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«No dejar a nadie atrás.» — Naciones Unidas 20 de junio. Día Mundial del Refugiado. Este artículo está dedicado a quienes nunca pudieron convertirse en uno. Los ancianos que nunca aparecen en las fotografías de la guerra Cuando una ciudad es evacuada por la guerra, solemos imaginar lo mismo. Miles de personas cargando maletas, empujando carritos, cruzando puentes a pie bajo la lluvia. Coches atascados en carreteras que nunca habían visto tanta gente. Madres con niños en brazos. Familias enteras que lo dejan todo para salvar lo único que no puede reemplazarse. Lo que rara vez imaginamos es lo que queda detrás. Personas de ochenta o noventa años que permanecen en sus casas porque no pueden caminar, porque necesitan oxígeno o medicación constante, porque llevan décadas sin subir cuatro tramos de escaleras y la evacuación empieza precisamente ahí, en el portal. Personas que no tienen a nadie que las saque. Que esperan. Que en muchos casos siguen esperando cuando los equipos humanitarios, semanas o meses después, consiguen por fin acceder al barrio. A veces la escena es silenciosa: una cocina ordenada, la mesa puesta para dos, una radio encendida en un idioma que ya casi nadie habla en la zona. Otras veces es más cruda: camas arrimadas a la pared para evitar los cristales, botellas de agua alineadas como si fueran a durar siempre, un teléfono fijo que ya no suena. Son imágenes que existen, pero casi nunca llegan a la portada. Su invisibilidad es el resultado de dinámicas que rara vez ocupan el centro del debate público: la forma en que los sistemas de asistencia están diseñados, la forma en que medimos el éxito de una evacuación y, en último término, la forma en que solemos representar quién sufre en una crisis. Lo que ocurre en los conflictos recientes El patrón se repite en contextos muy distintos. No es un problema de un país, de una cultura o de un tipo específico de conflicto. Es un problema que aparece cada vez que la emergencia supera la capacidad del entorno de sacar a todos. En Ucrania, tras la invasión a gran escala de febrero de 2022, las organizaciones humanitarias documentaron decenas de casos de personas mayores abandonadas en residencias de cuidado sin personal. El personal había evacuado. Los residentes, muchos sin familiares cercanos o con familia ya dispersada por el conflicto, no tenían a dónde ir ni cómo ir. En las primeras semanas de combates, los equipos que lograban acceder a zonas recién liberadas encontraban con regularidad a personas de edad avanzada que llevaban días sin recibir ayuda, sin medicación, a veces sin agua. HelpAge International documentó que el 51% de los ucranianos mayores de 70 años vivían solos, sin apoyo familiar, y que el 32% carecía de refugio seguro como consecuencia directa de los daños de la guerra. No habían huido porque no podían hacerlo. Y en el caos de la evacuación, nadie había tenido tiempo de volver por ellas. Para muchas, la guerra no empezó con una sirena, sino con el silencio: el silencio del timbre que ya no suena, del vecino que dejaba el pan en la puerta y un día dejó de hacerlo. En Sudán, desde el estallido del conflicto armado en abril de 2023, los informes de campo del ACNUR y de organizaciones locales describen una movilidad llamativamente inferior entre la población de mayor edad. Mientras los desplazamientos masivos vaciaban ciudades enteras, una parte de la población permanecía. No porque hubiera elegido quedarse en el sentido pleno de la palabra, sino porque cruzar cientos de kilómetros a pie o en condiciones precarias sencillamente no era una opción real para quien tiene setenta y cinco años y una cadera operada. El resultado es una población que queda fuera del alcance de casi todos los sistemas de asistencia, diseñados en su mayoría para quienes llegan hasta ellos, no para quienes no pueden moverse. En los mapas de respuesta aparecen flechas que se desplazan hacia la frontera; en las casas que no salen en el mapa siguen encendidas unas pocas velas. En Gaza, aproximadamente 111.500 personas mayores vivían allí cuando comenzó el conflicto. Casi todas con enfermedades crónicas. La mayoría con alguna discapacidad. Cuando empezaron las órdenes de evacuación, los mecanismos de asistencia para quienes no podían desplazarse por sí solos eran, en el mejor de los casos, insuficientes. Quienes no han podido moverse han permanecido en entornos de combate activo: un informe de HelpAge publicado en febrero de 2026 recoge testimonios de 416 personas mayores en cuatro gobernaciones de Gaza que describen desplazamientos repetidos, pérdida de medicación esencial y ausencia casi total de asistencia adaptada a su situación. Algunos relatan cómo fueron evacuados una vez y, al no poder soportar el hacinamiento y la falta de medicamentos en los refugios, regresaron a sus casas dañadas, asumiendo el riesgo de los bombardeos a cambio de un poco de estabilidad. Tres conflictos distintos. Tres geografías distintas. El mismo problema poco visible. La pregunta que el sentido común obliga a hacer El sistema humanitario no partió de cero. Lleva décadas construyendo herramientas: protocolos para proteger a la infancia, mecanismos contra la violencia de género, registros para reunificar familias. Con todas sus limitaciones, ese andamiaje existe y en muchos casos funciona. Gracias a él, millones de personas han recibido protección y asistencia que, de otro modo, simplemente no habrían existido. Sin embargo, hay una pregunta que ese andamiaje no responde bien: ¿qué ocurre con quien no puede llegar hasta él? Todos esos sistemas asumen, sin decirlo, que quien necesita ayuda puede moverse hasta donde se la ofrecen. Es una premisa razonable para la mayoría. Pero no para todos. Se calcula que las personas mayores de 60 años representan entre el 3 y el 4% de la población desplazada en el mundo, y Naciones Unidas advierte que incluso esa cifra probablemente se queda corta: simplemente no hay datos suficientes, porque nadie los recoge de forma sistemática. El primer olvido es estadístico. Los corredores humanitarios se abren para que la gente salga. Los campos de desplazados acogen a quienes han conseguido llegar. Los registros recogen a quienes han podido registrarse. Cada uno de esos mecanismos funciona. Y cada uno de ellos tiene en común que presupone un beneficiario capaz de moverse. En una emergencia, los recursos son limitados, el tiempo es escaso y la presión sobre los equipos humanitarios es enorme. Nadie diseña los sistemas de evacuación con la intención de dejar a nadie atrás. No se trata de atribuir responsabilidades. Se trata de identificar un desafío que merece más atención de la que hasta ahora ha recibido: cómo hacer que unos mecanismos pensados para el movimiento sirvan también a quienes quedan inmóviles. Lo que ocurre cuando la ayuda no llega Cuando una persona mayor queda atrás en una zona de conflicto o emergencia, pueden ocurrir varias cosas. Ninguna de ellas es buena. La primera es que no recibe asistencia. Los equipos humanitarios trabajan con recursos limitados y priorizan los puntos de concentración de personas desplazadas. Una persona que no ha podido desplazarse está, por definición, fuera de esos puntos. Si no existe un protocolo específico para buscarla activamente, sencillamente no aparece en el radar. A veces la única ayuda que recibe durante semanas es la de un vecino que le acerca agua cuando pasa por delante de su puerta con sus propias pertenencias a cuestas. La segunda es que no aparece en los registros. Los sistemas de registro de emergencia capturan, sobre todo, a quienes se mueven. Quien permanece en su domicilio de una localidad evacuada no cruza ningún punto de registro. No es contabilizado como desplazado. No es contabilizado como necesitado de asistencia. En muchos casos, no es contabilizado como nada. Cuando una persona no existe estadísticamente, tampoco existe como problema que alguien tenga que resolver. La desaparición empieza, a veces, con un simple recuadro vacío en un formulario. La tercera es que su familia pierde el contacto. Las separaciones familiares en contextos de evacuación caótica son frecuentes. Cuando se trata de una persona mayor que no ha podido seguir al resto de la familia durante la huida, el riesgo de pérdida de contacto es especialmente alto. Las bases de datos de reunificación familiar existen, pero su funcionamiento práctico depende de que ambas partes puedan acceder a ellas, lo que en el caso de personas mayores con dificultades para acceder a tecnología o sin familiares que activen la búsqueda resulta, con frecuencia, insuficiente. No es raro que los hijos, ya en otro país, tengan noticias de la guerra pero no de la casa concreta en la que vivía su madre. La cuarta, y más grave, es que nadie sabe si sigue viva. En conflictos prolongados, en zonas donde los registros civiles han dejado de funcionar y donde el acceso humanitario es limitado, personas mayores mueren sin que quede constancia de su fallecimiento, sin identificación, sin que su familia sepa qué ha ocurrido. En términos jurídicos se habla de personas desaparecidas. En la práctica, hablamos también de duelos suspendidos, de herencias que no se cierran, de biografías que quedan detenidas en un punto de interrogación. Todo esto plantea una pregunta que el Derecho Internacional tendrá que abordar tarde o temprano: ¿qué obligaciones existen respecto a quienes no pueden acceder por sí solos a los sistemas de protección disponibles? La respuesta actual, dispersa en instrumentos que protegen a los civiles de forma general, es una realidad insuficientemente discutida que empieza, muy lentamente, a entrar en la agenda internacional. El proceso de negociación de una convención sobre los derechos de las personas mayores, cuyo inicio fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en 2025, es un avance en esa dirección. Llega tarde respecto a los instrumentos equivalentes para otros grupos. Pero llega. Una reflexión para finalizar Existe una forma habitual de medir el éxito de una evacuación humanitaria: el número de personas que consiguen salir de una zona de peligro. Es un indicador razonable. Pero quizá sea incompleto. Quizá el éxito de una evacuación no deba medirse únicamente por el número de personas que consiguen salir. Quizá también deba medirse por la capacidad de proteger a quienes nunca tuvieron la posibilidad real de hacerlo. Porque el verdadero fracaso de una evacuación no siempre es visible. A veces ocurre en silencio, en las casas que nadie volvió a abrir.

Hay países cuya historia parece diseñada para desafiar cualquier resumen. Etiopía es uno de ellos. El Estado independiente más antiguo de África, uno de los pocos que escapó a la colonización europea, la cuna de la histórica “Lucy”, uno de los fósiles humanos más antiguos conocidos o el asiento de la Unión Africana. Un Estado que lleva milenios existiendo y que, sin embargo, sigue sin encontrar la forma de gobernarse sin que alguien acabe aplastando a alguien. Hoy, más de 50 millones de etíopes están llamados a las urnas. Y la pregunta no es quién va a ganar, sino qué significa votar cuando el resultado está más o menos decidido de antemano. Un país que siempre prometió más de lo que cumplió Para entender dónde está Etiopía hoy, hay que hacer un pequeño viaje hacia atrás. Hasta 1974, el país vivió bajo el mando del emperador Haile Selassie, figura icónica en el mundo, inspiración para el movimiento rastafari, símbolo del África no colonizada, pero también monarca absolutista que gobernó con mano de hierro. Cayó en un golpe militar que alumbró algo peor: el Derg, el régimen marxista-leninista del general Mengistu Haile Mariam. Los años de Mengistu son sinónimo de "Terror Rojo", de purgas masivas, de la hambruna de 1983-1985, la cual mató a casi un millón de personas mientras el régimen seguía exportando café para pagar armamento soviético. En 1991, una coalición rebelde liderada por el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) derrocó a Mengistu y llegó al poder bajo el paraguas del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF). Llegaron con promesas de democracia. Aprobaron una constitución federal en 1994, dividieron el país en regiones según etnias, el llamado federalismo étnico, celebraron elecciones desde 1995. Y luego gobernaron durante casi treinta años como si todo aquello hubiera sido puro formalismo. En 2015, el EPRDF ganó los 547 escaños del parlamento. Los 547. Sin dejar ni uno a la oposición. Así que cuando en 2018 llegó Abiy Ahmed, joven, carismático, con un discurso de reconciliación que sonaba a otra cosa, mucha gente, dentro y fuera de Etiopía, quiso creerle. Y durante un tiempo, había razones para hacerlo. El hombre que ganó el nobel y luego declaró la guerra Abiy Ahmed tiene 49 años y una trayectoria que parece escrita por alguien con sentido del drama. Llegó al poder el 2 de abril de 2018 en un momento de crisis: oleadas de protestas de los oromos y los amharas, las dos etnias mayoritarias, habían forzado la dimisión de su predecesor. Abiy prometió ruptura. Y al principio, cumplió: amnistió a miles de presos políticos, legalizó partidos que llevaban años prohibidos, conformó el primer gobierno paritario de la historia del país y firmó la paz con Eritrea, cerrando un conflicto que llevaba veinte años abierto. En 2019, la Academia sueco-noruega le dio el Premio Nobel de la Paz. Un año después, declaró la guerra a sus compatriotas del norte. En noviembre de 2020, Abiy lanzó una ofensiva militar contra la región de Tigré, gobernada por el TPLF, el mismo partido que había dominado Etiopía durante décadas y que se negó a disolverse cuando Abiy refundó el partido gobernante como Partido de la Prosperidad (PP). La guerra duró dos años. Causó, según investigadores de la Universidad de Gante, al menos 600.000 muertos. Una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo XXI, que ocurrió prácticamente en silencio mediático global. El acuerdo de paz de Pretoria, en noviembre de 2022, detuvo los combates. No resolvió nada. La región de Tigré vuelve a quedar excluida de las elecciones de hoy por "inestabilidad política y de seguridad". En enero de 2026, hubo nuevos enfrentamientos. En mayo, el TPLF, ilegalizado y perseguido, anunció la restauración de su propio gobierno regional. El conflicto sigue latente. ¿Cómo se vota en un país así? ¿Qué legitimidad tiene una elección que ni siquiera puede celebrarse en una de sus regiones principales? Una oposición que existe pero no puede ganar Oficialmente, 47 partidos concurren a estos comicios. El número suena a pluralismo. Pero los números, en la política etíope, mienten con facilidad. El PP llega con 457 de los 547 escaños actuales. Controla el aparato estatal, los