesas incumplidas por parte de ciertos supuestos donantes externos. Tal fenómeno se evidencia en el hecho de que a fecha de 2023, tan sólo se había completado un 18% de las 100 millones de hectáreas asignadas para 2030, un suceso que en efecto refleja la carencia de coordinación y financiación. Dinámica que sin embargo, no es extensible a todas las naciones partícipes, pues por ejemplo en Níger, donde ha incidido en gran medida el Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas, se han llegado a materializar 528 proyectos resilientes de reforestación y se han replantado alrededor de 300.000 hectáreas, elementos que a día de hoy, han logrado sacar a más de medio millón de personas de servicios de ayuda alimentaria. En palabras de John Mazunda, quien en 2024 fuera el líder del Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas en Níger, tres aspectos a destacar respecto a este singular progreso alcanzado en el país subsahariano, son: la interconexión entre los diversos programas a nivel medioambiental, los grandes avances alcanzados contra la malnutrición y la relevancia indiscutible de la involucración de la población autóctona. En referencia a la interconexión medioambiental, John Mazunda matiza que las actividades de restauración en zonas aledañas ayudan a incrementar el nivel freático de la región y los ríos, efecto que garantiza una producción efectiva a lo largo de todo el año, que permite a la ciudadanía obtener una amplia diversidad de alimentos nutritivos, incluyendo verduras y frutas, que llega a incorporar a sus respectivas dietas locales. Una adhesión que entre otros beneficios, frena la malnutrición en áreas dónde previamente 9 de cada 10 niños la sufrían. Finalmente, en términos logísticos y organizativos, los órganos y programas externos son conscientes de que su papel no va más allá de desempeñar un rol catalizador, de apoyo, que sirva como sustento para que la población autóctona, las comunidades, sean capaces por sí solas de lograr un cambio significativo en el territorio, y consecuentemente en sus vidas. Prácticas de reforestación tradicionales. La necesidad del liderazgo comunal. En relación con la planificación de los distintos sistemas de reforestación, así como con la involucración ciudadana en el progreso restaurativo, es necesario analizar la técnica de la media luna, un método ancestral subsahariano que ha sido recuperado en esta nueva iniciativa. La confección de las medias lunas, consiste en la construcción de terrazas y microembalses de 4 metros de diámetro (una persona puede crear una por día) que cumplan con tal diseño y que se encuentren rodeados de múltiples huecos de reducido tamaño, lo cuál llega a permitir el almacenamiento de recursos hídricos y la humedad y por ende el crecimiento de la vegetación. Dada la aridez y dificultad inicial de arraigo de las especies vegetales, actualmente, se ha configurado una compleja estrategia que tiene como primer paso el plantado de especies endémicas, visto que su mayor capacidad de retención y enraizamiento, crean las condiciones prósperas para alimentar y nutrir un terreno escaso en nutrientes, que posteriormente pueda ser reutilizado por los técnicos forestales y especialistas en hortofruticultura para el cultivo de especies con mayor aporte nutricional. Resumiendo, la técnica de la media luna, cumple una doble labor que altera tanto el ecosistema como la vida de los pobladores de una franja concreta, en cuanto que la reforestación por fases, mediante la primera introducción de especies autóctonas como el sorgo, la moringa o la ocra, que crean una necesaria biomasa para la regeneración de la tierra, seguido de la posterior incorporación de verduras y árboles frutales [como el jujube (Ziziphus mauritiana), las acacias (Acacia senegal, Acacia seyal) o el datilero del desierto (Balanites aegyptiaca)], se logra tanto la modificación de la temperatura, humedad ambiental y nivel freático del área, junto a la aportación de nuevos recursos alimenticios que permiten a las comunidades combatir la malnutrición, ampliar la agrodiversidad, reducir el efecto de la erosión en el terreno e incluso comercializar con los excedentes. Otro istmo alternativo a las medias lunas, son las franjas de trincheras, en las que el mismo proyecto de sustitución de especies se lleva a cabo. Este procedimiento es asimismo propio de la agricultura sintrópica, una modalidad de agricultura sostenible centrada en la regeneración del suelo y la creación de sistemas agrícolas sin recurrir al empleo de químicos, únicamente contando con la mano del hombre. Una última práctica de rehabilitación del medio rural y del degradado terreno en las zonas semiárida (previamente verdes), ha sido empleada por la agencia senegalesa de reforestación, la cuál encontrándose liderada por el exministro de medio ambiente y ecologista Haïdar el Ali, ha ido aportando árboles frutales directamente a las distintas comunidades intentado otorgarles de tal manera de medios que les permitan obtener frutos que garanticen sus subsistencia a la par que excedentes que les ayuden desde un perfil económico. Dicho de otra forma, la agencia senegalesa, ha optado por soluciones sencillas y mucha sensibilización, para reforzar la acción y compresión comunitaria en el conflicto contra la desertificación. En cuanto a esta casuística concreta, subrayar dos matices, por un lado, que el propio exministro declaró la relevancia absoluta del ganado para el desplazamiento de semillas y por tanto el sistema de reforestación, mientras que por otro lado, de manera general en Senegal se han ido logrando evidentes avances, si bien perduran dudas sobre cuántos de los 15 millones de árboles plantados han sobrevivido las arduas condiciones climáticas y del terreno. La proyección del éxito nacional como objetivo fundamental Ante esta multiplicidad de prácticas exitosas, desde la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde, surge la duda sobre como se puede llegar a escalar dicho éxito y frenar definitivamente el desierto a la vez que configurar una barrera íntegra que termine de englobar todo territorio entre Yibuti y Mauritania. Frente a este objetivo, surgen ciertas cuestiones a valorar como la complejidad del actual mosaico de plantaciones que conforman la muralla verde, la falta de educación de gran parte de la población, y principalmente la divergencia en los avances entre los proyectos de unos países y otros, fenómeno evidente al fijarse en Etiopía, el país más activo, que ha restaurado más de 12 millones de hectáreas de tierras degradadas, y en Chad y Burkina Faso que aún siendo de los países que más ayuda han recibido, se encuentran muy rezagados respecto al resto debido a sus respectivas orografías, gobernanzas y situaciones económicas y políticas (ambos tienen grandes problemas en términos de seguridad por el poder que detenta en sus territorios el Estado Islámico). A modo de contraposición ante dicha realidad, es argumentado por diferentes entidades, que a pesar de tal disparidad y la gran degradación del territorio, una visión colectiva y transnacional liderada por la comunidad autóctona, puede realmente ocasionar cambios fructíferos, puesto que, tal y como se recalcó en párrafos anteriores la interconexión medioambiental es un suceso real, por el cual una mejoría específica en cierta región puede llegar a beneficiar a nivel hídrico y medioambiental una dimensión de terreno tres veces mayor. Como directa consecuencia de tal casuística, desde el Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas (United Nations World Food Program), con el propósito de regenerar el Sahel, se alienta a adquirir un sendero de acción basado en la colectividad y la resiliencia que apueste tanto por la educación y formación de la población local, como por la consideración de la tierra como un bien común proveedor de bonanza y alimento para la población. Desigualdad estructural en el contexto africano: la emancipación de la mujer Teniendo en consideración, dicha voluntad de avance global, se ha de valorar de igual forma un parámetro fundamental para su consecución que en la mayoría de las ocasiones es ignorado por los sistemas gubernativos africanos, dicho aspecto es la situación de la mujer dentro del plano legal en el país y concretamente en esta casuística dentro del proyecto de reforestación. A fin de abordar y minorar esta desigualdad, en el contexto de la Gran Muralla Verde, la Agencia Panafricana en coordinación con las distintas agencias nacionales, vista la ausencia de una política o estrategia distintiva en materia de género, han intentado crear un marco de acción conjunto y armonizado entre los diversos ministerios para atajar toda cuestión relativa a la igualdad entre hombres y mujeres en lo referente al proyecto. Muestra de tal compromiso es la conformación de la Plateforme Verte des Femmes, con la intención incrementar el reconocimiento de la labor de las mujeres dentro de la iniciativa. Dentro de este contexto de revalorización, es necesario enmarcar la difícil situación del género femenino en la mayor parte de estos países, en los que el patriarcado, la dependencia económica, ciertas costumbres y normas tribales y musulmanas y la permanencia de figuras denigrantes como el matrimonio concertado o la mutilación genital femenina, estrangulan o limitan en sobremedida la mayor parte sino todas las iniciativas y acciones desarrolladas por el colectivo. Aun dándose tal realidad, es evidente que la participación de las mujeres es esencial para el éxito y perpetuidad de la Gran Muralla Verde, visto que constituyen la mayor parte de la mano de obra, y desde una perspectiva ecofeminista, especialmente en el ámbito rural, son el núcleo familiar, instaurándose como la piedra angular del sistema alimentario en sus comunidades, miembros activos dentro del activismo climático y motor tanto de los medios de subsistencia como del desarrollo socioeconómico en la región. A pesar de tal fuerte impacto, liderazgo innato y capacidad para sobreponerse no sólo a los desafíos intrínsecos a la desigualdad de género, sino también al cambio climático (que agudiza aún más si cabe la brecha de género, principalmente en el contexto rural), la relevancia de la mujer dentro del proyecto de reforestación del África subsahariana puede alcanzar cotas mucho mayores, de ahí que entidades ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o los Fondos Internacionales de Desarrollo agrícola en estos últimos años hayan financiado múltiples iniciativas pro igualdad, que no sólo combaten la carencia de legislación y coordinación intraestatal, sino que también apuestan por la financiación inteligente de organizaciones pro mujeres, y el establecimiento de espacios que proporcionen a las mismas la libertad y los recursos necesarios para adquirir autonomía financiera y económica. Un propósito que podría obtenerse mediante la configuración de nuevas empresas o la venta de los productos que cultiven (por ejemplo, dentro de los programas resilientes característicos de la Gran Muralla Verde, en Senegal, 1500 cuentan con la libertad de explotar y obtener beneficio de sus respectivas producciones agrícolas); promover dinámicas lideradas por mujeres que integren sus respectivas prioridades, necesidades y aspiraciones; crecer en el ámbito organizativo y logístico; y desarrollar sus capacidades a través del acceso a una educación de calidad. Notoriedad mundial de una empresa megalítica a nivel regional Dejando atrás la pertinente perspectiva de género, es necesario configurar una conclusión compleja capaz de identificar la relevancia y características de la Gran Muralla Verde. Un proyecto de inmensas dimensiones, que según previsiones puede mejorar la vida de más de mil millones de personas en una de las regiones más desangeladas y vulnerables frente al cambio climático. Tal y como previamente se ha ido subrayando, esta gran masa verde no involucra únicamente beneficios a nivel hídrico, erosivo o vegetal, sino que también supone un halo de esperanza para una población residente en una región atenazada por la violencia, la pobreza, la malnutrición y la desigualdad. Teniendo presente que los avances dentro del proyecto han reflejado efectos tangibles, hay tres consideraciones que deben ser valoradas: En primer lugar, que realmente la Gran Muralla Verde es aún hoy día, encontrándonos relativamente próximos al año 2030 (año previsto en un inicio para su finalización), un proyecto a medio configurar, puesto que por un lado, no se ha llegado a reforestar ni la mitad de la extensión prevista; mientras que por otro lado, objetivos claves dentro de su estructura, como por ejemplo las prioridades establecidas por el Banco Africano de Desarrollo, se han logrado actualmente únicamente de manera parcial, siendo las dichas prioridades recién aludidas: facilitar el acceso a energías renovables, establecer prácticas resilientes que favorezcan la seguridad alimentaria, mantener la conservación y promoción de la agrobiodiversidad, proteger los ecosistemas, mejorar los medios de subsistencia y sacar a millones de personas de la miseria. En segundo lugar, remarcar que el éxito observado, así como la misma globalización, han dado pie al establecimiento de programas similares de manera coetánea en otras partes del mundo como la India (en el estado de Uttar Pradesh), España (a partir del seguimiento del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación) o China, disponiéndose en este último un plan igual de ambicioso en el Desierto del Gobi con el doble propósito de reducir la desertificación y propiciar la repoblación del interior del gigante asiático. Finalmente, como tercer aspecto a tener en cuenta, es destacable la interconexión de los ecosistemas globales, pues si bien una reconfiguración del plano subsahariano supondría un fascinante avance en términos ecologistas y humanos, que devolvería la vida a aquel Sahara verde existente hace 5000 años, la reescritura del mapa climático y ecológico del planeta trae consigo notables consecuencias, ya que las arenas del Sáhara fertilizan la Amazonía, por lo que la sustitución del desierto del Sáhara por un bosque alteraría este flujo de nutrientes, lo que concatenadamente afectaría a plantas, animales y ecosistemas acuáticos de todo el globo. En última instancia, es imprescindible una vez más incidir en el beneficio de la Gran Muralla Verde, ya perceptible a nivel satelital, pues más allá del plano geográfico, concretamente a nivel humano, adquiere una notoriedad sin precedentes, debido a que la cooperación interestatal que engloba, así como la mejoría en la calidad de vida que puede llegar a suponer para cientos de millones de personas, no son sino un reto, un desafío ganado frente a la imperturbable madre tierra que durante décadas y siglos ha ido azotando al África subsahariana con sequías, hambrunas y pérdida irreversible de fauna y flora. Dicho de otro modo, la reforestación del Sáhara supone la revitalización de toda una región, de una población que con confianza e ilusión busca prosperar en un nuevo entorno que progresivamente va regenerando por sí misma y que además es capaz de nutrirse de programas internacionales de apoyo (como el Building Resilience througah Innovation, Communication and Knowledge Services), que no cumplen otra función sino acompañar y mostrar un sendero basado en la sostenibilidad, la autosuficiencia y el aprovechamiento de recursos.

