El Tapón del Darién: la selva entre Panamá y Colombia que concentra migración, crimen y crisis ambiental
- Pepe Jiménez Nogués

- 2 abr
- 11 Min. de lectura
El Tapón del Darién, una inhóspita barrera natural imposible de controlar
El Tapón del Darién, nexo entre Sudamérica y Centroamérica, es un bloque selvático de 575 mil hectáreas con 130 km de longitud situado en la frontera entre Panamá y Colombia, el cual alberga múltiples comunidades indígenas, una rica y diversa fauna y flora y el Parque Nacional del Darién; 5790 km2 de selva tropical declarados como patrimonio de la Humanidad y Reserva de Biosfera.
La selva del Darién comenzó a adquirir gran relevancia a nivel global en el inicio de la década de los 2010, visto que este enclave virgen, inhóspito y sin control estatal suponía el único paso terrestre en la ruta migratoria sur-norte hacia los Estados Unidos (mayoritariamente) y Canadá. La vulnerabilidad regional unida a la inexistencia de autoridad dieron pie a la proliferación de actividades ilegales en la zona como migraciones irregulares en masa (tráfico de personas), y tráfico de droga, siendo ambas actividades coordinadas por el Clan del Golfo, uno de los grupos criminales colombianos más fuertes.
A pesar de los esfuerzos coordinados de Colombia y Panamá por impedir el flujo masivo de personas y debilitar el control de los grupos delictivos, siguieron proliferando especialmente desde 2020 violaciones, asesinatos, robos y el tráfico de estupefacientes y personas en la región (según informes, desde 2018, 258 personas habrían perdido su vida en el Darién). No sería finalmente hasta 2025 con la llegada de Trump al poder, y la instauración de nuevas medidas altamente represivas y restrictivas respecto a la inmigración irregular, cuando cesaría casi por completo el paso de personas por la zona. Concretamente, dio una reducción del flujo migratorio hacia Norteamérica del 99%, ya que a diferencia de en 2024 en el que 300.000 migrantes atravesaron el estrecho, en 2025 únicamente lo cruzaron algo más de 3.000 personas, incluso llegando a registrarse una mayor afluencia migratoria en la ruta de retorno, flujo norte-sur, en el que las las autoridades tuvieron constancia del paso de en torno unos 11.000 migrantes.
En la erradicación de dicho flujo migratorio, el Gobierno de Panamá también desarrolló un papel fundamental, visto que siguiendo los designios del presidente José Raúl Mulino Quintero, se incrementó la presión por parte del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (fuerza policial), se aumentó el número de guardabosques y se cerraron todas las Estaciones de Recepción Migratoria. Sin embargo, el Gobierno no ha logrado aún un control completo del Tapón del Darién, puesto que los cárteles y grupos paramilitares, tras la desarticulación de las redes migratorias han centrado sus actividades en la minería y en la deforestación ilegal del Darién.
Movilizaciones masivas por la selva tropical, un fenómeno de aspecto global
Habiendo realizado esta contextualización general, con el fin de analizar pormenorizadamente la influencia del fenómeno migratorio en el Tapón del Darién sobre la población panameña, es necesario detallar las etapas y características que constituyeron y constituyen a día de hoy el mismo.
En términos numéricos, son identificables cuatro etapas: primeramente, de 2010 a 2014, se inició la dinámica migratoria, de ahí que la media anual de migrantes que atravesaban el Tapón del Darién alcanzaba únicamente las 2.400 personas; en segundo lugar, de 2015 a 2020, se dio un incremento considerable en la presencia de inmigrantes en la zona, no obstante, en ningún año se contabilizaron más de 31.000 migrantes; por su parte, en tercer lugar, de 2021 a 2024 el flujo migratorio llegaría al máximo nivel registrado, contabilizándose el paso irregular de hasta unas 500.000 personas en 2023, y en conjunto más de 1.2 millones; finalmente, desde inicios de 2025, tras la toma de poder de Donald Trump y el cambio de las políticas migratorias estadounidenses se ha producido una reducción histórica, registrando el Gobierno panameño en 2025, como se indicó previamente, el paso de exclusivamente algo más de 3.000 individuos.