medios públicos, los recursos del gobierno. En Oromía, la región más grande del país, que aporta 178 escaños al parlamento, el Ejército de Liberación Oromo (OLA), ilegalizado como organización terrorista, combate a las fuerzas federales. Los partidos próximos a ese espacio político están fuera del juego. En ocho circunscripciones de la región de Amhara, tampoco ha habido votación por razones de seguridad. Los partidos que sí participan, como EZEMA, Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social, liderado por Berhanu Nega, llevan años denunciando intimidación, obstrucción de candidaturas y manipulación del proceso electoral. Tras las elecciones de 2021, EZEMA presentó 207 quejas formales. No prosperó ninguna. No es que la oposición esté prohibida. Es algo más sutil y quizá más perverso: existe, puede presentarse, puede hablar. Simplemente no puede ganar. Y cuando las reglas del juego están diseñadas para que solo pueda ganar uno, llamar a eso democracia requiere cierta generosidad semántica. El contexto que lo explica todo Etiopía no es una isla. Lo que ocurre aquí tiene consecuencias en toda una región que lleva años en ebullición. Al norte, la tensión con Eritrea, la misma con la que Abiy firmó la paz que le valió el Nobel, no ha desaparecido. En 2026, los dos países se acusan mutuamente de provocaciones militares y apoyo a grupos rebeldes en sus fronteras. Al oeste, la guerra en Sudán crea flujos de refugiados y acusaciones cruzadas. Al norte, la disputa con Egipto y Sudán por las aguas del Nilo Azul —donde Etiopía construyó la Gran Presa del Renacimiento— sigue sin resolverse y tiene el potencial de convertirse en un conflicto regional de primer orden. Asimismo, Abiy lleva meses lanzando señales sobre su aspiración de recuperar el acceso al mar Rojo, perdido cuando Eritrea se independizó en 1991. Una aspiración que en enero de 2024 cristalizó en un memorándum con Somalilandia, territorio no reconocido internacionalmente, que provocó una crisis diplomática sin precedentes en la región. ¿Puede un gobierno enfrentado a tantos frentes simultáneos gestionar también una apertura democrática real? Es una pregunta honesta, sin respuesta fácil. Resultados Las urnas han empezado a ofrecer las primeras respuestas. Y, al menos por ahora, confirman buena parte de las previsiones que rodeaban estas elecciones. Los resultados provisionales publicados por la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE) muestran una clara ventaja del Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro Abiy Ahmed, que ha obtenido la mayoría de los escaños adjudicados hasta el momento. En los primeros distritos cuyos resultados han sido oficialmente proclamados, el partido gobernante se ha impuesto de forma amplia, mientras que la oposición ha logrado únicamente victorias puntuales. Aunque el recuento nacional continúa y todavía quedan circunscripciones pendientes de certificación, la tendencia observada hasta ahora apunta a que el Partido de la Prosperidad mantendrá una cómoda mayoría parlamentaria durante los próximos cinco años. Sin embargo, las cifras electorales no agotan el debate que rodea estos comicios. Las elecciones se han celebrado en un contexto marcado por la exclusión de determinadas zonas del país por motivos de seguridad, la persistencia de conflictos armados en regiones como Amhara y Oromía, y las tensiones políticas todavía presentes tras la guerra de Tigré. Por ello, más allá del reparto final de escaños, estas elecciones vuelven a plantear una cuestión que acompaña a Etiopía desde hace décadas: cómo construir instituciones capaces de representar una sociedad extraordinariamente diversa sin que las diferencias políticas, territoriales o étnicas terminen trasladándose al campo del conflicto. Los resultados definitivos permitirán conocer la dimensión exacta de la victoria del Partido de la Prosperidad. Lo que probablemente seguirá siendo objeto de debate es qué significado político debe atribuirse a esa victoria y hasta qué punto refleja una consolidación democrática o, simplemente, la continuidad del equilibrio de poder existente. Resultados de las elecciones generales de Etiopía - 2026 Votos emitidos: 33,6601,132 / Votos nulos: 1,430,371 Partido Votos (%) Escaños PP - Abiy Ahmed Ali 30,018,782 – 89,18% 457 (-9) EZEMA - Berhanu Nega 1,007,136 – 2,99% 5 (+5) TPLF - Debretsion Gebremichael 658,579 – 1,96% 4 (+4) Lo que dijeron las urnas y lo que siguen callando Hubo participación. Hubo papeletas. Hubo observadores internacionales. Y los resultados provisionales conocidos hasta ahora apuntan, como anticipaba el análisis previo, a una nueva victoria del Partido de la Prosperidad de Abiy Ahmed. Sin embargo, las elecciones etíopes plantean cuestiones que van más allá de quién obtiene más escaños. La exclusión de determinadas regiones por motivos de seguridad, la persistencia de conflictos armados en distintas partes del país y las denuncias recurrentes de algunos sectores de la oposición vuelven a situar el debate en torno a la calidad y la inclusividad del proceso político etíope. Etiopía lleva décadas intentando encontrar un equilibrio entre estabilidad, representación y convivencia en una sociedad extraordinariamente diversa. Primero bajo el EPRDF y después bajo el Partido de la Prosperidad, distintos gobiernos han llegado al poder prometiendo reformas profundas. La cuestión de hasta qué punto esas transformaciones han logrado consolidarse sigue siendo objeto de debate tanto dentro como fuera del país. Al mismo tiempo, sería injusto ignorar la realidad de una sociedad dinámica, una diáspora muy implicada y millones de ciudadanos que continúan participando en la vida política pese a las dificultades. En un contexto marcado por conflictos recientes y tensiones regionales persistentes, esa participación también constituye un dato relevante. La próxima cita electoral relevante llegará en 2031. Hasta entonces, el desafío para el gobierno de Abiy Ahmed no será únicamente gestionar una nueva mayoría parlamentaria, sino demostrar que la estabilidad política puede ir acompañada de una apertura institucional capaz de integrar las distintas sensibilidades que conviven en Etiopía. Los resultados ofrecen algunas respuestas. Las preguntas más importantes, probablemente, seguirán abiertas durante los próximos años. El tiempo dirá. Las urnas, hoy, solo dicen una parte.

El 7 de junio de 2026 fue la fecha elegida para celebrar la segunda vuelta de las elecciones generales de Perú en la que se enfrentaron las dos tradiciones políticas que han estructurado la sociedad política peruana contemporánea: el castillismo vs el fujimorismo. Estas elecciones representan un punto de inflexión histórico y una de las citas democráticas más determinantes para el futuro del país en las últimas décadas. Su importancia radica no solo en la elección de un nuevo mandatario, sino en una transformación estructural del sistema político y en la posibilidad de cerrar un ciclo de inestabilidad crónica que ha llevado al país a tener ocho presidentes en apenas 10 años. Además, y por primera vez desde 1993, Perú abandonará el modelo unicameral para restablecer un Congreso bicameral compuesto por 130 diputados y 60 senadores. Este cambio representa una reforma política de gran calado que busca mejorar la calidad de las leyes mediante un “doble filtro” legislativo, reducir las decisiones populistas y fortalecer los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Perú se enfrenta a una decisión de romper con el deterioro institucional de la última década o arriesgarse a una mayor regresión autoritaria o inestabilidad política. El ganador será el noveno presidente en una década, y su capacidad de maniobra dependerá de un Parlamento fragmentado y de un nuevo Senado con la misión de dotar al país de una compleja mayor estabilidad institucional. Contexto político-social: Perú Perú llega a la segunda vuelta de sus elecciones generales sumergido en una crisis política persistente, caracterizada por una inestabilidad extrema que ha llevado al país a tener un promedio de casi un mandatario por año en la última década. Este contexto social y político es el resultado de un deterioro institucional acelerado, una fragmentación electoral sin precedentes y una profunda desconfianza ciudadana. La contienda se ha polarizado entre dos herencias políticas que dividen el país territorial y socialmente. Por un lado, encontramos el Fujimorismo, representado por Keiko Fujimori quién abandera una derecha que apela al “orden” y reivindica el legado de Alberto Fujimori, proponiendo mano dura contra la criminalidad y una economía pro-mercado. Por otro lado, Roberto Sánchez se presenta como el heredero político de Pedro Castillo y el representante de la izquierda peruana. Sánchez aboga por un Estado inclusivo y el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para proteger a las víctimas del poder estatal. Socialmente, la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación nacional, superando a la corrupción y la economía, lo cual se puede observar en cifras que alcanzan los 2,400 homicidios y más de 25,000 denuncias por extorsión al cierre de 2025 demuestran la gravedad de la situación. En respuesta, los candidatos proponen medidas de “mano dura” que podrían redefinir el compromiso del país con organismos internacionales de derechos humanos. En el apartado económico, aunque Perú ha mantenido una notable estabilidad macroeconómica gracias a la autonomía de su Banco Central, la parálisis política ha impedido reformas que permitan un crecimiento mayor al actual (en torno al 3%). Asimismo, las elecciones son vitales para reactivar $55,000 millones en inversiones mineras paralizadas por la incertidumbre, con potencial para revertir el aumento de la pobreza, que pasó del 20% en 2019 al 27.6% en 2024 . Una década de inestabilidad en la Casa de Gobierno La inestabilidad presidencial ha sido la norma desde 2016, periodo en el que han desfilado ocho mandatarios por el Palacio de Gobierno. Este ciclo de alternancias de líderes se explica por un uso recurrente y, según algunos analistas, extensivo, de la figura de la "vacancia por incapacidad moral permanente" por parte del Congreso. Las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Manuel Merino (2020-5 días) se caracterizaron por el enfrentamiento constante con la mayoría parlamentaria fujimorista, la destitución de los presidentes por su “incapacidad moral” y por sus vínculos con casos de corrupción y masivas protestas sociales. Tras un gobierno de transición liderado por Francisco Sagasti entre 2020-2021, llegaría al poder el izquierdista Pedro Castillo. Su gestión fue caótica, con constantes cambios de gabinete y enfrentamientos con el Legislativo, hasta que fue destituido y encarcelado tras intentar un fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Dina Boluarte asumiría a finales de 2022 el cargo como vicepresidenta primero, presidente después, tras la caída de Castillo. Su gobierno enfrentó las turbulencias sociales más graves de los últimos años y fue sostenido políticamente por una alianza con el fujimorismo en el Congreso hasta su eventual cese. Sin embargo, casos como el Rolexgate, investigaciones por muertes en protestas contra su gobierno, las sospechas de corrupción y encubrimiento o investigaciones parcialmente suspendidas mientras estaba en el cargo, le valieron el fin del mandato a la señora Boluarte. Por último, los gobiernos de José Jerí (2025-2026) y José María Balcázar (2026) fueron designados como presidentes interinos por el Congreso para completar el período presidencial tras la caída de Boluarte, marcados nuevamente por escándalos. Entre ellos, destacan los asciados a declaraciones controvertidas sobre relaciones sexuales con menores –Balcázar; único legislador peruano en votar en contra la prohibición del matrimonio infantil en 2023–, el denominado Chinagate –reuniones no declaradas de Jerí con empresarios chinos con sospechas de tráfico de influencias y vínculos a redes de corrupción en infraestructuras–, contrataciones irregulares en el Palacio Presidencial o la común corrupción al uso de las instituciones peruanas. Por ello, en gran medida, el tejido social peruano se encuentra profundamente fracturado por las dos herencias políticas que se enfrentarán en las próximas elecciones del 7 de junio. La caída de Pedro Castillo en 2022 desató un estallido social, especialmente en el sur andino y zonas rurales, que fue reprimido brutalmente por el Estado, dejando un saldo de 50 muertos a la vez que se exacerbó el sentimiento de exclusión y resentimiento hacia las élites políticas de Lima, tradicionalmente ligadas al fujimorismo. Sistema electoral: Parlamento peruano El Parlamento peruano se encuentra en un proceso de transformación histórico ya que, a partir de estas próximas elecciones generales de 2026, dejará atrás el modelo unicameral vigente desde 1993 para restaurar un sistema bicameral, es decir, un parlamento conformado por una Cámara Alta (Senado) y una Cámara Baja (Cámara de Diputados). Cámaras Composición Método de elección Senado (Cámara Alta) 60 senadores Lista proporcional (método D'Hondt) Cámara de Diputados (Cámara Baja) 130 diputados Lista proporcional (método D'Hondt) Total 190 legisladores Ambos deben cumplir con las reglas de la “barrera electoral” Este rediseño institucional tiene como objetivo mejorar la calidad del proceso legislativo, fortalecer la estabilidad democrática y establecer un sistema de pesos y contrapesos más robusto entre los poderes del Estado. El Senado peruano actuará como una cámara de revisión y un órgano de mayor peso institucional. De forma exclusiva, gozará de un doble filtro legislativo que le permitirá revisar, modificar o rechazar los proyectos de ley previamente aprobados por la Cámara de Diputados, evitando así decisiones apresuradas o populistas. Además, será el responsable de elegir y ratificar a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Contralor General y a los directores del Banco Central de Reserva. Y, por último, a diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado no puede ser disuelto por el Presidente, lo que refuerza su papel fundamental en la estabilidad del sistema ante la volatilidad política, justo aquello de lo que Perú pretende deshacerse. El regreso a la bicameralidad responde a una década de extrema inestabilidad política, durante la cual el Congreso unicameral destituyó a cinco presidentes mediante la figura de la "vacancia por incapacidad moral permanente". El nuevo sistema busca que la remoción de un mandatario requiera una argumentación más sólida y pase por filtros adicionales. Candidatos y partidos del Perú En la presente tabla, pese a señalar tan solo 6 principales candidatos y partidos políticos