El Big One y la geopolítica de los desastres: ¿está preparado Estados Unidos para un gran terremoto en California?

Hay catástrofes que, por su naturaleza, pueden anticiparse con bastante precisión, como los huracanes, los tsunamis o incluso el estallido de un volcán; otras, sencillamente, obligan a convivir con la incertidumbre, como los terremotos. Los sismólogos saben que California volverá a sufrir un gran terremoto, el denominado Big One y, aunque pueden identificar las fallas potencialmente más peligrosas, reconstruir episodios anteriores o modelizar con amplios detalles qué pasaría en las primeras horas tras el desastre, no podrán predecir cuándo llegará. De ahí que, desde hace décadas, el término haya sido instalado en el imaginario estadounidense para referirse a ese gran terremoto aún pendiente, generalmente asociado a la falla de San Andrés (BBC News Mundo, 2019).

Sin embargo, simplemente estudiar cuándo ocurrirá deja fuera de la ecuación muchos factores, como la afección a las viviendas, hospitales, comunicaciones, suministro eléctrico y de agua o a los servicios de emergencia de forma simultánea. Incluso a las instituciones, que deberían tomar decisiones extremas con un contexto en el que los medios con los que trabajan dejarían de funcionar parcial o totalmente. El propio escenario elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos plantea un desastre regional capaz de desbordar mecanismos de asistencia ordinarios y generar repercusiones económicas muchísimo más allá de California (Jones et al., 2008).

En este punto, las relaciones internacionales cobran muchísima importancia. El Big One obliga a preguntarse hasta qué punto un país como Estados Unidos estaría preparado para gestionar una emergencia de tal calibre y, llegado el caso, qué ocurriría cuando la respuesta nacional tuviera que complementarse con ayuda exterior y qué repercusión tendría aceptar o no según de quien venga esa ayuda.

El Big One: de un miedo californiano a un escenario real

Hablar del Big One puede inducir a error si se presenta como una teoría científica cerrada, ya que propiamente no lo es. No existe un terremoto concreto esperando una fecha determinada ni una predicción que permita señalar cuándo ocurrirá. Si bien es cierto que, cada vez que el mundo observa una actividad sísmica anormalmente elevada, tal y como ocurrió entre junio y agosto de este año -en el cual hubo una secuencia de grandes terremotos en la Placa Sudamericana y en el Sudeste Asiático-, el debate sobre la llegada del Big One vuelve a escena (Naciones en Ruinas, 2026).

Sin embargo, el término como tal no deja de ser una expresión popular. En California, lugar donde los científicos han apuntado que ocurrirá este gran temblor, el término Big One se utiliza de manera más amplia como término hipotético que pretende describir la llegada de un megaterremoto potencialmente catastrófico, específicamente situado en la falla de San Andrés y cercano a magnitudes de 7,8 u 8 Mw, debido a la acumulación de tensión en las placas tectónicas (BBC News Mundo, 2019).

La de San Andrés tampoco es una falla cualquiera. Recorre 1.300 kilómetros de California y marca el límite entre dos enormes bloques de la corteza terrestre, como son la Placa del Pacífico y la Norteamericana, que siempre se desplazan lentamente una respecto a la otra, aunque no siempre este movimiento es suave. Determinados segmentos pueden permanecer bloqueados mientras continúa acumulándose la tensión hasta que, finalmente, la roca cede y esa energía se libera en forma de terremoto. 

No existe una especie de reloj geológico que haga una cuenta atrás, ya que los terremotos no pueden predecirse así -de hecho, no pueden predecirse como tal de forma exacta-, pero sí pueden identificarse las zonas donde se ha acumulado tensión, reconstruir experiencias previas y calcular probabilidades. El terremoto de San Francisco, con magnitud aproximada de 7,8, provocó más de 3.000 muertes en 1906. En la zona meridional de San Andrés, algunos segmentos llevan siglos sin producir una ruptura de gran tamaño, lo cual es motivo causal de la atención científica (BBC News Mundo, 2019).