Marco histórico de la relación bilateral Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba constituyen uno de los casos más prolongados y singulares de confrontación bilateral en la política internacional contemporánea. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ambos Estados han mantenido una relación caracterizada por la desconfianza mutua, la rivalidad ideológica y la ausencia de una normalización estable y duradera. A lo largo de más de seis décadas, aunque se han producido episodios puntuales de acercamiento diplomático y económico, ninguno de ellos ha logrado modificar de forma estructural los fundamentos que determinan la relación bilateral. En consecuencia, el vínculo entre ambos países ha estado marcado por una dinámica cíclica de distensión y endurecimiento, en la que las políticas adoptadas por una administración estadounidense han tendido a ser parcial o totalmente revertidas por la siguiente. Este patrón recurrente ha sido interpretado como resultado tanto de factores estructurales como institucionales. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 1961 y la imposición del embargo económico en 1962, Cuba pasó a ocupar una posición excepcional dentro de la política exterior estadounidense, adquiriendo una relevancia que trascendía el ámbito estrictamente geopolítico. La dimensión interna de la política estadounidense hacia Cuba Con el paso del tiempo, la cuestión cubana se ha consolidado como un elemento significativo de la política doméstica de Estados Unidos. En particular, la influencia del exilio cubano en Miami y su peso electoral en estados clave como Florida han contribuido a condicionar la formulación de la política exterior hacia la isla. Este proceso de internalización del conflicto se vio reforzado con la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 (Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas), mediante la cual el embargo quedó incorporado al ordenamiento jurídico estadounidense. Esta legislación restringió considerablemente la capacidad del poder ejecutivo para modificar unilateralmente la política hacia Cuba, otorgando al Congreso un papel decisivo en cualquier proceso de normalización. Desde esta perspectiva, cualquier intento de transformación sustancial del marco bilateral ha quedado condicionado tanto por las dinámicas políticas internas estadounidenses como por la evolución del sistema político cubano. Reversión parcial y continuidad restrictiva El periodo comprendido entre 2014 y 2016, bajo la Administración de Barack Obama, representó el intento más significativo de reconfiguración de la relación bilateral en décadas. En esta etapa se produjo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas y la ampliación de los intercambios económicos, culturales y humanos entre ambos países. Este proceso constituyó el mayor avance en la normalización desde la Revolución Cubana. La persistencia del embargo económico, junto con la ausencia de reformas estructurales profundas en Cuba, limitó el alcance de dicho acercamiento. La existencia de vetos legislativos en el Congreso estadounidense impidió que las medidas adoptaran un carácter plenamente irreversible. Entre 2017 y 2021, la Administración Trump impulsó una estrategia orientada a revertir buena parte de los avances alcanzados durante el acercamiento promovido por Barack Obama. Entre las medidas adoptadas destacaron la reducción significativa del personal diplomático en La Habana, la suspensión de numerosos servicios consulares tras los denominados "incidentes de salud" o "síndrome de La Habana", las restricciones a los viajes, las limitaciones a las remesas y el endurecimiento de las sanciones financieras. Entre las medidas adoptadas se incluyeron restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla, limitaciones a las remesas, ampliación de sanciones financieras y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton que establece la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses (incluidos aquellos que adquirieron la nacionalidad después de la expropiación) puedan presentar demandas ante tribunales federales de Estados Unidos contra personas físicas o jurídicas que se beneficien del uso o explotación de propiedades que fueron confiscadas por el Estado cubano tras la Revolución de 1959. Esto incluye no solo a entidades estadounidenses, sino también a empresas y actores de terceros países, lo que convierte esta disposición en un mecanismo con un fuerte alcance extraterritorial. Otra medida fue la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, categoría en la que había sido incluida inicialmente en 1982 y de la que fue retirada en 2015. Posteriormente, la administración de Joe Biden mantuvo en términos generales la arquitectura sancionadora existente, introduciendo únicamente ajustes parciales sin alterar de forma sustancial el marco de restricciones vigente. Intensificación de la presión estadounidense y reconfiguración estratégica (2025–2026) Con el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025, la política hacia Cuba volvió a orientarse hacia una estrategia de máxima presión reforzada. En relación con la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, Cuba había sido incluida inicialmente por la Administración Reagan en 1982 y retirada en 2015 durante la presidencia de Barack Obama. Aunque la Administración Biden anunció nuevamente su exclusión en enero de 2025, la decisión fue revertida de manera inmediata tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, manteniendo en la práctica la consideración de Cuba como Estado promotor del terrorismo durante la mayor parte del período reciente, así como nuevas sanciones dirigidas a empresas vinculadas al aparato militar cubano y al conglomerado económico GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con un peso significativo en sectores estratégicos de la economía nacional. En junio de 2025 se aprobó un nuevo Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional que reforzó la aplicación del embargo, limitó las transacciones con entidades estatales cubanas y endureció las restricciones a viajes y actividades económicas relacionadas con la isla. En paralelo, Cuba comenzó a ser reinterpretada dentro de la estrategia estadounidense no solo como un problema de democratización y derechos humanos, sino también como un elemento de competencia geopolítica en el hemisferio occidental, particularmente en relación con Rusia y China. Esta reconfiguración estratégica se vio reflejada en el denominado “Corolario Trump-Monroe” incorporado a la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025. Crisis energética y colapso económico en Cuba La intensificación de la presión estadounidense ha coincidido con un deterioro profundo de la economía cubana. La pérdida del suministro de petróleo venezolano, derivada de la evolución política regional, ha agravado significativamente la crisis energética de la isla, que ya presentaba signos estructurales de obsolescencia en su sistema de generación eléctrica. Durante 2024 y 2025 se registraron múltiples apagones nacionales, mientras que en diversas provincias se implementaron cortes de suministro de hasta 18 horas diarias. En 2026, la situación se agravó aún más debido a las restricciones externas al acceso de Cuba a proveedores alternativos de energía, provocando una expansión de los apagones, el colapso del turismo y la reducción de una de sus principales fuentes de divisas. En términos estructurales, la economía cubana experimentó una contracción estimada del 15% entre 2020 y 2025, afectada simultáneamente por la pandemia, las distorsiones derivadas de reformas monetarias internas y el impacto de las sanciones estadounidenses. En 2026, el turismo se redujo aproximadamente un 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Transformaciones políticas internas y respuestas del régimen En este contexto de crisis económica y presión externa, el gobierno cubano ha adoptado una serie de medidas orientadas a la reestructuración parcial del modelo económico. El presidente Miguel Díaz-Canel ha impulsado reformas destinadas a ampliar el espacio del sector privado, facilitar la inversión extranjera, flexibilizar la actividad económica y promover la descentralización administrativa y empresarial. El Partido Comunista de Cuba (PCC) ha convocado reuniones extraordinarias de su Comité Central para evaluar estas reformas, en un contexto caracterizado por su carácter urgente y excepcional. Posteriormente, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha sido convocada para su eventual ratificación institucional. Entre las medidas propuestas se incluyen la apertura del sector turístico a nuevos actores y modalidades de inversión, el incremento de la inversión extranjera directa, incluyendo a cubanos no residentes, la ampliación del sector privado, así como reformas orientadas a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario. Dimensión externa de la crisis y presión estadounidense De manera paralela, el Ejecutivo cubano ha constituido un grupo de expertos económicos compuesto por economistas críticos y no oficialistas, junto con figuras vinculadas al aparato institucional. Entre los participantes se encuentran académicos y especialistas que han defendido históricamente reformas orientadas hacia una mayor apertura del modelo económico, incluyendo la expansión del sector privado, la liberalización parcial del comercio exterior y la mejora de la seguridad jurídica. Este grupo asesor ha comenzado a evaluar propuestas derivadas del paquete de reformas gubernamentales, en un intento de articular respuestas técnicas a la crisis estructural del país. Las reformas internas se desarrollan simultáneamente a una intensificación de la presión estadounidense, que ha incluido sanciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía cubana, restricciones al comercio de petróleo y sanciones secundarias a empresas extranjeras que operan en la isla. Se ha producido una retirada progresiva de actores internacionales especialmente en sectores como el turismo, la aviación y la banca, debido al riesgo de sanciones, lo que ha contribuido a profundizar el aislamiento económico de Cuba. Diversas fuentes apuntan a que la política estadounidense ha combinado medidas de presión económica con una estrategia de coerción política orientada a promover transformaciones estructurales en el sistema cubano, incluyendo reformas no solo económicas sino también institucionales. Escalada de tensión y dimensión militar del conflicto De acuerdo con análisis recientes, la evolución del conflicto ha incorporado una dimensión estratégica y militar más explícita. Tras la intervención estadounidense en Venezuela en enero de 2026, el gobierno cubano ha incrementado sus ejercicios militares y programas de formación de reservistas, con el objetivo de reforzar una narrativa de “pueblo en armas” y preparación para escenarios de conflicto asimétrico. Diversos análisis coinciden en señalar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba presentan un importante deterioro material y tecnológico respecto a su capacidad histórica durante la Guerra Fría. Equipamientos como carros de combate T-62, aviones MiG-21 y MiG-23, o sistemas navales de patrulla, han quedado progresivamente obsoletos, lo que limita significativamente la capacidad operativa del país en un escenario de confrontación convencional. Desde una perspectiva comparada, la asimetría militar entre Estados Unidos y Cuba es extremadamente pronunciada. Algunos análisis estratégicos subrayan que las experiencias recientes de intervención militar internacional demuestran que la superioridad militar no garantiza necesariamente transiciones políticas estables, especialmente en contextos donde existen estructuras estatales colapsadas o fragmentación institucional. En conjunto, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba parecen situarse en una fase de elevada volatilidad, caracterizada por la interacción simultánea de tres dinámicas principales: la presión externa estadounidense, la crisis estructural del modelo económico cubano y los intentos de reforma interna impulsados por el gobierno. La convergencia de estos factores ha generado un escenario en el que las transformaciones políticas y económicas en la isla se encuentran estrechamente condicionadas tanto por las restricciones externas como por la capacidad del sistema político cubano para adaptarse internamente a una crisis de carácter multidimensional. De hecho, el pasado 10 de junio, el presidente de Cuba concedió una entrevista a elDiario.es, en la que afirmó: “Yo creo que Estados Unidos en esta política de máxima presión está apostando a tres escenarios. Un escenario es la asfixia económica provocando el estallido social y que ese estallido social le dé posibilidad de entonces con un pretexto de ayuda humanitaria intervenir en el país. Un segundo escenario, es seguir un diálogo coercitivo con Cuba de máxima presión para apoderarse de la economía cubana para ocupar el país económicamente y que eso le diera la posibilidad de provocar un cambio de sistema político y un tercer escenario, es la agresión militar. Pero esos escenarios no los hemos construidos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho a defendernos a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y no haya derrota.” ¿Qué esperar ahora? El acuerdo entre Estados Unidos e Irán en torno al Estrecho de Ormuz, alcanzado recientemente a través de un proceso de mediación en el que participaron actores como Pakistán y Catar y que incluyó contactos diplomáticos desarrollados en Suiza, así como la actuación militar israelí en el Líbano, reflejan la centralidad que Oriente Medio continúa ocupando en la agenda internacional. Estos acontecimientos no implican una pérdida de relevancia estructural de Cuba dentro de la política exterior estadounidense, pero sí contribuyen a una jerarquización de prioridades en la que los desafíos asociados a la seguridad energética global, la estabilidad regional y la gestión de conflictos armados adquieren un carácter prioritario para la acción diplomática y de seguridad de Estados Unidos. Esta realidad resulta especialmente significativa si se considera que el Estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de tránsito energético del mundo, de cuya estabilidad depende una parte sustancial del comercio internacional de hidrocarburos. Cualquier alteración en esta región tiene la capacidad de generar efectos inmediatos sobre los mercados energéticos, la inflación global y la seguridad económica de numerosos Estados, incluidos los propios aliados de Washington. Como consecuencia, la Administración estadounidense se ve obligada a concentrar una parte considerable de sus recursos diplomáticos, militares y de inteligencia en la gestión de estas crisis. La estabilización en el Estrecho de Ormuz en cuanto al comercio energético global tiene implicaciones sobre el precio internacional del petróleo y “por extensión” sobre la disponibilidad y coste relativo de los combustibles en los mercados internacionales. Dado que Cuba es una economía altamente dependiente de las importaciones energéticas, cualquier reducción de la volatilidad en los mercados energéticos tiende a tener un efecto amortiguador, aunque limitado, sobre su crisis de abastecimiento. En este sentido, una mayor estabilidad en el Estrecho de Ormuz puede facilitar el acceso indirecto a combustibles en mercados secundarios y aliviar parcialmente la presión derivada de la crisis energética estructural que atraviesa el país, agravada por la escasez de divisas y la pérdida de suministros preferenciales procedentes de aliados tradicionales. La intensificación de la agenda estadounidense en Oriente Medio, ha contribuido a un desplazamiento relativo del foco de atención estratégica de Washington. La concentración de recursos diplomáticos, militares y de inteligencia en la estabilización del eje Irán–Estrecho de Ormuz y sus ramificaciones regionales ha reforzado una jerarquización de prioridades en la política exterior estadounidense, en la que determinados dossiers adquieren mayor urgencia operativa. Como consecuencia, la cuestión cubana tiende a situarse en un plano de menor centralidad coyuntural dentro de la agenda inmediata de la Casa Blanca, sin que ello implique una pérdida de relevancia estructural. En términos analíticos, Cuba continúa ocupando un lugar significativo en la política exterior estadounidense por su dimensión regional, simbólica y doméstica, especialmente en relación con el marco de sanciones y la política hacia América Latina. Sin embargo, su tratamiento queda parcialmente subordinado a crisis de mayor intensidad geopolítica en otras regiones del sistema internacional.