En base a dichos reportes gubernamentales, se tiene asimismo constancia de que el porcentaje de menores que atravesaron la selva del Darién fue de un 22%, así como de las nacionalidades más comunes entre los migrantes, destacando países como Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador y Cuba en el contexto americano, y respecto a las migraciones extracontinentales (migración proveniente de Asia y África en su tránsito hacia Norteamérica) Bangladesh, China, Yemén y Somalía. Paralelamente, centrando el foco de nuevo en la migración intracontinental, subrayar el hecho de que en multitud de ocasiones la población migrante que atraviesa el Darién proviene de países a los que ya migró, pero en los que no adquirió suficiente bonanza económica como para estabilizar su situación. En este plano, remarcar que los principales motivos que inducen a la emigración hacia norteamérica son la búsqueda de mejoras sociolaborales, económicas y educativas, la huida de climas de inseguridad y el intento de apoyar financieramente a los familiares que permanezcan en el país de origen.
Migrantes, víctimas de una ruta sin escrúpulos
Trasladando el foco de atención, conviene aclarar ciertos riesgos implícitos al proceso migratorio a través del Darién. En primera instancia, como circunstancias adversas ajenas a la figura humana, localizamos la alta humedad en el territorio, las constantes precipitaciones (se registran más de 300 días por año), las fuertes corrientes, la carencia de agua potable, la presencia de animales e insectos venenosos o transmitentes de enfermedades como la malaria y la proliferación de crisis epidemiológicas a baja escala. En segunda instancia, entrando a valorar el factor humano, entrelazamos la presencia de riesgos directamente con el control de carteles (Clan del Golfo) y asaltantes de gran parte de la selva tropical, pues los mismos han sido causantes de robos, agresiones sexuales, violaciones, extorsiones, homicidios y estafas en todo el territorio, vinculándose gran parte de los crímenes a los Coyotes (guías ilegales que prestan sus servicios a los inmigrantes para atravesar el Tapón del Darién aprovechando la carencia de rutas terrestres) anexos al Clan del Golfo o a los grupos armados presentes en territorio panameño. Finalmente, en última instancia, los daños psicológicos inherentes al trauma también adquieren un rol relevante, pues es común que tras haber sufrido algún tipo de agresión durante la travesía, los inmigrantes desarrollen angustia emocional, depresión e incluso esquizofrenia.
La complejidad de atravesar el Darién reside asimismo en la dificultad de su ruta, visto que el trayecto discurre por territorios fangosos, rías, zonas con densa vegetación e incluso manglares, de ahí que el apoyo de la población autóctona y Coyotes fuera indispensable para poder alcanzar territorio panameño, si bien dicho apoyo solía ir condicionado por el pago de grandes sumas de dinero (las autoridades panameñas estimaron que únicamente desde enero a octubre de 2023 los cárteles gracias a su control sobre la ruta migratoria ganaron más de 57 millones de dólares), tanto por el transporte proporcionado con canoas y barcos (necesario si se escogía la ruta que comprendía las ciudades colombianas de Necoclí y Capurganá), como por la guía en las trochas (pasos terrestres controlados por los grupos armados).
Coordinación y recepción del migrante, una gestión compartida entre ciudadanía y gobierno
Respecto al proceso migratorio entre Colombia y Panamá, si bien es obvio centrar su estudio sobre la figura del migrante, abarca como cualquier otro muchos más aspectos, como la gestión del migrante dentro del país de llegada por parte de las instituciones gubernamentales o la adaptación de la población local a la nueva casuística.
En referencia a la gestión estatal, son destacables cuatro planes de acción: la identificación y proporción de bienes básicos a los migrantes dentro de las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) como las de San Vicente, La Peñita o Lajas Blancas; el refuerzo del control fronterizo y asistencia al migrante a través de SENAFRONT (el Servicio Nacional de Fronteras); la colaboración con otros estados para la facilitación del proceso migratorio, por ejemplo a partir de los buses fletados desde las ERM (con coste aproximado de 50€ y gestionado por compañías privadas) hacia la frontera costarricense o la puesta en común de registros de migrantes; y la coordinación con entidades no lucrativas como Médicos Sin Fronteras para poder prestar una mejor atención médica y psicológica a los migrantes irregulares, y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de abusos, incluida la violencia sexual y de género.