Precisamente para trabajar con ese margen de incertidumbre nació en 2008 el ShakeOut Scenario. Un equipo coordinado por Lucile Jones y formado por más de 300 especialistas construyó un terremoto hipotético de magnitud 7,8 en unos 300 kilómetros del sur de San Andrés. El objetivo no era anunciar el próximo terremoto, sino crear un acontecimiento científicamente plausible y suficientemente grave como para comprobar qué partes de la sociedad podrían fallar y qué podía hacerse antes para reducir los daños (Jones et al., 2008). El propio estudio insiste en que se trata de un escenario, no de una predicción.

La diferencia importa porque el ShakeOut no representa el peor terremoto posible tampoco. California cuenta con cientos de fallas capaces de generar movimientos dañinos y, más al norte, la zona de subducción de Cascadia ofrece un escenario aún mayor. Una ruptura parcial podría situarse entre magnitudes 8,0 y 8,6, mientras que una ruptura completa del margen podría alcanzar aproximadamente entre 8,7 y 9,2 (Schulz, 2015). Cascadia, además, se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, pasando por Oregón y Washington. Por este mismo motivo, un gran terremoto no es un problema local, pudiendo afectar a territorios de dos Estados e incluso generar un tsunami.

Aun así, específicamente San Andrés es especialmente útil para este análisis, porque el ShakeOut permite bajar la hipótesis a cifras concretas. El escenario estima alrededor de 1.800 fallecidos, unos 50.000 heridos que necesitarían atención hospitalaria y pérdidas económicas cercanas a los 213 mil millones de dólares de 2008. Buena parte del daño no proviene necesariamente de la consecuencia directa del temblor, sino de incendios, cortes de suministro, interrupciones de las comunicaciones y la incapacidad temporal de determinadas infraestructuras para seguir funcionando (Jones et al., 2008).

El terremoto es sólo la primera pieza de este efecto mariposa.

Cuando el Estado también empieza a temblar

Un gran terremoto deteriora suficientes piezas del sistema como para que unas comiencen a arrastrar a las demás. Un ejemplo sencillo lo puede ilustrar mejor: una tubería de agua se rompe y el barrio a la que se dirige pierde suministro. Ahí no queda la cosa, sino que los bomberos disponen también de menos agua para combatir los incendios iniciados por fugas de gas o fallos eléctricos y las carreteras están bloqueadas por escombros, por lo que los servicios de emergencia operan más lentos. Al mismo tiempo, las telecomunicaciones funcionan peor porque han perdido electricidad y los equipos enviados para arreglarla necesitan de las carreteras bloqueadas para llegar a las instalaciones dañadas. Cinco emergencias que generan un bloque transversal, aunque todas pertenecen a una sola que se va multiplicando y mostrando en diferentes ámbitos dependientes de los otros.

Una de las ideas más interesantes del ShakeOut Scenario aparece al compararlo con el terremoto de Northridge en 1994. Aquel sismo, de magnitud 6,7, causó daños muy importantes en Los Ángeles, pero siguió siendo generalmente un desastre localizado. Bastaba desplazarse unos kilómetros para encontrar zonas relativamente intactas desde las que podían movilizarse recursos. En el escenario hipotético del Big One ocurriría algo distinto: las localidades aledañas -que normalmente son las llamadas a prestar ayudas- también estarían afectadas generalmente por causas transversales como las que han sido expuestas previamente, por lo que la asistencia debería proceder de mucho más lejos y, previsiblemente, sería más lenta (Jones et al., 2008).

Este cambio de escala alteraría todo. Las lifelines -agua, electricidad, combustible, telecomunicaciones y transporte- no funcionan independientemente. Una red necesita a la otra. Las telecomunicaciones requieren electricidad; las reparaciones necesitan carreteras transitables; los equipos de emergencia necesitan poder comunicarse; y combatir incendios se vuelve mucho más difícil cuando las conducciones de agua han quedado inutilizadas. El ShakeOut advierte precisamente de esa interdependencia y contempla roturas simultáneas allí donde estas infraestructuras atraviesan la falla (Jones et al., 2008).

El agua es uno de los ejemplos más claros. En las zonas más dañadas, ciertas redes podrían permanecer sin servicio durante meses y la falta de suministro afectaría diversos ámbitos críticos. Incluso en un escenario en el que los puertos de Los Ángeles y Long Beach no sufrieran daños estructurales, el modelo contempla su paralización inicial y recuperación lenta debido a la pérdida de electricidad y a los problemas de conexión terrestre (Jones et al., 2008).

