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Tres drones bastaron para sacudir a un gobierno. No hizo falta un solo escándalo de corrupción, ni un golpe de Estado, ni tanques cruzando la frontera, ni siquiera una declaración formal de guerra: solo tres aparatos no tripulados ucranianos, desviados en plena guerra, atravesando el espacio aéreo letón desde Rusia y cayendo en el este del país. La ironía de pasar de un accidente a una caída en cadena demuestra que el equilibrio político de un Estado que lleva años preparándose para lo peor es volátil. Cuando el peligro asoma, aunque sea de forma inesperada, no hubo una respuesta rápida, clara y coordinada acorde a las exigencias del momento. El suceso ocurrido en Letonia el pasado 13 de mayo es la historia de cómo una amenaza pequeña en tamaño puede agrandarse hacia una crisis gubernamental cuando golpea el talón de Aquiles de un país. Riga ha construido buena parte de su discurso de seguridad sobre la defensa frente a Rusia, el refuerzo de la zona oriental de la OTAN y la necesidad de prepararse para sabotajes, incursiones aéreas y operaciones híbridas. Todo discurso se lo llevó el viento ante las dudas relativas a la inacción: fallos de detección, retrasos en la información oficial, vecinos que vieron los aparatos antes de recibir alertas y un Gobierno incapaz de controlar el relato en las primeras horas de la crisis. Europa se refleja en Letonia, en tanto que permite observar un problema realmente más amplio: la dificultad de los Estados europeos para adaptarse a una guerra tecnológica donde las amenazas de baja intensidad y los avisos, aunque fuera realizados mediante drones, son relevantes. Lo ocurrido fue, además de una anomalía interna considerable, un síntoma de la vulnerabilidad que atraviesa la defensa europea frente a las nuevas formas de hacer guerra. Es un caso totalmente diferente al de la reciente caída del gobierno rumano, motivada por factores políticos y económicos, pero ambos episodios señalan inquietudes simultáneas que la Unión Europea debe afrontar con celeridad, y acabaron con el mismo resultado: primeros ministros relegados, gobiernos debilitados y una gobernanza cada vez más cuestionada. El contexto interno de Letonia previo al desastre Letonia atraviesa la actual crisis desde una posición especialmente delicada: es una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, pero también un Estado pequeño situado en una de las zonas más sensibles del continente. Su frontera con Rusia y Bielorrusia no es solo una línea geográfica, sino una herida histórica y una preocupación estratégica permanente. La memoria de la ocupación soviética, la presencia de una minoría rusoparlante significativa y la cercanía directa al espacio de influencia ruso han hecho que la seguridad nacional no sea allí un debate abstracto, sino una cuestión cotidiana. En Letonia, hablar de defensa no es hablar únicamente de presupuestos, bases militares o documentos estratégicos: es hablar de supervivencia, de identidad nacional y de confianza en que el Estado sabrá reaccionar si el peligro deja de ser hipotético. Desde fuera, Letonia suele presentarse como un socio fiable. Sus indicadores democráticos son sólidos, celebra elecciones competitivas, mantiene un sistema multipartidista funcional y forma parte del núcleo institucional occidental desde su ingreso en la UE y la OTAN en 2004. Sin embargo, esa imagen de estabilidad convive con una política interna más frágil. Los gobiernos de coalición son habituales, los equilibrios parlamentarios suelen ser estrechos y la confianza ciudadana en las instituciones nacionales no siempre acompaña al prestigio internacional del país. Muchos letones confían en el paraguas europeo y atlántico, pero miran con más escepticismo a sus propios gobiernos. Esa distancia entre la seguridad que promete el Estado y la confianza real que inspira su gestión es fundamental para entender por qué un incidente aparentemente limitado puede adquirir una carga política tan fuerte. Tras la invasión rusa de Ucrania, Letonia reforzó aún más su papel como Estado de primera línea. Riga ha aumentado el gasto militar, ha impulsado una defensa más integral de la sociedad, ha endurecido su discurso frente a Moscú y ha acogido una presencia aliada cada vez más visible, especialmente dentro del despliegue avanzado de la OTAN en el Báltico. El país ha querido proyectar una imagen clara: la de una frontera preparada, vigilante y comprometida con la defensa europea. Esa narrativa tiene lógica. Para Letonia, la guerra en Ucrania no es un conflicto lejano, sino una advertencia histórica. Lo que para otros países europeos puede parecer una crisis exterior, para Riga se percibe como una posibilidad que obliga a estar preparada antes de que sea demasiado tarde. El problema es que ese relato eleva enormemente el listón. Cuando un Estado se presenta como muro oriental de Europa, cualquier grieta pesa más. No hace falta una invasión ni una catástrofe para que aparezcan las dudas: basta un fallo de detección, una mala comunicación, una alerta tardía o la sensación de que las autoridades reaccionan por detrás de los acontecimientos. En países como Letonia, donde la defensa forma parte del contrato emocional entre ciudadanía y Estado, la seguridad no se mide solo en tanques, soldados o porcentajes del PIB. También se mide en reflejos, coordinación, transparencia y capacidad de transmitir calma sin ocultar la gravedad de lo ocurrido. Por eso la crisis de los drones golpeó en un punto especialmente sensible. No cuestionó únicamente la eficacia técnica de la defensa aérea, sino la credibilidad de todo un discurso político construido sobre la preparación frente a Rusia, las amenazas híbridas y la vigilancia permanente del flanco oriental. El episodio mostró que las nuevas formas de guerra -drones, interferencias, incursiones ambiguas, incidentes de baja intensidad- pueden producir efectos políticos desproporcionados. Letonia sigue siendo una democracia sólida y un aliado comprometido, pero precisamente por eso el caso resulta tan revelador: en la Europa actual, incluso los Estados más conscientes del riesgo pueden descubrir que la verdadera prueba no llega con una ofensiva abierta, sino con un incidente pequeño, confuso y mal gestionado capaz de convertir la seguridad nacional en una crisis de gobierno. Las causas: ¿Qué ocurrió del 7 de mayo en adelante? La crisis que ha culminado con la dimisión de la primera ministra letona comenzó hace una semana. La madrugada del 7 de mayo varios drones ucranianos que se dirigían hacia objetivos en territorio ruso terminaron desviándose de su trayectoria y cruzaron el espacio aéreo letón desde Rusia, entrando por la región oriental de Latgalia. Según la explicación ofrecida por Kiev, los aparatos habrían sido redirigidos como consecuencia de acciones rusas de guerra electrónica, una hipótesis que encaja además con el tipo de interferencias cada vez más habituales en la contienda. No se trató de un ataque ucraniano contra Letonia, impensable teniendo en cuenta que los países bálticos han mostrado siempre su apoyo tanto diplomático como logístico a Ucrania, sino de un episodio fronterizo accidental, fruto de la guerra. Los drones acabaron cayendo cerca de Rēzekne, una ciudad situada en el este del país, no muy lejos de la frontera rusa. Uno de ellos impactó contra una instalación petrolera y dañó depósitos de combustible que, según las informaciones publicadas, estaban vacíos. No hubo muertos ni heridos, y los daños materiales fueron limitados. Sin embargo, la gravedad del episodio no estuvo en su balance físico, sino en lo que reveló: los drones cruzaban con impunidad fronteras europeas sin haber sido identificados previamente. No es la primera vez que esto sucede precisamente cerca de esta localidad, pues en septiembre de 2024 un dron, en esta ocasión ruso, con carga explosiva cayó en un lugar cercano. Además, no es el primer ni el único episodio relacionado con drones en los países bálticos, siendo estos ya recurrentes en ciertos momentos de la guerra. La realidad es que, a partir de que cayeran los drones a tierra, el incidente pasó de ser una mera caída de drones accidental para convertirse en un terremoto político. La pregunta ya no era solo por qué los drones habían entrado en Letonia, sino por qué el sistema de defensa no había reaccionado antes, por qué las capacidades antidron no se habían desplegado con mayor rapidez y por qué la comunicación oficial pareció ir por detrás de los acontecimientos. Letonia se encuentra actualmente gobernada por una coalición de tres partidos, Nueva Unidad -a la que pertenecía la primera ministra-, la Unión de Verdes y Agricultores y Los Progresistas, por lo que el escenario político letón ya de por sí se encuentra en cierta parte tensionado, al convivir tres partidos con ideologías diferentes en el mismo gobierno, pero, en este caso, el tema no es sólo político o ideológico, sino que la brecha la abrió el dron, pero los partidos hicieron el resto. Las reacciones ante el accidente no tardaron en llegar, y la presión cayó directamente sobre el ministro de Defensa, Andris Sprūds, miembro de Los Progresistas. La primera ministra, Evika Silina, le reprochó la lentitud en el desarrollo y despliegue de sistemas antidron, y terminó forzando su salida. Sprūds dimitió el 10 de mayo, apenas tres días después del incidente. Pero su dimisión no zanjó el problema, más bien fue el principio de él. Los Progresistas entendieron estos reproches y la dimisión forzada como una ruptura del equilibrio interno de la coalición y retiraron su apoyo al Gobierno, perdiendo Silina la mayoría parlamentaria. "La primera ministra no cuenta ya con los nuevos votos de Progresista", ha confirmado su líder parlamentario, Andris Suvajevs, quien ha instado al presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, a iniciar consultas para formar un nuevo gobierno. Por su parte, Silina, en un voraz cruce de reproches, afeó a su anterior socio de gobierno, criticando el hecho de "no asumir ninguna responsabilidad por el bienestar" del país y optar por abandonar la coalición, a pesar de ofrecerles que el ministro de Defensa fuera nuevamente procedente de su partido. El desenlace llegó el 14 de mayo, cuando la propia Silina anunció su dimisión. En un comunicado difundido por redes sociales, ha declarado lo siguiente: “Hoy [por este jueves] he tomado una decisión difícil, pero honesta: dimitir del cargo de primera ministra. Mi prioridad ahora y siempre ha sido el bienestar y la seguridad de la gente de Letonia. Los partidos y las coaliciones cambian, pero Letonia permanece. Y mi responsabilidad ante la sociedad está por encima de todo”. Además, expone que la “envidia política y los intereses estrechos de los partidos han tomado la delantera sobre la responsabilidad”. “Los charlatanes políticos eligieron no una solución sino una crisis”. Ha acabado con la siguiente declaración: “Siempre me he comportado de manera responsable con mis socios de coalición. Sin embargo, mi responsabilidad ante la sociedad es aún mayor”, agradeciendo a “quienes confiaron, colaboraron y criticaron con razón”. “Me retiro pero no me rindo. No me voy”. Además, antes de anunciar su dimisión, ha firmado la destitución de otro ministro, en este caso el de Agricultura, Armands Krauze, de la Unión de Verdes y Agricultores para evitar, según la ya ex primera ministra, que recaiga una pizca de sospecha sobre el resto de miembros del gobierno, pues tanto Krauze como el secretario de la Cancillería de Estado Raivis Kronbergs, fueron detenidos provisionalmente debido a una investigación abierta por la Fiscalía en marzo sobre un posible trato favorable a empresas madereras en detrimento de áreas y bosques protegidos del país, ocasionando presuntas pérdidas de hasta 30 millones de euros. Cabe recordar que la ruptura de la coalición, además de la dimisión de la primera ministra, ocurre en un periodo crucial para la política interna letona, teniendo en cuenta que las elecciones legislativas más próximas sucederán el mes de octubre de este año, por lo que es necesario analizar las consideraciones que deben manejarse ante este duro golpe. Letonia en unos meses: ¿Qué puede ocurrir? ¿Crisis de legitimidad a la vista? El polvorín político ha saltado por los aires en un país aparentemente tranquilo. Letonia siempre ha sido símbolo de consenso prooccidental y democrático, con transiciones políticas pacíficas y un Estado de derecho efectivo, gracias a las inversiones en infraestructuras y en defensa. Además, siempre se ha tratado de un país con perspectiva estable y sólida confianza institucional que, si bien no se encuentra impune de corrupción, siempre la ha sabido sobrellevar reduciendo gradualmente la influencia de la oligarquía local y de ideologías prorrusas. Aunque el país se considere estable en términos institucionales, es cierto que Silina no fue la primera jefa de Gobierno en abandonar su cargo. Ya en 2016, la primera mujer a cargo del Ejecutivo dimitió debido a fuertes disputas internas dentro de su propia coalición. Debido a la cercanía temporal, resulta tentador realizar paralelismos y comparaciones con la moción de censura contra el primer ministro Ilie Bolojan en Rumanía, pero no son similares en su fondo, por ello resulta interesante compararlo. En Letonia, la crisis nace de un fallo asociado con la seguridad nacional, unido a un caso que ha empañado la legitimidad del Ejecutivo, como es el de su ministro de agricultura. En Rumanía, en cambio, la caída del Gobierno responde a una lógica interna de desgaste político, tensiones económicas, fragmentación parlamentaria y pérdida de capacidad para sostener mayorías estables, además de unas diferencias ideológicas considerables, que no eran tan acentuadas en el caso actual de análisis. Sin embargo, ambos casos sí comparten una arista de la que aprender: en la Europa actual, gobiernos formalmente democráticos y plenamente integrados en la UE pueden caer no solo por grandes escándalos o derrotas electorales, sino por la acumulación de grietas que, en momentos de presión, se vuelven imposibles de disimular. Letonia muestra cómo una amenaza externa puede desbordar el equilibrio político interno; Rumanía, cómo el deterioro interno puede vaciar de autoridad a un Ejecutivo. Son crisis distintas, casi opuestas, pero terminan proyectando una imagen común: una Unión Europea obligada a gestionar al mismo tiempo la presión geopolítica en sus fronteras y la fragilidad política dentro de sus propios Estados miembros. En los próximos meses, Letonia tendrá que resolver primero una crisis política de calendario muy incómodo. La dimisión de Evika Silina deja al país con un Gobierno en funciones mientras el presidente Edgars Rinkēvičs consulta a los partidos para intentar formar un nuevo Ejecutivo, a pocos meses de las elecciones legislativas previstas para octubre de 2026. Eso significa que el próximo Gobierno —si logra formarse antes de las urnas— probablemente tendrá poco margen para grandes reformas y mucho peso simbólico: deberá transmitir calma, reconstruir la confianza institucional y evitar que la seguridad nacional se convierta en un arma arrojadiza entre partidos. El riesgo no es que Letonia entre en una crisis de Estado, sino que llegue a las elecciones con una sensación de interinidad, reproches cruzados y ciudadanía cansada de coaliciones frágiles. La paradoja es dura: justo cuando el país necesita una dirección política clara, la crisis de los drones ha dejado al descubierto la fragilidad de su propia arquitectura de gobierno. El segundo reto será convertir el golpe político en una respuesta defensiva creíble. Letonia ya venía aumentando su gasto militar; el problema es que el incidente ha demostrado que no basta con anunciar inversiones, tienen que verse resultados palpables en la práctica. Riga tendrá que acelerar la compra y despliegue de capacidades antidron, mejorar la coordinación entre ejército, autoridades civiles y población, y explicar mejor qué ocurre cuando un objeto entra en su espacio aéreo, también para evitar caos social. Ahí reside el verdadero reto, y la cuestión de si lo van a lograr implementar correctamente: no es sólo blindar el espacio aéreo, también consiste en recuperar esa sensación de calma y control. Si Letonia logra hacerlo, la crisis puede convertirse en un punto de inflexión útil. Si no, cada nuevo dron, cada alerta tardía o cada incidente ambiguo caerán sobre el territorio con unas cuantas responsabilidades y crisis políticas si no son gestionadas correctamente.

Un crucero como escenario de alarma mundial El 24 de abril de 2026, un pasajero del crucero de expedición MV Hondius se presentó ante el médico de a bordo con fiebre, dificultad respiratoria y signos claros de neumonía. El barco acababa de zarpar de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el 1 de abril, con 147 personas a bordo representando 23 nacionalidades. Lo que parecía un cuadro respiratorio aislado en alta mar se convertiría, en cuestión de días, en la primera alerta epidemiológica internacional protagonizada por el hantavirus en un entorno marítimo. El 2 de mayo, una prueba molecular confirmó lo que pocos esperaban: infección por hantavirus, cepa Andes. Para entonces ya había tres personas fallecidas, varias evacuadas de urgencia a unidades de aislamiento de alto nivel en Sudáfrica, Países Bajos y Suiza, y un barco fondeado frente a las costas de Cabo Verde sin que ningún Estado quisiera asumir la responsabilidad de su desembarco. La OMS activó protocolos de seguimiento internacional. Europa miraba con atención inusual hacia un patógeno que, hasta ese momento, muchos asociaban únicamente con la Patagonia argentina. Este artículo analiza qué es el hantavirus, cómo opera la cepa Andes que protagonizó este episodio, de qué forma respondieron España y la comunidad internacional, cuál es el estado del conocimiento científico sobre el virus, y por qué, sin alarma exagerada, el caso del MV Hondius representa un recordatorio claro de la fragilidad de nuestros sistemas ante patógenos zoonóticos con capacidad de sorpresa. ¿Qué es el hantavirus? Biología de un patógeno silencioso El hantavirus no es un virus sino una familia completa: el género Orthohantavirus, perteneciente a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales. Se han identificado más de veinte especies virales. Su nombre proviene del río Hantan, en Corea del Sur, donde fue aislado por primera vez en 1976, aunque las enfermedades que provoca se documentaron durante la Guerra de Corea en la década de 1950 bajo el nombre de «fiebre hemorrágica coreana». El rasgo definitorio del hantavirus es que se trata de un virus de transmisión zoonótica: circula de forma natural entre roedores, y el ser humano es un huésped accidental. Cada cepa de hantavirus está estrechamente asociada a una especie de reservorio específica. El virus Puumala, prevalente en Europa central y el norte de España, utiliza al topillo rojo (Myodes glareolus). El virus Hantaan, predominante en Asia, vive en el ratón rayado de campo. Y el virus Andes, el protagonista del brote del MV Hondius, tiene como reservorio principal al ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), endémico de la Patagonia argentina y chilena. Dos síndromes, dos geografías El hantavirus produce fundamentalmente dos cuadros clínicos diferenciados según la cepa y la región geográfica: Síndromes Cepa predominante Región Órgano afectado Mortalidad Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) Puumala, Hantaan, Dobrava Europa, Asia Riñón < 1–12 % Síndrome cardiopulmonar (SCP/HPS) Andes, Sin Nombre Américas Pulmón / corazón 30–60 % La diferencia entre ambos cuadros es clínicamente crucial. Mientras que el síndrome renal típico de Europa suele resolverse sin secuelas permanentes en la mayoría de pacientes, el síndrome cardiopulmonar americano —especialmente en su variante por virus Andes— puede progresar desde síntomas inespecíficos hasta fallo respiratorio en menos de 48 horas. Es esa velocidad y severidad lo que explica la alta mortalidad observada en el crucero: tres fallecidos de once confirmados supone una tasa de letalidad que roza el 27%, coherente con los datos históricos del SCP. Transmisión: el aire como vector principal La principal vía de infección en humanos es la inhalación de aerosoles formados por partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados. El escenario más habitual de contagio es la limpieza de espacios cerrados —cabañas, almacenes, graneros— donde los roedores han permanecido durante semanas o meses. El virus puede sobrevivir hasta diez días en excrementos secos a temperatura ambiente; la luz solar directa y desinfectantes comunes como lejía diluida al 10% lo inactivan con eficacia. Lo que hace al virus Andes extraordinariamente singular en el universo de los hantavirus es algo que la ciencia lleva tres décadas documentando con cautela: es el único con capacidad de transmisión entre personas. No es la norma, no es eficiente, y no permite una propagación exponencial, pero existe. Los brotes históricos en la Patagonia —especialmente el de Epuyén (Argentina) en 2018-2019, con 34 casos y 11 muertes— demostraron que la cadena de contagio interpersonal puede tener varios eslabones cuando se dan las condiciones adecuadas: contacto prolongado, espacio cerrado y poca ventilación. En ese brote, el análisis filogenético confirmó que todo el evento derivó de un único caso índice infectado por exposición a roedores. En marzo de 2026, un equipo de la Universidad de Texas en Austin publicó en la revista Cell el primer mapa estructural de alta resolución del complejo proteico que el virus Andes usa para infectar células humanas. Un avance que abre la puerta al diseño de antivirales específicos, aunque su traslado clínico llevará años. Síntomas, evolución clínica y ausencia de tratamiento específico El hantavirus es clínicamente traicionero precisamente porque su fase inicial resulta indistinguible de la gripe o de cualquier cuadro viral inespecífico. Esta «ventana de ambigüedad» es uno de los principales obstáculos para el diagnóstico temprano. Fase Tiempo Síntomas Incubación 1–8 semanas (Andes puede llegar a 6) Ninguno. Paciente asintomático pero expuesto. Prodrómica Días 1–5 Fiebre súbita, escalofríos, mialgias intensas, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Cardiopulmonar Día 4–10 Tos seca, dificultad respiratoria progresiva, hipoxia, taquicardia, posible hipotensión. Complicación grave Variable Insuficiencia respiratoria aguda, shock cardiogénico, edema pulmonar no cardiogénico. Resolución / éxitus Semanas 2–4 Recuperación progresiva si se supera la fase cardiopulmonar. Mortalidad elevada en SCP. La señal de alarma definitiva es la aparición de dificultad respiratoria: desde ese momento, la velocidad de deterioro puede ser brutal. Los expertos de la OPS han insistido en que la atención médica temprana —incluyendo ventilación mecánica y soporte intensivo— es el único factor que ha demostrado mejorar significativamente la supervivencia. A diferencia de lo que ocurrió con el COVID-19 o el ébola, no existe ningún antiviral aprobado específicamente para el hantavirus. Situación terapéutica actual No existe vacuna autorizada en Europa ni tratamiento antiviral específico. La ribavirina ha mostrado beneficios en infecciones por el virus Hantaan. La transfusión de plasma con anticuerpos ha reducido la mortalidad en casos por virus Andes en estudios piloto, pero aún requiere ensayos controlados aleatorizados. El icatibant se usó con éxito en dos casos graves por virus Puumala, sin validación a gran escala. El tratamiento es exclusivamente de soporte: oxigenoterapia, ventilación mecánica e ECMO en casos críticos. En el caso del MV Hondius, la secuenciación genómica realizada por laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmó que todas las cepas identificadas eran prácticamente idénticas, lo que apuntaba a un único evento de transmisión desde un animal infectado a un humano —el caso índice— seguido de contagios secundarios en el entorno del barco. La ausencia de mutaciones relevantes en el virus fue un dato tranquilizador para la comunidad científica. El brote del MV Hondius: cronología de una crisis inédita El MV Hondius, un crucero de expedición operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó de Ushuaia el 1 de abril de 2026 con 147 personas a bordo: 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. La principal hipótesis sobre el origen del brote señala a una pareja de ciudadanos neerlandeses —el caso índice y su pareja— que habría contraído el virus durante una excursión de observación de aves en Ushuaia antes del embarque, posiblemente tras haber estado en contacto con material contaminado por roedores. Ambos habían viajado por carretera durante cuatro meses previos recorriendo Argentina, Chile y Uruguay. Fecha Evento 1 abr. 2026 El MV Hondius zarpa de Ushuaia con 147 personas a bordo. 