En la clausura de la tercera sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular acontecida el pasado viernes 19 de junio, el presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel pronunció un discurso en el que afirmó que: “Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido, del Gobierno revolucionario y de este Parlamento nacido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo es cambiar todo lo que haya que cambiar para salir adelante”. Las palabras del mandatario se producen varios días después de celebrarse un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista para el análisis de propuestas para la transformación económica y social del país, que citando textualmente al líder castrista de nuevo, “vive las horas más difíciles de este siglo”. La operación militar norteamericana sobre Caracas a principios de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y la gestión y control de facto del crudo venezolano, vital para la supervivencia del régimen, las amenazas de Trump de derrocar al gobierno para finales de año y el embargo petrolero han agravado la crisis económica y energética en la isla a niveles extremos. Cuba solamente produce el 40% de su demanda interna de energía, y desde enero, sus principales proveedores –Venezuela y México, este segundo debido a las presiones arancelarias de EE.UU, a cuya economía está fuertemente vinculada– han cortado sus cadenas de suministro (Deutsche Welle, 2026). Sumado a ello, la falta de inversión ha provocado que gran parte de su infraestructura e industria se encuentren obsoletas, siendo un claro ejemplo de ello el apagón nacional sufrido octubre de 2024 por más de tres días (BTI, 2026). En mayo del presente año se reportaron apagones de hasta 22 horas en la capital e incluso dos días completos en otras provincias, sumiendo al 70% de la isla en la oscuridad (RTVE,2026) Igualmente, el transporte público difícilmente funciona, la basura se acumula en las calles ante la suspensión de los servicios de limpieza, la comida escasea y se pudre al no haber corriente eléctrica la mayor parte de la jornada y los medicamentos no llegan (NBC News, 2026). Además el sector turístico experimenta una caída en tan solo un año del 60% (BBC,2026), complicando la rúbrica aún más si puede. Ante esta situación, el primer ministro Manuel Marrero Cruz ha expuesto ante los diputados los objetos de reforma, entre los que se enumeran el modelo de gestión de los actores económicos, el sistema de planificación de la economía, las relaciones de propiedad, el sector público, la autonomía de los municipios, la inversión extranjera en Cuba, el sistema tributario, bancario y financiero, la recuperación agrícola y la política de precios, entre otros. El paquete de 176 medidas aprobadas por el gobierno supone la mayor apertura económica y acercamiento al capitalismo de la historia de la República desde el inicio de la Revolución Cubana y ascenso del comunismo. Distintos altos cargos del régimen se han manifestado para calmar cualquier síntoma de nerviosismo entre las bases más ortodoxas del partido y asegurar que no se trata de una desviación del proyecto socialista sino que corresponde a la lógica de su propio desarrollo, así como un paso necesario para preservar la Revolución y las “conquistas del socialismo”. Los orígenes: imperialismo, nacionalismo y revolución Tras el final de la Guerra hispano-estadounidense, provocada por la injerencia de Washington en el conflicto entre España y los insurgentes independentistas cubanos, el 1 de enero de 1899 el general John R. Brooke instaló un gobierno militar en la isla dando comienzo así a la ocupación norteamericana de Cuba, que duraría hasta 1902, año en el que se aprobaba la Enmienda Platt, que otorgaba al archipiélago una independencia limitada en forma de República y bajo la influencia de los EE.UU. (Foreign Area Studies of The American University, 1985) Sin embargo, el gobierno yanqui ocupó de facto el país de nuevo durante el período de 1906 a 1909 tras la crisis interna a raíz de la reelección fraudulenta del presidente Tomás Estrada Palma. Posteriormente, en 1933 una sucesión de huelgas, insurrecciones y atentados obligaron al entonces mandatario Gerardo Machado a exiliarse en la conocida como “Revolución del Treinta”, enmarcada en un contexto de lucha antiimperialista y contra la corrupción, con gran actividad política estudiantil. En 1952, Fulgencio Batista, militar que había participado en el derrocamiento de Machado y ejercido como presidente entre 1940 y 1944, a tres meses de unas elecciones que sabía que no ganaría, dio un golpe de estado con apoyo de una parte del ejército, suspendiendo el proceso electoral y proclamándose “presidente provisional". En los años 50, Cuba era considerada una de las naciones más prósperas de Latinoamérica, principal estado exportador de azúcar a nivel mundial desde comienzos de la década de 1900 y destino de un octavo de las inversiones norteamericanas en la región. A pesar de ello, se considera que el desarrollo dependiente respecto de Washington tuvo ¨consecuencias dramáticas¨ en términos de desigualdad, con estimaciones que apuntan a que el veinte por ciento de la población más pobre tan solo recibía entre un 2 y 6% de las rentas, mientras que el veinte por ciento más rico recibía el 55% (Foran, 2009). La represión, el recorte de libertades, la profunda brecha social, la dependencia de Estados Unidos y los antecedentes nacionalistas en José Martí y la generación de 1895, así como el radicalismo de la Revolución del Treinta fueron caldo de cultivo para la conformación de una resistencia liderada por el guerrillero Fidel Castro. El líder de la Revolución Cubana se destacó por su activismo político temprano en la universidad mientras estudiaba derecho, participando en un intento de derrocar al dictador dominicano Rafael Trujillo en 1947 y presentándose como diputado por el Partido Ortodoxo a las elecciones de 1952 que Batista cancelaría. Castro denunciaría al dictador ante los tribunales por vulnerar la constitución, y la desestimación de la demanda por la justicia marcó un punto de inflexión en su carrera, convenciéndole de que la vía legal era inútil y debía abrazar la lucha armada (Prevost, 2007). Más tarde, el 26 de julio de 1953, el joven abogado lideró a 165 hombres y mujeres durante el asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba junto a su hermano Raúl Castro, un episodio que daría lugar al Movimiento 26-J, que constituida como fuerza más significativa de la Revolución, se fusionó con el Movimiento Nacional Revolucionario y la mayor parte de las Juventudes Ortodoxas (Bilbao, 2017) Tras una guerra de guerrillas focalizada en la Sierra Maestra, las fuerzas insurgentes derrotaron al ejército fiel a Batista en Santa Clara a finales de diciembre de 1959 y Fidel proclamó el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Según Tzvi Medin en “Ideología y conciencia social en la Revolución Cubana”, se aprecian cambios sustanciales en la ideología del movimiento desde el reformismo democrático en sus inicios hasta la declaración del carácter socialista de la revolución en 1961. Respecto a ello, son muchas las conjeturas acerca de la adhesión ideológica de Castro al marxismo-leninismo por convicción o como un “mal menor necesario” para asegurar la supervivencia del nuevo sistema político respaldado por la URSS ante la hostilidad estadounidense. De hecho, el Partido Comunista Cubano (antes de 1959 Partido Socialista Popular) no se unió a la lucha armada hasta su recta final, principalmente por su rechazo a movimientos como el M-26-J que reivindicaban la nación (Cancino, 2010). En el análisis del discurso revolucionario original, se denotaría una vocación de retomar la construcción del estado nacional cubano, influenciado por el legado de José Martí y pudiendo ser catalogado como nacionalista, liberal y democrático (Cancino, 2010), con ausencia de tesis marxistas. Sobre la posibilidad de que verdaderamente fuera un hombre de convicciones socialistas se ha propuesto que durante el alzamiento contra Batista este ocultó parte de su ideario para no despertar una reacción de Washington contra su movimiento antes de poder tomar el poder y forzar un cambio. No obstante, entrevistas suyas grabadas antes de asumir el gobierno lo muestran negando ser comunista y afirmando que “nuestra filosofía política es la democracia representativa”, con referencias a la justicia social y la economía planificada, así como al deseo de celebrar elecciones y al rechazo a expropiar bienes extranjeros. Ahora bien, no se celebraron comicios durante sus casi cinco décadas de mandato, confiscó propiedades estadounidenses desde el principio y convirtió el comunismo en la doctrina de Estado, haciendo difícil distinguir entre sus palabras, qué respondía a un propósito de supervivencia política y qué a su verdadera ideología. Tensiones con Estados Unidos, acercamiento a la URSS y oficialización del socialismo Inmediatamente tras su llegada al poder, Fidel Castro inició una reforma económica radical centrada en la distribución de la riqueza, otorgando tierras a trabajadores rurales y desarticulando las sociedades azucareras de capital estadounidense. Asimismo, la nacionalización de refinerías, la expropiación de bancos extranjeros y de empresas (Prevost, 2007) provocó la ruptura de relaciones con Estados Unidos a finales de 1960 y la imposición de un embargo comercial sobre la isla que para 2010 alcanzó un coste valorado en 100 mil millones de dólares desde 1961 (Domínguez, 2010). La hostilidad entre Washington y La Habana era tal que a finales de abril de 1961 Kennedy aprobó la invasión de Cuba por el suroeste en la Bahía de Cochinos, resultando en la victoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y acelerando el acercamiento definitivo con la Unión Soviética. Previo a la operación militar, Fidel había proclamado el carácter socialista de la Revolución durante los funerales por los fallecidos en los bombardeos estadounidenses contra aeropuertos del país el 15 de abril (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2020). Otro episodio de alta tensión se produjo en 1962, convirtiendo a Cuba en el epicentro de la Guerra