para las elecciones de 2026, debemos recordar la fragmentación social y política imperante en el país andino pues, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se contó con un récord de 35 candidaturas presidenciales, lo que generó una fragmentación significativa en la representación parlamentaria. Partido Líder / Candidato Posición ideológica Encuestas (mayo 2026) Fuerza Popular Keiko Fujimori Derecha Conservadora /Autoritarista ~38-40.4% de intención de voto Juntos por el Perú Roberto Sánchez Izquierda Radical/Pragmática ~35-38.3% de intención de voto Las encuestas más recientes mostraban una ventaja más estrecha para la candidata por Fuerza Popular, pero dentro del margen de error, las encuestas sugerían la posibilidad de un empate técnico entre ambos candidatos, hecho que finalmente se confirmó en el resultado electoral–hecho tradicional en las últimas elecciones peruanas de los últimos quince años, marcadas por segundas vueltas diferenciadas por menos de un 1,5% de los votos–. No obstante, si se realiza una lectura de los posibles votos excluyendo los “voto en blanco” o “votos nulos”, las cifras se ajustan todavía más. Estas encuestas otorgarían a Fujimori entre el 51.4% y el 52.9% de los votos—con lo que le bastaría para ganar—mientras que Sánchez se sitúa entre el 47.1% y el 48.6%. Finalmente, los datos parecen haber sido más optimistas para el candidato de izquierdas, quien a pesar de no haber logrado superar a Fujimori, ha mejorado los porcentajes de las encuestas, alcanzando un 49,90% de los votos en segunda vuelta, frente a la aparente victoriosa derecha con un 50,10%. Estas elecciones, siguiendo la dinámica de la primera vuelta, han contado con un gran porcentaje de electores que aún no habían definido plenamente su voto o que han optado por el voto blanco o nulo. Las encuestas auguran que este tipo de voto ha concentrado casi entre el 21% o el 27% de los votos, demostrando la desconfianza y el desinterés qué despierta el maltrecho sistema político-electoral peruano entre sus ciudadanos, un dato revelador que ayuda a comprender los empates técnicos entre candidatos y la crisis democrática de Perú. Resultados de las elecciones peruanas 2026 Partido Líder / Candidato Posición ideológica Resultados Elecciones 2026 Fuerza Popular Keiko Fujimori Derecha Conservadora /Autoritarista ~50.092% de votos (9.125.179 millones de votos) Juntos por el Perú Roberto Sánchez Izquierda Radical/Pragmática ~49.908% de votos (9.091.747 millones de votos) A la fecha del 16 de junio de 2026—nótese 9 días después del día donde los peruanos votaron a su nuevo presidente—, los resultados de la segunda vuelta presidencial en el Perú muestran una aparente victoria sumamente ajustada de Keiko Fujimori—de Fuerza Popular—pese a qué la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está prevista para mediados de julio. Con el 99,050% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia entre ambos candidatos es de 33.432 votos—números qué variarán conforme la ONPE contabilice las 881 actas restantes. La victoria de Keiko Fujimori: una lectura de la victoria electoral del fujimorismo La victoria de Keiko Fujimori en las elecciones de 2026 se interpreta internamente no sólo como un hito personal tras tres intentos fallidos, sino como un síntoma de profundos cambios nacionales y regionales y fracturas en la sociedad peruana. Expertos en política peruana exaltan el debate sobre si el apoyo a Fujimori representa una adhesión plena al fujimorismo o es, fundamentalmente, un voto de reacción contra el proyecto de Roberto Sánchez. Diversos analistas sugieren que se trata de una respuesta ciudadana frente a años de inestabilidad política y una frustración acumulada con la administración de Pedro Castillo y Dina Boluarte. La lectura de los resultados de las elecciones permiten señalar una clara fragmentación a nivel geográfico encontrando una tensión extrema entre la capital—Lima—y el resto del país. Por un lado, Lima y la costa peruana se consolidan como el bastión de la derecha, donde Fujimori obtuvo más del 60% de los votos. Por otro lado, Roberto Sánchez heredó de Pedro Castillo el apoyo masivo de las zonas quechuas y aymaras (Puno, Cusco, Apurímac) donde obtuvo el respaldo del 78% y 86% de los votantes. Esta brecha territorial sugiere que Fujimori gobernará un país dividido, con sectores que ya advierten que su mandato podría profundizar la polarización ya existente. Una lectura política clave de las elecciones peruanas es el peso inédito del voto en el exterior. Esto se debe a que el triunfo de Fujimori se ha visto impulsado de manera determinante por el voto de los peruanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, Argentina y España, donde obtuvo más del 60% de los respaldos. El poder decisivo de la diáspora peruana ha generado perplejidad y cuestionamientos en sectores de la izquierda y líderes sociales, quienes critican que personas que no residen en el país definan su rumbo político. A diferencia de procesos anteriores, el partido de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha anunciado qué no habrá una práctica sistemática de obstrucción ni campañas de deslegitimación de los resultados electorales. El partido de Roberto Sánchez busca una oposición basada en el diálogo público para asegurar la gobernabilidad, aunque mantienen demandas específicas como la posibilidad de un indulto a Pedro Castillo, argumentando que este aún representa a una parte significativa del país. Perú entra al “club de las derechas” en América Latina: un nuevo ciclo político regional El triunfo de una candidata conservadora en Perú se suma a una tendencia observada en otros países sudamericanos donde el electorado ha optado por opciones de derecha o centroderecha, un fenómeno que no es aislado y que responde a un patrón de desgaste de los modelos progresistas o de izquierda en la región. Los diferentes ejemplos que encontramos regionalmente son la Argentina de Javier Milei—donde el libertario accedió al poder gracias a su discurso frontal contra la clase política tradicional—, el Ecuador de Daniel Noboa haciendo frente a una demanda de orden frente a la inseguridad o el caso de Chile con la elección de José Antonio Kast tras el desgaste del proyecto progresista de Gabriel Boric. A nivel regional, el ascenso de estos líderes no se interpreta necesariamente como una adhesión ideológica pura o convencida a una doctrina de derecha. Más bien, se analiza como una reacción ciudadana frente a la insatisfacción y el desencanto con los gobiernos anteriores que no lograron resolver problemas cotidianos como el costo de vida, la corrupción, el empleo y, especialmente, la inseguridad y el crimen organizado. Finalmente, Perú se suma a este cambio después de haber tenido gobiernos con propuestas de izquierda o surgidos de fórmulas progresistas (como Pedro Castillo y Dina Boluarte) que terminaron sumidos en profundas crisis políticas y el cansancio ciudadano. La victoria de Fujimori consolidaría que el desplazamiento del péndulo político en América del Sur se está moviendo nuevamente, buscando soluciones en liderazgos que prometen estabilidad institucional y firmeza frente a la inestabilidad que ha caracterizado a la región en los últimos años.

La segregación del apartheid relegó a la población negra en Sudáfrica a una situación de exclusión, pobreza y ciudadanía limitada bajo vigilancia durante décadas. La severa institucionalización de la violencia y la discriminación hizo que la liberación nacional, en lugar de los derechos humanos, se convirtiera en el objetivo de la lucha contra la tiranía racista; una lucha que aún tiene resquicios y que se conmemora cada año el 17 de junio. Introducción y contexto El kilómetro cero de la discriminación racial contra las personas negras en Sudáfrica se remonta al inicio de la colonización europea, con el establecimiento por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales de un puesto comercial en el Cabo de Buena Esperanza en 1652. Los holandeses se toparon con los pueblos originarios de los Khoikhoi y los San, con quienes establecieron una relación profundamente asimétrica sustentada en la superioridad tecnológica y militar y la justificación religiosa. Así, se sucedieron las primeras guerras, siendo derrotados los nativos y obligados a trabajar forzosamente y a despojarse de sus tierras. En 1658, Van Riebeeck, de la Compañía, importó esclavos de otras partes de África y de Asia, cuya mezcla con los nativos generó una estructura social piramidal que implantó la matriz del posterior sistema del apartheid: la idea de que el color de la piel determinaba el estatus jurídico, la propiedad de la tierra y el rol económico. Los antiguos empleados de la Compañía, conocidos como Vrijburgers, se convirtieron en colonos independientes, evolucionando hasta bóeres (granjeros) o afrikáners, el grupo étnico blanco que diseñaría e implementaría legalmente el apartheid siglos más tarde. A finales del siglo XVIII, el Imperio Británico le arrebató el control de la colonia del Cabo a los holandeses, quienes huyeron y fundaron en el interior del país sus propias repúblicas, con el racismo como doctrina política y religiosa. Los británicos, por su parte, aunque abolieron la esclavitud en todo su imperio en 1834, introdujeron años antes el Hottentot Code, que obligaba a la población nativa a llevar un documento de identidad para poder desplazarse por todo el territorio colonial. Fue el precursor de las “leyes de pases” del apartheid. El descubrimiento de extensos yacimientos de diamantes y oro en Kimberley y Johannesburgo hizo que Sudáfrica transitara de una economía agraria a una potencia industrial, donde la minería requería gran cantidad de mano de obra barata. Se creó entonces la “Barrera del Color”, que reservaba por ley a británicos y magnates puestos cualificados y bien pagados mientras que a los trabajadores negros se le relegó a puestos infrahumanos. Fue el punto de partida del diseño urbano de la segregación racial. El pilar definitivo llegó con la Ley de Tierras de 1913, aprobada tras la victoria de los británicos ante los afrikáners en la Guerra de los Bóers y la posterior unificación del país bajo la Unión Sudafricana en 1910. Esta ley prohibió a la población negra, que constituía el 80% del país, comprar o alquilar tierras fuera de unas “reservas”, que representaban el 7% del territorio nacional, seco y poco fértil. Con la llegada al poder del Partido Nacional en 1948, el terreno ya estaba sembrado de prácticas y leyes que favorecieron el establecimiento del apartheid. Daniel François Malan, el primer ministro, hizo del régimen de segregación una política de Estado y propugnó la perniciosa ideología de que las personas de origen racial diferente no podían convivir en igualdad y armonía. Los gobiernos sucesivos reforzaron el legado de la opresión racista contra la población que no era blanca. Bases ideológicas, políticas y legislativas del apartheid El término “apartheid” proviene de la palabra afrikáans, que significa ‘separación’. Este sistema implementó la segregación política, social y económica por motivos raciales en Sudáfrica, asegurando la dominación de la población minoritaria blanca a la par de la discriminación y opresión contra la mayoría no blanca. El apartheid se caracterizaba por una cultura política autoritaria basada en el baasskap (literalmente “jefe”), que aseguraba que Sudáfrica tenía que estar dominada política, social y económicamente por la minoría blanca del país, especialmente los afrikáners. Se aplicaba esta segregación racial de manera sistemática para “preservar la pureza racial”, aunque no se oponían a la participación sudafricana negra en la economía mientras se preservara el dominio blanco. Esa ideología de clasificación racial se materializó con la Ley de Registro de la Población de 1950, que dividía a la población en “blancos”, “negros”, “de color” y “asiáticos”. El apartheid era contrario a todas las nociones de igualdad y la intención del gobierno era separar y dividir diferentes grupos tribales, confinándolos a áreas específicas o bantustanes, lo que les despojaba de su ciudadanía. La legislación del apartheid fue lo que permitió su establecimiento y permanencia, distinguiéndose de la segregación en otros países por la forma sistemática y estructurada en que se formalizó y materializó bajo la ley. Además de la ley de estratificación, a partir de 1953 se aplicó la Ley de Reserva de Servicios Públicos Separados, que permitió que locales públicos, vehículos y servicios se segregaran por raza, incluso si no se ofrecía una igualdad de instalaciones para todos. La Ley de Prohibición de los Matrimonios Mixtos de 1949 y la Ley de Enmienda de la Inmoralidad de 1950 prohibían tanto las relaciones sexuales como el matrimonio entre personas blancas y personas de otras razas, lo que perpetuaba la segregación durante generaciones. En cuanto a representación democrática, la Ley de Representación Separada de los Votantes de 1951 desplazó a los votantes de color en el Cabo de la lista común de votantes, permitiéndoles elegir solo a cuatro miembros de la Cámara de la Asamblea. Por su lado, la Ley de Prohibición de la Interferencia Política de 1968 prohibió los partidos políticos multirraciales. Quince años después, la Ley de la Constitución de la República de Sudáfrica estableció un Parlamento tricameral con representación de blancos, mestizos e indios. A la población negra se le arrebató la ciudadanía; definitivamente se quedaron sin voz. Otro de los actos más significativos respecto a la base legal del sistema fue la Ley de Áreas de Grupo de 1950, que estableció zonas residenciales y comerciales en áreas urbanas para cada raza, por lo que la población de otras razas tenía prohibido vivir, operar negocios o poseer tierras en ellas. Fue la continuación de la Ley de Tierras de 1913. Además, para cumplir con la segregación y evitar que la población negra invadiera zonas reservadas, el gobierno reforzó las leyes existentes de “pases” (que exigían a los no blancos portar documentos que autorizaran su presencia en zonas restringidas). Esta medida no solo restringía el movimiento, sino que despojaba a las personas de su dignidad, separaba familias y permitía a la policía realizar arrestos arbitrarios y deportaciones constantes hacia zonas rurales empobrecidas. Impacto social La violencia política fue característica del régimen. Desde el primer momento en el que surgió el movimiento de resistencia para defender los derechos de la población negra –acompañado por huelgas, manifestaciones y desobediencia civil– las autoridades blancas respondieron con creciente brutalidad, torturando y asesinando a líderes políticos y activistas. El incidente más sangriento y mediático tuvo lugar en Sharpeville