24 abr. Primer pasajero acude al médico del barco con fiebre y signos de neumonía. 26-27 abr. Empeoramiento clínico. Evacuación de urgencia a Sudáfrica en estado crítico. 2 may. Prueba PCR confirma hantavirus, cepa Andes. Primeras muertes registradas. 6 may. La OMS confirma 8 casos. Suiza notifica un paciente propio. El barco fondea en Cabo Verde. 6 may. Clavijo (presidente de Canarias) rechaza públicamente que el barco atraque en Tenerife. 7-8 may. España acepta la coordinación de la evacuación. El Gobierno activa protocolos de máximo nivel. 9-10 may. Desembarco en Granadilla (Tenerife). 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla (Madrid). 11 may. La ministra García declara el operativo «concluido con eficacia». La OMS confirma 11 casos y 3 muertos. 13 may. Un español en el Gómez Ulla da positivo en segunda PCR. Síntomas leves. Estado estable. El caso del MV Hondius es epidemiológicamente singular por varios motivos: es la primera vez que se documenta un brote de hantavirus Andes en un entorno marítimo cerrado; implica a pasajeros de 23 nacionalidades dispersos por todo el mundo antes de que se completara el diagnóstico; y puso a prueba la coordinación sanitaria internacional en condiciones de alta presión política y mediática. España ante el reto: gestión, tensiones políticas y resultados La gestión española del brote del MV Hondius tuvo tres dimensiones que conviene analizar por separado: la coordinación sanitaria, la gestión política-institucional y la comunicación pública. La coordinación sanitaria: eficaz bajo presión El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, activó desde los primeros días un seguimiento estrecho con la OMS, el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) y las autoridades sanitarias internacionales implicadas. El Gobierno de España asumió finalmente la coordinación de la evacuación del buque —trasladado a Canarias después de que Cabo Verde rechazara el desembarco— en colaboración directa con la OMS. Los 14 ciudadanos españoles a bordo (13 pasajeros y un tripulante) fueron los primeros en desembarcar, trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde iniciaron una cuarentena preventiva de 42 días. El operativo logístico de desembarco en el puerto de Granadilla (Tenerife) fue elogiado por el propio presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que lo calificó de «ejemplo de cooperación multilateral» y destacó las «operaciones rápidas y eficientes». En consecuencia, los reconocimientos internacionales no se han hecho esperar, especialmente los europeos: «Este es un ejemplo de cooperación multilateral. La prioridad sigue siendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación, muchos de los cuales son de los Estados miembros.» — Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, 11 de mayo de 2026. La tensión política: el caso Canarias La gestión sanitaria correcta no impidió que el episodio se convirtiera en campo de batalla política. El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, expresó públicamente su rechazo a que el MV Hondius atracara en Tenerife, argumentando falta de capacidad y protección insuficiente para la población canaria. La declaración generó un conflicto institucional agudo, dado que el Gobierno central —amparado por el Ministerio de Sanidad y el asesoramiento de la OMS— consideraba el desembarco necesario y seguro. El episodio llegó más lejos cuando Clavijo acusó al Gobierno de ocultar un positivo de hantavirus en el barco. El Ministerio de Política Territorial y la propia OMS desmintieron la acusación: un ciudadano estadounidense había dado un resultado no concluyente en una primera prueba, confirmado posteriormente como negativo. La controversia reveló que, en ausencia de información clara y veloz, el vacío lo llenan la especulación y el cálculo político —un patrón conocido desde la pandemia de COVID-19 que la sociedad española no ha terminado de procesar. España y el hantavirus antes del MV Hondius El hantavirus no era completamente ajeno a España antes de este episodio. En la cornisa cantábrica y zonas forestales del norte se registran casos esporádicos asociados al virus Puumala, transmitidos por el topillo rojo, generalmente leves. El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) monitoriza activamente los casos notificados. En 2024 se detectó un caso aislado en la comarca del Berguedà (Cataluña) que requirió ingreso en la UCI, aunque sin brote asociado. No existe vacuna disponible en España ni en la Unión Europea; la prevención se basa exclusivamente en evitar el contacto con roedores y sus excrementos. Dimensión internacional: un virus que conecta continentes El brote del MV Hondius puso sobre la mesa la naturaleza intrínsecamente global de las amenazas zoonóticas en un mundo de alta movilidad. Las 147 personas a bordo procedían de 23 países; decenas de ellas habían desembarcado en escalas previas antes de que se detectara el virus. La OMS activó el rastreo de contactos en múltiples jurisdicciones simultáneamente. País / Organismo Respuesta al brote Países Bajos Coordinación principal como Estado del pabellón del crucero. Evacuación aérea medicalizada de sus ciudadanos. Argentina Investigación epidemiológica sobre el caso índice. Captura de roedores en Ushuaia y análisis del reservorio. Sudáfrica Recibió al primer evacuado crítico. Confirmación inicial del diagnóstico. Suiza Tratamiento de un pasajero confirmado. Laboratorio de referencia internacional. Francia Una pasajera de 65 años en estado grave en el Hospital Bichat de París, UCI, respiración asistida. Alemania Un fallecido a bordo. Cuarentena de contactos. Laboratorio de referencia UE activado. Italia Cuatro casos sospechosos: todos negativos, incluida una turista argentina. Australia / Nueva Zelanda Repatriación compleja de seis pasajeros vía Países Bajos con cuarentena previa. OMS / OPS / ECDC Coordinación global, seguimiento, comunicación de riesgo y provisión de diagnóstico a todos los Estados miembro. La OPS recordó en su sesión informativa del 8 de mayo de 2026 que el hantavirus no es nuevo en las Américas: en diciembre de 2025 ya había emitido una alerta epidemiológica ante el aumento de casos en la región —229 confirmados y 59 muertes en ocho países durante 2025, principalmente en el Cono Sur—. Argentina acumulaba 102 casos confirmados en la temporada 2025-2026, casi el doble que el año anterior. "Este evento no representa el inicio de una nueva pandemia. El riesgo para el turista común es bajo. Pero el hantavirus nos recuerda que los patógenos zoonóticos no piden permiso para cruzar fronteras." — Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas, OPS — mayo 2026 Investigación científica: lo que sabemos y lo que no El brote del MV Hondius ha generado una actividad científica e investigadora sin precedentes en torno al virus Andes. Los datos que emergen de la secuenciación genómica son, paradójicamente, más tranquilizadores de lo que muchos temían: todas las secuencias obtenidas resultan prácticamente idénticas, lo que confirma que probablemente hubo un único evento de transmisión zoonótica —de animal a humano— desde el cual se desarrollaron los contagios secundarios en el entorno cerrado del crucero. Preguntas abiertas de máxima relevancia Origen: ¿Dónde y cuándo se infectó exactamente el caso índice? La investigación argentina rastrea cuatro meses de viaje por Argentina, Chile y Uruguay sin haber localizado aún el punto de exposición. Evolución viral: ¿Puede el virus Andes evolucionar hacia una transmisión interpersonal más eficiente? Esta es la pregunta que centra el trabajo del equipo de Texas en el laboratorio BSL-4 donde mapearon el complejo proteico de infección celular. Factores de riesgo: ¿Por qué algunos pacientes desarrollan el cuadro más grave y otros permanecen asintomáticos? La respuesta inmune del huésped parece decisiva, pero los mecanismos exactos siguen siendo objeto de investigación. Tratamiento: ¿Puede el plasma inmune convertirse en un tratamiento estándar? Los resultados preliminares en Argentina y Chile son prometedores, pero requieren validación mediante ensayos clínicos controlados. En paralelo, el laboratorio de referencia de la UE responsable del hantavirus contactó con todos los Estados miembros para verificar que disponían de materiales de diagnóstico adecuados. Las técnicas actuales de PCR y serología funcionan correctamente con las cepas circulantes. No hay, por el momento, señal de mutaciones que alteren la detección diagnóstica. No existe vacuna autorizada en Europa. En Corea del Sur y China existen vacunas para uso local, pero no han sido aprobadas por la EMA, lo que muestra una brecha crítica. El desarrollo de una vacuna de amplio espectro contra hantavirus es una prioridad identificada, pero las inversiones han sido históricamente bajas dado el carácter endémico y geográficamente localizado del virus. Análisis: sin alarma, pero sin ingenuidad La conclusión que emerge del brote del MV Hondius no es alarmista, pero sería imprudente ignorar lo que nos enseña. La OPS, la OMS y todos los expertos consultados coinciden: no estamos ante el inicio de una pandemia. El virus Andes no tiene la infraestructura biológica para convertirse en un patógeno de transmisión sostenida a escala global. La falta de transmisión aérea eficiente, la dependencia de un reservorio específico geográficamente localizado y la relativamente baja incidencia histórica hacen improbable un escenario catastrófico. Pero ese diagnóstico no debería traducirse en autocomplacencia. El episodio del MV Hondius revela al menos cinco vulnerabilidades que merecen atención sostenida: 1. La globalización sanitaria va por delante de los sistemas de respuesta Un barco con pasajeros de 23 países, varios de los cuales habían desembarcado en escalas previas antes del diagnóstico, es un vector de dispersión que los sistemas de vigilancia epidemiológica del siglo XX no estaban diseñados para gestionar. La trazabilidad de contactos en múltiples jurisdicciones simultáneas es un reto logístico y político que el caso del MV Hondius ha puesto bajo luz cruda. 2. Los patógenos zoonóticos son la próxima frontera del riesgo El COVID-19, el ébola, el virus del Nilo Occidental, la gripe aviar H5N1 y ahora el hantavirus Andes comparten un origen común: la interfaz entre el mundo animal y el humano. El cambio climático, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola están alterando los hábitats de especies reservorio y aumentando la frecuencia de los «spillover» —eventos de salto de especie—. El hantavirus en el crucero es un recordatorio de que las zoonosis no se producen solo en mercados de animales vivos; ocurren en excursiones de avistamiento de aves, en cabañas rurales y en cualquier entorno donde la frontera entre ecosistema silvestre y actividad humana se adelgaza. 3. La ausencia de tratamiento específico es una deuda científica Treinta años después de la identificación del primer caso de síndrome pulmonar por hantavirus en Estados Unidos (1993), seguimos sin vacuna autorizada ni antiviral específico para las cepas americanas. Eso no es un accidente: es el resultado de décadas de infrainversión en enfermedades que afectan principalmente a países de renta media o que tienen una incidencia «suficientemente baja» para no generar urgencia política. El mapa estructural publicado en Cell en marzo de 2026 es un avance significativo, pero la distancia entre un mapa molecular y un fármaco en farmacia es enorme. 4. La comunicación de riesgo sigue siendo el eslabón débil El propio Ministerio de Sanidad español advirtió en sus informes de situación del «riesgo de desinformación originado en redes sociales que puede derivar en alarmismo social y difusión de bulos». La controversia política en Canarias —alimentada por acusaciones sin base sobre positivos supuestamente ocultados— es un ejemplo de manual sobre cómo la gestión de la comunicación puede contaminar la percepción pública de una amenaza real pero limitada. Europa aprendió durante la pandemia que la credibilidad institucional es un activo escaso que se destruye fácilmente y se reconstruye despacio. 5. La vigilancia de enfermedades endémicas no puede ser coyuntural Argentina llevaba meses registrando una temporada histórica de hantavirus —102 casos en la temporada 2025-2026, casi el doble que el año anterior— antes de que el MV Hondius pusiera el virus en los titulares europeos. Esa información estaba disponible: el Boletín Epidemiológico Nacional la publicaba regularmente. La vigilancia sistemática de enfermedades endémicas en regiones alejadas no puede depender de que un crucero las traiga hasta las costas de Canarias para que los sistemas de alerta europeos las tomen en serio. El hantavirus no es el próximo COVID-19. Pero ignorar sus señales de aviso porque «la probabilidad es baja» reproduce exactamente el error de percepción que hizo al mundo vulnerable en 2020. La pregunta no es si habrá otro patógeno zoonótico con capacidad de sorpresa. La pregunta es si habremos construido, para entonces, sistemas más ágiles, más financiados y más coordinados que los actuales. Conclusiones: un reto que gestionar, no un catastrofismo que alimentar El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius es, ante todo, un ejercicio de gestión sanitaria internacional en tiempo real. Y en ese ejercicio, hay más razones para la confianza que para el pánico: el virus fue identificado con rapidez; los laboratorios de referencia funcionaron; España organizó un operativo de evacuación elogiado a nivel europeo; los pacientes españoles se encuentran estables; el virus no ha mutado hacia formas de transmisión más eficientes; y la OMS ha mantenido una comunicación de riesgo clara y proporcionada. Sin embargo, el episodio deja tres lecciones difícilmente ignorables. Primera: los sistemas de vigilancia globales necesitan mayor integración para gestionar brotes que nacen en Ushuaia, se descubren en el Atlántico sur y se diagnostican en Sudáfrica mientras los afectados vuelan hacia doce países distintos. Segunda: la inversión en investigación de patógenos «de nicho» con potencial zoonótico no puede ser reactiva —solo activada cuando hay muertos— sino sostenida. Tercera: la comunicación institucional honesta y ágil es la única vacuna efectiva contra la infodemia que rodea inevitablemente a cualquier emergencia sanitaria. El hantavirus seguirá circulando entre roedores patagónicos con independencia de lo que ocurra en los despachos de la OMS o en las salas de prensa europeas. Su presencia en el MV Hondius fue una anomalía estadística; su presencia como reto latente para la salud global es una constante que los sistemas sanitarios de los países desarrollados no pueden seguir gestionando como si fuera un problema de otros. "Mantener estas enfermedades bajo control es una carrera de fondo. El problema no es que el hantavirus sea demasiado peligroso. El problema es que el mundo no corre lo suficientemente rápido." — Gaceta Médica, mayo 2026

Cuando el Presidente Donald Trump, el pasado mes de abril, dijo en su red social, Truth Social, que: “una civilización entera morirá”, como amenaza al régimen iraní por la actual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, es difícil imaginar que el presidente estadounidense era realmente consciente de sus palabras, ya que, estaba dirigiéndose así, a una nación con más de siete mil años de historia, 90 millones de personas y con una evidente resiliencia ante crisis económicas, sociales y políticas. Al pensar en Irán, en especial desde la visión occidental, se tiende a imaginar una nación monolítica, un país persa, chiíta y teocrático. Esa imagen, sin embargo, es bastante inexacta, Irán es en realidad uno de los países étnicamente más diversos del mundo, un espacio donde conviven persas, kurdos, azeríes, árabes, baluchíes, turcomanos, lures y mazandaraníes, entre otros muchos pueblos, cada uno con su lengua, su memoria histórica y sus propias tensiones. El Imperio nunca fue solo persa La identidad iraní tiene raíces muy anteriores al islam y, por supuesto, muy anteriores a la República Islámica. Así pues, el Imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., como muchos otros imperios históricos, fue uno de los grandes referentes regionales de lo que significaba existir conviviendo con conceptos–en menor o mayor medida y uso de la fuerza y la cultura– multiétnicos y multilingües, siendo así, una máquina de absorción, donde los pueblos conquistados mantenían sus tradiciones, sus dioses y sus administraciones locales bajo la tutela imperial persa –concepto similar al occidental Alejandro Magno–. Esta lógica de dominación flexible se repetiría bajo los seléucidas, los partos, los sasánidas y más tarde los imperios islámicos que sucedieron a la conquista árabe del siglo VII. La llegada del islam en el año 651 d.C., con la derrota del Imperio sasánida ante las fuerzas árabes, introdujo una nueva capa al amplio espectro étnico y cultural de la región. Los persas adoptaron el islam, pero no se diluyeron en la arabidad. Muy al contrario, fueron ellos quienes en gran medida construyeron la cultura intelectual islámica clásica, la filosofía, la poesía, la administración… aportando figuras como Avicena, Rumi o Al-Biruni. El persa se convirtió en la lengua predominante en la cultura islámica oriental, compitiendo en prestigio con el árabe. Esta tensión entre identidad persa e identidad islámica no ha desaparecido y sigue siendo quizás uno de los debates culturales más fuertes dentro de la sociedad iraní contemporánea. En este sentido, la fragmentación étnica, que hoy se conoce, se fue consolidando a lo largo de siglos de migraciones, invasiones y reorganizaciones territoriales. Por ejemplo, las invasiones turco-mongolas de los siglos XI al XIII, que trajeron oleadas de pueblos túrquicos al noroeste y noreste del territorio, son el origen de la presencia azerí y turcomana en Irán. Por su parte, las tribus kurdas se asentaron en las montañas del noroeste y los baluchíes ocuparon el sureste árido, conectados con lo que hoy es Pakistán y Afganistán; los árabes se asentaron en la región de Juzestán, junto al Golfo Pérsico, zona que los iraníes llaman así y que los árabes conocen como Arabistán. Los azeríes: una minoría con mucho poder El grupo étnico más numeroso tras los persas en Irán son los azeríes, con estimaciones que los sitúan entre el 15 y el 25 por ciento de la población total, lo que podría significar entre 13 y 20 millones de personas. Viven principalmente en las provincias del noroeste del país, en una región históricamente conocida como Azerbaiyán del Sur o Azerbaiyán iraní, y tienen una conexión cultural, lingüística y religiosa directa con la República de Azerbaiyán, Estado independiente que nació después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. La particularidad de los azeríes dentro de Irán, es su integración histórica profunda en las estructuras del poder persa, ya que, muchas figuras clave de la historia iraní moderna, incluyendo líderes revolucionarios y militares, tenían origen azerí. El propio Alí Jamenei, que fue líder supremo de la República Islámica desde 1989 hasta el pasado mes de febrero, tenía ascendencia azerí por parte de su progenitor, aunque se identificaba como persa. Esta integración ha amortiguado históricamente conflictos entre ambos grupos étnicos, pero no lo ha eliminado por completo. Otro de los grandes conflictos dentro de Irán han sido las demandas de reconocimiento lingüístico. El turco azerí no tiene estatus oficial en Irán, y la educación se imparte únicamente en persa, algo que los activistas azeríes llevan décadas denunciando. Las protestas en torno a este tema se intensificaron en 2006 tras la publicación de una caricatura considerada ofensiva hacia los azeríes en un periódico estatal, desencadenando manifestaciones masivas en Tabriz y otras ciudades del noroeste. El gobierno respondió con detenciones y una mezcla de gestos simbólicos sin cambios estructurales, patrón que se repetiría en los años posteriores. La existencia de Azerbaiyán como Estado independiente añade una dimensión geopolítica extra en las tensiones étnicas dentro de Irán. Las relaciones entre Teherán y Bakú han sido históricamente complicadas, en parte porque el gobierno iraní teme que el nacionalismo panturco o el panazerbaiyanismo pueda convertirse en un vector de desestabilización interna. Las victorias militares de Azerbaiyán sobre Armenia en el conflicto del Alto Karabaj, especialmente la de 2020, generaron una euforia identitaria entre los azeríes iraníes que el régimen ha ido observando con especial atención. Los kurdos: otro dolor de cabeza para Teherán La historia de los kurdos en Irán no es muy distinta a la del resto de países donde viven. Este pueblo habla una lengua indoeuropea distinta del persa aunque emparentada con la misma, habitan al noreste de Irán, en una región fronteriza con Irak y Turquía, los otros dos Estados donde la cuestión kurda es igual de explosiva y compleja. El número de estos en Irán se estima entre los 8 y 12 millones de personas. La República de Mahabad, proclamada en 1946 con apoyo soviético en el territorio kurdo del noroeste iraní, fue el único Estado kurdo independiente de la historia moderna, aunque su existencia fue de menos de un año, ya que en diciembre de 1946 las fuerzas del sah Mohammad Reza Pahlavi tomaron la ciudad y ejecutaron a su presidente, Qazi Mohammad. El episodio quedó grabado en la memoria colectiva kurda como una demostración de que ningún gran poder, ni la URSS; ni el resto de la comunidad internacional, estaba dispuesto a respaldar su autodeterminación cuando ello incomodase los equilibrios regionales. La Revolución Islámica de 1979, que inicialmente despertó simpatías en algunos sectores kurdos que veían en el derrocamiento del sah una oportunidad de mayor autonomía, se tornó rápidamente en una nueva guerra. El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI) y la organización de izquierda “Komala” combatieron contra las fuerzas de la nueva República Islámica en una guerrilla que costó miles de vidas. El ayatolá Jomeini declaró la guerra santa contra los kurdos iraníes en agosto de 1979, y las ejecuciones masivas en localidades como Sanandaj, Marivan y Paveh marcaron el inicio de una represión que, aunque con menor intensidad, no ha cesado hasta hoy. Uno de los capítulos más oscuros de esa represión fue la campaña de asesinatos de opositores kurdos en el exilio durante los años ochenta y noventa, operaciones ejecutadas por los servicios de inteligencia iraníes en ciudades europeas. El caso más conocido fue la masacre del restaurante Mykonos en Berlín, en 1992, donde fueron asesinados cuatro dirigentes kurdos iraníes. El juicio posterior, celebrado en Alemania, se concluyó en 1997 con la condena de los autores materiales y la determinación judicial de que el atentado había sido ordenado desde el más alto nivel del gobierno iraní, lo que provocó una grave crisis diplomática entre Irán y la Unión Europea. Como se ha mencionado, la represión sobre las comunidades kurdas iraníes se mantiene de forma estructural, todavía en la actualidad, las protestas de 2022, que sacudieron Irán tras la muerte de Mahsa Amini; una joven de origen kurdo detenida por la policía de la moral, tuvieron precisamente en las provincias kurdas su mayor resistencia y donde fueron más brutalmente reprimidas. En este sentido, Mahsa Amini se convirtió en símbolo de un movimiento que trascendió lo étnico en un país con gran polarización. Los árabes de Juzestán: petróleo y marginalidad La provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, en la frontera con Irak y el Golfo Pérsico, es la perfecta representación de cómo la maldición de los recursos no necesariamente afecta a todo un país, sino a una región