La población empezaría entonces a experimentar una segunda emergencia. El escenario calcula más de 270.000 desplazados y la necesidad de centenares de refugios, mientras que a partir de las primeras 72 horas, el abastecimiento de agua y alimentos se vuelve especialmente problemático, y no precisamente porque Estados Unidos carezca de recursos. Recursos hay de sobra, pero trasladarlos puede convertirse en un problema cuando todas las infraestructuras están funcionando al mismo tiempo muy por debajo de su capacidad real. 

Asimismo, cabe destacar la gran preparación estadounidense durante décadas para este suceso. El país cuenta con organismos especializados, protocolos específicos, códigos de construcción exigentes, administraciones especializadas, FEMA, Guardia Nacional, cuerpos de bomberos con unidades de búsqueda y rescate, planes de contingencia y sistemas de ayuda mutua entre administraciones. El ShakeOut reconoce que las inversiones en refuerzo de edificios, mejora en carreteras e infraestructuras reducen considerablemente las pérdidas previstas, siendo las estimaciones muchísimo mayores sin esas medidas previas (Jones et al., 2008). Sin embargo, estar preparado no es sinónimo de ser inmune en este caso.

Lo ocurrido en Myanmar en 2025 ofrece una interesante reflexión para entender mejor qué ocurre cuando una demanda simultánea puede superar temporalmente los recursos disponibles, teniendo en cuenta que las circunstancias políticas y económicas son muy distintas. Tras el terremoto, varias zonas quedaron aisladas por daños en carreteras, puentes y ferrocarriles mientras se registraban problemas de electricidad, agua potable, comunicaciones y acceso sanitario. Uno de los hospitales de Naypyidaw llegó a atender heridos en el exterior después de quedar dañada su entrada de emergencias, mientras la junta militar tuvo que solicitar finalmente ayuda internacional ante una situación que superaba sus capacidades, al mismo tiempo que sus previsiones (Jiménez Vidal, 2025). En este contexto, se observa que las instituciones encargadas de responder ante una catástrofe también pueden sufrirlas. Basta con que las herramientas mediante las cuales actúa fallen simultáneamente.

El límite del ShakeOut llega en este punto. Sus autores describen que un desastre obligaría a las organizaciones de emergencia a afrontar demandas superiores a cualquier episodio anterior y reconocen que, durante las primeras 24 horas, comenzarían a llegar ofertas de ayuda internacional de otros países (Jones et al., 2008). Pero hablamos de un escenario construido en 2008. Dieciocho años después, el contexto geopolítico ha cambiado profundamente y el orden internacional se ha vuelto mucho más multipolar, competitivo y fragmentado. La pregunta, por tanto, ya no es únicamente si llegaría ayuda exterior, sino de quién, bajo qué condiciones y hasta qué punto su aceptación quedaría atravesada por intereses geopolíticos. 

La geopolítica después del terremoto

La llegada de ayuda internacional, sobre el papel, debería ser la parte más sencilla del desastre, en el que se envían recursos a un país que lo necesita. La realidad es más lenta y tediosa: para que un equipo extranjero pueda atravesar la frontera del estado receptor de ayuda necesita autorización, transporte y, sobre todo, información sobre dónde operar, coordinación con las autoridades nacionales y, en determinados casos, acreditar que se cumple con unos estándares técnicos completos. Incluso en un momento como una crisis humanitaria, la soberanía estatal sigue siendo una prioridad y el estado es solamente el que decide quién entra, quién no y qué ayuda quiere aceptar.

Esto explica la institucionalización sobre la cooperación internacional ante desastres en las últimas décadas. El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), dependiente de Naciones Unidas, reúne a más de 90 países y organizaciones y establece una metodología común para coordinar equipos de búsqueda y rescate urbano. Desde 2005 existe además un sistema internacional de clasificación externa que permite diferenciar los equipos en función de sus capacidades y facilitar que el Estado afectado pueda priorizar los que mejoren o den valor añadido a su propia respuesta (INSARAG, 2026).