En el proceso de configuración de todas estas medidas, Panamá, con el fin de facilitar la coordinación interestatal, informó a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) del incremento masivo de personas en el paso del Darién, así como de las acciones que llevó a cabo en pos de mantener un tránsito migratorio ordenado y seguro, y una asistencia humanitaria eficiente.
Paralelamente, en relación a la población panameña residente en el Tapón del Darién, vieron su realidad plenamente alterada, dado que la gran cantidad de migrantes en la región, por un lado, colapsaba los recursos e instituciones, al recibir algunas localidades de cientos de habitantes más de 2000 migrantes diarios; mientras que por otro lado, suponían un motor económico sin precedentes en una zona dedicada a la agricultura de subsistencia. Ante dicha cuestión, buena parte de la población sustituyó sus precedentes trabajos, bien formando parte de las redes de tráfico de personas, bien proporcionando suministros a los migrantes, con el objetivo de mejorar su situación económica. Contrariamente, a esta dinámica, también hubo sectores que únicamente se centraron en poder brindar apoyo logístico y moral a los migrantes provenientes del sur.
Nuevas dinámicas ante un cambio de realidad
No obstante, a día de hoy, estas complejas políticas y prácticas suponen un simple recuerdo, en razón de la drástica reducción del flujo migratorio como respuesta al viraje en la política migratoria estadounidense con la llegada del nuevo presidente en 2025. Las estrategias de amedrentamiento de Donald Trump junto a la desarticulación del programa de recepción de migrantes por parte de las autoridades de Panamá (por ejemplo a través del cierre definitivo de la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Lajas Blancas), ocasionaron una erradicación casi completa de la corriente migratoria, a la par que la disolución de proyectos humanitarios en la zona, como pueda ser el de Médicos Sin Frontera, una misión que ha debido adaptarse a la nueva realidad reduciendo su presencia en el terreno al igual que lo han hecho el resto de ONGs.
En concordancia con el ajuste de los proyectos humanitarios, la población local también ha tenido que adecuarse al cambio, volviendo así a sus oficios previos (principalmente la agricultura de subsistencia) al masivo desplazamiento poblacional. Ahora bien, por lo general los residentes de la región han visto su calidad de vida mejorada en distintos aspectos, ya que muchas localidades próximas al Darién recibieron un apoyo logístico, económico y de infraestructuras (reacondicionamiento y construcción de hospitales y escuelas) mucho mayor al que suelen recibir por parte de las autoridades centrales.
Aún planteándose la cuasi desaparición de esta corriente migratoria sur-norte, el Tapón del Darién vuelve a ser un elemento clave en un nuevo movimiento poblacional: la migración inversa, un fenómeno migratorio fruto de las restricciones estadounidenses, el agotamiento de recursos económicos y el creciente temor a las deportaciones, repatriaciones y separaciones familiares.
Si bien este flujo a mediados de 2025 únicamente había supuesto el retorno de 14.000 personas desde México y Estados Unidos a Colombia, una cifra bastante inferior en comparación con las migraciones masivas de 2023, este proceso de igual manera sigue influenciado notoriamente el territorio local, pues tal y como certifica un informe emitido por la Comisión de las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, en acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la migración inversa ha reactivado parcialmente las redes de tráfico de personas e igualmente ha generado graves vulnerabilidades a la comunidad migrante en zonas como Palenque, Colón y Puerto Miramar (Panamá), en las que la ausencia de atención humanitaria, presencia de autoridades y coordinación interestatal, provoca que las personas migrantes no vean garantizados sus derechos a la vida, a la salud, a la educación y al trabajo. Muestra de dicha indefensión es la obligación de muchos migrantes de permanecer días o semanas varados en ciudades costeras panameñas, esperando reunir el dinero necesario para trasladarse en barco o lancha hasta Colombia (el precio de dichos billetes suele rondar los 280 dólares por persona).
Deforestación y minería, una extracción total sin consideración ambiental
Dejando atrás la importancia de la migración irregular en el contexto del Tapón del Darién, es necesario centrarse en las prácticas alternativas que ha ido desarrollando el crimen organizado para suplantar la carencia de beneficios actual que le reporta el tráfico de personas. Principalmente, dada la frondosidad e inaccesibilidad de ciertas partes de la selva del Darién, han optado por lucrarse a partir del tráfico de droga, la deforestación y la minería. Desgraciadamente, las tres ponen en gran riesgo el Parque Nacional del Darién, puesto que la tala desmedida (con intención de venta de madera y replantación de hojas de coca), junto a la extracción ilegal de oro, incrementan la erosión del terreno, destruyen ecosistemas y llegan a envenenar las fuentes de agua dulce con mercurio y fósforo.