concreta de este. Juzestán, concentra la mayor parte de las reservas de petróleo y gas natural iraníes, siendo responsable de una proporción enorme de los ingresos del Estado, y sin embargo su población, mayoritariamente árabe y chiíta, vive en condiciones de subdesarrollo, con tasas de paro, pobreza y falta de infraestructuras que contrastan brutalmente con la riqueza que sale de su suelo. Los árabes iraníes comparten lengua y parte de la identidad cultural con Irak y el mundo árabe, aunque su adscripción al islam chiíta los diferencia de la mayoría árabe sunita y los conecta en doctrina con el Estado iraní, esa coincidencia religiosa, sin embargo, no ha impedido que las demandas de reconocimiento cultural y lingüístico, así como las denuncias de discriminación económica y política, sean una constante de la región. Durante la guerra Irán-Irak de 1980-1988, Juzestán fue el principal teatro de operaciones terrestre y sufrió grandes devastaciones. Saddam Hussein intentó capitalizar el descontento árabe de la región bajo el lema de la liberación de "Arabistán", aunque sin un claro éxito. En realidad, la guerra, lejos de provocar una adhesión árabe hacia Irak, reforzó el sentimiento de pertenencia iraní entre una parte de la población local, al tiempo que dejó heridas físicas y sociales que décadas después permanecen sin cerrar. Las protestas de 2021 en Juzestán, desencadenadas por la crisis del agua y los cortes de electricidad en plena ola de calor, mostraron una vez más cómo la tensión entre el potencial de riqueza de la región y la situación de sus habitantes puede desbordarse en cualquier momento, en dicho año, la respuesta del régimen fue como en otras ocasiones, una combinación de concesiones simbólicas y represión de los sectores más activos del movimiento y líderes opositores. Los baluchíes: en el margen del margen Si se quiere hablar de marginalidad hacia un grupo social, los baluchíes son la máxima representación del fenómeno dentro de Irán. El pueblo baluchi, de confesión sunita, ocupa la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sureste del país, una de las regiones más pobres, más áridas y más olvidadas. Su condición sunita en un Estado que define su legitimidad en el chiísmo los coloca en una doble marginalidad, étnica y religiosa, que se traduce en tasas de analfabetismo, pobreza y mortalidad infantil que se encuentran entre las más altas del país. La frontera que separa el Baluchistán iraní del paquistaní y del afgano es porosa y difícilmente controlable, lo que ha convertido la región en una zona de tráfico de drogas, armas y personas, así como en un espacio de actividad de grupos armados. El más conocido de ellos, Jaish ul-Adl, de orientación salafista, ha reivindicado varios atentados contra fuerzas de seguridad iraníes en la región durante la última década, generando una espiral de represión que incluye ejecuciones sumarias que organizaciones de derechos humanos han documentado con alarma. La relación entre el Estado iraní y los baluchíes ilustra con especial claridad el patrón de gestión de la diversidad que ha caracterizado tanto al régimen del sah como a la República Islámica, que combina una negligencia estructural en lo económico, la represión de cualquier movimiento organizado y la detención ocasional de líderes. El resultado es una región que se siente permanentemente excluida del pacto nacional y cuyas demandas de reconocimiento raramente encuentran eco en Teherán. En consecuencia, los movimientos independentistas, regionalistas y transnacionales están más presentes que en otras regiones, coordinando sus actividades internacionalmente con el Baluchistán pakistaní, apoyados por India. El modelo de gestión de la diversidad Lo que resulta llamativo al analizar la gestión iraní de la diversidad étnica a lo largo del siglo XX es su notable continuidad a pesar de los cambios de régimen. Tanto la monarquía Pahlavi como la República Islámica han compartido un eje fundamental, este se basa en que la unidad nacional requiere la primacía del persa como lengua del Estado y la subordinación de las identidades étnicas a una identidad iraní que englobe todo. Reza Shah Pahlavi, el fundador de la dinastía en 1925, emprendió un proyecto de modernización y homogeneización inspirado en el kemalismo turco. En este, la lengua persa fue impuesta en la educación y la administración, los trajes regionales fueron prohibidos en contextos públicos y las identidades tribales fueron perseguidas como obstáculos al progreso nacional. Su hijo, Mohammad Reza Shah, matizó algunas de estas políticas pero mantuvo la estructura centralista y la represión de los movimientos étnicos que cuestionasen la integridad territorial del Estado. Después de la Revolución de 1979 se introdujo un nuevo discurso de legitimidad, el islámico, que en teoría debía superar las divisiones étnicas bajo la fraternidad de los creyentes. En la práctica, sin embargo, el islam chiíta persa siguió siendo el marcador cultural hegemónico, y los grupos étnicos que no encajaban en ese molde, especialmente los sunitas y los hablantes de lenguas no persas, encontraron que el cambio de régimen había traído pocos cambios reales en su condición. La Constitución de la República Islámica reconoce en su artículo 15 el derecho a la enseñanza en lenguas regionales junto con el persa, pero en la práctica este reconocimiento ha permanecido casi inexistente. Las demandas de educación bilingüe, de representación política proporcional y de descentralización económica son las tres grandes reivindicaciones que atraviesan, con distintos matices, a prácticamente todos los movimientos étnicos iraníes contemporáneos. Conclusión: un mosaico bajo presión Irán es en definitiva, un país que se narra a sí mismo desde lo persa, como si el resto de los grupos étnicos que pertenecen al país fueran complementos decorativos de una identidad ya definida, cuando en realidad, como hemos podido ver a lo largo del artículo, es una de las naciones más plurales del mundo. Según estimaciones, se cree que los persas étnicos representan entre el 40 y el 50 por ciento de la población total, lo que significa que la mayoría absoluta de los ciudadanos iraníes pertenece a alguna minoría étnica, estas cifras, raramente son mencionadas en los discursos oficiales del régimen y mucho menos en datos oficiales. Las protestas que periódicamente sacuden el país, han mostrado una capacidad creciente de articulación entre comunidades distintas y un creciente malestar, algo que el régimen observa con particular inquietud. La oposición iraní al régimen ha sido históricamente fragmentada, en parte por las diferencias étnicas y regionales, movimientos como "Mujer, Vida, Libertad" de 2022 mostró por primera vez en mucho tiempo una capacidad de unión entre distintas etnias que desbordó las fronteras de Kurdistán o Juzestán para extenderse por las grandes ciudades persas. No es casual que el régimen iraní invierta enormes recursos en el control de las regiones periféricas, ni que la narrativa oficial insista tan obsesivamente en la amenaza de injerencia extranjera como explicación de cualquier movilización étnica o regional. Detrás de esa narrativa hay un reconocimiento implícito de algo que el Estado prefiere no decir en voz alta y es que Irán es un mosaico bajo presión, y que la fuerza con la que Teherán ha intentado mantener su cohesión refleja, precisamente, cuánto le cuesta sostenerla y lo vulnerable que puede llegar a ser frente a operaciones terceras. Las protestas en Irán, iniciadas a finales de 2025, las cuales causaron miles de muertos y la actual guerra con Estados Unidos, ha puesto en jaque al régimen iraní y a la región, con la muerte del líder supremo Alí Jamenei, pone en un nuevo escenario la resiliencia del gobierno ante las crisis y su capacidad de mantener unificado el segundo país más grande de Oriente medio. En mitad de las tensiones actuales y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, Trump confirmó el pasado mes de abril que Estados Unidos había entregado armas a manifestantes iraníes durante las manifestaciones en el país a través de grupos opositores kurdos que actuaron como intermediarios, sobre esto, el presidente estadounidense en un tono molesto dijo en una entrevista para diversos medios que “Les enviamos muchas armas, se las enviamos a través de los kurdos, y creo que los kurdos se las quedaron”, utilizando un tono crítico con poca profundidad de análisis en cuanto a las dificultades para cambiar un régimen tan diverso y complejo como el iraní. Los actuales movimientos erráticos de Estados Unidos en el actual conflicto, demuestran que el gobierno estadounidense no es capaz de entender las diferencias étnicas dentro de Irán, ni de los países de Oriente Medio y por ello a pesar de los continuos asesinatos de líderes del régimen y de intentos de desestabilización del país, no han logrado un cambio de estructura política en la antigua Persia. Comprender la diversidad étnica iraní, es entender mucho de lo que pasa dentro del país y de la región. Los kurdos que marchan en Sanandaj, los azeríes que exigen aprender en su lengua en Tabriz, los árabes que claman por agua en Juzestán y los baluchíes que sobreviven en Sistán no son solo problemas periféricos de una nación que funciona bien en su centro, son la demostración de que el centro mismo se ha construido sobre una promesa incumplida, la de un Estado que reconociera y respetara la pluralidad que lo compone. Hasta que esa promesa no se cumpla, el mosaico seguirá siendo también una grieta para el desarrollo de Irán.

… Y Ucrania, ¿qué? El silencio de las rotativas 19 días y 1535 noches no es el título de una nueva canción de Sabina, ya que se trata del tiempo transcurrido desde el 24 de febrero de 2022. Han pasado más de cuatro años desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, y la opinión pública ha dejado de conocer los partes de guerra, las cifras de bajas o el resultado de los asaltos terrestres en las líneas de trincheras. Salvo contadas excepciones, como los informes diarios recogidos por la Revista Ejércitos, los principales medios internacionales hace tiempo que dejaron el teatro ucraniano para centrarse en otras crisis que han ido surgiendo en el mapa internacional, desde Gaza hasta Venezuela, pasando por Trump y por Irán. Pero no se trata solamente de una cuestión de calendario: cada una de estas noches representa el lento y persistente avance de la fatiga de guerra que ha permeado en los medios y población del mundo entero. “Los ucranianos están hartos de que estemos hartos de su guerra” comentó a este respecto el periodista Argemino Barro en su presentación del libro Mariupol, última batalla en febrero del 2025 en la librería Antonio Machado de Madrid. Según el informe que publicó Reporteros Sin Fronteras en junio de 2022, durante los primeros cuatro meses de guerra llegó a haber hasta 135 reporteros españoles acreditados cubriendo la guerra desde suelo ucraniano, de los que casi la mitad eran freelance. Actualmente, solo los grandes medios (RTVE, El País, EFE) mantienen presencia fija en suelo ucraniano. Esto no impide que ocasionalmente freelances o enviados especiales de algunos medios puedan pasar periodos prolongados en Ucrania cubriendo el conflicto, pero definitivamente los tiempos en los que había más micrófonos y cámaras en la Plaza del Maidán que en cualquier otro punto de la geografía europea han terminado. Curiosamente, la presencia de esta guerra en medios viene últimamente condicionada por terceros eventos. Si en 2022 se estudiaba cómo la invasión estaba afectando a los precios de la energía y las reservas de gas en Europa, ahora es del revés: el alza de los precios del petróleo derivados de la situación en Oriente Medio tiene un efecto sobre las arcas rusas, y su consiguiente esfuerzo bélico. Si antes se planteaba que la crisis de refugiados podría hacer tambalear a los ejecutivos de Polonia, Rumanía o Alemania, ahora vemos como una consecuencia colateral de la caída de Orbán en Hungría la mayor cohesión europea respecto al apoyo a Kyiv. Aunque la guerra sigue siendo la misma, lo que antes parecía explicar las causas del impredecible escenario internacional, ahora aparenta ser solamente un reflejo más de este caos. La guerra no ha desaparecido y el frente prácticamente no se ha movido, pero, al menos según lo publicado, las tornas han cambiado. 9 de mayo frente Aunque la rendición incondicional de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial –denominada como Gran Guerra Patriótica en la Unión Soviética– se firmó en Reims el 7 de mayo de 1945, Stalin quiso personificar su victoria con una nueva ceremonia en el corazón del Reich, en la capital berlinesa, que finalmente tuvo dos días más tarde. Esta es la razón por la que bailan las fechas del fin del conflicto más grande de la historia en Europa; bien es cierto que el Kremlin supo capitalizar mejor en la memoria colectiva histórica su papel en los estertores de la guerra mundial, prueba de ello es la icónica foto del izado de la bandera de roja en el Reichstag durante la toma de Berlín. Este breve relato histórico se ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo de los años que llevamos de contienda con el objeto de poner valor la importancia simbólica añadida de victorias militares para Moscú en estas fechas. Tal vez, la máxima exposición de esta materia se vivió en el primer año de guerra, cuando los esfuerzos por tomar las instalaciones de Azovstal en Mariupol (la ciudad ucraniana más grande conquistada y mantenida en manos rusas hasta el momento) se multiplicaron. Después de dos meses de asedio ininterrumpido, se intensificaron los ataques hace ahora cuatro años, llegando a ser empleadas bombas de caída libre para atacar un complejo de 11 kilómetros cuadrados de superficie y sus consiguientes niveles subterráneos. La presencia en este enclave de la unidad Azov, tachada por la maquinaria rusa como la máxima evidencia del carácter filonazi del “Régimen de Kiev”, no hizo sino apremiar la intensidad de los ataques contra los últimos centenares de soldados ucranianos que permanecían sitiados. Finalmente, la rendición se produjo el 20 de mayo. En un plano más general y aplicable al resto de años de contienda, la realidad es que esta época del año tiene cualidades atemporales que han favorecido el lanzamiento de “ofensivas de primavera” rusas. La solidificación del suelo tras el fin de la rasputitsa del fértil campo ucraniano, o el progresivo aumento de las horas diarias de luz solar, ya que el ejército ruso carece de la cantidad y calidad de equipos de visión nocturna que poseen sus homólogos occidentales. La importancia de esta fecha para la política y el Ejército ruso queda reflejada en el desfile anual que se celebra en Moscú en conmemoración del descrito. Día de la Victoria. Resulta curiosa, por no decir directamente sintomática de la degradación de capacidades militares rusas, la paulatina decadencia de este evento. Si bien en 2022 se llevó a cabo con una aparente normalidad, encajando por tanto en el relato de la “Operación Militar Especial” que había empezado a llevarse a cabo en Ucrania, ya destacó la ausencia de fuerza aérea justificada con unas malas condiciones meteorológicas que no parecían tales. Al año siguiente, la noticia no fue la escasez de aviones sobre el cielo moscovita, sino la presencia de un único vehículo sobre orugas (un solitario tanque T-34 de la Segunda Guerra Mundial). En 2024 y 2025, aunque se reanudaron las actividades aéreas, se ha continuado reduciendo el número de vehículos totales para pasar a convertirse casi en exclusiva en un desfile de tropas de infantería, al menos por la parte rusa, ya que en la pasada edición también participaron terceros países. Pero el cambio no ha sido visible solo sobre el asfalto, sino también en el palco. La amenaza de ataques de drones o misiles, cada vez con mayor alcance, y la consideración de este evento como objetivo legítimo han marcado las últimas ediciones. Con todo, el último desfile fue especial, al tratarse del 80 aniversario, y aunque transcurrió sin mayores incidentes, fue a costa de blindar la ciudad con mayor empeño que los años anteriores. La presente edición ha tenido efectos más allá del puro simbolismo. En aras de evitar ataques en Moscú, se ha desplazado gran parte de la capacidad antiaérea rusa a la capital y sus alrededores, desprotegiendo así otras zonas del país más extenso del mundo. Así las cosas, el potenciamiento a escalas industriales de tecnologías de largo alcance de sistemas ucranianos y la mencionada desprotección de múltiples puntos de la geografía rusa han permitido atacar en los últimos 20 días numerosas terminales de exportación de hidrocarburos. El objetivo reciente más mediático se ha tratado del puerto de Tupspé, localizado en el Mar Negro, que ha sufrido hasta cuatro ataques, dejando cada uno de ellos una catástrofe ecológica tras de sí. No obstante, finalmente no se han registrado mayores ataques sobre el desfile. Después de una semana en la que ambos países buscaban un cese de las hostilidades temporal, el 8 de mayo –en la víspera– el presidente estadounidense Donald Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo al respecto. Además de un alto al fuego de tres días de duración en todo el frente, se ha producido un nuevo intercambio de prisioneros entre ambos ejércitos. Antes del incremento de ataques en lo largo y ancho de la Federación Rusa con motivo de esta efeméride, Reuters había calculado para el 1 de abril que al menos el 40% de la capacidad de exportación petrolífera de Moscú estaba paralizada. Recordemos que se trata de la principal fuente de financiación del Estado ruso. Muerte, destrucción y sus consecuencias El equilibrio entre describir una guerra o describir cómo y cuánto se cubre una guerra, y mostrar sus efectos resulta complicado si pretendemos evitar caer en una cascada de datos impersonales que hacen referencia en última instancia a vidas humanas. No se trata de contabilizar los escasos kilómetros cuadrados que cambian de manos semanalmente, o de los datos de bajas humanas y materiales confirmadas en fuentes abiertas. igual. Pero el goteo de muertes y la destrucción provocados por esta guerra de posiciones en la que se ha convertido la guerra en Ucrania puede perfectamente igualar el de las dramáticas ofensivas del comienzo del conflicto. Pese a llevar cuatro años de guerra, ambos países tratan de funcionar con la máxima normalidad posible. Sin lugar a dudas, es la población ucraniana la que más ha sufrido y continúa padeciendo los efectos de la guerra. De nuevo, el pasado invierno, el frío se usó como arma de guerra, y los ataques aéreos contra población civil hace tiempo que dejaron de ser novedad. En medio de este padecimiento, indigna conocer la existencia de “safaris humanos” organizados en el lado ruso en la región de Jersón, precisamente, la zona con menos actividad militar del frente, ya que el río Dniéper imposibilita avances militares más allá de las marismas e islotes propios adyacentes a su curso. Resulta inhumano, valga la redundancia, que se haya vuelto una práctica habitual en la formación de los pilotos rusos de drones fpv y bombarderos el atacar a blancos civiles en, paradójicamente, la única capital de provincia que Rusia llegó a tomar en este conflicto. Tal vez lo más doloroso a este respecto es la alarmante impunidad con la que circulan infinidad de vídeos colgados en redes sociales que muestran estos hechos. A fecha de abril de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cifró en más de 600 las muertes verificadas por esta práctica desde el inicio del conflicto. Cabe recordar que es probablemente el sector con menos actividad militar del frente, ya que el río Dniéper imposibilita avances militares más allá de las marismas e islotes propios adyacentes a su curso. La sociedad civil de la Federación Rusa tampoco es ajena a la guerra, por supuesto. No obstante, las campañas aéreas ucranianas sobre suelo ruso se han centrado en su mayor parte hasta la fecha sobre objetivos militares e infraestructura de exportación de materias primas. En este sentido, las familias rusas perciben más los efectos de las bombas por el daño que hacen a la economía. Según datos de Rosstat, la inflación acumulada desde el inicio de la invasión a gran escala alcanza el 34,7%. Este dato en sí mismo no es necesariamente un problema, pero,sin entrar en la credibilidad de los datos publicados por dicha institución, ha generado y mantenido políticas monetarias agresivas, con tipos de interés por encima de los dos dígitos desde agosto de 2023, con el consiguiente enfriamiento de la actividad económica. A esto, además, hay que sumarle un relativo estancamiento en el crecimiento del PIB (1,1% proyectado para este año con previsión al alza derivada de la subida del precio del petróleo), siendo en torno un 8% de este gasto militar. Sin embargo, si algo ha trastocado la vida diaria del ciudadano ruso (desde las élites de Moscú/San Petersburgo a la población rural), ha sido la progresiva censura impuesta en internet. La reciente prohibición de Telegram y vpns ha sido la guinda de una campaña de control digital permanente desde el inicio de la invasión. Clamar que esto puede generar una revolución ciudadana, tal y como planteó esta semana el líder de la oposición “sistémica” comunista Ziuganov en la Duma, resultaría tan o más imprudente como cuando se profetizaba sobre un colapso de la economía rusa por las sanciones occidentales que nunca llegó. Con todo, es innegable que esta cuestión está generando una erosión de la popularidad del gobierno, tal y como recogió el Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia en su serie semanal el pasado viernes 19 de abril, última vez que se actualizó. Desde el pasado 30 de diciembre, la confianza en el presidente Vladimir Putin ha caído 10 puntos. Aunque siguen siendo cifras muy elevadas, ya que siguen oscilando el 70%, pero, al mismo tiempo, es necesario aclarar que la institución encargada no goza de la misma credibilidad que sus homólogas occidentales. Sin paz a la vista En un momento en el que ninguno de los contendientes percibe peligro real de una derrota militar y los esfuerzos de la Administración Trump por mediar un acuerdo parecen haber llegado a su fin, no se vislumbra el fin del conflicto a corto plazo. Las recurrentes visitas del enviado especial Kellogg a Moscú no han logrado compromiso alguno hasta la fecha, a la par que en Kyiv existe un sentimiento de desconfianza generalizado hacia su figura. Una vez salvada Ucrania, al menos parcialmente, de la crisis de personal en el frente que sufrió en 2024 y 2025 y, de forma más global, la pérdida de estatus prioritario de socio de Washington desde enero del año pasado, en el medio plazo el candidato más susceptible a proponer mayores concesiones en los próximos procesos negociadores parece estar ser Moscú. En este sentido, quizás únicamente haya que sentarse a esperar que el Kremlin deje atrás su creencia pretérita de tener las cartas ganadoras en un conflicto prolongado, hecho que llevó a desdeñar las rondas negociadoras anteriores. A fecha de 8 de mayo de 2026, el mercado de apuestas y predicciones Polymarket cifra en un 26% las probabilidades de que se alcance un alto al fuego antes de fin de año. Desde agosto del año pasado, donde se llegaron a alcanzar picos de más del 70% en esta sección, la tendencia ha sido a la baja. Con motivo del previamente analizado Día de la Victoria del 9 de mayo, se especuló sobre un posible alto al fuego temporal, simbólico. Sin embargo, aunque Vladimir Putin anunció un cese de las operaciones ofensivas para esta fecha, su homólogo ucraniano ha denunciado que se trataba de una burda mentira, ya que el lunes pasado Kyiv aceptó una tregua unilateral en respuesta a esta propuesta que debía haberse iniciado a partir del miércoles 6 que no fue recíproca. No hay que perder de vista que el verdadero trasfondo de estos amagos de paz de los que ambos líderes son mutuamente conocedores que no van a llegar a buen puerto es simple y llanamente mejorar la imagen de sus países de cara a la comunidad internacional. Es aquí donde, recapitulando lo ya tratado, se entiende la importancia que ambas capitales conceden a hechos como el cambio de gobierno en Hungría o las proyecciones de los precios internacionales de productos energéticos.