fría durante la Crisis de los Misiles, cuando en octubre de dicho año se instalaron misiles soviéticos de alcance medio en la isla, es decir, frente a las costas de Estados Unidos, y que finalmente fueron retirados tras las negociaciones entre Kennedy y Jrushchov. Legado y desafíos de la Revolución Cubana En una valoración de los resultados económicos y sociales de los cincuenta años de comunismo en Cuba, Carmelo Mesa-Lago concluyó en 2009 que en los indicadores económicos estudiados –veintinueve de economía doméstica y diecinueve del sector externo– se muestra un rendimiento “abrumadoramente negativo”, empeorando la posición de Cuba respecto a sus vecinos en el 87% de ellos durante 1957 y 2008. Por otra parte, los indicadores sociales reflejan una evolución más favorable, ya que el 43% de ellos mejoró, el 36% mantuvo igual y el 21% empeoró la posición de Cuba en la región. El régimen logró sobrevivir al embargo auspiciado por Estados Unidos gracias a la URSS, que se convirtió en su principal aliado y socio comercial, representando el 85% de su comercio exterior y posicionándose como su mayor proveedor de bienes de consumo y crudo (BBC, 2021). La ayuda de Moscú favoreció un período de apogeo entre 1985 y 1989 en el crecimiento, producción y los servicios sociales (Mesa-Lago, 2009).No es de extrañar que el colapso del bloque soviético arrastrara a Cuba consigo, que de por sí enfrenta problemas estructurales en su economía. La desintegración de la Unión Soviética aisló aún más al estado caribeño, que sufrió una caída del PIB del 40% entre 1989 y 1993 y una reducción de su capacidad de importaciones en un 80% (CIA World Factbook Archive, consultado en 2026) La crisis económica, la hambruna y escasez de recursos obligó al gobierno a introducir medidas de flexibilización a su modelo planificado en el conocido como “Período Especial en Tiempos de Paz” a partir de 1992, con la aprobación de una enmienda que reconocía los derechos de propiedad para los inversores extranjeros y la introducción de un sistema monetario dual peso-dólar al año siguiente (BTI, 2003) Las decisiones ejecutivas lograron resultados mixtos, aunque insuficientes para evitar el éxodo de más de 30 mil ciudadanos y el estallido de graves protestas sociales en La Habana contra el gobierno en 1994 y que se conocen como “El Maleconazo”. Las reformas anunciadas esta pasada semana no constituyen una excepción única en los últimos setenta años de historia de Cuba, sino parte de una política de “ciclos ideológicos y pragmáticos” que la alejan o acercan del capitalismo (Mesa-Lago, 2009), según la situación interna y el apoyo que recibe de otros actores simpatizantes. La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999 representó un respiro para un país debilitado y aislado, ya que por ejemplo desde finales de la década de los 2000 el régimen afín de Caracas había proveído cerca de cien mil barriles de petróleo diarios al archipiélago, pagados mayormente con servicios de personal cubano en sectores como el sanitario (CIA World Factbook Archive, consultado en 2026), y no menos importante, su respaldo masivo en créditos, subsidios e inversión valorado en 9.405 millones de dólares durante la crisis financiera en 2008 (Mesa-Lago, 2009). En vista del nuevo panorama regional favorable, Fidel Castro impulsó el año 2003 la “Batalla de Ideas”, una campaña de carácter ideológico que buscaba restituir el control absoluto del Estado en lo económico en detrimento del reformismo que se había visto forzado a aceptar para mantener a flote el gobierno durante los noventa y que había dado lugar a la configuración de dos facciones con distintas visiones para el futuro –ortodoxos y reformistas– en la cúpula del poder (Domínguez, 2010). Cuba después de Fidel En 2008 a la edad de 81 años, Fidel Castro, conocido por sus seguidores como “El Comandante”, anunció que no optaría a un nuevo mandato tras cinco décadas: “Traicionaría por tanto mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer”. Siendo elegido su hermano Raúl presidente de Cuba en la Asamblea Nacional del Poder Popular se ponía fin así al periodo presidencial más longevo de la historia de América. Años más tarde, concretamente en abril de 2011, el histórico líder culminó su salida de la vida política al ceder a su hermano la secretaría primera del Partido Comunista en su VI Congreso, primero en trece años y en el cual se aprobaron reformas graduales y pausadas que reducirían la intervención estatal en sectores como la agricultura, el transporte o la construcción, además de los servicios minoristas (restauración, talleres, tiendas), suprimiendo más de un millón de puestos de trabajo estatales (Al Jazeera, 2011). La llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos trajo consigo el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales con La Habana, suavizando las sanciones y procediéndose a la reapertura mútua de embajadas en 2015. No menos simbólico, en marzo de 2016 el expresidente se convirtió en el primer jefe de estado norteamericano en pisar la isla en 88 años (Vásquez. s.f.) Varios meses después, concretamente el 25 de noviembre, Fidel Castro Ruz fallecía a los 90 años de edad. Raúl fue el encargado de comunicar el deceso: "Con profundo dolor comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016, a las 22.29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz". Se apagaba para siempre una figura que había controlado con puño de hierro una nación insular en el corazón del Caribe sin que nadie pudiese detenerlo, forjando un sistema que le sobrevive casi diez años después. Trump, el fin de la “era de los Castro”, las protestas de 2021 y Trump 2.0 Siguiendo con el análisis de las relaciones bilaterales entre el archipiélago y la primera potencia mundial, se aprecia una dinámica muy diferente con la primera administración Trump, redoblándose la presión y las sanciones mientras Cuba avanzaba a un relevo generacional con Miguel Díaz-Canel al frente tras el paso a un lado del dirigente Raúl Castro en 2019, dando fin al monopolio ejecutivo de los hermanos Castro desde los años sesenta. El nuevo presidente pertenece a una generación de hombres y mujeres nacidos después del triunfo de la Revolución y con su designación se quería dar continuidad a un proyecto político que Fidel pedía en su último discurso en vida que se perpetuase tras su muerte: “A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos”. En 2021, la reforma monetaria nacional provocó un efecto inflacionario que devaluó los salarios, que unido a la crisis sanitaria y de abastecimiento impulsó las mayores manifestaciones en todo el país desde los años noventa bajo el lema “Patria y Vida” y que resultaron fuertemente reprimidas (El País, 2021). Las dificultades que enfrenta la población han llevado a más de un millón de personas a dejar Cuba desde 2022 en la mayor oleada migratoria jamás vista (BTI, 2026). Si bien la derrota de los republicanos en 2020 jugó a favor del régimen y Biden, vicepresidente del gabinete de Obama, como era de esperar procedió a una práctica de distensión controlada con La Habana que se enmarcaba en un punto medio entre la política exterior de su predecesor demócrata y las restricciones de Trump (Bertot, 2022), sacando al archipiélago de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo al final de su mandato, la llegada de Donald Trump en 2025 a la Casa Blanca por un nuevo periodo de cuatro años ha recrudecido la retórica anticomunista y los mensajes de hostilidad contra el gobierno cubano, aumentando la percepción de inseguridad en el corazón del mar Caribe que lleva preparándose desde enero para una posible intervención militar estadounidense. Raúl Castro, de 95 años, ha sido imputado por el derribo de dos avionetas en 1996 a finales de este mes de mayo a la vez que la cúpula muestra su apoyo inquebrantable: “Raúl es Cuba y Cuba no se toca” (La Sexta, 2026). Todo ello mientras la crisis energética asola al país y Marco Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos, dirige la política exterior de los Estados Unidos y declara abiertamente: “creo que nos encantaría ver un cambio de régimen allí” (CNN, 2026). Conclusiones Es pronto para conocer si las medidas anunciadas por Díaz-Canel pretenden formalizar la renuncia al socialismo económico para así salvar el socialismo político, como parcialmente ha ocurrido en ocasiones anteriores. Lo cierto es que la situación se ha vuelto insostenible desde la captura de Maduro y claudicación del gobierno venezolano, sumiendo a los comunistas cubanos en un estado de máxima tensión mientras enfrentan el descontento interno por la crisis energética, el desabastecimiento y la falta de libertad, sumado al carácter imprevisible de Donald Trump y sus ambiciones porque su segundo y último mandato cambie el escenario regional en favor de los EE.UU. eliminando a sus principales enemigos ideológicos y consolidando un legado que deje una huella tangible. La Cuba de los Castro ha hecho de la lucha contra los efectos económicos y sociales del bloqueo de Washington una parte de su identidad, interpretándose como una analogía actual de las aspiraciones imperialistas del pasado que pretenden subyugar al pueblo cubano de nuevo y que deben ser enfrentadas sin ceder. Cuba no es Venezuela, Cuba tiene experiencia de sobra sorteando situaciones críticas tanto a nivel interno como externo durante décadas, y el ADN de la Revolución guarda gran hostilidad hacia la costa norte del Golfo de México. Una operación similar a la de enero en suelo cubano debería enfrentarse a un socialismo profundamente nacionalista y mesiánico que otorga a los líderes de la Revolución el papel de continuadores de la obra política de José Martí “en defensa de la soberanía nacional y la supervivencia del pueblo”. No parece que Cuba vaya a correr al menos por ahora la misma suerte que Venezuela, pero si bien el poder militar del archipiélago no puede ser comparado al de la República Islámica, la determinación mostrada por los ayatolás puede ser un indicador de lo puede pasar si Washington se decide por una escalada directa contra una estructura de poder que nació con una retórica antiestadounidense basada en el principio de vencer o morir.