el 21 de marzo de 1960. El Congreso Panafricanista –disidente del Congreso Nacional Africano– organizó una manifestación pacífica por la abolición de las leyes de pases, un sistema injusto que convertía derechos básicos en privilegios vigilados por la policía. Multitud de población negra se congregó delante de la comisaría y la tensión aumentó tras el refuerzo de policías y aviones militares por la zona. Después de horas de protestas mayoritariamente pacíficas, un intento de arresto desató el caos: sin previa advertencia, los agentes abrieron fuego contra la población, matando a 69 personas e hiriendo a 180, entre las que se encontraban medio centenar de mujeres y niños (según cifras del régimen, constatadas como mayores décadas después). Tras la masacre, el gobierno del Partido Nacional declaró el estado de emergencia, otorgando poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad. En pocas semanas se detuvo a más de 11.000 personas –entre ellas líderes políticos, activistas y sindicalistas– y tanto el Congreso Nacional como el Panafricanista fueron ilegalizados, obligando a la oposición a operar desde la clandestinidad o el exilio. Los informes sobre el incidente ayudaron a centrar las críticas internacionales acerca de las políticas del apartheid, internacionalizando el problema. Además, la ciudad fue elegida por Nelson Mandela como el lugar donde, el 10 de diciembre de 1996, se firmó la nueva constitución, culminando con el desmantelamiento del apartheid. Mujeres bajo el apartheid El apartheid tuvo gran impacto en las mujeres negras y de color, que sufrieron tanto por discriminación racial como de género, mientras que eran políticamente desplazadas a los márgenes. El sistema discriminatorio establecía un triple yugo de opresión: género, raza y clase, de modo que las mujeres sudafricanas quedaban privadas de sus derechos fundamentales como individuos. Trabajaban como empleadas agrícolas o domésticas, con salarios inexistentes o extremadamente bajos. La separación de las mujeres del seno familiar ocurría porque el sistema las percibía como dependientes, siendo deportadas a zonas rurales mientras los cónyuges se quedaban en los centros urbanos. La interseccionalidad fue una de las bases fundamentales de la futura Constitución de 1996, para dar visibilidad a la forma en la que el género, la raza, la clase social, la orientación sexual y otras características identitarias individuales se intersectan para crear una experiencia personal diferente de la opresión sistemática. Oposición nacional e internacional El Congreso Nacional Africano (ANC), de carácter progresista y multirracial, promovió la resistencia al apartheid a través de la movilización popular de manera poco confrontativa y violenta. No obstante, la brutalidad de Sharpeville y el cierre de los canales legales de protesta llevó a una nueva generación de militantes a concluir que el régimen no cedería el poder por la vía pacífica. Nelson Mandela fue una de las voces clave en este cambio, al afirmar que no era posible responder con paz a un Estado que atacaba a civiles desarmados. En 1961, la tensión existente condujo a la creación de “La Lanza de la Nación”, el brazo armado del ANC. Liderada por Nelson Mandela, la organización marcó el fin de la resistencia exclusivamente pacífica y el inicio de una campaña de sabotaje contra infraestructuras gubernamentales, militares y de comunicaciones. El paso a la lucha armada supuso un cambio decisivo en la estrategia de liberación que se mantuvo durante las décadas siguientes. Tres años después, Mandela y otros seis de sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua por un tribunal nacional, acusados de traición, sabotaje y sublevación contra las autoridades. Por su parte, el mencionado Congreso Panafricanista (PAC), de orientación radical y anticolonialista, se creó en 1959 tras separarse del Congreso Nacional Africano, al considerar que la lucha avanzaba con demasiada lentitud. Esta organización impulsó una estrategia de acción directa y no violenta; el ejemplo de la manifestación pacífica de Sharpeville: miles de personas marcharon sin pases para entregarse a la policía y colapsar el sistema penitenciario. Era el verdadero ejemplo de desobediencia civil masiva. La oposición interna era masiva y el 16 de junio de 1976, los fantasmas de Sharpeville volvieron a aparecer. Aquel día se manifestaron en Soweto miles de estudiantes de secundaria que se negaban a estudiar en afrikáans (la lengua de la minoría blanca) y pedían ser tratados en igualdad de derechos que sus compañeros de raza blanca. El levantamiento contó con el apoyo del Movimiento de Conciencia Negra, una organización antiapartheid fundada para ocupar el vacío político generado tras el encarcelamiento de los líderes del ANC y el PAC. Al igual que en Sharpeville, la marcha era pacífica, pero tras la primera dispersión por la policía, comenzaron los enfrentamientos entre esta y la población, culminando con un balance de casi un millar de estudiantes muertos. No obstante, Soweto no fue solo una tragedia, fue el motor que revitalizó la oposición interna y que desató la verdadera oleada de oposición internacional. Y junto con Sharpeville, inició el largo y complejo proceso de lucha que culminó décadas después con las elecciones democráticas de 1994. A nivel internacional, el apartheid era una afrenta para los países de África y Asia que estaban independizándose del régimen colonial. Esos países pidieron a las Naciones Unidas que consideraran que la grave situación en Sudáfrica constituía una amenaza para la paz internacional, exigiendo sanciones para liberar al pueblo sudafricano. Las masacres de Sharpeville y Soweto sacaron al apartheid de la categoría de “asunto interno” y, por primera vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervino en 1960 con la Resolución 134, que condenó las políticas del régimen y vinculó el sistema de segregación con los hechos de la matanza. Sudáfrica comenzó entonces a ser percibida como un estado paria, cuestionado por la comunidad internacional y señalado como una amenaza para la paz mundial. La presión externa se tradujo en un aislamiento diplomático y económico cada vez más marcado, viéndose obligada a retirarse de la Commonwealth en 1961. Se extendieron los llamados al boicot, instando a consumidores y empresas a dejar de comprar productos sudafricanos o retirar inversiones. El rechazo también fue notable en el ámbito deportivo, excluyendo al país de los Juegos Olímpicos de 1964 y expulsándolo de la FIFA tras los incidentes de Soweto. En 1985, tanto Estados Unidos como el Reino Unido impusieron sanciones económicas selectivas al país. En respuesta a estas y otras presiones, el gobierno sudafricano abolió las leyes de pases en 1986. Proceso de transición La liberación de Sudáfrica de la tiranía racista y la reconciliación nacional subsiguiente fueron fruto de la lucha del pueblo sudafricano y de las iniciativas internacionales promovidas por las Naciones Unidas durante casi medio siglo. Aunque el régimen racista minoritario fue reemplazado por un Gobierno democrático sin distinciones raciales y las principales leyes racistas se derogaron en el proceso, quedó al nuevo Gobierno la tarea de eliminar los vestigios del apartheid y sus secuelas. El camino estuvo lleno de obstáculos, con grandes estallidos de violencia interétnica, motivados por recelo hacia las viejas autoridades de los bantustanes, la competencia entre partidos o las provocaciones de sectores bunkerizados del gobierno que querían provocar una vuelta atrás en el proceso democratizador. En 1989 el gobierno sudafricano era consciente de su derrota política, habiendo perdido también la colonia de Namibia ese mismo año tras su ocupación ilegal durante décadas. Puertas adentro la situación no era mejor: el intento de ampliar la base social del apartheid quedó revolcado por movilizaciones populares y la alianza formada por las fuerzas políticas del ANC, el partido comunista y un fuerte frente social hacían de Sudáfrica un país casi ingobernable. Así las cosas, el cambio era inevitable y Frederick de Klerk asumió el cargo de presidente, con un perfil más abierto a negociar la voladura controlada del apartheid. La operación, para la oligarquía blanca, estaba clara: salvar el sistema económico y el poder del gran capital a cambio de un nuevo sistema político más integrador que no lo cuestionara. El origen del proceso lo marcó el anuncio en febrero de 1990 de la legalización de las organizaciones anti-apartheid prohibidas por décadas, como el ANC y el Partido Comunista, así como la liberación de los presos políticos y la vuelta de los exiliados. Mandela pasó 27 años en prisión, la mayoría en Robben Island y , aunque su pena era de cadena perpetua, las dificultades del régimen, la presión internacional para que cayera el apartheid, y su creciente fama y paciencia sobrenatural, hicieron que su liberación se convirtiera en una necesidad política, autorizada finalmente en 1990 por el presidente de Klerk. Un año después fue elegido presidente del ANC, tras liderar las negociaciones que lograron acabar con el sistema. El gobierno de Pretoria mostraba su voluntad de proceder a una negociación real con las organizaciones representativas de la mayoría negra del país, desde la legalidad vigente y obligado a cerrar el proceso de cambios en una sola legislatura, puesto que iba a ser internacionalmente inasumible que las siguientes elecciones fuesen –otra vez– solo para blancos. Durante su mandato, de Klerk derogó la mayor parte de la legislación social que establecía la base legal del apartheid. La Ley de Servicios Separados fue derogada por la Ley de Derogación de la Legislación Discriminatoria en Materia de Servicios Públicos de 1990, mientras que la Ley de Registro de Población se derogó a su vez por la Ley de Derogación de la misma en 1991. No obstante, las clasificaciones raciales permanecieron en el registro hasta 1992. Con la nueva Constitución de 1993, los bantustanes fueron abolidos y los estados nominalmente independientes fueron integrados nuevamente en el país. En 1992, los ciudadanos blancos de Sudáfrica acudieron a las urnas en un referéndum que marcó el punto de inflexión en la historia del país: votaron masivamente en contra de la segregación racial, apoyando las negociaciones iniciadas dos años antes para implantar una nueva constitución. Con esa elección, De Klerk aseguró que se clausuraría de una vez por todas el sistema del apartheid, sentando las bases de una nación renovada. Dos años más tarde, en abril de 1994, con una participación del 87%, se celebraron las primeras elecciones democráticas, por sufragio universal, de la historia sudafricana, ganando el ANC con un 62% de los votos, y encabezando Mandela la presidencia. La victoria popular fue incontestable. El apartheid estaba muerto. Cicatrices y repercusión Aunque el apartheid político se dio por concluido tras la derogación de la legislación a principios de los años 90, el nuevo proceso, el de acabar con el apartheid social y económico no distó mucho de lo vivido en décadas anteriores. Se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC), que tenía como objetivo investigar los abusos cometidos durante el apartheid y promover la curación y el perdón. A través de audiencias públicas, se dieron testimonios de víctimas y perpetradores de violaciones de derechos humanos. Además, se implementaron políticas de inclusión social y económica para reducir las desigualdades heredadas del apartheid. Se promovió la educación y el acceso a servicios básicos para todos los sudafricanos, independientemente de su raza u origen étnico. Sharpeville, por su parte, es recordada en el país como símbolo de resistencia y origen del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, fecha establecida también en 1994 como el Día de los Derechos Humanos en Sudáfrica. La medida tuvo un fuerte valor simbólico: transformó el recuerdo de una masacre perpetrada por el Estado en una celebración de las libertades conseguidas y en la reafirmación de los derechos garantizados por la nueva constitución. Como respuesta jurídica a estas profundas heridas históricas, en 1996 se promulgó la nueva Constitución, sellando la transición hacia una democracia plena. El texto no solo ilegalizó cualquier forma de racismo, sino que fue pionero a nivel global al proteger explícitamente los derechos de la comunidad LGTBIQ+, reconocer 11 idiomas oficiales y blindar derechos socioeconómicos fundamentales como el acceso a la vivienda, la sanidad y el agua. Fue el nacimiento legal de la 'Nación Arcoíris', un intento de diseñar un marco jurídico donde la diversidad fuera una fortaleza y no un motivo de persecución. No obstante, a nivel económico, el país es actualmente uno de los mayores en índices de desigualdad (según el Coeficiente de Gini), con altas tasas de corrupción, desempleo, inseguridad ciudadana y mal funcionamiento de servicios públicos. Más de treinta años después de que Frederick de Klerk sorprendiera al mundo anunciando una transición, la desigualdad entre la minoría blanca y el resto de grupos sigue siendo abismal; un desequilibrio que amenaza los valores de reconciliación racial y unidad nacional que guiaron el proyecto de Mandela. El legado del apartheid aún se hace sentir en la sociedad y persisten desigualdades profundas. La mayoría de población negra y mestiza sigue viviendo en los mismos barrios que existían durante la segregación: asentamientos con infraestructuras muy deficientes, sin apenas servicios y ubicados lejos de los centros urbanos. La tasa de desempleo afecta a casi la mitad de la comunidad negra en contraposición con el 7% de la población blanca. Y la población negra joven, la mejor formada de la historia, tiene muchas dificultades para demostrar su valía y hacerse un hueco en las estructuras de poder. Conclusiones La segregación racial en Sudáfrica durante casi medio siglo fue el culmen de siglos de asimetría, colonialismo y racismo. Con las leyes del apartheid la población negra terminó de ser relegada, tanto política como económica y socialmente. La primacía blanca se impuso y mantuvo durante décadas, relegando al resto de razas a situaciones infrahumanas, en términos de derechos y explotación. El impacto internacional fue enorme, con severas condenas, y la oposición interna nunca se rindió. Figuras como Mandela lideraron el cambio y, tras años de luchas y negociaciones, el sistema se hundió. Aunque la población negra pudo volver a gozar de derechos y oportunidades, las desigualdades y cicatrices aún persisten. El sistema dejó una profunda huella en Sudáfrica, pero también ha servido como punto de partida para luchar contra la discriminación racial y construir una sociedad más justa y equitativa.