Artículo escrito por: José Manuel Jiménez Vidal y Jordi Pascual Pérez. Introducción: un ciclo electoral de alcance histórico El 7 de mayo de 2026, más de 30 millones de ciudadanos a lo largo de Gran Bretaña acudieron a las urnas en un proceso electoral sin precedentes recientes. En la misma jornada se celebraron elecciones al Parlamento Escocés (Holyrood), elecciones al Senedd galés (Parlamento de Gales) y comicios locales en Inglaterra. Se trata, según amplios sectores de la prensa y la academia política, de la mayor prueba electoral para el gobierno laborista de Keir Starmer desde su llegada al poder en las elecciones generales de julio de 2024. Ambos procesos —el escocés y el galés— comparten un denominador común: la profunda erosión de las fuerzas políticas tradicionales y el avance de nuevos actores. En Escocia, el Partido Nacional Escocés (SNP) afronta su quinto mandato consecutivo en un contexto de gobierno en minoría, fragmentación del voto y el espectacular ascenso de Reform UK, la formación de Nigel Farage. En Gales, la elección supone una doble ruptura histórica: la primera elección bajo un sistema de representación proporcional plena, y la posible pérdida del primer puesto de Welsh Labour, hegemónico desde los albores de la democracia galesa moderna. El presente análisis examina, en perspectiva comparada, el contexto político-social que enmarca estos comicios, los sistemas de votación vigentes, los principales candidatos y partidos en liza, y los escenarios que se dibujan de cara a la formación de gobierno en Edimburgo y Cardiff. Contexto político-social: Escocia Escocia lleva a las urnas una sociedad marcada por la fatiga institucional y la complejidad política acumulada en la última legislatura. Tras la dimisión de Nicola Sturgeon en febrero de 2023, después de casi una década como primera ministra, el SNP atravesó una grave crisis interna: la breve y turbulenta gestión de Humza Yousaf —quien dimitió en abril de 2024 tras perder una moción de confianza— abrió paso al regreso de John Swinney, veterano político que lideró el partido en los años 2000 y que fue elegido sin oposición interna como primer ministro en mayo de 2024. Swinney asume el liderazgo de un gobierno en minoría, sin el apoyo formal de los Verdes escoceses —con quienes el SNP rompió su acuerdo de colaboración de legislatura— y con el mandato explícito de estabilizar al partido de cara a las elecciones de 2026. Su estrategia ha pivotado sobre la reivindicación de la independencia como eje vertebrador, prometiendo un nuevo referéndum en caso de revalidar la mayoría parlamentaria, si bien la vía legal permanece bloqueada tras el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido en noviembre de 2022, que declaró que el Parlamento escocés carece de competencias para convocarlo unilateralmente. En el plano socioeconómico, el contexto es sombrío. Según datos de Oxfam Scotland, la desigualdad de ingresos ha alcanzado en 2025 su nivel más alto desde 1994, con una de cada diez personas en situación de 'pobreza profunda', definida como ingresos un 40% por debajo de la mediana. Las políticas de austeridad aplicadas tanto en Westminster como en Holyrood, junto con el deterioro de los servicios públicos —especialmente el sistema sanitario, NHS Scotland—, han generado un creciente descontento que beneficia a los partidos de protesta. El factor laborista y el auge de Reform UK La situación del Partido Laborista Escocés ha vivido un giro dramático. Tras las elecciones generales de julio de 2024, en las que el Labour de Keir Starmer obtuvo una victoria arrolladora a nivel del Reino Unido, los laboristas escoceses recuperaron momentáneamente la condición de mayor partido de Escocia en términos de escaños en Westminster. Sin embargo, la impopularidad creciente de Starmer —agravada por escándalos como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, vinculado a polémicas sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein— y la percepción de una agenda económica poco diferenciada del conservadurismo, han precipitado un desplome en las encuestas. En febrero de 2026, el propio líder laborista escocés, Anas Sarwar, exigió públicamente la dimisión de Starmer, en un episodio sin precedentes que sacudió a la formación a menos de tres meses de los comicios. Paradójicamente, este vacío político ha beneficiado a Reform UK, que de no tener representación alguna en Holyrood en 2021, aspira ahora a convertirse en la segunda o tercera fuerza parlamentaria. El partido, liderado a nivel nacional por Nigel Farage, ha canalizado el descontento de la derecha unionista y de una parte de la clase trabajadora desencantada, combinando un discurso antiestablishment con posiciones duras en materia migratoria, energética e identitaria. Paralelamente, el Partido Verde escocés ha experimentado un crecimiento notable entre votantes jóvenes y arrendatarios urbanos, complicando aún más el escenario de posibles coaliciones. Sistema electoral: Parlamento Escocés (Holyrood) El Parlamento Escocés se elige mediante el Sistema de Miembros Adicionales (AMS, por sus siglas en inglés), un sistema mixto de representación proporcional establecido en la Scotland Act de 1998 y ratificado por la Scottish Elections (Reform) Act de 2020. El Parlamento cuenta con 129 escaños distribuidos de la siguiente forma: Componente Escaños Método de elección Circunscripciones uninominales 73 Mayoría simple (first-past-the-post) Regiones plurinominales (8 regiones) 56 Lista proporcional (método D'Hondt) Total 129 Sistema mixto compensatorio (AMS) El sistema AMS concede a cada votante dos papeletas: una para el candidato de circunscripción y otra para la lista regional de partido. Los escaños de lista se distribuyen de forma compensatoria para corregir las distorsiones del sistema mayoritario. En la práctica, esto favorece a los partidos medianos en la asignación de escaños regionales, si bien el SNP históricamente ha logrado abrumadoras mayorías en las circunscripciones mediante voto concentrado. La mayoría absoluta en Holyrood requiere 65 escaños. Las elecciones de 2026 son las séptimas desde la creación del Parlamento devuelto en 1999. El recuento comienza el 8 de mayo a las 9:00 horas, decisión adoptada por razones de bienestar del personal electoral y para garantizar la exactitud del proceso. Candidatos y partidos: Escocia Seis partidos con representación parlamentaria concurren a los comicios. La composición política de Holyrood en la legislatura saliente refleja la fragmentación característica del sistema AMS: Partido Líder / Candidato Posición ideológica Encuestas (mayo 2026) SNP John Swinney (Primer Ministro) Centro-izquierda, independentista ~36% circunscripción Reform UK Nigel Farage (nacional) Derecha populista, unionista ~18-19% Labour (Scottish) Anas Sarwar Centro-izquierda, unionista ~16-18% Verdes Escoceses Gillian Mackay / Ross Greer Izquierda-verde, pro-independencia ~12-16% Liberal Demócratas Alex Cole-Hamilton Centroderecha liberal, unionista ~11-12% Conservadores Russell Findlay Derecha, unionista ~11% Nótese que la alba Party, fundada por el ex primer ministro Alex Salmond en 2021 como alternativa independentista radical al SNP, anunció en febrero de 2026 su disolución definitiva por razones financieras vinculadas a presuntos fraudes internos. Su ausencia del tablero electoral concentra el voto proindependencia en el SNP y los Verdes. Las proyecciones de escaños apuntan a que el SNP obtendría entre 55 y 65 escaños, con escenarios que van desde un gobierno en minoría a una mayoría ajustada, dependiendo del comportamiento del voto táctico en favor de la independencia. Reform UK, según el modelo MRP de Survation basado en una muestra de 5.025 residentes, podría obtener entre 17 y 19 escaños de lista, consolidándose como segunda o tercera fuerza. Contexto político-social: Gales Gales representa, en la geografía política del Reino Unido, uno de los bastiones históricos más sólidos del Partido Laborista: el Labour ha liderado el voto galés en todas las elecciones generales desde 1922 y ha encabezado todos los gobiernos del Senedd desde su creación en 1999. La elección de 2026 podría romper esta hegemonía por primera vez en la historia de la democracia devuelta galesa. La primera ministra galesa, Eluned Morgan —quien sucedió a Mark Drakeford en 2023—, afronta una campaña en condiciones adversas: impopularidad del gobierno laborista en Westminster, percepción de deterioro de los servicios públicos y una pérdida de identidad programática frente a un electorado que se ha desplazado tanto hacia la izquierda nacionalista (Plaid Cymru) como hacia la derecha populista (Reform UK). Las encuestas previas a la jornada electoral la sitúan en un escenario de derrota histórica: Labour podría caer hasta el 12-14% del voto, su peor resultado desde los inicios del siglo XX, e incluso su propia candidatura de lista en Ceredigion Penfro —donde encabeza la lista— se da como incierta. Plaid Cymru y el giro del voto galés El principal beneficiario del declive laborista es Plaid Cymru (El Partido de Gales), la formación independentista de centroizquierda liderada por Rhun ap Iorwerth. En este ciclo electoral, Plaid ha capitalizado el descontento con los dos grandes partidos de Westminster —Labour y Conservadores— y se presenta como la fuerza capaz de defender los intereses específicos de Gales frente a un Parlamento y un ejecutivo central percibidos como distantes. Las encuestas del MRP final de YouGov para ITV Cymru Wales, basadas en más de 4.600 entrevistas realizadas entre el 25 de abril y el 4 de mayo de 2026, proyectan 43 escaños para Plaid Cymru, apenas seis por debajo de la mayoría absoluta de 49 en el Senedd ampliado de 96 miembros. Reform UK, por su parte, ha irrumpido con fuerza en el espacio político galés, canalizando un voto de protesta que en 2021 era testimonial (1% del voto), con proyecciones de hasta 34 escaños según el mismo modelo de YouGov. Nigel Farage presentó el 5 de marzo de 2026 el manifiesto galés de Reform en Newport, describiendo las elecciones como un referéndum sobre el liderazgo de Keir Starmer, en una muestra de hasta qué punto la política galesa queda en esta legislatura supeditada a los ritmos de Westminster. Sistema electoral: el Senedd reformado Las elecciones al Senedd de 2026 inauguran el sistema electoral más transformador en la historia de la democracia galesa, fruto de años de debate sobre la representatividad y la proporcionalidad del sistema anterior. Las reformas, aprobadas en la legislatura saliente, suponen una ruptura con el modelo vigente desde 1999: Elemento Sistema hasta 2021 Sistema desde 2026 Número de miembros 60 MS 96 MS Circunscripciones 40 uninominales + 5 regiones AMS 16 multimembre (6 escaños c/u) Tipo de sistema AMS (mixto) Lista cerrada proporcional (D'Hondt) Número de votos por elector Dos votos Un solo voto Duración de la legislatura 5 años 4 años Mayoría absoluta requerida 31 escaños (de 60) 49 escaños (de 96) Edad mínima para votar 16 años 16 años Bajo el nuevo sistema de lista cerrada proporcional con método D'Hondt, Gales queda dividida en 16 circunscripciones, cada una de las cuales elige a seis miembros del Senedd. La papeleta presenta las listas ordenadas de cada partido, y los candidatos son elegidos según el orden de lista en función de los escaños que correspondan a cada formación. En caso de vacante por dimisión o fallecimiento durante la legislatura, el puesto es cubierto automáticamente por el siguiente candidato en la lista, sin necesidad de elecciones parciales. El sistema, concebido para mejorar la proporcionalidad y la representación de partidos medianos, supone también, según sus críticos, una cesión de poder de los electores hacia las estructuras internas de los partidos, que determinan el orden de los candidatos. Candidatos y partidos: Gales Partido Candidato / Líder Posición ideológica Proyección de escaños Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth Centro-izquierda, independentismo galés ~43 escaños (YouGov MRP) Reform UK Nigel Farage (nacional) Derecha populista, unionista ~34 escaños Welsh Labour Eluned Morgan (1ª Ministra) Centro-izquierda, unionista ~10-12 escaños Conservadores galeses Darren Millar Derecha, unionista ~4 escaños Verdes galeses Amelia Womack (nacional) Izquierda ecologista ~3-5 escaños Lib. Demócratas galeses Jane Dodds Centroliberal, federalista ~1 escaño Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru, parte como favorito para convertirse en el próximo primer ministro galés. Ha expresado su preferencia por formar un gobierno de minoría de Plaid sin coalición formal, aunque las proyecciones indican que necesitaría el apoyo parlamentario del Partido Laborista para alcanzar la mayoría operativa de 49 escaños. Una coalición entre Plaid Cymru y los Verdes sería numéricamente insuficiente en la mayor parte de los escenarios simulados. La posición de Eluned Morgan es especialmente precaria: el modelo YouGov señala que hay una probabilidad real de que la primera ministra pierda su propio escaño en la circunscripción de Ceredigion Penfro. Análisis comparado y perspectivas Las elecciones del 7 de mayo de 2026 cristalizan una doble tendencia de fondo que recorre la política de vuelta del Reino Unido: por un lado, la reconfiguración del espacio de centroizquierda, con la emergencia de fuerzas que combinan identidad territorial y agenda social progresista —SNP en Escocia, Plaid Cymru en Gales, Verdes en ambos territorios—; por otro, el auge de la derecha populista de Reform UK como depositaria del voto de protesta entre quienes se sienten abandonados tanto por el Labour como por los Conservadores tradicionales. En Escocia, el principal interrogante no es si el SNP ganará las elecciones —las encuestas apuntan de forma unánime a una victoria del partido de Swinney—, sino si obtendrá mayoría suficiente para gobernar con estabilidad o si se verá obligado a negociar con los Verdes o incluso con el Labour en determinadas votaciones. La cuestión de la independencia, aunque bloqueada legal y políticamente desde el fallo de 2022, seguirá dominando el debate, con el SNP buscando en el resultado electoral un nuevo 'mandato democrático' que presione a Westminster. En Gales, la transición hacia el nuevo sistema proporcional introduce un elemento de incertidumbre sin precedentes. El D'Hondt de lista cerrada tiende a reflejar con mayor fidelidad la distribución del voto popular, penalizando a los partidos que concentraban su fuerza en escaños uninominales —como Labour— y beneficiando a formaciones con apoyo disperso pero consistente a nivel nacional, como Reform UK o los Verdes. La posible pérdida de la primera posición por parte del Labour en Gales marcaría un punto de inflexión histórico en la política de la nación, comparable —guardando las distancias— con el fin del dominio demócrata cristiano en la Italia de la Primera República. Finalmente, ambos procesos deben leerse en clave de la política nacional británica: las elecciones de mayo de 2026 constituyen el primer gran veredicto sobre el gobierno de Keir Starmer, y los resultados en Escocia y Gales enviarán señales inequívocas sobre la capacidad del Labour para recuperar su terreno histórico en la periferia celta del Reino Unido. El grado en que Anas Sarwar y Eluned Morgan logren limitar las pérdidas laboristas determinará, en buena medida, el margen de maniobra político del premier en Westminster de cara a los próximos años. Resultados de las elecciones escocesas 2026 Partido Líder / Candidato Posición ideológica Escaños SNP John Swinney (Primer Ministro) Centro-izquierda, independentista ~58 Reform UK Nigel Farage (nacional) Derecha populista, unionista ~17 Labour (Scottish) Anas Sarwar Centro-izquierda, unionista ~17 Verdes Escoceses Gillian Mackay / Ross Greer Izquierda-verde, pro-independencia ~15 Liberal Demócratas Alex Cole-Hamilton Centroderecha liberal, unionista ~10 Conservadores Russell Findlay Derecha, unionista ~12 La victoria del SNP (Partido Nacional Escocés) en las elecciones de 2026, que marca su quinto mandato consecutivo en el Parlamento de Holyrood bajo el liderazgo de John Swinney, tiene implicaciones profundas que van desde el estatus constitucional de Escocia hasta su viabilidad económica y sus relaciones dentro del Reino Unido. Como se ha mencionado anteriormente en el análisis, la implicación más inmediata es la reactivación del debate sobre la soberanía. John Swinney ha declarado que este resultado es un mandato claro para que el pueblo escocés decida su futuro expresando su intención de convocar un referéndum para 2028. El SNP sostiene que una victoria absoluta —o incluso liderar el gobierno tras cinco triunfos seguidos— es un mandato ineludible y le dota de legitimidad. Sin embargo, el Gobierno de Westminster y la Corte Suprema han señalado previamente que Holyrood no puede legislar para un referéndum sin el permiso de Londres. Se espera que la brecha entre Edimburgo y Westminster se amplíe, especialmente tras el colapso del Partido Laborista en estas elecciones, lo que debilita la posición de Sir Keir Starmer como interlocutor en Escocia. En el plano interno, la victoria del SNP supone la implementación de políticas económicas de gran intervención estatal, aunque expertos advierten sobre su sostenibilidad. Una de las propuestas más llamativas es la imposición de precios máximos para productos básicos (como leche y pan) en grandes supermercados para combatir el coste de vida. Estudios realizados por el Institute for Fiscal Studies (IFS) advierten que los planes del SNP carecen de realismo económico. El partido confía en el crecimiento económico y en "eficiencias" administrativas para financiar servicios como el NHS y la educación gravemente afectados por las políticas de austeridad de años anteriores, pero las proyecciones indican que el presupuesto escocés estará bajo una presión extrema con un crecimiento real de solo el 0,3% anual. La lectura política de la victoria del SNP se produce en un contexto en el que el panorama político escocés ha cambiado tras las elecciones, lo que afectará en su forma de gobernar en su nuevo mandato. Por primera vez, los Verdes escoceses han ganado un escaño por circunscripción (Edimburgo Central), desplazando a figuras clave del SNP como Angus Robertson. Todo ello al mismo tiempo que la fuerza liderada por Nigel Farage, Reform UK, ha surgido con fuerza, quedando en segundo lugar en varias zonas y dividiendo el voto tradicionalmente anti-SNP. Por último, ya desde la primera emisión de los resultados, el Partido Laborista escocés ha admitido una derrota "total", lo que elimina por ahora la posibilidad de que Escocia vuelva a ser un "feudo" laborista que apoye la cohesión del Reino Unido bajo un gobierno central de izquierda. Resultados de las elecciones galesas 2026 Partido Candidato / Líder Posición ideológica Resultado final Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth Centro-izquierda, independentismo galés ~43 escaños Reform UK Nigel Farage (nacional) Derecha populista, unionista ~34 escaños Welsh Labour Eluned Morgan (1ª Ministra) Centro-izquierda, unionista ~9 escaños Conservadores galeses Darren Millar Derecha, unionista ~7 escaños Verdes galeses Amelia Womack (nacional) Izquierda ecologista ~2 escaños Lib. Demócratas galeses Jane Dodds Centroliberal, federalista ~1 escaño En Gales, la victoria de Plaid Cymru en las elecciones al Senedd de 2026, bajo el liderazgo de Rhun ap Iorwerth, constituye un evento de "proporciones históricas" que altera profundamente el paisaje político de Gales y del Reino Unido. Esta victoria no sólo pone fin a más de un siglo de dominio del Partido Laborista en Gales, sino que también plantea desafíos sin precedentes para el Gobierno central en Westminster. Bajo Rhun ap Iorwerth, Plaid Cymru ha logrado capitalizar el deseo de una autonomía galesa mucho más fuerte, presentándose como el único partido capaz de frenar el avance de Reform UK. Esta narrativa fue efectiva para atraer a votantes que deseaban frenar el avance de la derecha populista, dejando al laborismo en un irrelevante tercer lugar. Es un hecho importante que el electorado galés ha rechazado enfáticamente 27 años de gobiernos laboristas ininterrumpidos en Cardiff Bay donde, La derrota es tan profunda que la propia Primera Ministra saliente, Eluned Morgan, perdió su escaño, siendo la primera líder de un gobierno en el Reino Unido en quedar fuera del parlamento mientras estaba en el cargo. Electoralmente, la victoria se produce en un parlamento transformado; el Senedd ha crecido de 60 a 96 miembros y ha estrenado un sistema de listas cerradas proporcionales. Debido al cambio de sistema anteriormente señalado, la victoria de Plaid Cymru obteniendo 43 escaños no es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta (fijada en 49 escaños), por tanto, el nuevo gobierno de Plaid Cymru requerirá el apoyo de otros miembros del Senedd o la formación de una coalición o acuerdo de cooperación para aprobar leyes y presupuestos importantes. En su manifiesto publicado antes de las elecciones, Plaid Cymru destaca la lucha contra la pobreza, la vivienda y la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, analistas advierten que el nuevo gobierno deberá enfrentar una dura realidad fiscal y ser transparente sobre cómo financiará sus promesas en un contexto de presupuestos ajustados. Interpretando las elecciones en clave nacional, la derrota "catastrófica" del laborismo en Gales ha sido vista como un rechazo a las políticas de Keir Starmer desde Londres, otorgando a Rhun ap Iorwerth una plataforma de legitimidad democrática para desafiar las decisiones de Westminster que afecten a Gales. Los problemas que enfrenta Downing Street después de las elecciones Las victorias simultáneas del SNP en Escocia y de Plaid Cymru en Gales en las elecciones de 2026 generan una serie de desafíos críticos para el gobierno central en Londres, afectando desde la estabilidad del liderazgo laborista hasta la integridad constitucional del Reino Unido. El problema más inmediato es la posibilidad de una formación de un bloque nacionalista coordinado entre Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por primera vez, Londres se enfrenta a un escenario donde los tres gobiernos autónomos podrían estar liderados por nacionalistas: John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) y Michelle O'Neill (Sinn Féin). La alianza nacionalista podría buscar actuar como un bloque de presión para exigir que Westminster deje de ignorar las prioridades de sus comunidades. John Swinney (líder del SNP) ha declarado que su victoria supone un mandato ineludible para un nuevo referéndum de independencia en Escocia hacia el año 2028, pese a que Westminster mantiene el poder legal para denegar estas peticiones, la presión política y la "legitimidad democrática" del SNP tras cinco victorias consecutivas dificultan la negativa constante de Londres. Por último, los resultados suponen un golpe devastador para la autoridad de Sir Keir Starmer y su capacidad para mantener la unidad del Reino Unido bajo una bandera laborista. En Gales, la derrota se ha interpretado como un referéndum negativo sobre la figura de Starmer, cuya impopularidad se cita como un factor clave en el colapso del voto laborista. El hecho de que el laborismo haya sido empujado al tercer lugar en Gales, un territorio que dominaba desde hacía más de un siglo, deja al gobierno central sin una base sólida de apoyo fuera de Inglaterra. El éxito de los nacionalistas ha sido impulsado, en parte, por la fragmentación del voto causada por Reform UK, lo que crea un nuevo problema estratégico para los partidos tradicionales en Londres. Los de Nigel Farage han logrado capitalizar la desilusión con la política convencional, quedando en segundo lugar en Gales y dividiendo el voto anti-nacionalista en Escocia. Este cambio en el mapa político sugiere que las próximas elecciones generales del Reino Unido en 2029 no serán un bipartidismo tradicional, sino una competición fragmentada donde Londres tendrá que luchar contra insurgencias populistas tanto de derecha (Reform) como de izquierda/nacionalistas (SNP, Plaid, Verdes) El mapa político británico se ha fragmentado. El éxito de los nacionalistas y los partidos de "protesta" (incluyendo a los Verdes, que ganaron su primer escaño en Gales) indica que los votantes están abandonando el consenso tradicional del bipartidismo en favor de alternativas que ofrecen cambios sistémicos o identitarios.