Ante dicha anarquía ambiental y la devastación de la biodiversidad promovida por carteles como el Clan del Golfo, el Gobierno panameño, como se recalcó previamente, ha incrementado su presencia y presión en la selva, aumentando la plantilla de efectivos tanto de guardabosques como del Servicio Nacional de Fronteras. De igual manera, la intervención en el Darién fue justificada por el Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien determinó que estas actividades no sólo afectan al equilibrio ecológico, sino que además destruyen las comunidades, al impulsar en estas las redes de delincuencia organizada ofreciendo a la población elevados beneficios económicos y al aprovecharse de manera exclusiva de los recursos naturales.
A pesar de las intervenciones estatales en pos de la preservación de la fauna y flora, el Gobierno de José Raúl Mulino también ha debido afrontar duras críticas por su plan de acción en el Darién, puesto que a partir del memorándum de entendimiento con Estados Unidos, ha intentado reabrir la mina de Donoso y ha impulsado la creación de un embalse sobre el río Indio, teniendo ambos proyectos así un fuerte impacto ambiental. Como consecuencia, desde algunos sectores sociales, han emergido múltiples críticas calificando dichas decisiones como la consecución de políticas de despojo, imposición, marginación y de negación de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.
Contaminación en el Tapón del Darién, secuelas de la migración y extracción ilegal de recursos
Teniendo en consideración el movimiento migratorio y la explotación ilegal de recursos en el Tapón del Darién, en estos últimos años se ha percibido una basta contaminación, la cuál produce grandes costes económicos, sociales y ambientales.
Actualmente se prevén más de 2.500 toneladas de basura en el parque nacional, lo que no contamina únicamente la cuenca (afectando a agua de regadío y consumo) y pone en peligro la vida silvestre, sino que además destruye manglares y buena parte de la flora. Según informes hidrológicos y ambientales del Gobierno una limpieza de la zona supondría como mínimo la inversión de 12 millones de euros. En referencia al origen de toda esta contaminación hídrica y terrestre, se debe tanto a la extracción ilegal de minerales como a los desechos humanos, plásticos y ropa que los migrantes fueron dejando en su travesía por el Tapón.
Un futuro a decidir para el Darién: inclusión o preservación
A modo de conclusión, habiendo expuesto las intrigas e impactos intrínsecos al Tapón del Darién, es pertinente analizar la principal cuestión a la que se enfrentan las autoridades panameñas en relación a este. La cual consiste en la elección entre preservar la identidad e imperturbabilidad del territorio, o bien en acabar con la misma con el objetivo de establecer una red de carreteras que permitan el desarrollo del turismo, la mejora en las condiciones comerciales del sector agrícola y finalizar la Carretera Panamericana, un conjunto de carreteras de una extensión de 48.000 kilómetros que busca conectar todo el continente desde Alaska a Argentina, pero que sin atravesar el Darién no puede nunca llegar a ser culminado.
Ante dicha casuística se agrupan dos bloques argumentativos. Por un lado, en favor del cruce del Tapón del Darién se alega que un control estatal sobre el territorio facilitaría la erradicación de prácticas ilegales en la selva, habilitaría el transporte de mercancías y personas de manera legal, reduciría el desempleo, permitiría la explotación turística del Parque Nacional del Darién por parte de la población local y acabaría con el aislamiento de algunas comunidades que no cuentan con una asistencia sanitaria próxima. Contrariamente, por otro lado, aquellos que abogan por el mantenimiento del status quo, aducen que la intromisión en la selva pone en grave peligro a la fauna y flora autóctona, a la par que a las comunidades indígenas en la región, las cuales buscan mantener sus costumbres ancestrales.
Por último, a criterio del lector se deja el dirimir una visión propia sobre el devenir del Tapón del Darién, una extensa barrera natural de 130 km de largo, en la que como ha sido expuesto, confluyen múltiples condicionantes, desde las inconsistencias de un flujo migratorio condicionado por políticas nacionales y extranjeras a las tensiones por su control y gestión entre grupos armados, Gobierno y comunidades indígenas.




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