Durante semanas, todo indicaba que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se habían quedado varadas. Sin embargo, en las últimas horas, la situación ha cambiado notablemente. El presidente Donald Trump aseguró el jueves 11 de junio que ambos países estaban “cerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin a un conflicto de más de tres meses, el cual no solo ha cerrado el estrecho de Ormuz, sino que también sacudió los mercados energéticos y alterado las previsiones de crecimiento global. Aunque el mandatario admitió que no estaba “100%” seguro de que el pacto estuviera cerrado, el tono de su mensaje, junto a otras señales procedentes de Teherán e Islamabad, apuntaban a que las negociaciones seguían muy vivas. El viernes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las dos partes “nunca habían estado más cerca de un entendimiento sobre los términos del acuerdo”. Sin embargo, la novedad de hoy no es simplemente el avance de las conversaciones, sino que estas mismas han producido un texto acordado, aún de forma preliminar, el domingo 14 de junio. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, clave en la mediación de este conflicto, confirmó la firma de un memorando de entendimiento, cuya ratificación definitiva se prevé para este viernes 19 de junio en Ginebra, en la cual tendremos la presencia del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Además, agradeció el apoyo del Reino de Arabia Saudi y de la República de Turquía durante las negociaciones sostenidas por más de 15 horas en Islamabad. “¡Que fluya el petróleo!” Con esta frase, el presidente estadounidense anunció en la red social X el acuerdo autorizando la retirada de la fuerza naval y dando así paso a la “reapertura del estrecho de Ormuz”. Momentos después de esta publicación, el mundo aún seguía cauteloso, ya que si es cierto que existía un bloqueo naval estadounidense, aún se esperaba la confirmación de los que tenían el control de facto del canal. Sin embargo, la noticia se confirmó tras la publicación del viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, donde se anunció que las negociaciones habían resultado en un acuerdo final, el cual se llevaría a cabo en un periodo de 60 días tras su firma el viernes. Aunque, solo bajo la condición de que Estados Unidos cumpliera con su parte del trato “Este memorándum de entendimiento no significa confiar en el enemigo” Gharibabadu afirmó. Lo que se sabe y lo que aún queda por resolver Un memorando de entendimiento es un documento que sirve de prueba para un acuerdo formal entre dos o más partes, donde se entiende que comparten una voluntad y metas en común, sin ningún tipo de vinculación legal. Segun medios iraníes como el Mehr, sabemos que el borrador comprende 14 puntos claves, donde se incluye: el cese inmediato y permanente de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo el Líbano; el completo levantamiento del bloqueo naval dentro de 30 días a su ratificación; contempla la liberación de los activos iraníes congelados en un plazo de 60 días, en los que se debe empezar la siguiente fase de negociación; suspensión de las sanciones sobre la venta de petróleo irani, y otros productos petroquímicos y sus derivados; entre otros puntos que aún no han sido revelados hasta la fecha. Asimismo, la agencia estatal IRNA ofreció una lectura distinta a lo expresado por los medios estadounidense, sosteniendo que la reapertura del paso sera unicamente para el comercio de hidrocarburos en un plazo de 30 días conforme a los arreglos iraníes, y hasta el lunes 15 de junio, se hablaba sobre una posible cláusula donde se le permitía a Teherán imponer el pago de “servicios marítimos” en el Estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias Fars. No obstante, se duda de esto último, debido a que la mayoría de los Estados que se han pronunciado, y hasta el mismo Donald Trump, defienden una libre navegación en el canal, estando incluso en contra de este peaje. La reapertura del estrecho, tras este entendimiento, trae consigo efectos inmediatos sobre los precios del crudo y sobre la percepción de riesgo en los mercados. La suposición de que el sector petrolero volverá rápidamente a las condiciones previas al conflicto tiene que ser tomada con pinzas. Si bien es cierto que las instalaciones de almacenamiento en el Golfo han sido afectadas, y que se ha trabajado para restaurar la infraestructura necesaria, la verdadera amenaza dependerá de si aún se mantiene la presencia constante de misiles, drones o minas. Aunque los mercados han reaccionado positivamente, con una bajada de los precios, estos aún siguen estando sustancialmente por encima de los niveles de principios de año. Es sumamente factible que el sobrecoste geopolítico perdure debido a la profunda desconfianza entre las partes, y a la significativa contracción de los inventarios comerciales y de reserva utilizados para compensar las fallas operativas recientes. Para sorpresa de muchos, en cuanto al programa de enriquecimiento de uranio que ha sido uno de los focos principales abordados por la administración Trump, se reveló en una entrevista con The New York Times que se estaba negociando una moratoria de 20 años, donde se insistió en que los niveles de uranio de Irán nunca podrían ser utilizados con fines militares y que “nunca podrán superar una determinada cantidad”. Todavía no está claro si las negociaciones abordarán el programa de misiles irani o su apoyo a grupos armados en la región, preocupaciones que provenían principalmente de Israel. Justamente, una de las grandes incógnitas será la respuesta de Benjamin Netanyahu a este “gran acuerdo”, luego de que Trump le haya insistido en ser “más responsable” en sus acciones respecto a Líbano y haya dicho de no estar “contento” con la forma en la que actuó. No obstante, es necesario aclarar que estos puntos son únicamente un preludio de nuevas negociaciones previstas a realizarse luego de la firma el viernes, las contradicciones entre ambas narrativas muestran que, incluso cuando hay avances, el acuerdo sigue lejos de ser completamente transparente. ¿Apoyo o escepticismo?: La respuesta internacional Este MOU ha generado reacciones inmediatas en varias capitales, en especial aquellas más cercanas a Washington. La Casa Blanca lo vende como un éxito diplomático justo, pero mientras parte de la comunidad internacional ha celebrado un paso más hacia la posible escalada, persisten aún los límites de la diplomacia cuando los terceros Estados y fuerzas no estatales operan al margen del tratado, especialmente en el Líbano e Israel. Tel Aviv responde con dureza y ha dejado en claro que no considera que dicho acuerdo limite su margen de acción. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que el Ejército nacional no tiene intenciones de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano, y sostuvo que las fuerzas permanecen en “zona de seguridad” en Líbano, Siria y Gaza de manera indefinida. A ello se le suma el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gavir, quien rechazó que el documento firmado por la administración Trump obligue a Israel y aseguró que su país no está subordinado a Estados Unidos. Aunque esta postura puede leerse como un acto de rebeldía frente al gigante americano, también responde a una dinámica de presión doméstica. Para el Estado de Israel aceptar un acuerdo definitivo que incluya el repliegue de sus tropas en el Líbano representaría un fracaso humillante. Por otro lado, Hezbolá calificó el memorando como un “gran logro” y ha felicitado a Irán por haber insistido en que se incluyera en cualquier solución garantías de seguridad para el territorio libanes. En sintonía, el comandante en jefe del Ejército libanés, Joseph Aoun, confirmó que el acuerdo si valora el cese de las hostilidades en su territorio, pero pide por medidas más prácticas en cuanto a su aplicación, e instó a no dejarse llevar por el optimismo. La respuesta de los gobiernos europeos avanzó en una dirección similar. El Reino Unido se declaró preparado para apoyar las conversaciones técnicas entre las partes y subrayó la necesidad de restablecer la libertad de navegación en la región. Por su parte, Emmanuel Macron, además de celebrar el pacto diplomático, reafirma que Francia apoya al gobierno del Líbano para recuperar el control estatal frente a Hezbolá y estabilizar la zona. Sorpresivamente, Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido anunciaron de forma conjunta que están listos para colaborar con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), en caso de la suspensión de sanciones. Sin embargo, a diferencia de otros bloques, la respuesta de Europa no es completamente homogénea. Los líderes de la Unión Europea, Antonio Costa y Ursula Von der Leyen, condicionaron la paz duradera al fin de los programas nucleares y balísticos de Irán. Mientras que el presidente español, Pedro Sánchez, calificó la guerra como un “sin sentido” y reclamó que el acuerdo sea respetado por todas las partes, deseando que este hito marque una nueva etapa en Oriente Medio. Si bien existe un consenso generalizado en torno al MOU, las prioridades de cada capital oscilan. Por último, es necesario destacar el complejo esfuerzo multinacional liderado por Pakistán, junto al respaldo crucial de Egipto, Turquía, Qatar y Arabia Saudi. El primer ministro pakistaní, Sharif, fue el primero en encargarse de anunciar oficialmente el histórico avance, y se mostró aún más proactivo cuando adelantó que esta misma semana arrancarán las mesas de trabajo técnico en Doha para afinar la implementación logística y los protocolos de seguridad marítima antes de la firma definitiva del MOU en Suiza. Su implicación tan constante no solo proviene del hecho de que Pakistán comparte más de 900 km de frontera con Irán, sino también de que este conflicto le ha afectado más de lo que está dispuesto a admitir. Al depender en gran medida de los mercados energéticos externos, el país es vulnerable a los shocks en los precios petroleros que desatan estas tensiones regionales. Además, al ser la única potencia nuclear del mundo islámico, Pakistán aporta una notable autoridad militar en la mesa, dejando entender que su involucramiento es justo lo que le permite demostrar que tiene la capacidad técnica de entender los complejos matices de los “límites nucleares” que tanto Washington le exige a Irán bajo este posible nuevo acuerdo en Ginebra. La cuenta regresiva El escenario actual deja abiertas más preguntas que respuestas. Aunque el anuncio ha cambiado el tono de la crisis y ha devuelto la diplomacia al centro de la escena, todavía quedan varios días hasta el viernes, y dentro de ese margen, cualquier giro sigue siendo posible. La presencia de Donald Trump en la cumbre anual del G7 en Francia, añade otra dimensión política e internacional al momento, especialmente al estar la seguridad del Estrecho de Ormuz en el centro de la agenda de discusión de las mayores economías. La prudencia es clave, hasta ahora todo depende de la letra pequeña, de la verificación y de la voluntad real de las partes para sostener lo pactado sobre el terreno. Si el texto logra resistir las tensiones internas, las reservas de Teherán y las presiones de los mediadores será un éxito. Más allá de esto, ya se debate intensamente que diferenciará exactamente a este pacto del histórico acuerdo nuclear alcanzado bajo la era de Obama (del que el propio Trump se retiró en 2018). La realidad sigue siendo que su verdadero alcance aún está por verse.

El pasado 23 de abril, Quevedo publicó "El Baifo", su tercer álbum, un disco de catorce canciones que en cuestión de horas se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del año en España. Más allá de las cifras y de las discusiones que generó en redes sociales, este disco es un buen punto de partida para hablar de algo que lleva gestándose desde hace más de una década, la llegada del reguetón a España, país que se ha convertido en un punto estratégico de la música urbana a nivel internacional. En este sentido, también es importante observar cómo la música urbana está siendo clave para generar identidad a lo largo y ancho del globo y como se convierte en altavoz para las luchas sociales. El Baifo como concepto de identidad Para entender el álbum es necesario saber lo que significa “baifo”, palabra que es usada en Canarias para referirse a la cría de la cabra, una palabra de raíz prehispánica que está vinculada con el amazigh que dejaron los aborígenes canarios antes de la conquista castellana. Que Pedro Dominguez Quevedo, uno de los artistas españoles más escuchados del momento, decida titular su disco con un canarismo tan específico no es casualidad. En un mercado musical donde la tendencia suele ser buscar títulos neutros, fácilmente exportables y sin marcas geográficas demasiado evidentes, recuperar una palabra que solo se usa en las islas es un gesto de carácter identitario. Hay además un doble sentido en el uso de la palabra, ya que en el ámbito anglosajón, llamar a alguien "la cabra" (the GOAT, Greatest Of All Time) es una forma de decir que es el mejor en su categoría, siendo un título que funciona en dos registros simultáneos, el canario y el global, sin que ninguno de los dos anule al otro, lo cual resume bastante bien el propio proyecto artístico del disco. Sin embargo, desde el primer sencillo, "Ni Borracho", lanzado en febrero con un videoclip rodado en las islas y protagonizado por figuras canarias como Arístides Moreno o el cómico Kike Pérez, además de personajes como el físico Javier Santaolalla, hasta canciones como "Gáldar" (con el puertorriqueño Tonny Tun Tun), "Al Golpito" (junto al grupo canario Nueva Línea), "La Graciosa" (un merengue con Elvis Crespo) o "Hijo de Volcán" (con la agrupación folclórica Los Gofiones), el disco funciona como un mapa sonoro y emocional del archipiélago. Por ejemplo, "Mi Balcón", con el timple como instrumento central, habla desde la nostalgia de los balcones tradicionales canarios, una arquitectura muy característica de las islas, mientras que "Scandic" hace referencia a una antigua discoteca de Gran Canaria que ha marcado a varias generaciones de jóvenes. Incluso el lanzamiento del disco incluyó un espectáculo de drones con referencias al paisaje volcánico y a las ocho estrellas que representan las islas en la portada de su canción "Ni Borracho". En este sentido, el álbum al marcar una senda tan identitaria, no ha dejado de causar controversia, ya que muchos usuarios en redes consideran el uso de las ocho estrellas como un guiño a la bandera nacionalista canaria –véase la bandera del ateneo de La Laguna de 1907–, además, el uso de sonidos clásicos de la salsa y del merengue han sido considerados como apropiación cultural, tema que el propio Quevedo ha explicado en sus entrevistas posteriores al estreno del albúm argumentando que el uso de este tipo de ritmos siempre han sido usados en las islas por la conexión de estas con Hispanoamérica. El Baifo como biografía A diferencia de lo que muchos piensan, Quevedo no nació en Gran Canaria, nació en Madrid en diciembre de 2001, pero a los pocos meses su familia se trasladó a Brasil, donde vivió hasta los cinco años. Tras ese periodo, la familia regresó a España, no a Madrid, sino a Gran Canaria, donde Quevedo se crió y desarrolló su carrera musical. El artista que hoy reivindica Canarias con tanta fuerza no es alguien que nació en las islas por pura casualidad geográfica y de quien podríamos esperar cierto desapego, sino alguien cuya familia, como la de tantas otras en el archipiélago, tiene un recorrido migratorio. Su carrera despegó con fuerza en 2022 con "Cayó la Noche Remix", colaboración en la que participaron artistas canarios como Cruz Cafuné, La Pantera o Bejo, nombres que forman parte de esa escena urbana canaria. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en julio de ese mismo año con la “Sessions Vol. 52”, su colaboración con el productor argentino Bizarrap. A partir de ahí llegaron "Donde Quiero Estar" en 2023, que fue el disco más vendido en España ese año, manteniéndose catorce semanas consecutivas como número uno en ventas, y "Buenas Noches" en 2024. En este sentido, su último álbum consolida a Quevedo como uno de los nombres centrales de la música en español a nivel mundial, y desde esa posición ha decidido dedicar un disco a la tierra que lo vio crecer. No obstante, el canario desde sus inicios siempre introdujo aspectos de su vida en Las Palmas, así como léxico de las islas en sus canciones, un ejemplo de esto es como suele cerrar muchas de sus canciones con su firma "LPGC, you know" (Las Palmas de Gran Canaria, ya sabes), un detalle pequeño que con los años se ha convertido en una de sus señas de identidad más reconocibles, casi un sello de origen dentro de un mercado musical que tiende a la deslocalización. De los barrios latinoamericanos a las listas españolas Para entender por qué un artista español puede hoy llenar estadios cantando reguetón y trap, hace falta mirar hacia atrás, hacia el origen del género. Cuando se habla del reguetón se hace referencia a un subgénero de la música urbana, siendo este un concepto usado en el mundo musical para aglutinar en un mismo espacio a géneros musicales que vienen de una misma raíz como pueden ser el trap, rap, R&B, dembow, reguetón, entre otros. Estos estilos musicales tienen sus orígenes en el hip hop, reggae y dancehall, géneros que nacieron a partir de los años 70. El reguetón que se conoce hoy proviene de Puerto Rico, cuando a finales de los años 90´s se adaptó el reggae en español nacido en Panamá a los estilos musicales de la isla y a la producción digital que estaba surgiendo en ese momento. La Explosión del género podemos ubicarla en 2004 con el álbum Barrio Fino de Daddy Yankee, entrando en las listas de éxitos de Estados Unidos y Europa, en especial con su canción Gasolina. La llegada de este sonido a España no puede separarse de los flujos migratorios que el país experimentó desde finales de los noventa y, sobre todo, durante la primera década de los 2000. La población latinoamericana que se asentó en España en ese periodo trajo consigo un consumo cultural propio que durante años quedó relegado a un circuito relativamente marginal dentro del panorama musical español. El reguetón sonaba en España, pero no era "la" música española, era la música de una comunidad, algo que se escuchaba en determinados espacios pero que rara vez aparecía. Indiscutiblemente las pioneras de este género en España fueron las K-narias, Gara y Loida, originarias de Tenerife, su dúo musical fue la primera muestra de reguetón en el país. En un reportaje para el diario El País comentan que “la primera vez que escucharon el reguetón en las islas fue a través de las canciones de Don Omar” (K-narias, 2021), artista que a principios de los 2000 estaba siendo un éxito mundial, queriendo así, imitar ese estilo musical en este lado del atlántico. Lo que cambió radicalmente ese escenario fue, sobre todo, la digitalización. Plataformas como YouTube desmontaron las barreras que durante décadas habían mantenido separados los mercados musicales nacionales. El español, que ya es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes con casi 600 millones de personas, encontró en la música urbana un vehículo de expansión global, imponiéndose como la tercera lengua más usada en internet, solo por detrás del inglés y el chino. Lo que antes era un género "de nicho", en apenas dos décadas, pasó a ser el motor de la industria musical en español a nivel mundial, fusionándose con otros estilos musicales. Esta transformación tiene también una lectura identitaria muy potente, ya que la relación entre la música urbana y los procesos migratorios no es solo de origen, sino estructural. Para muchas comunidades latinas, tanto dentro de América Latina, como fuera de la región, la música ha funcionado como una forma de representación cultural que trasciende fronteras nacionales y de clase. No es casualidad que en eventos de máxima visibilidad global, como la Super Bowl, artistas como Shakira y Bad Bunny hayan compartido escenario interpretando temas de reguetón junto a clásicos de la música latina, lo que se interpreta como una expresión de orgullo latino y de empoderamiento cultural compartido por toda una generación de artistas que crecieron entre dos mundos. España no fue ajena a este giro, la industria discográfica española, que en 2005 vivía un momento de crisis profunda por la caída de ventas físicas y el avance de la piratería, encontró en este nuevo ecosistema digital una vía de reconversión. Con el tiempo, una nueva generación de artistas españoles, muchos de ellos nacidos ya en plena globalización digital y criados escuchando indistintamente reguetón puertorriqueño, trap estadounidense y pop latino, empezó a producir su propia música urbana, ya no como una simple imitación de lo que llegaba de fuera, sino como un género propio, mestizo, con acento español. Además la industria del rap existente en España desde los años 90´s con grupos como Violadores del verso, SFDK y El Club de los Poetas Violentos, ayudó mucho a la consolidación de géneros como el trap y el reguetón en el país, así como al desarrollo de la música urbana. Gracias a que estos géneros se alimentan muchas veces de la esencia del rap, temáticas como la marginalidad, violencia y ascenso económico se volvieron recurrentes, lo que encontró en España un elevado número de jóvenes que veían en estas narrativas un reflejo de sus propias realidades de barrio. Quevedo y el "efecto Canarias" en la música española Dentro de esa generación de artistas urbanos españoles, Quevedo ocupa un lugar particular, pero Canarias no ha adquirido notoriedad sólo por sus cifras, sino que el archipiélago lleva años produciendo una camada de artistas como Cruz Cafuné, Abhir, Bejo, La Pantera, Ptazeta o Don Patricio, entre otros, que, sin perder de vista los códigos globales del género, han ido incorporando elementos de identidad canaria en sus letras, estética y referencias. La doble dirección migratoria que ha tenido las islas durante el siglo XX hasta la actualidad, explica en parte por qué la influencia latinoamericana en la música urbana canaria no se siente como algo "importado", sino como algo propio. El reguetón, por haber nacido como una música de identidad migrante, tiene una relación particular con lo local, por ello el propio género lleva usándose desde hace años en distintos países como vehículo de orgullo nacional y de pertenencia, desde Puerto Rico hasta República Dominicana, pasando por Colombia con artistas como Maluma o Karol G o Argentina con Duki o Cazzu. Que un artista español haga lo mismo, llevando sus palabras y su acento al escaparate global de la música urbana, no es una rareza dentro de esta lógica, es la aplicación de ese mismo mecanismo a un contexto europeo. La vuelta a las raíces: un fenómeno que va más allá de Canarias "El Baifo" no es un caso aislado, en los últimos años se percibe dentro del propio género urbano, un giro hacia lo local que contrasta con la fase anterior, más homogeneizadora, en la que el objetivo de muchos artistas era sonar "internacional" a toda costa, casi sin marcas de origen reconocibles, buscando títulos y estéticas que pudieran funcionar igual en Madrid, en Bogotá o en Miami. El ejemplo más notorio de este giro es el álbum "DTMF" de Bad Bunny, lanzado en 2025, el disco está cargado de referencias a Puerto Rico, su folclore, su identidad y, sobre todo nos habla de los efectos de la gentrificación causada por la llegada masiva de estadounidenses a la isla. El cortometraje que acompañó al lanzamiento, protagonizado por el actor Jacobo Morales junto a un sapo llamado "Concho", retrataba precisamente esa transformación social y cultural. Durante todo 2025, canciones de ese álbum fueron usadas para denunciar el problema de la gentrificación a nivel mundial, llegando incluso a los parlamentos nacionales de varios países. En España, el fenómeno se replica a menor escala pero con la misma lógica de fondo, en Euskadi, por ejemplo, grupos como Dupla o Zetak fusionan reguetón y trap con letras en euskera, abordando temas de crítica social desde un idioma que históricamente ha tenido que pelear por su espacio en la música popular. La música vasca, en general, vive un momento de gran diversidad, con artistas de rap y música urbana que cantan en euskera junto a una vanguardia de música experimental y cantautoras que mezclan euskera y castellano sin complejos, en colaboraciones que van desde el rap hasta la música clásica. En Cataluña, la escena urbana convive con una tradición de cantautores y grupos que reivindican el catalán, mientras festivales como Primavera Sound dan cada vez más espacio a artistas que mezclan identidad local, producción electrónica y códigos urbanos, muchas veces protagonizados por personas migrantes que han hecho de Barcelona su segunda casa. En la edición de 2026 del festival, por ejemplo, conviven proyectos como el de Isa Rojas, una DJ y productora chilena afincada en Barcelona que cofundó un ciclo de fiestas pensado como espacio seguro para el colectivo migrante latino, con sonidos que van del "dark perreo" al hard club, además, artistas urbanas como Mushkaa, hermana de Bad Gyal, se están haciendo un hueco en la escena musical española, cantando principalmente en catalán. En Galicia, la escena urbana en gallego, aunque todavía minoritaria frente a otros idiomas cooficiales, viene creciendo de la mano de artistas jóvenes que ven en el rap y la electrónica como una vía para que la lengua llegue a públicos que normalmente no consumirían música en gallego, artistas gallegos como Hard GZ incluyen versos en gallego en sus canciones y otras como Mondra y Baiuca están replicando el fenómeno que ha surgido con el euskera y el catalán, para así usar un género percibido como "moderno" y "global" para dar visibilidad a una lengua que en otros formatos musicales llevaba décadas circulando casi exclusivamente entre un público local. El género urbano ya está consolidado, ya ha conquistado las listas globales, lo que da a sus artistas el margen necesario para experimentar con lo local sin miedo a perder audiencia. Cuando un género está en una fase de expansión y necesita validación, tiende a borrar marcas regionales para resultar lo más universal posible, cuando ya domina el mercado, se podría decir, que puede permitirse reafirmar aspectos locales. Soft power y el uso de la palabra "El Baifo" puede leerse como una forma de soft power cultural para las islas, un disco que lleva la palabra "baifo" a las listas de éxito, que coloca a grupos folclóricos como Los Gofiones junto a nombres de la música urbana internacional, o que convierte una antigua discoteca de Gran Canaria en el título de una canción que sonará en festivales de toda Europa, está exportando una imagen de Canarias que va mucho más allá del tópico turístico del sol y playa. Es una narrativa hecha desde dentro, por alguien que ha "vuelto a casa" después de haber alcanzado el éxito global, y que llega a audiencias que probablemente nunca habían pensado en las islas como algo más que un destino vacacional y en un momento donde se percibe que la identidad se encuentra amenazada por la globalización y la turistificación del archipiélago. Si se observa el caso de Puerto Rico, el uso del léxico boricua en el género urbano ha sido uno de los mayores éxitos de soft power de la isla, ya que desde Chile hasta España, gran parte de los artistas de reguetón usan palabras como “bellaco” o “jangueo” en la letra de sus canciones, lo que directamente conecta al público de una forma u otra a la cultura puertorriqueña. Este caso en especial, es importante destacarlo, ya que a lo largo de los años especialmente con el auge del trap y el reguetón en Argentina y Colombia, se intentó, sin mucho éxito, internacionalizar palabras propias de dichos países. Lo que nos puede dar una idea de lo que podría pasar en un futuro con los canarismos que, por ejemplo, Quevedo, intenta exportar al resto del mundo. La industria, los festivales y lo que viene después Más allá del análisis cultural, conviene también situar este fenómeno dentro de la lógica industrial de la música en España. Durante años, los grandes festivales y giras estuvieron dominados por el pop, el indie y el rock, con la música urbana ocupando un espacio secundario, asociado a un público más joven y, en ocasiones, mirado con cierto recelo por parte de la crítica musical tradicional. Esa jerarquía se ha invertido casi por completo en la última década. Hoy, los artistas urbanos en español llenan estadios, encabezan carteles de festivales y dominan de forma aplastante las listas de reproducción en plataformas digitales, que son, en última instancia, donde se libra la batalla real por la atención del público. En 2025 en la lista anual de artistas más escuchados de Spotify, la plataforma arrojó que el artista más reproducido en España fue Bad Bunny, seguido de Quevedo, en esa lista, dentro del top 10, sólo dos eran españoles (Quevedo y JC Reyes), en contraste con 6 artistas puertorriqueños. Los datos globales de Spotify dejan a la vista una clara tendencia hacia los artistas urbanos en España, siendo los cantantes puertorriqueños dueños indiscutibles del panorama, a pesar del crecimiento que los y las artistas españolas han tenido en los últimos años. Un panorama musical en transformación Lo que está ocurriendo en España no es solo que el reguetón y la música urbana hayan triunfado comercialmente, algo que ya era evidente desde hace años. Lo interesante es la segunda fase de ese proceso y la forma en que estos géneros, una vez consolidados y normalizados dentro del mainstream, se están convirtiendo en el espacio donde distintas identidades regionales y migrantes encuentran un lenguaje común para hablar de sí mismas. La música urbana, que llegó a España de la mano de la migración y que durante años fue vista por una parte de la crítica como un producto de consumo rápido, sin profundidad ni arraigo, se ha transformado en uno de los principales escaparates de la diversidad cultural del país, ya sea a través del euskera, el catalán, el gallego o, en el caso de "El Baifo", de un canarismo que en pocas semanas pasó de ser una palabra de uso cotidiano en las islas a un término que millones de personas en toda España buscaron en internet para entender su significado. Queda por ver si este giro hacia lo local es una tendencia pasajera, ligada al momento de máxima fortaleza comercial del género, o si marca un cambio más profundo en la manera en que los artistas españoles entienden su relación con la identidad y el territorio. Lo que está claro, a la vista de casos como el de Quevedo o las escenas urbanas en euskera y catalán, es que en un país donde la pluralidad lingüística y cultural ha sido durante mucho tiempo un tema políticamente sensible y a menudo motivo de tensión, ver cómo esa pluralidad se cuela con naturalidad en las listas de éxitos, a través de un género nacido en los márgenes de la sociedad, en los “residenciales” de Puerto Rico, dice mucho sobre cómo está cambiando, de abajo hacia arriba el panorama cultural español. En este sentido, es importante destacar que el auge de discursos identitarios en la música se puede sumar como una pieza más de la desglobalización que se está viendo desde hace un par de años a nivel social, cultural y político en todo el mundo. En España, partidos nacionalistas, regionalistas, independentistas y soberanistas cobran fuerza en cada elección, en Reino Unido, en las últimas elecciones municipales, en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los partidos independentistas sacaron mayorías holgadas, al mismo tiempo que los discursos sobre la “pérdida de identidad” ganan terreno tanto en partidos de izquierda como de derecha a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, la cultura, así como la música, son sólo un reflejo más de los cambios sociales que vivimos constantemente y quizás “El Baifo” sea una parte más de la transformación que estamos teniendo ahora mismo como sociedad. Foto: portada de El Baifo (2026), álbum de Quevedo. Ilustración: Capi Cabrera.