Sin embargo, la existencia de mecanismos no convierte la cooperación en algo automático, ni tan siquiera puramente técnico. Una catástrofe no suspende la ideología de un Estado ni su proyección en el sistema internacional. Continúan las alianzas, las rivalidades, los intereses nacionales, los problemas de confianza y consideraciones vinculadas a la seguridad. Desde una lectura realista esto resulta de gran relevancia, ya que el comportamiento político sigue condicionado por el interés y los recursos de poder disponibles incluso cuando existe margen para la cooperación (Oro Tapia, 2009). Ayudar puede responder a una necesidad humanitaria y, al mismo tiempo, generar influencia, mejorar las relaciones bilaterales o proyectar una determinada imagen internacional.

Analizar el caso estadounidense en la actualidad también requiere detenimiento, en tanto que el Big One se ha proyectado generalmente sobre la falla de San Andrés. Este debate sobre la ayuda internacional, bajo la segunda Administración de Donald Trump, adquiere una dimensión particular. La literatura reciente ha usado el concepto de transaccionalismo para describir una política exterior donde las relaciones internacionales tienden a evaluarse en mayor medida atendiendo a costes, beneficios, reciprocidad y ventajas concretas para Estados Unidos, basándose en el intercambio directo y beneficios a corto plazo y aplicando la lógica corporativa y puramente empresarial a las relaciones entre Estados. Grgić (2025) identifica precisamente el giro hacia el transaccionalismo como una de las características de este segundo mandato de Trump, mientras que otros análisis apuntan a una relación más selectiva respecto al multilateralismo y una prioridad de intereses nacionales inmediatos (Grgić, 2025; Patrick y Romero, 2026).

Lo previamente expuesto no implica que Washington rechace ayuda procedente de un rival comercial tras un hipotético gran terremoto, ya que hacerlo sería especular sobre un tema del cual verdaderamente no sabemos la respuesta. Sí permite plantear si sería indiferente quién pudiera ofrecer esa ayuda. Canadá, México, Japón o varios países europeos parten de relaciones de cooperación consolidadas en Estados Unidos, pero ¿y si estas capacidades fueran ofrecidas por un Estado con el que se tuviera desconfianza?. Revisar lo que ocurrió en grandes terremotos ocurridos recientemente puede esclarecer ciertamente algunos aspectos de este planteamiento.

El terremoto que afectó a Colombia en Agosto de 2026 mostró cómo una emergencia podía quedar atravesada por decisiones de política exterior. El Gobierno colombiano defendió que disponía de una amplia capacidad propia de respuesta y limitó la entrada de determinados equipos internacionales, alegando que no todos cumplían las certificaciones requeridas. Entre los equipos inicialmente aceptados se encontraban los procedentes de Estados Unidos, Ecuador, El Salvador o Israel -este último, además, fue relevante ya que el ministerio de Asuntos Exteriores colombiano, en las horas posteriores al desastre, anunció su reconocimiento de los Altos del Golán como israelíes-, mientras que otros ofrecimientos no fueron autorizados (France 24, 2026).

El caso mexicano permite observar mejor los matices. Colombia recibió alimentos, agua, medicamentos y otros suministros de México, pero rechazó el ingreso de una brigada militar de rescate, al solicitar una certificación adicional que el equipo todavía no podía presentar en los términos requeridos por Bogotá (EFE, 2026). La explicación oficial fue, por tanto, técnica. Sin embargo, la selección de los equipos generó un debate público acerca de cuánto pesaban las certificaciones y cuánto podían hacerlo también las afinidades políticas. El propio France 24 recogió opiniones contrapuestas y señaló además que Chile, pese a la proximidad ideológica existente entonces entre ambos gobiernos, tampoco había sido inicialmente convocado, lo que impide reducir la decisión a una explicación exclusivamente partidista, aunque el debate y la crítica sobre si fue o no una decisión política nunca terminó de cerrarse (France 24, 2026).

Otro caso reciente fue el del terremoto de Venezuela, en 2026. La ayuda extranjera podía llegar, pero quién la distribuía dentro del país era la cuestión quizá más complicada. Tras los terremotos de junio de 2026, organizaciones de la sociedad civil denunciaron diferencias en los procedimientos para el acceso a refugios temporales y una ausencia de criterios homogéneos, llegando a depender las autorizaciones de cada instalación y de la relación de las organizaciones con las autoridades y, en última instancia, con el régimen venezolano. Amnistía Internacional también señaló que las restricciones jurídicas y administrativas aplicadas a las ONG dificultaron su capacidad de financiación y respuesta a la emergencia (Amnistía Internacional, 2026).