El Parlamento de Rumanía aprobó este martes una moción de censura contra el primer ministro, Ilie Bolojan, provocando la caída de su gobierno proeuropeo y abriendo un nuevo horizonte difuso para el país del este de Europa. La iniciativa, impulsada por el Partido Socialdemócrata Rumano y respaldada por la formación ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos, logró reunir una mayoría suficiente para derribar al Ejecutivo en un momento especialmente delicado para el país. La votación supone, además, la ruptura definitiva de una coalición europeísta que había nacido con el objetivo de contener el avance ultraconservador y garantizar la estabilidad institucional de Rumanía, en el contexto electoral marcado por una polarización creciente. La crisis llega en un contexto de fuerte desgaste gubernamental, tensiones inflacionarias, déficits elevados, disputas entre socios de coalición y dudas serias sobre la capacidad de gestión del Primer Ministro, así como del mantenimiento de las medidas exigidas por Bruselas. Las medidas de Bolojan terminaron fracturando a sus aliados socialdemócratas y alimentando el discurso de AUR, quienes presentaron la caída del Gobierno como una derrota del “establishment europeísta”. Más allá de la aritmética parlamentaria, el episodio confirma una tendencia mucho más profunda: la creciente dificultad de las fuerzas europeístas rumanas para sostener acuerdos estables frente a la presión multifactorial a la que se encuentran sometidos. La alianza puntual entre socialdemócratas y ultranacionalistas evidencia, además, hasta qué punto Rumanía ha entrado en una fase de reconfiguración. La caída de Bolojan no es sólo una crisis gubernamental, sino un síntoma de una disputa mucho más profunda sobre el rumbo económico, institucional y estratégico de Rumanía. Se plantea además el rumbo hacia el que puede caminar Rumanía, sobre todo por la simbología interna de la propia moción. El presidente Nicușor Dan ha defendido la continuidad del rumbo occidental y ha descartado elecciones anticipadas, pero la conformación parlamentaria muestra un país cada vez más ingobernable. Para la UE, el caso rumano vuelve a plantear una pregunta incómoda: si incluso los gobiernos nacidos para frenar al nacionalismo acaban debilitados por la austeridad, la fragmentación y el desgaste social, ¿puede Bruselas seguir confiando solo en coaliciones proeuropeas frágiles para contener el avance iliberal en el este del continente? ¿Ha terminado el fantasma iliberal tras la caída del gobierno de Orban, o continúan quedando cenizas donde antes hubo fuego? Cómo se gesta el derrocamiento de un primer ministro que sólo lleva un año La caída del Gobierno de Bolojan no puede entenderse como una sorpresa, o como un episodio aislado a la política rumana actual. El Primer Ministro tomó posesión en junio de 2025 cuando, tras la victoria en las elecciones presidenciales del candidato europeísta Nicusor Dan respecto a Călin Georgescu -candidato ultraderechista cercano a Moscú-, se nombró al primer ministro tras una ronda de consultas. La coalición fue conformada principalmente por cuatro partidos: el PSD, el Partido Nacional Liberal, la Unión Salvar Rumanía y los representantes de la minoría húngara, quienes juraron el cargo tras recibir el aval del Parlamento. En un contexto tensionado entre el bloque europeísta, que trataba de salvaguardar la estabilidad institucional y la orientación occidental de Bucarest, y el avance de Alianza para la Unión de los Rumanos, convertido en la expresión del nacionalismo conservador. En realidad, la coalición que sostuvo a Ilie Bolojan supuso un dique de contención frente a la inestabilidad institucional, el avance nacionalista y el deterioro económico del país. Su razón de ser no descansaba tanto en una visión ideológica compartida como en un pacto de urgencia centrado en reducir el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea, con un desequilibrio público acumulado cercano al 9% del PIB, muy por encima de los límites comunitarios y bajo la presión de unas exigencias fiscales cada vez más estrictas por parte de Bruselas. La prioridad del Ejecutivo era, por tanto, contener el desajuste presupuestario y recuperar la confianza europea, aunque para ello tuviera que reunir bajo una misma fórmula de gobierno a fuerzas con sensibilidades políticas y económicas muy dispares. La formación de este gabinete fue, además, el desenlace de una crisis política más profunda, agravada tras la inesperada victoria de Călin Georgescu en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, posteriormente anuladas por irregularidades en la financiación de su campaña y bajo sospechas de injerencia extranjera -nunca probadas-. Por ello, la crisis política rumana, a pesar de saltar por los aires este martes, tiene un contexto bastante más profundo. El PSD se enfrentó a menudo con Bolojan por algunas de las medidas austeras que estaba tomando, como subidas de impuestos, congelación de salarios y pensiones, o recortes de gasto y puestos de trabajo en la administración pública. Esto provocó la salida del PSD de la coalición gubernamental a finales del pasado mes de abril, con la dimisión de algunos de sus ministros, acusando a Boloján de “no haber aplicado ninguna reforma genuina” en sus 10 meses al frente del gobierno, afirmando que Rumanía necesite un líder “capaz de colaborar”, además de acentuar la dureza de las medidas adoptadas. La votación fue especialmente significativa porque fue impulsada por un antiguo partido del gobierno, que, al mismo tiempo, constituía su mayor apoyo: el Partido Socialdemócrata Rumano, que semanas antes había abandonado la coalición, y contó con el apoyo de la Alianza para la Unión de los Rumanos, la principal fuerza ultranacionalista del país. Aunque los socialdemócratas han negado que este movimiento implique una colaboración estable con AUR, la imagen política resultante es difícil de ignorar: una formación tradicional del sistema recurrió al apoyo de la derecha radical para derribar a un Gobierno nacido precisamente para contener su avance. Durante la sesión parlamentaria, el bloque gubernamental quedó prácticamente aislado. El Partido Nacional Liberal y sus aliados reformistas de la USR estuvieron presentes, pero no lograron frenar la moción, es más, sólo se saldó con cuatro votos en contra, y la abstención de todo el bloque del gobierno. La oposición, por su parte, convirtió el voto en un juicio político contra la gestión económica del Gobierno y contra la continuidad de unas medidas de austeridad muy impopulares. Así, la censura no fue únicamente una derrota numérica: fue la expresión parlamentaria de una fractura mucho más profunda entre quienes defendían la estabilidad fiscal como condición para preservar la confianza europea y quienes denunciaban que esa estabilidad se estaba construyendo a costa del desgaste social. Finalmente, tras un intenso debate, la moción salió adelante con 281 votos favorables, muy por encima de los 233 necesarios, en una cámara de 464 escaños. El resultado supuso la caída formal del Ejecutivo y dejó a Rumanía en una situación de interinidad política, con Bolojan obligado a permanecer como primer ministro en funciones hasta que pueda formarse un nuevo Gobierno. Así, el Gobierno Bolojan nació de una paradoja: fue concebido para estabilizar Rumanía, pero lo hizo sobre una base política muy frágil. Su coalición iba a ser un muro de contención frente al desorden y el ultranacionalismo, y acabó convirtiéndose en una vía de desacuerdo raramente reconciliable a corto plazo, no como un proyecto de país compartido con ciertas diferencias ideológicas. Por eso, cuando la reducción del déficit dejó de ser una prioridad técnica y se convirtió en un conflicto social y político, el equilibrio interno comenzó a deshacerse. La caída del Ejecutivo revela así el límite de las coaliciones construidas únicamente desde el miedo al adversario: pueden frenar una crisis durante un tiempo, pero difícilmente pueden gobernar un país si no son capaces de ofrecer un horizonte común. La importancia de la mediación: papel del presidente Nicusor Dan En este nuevo escenario, el papel del presidente se vuelve decisivo, no tanto por su capacidad de imponer una salida viable a este gran problema en el que se está convirtiendo el gobierno de Rumanía, sino por su función como mediador entre bloques que viven un proceso de reconfiguración y convulsión. Tras la moción que derribó a Bolojan, Dan ha intentado proyectar una imagen de calma institucional, descartando elecciones anticipadas y anunciando consultas para formar un nuevo Ejecutivo de orientación prooccidental. Su margen, sin embargo, es limitado por la situación nacional. La mediación presidencial será importante porque Rumanía no atraviesa solo una crisis de nombres, sino una crisis de confianza. El reto de Dan va más allá de encontrar un sustituto: se trata de evitar que la política rumana quede atrapada entre dos salidas igualmente peligrosas: una coalición proeuropea reconstruida de forma artificial, sin proyecto común, o un bloqueo prolongado que alimente todavía más el discurso antisistema. Por eso, sus consultas tendrán que hacer algo más que sumar escaños. Deberán producir una fórmula mínimamente creíble, capaz de sostener reformas, negociar con Bruselas y, al mismo tiempo, no aparecer ante la población como otro pacto de élites desconectado del malestar social. El presidente también actúa como una especie de garante simbólico del rumbo occidental de Rumanía. En su mensaje tras la caída del Gobierno, defendió que el país tendría un nuevo Ejecutivo prooccidental y que la crisis se superaría “con calma”. Escenarios: nuevo Gobierno, bloqueo o la normalización de la ultraderecha El Ejecutivo de Bolojan queda en situación de interinidad hasta que se forme el nuevo Gobierno, lo que significa que Nicusor Dan debe iniciar contactos con los partidos con representación parlamentaria para elegir a un candidato a primer ministro. La interinidad del Ejecutivo saliente no es un detalle menor: limita su capacidad de acción, ya que no puede aprobar decretos de emergencia ni presentar nuevos proyectos de ley las próximas semanas. Esto genera una situación que ya era grave, en tanto que existían llamamientos de dimisión desde hace semanas, ignorados por el primer ministro, quien, además, calificó la moción de censura como “cínica y artificial”. Su caída no cierra la crisis, sino que la reabre en canal hacia una fase más gris: la de recomponer el poder. El problema en sí no es sólo encontrar un primer ministro, sino reconstruir una mayoría política creíble. Rumanía puede intentar levantar otro Gobierno proeuropeo, quizá encabezado por otro dirigente del PNL o por una figura tecnócrata, pero cualquier fórmula nacería condicionada por la misma contradicción que hundió a Bolojan: la necesidad de aplicar disciplina fiscal sin destruir su propia base social y parlamentaria. Así, el primer escenario sería la formación de un Gobierno de continuidad europeísta. Es la opción más deseada desde la presidencia y desde Bruselas, ya que permitiría evitar elecciones anticipadas, preservar la orientación hacia la Unión Europea y desbloquear reformas vinculadas a fondos europeos. Pero no sería limpio. Si el PSD regresa a la coalición, lo hará después de haber provocado la caída del Ejecutivo al que sostenía, lo que obligaría a exigir concesiones visibles para justificar un nuevo cambio de parecer; si no entra, sería un gobierno con base parlamentaria débil. En ambos casos, la nueva mayoría nacería con una legitimidad erosionada: o dependería de quienes provocaron la crisis, o quedaría expuesta a una oposición capaz de bloquearla desde el Parlamento. El europeísmo rumano, en ese sentido, podría sobrevivir institucionalmente, pero seguiría gobernando a la defensiva, atrapado entre los compromisos fiscales con Bruselas y una sociedad cada vez más fatigada por el lenguaje del sacrificio El segundo escenario es el bloqueo. Y quizá sea el más peligroso precisamente porque no tiene la espectacularidad de una ruptura inmediata. Quizá no necesite como tal abandonar el rumbo europeo para que quede más débil; una fórmula de fragmentación sería que encadene Gobiernos frágiles, negociaciones interminables y reformas pospuestas. La inestabilidad puede convertirse en una forma lenta de desgaste institucional: el país sigue perteneciendo al bloque occidental, pero pierde capacidad para actuar con coherencia, cumplir compromisos fiscales, gestionar fondos europeos o sostener una voz clara dentro de la Unión. Esta posibilidad resulta altamente preocupante, especialmente porque la caída del Gobierno se produce en un contexto de déficit elevado y dependencia de fondos comunitarios, lo que convierte cada semana de incertidumbre en un problema político, financiero y europeo. El tercer escenario, más profundo que inmediato, es la normalización de la ultraderecha. AUR no necesita entrar mañana en el Gobierno para salir reforzada de esta crisis. Su victoria consiste en algo más sutil: haber pasado de fuerza antisistema a actor parlamentario imprescindible para derribar Ejecutivos. La moción ha mostrado que una parte del sistema tradicional está dispuesta a apoyarse tácticamente en la derecha radical para resolver sus propias disputas internas. Aunque el PSD insista en que no existe una alianza estable con AUR, el daño simbólico ya está hecho: la ultraderecha ha dejado de aparecer como un margen exterior y empieza a operar como una pieza funcional dentro de la aritmética del poder. The Guardian sitúa además a AUR liderando las encuestas con un apoyo cercano al 37%, lo que confirma que su influencia depende cada vez más de una base electoral en expansión que del ruido. Todas las posibilidades, en realidad, son tres formas distintas de manifestación de fragilidad. Un gobierno proeuropeo evitaría las elecciones anticipadas y tranquilizaría a Bruselas, pero nacería herido desde el primer día, construido desde la desconfianza y con una ciudadanía que escuchó ya el mismo discurso hace un año. El bloqueo, por su parte, sería menos visible pero quizá más corrosivo: no rompe el país de golpe, pero lo desgasta lentamente, aplaza reformas, debilita la confianza institucional y convierte cada negociación en una prueba de supervivencia. Y, mientras tanto, AUR no necesita gobernar para avanzar: le basta con ver cómo los partidos tradicionales se contradicen, se necesitan y se desgastan entre sí para seguir presentándose como la alternativa al sistema. Esa es la dimensión más inquietante de la crisis: cuando la política democrática sólo ofrece cansancio, tecnocracia y sacrificio, quienes prometen orden, soberanía y ruptura encuentran un terreno fértil para convertir la frustración social en poder. Por eso, el futuro inmediato de Rumanía no se decidirá únicamente en la elección de un nuevo primer ministro, sino en la capacidad del sistema para demostrar que todavía puede gobernar con algo más que miedo. La caída de Bolojan ha mostrado los límites de un europeísmo defensivo, levantado contra la ultraderecha pero sin mirar qué tienen en común más allá del miedo, y totalmente incapaz de crear un relato de esperanza, negociaciones, protección, Estado, europeísmo y, sobre todo, estabilidad. Si el próximo Gobierno se limita a repetir la fórmula de emergencia, puede que consiga ganar unos meses, pero no recuperará el país, sólo perderá -y ganará- tiempo. Ahí se encuentra el mayor peligro: que Rumanía no abandone Europa de un día para otro, sino que empiece a alejarse emocionalmente de ella. Porque cuando Europa se percibe sólo como ajuste y la democracia sólo como bloqueo, la promesa iliberal deja de parecer una amenaza y empieza a sonar, para muchos, como una salida, justo cuando parecía enterrado tras el final de la era Orban en Hungría, único sistema puramente iliberal en la Unión.

Siglos atrás, ¿alguien hubiese pensado poder hablar con otra persona que está a miles de kilómetros de distancia, pero que pareciese que estuviese a centímetros? ¿Alguien habría imaginado que negociaciones diplomáticas pudiesen llevarse a cabo sin que los representantes estuviesen en la misma sala? ¿Alguien pensó en la posibilidad de que millones de personas puedan estar viendo el mismo suceso, al mismo tiempo, sin estar en el lugar donde está ocurriendo? Probablemente, si se le pudiese hacer estas mismas preguntas a quienes vivieron antaño, las respuestas serían risas, incredulidad e incluso no faltaría quien dijese que es un mundo imposible. Pero sin embargo, esa es la realidad actual, la contemporánea. Una realidad que, como bien ha descrito Luis Jiménez Muñoz, antiguo Subdirector General del Centro Cristológico Nacional de España, nos ha vuelto tan digitales como físicos. Y solo es cuestión de ver que ocurre en la sociedad: todo el tiempo estamos pendientes de las redes sociales, la sociedad entra en desesperación si internet se cae, y hemos hecho de la tecnología una extensión del cuerpo humano. La tecnología ha sido la gran revolución de la era contemporánea, y sobre todo, se ha convertido en su esencia. Es innegable e incuestionable. Pero, a pesar de la incontable cantidad de beneficios que conlleva, también expone al humano a numerosos peligros y le obliga a ser parte de un juego económico del que participa sin muchas veces darse cuenta. Quien sepa, o se interese, por el mensaje que aparece cada vez que descargamos una aplicación o nos suscribimos a una plataforma web, sabrá que al usar dicho sitio está dando sus datos a las grandes empresas todo el tiempo. Una transacción de la que se es partícipe pero no consciente. Ilustrándolo con un ejemplo: supongamos que queremos comprar en Amazon una nueva decoración para la casa. Entramos a la app y pasamos media hora recorriendo el sitio, pasando por cuadros con paisajes (y entramos a ver solo aquellos que tienen fotos de la playa), después buscamos lámparas con luz cálida, y finalmente, nos decidimos por una lámpara de playa que nos apareció en la sección de recomendados. En tan solo esa media hora le hemos dado una cantidad de datos exorbitada a Aamzon.com Inc, como nuestros gustos y preferencias, tiempo de uso, nuestra IP, etc. Todo esto sin darnos cuenta. Frente a ello, una nueva forma de transacción se genera, donde el consumidor adquiere bienes y servicios del proveedor, quien recibe su pago, mientras que la plataforma por donde se hace ese intercambio, obtiene los datos del usuario y del vendedor para alimentar sus bases de datos, entrenar sus algoritmos y mejorar las plataformas para que se adapten más a las preferencias de los usuarios. Pero por consiguiente, si estamos hablando de un intercambio comercial, ¿qué son esos datos? ¿Bienes o servicios? ¿Y cómo los regulamos? Ante tal incógnita, son varios los gobiernos que han intentado poder responder a ello mediante legislaciones que regulasen esa transacción. Sin embargo, hay inclusive un punto extra que complica las cosas: esos datos cruzan fronteras porque el comercio actual también lo hace. De nuevo, hoy estamos tan híper-conectados que hemos hecho moneda corriente el comprar un ordenador en Estados Unidos, ropa en China y usar servicios de streaming con servidores en Europa. Por consiguiente, las preguntas que antes se planteaban pasan también a la esfera internacional, y por ende, las organizaciones internacionales se ven en la obligación a expresarse al respecto. Frente a ello, y cuando de comercio internacional se trata, la acción que más debe evaluarse debe ser la de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es la OMC? Introduciendo la organización de forma breve, la Organización Mundial del Comercio (de ahora en más OMC) es una de las tres organizaciones globales con mayor protagonismo en las relaciones económicas comerciales, colocándose en el podio junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue ideada para alcanzar una serie de objetivos que pretenden, en su conjunto, lograr que el comercio global sea más justo y estandarizado para todos. Por ello mismo, es la organización que establece las reglas de comercio internacional, resuelve disputas comerciales, monitoriza las políticas comerciales nacionales, y administra los acuerdos comerciales en su seno. Todo con el fin de mantener un comercio no discriminatorio, previsible y transparente; donde los mercados permanezcan abiertos, se incentive la competitividad y de donde las naciones menos desarrolladas puedan beneficiarse. En suma, una organización internacional para un comercio internacional. ¿GATS, GATT o buscamos una nueva denominación? Con el fin de promover el desarrollo económico y las relaciones comerciales pacíficas entre Estados, la Organización Mundial del Comercio decide y trabaja sobre la base de dos pilares fundamentales: el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, mayormente conocido como GATT por sus siglas en inglés; y el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, o también GATS. El primero de los mencionados fue establecido incluso antes de la propia existencia de la organización, en 1947, cuando se comprendió que, tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, el mundo debía encontrar un camino más cohesionado, y reconstruirse a partir del mutuo entendimiento, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos. De allí es que nace este pacto multilateral en la entonces llamada Organización Internacional del Comercio. Su objetivo era claro: que todos los países signatarios puedan asegurarse prácticas comerciales equitativas durante la exportación e importación de bienes, por lo cual defendía la importancia de abolir las cuotas de importación y reducir las barreras arancelarias. Posteriormente la serie de reuniones que tuvieron lugar desde 1986 en Uruguay (razón por la cual se las conoce como Ronda de Uruguay) concluirían en 1993 con la creación de la Organización Mundial del Comercio, tal y como se la conoce en el presente. Organización que adoptó el GATT como pilar fundamental, pero, a diferencia de su antecesora, también contaría con un segundo pilar, el GATS. El GATS, cuya celebración formal data del 15 de abril de 1994 y con entrada en vigor desde 1995, se pensó con la idea de ser para los servicios lo que el GATT es para los bienes: un acuerdo que crease las normas comerciales internacionales para mantener un sistema fiable, equitativo y creíble para el comercio internacional, pero esta vez, de servicios. De tal forma, se incluyeron muchos de los conceptos que el acuerdo de 1947 ya establecía, pero adaptándolo a este área comercial. Por mencionar algunos se destaca el Trato de la Nación más Favorecida, por el cual todos los miembros deben otorgar un “trato no menos favorable que el que se conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios de cualquier otro país” (algo que el GATT establece de igual manera para las mercancías en su artículo 1); o el trato nacional, contendió en el artículo 3 del GATT y 7 del GATS, los cuales establecen que ningún Estado puede dar mayores beneficios a sus productos y servicios nacionales respectivamente. Ahora que ya se dejaron claras las bases de la OMC, retomemos el tema del comercio de datos. ¿Qué son los datos? Antes ya se había dejado claro que surgían del proceso de intercambio entre proveedor y consumidor, ¿pero entonces cómo los interpretamos? ¿Son acaso bienes que el proveedor adquiere del usuario, o un servicio que este le brinda? Los productos digitales, como los propios datos, los algoritmos y otros activos intangibles, traen consigo una gran dicotomía para la OMC, puesto que, si de algo se caracteriza, es por ser la organización internacional que más clasifica en términos legales: todo es un bien o un servicio, y nada debería salir de esos parámetros. O al menos, eso se consideraba hasta la aparición y masificación del e – commerce, cuya variedad de implicaciones no deja claro si debe seguirse el GATT o el GATS, y es por ello mismo, que el disenso ante las preguntas previamente planteadas es histórico, y lleva más de treinta años sobre la mesa en la OMC. Inclusive, en 1998 se estableció el Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, encargándose, entre otras cosas, de resolver esta cuestión. Sin embargo, por el momento, sigue sin resolución. Pero incluso la cuestión no termina solo en un debate de blanco y negro, sino que con los años, también se ha instaurado una tercera opción: crear un tercer pilar para la OMC, equivalente al GATS y al GATT pero para el comercio digital, buscando representar esa nueva variante que la tecnología trajo al tradicional comercio de bienes y servicios. En suma, la clasificación al respecto, aunque pareciera ser un tema menor, no lo es. Muy por el contrario, es una cuestión de practicidad más que de solo legalidad: clasificar los datos y los algoritmos como un bien implicaría resolver cuestiones relacionadas con las obligaciones aduaneras, los aranceles y las excepciones; mientras que si se los clasifica como un servicio, los productos digitales pueden caer bajo regulaciones más restrictivas que las ya existentes. En cambio, si se los clasifica como algo nuevo, se requeriría una extensiva cantidad de reuniones para alcanzar un acuerdo que contente a todos los miembros de la OMC. Barreras comerciales: ¿Qué hacer cuando los países deciden solos? Mientras que la OMC sigue evaluando esta clasificación, surge otra cuestión: cada vez son más los países que decretan leyes con el fin de controlar el flujo de datos generado en su jurisdicción, abogando por el principio de “soberanía de datos”, y argumentando razones de protección a la privacidad, seguridad nacional y el derecho a la regular sobre el propio Estado. De esta práctica surge el concepto de localización de datos, que implica que los datos sean almacenados, procesados y/o retenidos dentro del territorio donde han sido producidos; algo que cada vez más países quieren hacer. No obstante, en las salas de la Organización Mundial del Comercio, esto también entra en debate, ya que, mientras que países como Rusia, China y Arabia Saudí defienden la localización de datos como un derecho soberano y una medida de seguridad; Estados Unidos y otro gran grupo de Estados consideran que el libre flujo de datos es necesario para facilitar el comercio de servicios, incentivar innovación y apoyar el crecimiento económico. Además, estos últimos resaltan que regulaciones sobre los datos pueden violar los principios de la OMC, como el de tratamiento nacional, acceso al mercado, y chocar con la prohibición de no establecer barreras comerciales. Posiciones internacionales Frente a todos estos planteos comentados, se levantan dos bloques principales de países: los que defienden la soberanía de datos y los que actúan en pos de la libertad de flujo de datos. Aquellos que se alían con en el primero, temen por la influencia y el poder monopolístico que las grandes empresas de tecnología son capaces de infringir en el comercio mundial, pudiendo afectar las capacidades nacionales para desarrollar su propia industria tecnológica, y apoyan la localización de datos. Entre los principales propulsores de estas ideas se encuentra India, que en 2023 decretó el Acta de Protección de Datos Nacionales, que le da autorización al gobierno para prevenir que los datos de sus ciudadanos puedan transferirse a ciertos países de su elección. Otro ejemplo es el de Indonesia y la Regulación Gubernamental 71 de 2019, que estipula como los datos del sector público deben ser manejados dentro de Indonesia y no exportados a servidores extranjeros. También Rusia y China son principales voceros de este grupo, pero centrándose más en las necesidades de seguridad, la búsqueda de progreso y ser independientes de empresas extranjeras como argumentos para la localización de datos. Del primero se destaca la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para 2030, regulación que justamente determina la localización de datos y otorga mayor apoyo a las empresas nacionales para desarrollarse. En el caso chino, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Información Personal cubren este caso obligando a las empresas a almacenar datos personales dentro del territorio. Caso contrario es el del bloque de países con economías desarrolladas y globalizadas, que sobre todo, priorizan el libre flujo de datos, y se benefician de las exportaciones digitales y de ser el “hogar” de grandes multinacionales con sus propios servidores de datos. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Singapur y Japón, liderando las políticas económicas que buscan cortar las barreras al comercio digital. Un caso confuso podría ser la Unión Europea, que con su Reglamento General de Protección de Datos (el conocido RGPD), y el Acta sobre Inteligencia Artificial, parecerían querer regular la transferencia de datos. Pero el caso no podría ser más distinto de esa suposición. Ambos marcos legales se sostienen sobre la base de garantizar un comercio digital “libre pero seguro”, dándole el sí a la innovación y economía digital, al mismo tiempo que le dan el sí a la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Es decir, una libre circulación pero con garantías de protección y estándares internacionales para que todos los países donde se almacenen los datos europeos tengan un nivel adecuado de seguridad. Conclusión: es 2026 y seguimos sin hallar consenso Lejos de encontrar el consenso, la OMC se enfrenta a una fragmentación regulatoria que socava su máxima función: establecer reglas globales para un comercio global. Los Estados no encuentran puntos compatibles, y la organización sigue fallando en clarificar cuestiones esenciales para la era más tecnológica que ha existido nunca. Prueba de ello es la Conferencia Ministerial 14 (MC – 14), llevada a cabo entre el 26 y 30 de marzo de 2026. La misma, en vez de encontrar respuesta a todas las preguntas y cuestionamientos que ya se expusieron en párrafos anteriores, terminó sin consenso en varios temas claves, como la prórroga de la moratoria sobre derechos de aduanas a las transmisiones electrónicas. Tampoco se resolvió la ambigüedad a la que la OMC se enfrenta en lo referente al GATT y al GATS. Ante esto, el mundo sigue sin una clara determinación sobre qué son los datos en el ámbito comercial. Pero aunque no se obtuvieron resultados en el ámbito multilateral, sí cabe destacar un logro en el marco plurilateral, pues se estableció un acuerdo entre algunos países como Argentina, Canadá, Japón, Nueva Zelanda e incluso la Unión Europea. Se trata del nuevo Acuerdo sobre Comercio Electrónico (también llamado Acuerdo plurilateral de Comercio Electrónico o E-Commerce Agreement del JSI), y es el resultado de la iniciativa conjunta sobre comercio electrónico que nació en 2017 y se viene preparando desde entonces. Ello es muestra de que, frente a la cada vez más compleja situación internacional, los profundos avances tecnológicos, y la falta de un marco global; lo importante recae en cuan ágiles y eficaces son las Naciones para negociar acuerdos a favor de sus intereses, y en qué medida son capaces de mantener esos ideales al largo plazo. Sobre todo cuando parece que más países dictarán reglamentos propios en vez de esperar una estandarización internacional.