Catar es un “pequeño Estado”, situado en la península homónima que, a su vez, se extiende desde la costa oriental de la Península Arábiga hacia el norte del Golfo. Con tan solo 11,627 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 3,1 millones, de los cuales únicamente un 12% disfrutan de su nacionalidad, este país árabe, que en 1971 logró su independencia del Imperio británico, se ha posicionado como un actor de una inmensa relevancia geoestratégica con una ambiciosa política exterior en apenas dos décadas, sorteando las dificultades y limitaciones que los pequeños Estados encuentran en el sistema internacional. Con anterioridad al descubrimiento de petróleo en 1938, y en línea con sus vecinos árabes, Catar se trataba de un jecato pobre dependiente de la pesca y la perlicultura, gobernado por la dinastía Al Thani desde finales de la década de los sesenta del siglo XIX. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la producción petrolera transformó el estilo de vida local, abandonando la categoría de “economía de subsistencia ligada a la pesca” para convertirse a día de hoy en uno de los estados con mayor renta per cápita del planeta gracias a sus abundantes recursos naturales, destacando el gas (Oficina de Información Diplomática, 2025). Su riqueza en recursos gasísticos –es importante recordar que Doha es el tercer productor de gas natural en el planeta y el tercero en Gas Natural Licuado– ha permitido impulsar su economía, gracias a la exportación de grandes cantidades de este hidrocarburo a países en diferentes continentes como China, Corea del Sur, Japón –sus principales clientes– además del Reino Unido, España o Bélgica, a los cuales suministra entre un 2,4 y un 5,6% de su demanda interna (Oficina de Información Diplomática, 2025). Fruto de su posición como uno de los pilares en el sistema energético internacional, ha visto cuadruplicado su PIB en únicamente dos décadas (González del Miño, 2023). Las suculentas ganancias derivadas de la venta de carburantes han cimentado el establecimiento de un fuerte sistema de bienestar en el cual el Estado facilita una educación, sanidad, agua y electricidad gratuitas sin exigencia del pago de impuestos –resaltando la ausencia de un impuesto sobre la renta–(BTI 2024 Country Report. Catar), si bien y en sintonía con sus socios del CCG se está revisando el contrato social de cara a un futuro sin ¨oro negro”. Hasta ahora, la participación política de la sociedad catarí se ha visto determinada por el principio ¨no taxation, no representation”, por el cual el sistema de Estado clientelar distribuye a los ciudadanos las rentas procedentes de la explotación de las materias primas, compra la disidencia y logra mantener un sólido apoyo al modelo político actual. Un "pequeño Estado" en búsqueda de autonomía y marca propia Recién independizado, tras la salida del Reino Unido de la región en un contexto de decadencia del poder imperial británico, Catar fue testigo en el período de 1981 a 2003 de tres graves conflictos militares en Oriente Medio que confirmaron la necesidad de asegurar alianzas que garantizaran el respeto a su soberanía (Lawson, 2016). En 1981 se fundó el Consejo de Cooperación del Golfo –una organización internacional en busca de la integración política, económica y de seguridad de las monarquías hereditarias islámicas de la costa árabe del Golfo– (Saldaña, 2008), y siguiendo los pasos del resto de aliados, se robustecieron los lazos con actores externos como los Estados Unidos, quien tras la invasión de Kuwait se consolidó como el árbitro geopolítico en la zona. Tras dos décadas como Estado soberano bajo la influencia de Arabia Saudí, una potencia emergente con la que comparte la tradición wahabí (Roberts, 2014) y una frontera terrestre de 87 km, Doha se valió del paraguas militar norteamericano tras la firma del primer Acuerdo de Cooperación de Defensa de 1992, el cual supuso la construcción de la base Al Udeid, para desmarcarse de su anterior política de bandwagoning (Bordón, 2021), permitiéndole adoptar una mayor autonomía en sus decisiones respecto de Riad (Baabood, 2017). Fue precisamente a partir de 1995 cuando llegó al poder S.A. El Jeque Hamad Bin Jalifa Al Thani, conocido como ¨el arquitecto del Catar moderno¨ y padre del actual emir, quien desarrolló en la práctica su visión del país como un actor relevante internacionalmente y soberano en su política interior y exterior. Por tanto, desde mediados de la última década del siglo pasado, los gobernantes de la familia Al Thani han desafiado con un éxito rotundo la premisa de que debido a su limitada extensión territorial, juventud y reducida población, Catar debía quedar subordinada a las grandes potencias, con un papel marginal en las relaciones internacionales (González del Miño, 2023). De hecho, a través de su alto valor estratégico como exportador de recursos energéticos y mediante el desarrollo de una fuerte marca-país, Al Adaam –el equivalente catarí al término “rojigualda” en España para la bandera nacional–, se encuentra presente en los más importantes foros internacionales y goza de una posición reconocida representando al país mediador en una multitud de espacios de negociación en contextos de conflicto. En el aspecto doméstico, el Emir Hamad permitió elecciones municipales y promulgó una constitución permanente en abril de 2003 aprobada vía referéndum con el 96,6% de los votos. Destacaron sus inversiones en infraestructura, educación y el sistema sanitario. Tan solo un año después de tomar el poder, se creó de Al-Jazeera Satellite Channel network, que tuvo un profundo impacto –incluso revolucionario– en el acceso a la información en el mundo árabe (BTI 2024 Country Report. Catar; González del Miño, 2023; Congressional Research Service, 2025). El canal adquirió reconocimiento mundial por su cobertura en 2001 de la intervención estadounidense de Afganistán y debido a su crítica línea editorial con ciertos gobiernos de la región araboislámica así como la permisión de algunas posturas en sus espacios de debate, las relaciones exteriores del Estado de Catar se han visto periódicamente deterioradas con países como Marruecos, Túnez, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudí o Yemen (Kawakibi, 2010) Igualmente, con el objetivo de atraer las miradas sobre esta monarquía, elevando su estatus en el ámbito internacional, Doha ha albergado eventos de alcance global, ligados principalmente al deporte (Viramontes, 2019), tales como el Gran Premio de Fórmula 1, la Copa de Naciones del Golfo de 2019, el Mundial de Pádel de 2021, la Copa Mundial de Fútbol de 2022, la Copa Asia de Fútbol en 2011 y 2023, además del Campeonato Mundial de Natación FINA en 2024 entre otros. Según el FMI los esfuerzos por reducir la dependencia de los ingresos asociados a fuentes de energía no renovables enmarcados dentro de la iniciativa `Catar Visión 2030´ presentada en 2008, han conseguido que la participación de los productos no derivados de los hidrocarburos en el PIB haya aumentado desde el 50% al 60% en la década de 2012-2022, fortaleciendo el sector financiero y de las telecomunicaciones, así como el turismo, que ha cogido impulso especialmente tras el Mundial de Fútbol de 2022 (House of Commons, 2025). Fondo soberano y diversificación global La Qatar Investment Authority (QIA) con aproximadamente 20 mil millones de dólares en reservas, fue creada en 2005 gracias a los superávit presupuestarios del país ligados a los ingresos por hidrocarburos para inversiones ambiciosas a nivel nacional e internacional. Debido a ello, Catar ha accedido a la gestión de sectores estratégicos en todo el mundo, proyectando su imagen y engrosando sus activos financieros (Bahgat, 2016). Por ejemplo, tal es la presencia de las inversiones del Estado árabe en el Reino Unido que distintos medios tanto locales como extranjeros afirman que S.A. El Emir Tamim bin Hamad Al Thani, hijo del Emir Hamad y líder del país tras la abdicación de este en 2013, posee más de 1,8 millones de pies cuadrados en propiedades inmobiliarias solamente en Londres, superando al propio monarca británico (Vozpopuli, 2025). El portafolio de los Al Thani en la capital de Inglaterra incluye el emblemático gran almacén Harrods, el 14.3% de la principal cadena de supermercados británica `Sainsbury's´ o el 20% del aeropuerto de Heathrow (The Economic Times, 2025). No menos importante, el gran número de propiedades adquiridas por la familia real en el distrito de Northwest Mayfair les ha valido incluso para imponer el sobrenombre de “Little Doha” (Britain's new channel, 2025). Catar y la Hermandad Musulmana La llamada “primavera árabe” a principios de la década de 2010 se expandió rápidamente por todo el mundo araboislámico desde Túnez, provocando la caída de su presidente Ben Ali, el inicio de largas guerras civiles en Libia, Yemen y Siria, al igual que la renuncia de Mubarak en Egipto (Fabani, 2013). En estos levantamientos populares tuvo una gran influencia la organización de origen egipcia, pero actualmente, está presente en todo el norte de África y los países árabes de Oriente Próximo conocida como la “Hermandad Musulmana” o los “Hermanos Musulmanes”. Fue fundada en 1928 por el profesor de educación elemental Hasan al-Bannā dentro del período denominado como “Egipto liberal”, una experiencia que Massimo Campanini en su libro “Historia de Oriente Medio: De 1798 a nuestros días” cataloga como un fracaso debido a la subordinación colonial de El Cairo respecto de Londres. El contexto en el que apareció y se desarrolló la Hermandad se corresponde con la difusión del nacionalismo secularista y el retroceso del discurso islámico, la derrota de los países árabes frente al recién creado Estado de Israel en 1948, entre los que se incluía Egipto; la crisis económica tras la Segunda Guerra Mundial que fue el detonante de intensas protestas sociales; la corrupción política y el sometimiento a los intereses británicos (Campanini,2004). Como contraposición a los espacios nacionalistas seculares de la época se presentaba el Islamismo, cuyo máximo exponente es dicha organización, que según Sergio Castaño Riaño en su artículo “La influencia de Catar en el desarrollo del Islam político en Europa y su impacto en España” se trata de una ideología que tiene como finalidad la instauración de una sociedad que esté regida por la ley islámica, regulando todos sus aspectos, desde la política hasta la economía. Desde su creación, la entidad ha despertado la desconfianza de varios gobiernos, convirtiendo a Catar en un refugio desde hace décadas para una multitud de clérigos vinculados a ella, principalmente originarios de Egipto, Siria, Libia o el resto de países del Golfo (Priego, 2015). Asimismo, y retomando la tesis de Sergio Castaño Riaño secundada por Paloma González del Miño, Catar habría establecido “una alianza estratégica” con este organismo islamista, motivado principalmente por su deseo de incrementar su presencia en la comunidad internacional mediante una táctica de distinción –ningún otro Estado confía en la Hermandad Musulmana–, y en un intento por librarse de la dependencia estadounidense que habría generado cierto malestar en algunos sectores de la población local (Roberts, 2014). Por lo tanto, resulta evidente que Catar busca promover bajo su liderazgo un modelo político basado en el Islam por todo el mundo árabe. Desde esta premisa, la primavera árabe ha supuesto un momento único para Catar, abriendo oportunidades de expandir su área de influencia. Siendo así, se explica el por qué habría tratado de impulsar en Egipto, Yemen, Siria, Túnez o Libia partidos políticos vinculados a los Hermanos Musulmanes, de ahí que Doha y el eje Riad-Abu Dabi se hayan visto sosteniendo a dos facciones antagónicas, resultando en el Bloqueo de Catar (2017-2021). A primera vista, una organización que se ofrece como alternativa política y promueve una islamización “desde abajo” (Campanini, 2004), haciendo partícipe a la población, conlleva un desafío para los regímenes monárquicos cuya legitimidad se asienta entre otros elementos, en la religión. Así lo han interpretado Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos quienes la declararon grupo terrorista en 2014 (Domínguez, 2018). Una pregunta que podría surgirle al lector sería: ¿Cómo es que Catar, siendo una monarquía de base islámica podría apoyar a la Hermandad Musulmana, sin sentirse amenazada por las pretensiones políticas del grupo? La verdad es que durante el período de revueltas iniciado a finales de 2010 en toda la región, Catar no experimentó disturbios a diferencia de otros países vecinos del Golfo, en gran parte por la existencia de un fuerte sistema clientelar que asegura un sólido estado de bienestar en beneficio de su reducida población nativa (Roberts, 2014). Además, desde hacía ya tiempo el gobierno había integrado en sus instituciones a miembros del movimiento (Priego, 2015). La crisis en el seno del CCG (2017-2021) y el Eje turco-catarí Las relaciones bilaterales de las monarquías árabes del Golfo con Irán son complejas, especialmente por la retórica antioccidental, antimonárquica y la pugna directa con Riad por la hegemonía regional. Sin embargo, el factor energético explica la conveniencia para Doha de mantener una bilateralidad estable, ya que comparte con Teherán el yacimiento de gas natural más extenso del planeta. El South Pars-North Dome, descubierto en 1990 (Aali, 2005) contiene aproximadamente 1.800 millones de pies cúbicos de gas utilizable, con capacidad de abastecer las necesidades mundiales durante más de una década (National Geographic, 2026; CN, 2026) La importancia de la cooperación en esta joya energética de titularidad conjunta ha traído resultados mixtos. Mientras ha servido como antesala para concertar espacios de diálogo sobre el programa nuclear de la República Islámica con los Estados Unidos, ha provocado fricciones con sus aliados en el CCG, especialmente Arabia Saudí, que ven en los ayatolás una amenaza latente para la región (Fromherz, 2017, citado por González del Miño, 2023) La política de respaldo a los Hermanos Musulmanes y la distensión con Teherán provocaron una grave confrontación en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo, con la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas y un embargo comercial por parte de Arabia, Emiratos Árabes, Baréin y Egipto (BBC Mundo, 2017). A este episodio reciente de la historia del CCG se le conoce como el Bloqueo de Catar, que durará desde 2017 hasta 2021, levantado con los acuerdos de Al Ula, que supondrá la retirada de las sanciones y el restablecimiento de la bilateralidad con los Al Thani. Durante su aislamiento del resto de aliados árabes, Doha buscó nuevos socios comerciales para compensar el cierre de la frontera con los saudíes, de quienes importaban alrededor del 40% de sus alimentos. Irán, Turquía e India aumentaron entonces sus exportaciones al país, mientras este promovía una política de autosuficiencia con el programa Agriculture Company of Qatar (Ali, 2021). En consecuencia, las relaciones con actores como Turquía, con los que el emirato refuerza su cooperación, han remodelado el balance de fuerzas en la región, un hecho representado por la aprobación en el Parlamento turco de una ley para el despliegue de tropas en Catar y el establecimiento del Comando de la Fuerza Conjunta Combinada Catar-Turquía en la base Tariq bin Ziyad (González del Miño, 2023), reforzando la presencia de Estambul en Oriente Medio y afianzando la diversificación estratégica catarí, vital para su autonomía. Relaciones con EE.UU. y mediación en el conflicto palestino-israelí Cuando se habla del constante intervencionismo de Estados Unidos en Oriente Medio, no puede obviarse su estrecha relación con Tel Aviv y su determinación a garantizar su seguridad. El compromiso de Washington con el Estado hebreo se resume en la definición de una posible normalización de las relaciones entre Riad y Beit Aghion como “un interés de seguridad nacional” en palabras del ex presidente Biden (Congressional Research Service, 2023). El acercamiento con la Casa Blanca cristalizó con el ya mencionado Primer Acuerdo de Cooperación de Defensa de 1992, que dio pie a la creación de la Base Aérea de Al Udeid – al suroeste de Doha–. Inaugurada en 1996 y capaz