«Le protocole est l’enveloppe de la civilisation.» (El protocolo es la envoltura de la civilización.) — Charles de Gaulle La mayoría de las crisis diplomáticas empiezan con algo reconocible: una sanción, una disputa territorial, un desacuerdo comercial o una intervención militar. Esta empezó con una fotografía. El 19 de junio de 2026, en una entrevista concedida al canal de televisión italiano La7, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, le había «suplicado» hacerse una fotografía con él durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia. Añadió que la idea de tomarse esa foto le generaba tal indiferencia que solo había accedido «por pena». El canal difundió únicamente la versión doblada al italiano; el audio original no fue publicado. En otros tiempos, esa ambigüedad habría bastado para desactivar el episodio. No lo hizo. Meloni respondió pocas horas después con una declaración en vídeo que mereció atención precisamente por su tono —firme, sin aspavientos, notablemente desprovisto de la deferencia habitual hacia Washington—. «Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Sinceramente, estoy atónita», afirmó. Y añadió la frase que más ha circulado desde entonces: «No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados; no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente. Pero una cosa hay que recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás». El mismo día, el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de su visita a Washington, prevista para los días 21 y 22 de junio, donde debía reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio. Los adjetivos que eligió para justificarlo fueron «serias y ofensivas». La pregunta no es si el episodio importa —porque claramente importa—. La pregunta es por qué importa. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje personal de un líder acaba teniendo consecuencias institucionales? El G7 de Évian: tres días después de la tregua Para entender lo que se rompió, conviene entender lo que se había intentado reparar. La cumbre de Évian-les-Bains —celebrada los días 15 y 16 de junio de 2026, con Macron como anfitrión en la ciudad balnearia a orillas del Lemán— arrancaba con una carga de expectativas inusual. El G7 de Kananaskis del año anterior había terminado sin declaración final real, con la sombra de los aranceles estadounidenses sobre todos los acuerdos y una sensación generalizada de que el multilateralismo clásico había alcanzado sus límites bajo las condiciones presentes. Évian era una segunda oportunidad que nadie quería desperdiciar. El resultado formal superó las previsiones más prudentes. Los líderes alcanzaron nueve declaraciones conjuntas adoptadas por unanimidad, reforzaron las sanciones al sector energético ruso y ratificaron un apoyo colectivo a Ucrania que incluyó el suministro de armamento y el fortalecimiento de las capacidades aéreas de Kiev. A ello se sumó la ratificación del acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán que anticipaba el restablecimiento de la navegación por el estrecho de Ormuz, cuya firma formal quedó fijada en Ginebra. Macron, en la rueda de prensa final, calificó la cumbre de «verdadero cambio». Europa salió con la sensación, recogida por Euronews, de haber encontrado una fórmula que funciona: diálogo, apertura estratégica y defensa firme de sus propios intereses. En ese escenario de distensión aparente, se produjo uno de los momentos más captados del encuentro. En los pasillos del Hotel Royal, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se acercó a Meloni y a Trump y les preguntó si iban a «volver a ser amigos». Meloni respondió con una sonrisa: «Siempre hemos sido amigos». Tres días después, el mismo encuentro del que surgió esa imagen fue descrito públicamente como la escena en que Meloni había suplicado una fotografía. La misma sonrisa, releída desde otra declaración, adquirió un significado que nadie le había atribuido en Évian. Hay, en esa secuencia, algo que merece nuestra especial atención. El G7 de Évian fue posiblemente la cumbre más productiva en términos de consenso desde el retorno de Trump al poder. Y sin embargo fue también el punto de partida de una crisis diplomática de primera magnitud. Esa paradoja apunta a una tensión entre el formato multilateral —que exige gestos de unidad y comunicados colectivos— y un estilo de liderazgo que opera sobre la base de relaciones personales jerárquicas, evaluadas en tiempo real y ante cualquier audiencia disponible. Los líderes del G7 pueden firmar declaraciones conjuntas; más difícil les resulta controlar lo que se dice sobre ellos una vez que el avión ha despegado. Dos respuestas, dos lógicas El contraste más revelador del G7 de Évian no fue el que se vio en las sesiones plenarias. Fue el que emergió en la rueda de prensa de clausura, cuando se preguntó al presidente estadounidense si había pedido a otros miembros del G7 —entre ellos Japón— que contribuyeran militarmente a la seguridad en el estrecho de Ormuz. La respuesta incluyó una mención a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que mereció escasa atención en el momento pero que, leída junto a lo que ocurrió después, adquiere una dimensión diferente. «Japón está yendo muy bien», dijo Trump. «Es mi mayor fan, tengo que decíroslo. Cree que he hecho un gran trabajo. Llamadla y preguntadle». La afirmación reproducía, con literalidad casi exacta, el lenguaje que Takaichi había empleado cuando ambos se encontraron en la Casa Blanca en marzo: «la única persona capaz de traer paz y prosperidad al mundo». Takaichi, en efecto, había cultivado ese vínculo con deliberación conocida, incluyendo apariciones conjuntas en el portaaviones estadounidense anclado en Yokosuka. Lo que el contraste entre ambos episodios revela no es una cuestión de temperamentos ni de culturas nacionales. Revela dos estrategias de gestión de la dependencia con respecto a la primera potencia, y los costes distintos que cada una lleva aparejados. La primera —la de la alineación visible, el elogio público, la disponibilidad constante— produce estabilidad relacional a corto plazo y una posición reconocible en el sistema de preferencias del interlocutor. La segunda —la apuesta por la afinidad ideológica sin renunciar a la autonomía en los desacuerdos concretos— produce una relación más compleja, con episodios de fricción más nítidos, pero también con una mayor capacidad de respuesta cuando esa autonomía se percibe amenazada. Ninguna de las dos está libre de costes. La diferencia reside en cuáles se consideran aceptables. El matiz que no puede pasarse por alto es que Takaichi también declinó participar en operaciones militares en Ormuz, invocando la constitución pacifista japonesa, y que Trump lo aceptó sin fricción aparente. La divergencia entre los dos casos no está, pues, en el desacuerdo de fondo: está en el marco en que ese desacuerdo se expresa y en la narrativa que cada parte construye sobre la relación. Un aliado puede decir que no; lo que cambia es cómo dice que no, y qué se permite decir sobre él una vez que lo ha dicho. Las palabras también son política exterior Existe una tendencia arraigada en el análisis de las relaciones internacionales a separar las declaraciones de las decisiones. Las primeras pertenecen al ruido mediático; las segundas, a la política real. Es una distinción cómoda y, en buena medida, equivocada. La teoría de las señales costosas —desarrollada en la literatura de relaciones internacionales desde Fearon en adelante— establece que una declaración pública genera costes de audiencia que limitan la capacidad de acción futura del emisor. Dicho en términos más llanos: cuando un jefe de Estado habla en público, sus palabras dejan de pertenecerle. Se convierten en datos políticos que otros actores —aliados, adversarios, ciudadanías, mercados— procesan e incorporan en sus cálculos. La declaración sobre Meloni no era una anécdota incómoda sobre una foto. Era la descripción, ante una audiencia italiana, de la jerarquía que existe entre Washington y Roma. Esa descripción tiene consecuencias que exceden con mucho el valor de un selfie. El centro Belfer de Harvard lo formuló con precisión: los predecesores del actual presidente habían seguido una regla no escrita —los desacuerdos con los aliados se gestionan entre bastidores, no en público. Violar esa regla no es una excentricidad estilística. Es una elección que redefine los términos de la relación. Y en ese sentido, la declaración sobre Meloni no fue una anécdota. Fue un hecho político. Vale la pena añadir, sin excesivo humor pero con la sonrisa que el episodio permite, que la entrevista que inició todo esto no fue publicada en su versión original. Solo circuló la transcripción en italiano. Lo que significa que la crisis diplomática más significativa de las últimas semanas en la relación transatlántica surgió, en parte, de una cita sin audio verificable. Pocas cosas ilustran mejor la naturaleza del lenguaje como hecho político que una afirmación capaz de producir consecuencias reales sin que nadie pueda confirmar exactamente cómo fue formulada. La humillación tiene costes Aquí está, quizá, la parte más relevante del episodio —y la que menos atención ha recibido en el análisis inmediato—. Tajani no canceló su viaje porque una fotografía importe. La canceló porque ignorar la ofensa le habría costado más de lo que cuesta cancelar la visita. No tiene nada de emocional: es profundamente racional. Los estudios sobre humillación en política internacional apuntan a que los Estados pueden tolerar desacuerdos sobre intereses —aranceles, bases militares, posiciones en organismos multilaterales— con un grado razonable de pragmatismo. Lo que les resulta políticamente mucho más difícil de absorber es la humillación pública, porque la humillación pública activa dos mecanismos simultáneamente. En el plano externo, proyecta una imagen de debilidad ante terceros. En el plano interno, obliga al líder ofendido a responder ante sus propios ciudadanos, que también han visto —y juzgado— la escena. La teoría de los «costes de audiencia» opera en ambas direcciones: quien no responde a una humillación pública asume el coste político de haberla aceptado. Meloni comprendió esto antes de que lo comprendiera nadie. No respondió para aclarar el malentendido. Respondió porque no hacerlo habría significado algo. Y Tajani canceló su visita no para castigar a nadie —gesto que en términos de poder estructural resulta modesto—, sino porque mantenerla habría equivalido, ante la opinión pública italiana, a dar por buenas unas palabras que calificó de «ofensivas para toda Italia». La cancelación es, en ese sentido, un acto de política doméstica tanto como de política exterior. Esa lectura se confirmó casi de inmediato con un dato poco habitual en la política italiana. La clase política del país —incluyendo sectores de la oposición que no comparten en absoluto las posiciones de Meloni— cerró filas al unísono. El subsecretario de la Presidencia del Gobierno italiano, Giovanbattista Fazzolari, que evita habitualmente los pronunciamientos mediáticos, publicó que Trump estaba «arruinando las históricas relaciones entre Estados Unidos y Europa», añadiendo que sus comentarios inapropiados habían hecho a Estados Unidos «impopular en toda Europa, dañando tanto al continente como a los propios estadounidenses». Cuando una ofensa a una primera ministra de derechas genera esa solidaridad transversal en un sistema político tan fragmentado como el italiano, lo que se ha tocado no es el orgullo personal. Es el orgullo nacional. Y ese es un mecanismo que las democracias procesan de forma distinta —y mucho más visible— que cualquier disputa de política exterior convencional. El posicionamiento europeo: lo que reveló Bruselas Lo que ocurrió en las horas siguientes tuvo, también, una dimensión europea que merece ser examinada. Pedro Sánchez —que participaba ese mismo día en el Consejo Europeo en Bruselas— fue el primero en pronunciarse de forma explícita entre los líderes comunitarios. En la rueda de prensa posterior a la cumbre, declaró que había trasladado a Meloni toda su «solidaridad», tanto en público como, según detalló, en privado durante el propio Consejo. Su caracterización del episodio resultó ella misma reveladora: «Este ataque no es ni político ni personal. Realmente, tampoco sé cómo calificarlo». Esa incapacidad de encuadre —de situar el comportamiento dentro de las categorías habituales del análisis diplomático— es, en sí misma, una descripción del problema. No es un dato menor que fuera precisamente Sánchez quien protagonizara ese gesto. La relación entre ambos líderes ha estado marcada por diferencias ideológicas sustanciales: representan polos opuestos del espectro político europeo. Es una señal sobre cómo Europa está reordenando sus líneas de afinidad bajo presión. La ofensa no fue ideológica: fue institucional. Y la respuesta, por tanto, tampoco fue ideológica: fue europea. Esa dinámica tiene un precedente que la literatura académica ha documentado. El desprecio público sostenido por parte de Washington hacia los aliados produce, a largo plazo, un efecto que ningún planificador estratégico estadounidense habría deseado: refuerza la cohesión entre los socios, no porque se pongan de acuerdo en lo que quieren, sino porque sí lo hacen en lo que no aceptan. Macron, que semanas antes había protagonizado fricciones con Merz sobre la independencia económica de la UE, y Starmer, que gestionaba sus propias tensiones con Washington, habían apostado en Évian por el diálogo y la apertura estratégica. La fractura que emergió setenta y dos horas después de que la cumbre concluyera no procedía de sus propias divisiones internas. Procedía de fuera, y producía el único efecto capaz de suspender temporalmente esas divisiones: un agravio compartido. La fotografía que no era sobre una fotografía Convendrá hacer un ejercicio de honestidad intelectual antes de concluir. Es posible que nadie calculara las consecuencias de lo que se dijo. Es posible que la afirmación sobre la fotografía fuera, desde la perspectiva del que la formuló, una mera observación —del tipo de las que se hacen con frecuencia ante audiencias locales y que pocas veces producen efectos tan inmediatos—. Esa posibilidad no cambia el análisis: en política exterior, la intención del emisor tiene una importancia secundaria frente al efecto que produce en los receptores. Lo que importa, a efectos de la dinámica de las relaciones internacionales, no es lo que se quiso decir. Es lo que Meloni entendió, lo que Tajani decidió, lo que la clase política italiana —de izquierda a derecha— procesó como afrenta colectiva, y lo que Sánchez consideró que merecía una llamada de solidaridad inmediata en los márgenes de una cumbre que trataba asuntos bien diferentes. Y lo que todos ellos observaron fue, en esencia, lo mismo: que la aliada más ideológicamente cercana a Washington en Europa —quien había asistido a la investidura cuando ningún otro líder europeo lo hizo, quien había sonreído en el sofá de Évian tres días antes— respondía con una declaración de dignidad nacional y su canciller de facto cancelaba una reunión con el secretario de Estado de la primera potencia mundial. Eso no es una anécdota. Es información. Una forma de poder Ya lo decía Tucídides: «La identidad de intereses es la garantía más segura tanto entre los Estados como entre los individuos». Es cierto. Pero también es cierto que los intereses se gestionan a través de personas, y las personas —y los Estados que representan— reaccionan cuando son públicamente desautorizadas. Hay algo instructivo en la frase que Meloni eligió para responder. No amenazó. No utilizó el lenguaje del agravio. Dijo algo más preciso, y por eso más difícil de ignorar: «ni yo ni Italia suplicamos jamás». Es la negación de una narrativa específica sobre la jerarquía entre dos países que se consideran, al menos formalmente, aliados. Es también, si se lee con cuidado, una descripción del tipo de relación que Italia está dispuesta a mantener y del tipo que no está dispuesta a tolerar. Hay en esa economía de medios algo que recuerda menos a un reproche y más a un límite: la fijación silenciosa de hasta dónde llega la capacidad de absorber. Las alianzas no se sostienen únicamente mediante intereses compartidos. También dependen de expectativas de reciprocidad —por muy mínimas que puedan resultar—. Esas expectativas no son sentimentalismos: son la parte invisible sobre la que se apoyan los acuerdos formales. Cuando un aliado no puede asumir internamente el coste político de defender su relación con Washington, los mecanismos de cooperación —militares, comerciales, institucionales— empiezan acumular mayor fricción. No se rompen necesariamente. Se encarecen. Quizá por eso el aspecto más relevante de esta historia no sea una fotografía ni una declaración desafortunada en un canal de televisión. Quizá sea recordar que incluso entre aliados, el respeto sigue siendo una forma de poder. Y que cuando ese respeto se ausenta, queda una señal —enviada a todos los que observan— sobre los términos en que ese poder se ejerce.