El caso de Myanmar aporta otra variante más: la propia dimensión de la catástrofe fue la que llevó a la junta militar tradicionalmente reticente ante la intervención exterior a solicitar la asistencia internacional, al no poder hacerla frente solos. Es decir, un desastre puede reforzar las cautelas soberanas, pero también obligar temporalmente a abandonarlas o bajarlas cuando la capacidad interna es insuficiente. 

Los tres casos son muy distintos entre sí, pero todos conducen al mismo punto: la ayuda humanitaria nunca llega a un vacío político. Cruza fronteras que siguen bajo el control del Estado, necesita autorizaciones, responde a protocolos y entra en países que ya tienen aliados, rivales, desconfianzas e intereses propios. Son las decisiones humanas las que dificultan o facilitan el acceso a ayuda frente a una crisis por diversos intereses, y una catástrofe no va a ser menos. La llegada del Big One no suspendería la geopolítica que hubiera en el momento, probablemente la haría muchísimo más visible y la pondría a prueba cuando más difícilmente puede pasar desapercibido.

¿Realmente puede afrontarse una catástrofe así?

Que ocurra un desastre de grandes magnitudes no reinicia desde cero el sistema internacional en absoluto, ni las relaciones entre los Estados. Tras décadas de terremotos, tsunamis, huracanes, incendios e inundaciones, se ha desarrollado una arquitectura específica para reducir riesgos como los previamente expuestos en los casos específicos y facilitar la cooperación. El principal procedimiento es el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que pone el foco en la preparación de infraestructuras, instituciones y sociedades ante el riesgo de un desastre natural como prioridad central.

Se reconoce al Estado como principal responsable de la gestión del riesgo dentro de sus fronteras, pero promueve mecanismos para compartir información, recursos, conocimientos y capacidades, en caso de que ocurra. En ocasiones, los recursos de un solo país o la propia magnitud del riesgo supera los límites nacionales. Para esto es útil la cooperación regional, la cual complementa los mecanismos del Estado y lo acompañan, no lo sustituyen (UNDRR, 2019).

Esta diferencia es sustancial para afrontar el Big One. Estados Unidos, en caso de que le toque, podría activar las capacidades federales, estatales y locales, movilizar a la Guardia Nacional, FEMA, cuerpos de emergencia, recursos privados, recibir asistencia de otros estados o recurrir al exterior si fuera necesario. Además, una ruptura en la zona de Cascadia introduciría desde el primer momento la obligatoriedad de la cooperación transfronteriza con Canadá, al afectar a ambos territorios. Aquí ocurriría también la duda de si las herramientas para cooperar podrían funcionar con suficiente rapidez cuando todo esté simultáneamente dañado. De hecho, el ShakeOut ya mostraba esas tensiones y dejaba leer que ninguna institución dispone de recursos infinitos (Jones et al., 2008).

Ese límite tiene una lectura que va mucho más allá del fenómeno de la emergencia: Una catástrofe de esta escala obligaría a Estados Unidos a comprobar hasta qué punto su propia resiliencia depende de redes externas: transporte, suministros, tecnología, capacidad logística, apoyo técnico o incluso equipos de rescate especializados. En condiciones normales, esas dependencias pueden pasar desapercibidas. Bajo presión, se convierten en relaciones de poder.

De este modo, un gran terremoto en California no pondría solamente a prueba la capacidad material de los edificios, puentes o infraestructuras críticas, sino que la autonomía estratégica de Estados Unidos también se vería en juego. Ser una superpotencia cuando una parte esencial de tu territorio está paralizada, los recursos empiezan a concentrarse y la ayuda exterior deja de ser un planteamiento abstracto es difícil y caminar sólo, prácticamente imposible. Ante esto, surge una duda que sólo podrá ser respondida en el momento en el que ocurra el desastre: ¿Qué ocurriría cuando una potencia acostumbrada a proyectar ayuda necesite recibirla?