Se entiende, de forma general entre los Estados, que, en caso de un conflicto en el que dos o más partes recurren al uso de armas nucleares estratégicas, y no dispongan de ningún mecanismo de defensa suficiente para anular los ataques rivales, este escalaría hasta un escenario de “destrucción mutua asegurada”, con consecuencias altamente destructivas para ambas partes del conflicto (Wolfson y Dalnoki-Veress, 2022). Entonces, ¿Por qué algunos países buscan obtener armas nucleares? El marco teórico que responde esta pregunta, desde las Relaciones Internacionales, se ha enfocado en explicar la proliferación nuclear a partir de las motivaciones que poseen los actores internacionales para iniciar dichos programas. Es decir, en estudiar la voluntad como respuesta. Esto se debe realmente a que la amenaza de utilizar arsenal nuclear en las guerras de poder nunca ha sido una técnica directa de la ofensiva, sino más bien, una táctica para generar efectos en la conducta de los Estados; la amenaza (ya sea de manera explícita o latente) de su uso, o su mera posesión, puede inducir de forma disuasoria cambios en el tablero político. En los medios de comunicación tradicionales se presenta y se debate de forma recurrente el supuesto programa nuclear de Irán, el cual ha sido señalado por muchos otros Estados como una amenaza para la seguridad internacional, tanto así, que se ha llegado a justificar las acciones invasivas por parte de Estados Unidos, las cuales continúan hasta la fecha. Sin embargo, aquí analizaremos cómo dichas decisiones no pueden entenderse únicamente como el resultado de consideraciones técnicas o normativas, como si fueran datos científicos o principios morales, sino el producto de una lógica estratégica de teoría de juegos. En este marco, la interacción entre Irán y Estados Unidos se configura como un escenario de desconfianza mutua donde cada acción refuerza la percepción de amenaza del otro, generando dinámicas de escalada difícilmente reversibles. En consecuencia, la aparente paradoja entre la necesidad de cooperación y los incentivos a la confrontación permiten abrir el análisis hacia los dilemas de juegos que estructuran este conflicto contemporáneo. La “locura” de la Guerra nuclear La fiebre no empezó con la bomba, sino con una carta. En 1939, Leo Szilard y Albert Einstein alertaron a Roosevelt de que la Alemania nazi podria estar desarrollando armas basadas en la fisión nuclear. Esto dio origen al Proyecto Manhattan, hoy familiar incluso para el público general, gracias a Cillian Murphy y la película Oppenheimer. El primer destello tuvo lugar el 16 de julio de 1945, cuando la prueba Trinity, en Nuevo México, demostró que la teoría nuclear funcionaba. Semanas después, el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki no sólo precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que inauguró una nueva era marcada por el miedo y la disuasión. Este escenario cambió cuando la Unión Soviética en 1949 se convirtió en la segunda potencia nuclear con la RDS-1 o First Lighting, una bomba de plutonio (NeoTeo, s.f.), que se puso a prueba por primera vez en Kazajistán. Con esto finalizó el monopolio nuclear de Estados Unidos y dio paso a una competencia global. Desde la primera “epidemia”, la doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD, por sus siglas en inglés) emergió como un concepto aterrador pero paradójicamente estabilizador, pues la lógica contraproducente de incrementar la propia seguridad resultando en la aniquilación de ambas partes, sirvió como un disuasivo contra la guerra directa entre las superpotencias (Bosoer, 2025). La cercanía al precipicio durante la Crisis de los Misiles en Cuba obligó a dichas potencias a buscar una salida diplomática, teniendo así el Tratado de No Proliferación (TNP) de 1968. A partir de este contexto, es útil distinguir los tres grandes tipos de Estado en función de su relación con las armas nucleares. En primer lugar, los Estados no nucleares que carecen tanto de arsenales como de la capacidad efectiva para poder adquirirlos. En segundo lugar, las potencias nucleares, aquellas que poseen armas nucleares, sin importar su tamaño. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China fueron los primeros en alcanzar dicho estatus y son los únicos reconocidos por dicho tratado como “legítimos poseedores” (Naciones Unidas Oficina de Asuntos de Desarme, 1968). Actualmente, podemos incluir a la lista a India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, que se encuentran fuera del marco del tratado. Por último, los Estados no nucleares con capacidad (ENNC) que se encuentran en el medio del camino, pues, aunque no cuentan con bombas operativas, si disponen de una base tecnológica y científica que podría permitirles desarrollarlas en el corto o medio plazo. El acuerdo TNP establece un compromiso tripartito. Los Estados no nucleares deben renunciar a poseerlas, las potencias nucleares deberán de buscar el desarme gradual y se fomentará la energía atómica únicamente para fines pacíficos bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este régimen, posteriormente, se vió reforzado por los Acuerdos de Conversaciones sobre la Limitación de Armas Estratégicas (SALT I y SALT II) vigentes entre Estados Unidos y la URSS desde 1972, donde se impusieron límites en las cantidades y las mejoras que podrían tener sus misiles balísticos estratégicos (Gayubas, 2023). En pleno auge de la Guerra Fría, se alcanzaron las 70,000 ojivas nucleares (Serbin Pont, 2025), una cifra alarmante si se considera que, por sí sola, tendría la capacidad de desencadenar un invierno nuclear, borrar del mapa todas las ciudades de más de 100,000 habitantes del mundo, o destruir totalmente la capa de ozono (Robock et al., 2007 ). Sin embargo, SALT II nunca fue ratificado por el Senado estadounidense y ambos marcos fueron reemplazados por otra ronda de tratados, como START I, SORT o el New STAR. No obstante, la doctrina MAD podría no ser suficiente hoy en día, mostrándose cada vez más frágil ante un desorden global, en el que se anticipa una transición hacia un nuevo sistema global, pero cuyo rumbo está por verse. Los actores nucleares se han multiplicado, junto con las posibilidades de que países ENNC, como Irán, alcancen su propio arsenal nuclear, lo que introduce una diversidad de prioridades estratégicas, políticas y percepciones de “amenaza” que dificultan la estabilidad de la disuasión, pues cada Estado calcula sus umbrales de tolerancia, sus rivales y las estrategias de represalia de forma distinta. Asimismo, con más Estados armados nucleares involucrados en conflictos regionales, como India, China y Pakistán en torno a Cachemira, aumentan los riesgos de error de cálculo o escalada accidental. Además, tenemos que considerar los grandes avances tecnológicos en el sector bélico, como los ciberataques, la inteligencia artificial y los misiles hipersónicos, que podrían generar nuevas oportunidades para socavar las capacidades de represalia asegurada del oponente, un elemento clave para la lógica de la doctrina MAD. Las pirámides de poder en el Orden Atómico En este ámbito, el estatus de un Estado respecto a su relación nuclear puede variar al de otro según cuatro tipos de situaciones relativas: Primero, la supremacía, cuando uno de los actores domina y tiene control total, mientras que la inferioridad genera una desventaja clara que invita a la sumisión o al rearme desesperado. Seguidamente, el balance nuclear, cuando ambos poseen arsenales comparables y efectivos, mientras que el equilibrio no nuclear sería la situación ideal, que es cuando ambas partes se abstienen de desarrollar armas nucleares o de depender de ellas (Snidal, 1945). Por ejemplo, Rusia se encontraría en una situación de supremacía respecto a Belice y en una situación de balance nuclear con China, independientemente del tamaño de su arsenal, pues ambos son potencias nucleares. Mientras que Belice se encuentra en una inferioridad respecto a los Estados poseedores, y en una situación de equilibrio no nuclear junto a Omán. En tercer lugar y, en teoría, para que un Estado no nuclear pueda perseguir la proliferación nuclear, primero necesita dotarse de los medios suficientes que le permitan acceder a un arsenal nuclear en el corto o medio plazo, convirtiéndose en un Estado no nuclear, pero con capacidad (ENNC). Por último, para convertirse en una potencia nuclear, es necesario que el Estado adquiera o desarrolle al menos un arma nuclear operativa. En contraste, una estrategia de desnuclearización sigue la lógica inversa. Es decir, primero se comienza con el desarme completo y se continúa con la eliminación de su capacidad técnica y los incentivos que permitan retomar dichos desarrollos. Aunque pueda parecer poco probable, el caso de Sudáfrica en la década de los 90´s demuestra que sí es posible. El país se convirtió en un ENNC, para posteriormente, acabar perdiendo su capacidad de producir nuevas armas y convertirse en un Estado no nuclear (Jo y Gartzke, 2007). ¿Armarse para protegerse o para amenazar? Como respuesta a la pregunta del inicio, las escuelas realistas enfatizan las razones de seguridad nacional y suelen interpretar la proliferación como una consecuencia directa del “dilema de seguridad”. Este concepto, aunque popularizado por John Herz en 1950, hunde sus raíces en la filosofía de Kant y Hobbes. Forma parte de lo que se conoce como la Teoría de juegos, donde se observa con especial atención las circunstancias y motivaciones de cada Estado, con el fin de comprender por qué los “jugadores” adoptan una estrategia específica para cuando la cooperación se complica. El dilema de seguridad se basa en que en un mundo sin autoridad superior o más bien en anarquía, las acciones que un Estado realiza para defenderse son interpretadas por sus vecinos como preparativos ofensivos (Jervis, 1978). Esto activa un círculo vicioso, donde la búsqueda de seguridad de uno (Irán) produce la inseguridad de los demás (EE.UU. y otros Estados), obligándolos a reaccionar y elevando la tensión. Además, Irán se encuentra en una posición asimétrica y en una situación de inferioridad como ENNC, frente a su rival poseedor de armas nucleares y aliados regionales, lo que se llama en Teoría de juegos como el peor escenario, ya que los Estados temen a estar en posiciones vulnerables a la explotación por otros. El miedo a ser utilizado es el motivo por el que se cumple el “dilema de seguridad”, y es asimismo, porque desde Teherán, el posible desarrollo del programa nuclear es una herramienta de supervivencia y autonomía. Una estrategia se considera “la preferente” cuando es la única que permite alcanzar la situación óptima. Si esta, además de alcanzar el objetivo final, también evita el peor escenario posible, puede calificarse como racional. En este sentido, una estrategia racional es aquella que previene la mínima pérdida de bienestar, independiente de las decisiones del rival. Por ello, si se asume que el peor resultado se produce en una situación de inferioridad (D,P), la proliferación se presenta como la única estrategia capaz de evitar dicho escenario. Por otro lado, para Estados Unidos y sus aliados, cualquier avance iraní es visto como una ruptura del equilibrio que amenaza la estabilidad de Oriente Medio. En esta situación, dicha anarquía desalienta la cooperación, pues siempre existe esa incertidumbre en la que el otro bando “engañe” los acuerdos preestablecidos. Esta dinámica se ilustra perfectamente con el modelo de la teoría de juegos de la Caza del Ciervo, planteada originalmente por Jean-Jacques Rousseau (1755). Para Teherán, la “caza mayor” o el “ciervo” sería el levantamiento de las sanciones y la reinserción económica y política en la Comunidad Internacional, mientras que para Washington sería la contención verificable del programa nuclear iraní, eliminando por completo cualquier capacidad de enriquecimiento. A ello, se le suma el interés común por el libre tránsito a través del Estrecho de Hormuz. Sin embargo, una zona de posible acuerdo solo será obtenida si ambos creen firmemente que el otro cumplirá. En este tablero, la seguridad es un juego de suma cero, cualquier indicio de que una parte prefiere “cazar la liebre”, es decir, asegurar su ventaja militar o autonómica nuclear inmediata, destruye la coordinación recíproca. Ambos Estados convierten lo que debería de ser el mayor beneficio mutuo en un conflicto persistente, llamando a esta situación el dilema del prisionero iterado, donde la lógica racional individual impulsa a cada actor a no cooperar si sospecha que el otro puede romper dicho vínculo, provocando un bucle de repetidas rupturas y reanudaciones de la confrontación. Para ellos, el mayor beneficio se obtiene justamente traicionando, mientras el otro coopera (Flood y Drescher, 1950). Jaque al caos: el Futuro del juego nuclear La sostenibilidad de la disuasión nuclear para llegar al equilibrio no nuclear requiere atender a una serie de detalles que tenemos que tener en cuenta. Si se explica con una situación hipotética de la vida real, Schelling (1960) lo comparó como cuando dos individuos se apuntan mutuamente con una pistola. Es posible que ninguno de los dos tenga el interés real de disparar al otro, pero existe el riesgo de interpretar de forma errónea las intenciones del otro y acabar disparando a modo “preventivo”. La lógica es: “él piensa que yo pienso que él piensa que yo pienso que él va a atacar; entonces él piensa que él debe atacar; entonces él atacará; entonces yo debo atacar” (Schelling, 1960, p. 207). No obstante, cuando se habla de Estados, el Derecho Internacional Público regula estas ambigüedades, porque cuando se habla de Estados, el uso de la fuerza es únicamente legítimo mediante el principio de prohibición del uso de la fuerza (Art. 2.4). Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el recurso a la fuerza armada sólo se considera legítimo bajo la autorización del Consejo de Seguridad, tras la previa identificación de una amenaza a la paz, el quebrantamiento de la misma o un acto de agresión (Art. 39). Aunque, en tal caso se considera como la última medida a ejercer, pues primero debe de agotarse los medios no violentos para apaciguar cualquier conflicto, hasta en el caso de violencia armada directa. El análisis de la relación entre Irán y Estados Unidos revela que el equilibrio no nuclear deseado por la comunidad internacional es un resultado políticamente frágil. Actualmente, las conversaciones que se desarrollan en Islamabad reflejan esto, pues la naturaleza inherente de la impredecibilidad de la administración Trump colisiona con un gobierno iraní que se mantiene firme en su posición, proyectando una voluntad inquebrantable respecto a su lista de diez puntos fundamentales. Si el orden internacional aspira a evitar que Estados con capacidades avanzadas abandonen el equilibrio no nuclear, deberían ofrecer incentivos de seguridad verificables y protección real frente a la coerción unilateral. Mediante la creación de estos espacios, será posible transformar el escenario actual, propio de un dilema del prisionero, a un juego de caza del ciervo, donde la cooperación será percibida como la única ruta racional hacia la supervivencia.