La ampliación de la Unión Europea ha sido, históricamente, uno de los instrumentos más importantes para consolidar la estabilidad, la cooperación y la integración en el continente europeo. Sin embargo, pocas candidaturas han estado rodeadas de un contexto tan complejo y excepcional como el de Ucrania. Más allá de los costos tradicionales de la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó hace cuatro años, el 24 de febrero de 2022, tuvo grandes implicaciones a nivel macrointernacional. Significó una crisis de seguridad mundial, condujo a la reestructuración de alianzas globales (como la adhesión de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en 2023 y 2024, respectivamente), y abrió la posibilidad de que otros países como China pudiesen expandir su influencia económica y diplomática. Además, también fue la causa de un cambio en las dinámicas del mercado global, pues viejas alianzas debieron aventurarse hacia nuevos rumbos para reducir la dependencia de Rusia y evitar las consecuencias de las sanciones económicas que se le habían impuesto a la potencia. Entre esos cambios, uno que busca concretarse desde los inicios de la guerra es el de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE). Un proceso que comenzó el 28 de febrero de 2022, cuando el gobierno de Volodimir Zelensky solicitó formalmente la inclusión de su país dentro de la organización, y que fue formalmente reconocido por la UE el 23 de junio del mismo año, cuando el Consejo Europeo concedió a Ucrania el estatuto de país candidato. No obstante, aunque este contexto impulsó una mayor cooperación política y estratégica entre el Estado protagonista y la organización, el proceso no parecía avanzar, y estuvo congelado durante dos años. La falta de consenso, requisito clave de la Unión Europea, las dudas sobre el proceso que se estaba llevando a cabo, y las influencias políticas fueron algunas de las razones por las cuales Ucrania no pudo comenzar con las negociaciones reglamentarias para dar paso a su integración en la organización. Sin embargo, desde mayo de 2026, el panorama cambió rotundamente y comenzaron los movimientos en el juego europeo. Del artículo 49 del TUE a los criterios de Copenhague El proceso de ampliación de la Unión Europea, a pesar de ser largo y tendido, está diseñado según un sistema de méritos que asegura que los nuevos ingresantes estén al nivel de los demás Estados miembros y puedan cumplir con los estándares de la organización. Para ello, se compone de tres etapas en el sentido amplio: la candidatura, las negociaciones formales y la aceptación, cada una con sus propios pasos a cumplir. Antes de comenzar con su candidatura, un Estado debe asegurarse de cumplir con los prerrequisitos establecidos en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (el famoso TUE), el cual establece que todo miembro de la UE debe ser un país europeo y respetar los valores de la organización según lo definido en el artículo 2 del mencionado tratado, los cuales son: la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, y el respeto por los derechos humanos. En caso de que un Estado cumpla esto, entonces podrá dar inicio a la primera de las etapas y enviar su solicitud de adhesión al Consejo de la Unión Europea, órgano que procederá a informar al Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y la Comisión Europea. A su vez, esta última tendrá la labor de analizar el cumplimiento de las condiciones básicas que el Estado solicitante debe cumplir, y con ello emitirá un dictamen que, en caso de ser favorable, habilitará los procesos de votación pertinentes para conceder la condición de Estado Candidato al Estado solicitante. Para ello, se requerirá de una aprobación por mayoría en el Parlamento, y de la unanimidad en el caso del Consejo. Ya con el visto bueno de los tres órganos principales de la UE, el Estado candidato podrá acceder a los programas europeos y a la ayuda financiera de la organización para emprender todas las acciones que deban realizarse con el fin de cumplir con los objetivos que la UE establece para poder aceptar a un nuevo miembro. Estos mismos se dividen en cuatro: los tres primeros se conocen como los Criterios de Copenhague de 1993, divididos en tres ejes temáticos relativos a cuestiones políticas, económicas y jurídico-administrativas. Por su parte, el cuarto criterio fue añadido en 2006 y se refiere a la capacidad de integración de la organización. Consecuentemente con esto, el cumplimiento del criterio político será el boleto de entrada a las negociaciones de membresía (también llamadas negociaciones de adhesión). Una vez la organización decida abrirlas, comenzarán los debates en torno al cumplimiento y la adopción del acervo, el corpus de derechos y legislación que se divide en 6 grupos temáticos y 35 capítulos. Para ello, la modalidad supone abrir uno de los capítulos, evaluar la situación del país candidato, guiarlo para que cumpla con lo que en este se establece, y cerrarlo para poder avanzar al próximo. Una vez que los treinta y cinco capítulos hayan sido concluidos, entonces ya procede la conclusión de las negociaciones, lo cual supone la última fase donde se integra la firma del Tratado de Adhesión y se ratifica por la organización, los miembros de la UE, y por supuesto, el país candidato. El camino de Ucrania y las dificultades para su ingreso Conforme a lo anterior, a pesar de encontrarse dentro de un conflicto bélico, Ucrania ha podido seguir todos los pasos ordenadamente. Como se ha mencionado previamente, el día 28 de febrero de 2022 solicitó el ingreso a la UE; el 17 de junio, la Comisión emitió su dictamen positivo; el 23 de junio, el Consejo le dio el visto bueno y le otorgó su condición de candidato. Un año más tarde, el 8 de noviembre, la Comisión también recomendó que se iniciaran las negociaciones, y un mes más tarde, el Consejo abrió las negociaciones, las cuales comenzaron formalmente el 25 de junio de 2024. Sin embargo, desde entonces, la apertura del primer clúster (es decir, eje temático) estuvo vetado por Hungría hasta mayo de 2026. Ello mismo supuso una demora del proceso de dos años, pues como se comentó, sin la unanimidad de los 27 Estados del Consejo no puede ni darse el estatuto de candidato, ni abrirse ni cerrarse un capítulo. Durante el mandato del ex primer ministro Viktor Orbán, la inclusión de Ucrania fue utilizada como una moneda de cambio para conseguir ciertos beneficios. Por ejemplo, según explica el analista político Nicolás Fuster en diálogo con France24, la representación húngara en el Consejo pedía que, a cambio de su apoyo a Ucrania, se le quitasen las infracciones que le fueron aplicadas por no seguir el Estado de Derecho. Además, también advertía del peligro que suponía el ingreso del país tanto para la propia Hungría como para la organización en su conjunto. Frente a esto, el gobierno ucraniano solicitó a los líderes europeos que tomaran las medidas necesarias. Sin embargo, el giro de 180 grados que tanto esperaba Volodimir Zelensky finalmente llegó tras las elecciones húngaras y la derrota de Orbán frente a su contrincante Péter Magyar, quien tomó su lugar el 9 de mayo de 2026. Dentro de sus políticas, anunció el nuevo representante húngaro, estaría el recuperar los lazos con Ucrania, por lo que dentro de sus primeras acciones estuvo el levantar el veto que congelaba las negociaciones de membresía en la UE. Así, finalmente, logró darse inicio a esta etapa del proceso, la cual comenzó el 15 de junio de 2026 mediante la apertura del primer bloque formal de negociaciones. El debate sobre el proceso de adhesión acelerado A pesar de haber conseguido el visto bueno de la totalidad de los Estados miembros del Consejo de la Unión Europea, aún siguen en la mesa algunas preocupaciones y críticas respecto al proceso de adhesión ucraniano, y es que al estar tomando un curso tan acelerado, parece ir en contra del paulatino protocolo que caracteriza a la organización. De hecho, países como Serbia, llevan en el proceso de negociación desde hace más de una década, mientras que el proceso de Ucrania ya comenzó a negociarse en un lapso de cinco años (desde 2022, cuando formalizó su solicitud, hasta junio de 2026, con las negociaciones). La realidad es que ninguno de los tratados europeos impide la posibilidad de entrada a un Estado que se encuentre envuelto en un conflicto bélico. Sin embargo, la guerra en la que se encuentra Ucrania con Rusia parece haber sido utilizada como un justificante para apresurar el proceso. De hecho, esto mismo fue reconocido a través de los dichos de la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien sostuvo que en junio debía abrirse el primer clúster de negociaciones, y que los restantes debían seguir ese camino en julio para acelerar el camino de adhesión a la UE. Tal rapidez es justificada por la necesidad de traer estabilidad a Europa y zanjar el conflicto con Rusia. No obstante, no deja de ser un acelerón que pone en tela de juicio el proceso de ampliación europeo y puede suponer un antes y un después en la organización. Hasta ahora, y como se mencionó en párrafos anteriores, primero se debían alcanzar ciertos méritos para poder ser miembro; pero con los pasos agigantados a los que parece moverse la cuestión ucraniana, se estaría invirtiendo el orden: primero membresía y luego reformas y cumplimiento. De ser así, la ampliación dejaría de ser un reconocimiento y pasaría a ser una cuestión meramente estratégica, sentando el precedente para que otros países puedan acceder de la misma forma, lo que, a su vez, obligaría a Bruselas a cambiar sus normas. No es mentira que Ucrania ha hecho un esfuerzo impresionante para adoptar las reformas que se requieren para ingresar a la UE, incluso a pesar de estar en guerra. Una situación que no pasa desapercibida dentro de la organización, y que incluso se ha celebrado. Pero ello no implica que el proceso deba acortarse, sino que, como cualquier otro Estado, Ucrania tiene que poder seguir el protocolo establecido, o al menos eso es lo que piensan algunos representantes como Peter Magyar. Frente a esto, desde la organización ya se ha dicho que no se realizará ninguna excepción con Ucrania, sino que seguirá el mismo camino que se ha mantenido hasta el momento para el resto de ingresantes. Sin embargo, visto que, comparativamente, otros Estados han permanecido como candidatos por quince años, la duda respecto al caso de Ucrania aún permanece, e inclusive se acrecenta con las presiones que Zelensky ejerce sobre Bruselas. Tal es así que, reiteradas veces, el presidente ucraniano ha mostrado sus intenciones de ingresar a la organización en apenas un año, y de hecho, durante las negociaciones sobre el acuerdo de paz que se mantuvieron con Rusia y Estados Unidos, se habló de que la fecha de entrada fuese el 1 de enero de 2027, algo que no cayó bien en Bruselas. O miembro pleno o nada Bajo ese contexto de dudas, discrepancias y reticencias, el 21 de mayo de 2026, el canciller alemán, Friedrich Merz, propuso una innovadora idea para el ingreso de Ucrania sin la necesidad de acelerar el proceso tradicional: incluirlo bajo la figura de miembro asociado. Un rol que pretendía darle al nuevo candidato la posibilidad de acceder a determinados programas de financiamiento de forma gradual y a los órganos de toma de decisiones (pero sin derecho a voto). Además, Merz también planteó que se le daría la posibilidad a Ucrania de que, bajo este rol, también pudiese solicitar ayuda de otros Estados miembros en caso de agresión armada, dándole una garantía de seguridad sustancial con capacidad de disuadir a Rusia. Sin embargo, mientras que fue bien recibida por algunos países como Francia y España, la iniciativa no tuvo el recibimiento que Merz esperaba y las críticas no tardaron en llegar. Para algunos, podría retrasar indefinidamente la entrada ucraniana, para otros, también sorprendió el momento en el que fue planteada, pues se estaban llevando a cabo las negociaciones con Hungría para que retirara su veto. Además, también quedaron dudas sobre su adecuación con las normas que rigen el proceso de ingreso de la Unión, y las posibles consecuencias que podría tener respecto a los tratados (los cuales tendrían que ser renovados si se optase por esta función) y al régimen de méritos, en tanto se estaría adoptando una forma de ingreso sin la necesidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos. Por su parte, ni siquiera fue bien recibida por Ucrania, como expuso el viceprimer ministro ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Taras Kachka. En una entrevista exclusiva con el medio Euronews, Kachka declaró que "no hay alternativa a una adhesión rápida, basada en los méritos, pero plena a la Unión Europea". Frente a esto, la propuesta del canciller alemán quedó descartada, y se prefirió continuar con el régimen estandarizado. Las implicaciones de la adhesión de Ucrania a la UE Ahora bien, visto que las negociaciones ya han comenzado y se espera poder seguir abriendo capítulos en las próximas semanas, la verdadera pregunta va más allá de si verdaderamente podrán cerrarse todos los capítulos en el plazo que Zelensky espera. Lo que se vuelve crucial en este contexto es comprender cuáles serán los efectos de la ampliación de la Unión Europea hacia Ucrania, integrando un territorio que actualmente se encuentra bajo un conflicto armado. En ese sentido, el rol de la Unión Europea dentro del enfrentamiento ruso-ucraniano sería el primer gran interrogante en lo que a la adhesión concierne. En el Tratado de la Unión Europea, particularmente en el artículo 42, epígrafe 7, se definió la cláusula de defensa mutua, por la cual se establece el imperativo para todos los integrantes de la organización de prestar asistencia por todos los medios posibles a un Estado miembro que haya sido víctima de un ataque armado por un tercer Estado. Ello mismo puede suponer el uso de la fuerza armada, mas no necesariamente. La obligación de cada Estado será prestar apoyo y ayuda, pero la forma de hacerlo estará determinada por cada gobierno respectivamente. De esta manera, se descarta una de las preocupaciones que surgen cuando se analiza el posible ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues si lo hiciese, entonces el gobierno ucraniano podría activar el artículo 5 de la Alianza Atlántica, el cual establece que si un miembro se encuentra en guerra dentro de su territorio con otro Estado, entonces todos los miembros de la organización también lo estarán, y por ende no solo deberán brindarle asistencia al Estado aliado, sino que también responderán militarmente contra el agresor. Una obligación que no existe bajo el mandato de la Unión Europea, y una razón por la cual la adhesión de Ucrania a la UE no supone una amenaza tan fuerte para Putin como sí lo es su inclusión en la OTAN. Sin embargo, tampoco estaría claro si la UE tendrá la obligación de asistencia conforme a lo establecido en el referenciado artículo, puesto que es la primera vez que la organización se expandiría hacia un Estado en guerra. El artículo 42.7 establece que esa ayuda se da cuando un Estado miembro sufre una agresión, pero Ucrania no es aún parte de la UE y ya viene siendo agredida incluso antes de su solicitud formal al Consejo. Con lo cual, queda la duda de si el artículo supone la ayuda a un Estado miembro que ya viene lidiando con un conflicto bélico, o si solo se refiere a los ataques que ocurren cuando un Estado ya es miembro de pleno derecho dentro de la organización. Por esto mismo, será cuestión de ver cuál es la dirección que la organización toma respecto a la interpretación del artículo, o si ello puede llegar a suponer un nuevo debate en las negociaciones de los próximos días. A la vez, el hecho de que nuevos Estados formen parte de la organización también podría suponer un enorme impacto en el presupuesto comunitario, pues de este, una parte significativa de los fondos se destinan a cada país y el resto a la Unión Europea. El presupuesto de la organización, claro está, tiene distintos destinos, y de entre ellos, los que mayor porcentaje se llevan son la Política Agrícola Común (también conocida como PAC) y los Fondos de Cohesión, a los cuales Ucrania tendría acceso si formase parte de la organización de la misma forma que el resto de Estados miembros. El problema de ello es que, por la forma en la que ambos fondos destinan diferentes porcentajes a cada Estado, Ucrania se llevaría una parte importante de la asignación de estos fondos. En el caso de la PAC, los fondos se distribuyen de acuerdo con la cantidad de hectáreas de terreno cultivable. Ucrania es uno de los mayores productores de grano del mundo, y el más grande en el continente europeo (sin contar a Rusia), con un total de 413.110,0 kilómetros de tierra cultivable, seguida de Francia y luego España. Por ello mismo, Ucrania tendría derecho a millones de euros en ayudas directas a los agricultores, las cuales salen de fondos europeos. Por su parte, respecto a los Fondos de Cohesión, estos están diseñados para ayudar a los países con menor Producto Interno Bruto de la UE. Un escenario en el que se encontraría Ucrania actualmente, pues con un PIB de 194.360 millones de euros y un crecimiento interanual de 1.8 (datos de 2025), no solo se encuentra por debajo de la media de la Unión, sino que ocupa los últimos puestos en todo el continente, donde el crecimiento medio de los países emergentes y en desarrollo es de 2.0, según establece la nueva versión publicada en 2026 del informe insignia del Fondo Monetario Internacional titulado Perspectivas de la Economía Mundial, o como mayormente se lo conoce por su nombre en inglés: World Economic Outlook (WEO). Esto también podría tener un gran efecto estadístico en otros países. La entrada de un país grande en territorio y población, pero con menor PIB que el general de los países miembros, bajaría la riqueza media de toda la Unión Europea de golpe y provocaría un efecto en cadena. Al suceder esto, países como España, Portugal, Grecia o Polonia, que hoy en día reciben fondos de cohesión, podrían pasar a estar por encima de la media, lo que significaría una menor disponibilidad de fondos para ellos. ¿Comenzará 2027 con un nuevo miembro en la UE o habrá que seguir esperando para que Ucrania sea parte? El proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea aún se encuentra lejos de su desenlace, con al menos varios meses más de negociaciones, con la posibilidad de que también se vuelvan años. Aunque las negociaciones han comenzado formalmente y el desbloqueo político ha permitido reactivar el avance institucional, el camino sigue siendo extenso y altamente dependiente del acuerdo entre veintisiete Estados, cada uno con sus propios intereses y objetivos. En este contexto, el futuro de la integración ucraniana no solo se define por su capacidad de cumplir con los criterios técnicos exigidos, sino también por la voluntad política de los Veintisiete de sostener un proceso que oscila entre la lógica meritocrática tradicional de la ampliación y una dinámica estratégica marcada por el conflicto en curso. Por esto mismo, más allá de preguntarse sobre las posibilidades de Ucrania y los plazos, la incógnita central radica en si la adhesión seguirá los pasos formales, o si por el contrario, se optará por abrir un nuevo carril en la autopista que lleva hacia la Unión Europea. No obstante, algo queda claro: el caso de Ucrania podrá suponer un antes y un después en la organización, un precedente que redefiniría la forma en la que la UE concibe su propia ampliación. Más que una simple cuestión de calendario, la posible entrada de Ucrania abre un debate estructural sobre el futuro del proyecto europeo y lo que verdaderamente se encuentra en juego no es solo si Ucrania pasará a ser miembro en 2027, sino qué tipo de Unión Europea emergerá de este proceso.

Históricamente, el centro de gravedad internacional ha sido el Océano Atlántico, debido a la preeminencia de las potencias europeas en el orden internacional, así como el consecuente proceso colonizador derivado de la misma. Sin embargo, en las últimas décadas, a causa del auge de China como potencia internacional de primer orden, junto al exponencial crecimiento económico y comercial de los países del sudeste asiático, especialmente los pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el continente oriental, y en particular el Mar de la China Meridional, se han convertido en el centro de la geopolítica y economía mundial. El ascenso de Pekín encuentra su explicación en el proceso de Reforma y Apertura iniciado por Deng Xiaoping en 1978, mediante el cual China pasó de ser una economía agraria de base socialista a una forma de capitalismo de Estado, en la cual se crearon zonas económicas especiales, donde se permitía la libre inversión extranjera, atrayendo a múltiples empresas, especialmente estadounidenses. Sin embargo, este modelo económico, en el que China aprovechaba el marco económico y comercial creado por la globalización, sufrió un importante revés con la Crisis de 2008, afectando su posición en las cadenas globales de valor. Pese a ello y la actual guerra comercial con Washington, China mantiene su preeminencia, aunque ligeramente aminorada en el mercado global, siendo el productor clave de ciertas materias primas críticas, como el 80% de tierras raras, el 72% del cobalto o el 61% del litio, entre otras. Por otro lado, China ha sido, hasta que fue sobrepasada por la India en 2023, el país más habitado del planeta, con una población actual en torno a 1.412 millones de personas, frente a las 1.476 millones de India. Las políticas del hijo único, actualmente derogadas, así como la crisis del COVID-19 y las históricas pasadas hambrunas han generado una pirámide poblacional regresiva, similar a los países europeos, en contraposición a la de la India, que goza de una de carácter progresivo, mayor número de población joven. Debido a lo anteriormente expuesto, así como el crecimiento económico de la India, situado en una media de un 7% anual, se plantea la posibilidad de que este país imite a China y se convierta en una potencia internacional de primer nivel. Sin embargo, Nueva Delhi arrastra una serie de problemas estructurales en los planos social, religioso, económico y político, lo que dificulta esta posibilidad. Fragmentación vs. homogeneidad: cohesión demográfica y tensiones culturales en India y China La cuestión religiosa y demográfica en la India es uno de los frenos estructurales que impiden al país avanzar en su modernización interna y cohesión social. Desde su independencia de Reino Unido, con la consecuente y trágica partición de la colonia británica en dos Estados, India y Pakistán, el país se ha encontrado dividido entre dos etnias principales, los indoarios y los drávidas, representando el 72% y 25% de la población respectivamente. Respecto a la religión, esta tiene lugar entre los hinduístas y musulmanes, representando los primeros en torno al 79,8% de la población, frente al 14,2% de los segundos. Además, se agregan dos religiones más, el cristianismo, con un 2,3%, y el sijismo, con un 1,7% de practicantes. Cabe destacar que se han registrado casos de discriminación contra los musulmanes en India, siendo un ejemplo histórico la masacre que se desató entre ambos grupos religiosos tras la partición de la India en 1947. Pese al paso de las décadas, la tensión entre comunidades religiosas con los musulmanes sigue presente, siendo visible en los linchamientos hacia los musulmanes por comer carne de res, como el caso de Dradi en 2015, donde una turba atacó a una familia musulmana bajo una acusación falsa de almacenar carne de ternera, asesinando al padre e hiriendo gravemente al hijo. Además, algunos Estados han aprobado leyes contra los matrimonios mixtos, argumentado la existencia de una “Yihad del amor”, mediante la cual los hombres musulmanes buscan convertir a las mujeres hindúes al islam. A su vez, cabe señalar la estigmatización social organizada desde las instituciones, los boicots comerciales o la destrucción de sus propiedades como otros ejemplos de las problemáticas de convivencia entre ambos grupos. Por otro lado, existe un importante problema de cohesión lingüística pues, pese a que las lenguas vehiculares son en hindi y el inglés, coexisten con otras 21 lenguas oficiales, como el bengalí o el telugu, que agregan a su sistema federal una mayor complejidad de la que ya tiene, debido a las diferentes comunidades culturales existentes en el país y los conflictos entre sí, plasmados a nivel político. Como consecuencia de estas diferencias, tanto lingüísticas como religiosas y culturales, la India encuentra un importante obstáculo demográfico a la hora de lograr la cohesión social. Sin embargo, China adolece de esta problemática, pues a nivel étnico se encuentra compuesta de una abrumadora mayoría de la etnia han, representando el 91% de la población, mientras que otros grupos étnicos, como los uigures o los tibetanos, representan el 9% de la población. A lo anterior se suma la existencia de una lengua única para todo el territorio, el chino mandarín, impuesto desde el gobierno, generando una mayor cohesión territorial y demográfica, a diferencia de la fragmentación etnolingüística de la India. Respecto a la cuestión religiosa, su población es mayoritariamente irreligiosa, representando el 52%, mientras que las creencias religiosas populares son practicadas por el 22%, el budismo por el 18%, los cristianos representan el 5% y los musulmanes el 2%. Cabe destacar que el Gobierno Chino considera, debido al bagaje histórico del país, a la religión como un instrumento de influencia extranjera, aplicando el ateísmo de Estado como política religiosa, aunque tolerando las diferentes confesiones. Sin embargo, en la práctica existe cierta persecución, especialmente contra los musulmanes de etnia Uigur que habitan Sinkiang, a quienes se ha recluido de manera masiva en “campos de reeducación” para alejarlos de su religión, bajo la acusación de colaboración con Al Qaeda. Simultáneamente, se ha organizado una migración masiva de chinos de etnia han a la región, convirtiendo a los uigures en minoría, representando el 45% de la población actualmente. Así pues, China presenta unas características demográficas favorables a la cohesión y el desarrollo económico, con las facilidades que presenta la existencia de una lengua vehicular mayoritaria y la homogeneidad étnico-cultural, así como una menor fragmentación religiosa. Sin embargo, la India se encuentra fuertemente condicionada en su desarrollo por la fragmentación étnica, lingüística y cultural, así como la latente conflictividad entre hindúes y musulmanes, lo cual dificulta su homogeneización y desarrollo económico. Asimetría productiva: capital humano, cuellos de botella logísticos y la transición industrial de India frente a China En cuanto a estructura económica, China e India presentan