Desde hace una década la situación en Malí parece ser una constante espiral de violencia y de inseguridad motivada por los constantes golpes de Estado y la presencia de grupos afiliados a Al-Qaeda y el Estado Islámico, así como por movimientos separatistas tuareg y otros grupos criminales. Antes de indagar en los hechos y en las consecuencias que surgen de la nueva ofensiva realizada el fin de semana del 25 y 26 de abril, hay que saber ciertos datos económicos, geográficos y demográficos que pueden ayudar a entender el tipo de país que es Malí. Geográficamente, ubicamos Malí en el corazón de África Occidental que es limítrofe con Argelia (al norte), Níger (este), Mauritania y Senegal (oeste) y Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso al sur, los cuales, en su gran mayoría, están siendo sacudidos por dinámicas similares de inestabilidad y de inseguridad. Económicamente, se erige como el tercer país más pobre de África cuya gran parte de la escasa actividad económica que se desarrolla en el país, se realiza en la zona septentrional—bañada por el río Níger—a costa de un norte prácticamente desértico por su cercanía al desierto del Sáhara donde etnias como los tuaregs o los bereberes tienen una gran presencia pese a ser un grupo étnico minoritario dentro de la menestra étnica que es Malí. La situación actual presenta cifras alarmantes y reflejan la magnitud de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el país. Por ejemplo, las Naciones Unidas estiman que 5 millones de personas necesitan ayuda en Mali, pero su plan de respuesta solo alcanza a cubrir a 3.8 millones. Si miramos más allá de Malí, la crisis de seguridad, tan solo en la región del Sahel, representa actualmente cerca de la mitad de las muertes relacionadas con grupos armados a nivel mundial. Además, el año pasado, casi el 70% de las muertes por terrorismo en el mundo ocurrieron en solo cinco países, tres de los cuales están en el Sahel (incluyendo a Mali) conforme a lo recogido por el think tank Armed Conflict Location & Event Data y del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Con ello, la situación en Malí ha alcanzado un punto crítico en abril de 2026 tras una ofensiva coordinada sin precedentes que ha puesto en jaque a la junta militar gobernante. Para comprender la magnitud de estos hechos, es necesario analizar el contexto de inestabilidad que el país arrastraba así como los factores que explican la reciente escalada bélica. Una normalidad establecida en el tiempo: la crisis de inseguridad de Malí desde 2012 Desde el año 2012, Malí ha estado sumida en una profunda crisis de seguridad alimentada por grupos vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico junto con las operaciones de grupos tuareg que se asentaban en el noreste del país. No obstante, la situación política se radicalizó tras dos golpes de Estado consecutivos en 2020 y 2021 que llevaron al poder a una junta militar liderada por el coronel Assimi Goïta. Bajo su mandato, Malí adoptó una política nacionalista que resultó en la expulsión de las fuerzas francesas destinadas por la Operación Barkhane y de la misión de paz de la ONU (MINUSMA) en 2022 y 2023, respectivamente. En su lugar, la recién instaurada Junta Militar forjó una alianza estratégica con Rusia recurriendo al Grupo Wagner, que posteriormente fue absorbido por el Ministerio de Defensa ruso y rebautizado como Africa Corps. A pesar de la promesa de la Junta liderada por Goïta de restaurar la seguridad y la estabilidad, la violencia contra civiles aumentó acompañada de acusaciones de abusos graves por parte del ejército maliense y sus aliados rusos. La fallida promesa de seguridad se observó con la ruptura de los Acuerdos de Argel de 2015—siendo este un pacto entre el gobierno maliense y los separatistas del Frente de Liberación Azawad (separatistas tuareg)—en enero de 2024 cuando el ejército maliense y los mercenarios rusos reiniciaron el conflicto armado con los tuareg en su afán de tomar las bases que la MINUSMA dejaba atrás con su expulsión del país en 2023. Para 2025, el grupo yihadista Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)—la filial de Al-Qaeda en el Sahel—realizó un acto de "yihad económica" donde trataba de estrangular el suministro de combustible y alimentos, provocando un desabastecimiento y desafiando a la junta militar y su apoyo ruso, agravando así la crisis interna del país. La ofensiva de abril de 2026: una alianza imprevista desestabiliza Malí...de nuevo La reciente ofensiva comenzó el fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026 y se caracteriza por una alianza táctica improbable entre dos enemigos históricos, como lo eran el Frente de Liberación Azawad—separatistas de etnia tuareg—y el JNIM, filial de Al-Qaeda en la región. Ambos grupos coordinaron sus esfuerzos para atacar simultáneamente múltiples puntos estratégicos del país con el objetivo de derrocar al régimen de Goïta. Entre los eventos desarrollados durante el fin de semana, sin duda es de especial relevancia el asesinato del general Sadio Camara, quien ocupaba la posición de Ministro de Defensa y la de principal interlocutor entre Malí y Moscú, siendo el cerebro detrás del despliegue de mercenarios rusos en el Sahel. Camara fue asesinado en su domicilio en la ciudad de Kati tras un atentado de un comando insurgente con un camión bomba suicida y un posterior tiroteo. Al mismo tiempo que el convoy de yihadistas fulminaba al general Camara en el norte, la ofensiva logró un hito simbólico: la toma de la ciudad de Kidal. La caída de Kidal representa un gran golpe para el ejército maliense y las fuerzas del Africa Corps, ya que fue en noviembre de 2023 cuando consiguieron vencer a las tropas rebeldes del FLA, quienes habían controlado la ciudad por casi una década. Los hombres del Africa Corps y el ejército maliense, dejando atrás vehículos blindados y suministros, se vieron obligados a retirarse apresuradamente gracias a la mediación de Argelia en las negociaciones de la retirada. Tras la retirada de las tropas rusas y malienses, los yihadistas del JNIM lanzaron un comunicado en el que deseaban tener ‘una relación equilibrada en el futuro’ con Moscú. La ofensiva no finaliza ahí, sino que incluiría ataques coordinados en múltiples puntos del país reportándose combates intensos en Gao, Mopti, Sévaré, Bourem, Tessalit y Léré, logrando el sitio o la captura total de la ciudad. Los rebeldes del FLA han manifestado su intención de avanzar hacia Gao y la ciudad santa de Tombuctú para consolidar el control del norte y dividir el territorio de Malí en dos. En Bamako—la capital de Malí—se registraron explosiones y tiroteos en el Aeropuerto Internacional Modibo Keita y en los puestos militares periféricos, con lo que obligó a las autoridades a imponer un toque de queda de 72 horas y provocó el cierre temporal de escuelas en el sur de la ciudad. Días más tarde, el martes 28 de abril, los combatientes de Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) anunciaron formalmente el bloqueo total de Bamako, advirtiendo que “nadie volverá a entrar a la capital”, siendo este bloqueo todavía más agresivo que el vivido en 2025. El grupo vinculado a Al-Qaeda ha cortado rutas principales, como la autopista Bamako-Kéniéba, dejando a cientos de civiles y transportistas varados sin acceso a agua, alimentos ni combustible. El Frente de Liberación de Azawad: en busca de la autodeterminación de Azawad El Frente de Liberación de Azawad es una organización de separatistas tuareg del norte de Malí que busca la autodeterminación y la independencia de la región que el grupo denomina ‘Azawad’, comprendiendo las regiones de Tombuctú, Kidal y Gao, regiones que se han visto afectadas por la última ofensiva del FLA de abril de 2026. Verdaderamente, esta organización representa la actualidad de una larga historia de rebeliones tuareg en el país desde la época de la independencia maliense en la década de los 60, habiéndose formado formalmente en noviembre de 2024 tras la fusión de varios movimientos rebeldes anteriores. El Frente de Liberación Azawad se define a sí mismo como un movimiento político y nacionalista, a diferencia de sus aliados tácticos yihadistas con motivaciones principalmente religiosas. Los miembros del FLA pertenecen predominantemente a las minorías étnicas tuareg y árabe del norte, quienes comparten vínculos culturales más estrechos con las poblaciones de Argelia, Mauritania y Níger que con la mayoría bambara del sur de Malí. Los líderes principales del grupo son figuras que han sido clave en las anteriores reclamaciones de autodeterminación del FLA. Por un lado, su líder Alghabass Ag Intalla, de 54 años, es el jefe tradicional del FLA y pertenece al clan noble tuareg de Kidal y, por otro, encontramos a Bilal Ag Cherif, quien con tan solo 49 años ha dirigido movimientos separatistas anteriores y ha tenido una voz activa en las negociaciones de paz pasadas. Los objetivos del FLA en Malí son fundamentalmente territoriales y políticos, centrados en conseguir la soberanía del norte del país. Su meta principal es conocida: establecer una nación independiente llamada Azawad en el norte de Malí. Por tanto, para completar ese Estado autoproclamado, buscan el control total de las ciudades de Kidal, Gao, Menaka y Tombuctú. El movimiento, que lucha contra lo que consideran décadas de marginación política y económica por parte del gobierno central de Bamako, ha conseguido un avance fundamental tras la toma de ciudades estratégicas como Kidal en abril de 2026 manifestando incluso su afán de establecer una gobernanza conjunta en la región con los yihadistas del JNIM eliminando la presencia administrativa del Estado maliense. Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin: el culpable de la expansión del terrorismo en el Sahel Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin—en español ‘Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes’—es actualmente la organización insurgente más prominente de Malí y la filial oficial de Al-Qaeda en la región del Sahel. Con una fuerza estimada de 10.000 combatientes, el JNIM se ha consolidado como un actor central en la expansión del terrorismo y la inestabilidad en África Occidental. JNIM no es un grupo aislado, sino una coalición estratégica de cuatro organizaciones yihadistas: Ansar Dine, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, la Katiba Macina y Al-Mourabitoun, que formaliza la presencia de Al-Qaeda en el Sahel. Esta coalición de grupos está encabezada por Iyad Ag Ghaly—un veterano combatiente tuareg y antiguo líder de Ansar Dine vinculado históricamente a Al-Qaeda desde 2010—y su segundo, Amadou Koufa, antiguo líder de la Katiba Macina enfocado en la expansión yihadista en el centro de Malí. JNIM ha evolucionado de ser una guerrilla rural para convertirse en una amenaza capaz de sitiar centros urbanos y coordinar ataques a gran escala por toda la región. Así pues, el grupo controla vastas zonas rurales, especialmente en el norte y centro de Malí, pero su alcance se extiende a las zonas fronterizas de Níger y Burkina Faso. A diferencia de la retórica yihadista global más extrema y pese a rendir lealtad a Al-Qaeda, el JNIM opera con una agenda profundamente local suavizando sus reglas religiosas en algunas zonas para ganar legitimidad local y mantener su alianza con los separatistas del FLA. En ciertos territorios, aplican una ley islámica—o sharía—más ‘suave’ (con ciertas similitudes a Mauritania) enfocándose en combatir los abusos del ejército maliense y sus aliados rusos. Tal y como se ha mencionado, utilizan tácticas como el bloqueo total de ciudades como el bloqueo sucedido en 2025 en la capital, Bamako, para asfixiar económicamente al régimen, forzar concesiones y obligar al gobierno a negociar. No obstante, el JNIM no es el único grupo terrorista operando en la zona, sino que tiene una competencia proveniente del ISSP o del Estado Islámico en la Provincia del Sahel. La competencia entre ambos ha transformado las zonas rurales y urbanas de Malí en escenarios de violencia extrema donde el civil es el blanco principal de tácticas de ‘castigo colectivo’. Esta rivalidad, lejos de limitarse a enfrentamientos ideológicos, se traduce en una lucha por el control territorial y social que destruye la seguridad de la población y pone a los civiles en zonas en disputa en riesgo de ser asesinados simplemente por su ubicación geográfica, independientemente de su afiliación política o religiosa. Un golpe muy duro para el Kremlin: la fiabilidad del Africa Corps en el limbo Uno de los grandes perdedores, además de la Junta Militar liderada por Asssimi Goïta, es la Rusia de Vladímir Putin, quien se presenta como el principal aliado de seguridad de la Junta Militar tras reemplazar a las fuerzas francesas y la misión de paz de la ONU (MINUSMA) tras su salida del país. El rol de Rusia en Malí se ha consolidado a través de una asociación estratégica que prioriza la supervivencia del régimen y la lucha contra la insurgencia a cambio de influencia geopolítica en la región y el acceso a recursos naturales valiosos. Las estimaciones indican que hay aproximadamente 2.000 combatientes rusos del Africa Corps—anterior Grupo Wagner y reabsorbido por el Ministerio de Defensa tras la muerte de Prigozhin—desplegados en Malí cuyas funciones van desde el entrenamiento militar o la protección del régimen hasta el apoyo en operaciones de contrainsurgencia contra grupos yihadistas como el JNIM y separatistas como el FLA. Precisamente la ofensiva coordinada del FLA y el JNIM ha supuesto un golpe severo para la imagen de Rusia como socio de seguridad fiable debido a que se vieron obligados a retirarse de la ciudad de Kidal, que se encuentra ahora bajo control del FLA. Sin embargo, los rusos no tardarían en responder lanzando ataques aéreos y usando helicópteros de combate para hostigar a las fuerzas rebeldes a las afueras de Bamako. El jueves 30 de abril, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov declararía formalmente que las fuerzas rusas permanecerán en Malí “para combatir el extremismo y el terrorismo” y continuarán prestando asistencia al gobierno actual. Sin duda, la crisis actual pone a prueba la estrategia de Rusia en África ya que, si las fuerzas respaldadas por Moscú no logran proteger a sus aliados clave de forma efectiva, otros gobiernos de la región podrían reconsiderar su dependencia de la asistencia militar rusa, en especial los gobiernos de Burkina Faso y de Níger, que han estrechado lazos con el Kremlin durante los últimos años. Una crisis humanitaria y social persistente de carácter regional y global La reciente ofensiva en Malí ha reactivado una crisis humanitaria y social devastadora que trasciende sus fronteras, mientras la comunidad internacional reacciona con una mezcla de condenas diplomáticas y una ayuda humanitaria limitada. Desde finales de 2023 y, tras la ofensiva de abril de 2026, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas), al menos 100.000 malienses han huido hacia Mauritania, donde se asientan en ciudades fronterizas como Dounkara y Fassala poniendo una presión extrema sobre los limitados recursos de agua, tierras de pastoreo e infraestructura básica como clínicas o escuelas. Estimaciones indican que el total de malienses desplazados hacia Mauritania asciende a 300.000 desde 2012. Testimonios de los refugiados describen actos de violaciones flagrantes de los derechos humanos que han sido cometidos por todos los bandos, incluidos grupos yihadistas, el ejército maliense y sus aliados rusos del Africa Corps. Se reportan casos de decapitaciones, ejecuciones sumarias, violaciones, torturas... Sin embargo, todo ello no queda exento de denuncia y el 20 de abril de 2026, tres grupos de derechos humanos presentaron una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Africana contra el Estado maliense y sus aliados rusos por violaciones graves de los derechos humanos. Los riesgos de desestabilización regional que presentaría una caída de Malí ante un protoestado yihadista son muy altos, pudiendo salpicar la violencia en todo el Sahel amenazando la estabilidad de Burkina Faso, Níger e incluso trasladándose a los estados costeros de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, donde ya se reportaron en noviembre de 2025 unos primeros ataques por parte del JNIM. Para finalizar, la desestabilización de Malí representa una amenaza directa para la seguridad y los intereses de Europa en tanto que Malí corre el riesgo de convertirse en un país gobernado por afiliados de Al-Qaeda. Este hecho podría transformar el territorio en un imán para yihadistas de todo el mundo y en un centro de entrenamiento para planear y ejecutar ataques en suelo europeo. Tampoco hay que olvidar que el colapso del estado maliense podría provocar una crisis migratoria masiva donde la violencia extrema ya ha desplazado a más de 2,5 millones de personas en la región. Una desestabilización de tal calibre podría generar nuevos flujos migratorios masivos que presionarían las fronteras europeas, afectando principalmente a España y los flujos migratorios provenientes de la ruta canaria.

El ascenso de Adolf Hitler y la consolidación del nazismo en Alemania en las décadas de 1930 y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial no constituyeron un hecho aislado, ni el resultado de un arrebato colectivo de irracionalidad. Lejos de la imagen que tiende a darse de Alemania en estos momentos de la historia como un pueblo súbitamente seducido por un líder carismático; el proceso realmente es más complejo, gradual y sus causas se encuentran fuertemente arraigadas en las transformaciones estructurales que atravesó la sociedad alemana entre 1918 y 1933. Comprender este fenómeno exige situarlo en una secuencia de crisis acumuladas- políticas, económicas, culturales, sociales y simbólicas- que erosionaron la legitimidad del sistema democrático y abrieron espacio a propuestas autoritarias. En este contexto, la propaganda desempeñó un papel decisivo, construyendo un relato que simplificaba la complejidad de la crisis alemana, identificaba enemigos claros y ofrecía promesas de orden. Lo inquietante no fue el ascenso de un dictador, sino la conquista de una narrativa que transformaba la política en espectáculo y que demuestra a la historia que 1933 no fue un accidente, sino el desenlace de una erosión silenciosa, en el que la democracia se desvanece palabra a palabra, y lo impensable se vuelve aceptable, para convertirse en ley. Contexto histórico: Alemania en el periodo de entreguerras La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión radical en la historia europea del siglo XX. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 puso fin a los combates, al mismo tiempo que abría una etapa de crisis profunda en términos políticos, simbólicos y económicos en Alemania, pues debía pagar altas cantidades de deudas por compensaciones- en 1921, la Comisión de Reparaciones fijó el monto total en 132.000 millones de marcos de oro, equivalente a 33.000 millones de dólares de la época, que tardaría 92 años en saldarse-. La caída del Segundo Reich y la proclamación de la República de Weimar inauguraron una fase democrática frágil, nacida entre el descrédito militar y la agitación social. El nuevo orden político quedó condicionado desde el inicio por el impacto del Tratado de Versalles, firmado en 1919, donde Alemania fue duramente sancionada en términos territoriales, militares y económicos. El país perdió colonias y territorios europeos, se le obligó a una reducción drástica de su ejército y se le impusieron las reparaciones de guerra previamente resaltadas. Más allá de las inasumibles cifras, lo que arraigó en la sociedad alemana fue la percepción de humillación nacional. La determinada «cláusula de culpabilidad» alimentó un sentimiento de agravió que explotaría los años siguientes en términos políticos. En el plano económico, la situación fue igualmente devastadora. Durante los primeros años de la posguerra, el Estado alemán enfrentó en estos años enormes dificultades para cumplir con las reparaciones impuestas. La solución de emitir masivamente la moneda para financiar el gasto público desembocó en la hiperinflación de 1923, uno de los episodios más traumáticos de la memoria colectiva alemana. Los ahorros de la clase media se evaporaron en cuestión de semanas; salarios y precios cambiaban varias veces al día. Aunque la estabilización monetaria posterior, mediante el Plan Dawes (1924), trajo un período de relativa recuperación y crecimiento, la economía alemana quedó fuertemente dependiente de créditos internacionales, especialmente estadounidenses. Esta dependencia se tornaría en fuertes críticas tras la crisis financiera global iniciada tras el crack del 1929. El colapso de la bolsa en Nueva York entre el jueves negro y el martes negro, provocó la ruina de inversores, el cierre masivo de bancos y empresas y desencadenó la Gran Depresión mundial. Todo tuvo efectos acentuados sobre Alemania: retirada de capitales, quiebras bancarias y una escalada vertiginosa del desempleo. En 1932, cerca de seis millones de alemanes se encontraban sin trabajo. La inseguridad económica se transformó en desconfianza sistémica, pues los alemanes entendían que la República de Weimar era incapaz de ofrecer soluciones eficaces. Así, según la historiografía, la Gran Depresión fue realmente un catalizador político que erosionó el apoyo a las democracias y a los partidos moderados y fortaleció a las opciones extremistas. La fragilidad institucional de la República de Weimar agravó este escenario. El sistema proporcional favorecía la fragmentación parlamentaria, dificultando la formación de mayorías estables. Los gobiernos se sucedían con rapidez, y el recurso frecuente a decretos presidenciales debilitaba la legitimidad democrática. En este contexto de polarización, tanto el comunismo como el nacionalismo radical ganaron terreno, presentándose como alternativas al “caos” liberal. No debe subestimarse, además, el peso de factores culturales y simbólicos. La derrota militar fue reinterpretada por sectores nacionalistas a través del mito de la “puñalada por la espalda”, según el cual el ejército no habría sido vencido en el campo de batalla, sino traicionado por enemigos internos: políticos republicanos, socialistas y judíos. Esta narrativa conspirativa, por otro lado carente de fundamento histórico, contribuyó a deslegitimar el nuevo régimen democrático y a reforzar discursos excluyentes. Así, la Alemania de entreguerras fue el resultado de una combinación explosiva: humillación internacional, crisis económicas recurrentes, debilidad institucional y una cultura política permeable al resentimiento y la polarización. En ese terreno fértil de frustración y miedo, los movimientos radicales encontraron una audiencia dispuesta a escuchar promesas de orden, estabilidad y restauración del orgullo nacional. El contexto histórico no explica por sí solo el ascenso del nazismo, pero sí permite comprender por qué sus mensajes encontraron eco en amplios sectores de la sociedad germana. Radicalización política y captura del Estado: el ascenso de Adolf Hitler El ascenso de Hitler no puede comprenderse sin atender a la trayectoria del nacionalsocialismo en la década de 1920. cuando aún era un movimiento marginal. Tras su incorporación al Partido Obrero Alemán (DAP) en 1919, Hitler destacó como un orador capaz de articular resentimiento, antisemitismo y marxismo en una narrativa emocional y movilizadora. El intento conocido como el Putsch de Múnich en noviembre de 1923 marcó un punto de inflexión destacable: Fracasó, la insurrección fue reprimida y el futuro dictador fue encarcelado en la prisión de Landsberg, pero lejos de suponer un fin a su carrera, el proceso judicial le proporcionará una imagen estratégica y un impulso de su figura como “mártir nacional”, reforzando el principio de autoridad del líder dentro del partido (Führerprinzip). Durante su reclusión redactó el texto principal de propaganda nazi de la época, así como su doctrina política, el Mein Kampf, donde mostró una cosmovisión de jerarquía racial, antisemitismo biológico, liderazgo personalista como vector organizacional del Estado y el concepto del Lebensraum, con el que, una vez proclamado Führer, justificará el expansionismo territorial. Su publicación se convirtió en un instrumento de legitimación ideológica. Tras su liberación en 1924, Hitler abandonó la vía insurreccional, para optar por un acceso al poder por medios legales. La reorganización del NSDAP incluyó la creación de estructuras territoriales jerarquizadas (Gaue), organizaciones sectoriales y cuerpos paramilitares como las SA (Sturmabteilung), que cumplían funciones de movilización y violencia política. Esta institucionalización del partido permitió expandir su base social más allá de los círculos nacionalistas bávaros. Sin embargo, durante el período de relativa estabilización económica (1924-1928), el apoyo electoral nazi fue modesto. Sin embargo, tras el crack de 1929, la coyuntura cambiará radicalmente con la retirada de capitales estadounidenses, el colapso industrial y el desempleo masivo, lo que ofrecerá descrédito a los partidos tradicionales. El NSDAP articuló un discurso transversal que combinaba promesas de recuperación económica con apelaciones identitarias. Su crecimiento electoral fue exponencial: de 12 escaños en 1928 pasó a 107 en 1930 y a 230 en julio de 1932, convirtiéndose en la primera fuerza parlamentaria. Como señala Evans (2003), este ascenso respondió tanto a factores estructurales como a la capacidad organizativa del partido. Así, Hitler fue consolidándose por varias razones interrelacionadas. En primer lugar, porque su figura encarnaba la alternativa de liderazgo frente a la fragmentación parlamentaria. Por otro lado, la propaganda lo presentó como un outsider providencial, ajeno a la “vieja política”. Y, en último lugar el uso estratégico de campañas modernas como giras aéreas en la campaña de 1932, amplificó su visibilidad nacional, unido al apoyo de sectores empresariales y conservadores ante el avance del comunismo en Europa Oriental. De esta forma, el nombramiento como canciller el 30 de enero de 1933 responde a las negociaciones entre élites conservadoras que creían poder controlarlo dentro de un gabinete de coalición. Sin embargo, la dinámica institucional posterior evidenció la falacia de ese cálculo. El incendio del Reichstag permitió la suspensión de derechos fundamentales, y la Ley Habilitante de marzo de 1933 otorgó al Ejecutivo facultades legislativas plenas. El proceso de Gleichschaltung desmanteló el pluralismo político, ilegalizó partidos y subordinó instituciones federales al centro. Así, la conquista del poder fue formalmente legal pero sustantivamente revolucionaria: una mutación del orden constitucional desde dentro. La propaganda nazi como dispositivo técnico de hegemonía La propaganda nazi debe ser explicado y analizado como un sistema integral de producción de hegemonía cultural y control simbólico, articulado institucionalmente a través del Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, figura clave en la articulación política y propagandística del nazismo, así como de sus prácticas habituales. Realmente, su función no fue meramente difusiva, sino estructural: crear un entorno cognitivo cerrado donde el régimen se percibiera como encarnación natural de la comunidad nacional. Desde una perspectiva comunicativa, el aparato propagandístico operó mediante cuatro ejes: monopolización mediática, simplificación léxica, problemática y discursiva; ritualización estética y personalización carismática. La monopolización implicó la coordinación obligatoria de prensa, radio, cine, literatura y artes bajo directrices estatales. La exclusión de discursos alternativos mediante su censura y represión eliminó toda competencia narrativa y redujo cualquier atisbo de disidencia comunitaria o social. Por otro lado, la simplificación semántica tradujo fenómenos complejos (crisis económica, pluralismo político) en oposiciones binarias: pueblo y enemigo, pureza y corrupción, orden y caos, y el más importante: ellos y nosotros. De aquí nacen gran cantidad de prácticas que el nazismo adoptaría posteriormente, presentando a judíos, comunistas, disidentes y todo el que no cumpliera los estándares arios como impuros y enemigos del Estado alemán, en consonancia con lo previamente expuesto. En el plano estético, la ritualización de la política transformó actos partidarios en experiencias performativas masivas. Los congresos de Núremberg, cuidadosamente escenificados, y producciones cinematográficas como Triumph des Willens ejemplifican la fusión entre tecnología audiovisual y mitificación del liderazgo. La coreografía de masas, la iluminación monumental y la repetición simbólica construyeron una estética de unanimidad que reforzaba la percepción de inevitabilidad histórica. En otra instancia, la radio desempeñó un papel crucial en la interiorización del discurso oficial. El Volksempfänger, receptor de bajo costo promovido por el régimen, permitió la penetración del mensaje en el espacio doméstico, difuminando la frontera entre esfera pública y privada, dominadas ambas por el mismo ente de forma progresiva. Esta omnipresencia comunicativa generó un entorno de saturación informativa controlada, donde la repetición constante consolidaba marcos interpretativos dominantes. Desde la teoría política, puede sostenerse que la propaganda nazi operó como tecnología biopolítica: no solo persuadía, sino que modelaba identidades y afectos colectivos. La construcción del mito del Führer, analizada por Kershaw (2000), convirtió a Hitler en eje simbólico del orden social. La legitimidad ya no derivaba de procedimientos institucionales, sino de una relación emocional entre líder y comunidad imaginada, funcionando como un dispositivo técnicamente sofisticado de integración y radicalización social. Así, su eficacia hubiera sido diferente si residiese únicamente en la manipulación, pues lo que realmente hacía funcionar su discurso es la capacidad de articular demandas sociales preexistentes dentro de un marco ideológico excluyente. Al monopolizar la producción de sentido, el régimen transformó la legalidad obtenida en 1933 en legitimidad percibida y consolidó un sistema totalitario sustentado tanto en coerción como en consentimiento inducido. ¿Cómo la propaganda puede llevar a una sociedad a apoyar mayoritariamente una causa extrema? Responder a esta pregunta exige abandonar cualquier reducción simplista basada exclusivamente en la manipulación y en la irracionalidad colectiva. El partido nazi era altamente consciente de lo que hacía y demuestra que la propaganda no opera nunca en el vacío, sino en las heridas de las sociedades, en instituciones en horas bajas y en culturas políticas que previamente hayan pasado por un proceso de erosión fuerte como el que pasó la sociedad alemana de entreguerras. Al mismo tiempo, nuestra con crudeza cómo una máquina sistemática comunicativa es capaz de normalizar el odio, banalizar la delincuencia y convertir una ideología cargada de crimen en una opción legítima ante los ojos de millones de personas. En este caso, el apoyo a una causa extrema no surge necesariamente de una adhesión inmediata a la violencia, sino de un proceso gradual de desplazamiento normativo que Goebbels culminó de una forma extremadamente calculada y minuciosa. Primero se redefine el lenguaje, y se sacan a la luz conceptos como pueblo, traición, pureza o humillación, para que adquieran no sólo una carga política excluyente, sino también para que se incluyan en el lenguaje cotidiano de la sociedad. Después, se erige un marco emocional donde el miedo y la humillación colectiva señalan a responsables identificables. Finalmente, la exclusión del “otro” se presenta como un acto de autodefensa legítima, cambiando el marco en el que la radicalidad pasa de verse como ruptura y comienza a interpretarse como restauración del orden. Un elemento decisivo fue la normalización progresiva del extremismo. La deshumanización constante de judíos, comunistas y otros colectivos no implicó inicialmente el apoyo masivo al exterminio, pero sí generó un clima en el que la discriminación parecía razonable y la violencia, comprensible. La propaganda no obligó mecánicamente a la sociedad a aceptar el horror; preparó el terreno para que este se volviera tolerable. Ese es el mecanismo más peligroso: la transformación de lo impensable en discutible, y de lo discutible en aceptable. Desde una perspectiva crítica, el nazismo no puede analizarse únicamente como fenómeno comunicativo eficaz. Fue un régimen criminal que utilizó la técnica propagandística para legitimar la supresión del pluralismo, la persecución sistemática y el genocidio. Precisamente por ello, su estudio resulta imprescindible: muestra que el consentimiento puede construirse mediante la saturación simbólica, la apelación emocional y la redefinición constante de la realidad. En definitiva, la propaganda puede llevar a una sociedad a apoyar mayoritariamente una causa extrema cuando monopoliza el sentido, simplifica la complejidad en antagonismos morales y convierte la exclusión en deber patriótico. La lección histórica posterior que demuestra el caso alemán, denota que el consentimiento no siempre nace de la coacción directa, sino de la internalización progresiva de relatos y dinámicas. Lo que ocurrió después es sobradamente conocido por toda la sociedad: la destrucción total del Estado de derecho, la persecución sistemática, la guerra total y el genocidio con la solución final. Ese desenlace no admite reinterpretaciones ni ambigüedades morales, solo puede abordarse desde la repulsa y la condena inequívoca y total. Sin embargo, con frecuencia las causas previas, como la normalización del discurso de odio, la erosión de la crítica, la banalización del lenguaje excluyente o la diferenciación entre unos y otros, se analizan superficialmente o se dan por sentado, cuando precisamente ahí se encuentra el núcleo de la advertencia histórica: no basta con condenar el resultado, es imprescindible examinar con rigor todo mecanismo que articulase e hiciera posible tal resultado. Como recordó George Santayana «quien no conoce su historia está condenado a repetirla».