unas fuertes diferencias, pese a tener una cantidad similar de población. Uno de los principales motivos es la mano de obra, pues aunque cuentan con un número similar de habitantes, lo cierto es que la India carece de una mano de obra igual de productiva y cualificada que China. Ello es en razón de que la escolaridad promedio en la India es de 8 años, mientras que en China ronda los 13.5 años, fruto de las diferencias de desarrollo económico entre ambos países, así como sus particularidades culturales. Se agrega, además, la diferencia entre la población económicamente activa, en China rondando el 65% entre los mayores de 15 años, frente al 48% de la India, relacionada con la falta de industria y la preponderancia económica del sector servicios, especializado y demandante de mano de obra cualificada. Cabe destacar la discriminación de la mujer en el mercado laboral de la India, donde a causa de cuestiones culturales, participan solo el 25% del colectivo, frente al 60% en China. Así pues, pese a que ambos países tienen una población similar, en el caso de la India se encuentra desaprovechada en términos productivos. Por otro lado, mientras China es una potencia manufacturera e industrial de primer nivel y completamente integrada en las cadenas globales de valor, con especial atención a las de ciertos productos críticos, como las tierras raras o el litio, la India es un caso único en la historia macroeconómica. Ello se debe al hecho de que la economía de dicho país se basa en el sector servicios, el cual representa el 50% del PIB, concretamente en aquellos de alta cualificación tecnológica. Así pues, los empleos son acaparados por la élite urbana que ha tenido acceso a la educación superior, como el caso del sector las TIC o el software, a la par que carece de una base industrial sólida que integre a la población de zonas rurales o sin un alto nivel formativo. Con el objetivo de corregir esta anomalía, el gobierno de la India, con Narendra Modi a la cabeza, lanzó el plan “Make in India” en 2014, buscando incrementar la contribución de las manufacturas al PIB hasta el 25% para el año 2022. Sin embargo, en dicho año estas solo representaban entre el 14% y el 17% del PIB, ante lo que el Gobierno de la India pospuso la fecha de realización del objetivo hasta 2025, cuando tampoco se alcanzó. Suceso ocasionado en parte, por las estrictas regulaciones laborales, que desincentivan la creación de empresas de más de 100 trabajadores (puesto que el Estado ha establecido elevadas indemnizaciones por despido), a lo que se agrega el hecho de que la población india, como se ha visto anteriormente, carece de cualificación suficiente para empleos manufactureros. Asimismo, otro de los factores que han influido en el fracaso del plan “Make in India” son los costes logísticos, los cuales representan entre el 13% y el 14% de su PIB, frente al rango entre el 8% y 9% de los países de la OCDE, y el 9% de China. Lo anterior es a causa de varios factores que comparten un denominador común, la carencia de infraestructuras al nivel del desarrollo que se pretende lograr. Por un lado, el 60% de las mercancías se mueven por carretera, las cuales se encuentran en mal estado o congestionadas, mediante camiones pequeños, a causa de la limitada y precaria red ferroviaria del país. Por otro lado, a la hora de exportar las mercancías al exterior, los puertos de la India carecen del calado necesario para acoger grandes buques cargueros de última generación, lo cual obliga a realizar costosos transbordos en terceros países, como Sri Lanka, concretamente en el puerto de Colombo, y Singapur. Cabe destacar que, más allá de los factores internos mencionados, lo cierto es que el contexto global en el que se encuentra la globalización tras la Crisis de 2008, la pandemia del COVID-19 y la Guerra de Ucrania, no favorece a la India. La época de la deslocalización masiva basada en los menores costes productivos, conocido como “offshoring”, y el libre comercio global han sido sustituidos como una securitización de las cadenas de suministro por parte de los estados, con el fin de aminorar los impactos de los shocks económicos globales. Ejemplo de ello son las políticas arancelarias proteccionistas y los subsidios masivos a las industrias nacionales por parte de los gobiernos occidentales, el llamado “reshoring”. Sin embargo, el proteccionismo y el fin de la hiperglobalización previa a dichos shocks económicos han creado un nuevo contexto comercial en la globalización, no su fin. En este marco ha emergido la idea del “friendshoring”, donde las deslocalizaciones de las cadenas de suministros de los países occidentales se dirigen hacia otros considerados aliados frente a China, buscando seguridad económica. En este contexto, India busca posicionarse como el núcleo productivo del “Altasia”, abreviatura de “Alternative Asia”, una combinación de economías asiáticas que poseen un potencial industrial capaz de ofrecer una alternativa a China, formando parte de la misma países como Vietnam, Singapur o Filipinas, entre otros. Modelo político-institucional: la ventaja ejecutiva china frente a los frenos estructurales de India Las diferencias políticas e institucionales explican, junto a lo anteriormente expuesto, las diferencias entre ambos países. Mientras que China ha sido capaz de construir grandes infraestructuras y zonas industriales velozmente, la India no lo ha logrado, debido a demoras, sesgos cortoplacistas y extensos litigios. Ello no es debido, en exclusiva, a la ineficiencia, sino que se basa en incentivos institucionales divergentes, defendiendo la India la libertad individual frente al colectivismo chino, basado en la velocidad y coherencia estatal. China e India presentan una serie de diferencias en su sistema político e instituciones que impiden la emulación de éxito chino por parte de la India. La economía china opera con visión largoplacista, mediante planes quinquenales de entre 15 y 30 años, lo cual le permite realizar altas inversiones en infraestructuras, como ferrocarriles o puertos más allá del cálculo electoral. Por su parte, India se encuentra sumida en el cortoplacismo institucional, debido a la sucesión de ciclos electorales, con un marcado populismo que prioriza subsidios, como la electricidad para los agricultores, con el fin de garantizar votos en las elecciones, en detrimento de inversiones a largo plazo que favorecerían el avance económico del país. Por otro lado, el modelo de la India dificulta la capacidad de ejecución de las reformas administrativas, puesto que se trata de una burocracia heredada del colonialismo, con fuerte autonomía debido al federalismo y baja coordinación vertical, paralizando reformas laborales, regulatorias o tributarias, lo cual aleja a la inversión extranjera. A diferencia de China, que mantiene una burocracia centralizada, eficiente y cuya evaluación es por resultados, aunque menos meritocrática, India es incapaz de implementar las reformas que pretende a causa de este sistema burocrático. Respecto a la organización territorial, China es una país con una gran centralización económica, siendo los burócratas nombrados por el gobierno central y ascendidos en base al cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo, en la India el sistema federal genera una gran competitividad y fragmentación, siendo los estados gobernados en su mayoría por partidos regionales que priorizan sus intereses particulares frente al nacional, y que actúan como contrapeso frente al gobierno y las leyes nacionales. Ejemplo de ello es el bloqueo o retraso en la implementación de las leyes laborales nacionales, corredores industriales o adquisiciones de tierra, actos que generan vetos contraproducentes para el mercado único. Este modelo territorial es visible en las leyes de propiedad de la tierra. En el caso chino, la tierra es predominantemente estatal o colectiva, facilitando la expropiación y reconversión de terrenos agrícolas para proyectos industriales mediante decreto central o provincial, lo cual habitualmente genera protestas por las bajas indemnizaciones, limitando el autoritarismo los bloqueos judiciales y permitiendo la urbanización y construcción de parques industriales a gran velocidad. Por el lado de la India, la propiedad privada se encuentra fuertemente blindada a nivel constitucional y mediante la Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (2013). En base a lo anterior, el proceso de expropiación de tierras requiere de evaluaciones de impacto social, compensaciones elevadas y litigios extensos, retrasando grandes proyectos de infraestructuras durante años. Lo anterior genera que muchas empresas opten por alternativas como Indonesia o Vietnam frente al país, puesto que estas leyes y la burocracia desincentivan la inversión extranjera. Por último, cabe destacar las diferencias en el modelo económico predominante en la India y China. El primero se basa en la fragmentación de las empresas públicas estatales, con una gran influencia de la oligarquía local y política, lo cual genera una regulación permeable a los intereses privados, limitando la competencia real y el surgimiento de una base manufacturera local. Sin embargo, China practica un capitalismo de estado, alineando los intereses de las empresas con el Politburó y sus objetivos geopolíticos, canalizando capital hacia las prioridades nacionales. Conclusiones: entre el optimismo demográfico y la realidad institucional. ¿El siglo de la India? En vista de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la India presenta un gran potencial a nivel demográfico, geopolítico y comercial. En un contexto marcado por el desacoplamiento económico de China y el surgimiento del Altasia, el país puede jugar un papel central en las cadenas globales de valor y aprovechar dicha posición. Sin embargo, no se encuentra exenta de problemas que pueden acabar con su potencial. En el plano demográfico y cultural, la India cuenta con una ventaja poblacional clara, superando a China como el país más habitado del mundo y mantiene una pirámide progresiva con una gran masa de jóvenes. No obstante, esta ventaja se ve severamente limitada por la fragmentación étnica, religiosa y lingüística. Las divisiones entre indoarios y drávidas, la tensión histórica y persistente entre hindúes (79,8%) y musulmanes (14,2%), junto a los 21 idiomas oficiales además del hindi y el inglés, generan una complejidad federal que dificulta la cohesión nacional. A diferencia de China, con su abrumadora mayoría han (91%), el mandarín como lengua unificadora y menor fragmentación religiosa, la India sufre conflictos recurrentes, como linchamientos, leyes contra matrimonios mixtos o el fenómeno de la “Yihad del amor”, entre otras, que erosionan la estabilidad social necesaria para un desarrollo sostenido y unificado. Respecto a la asimetría productiva, India posee un volumen enorme de mano de obra, pero esta se encuentra desaprovechada. Con una escolaridad promedio de solo 8 años (frente a 13,5 en China), una tasa de participación laboral femenina del 25% y una población económicamente activa del 48%, el país no logra convertir su dividendo demográfico en productividad real. Su economía, dominada por servicios de alto valor (50% del PIB) concentrados en una élite urbana, carece de una base manufacturera sólida. El plan “Make in India” ha fracasado en alcanzar el objetivo del 25% de manufactura en el PIB debido a regulaciones laborales rígidas, baja cualificación y, especialmente, costes logísticos elevados, en torno al 13-14% del PIB, provocados por infraestructuras deficientes: carreteras congestionadas, ferrocarriles precarios y puertos sin calado suficiente. Mientras China domina cadenas globales de valor en productos críticos, India sigue atrapada en una estructura económica desequilibrada que deja fuera a la mayor parte de su población rural. En el modelo político-institucional, las diferencias son aún más determinantes. China disfruta de una capacidad de ejecución estatal extraordinaria gracias a su visión a largo plazo mediante planes quinquenales de 15-30 años, burocracia centralizada evaluada por resultados y control político vertical. En contraste, la democracia india genera parálisis: cortoplacismo populista que prioriza subsidios electorales sobre inversión productiva, una burocracia colonial fragmentada con baja coordinación, y un federalismo conflictivo donde estados regionales actúan como “veto-states”. Las leyes de expropiación protegen fuertemente la propiedad privada, generando litigios eternos, a la par que el capitalismo indio, más permeable a oligarquías y captura política, contrasta con el capitalismo de Estado chino disciplinado y alineado con objetivos nacionales. Esta realidad explica por qué China construye infraestructura y zonas industriales a gran velocidad, mientras que India sufre demoras crónicas que ahuyentan la inversión manufacturera. En definitiva, aunque el optimismo demográfico y el contexto del friendshoring favorecen a India, sus frenos estructurales, como es el caso de la fragmentación cultural, la debilidad en capital humano e infraestructura, y la parálisis institucional, se caracterizan por su profundidad y dificultad de solvencia a corto plazo. Sin reformas claras y sostenidas en los planos educativo, laboral, territorial y burocrático, el “siglo de India” podría convertirse en una oportunidad perdida. El elefante tiene tamaño, pero todavía le falta la velocidad y la cohesión del dragón.