Introducción En los últimos años, se ha presenciado un aumento exponencial de los valores tradicionales en la sociedad actual. Este fenómeno va arraigado a muchos aspectos que van desde la política hasta la ética, pasando por la religión. Algunos autores consideran que se trata de una respuesta por parte de los jóvenes ante lo desesperanzada y vacía que se encuentra la sociedad contemporánea¸ otros, en contraposición, plantean que puede tratarse de una moda pasajera. Sin embargo, surge una cuestión: ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? El proceso de secularización y la búsqueda de la religiosidad Este debate puede enmarcarse dentro del proceso de secularización, el cual es entendido como la pérdida de influencia de la religión en la vida pública, aunque no tiene por qué ser una desaparición total, sino que se trata más bien de una transformación en la mayoría de casos. De tal forma, el debate no se centra solo en la existencia del fenómeno, sino que tiene en cuenta su naturaleza y el alcance dentro del contexto sociocultural actual. Según el psicólogo José Manuel Aguilar, la mayoría de los jóvenes están encontrando en la religión un lugar donde le dan sentido a un conjunto de cuestiones de las cuales tienen carencias de respuestas. Además, señala que, en la sociedad actual en la que vivimos, caracterizada por la desconexión, es común volver a las tradiciones que antes estaban arraigadas. En un contexto contemporáneo donde nada es seguro, todo puede cambiar de un momento a otro, existen situaciones terribles a lo largo del mundo, personas dañadas, países en guerra, problemas de salud mental, auge de dramas sociales como la depresión… Todo ello contribuye a que muchos jóvenes ya no busquen respuestas superficiales que sacien de manera momentánea su pena, sino a que llenen su vacío con Yahvé. Es decir, encuentran en la religión –en éste caso la cristiana– una vía para dotar de significado a sus vidas. Este fenómeno puede relacionarse con lo denominado por diversos pensadores como la “crisis de sentido”, común en la sociedad actual. Es por ello que, diversos análisis, señalan que la religión funciona en gran medida como un recurso simbólico y emocional, el cual ayuda a los individuos que la aplican a poder afrontar situaciones de incertidumbre. Asimismo, la religión ha buscado nuevos caminos para renacer y hacerse notar, ha evolucionado con la sociedad. Por ejemplo, hoy en día está presente en redes sociales como TikTok e Instagram, esto no solo amplifica su alcance, sino que transforma su forma de transmisión, siendo un buen ejemplo de la adaptabilidad religiosa en un contexto globalizado, interconectado y digitalizado. Los nuevos canales de la religiosidad: más allá de la misa convencional Este uso presente de las redes sociales no es un mero fenómeno simple de respuesta causal a la evolución de los tiempos, sino una transformación estructural en la transmisión de la religión y la identidad con la misma, la cual, da espacio a nuevas formas de comunidad, de identificación y de difusión de contenidos entre los más jóvenes. En consecuencia, podemos afirmar que la Iglesia y sus precursores –tanto eclesiásticos como feligreses, de forma directa e indirecta– están favoreciendo a la creación de comunidades virtuales que refuerzan la unidad e identidad religiosa a través de la interacción. En paralelo, también aumenta el número de grupos de música y artistas donde a través de su música alaban a Dios e inculcan la palabra, entre ellos grupos como Hakuna, el cual muestra cómo el cristianismo actual también se fundamenta a través de la cultura digital. Este ejemplo, plasma el poder sociocultural que la religión mantiene, cambiando de forma, pero no de contenido y sentido. Asimismo, en el entorno digital actual, al interactuar en diversas redes sociales, se puede observar a jóvenes que enseñan a hacer rosarios caseros, o a crear un altar en casa donde poder rezar de forma tranquila. Este contenido promueve la participación e identificación, lo que lleva a que los consumidores tengan un mayor sentimiento de pertenencia dentro de las comunidades digitales, un elemento social crucial para el desarrollo de comunidades cohesionadas y temporalmente estables. También, se puede observar un aumento en la visita de perfiles que muestran a rezar e incluso explican la Biblia y la acercan al día a día, para que, de tal forma, se puedan entender de mejor manera las escrituras, los fundamentos del cristianismo y la espiritualidad. Todo ello, más allá de la descripción, muestran el proceso de adaptación de la práctica religiosa a nuevos formatos comunicativos nuevamente. Otro método relevante que llena a las personas, son los retiros espirituales, donde no solo se basan en el crecimiento de la fe y la conexión con Dios, yendo más allá de la visión doctrinal. En ellos, a través de diferentes metodologías, como pueden ser reuniones sin tecnologías, momentos de introspección o paseos en la naturaleza, las personas conectan con elementos prácticos. Por lo tanto, esto convierte o simula que la fe es algo mucho más sencillo y cercano, ya que dichas prácticas contribuyen a una vivencia mucho más experiencial de la religiosidad. Todo ello manifiesta que el cristianismo en la actualidad no se limita únicamente a lo clásico, ni a lo que la sociedad está acostumbrada, lo cual es importante, sino que también llega de otras formas más didácticas y flexibles al despertar de la fe del individuo. Ir a misa es un deber como cristiano, pero conectar con Dios de formas “divertidas” o contemporáneas también lo es para la Iglesia actual, lo que refleja la adaptación al contexto social. El gran objetivo de la Iglesia: el renacer de la fe en las generaciones venideras La Iglesia cada vez tiene más presente a los jóvenes. Existe una creciente atención a la juventud, de hecho, ésta les llama a formar parte de ella. Como ejemplo de adaptación, se pueden analizar curiosos casos como el del sacerdote Guilherme Peixoto, quien es DJ encargado de utilizar la música electrónica como herramienta para animar a los jóvenes con su música, conectar con ellos y acercarlos a Jesús. Esto refleja las nuevas estrategias de acercamiento cuasi constitucional del Vaticano con y para una juventud que cada día abraza más los valores tradicionales –aunque con flexibilidades de forma obvias–. Por otro lado, se observa como muchos jóvenes no solo son creyentes y basan su creencia en asistir a misa, sino que, integran los valores a su vida y se entregan en cuerpo a su labor como siervo de Dios en voluntariados alrededor del mundo, ayudando a los demás en virtud a los valores cristianos o evangelizando corazones doloridos, los cuales toman de ejemplo la labor de los misioneros y los acompañan a sembrar el camino de Jesús, lo cual, refuerza la dimensión social y el impacto del individuo en su labor con la fe. Esta dimensión totalmente práctica de la fé refuerza de manera absoluta la idea de que el cristianismo no está limitado al ámbito privado jerarquizado, sino que se ve traducido en formas concretas de acción social y ayuda al prójimo. Este fenómeno se extiende a distintos contextos socioculturales, políticos, económicos y geográficos; desde España a Estados Unidos, pasando por Francia, Italia, Brasil, Kenia o Chile. Esto es debido a que no se trata únicamente de casos aislados, sino que es una tendencia en la que numerosas personas los jóvenes quieren sentirse útiles y que sus vidas tengan un propósito y, actualmente, en buena forma, el cristianismo se los está otorgando. No obstante, conviene evitar generalizaciones debido a que la intensidad según el contexto sociocultural del lugar puede verse modificada, no puede analizarse de forma homogénea, depende de los diversos factores sociales, culturales e históricos. Ejemplos y estudios actuales del aumento de la fe El periódico inglés The Times, resalta cómo en Reino Unido ha habido un aumento exponencial partiendo desde el año 2019 de venta de Biblias, lo que supone un 87% más en comparación con los años anteriores. Este dato debe tratarse con cautela, debido a que el aumento de compras de este producto no tiene porque ser de manera forzosa un incremento de la práctica o creencia religiosa. No obstante, es una cifra cuanto menos curiosa, sobre todo teniendo en cuenta el contexto sociopolítico que atraviesa el país, caracterizado por la polarización, la falta de consenso y el bloqueo político. Por otro lado, por mencionar brevemente algunos estudios, como el realizado por “Footprint” de la Universidad pontificia de la Santa Cruz, resaltan como en Occidente, cada vez más jóvenes se están viendo llamados a vivir conforme a su fe –en contraposición a lo ocurrido durante décadas anteriores–, mientras que en países no occidentalizados, donde presentan todavía una mayor tradición religiosa, tienden a mantener una fuerte identidad religiosa que hace que afloren más estos valores. Conclusión Todo ello conduce e induce a una conclusión que, de manera general, sí puede identificarse con un despertar espiritual silencioso en la juventud, el cual simula que poco a poco, la tendencia de creyentes y practicantes aumenta sin hacer un ruido excesivo. Sin embargo, es un proceso progresivo y no uniforme, sujeto a múltiples interpretaciones. Es por ello por lo que se cuestiona si es un resurgimiento real o de una mayor promoción que ha sido favorecida en gran parte por el entorno digital y los contextos del individuo en su entorno sociocultural y político. En el pasado, ir a misa siendo joven se podía considerar algo poco habitual e incluso aburrido. No obstante, en la actualidad se observa una mayor visibilidad de estas prácticas, cada vez hay más personas que manifiestan sus ganas de acercarse a Jesús, y que, valiéndose del gran instrumento con el que la tecnología les ha dotado: las redes sociales; lo comunican al mundo, a sus allegados y a aquellos que los escuchen, utilizando así las redes sociales como un método de difusión de identidad, donde el sujeto se convierte en parte de la comunidad moral, cultural, sistémica, identitaria y religiosa. Puede que algunos sujetos crean que ser un joven cristiano está de moda, pero es demasiado pronto como para subestimar o saber si es un movimiento pasajero, o una transformación social. Es decir, resulta prematuro determinar su alcance. Su análisis requiere un enfoque crítico que tenga en cuenta los cambios sociales y las nuevas formas de expresión de la religión en la actualidad, así como el respeto de las prácticas religiosas de todas las comunidades. Sin embargo, lo que sí es observable es la promoción por parte de la Iglesia y sus individuos, con especial relevancia a valores contemporáneos percibidos como positivos pero provenientes de cambios religiosos cristianos desde hace tiempo, como la humildad, el respeto, el acompañamiento, el hermanamiento, el cuidado de los vulnerables…

Para Tuvalu, el cambio climático no es una amenaza abstracta de finales de siglo, sino un cronómetro que marca el ritmo de su propia desaparición. Según proyecciones de la NASA, se estima que para el año 2050 gran parte de sus atolones serán inhabitables debido al aumento acelerado del nivel del mar y la salinización de sus acuíferos (Carnegie Endowment, 2025). Esta crisis sitúa a sus 12,000 ciudadanos en una posición de vulnerabilidad extrema, pues habitan un territorio que físicamente se desvanece. Frente a este escenario, el derecho internacional revela un vacío crítico. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 fue diseñada para proteger a víctimas de persecución política o bélica, excluyendo la degradación ambiental como causal de asilo. Según ACNUR (2024), aproximadamente 22 millones de personas son desplazadas anualmente por desastres climáticos, careciendo de un estatus jurídico que garantice su protección y movilidad. En este escenario de parálisis multilateral surge el Tratado de la Unión FalePili, firmado en 2023, entre Tuvalu y Australia, como el primer acuerdo bilateral de movilidad climática en el mundo. Sin embargo, reducirlo a un gesto humanitario sería ingenuo. El tratado también reordena las relaciones de poder en el Pacifico Sur, revelando como Australia convierte una crisis climática en una herramienta de influencia regional frente a la creciente presencia china en la zona. ¿Quién protege a los que pierden su tierra? El vacío legal del asilo ambiental El concepto de “refugiado ambiental” no es una preocupación reciente. Este fue acuñado formalmente por Essam El-Hinnawi en un informe del PNUMA en 1985. Sin embargo, la comunidad internacional ha pasado cuatro décadas atrapada en una parálisis semántica. Históricamente, el sistema de protección internacional nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial con la Convención de Ginebra de 1951, un instrumento diseñado para el mundo de fronteras ideológicas, no de ecosistemas colapsados. Pero si el Derecho Internacional fuera un edificio rígido, América Latina fue la primera en intentar abrir una ventana. En 1984, un grupo de expertos se reunió en Colombia para enfrentar la crisis de refugiados en Centroamérica. El resultado de aquello, fue lo que hoy conocemos como la Declaración de Cartagena, la cual se atrevió a decir algo que las convenciones anteriores no querían escuchar: un refugiado no es solo quien huye de un dictador, sino también aquel que huye de “circunstancias que hayan pertubado gravemente el orden público” (Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984). Si una sequía extrema colapsa la economía de un país y genera violencia, Cartagena permite proteger a esas personas. Luego, llegamos al Pacto Mundial sobre Migración. Por primera vez, la mayoría de los países de Las Naciones Unidas admitieron que el cambio climático es un motor real del desplazamiento humano. Sin embargo, dicho pacto es lo que en diplomacia se llama un instrumento no vinculante. Aquellos países que asistieron prometieron mejorar las vías de movilidad climática, pero no hay tribunal que los castigue si no cumplen con lo acordado. Su valor no es legal, sino más bien histórico. Sin embargo, demostró que el fenómeno climático ya no puede ser ignorado ni ocultado. El dictamen de Ioane Teitiota en 2020 supuso el verdadero choque de realidad de la política migratoria global. Teitiota, un ciudadano de Kiribati, solicitó asilo en Nueva Zelanda alegando que su país se hundía; y aunque fue deportado bajo el argumento de que el riesgo no era aún “inminente”, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió que ningún Estado podía devolver a una persona a un lugar donde el cambio climático amenace su vida (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020). Este hito transformó el principio de no-devolución, vinculando por primera vez la supervivencia ambiental con los derechos humanos. Así, aunque Teitiona perdió su disputa individual, provocó que para millones de personas apareciera la base jurídica para que nadie pueda ser expulsado hacia un hogar que, simplemente ya no existe. La influencia australiana y el veto a la soberanía Compuesta por nueve atolones que apenas se elevan unos pocos metros sobre el nivel del mar, Tuvalu, un pequeño Estado insular en el corazón del Pacifico está ante una posibilidad real de la desaparición total de su territorio físico. Ante este escenario, el país no ha permanecido como víctima, sino que ha tomado cartas en el asunto, como el establecimiento de una enmienda constitucional que redefine el concepto mismo de Estado. En ella, se establece que la estatalidad, la soberanía y la zona económica exclusiva de Tuvalu son permanentes, independientemente de si su territorio físico queda sumergido por el mar (Tuvalu, 2023). Asimismo, Tuvalu ha sido el motor detrás del Marco Regional del Pacifico sobre Movilidad Climática (2024), buscando una respuesta entre sus vecinos. Sin embargo, la falta de respaldo para el asilo climático y la lentitud de los fondos verdes internacionales, han impulsado al gobierno tuvaluano a buscar soluciones bilaterales, donde parte de su soberanía se intercambia por su supervivencia. De esta forma nace el Tratado Falepili en 2023, o el acuerdo “buena vecindad”, donde Tuvalu y Australia intercambian sus recursos políticos más preciados. Desde la perspectiva australiana, se compromete a 25 millones de dólares en proyectos costeros, 57 millones en ayudas al desarrollo y la entrega de 280 visas anuales para los tuvaluanos, con plenos derechos laborales, educativos y sanitarios. Mientras que, a cambio de salvaguardar la continuidad del pueblo de Tuvalu, el archipiélago renuncia a parte de su independencia, pues el Artículo 4 del tratado obliga a consultar con Canberra cualquier pacto de seguridad o defensa con terceros (Australia y Tuvalu, 2023). A pesar de que el tratado se presenta como una solución innovadora, se ha visto una reacción mixta de parte de los ciudadanos, que sugiere que el acuerdo podría no cumplir con los estándares verdaderos de una justicia climática. El argumento central es que la justicia climática debería implicar una reparación por parte de los países desarrollados sin que los Estados vulnerables tengan que renunciar a su autonomía. Por un lado, casi un tercio de la población ha solicitado acceso a Australia desde la vigencia del programa Falepili Mobility Pathway (Reuters, 2025). La decisión de emigrar hacia este destino no responde a una sola causa, sino que para muchos isleños, especialmente jóvenes, es una vía para acceder a una educación universitaria o a un mercado laboral más cualificado; el aumento de los desastres naturales y la subida del nivel del mar obligan a muchos a considerar mudarse como la única forma de sobrevivir; y la expectativa de una mejor calidad de vida motiva a los ciudadanos de pedir asilo. Por otro lado, existe una profunda inquietud política liderada por figuras como el ex primer ministro Enele Sopoaga, quien denuncia la falta de consulta pública y advierte que el acuerdo ignora la identidad y los lazos culturales de los tuvaluanos con sus tierras. No obstante, para que esta unión sea efectiva, dependerá de que Australia asuma su responsabilidad real. No se trata solo de gestionar una crisis, sino de comprometerse a frenar una trayectoria climática que afecta de forma desproporcionada a los países insulares que, como Tuvalu, apenas han contribuido al problema. Si Australia desea ejercer un liderazgo legítimo como potencia en el Pacifico, no debería de condicionar la supervivencia de un pueblo a la entrega de su soberanía exterior. Al final, el éxito de este acuerdo no se medirá por cuantas visas se entreguen, sino por la capacidad de Australia de priorizar la voz de los ciudadanos tuvaluanos. El mundo observa si este será un modelo de cooperación o simplemente un nuevo precedente de cómo las potencias utilizan la vulnerabilidad ambiental para blindar sus interés geopoliticos.