de albergar a unos diez mil efectivos, destaca por su papel central dentro del dispositivo militar estadounidense en Oriente Medio, constituyendo uno de los principales centros de operaciones aéreas del US Central Command. A ello se suma la relevancia logística de Camp As Sayliyah, consolidando al país como un nodo estratégico prioritario. De acuerdo con Alberto Priego Moreno en “Hamás: La franquicia palestina de los Hermanos Musulmanes”, el Movimiento de Resistencia Islámica, conocido internacionalmente como Hamás, es una organización vinculada a los Hermanos Musulmanes y por tanto suscrita al islamismo. Ha sido considerada como grupo terrorista por un gran número de países como Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes Unidos o Egipto. Igualmente, Castaño Riaño afirma que el gobierno catarí ha establecido contactos con Hamás, Hezbollah y el presidente Omar al Bashir con el objetivo de consolidar su independencia como actor internacional, actuando además de mediador en conflictos como el de Doumeira entre Eritrea y Yibuti, la consecución de la Paz de Darfur en 2011 o Somalia. Por otro lado destaca su esfuerzo por reconciliar a Fatah y Hamás, las facciones políticas principales en el territorio palestino (Zweiri y Al Qawasmi, 2021). Respecto al conflicto palestino-israelí, con sensibilidad por la causa de los primeros, Catar ha condicionado cualquier normalización de las relaciones con el Estado hebreo al establecimiento de un Estado palestino independiente y el respeto de las fronteras previas a 1967, en concordancia con la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe impulsada en 2002 (House of Commons, 2025), rechazando adherirse a los Acuerdos de Abraham en 2020. Desde 2012, Catar alberga una oficina política de Hamás como parte de un acuerdo con los EE.UU. del ex presidente Obama, bajo el pretexto de favorecer así que la comunicación se mantenga abierta para poner fin al conflicto (Al Jazeera, 2025). Los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar hebrea motivaron la mediación catarí para tratar de conseguir, al igual que con la Guerra de los 11 Días en 2021, un alto al fuego. Desde entonces ha alzado la voz con firmeza en desaprobación de la conducta del ejército israelí, condenando ataques contra civiles y desde el inicio de la guerra en 2023, ha denunciado ¨los intentos de desplazar por la fuerza al hermano pueblo palestino de la Franja de Gaza¨, responsabilizando exclusivamente a Israel por la escalada del conflicto y exigiendo la flexibilización del bloqueo de la franja para proteger a los ciudadanos, haciendo referencia al derecho internacional y el derecho internacional humanitario (Congressional Research Service, 2025). La administración Biden agradeció la intermediación de Doha en dos ocasiones –2023 y 2024–. Respecto al rol del Estado árabe del Golfo en el escenario internacional, el entonces ministro de Defensa del Reino Unido, James Heappey, afirmó en marzo de 2024 que Catar "ha sido un socio increíblemente útil en una gran cantidad de asuntos durante los últimos años" (House of Commons, 2025), como así lo evidencia la presencia de oficiales cataríes junto a Egipto y Estados Unidos en las fructíferas negociaciones de alto al fuego en noviembre de 2023 y principios de 2025, incluyendo la liberación de 250 presos israelíes (incluídos los cuerpos de los fallecidos) en manos del grupo islamista por 2.000 palestinos (Congressional Research Service, 2025). Ante las acusaciones de financiación encubierta de Hamás, el gobierno de Catar negó tales afirmaciones, argumentando haber destinado fondos calculados en treinta millones de euros mensuales durante los años previos para apoyar económicamente a las familias palestinas y el pago de salarios en el sector público (House of Commons, 2025). Conclusiones Desde el ascenso del Emir Hamad al liderazgo de Catar a mediados de los años noventa, se ha producido un crecimiento económico constante apoyado en las exportaciones de gas natural y licuado, acompañado por la búsqueda de autonomía respecto de Arabia Saudí mediante el alineamiento con EE.UU. y el inicio de una política exterior pragmática y autónoma, apostando por el respaldo a grupos marginados por los demás Estados y con una nueva visión del Islam que extender a todos los ámbitos de la sociedad en el mundo araboislámico. Sus vínculos con la Hermandad Musulmana y el acercamiento con Teherán han creado fuertes fricciones con sus aliados del Golfo en el pasado reciente, enfrentando un bloqueo que aprovechó para fortalecer sus lazos con terceros actores como Turquía y avanzar hacia la autosuficiencia. El actual emir desde 2013, S.A. El Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani ha continuado con las políticas de su padre y fortalecido la presencia internacional de Catar, ejerciendo como anfitrión de una infinidad de eventos deportivos de gran relevancia, entre los que destaca el Mundial de Fútbol de 2022. Asimismo, ha desempeñado un papel de mediador protagonista en el conflicto Hamás-Israel al mismo tiempo que ha defendido con firmeza la causa palestina. Catar puede ser descrito como un ¨pequeño Estado¨en tamaño y población, pero ha demostrado que sabe codearse entre las grandes potencias, ganándose su respeto, y que puede hacer frente a los desafíos con éxito, por muy complejos que sean.

La candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá fue presentada como algo más que una candidatura deportiva. En este sentido, se pretendía proyectar una imagen de cooperación regional, de capacidad de organizar un gran evento entre diferentes países y de apertura internacional de tres Estados con realidades políticas y problemas internos bastante distintos. Sobre el papel, el proyecto simbolizaba una plataforma de encuentro entre sociedades diferentes, economías interdependientes e incluso de sistemas políticos formalmente aliados. No obstante, la práctica está alejándose de lo previsto, pues lo que debía funcionar como escaparate está sirviendo para destapar ciertas incomodidades: concretamente la de una región políticamente fragmentada, atravesada por fronteras, tensiones internas y prioridades nacionales que se alejan del mismo horizonte. La cuestión migratoria aparece como el síntoma más visible de esa fractura. Un torneo que necesita movilidad, circulación internacional y confianza institucional se desarrollará en un contexto donde el cruce de fronteras, la concesión de visados o la entrada al territorio se han convertido en temas prioritarios y politizados, que embarran la visión de unidad que el deporte pretende difundir. Por eso, una buena lectura inicial del Mundial de 2026 es precisamente analizar de qué manera pueden estudiarse las relaciones y las diferencias entre Estados cuando organizan un evento. Si bien es cierto que en un torneo de este calibre se evalúa la capacidad organizativa de los anfitriones -de la que no se duda, ya que el Mundial será organizado por segunda y tercera vez en Estados Unidos y México respectivamente-, también habrá que observar qué contradicciones salen a flote cuando un proyecto global se apoya sobre realidades muy diferentes. La FIFA debe presentar el torneo bajo los valores de la deportividad, la diversidad y el respeto no solo sobre el papel, sino también sobre la forma de gestionar candidaturas multipaís. Por eso, más que confirmar una supuesta unidad norteamericana, el Mundial puede terminar mostrando los límites prácticos de esa unidad. La promesa original de 2018: el Mundial de Norteamérica Para comprender el trasfondo político de la gestión del torneo, es necesario regresar a su punto de origen: el momento en que Estados Unidos, México y Canadá se impusieron como candidatura conjunta en junio de 2018. En aquel momento, el Congreso de la FIFA eligió la candidatura multipaís por delante de Marruecos en una votación en la que no sólo se tenía en cuenta dónde se jugaría el torneo, sino también qué se quería proyectar con él. Además, cabe destacar que esta será la primera edición de un mundial con 48 selecciones, lo cual obligaba a exigir mucho más a quien acogiera el torneo. Precisamente, por ello la candidatura norteamericana era una opción cómoda. No porque estuviera exenta de problemas -ninguna candidatura así existe-, sino porque podía ofrecer algo importantísimo en el mundo actual, sobre todo para este tipo de eventos globales: infraestructura, mercado, economía y previsibilidad. Estados Unidos, México y Canadá se mostraban como opciones sólidas, tranquilas y estables, pues presentaban estadios existentes, experiencia, grandes ciudades conectadas, aeropuertos internacionales, tasas de turismo elevadas y una capacidad comercial frente a la cual Marruecos por ejemplo no podía competir. Frente a una Copa del Mundo ampliada, con más selecciones, partidos, aficionados, turistas, delegaciones y medios, la lógica de la candidatura multipaís cobraba fuerza, pues si el torneo crecía, la capacidad de sostenerlo también debía hacerlo. Tampoco era una novedad en sí la idea de una candidatura conjunta, ya en 2002 Corea del Sur y Japón albergaron el torneo con resultados positivos. El objetivo de la candidatura multipaís no es otro que repartir cargas, ampliar mercados y dar al torneo también una visión continental, en la cual la imagen de la CONCACAF saliera beneficiada. Ahí se encontraba el valor añadido de United 2026, en tanto que traía perfiles diferentes pero complementarios e integrados bajo una misma dirección. Todos tenían algo distinto que aportar para que fuera una candidatura lo más completa posible, y que además entraba de forma bastante holgada en los requisitos propuestos por la FIFA para ser sede. Es necesario detenerse en el hecho de que el organismo no valoraba únicamente el peso simbólico de las sedes, sino una serie de condiciones muy específicas: cumplimiento de los requisitos de candidatura, riesgos generales del proyecto y evaluación técnica. Esta última incluía aspectos como estadios, instalaciones para equipos y árbitros, alojamiento, transporte, telecomunicaciones, costes de organización, ingresos por entradas, hospitalidad, medios de comunicación y marketing. La FIFA busca, en el fondo, una especie de seguro de vida organizativo en el que un país con experiencia pueda sostener un Mundial con más países. El problema en este caso es que la fotografía prevista, como ocurre en muchas ocasiones en eventos de gran calibre, era más ordenada sobre el papel que en la práctica. Esa misma lógica explica las tensiones actuales. Como es más que evidente, organizar un mundial no consiste únicamente en asignar partidos, sedes y que comience el pitido inicial; implica coordinar fronteras, visados, seguridad, movilidad, gasto público, prioridades, problemas o contextos sociales que no siempre responden igual. Por ello, la gran promesa de 2018 ahora se empieza a tornar en un reto para la región. Problemas comunes, tensiones diferentes A partir de ahí, el Mundial de 2026 comienza a mostrar una brecha que no se había planificado en su momento: la candidatura conjunta no elimina los problemas internos y comunes de los Estados, los coloca en el mismo foco, los amplifica y los retransmite de forma mundial. El Mundial resulta especialmente relevante este año por ese mismo motivo: el torneo es uno, pero los problemas que lo rodean no responden a una única lógica. El primer problema común es la seguridad. En cualquier Mundial existe una preocupación evidente por proteger estadios, aeropuertos, hoteles, delegaciones, zonas de aficionados o desplazamientos. Sin embargo, en 2026 esta cuestión adquiere una dimensión mayor por la escala del torneo, por la cantidad de sedes y por la dispersión territorial, además de por las dinámicas globales, que incluso en torneos deportivos o culturales se hacen notar. Deben coordinarse operativos en tres Estados diferentes, con autoridades nacionales, regionales y locales que no funcionan de la misma manera y que incluso no tienen las mismas competencias. La seguridad deja así de ser un asunto técnico para convertirse en un problema político: quién coordina, quién paga, quién decide, qué margen se da a la protesta y hasta qué punto el orden público puede condicionar la imagen del torneo. En Estados Unidos, este tema aparece de una forma más extensa que en el resto de sedes. Al acoger la mayor parte de los partidos y albergar la mayor parte de sedes, es el país que asume también el mayor peso logístico y securitario. Hace semanas, Reuters informó de que las autoridades estadounidenses habían advertido de riesgos vinculados a amenazas extremistas, posibles ataques contra infraestructuras de transporte y disturbios asociados al clima político interno, al mismo tiempo que se habían producido retrasos en la entrega de 625 millones de dólares en fondos federales de seguridad para las ciudades sede. De hecho, incluso el país anfitrión con mayor capacidad económica y organizativa también queda expuesto ante tensiones institucionales, en las que se observa que el país arrastra también una política interior compleja marcada por la polarización, el control migratorio y la dificultad de coordinar agencias federales, estatales y locales en un mismo dispositivo. México presenta un problema diferente. Allí el Mundial no solo se interpreta como una celebración futbolística o como la tercera vez que organizan un Mundial tras 1970 y 1986. También funciona como un escaparate ante el que distintos colectivos han decidido colocar sus demandas. El caso de la CNTE es el más importante. El País informó de que la reunión entre el Gobierno mexicano y la coordinadora sindical, convocada para intentar evitar protestas durante la inauguración, terminó sin un acuerdo claro tras ocho horas de negociación. La cuestión no era realmente nada relacionado con el torneo, pues tenía relación con una mejora en las pensiones, en las condiciones laborales y en protesta al incumplimiento de promesas políticas, pero que el país estuviera envuelto en la organización de algo tan grande provocaba que esto fuera en sí un altavoz internacional que antes no tenía para defender su causa. Reuters también señaló que, durante la apertura en Ciudad de México, familias de desaparecidos, activistas y otros grupos utilizaron la atención mundial para hacer visibles problemas internos que llevan años atravesando al país. Canadá, por su parte, muestra una tercera dimensión del problema. En este caso, la controversia no se concentra tanto en la protesta social o en el control del orden público, sino en la legitimidad del gasto. Según la Oficina Parlamentaria de Presupuesto, el apoyo gubernamental total para los partidos del Mundial en Canadá se estima en 1.066 millones de dólares canadienses, de los cuales 473 millones procederían del Gobierno federal. Además, el propio informe calcula un coste aproximado de 82 millones por partido, ya que Canadá acogerá trece encuentros entre Vancouver y Toronto. Estos datos han alimentado una discusión bastante lógica: hasta qué punto merece la pena financiar con dinero público un evento del que FIFA obtiene la mayoría de los beneficios comerciales -aunque esto queda claro desde el momento en el que se acuerda el anfitrión-. Aun así, este último problema no es exclusivamente canadiense. La legitimidad presupuestaria es uno de los problemas más comunes de este torneo. La FIFA construye el torneo en torno a una lógica de enorme rentabilidad, pero buena parte de los costes prácticos acaban recayendo en administraciones públicas que luego no acaban recibiendo ingresos similares por tales inversiones. A esto se le suma otra cuestión común: el acceso ciudadano al torneo. Los altos precios de las entradas han convertido el Mundial en un evento difícilmente accesible, lo cual ha desembocado en investigaciones como las realizadas por las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey sobre prácticas de venta de FIFA. Conviene añadir además que las relaciones actuales entre los tres países no atraviesan precisamente su mejor momento. La candidatura nació bajo una imagen de cooperación, pero el Mundial llega en un contexto marcado por tensiones comerciales, la revisión del T-MEC, disputas arancelarias, políticas migratorias bastante diferentes de Canadá y México respecto a Estados Unidos y una relación cada vez más bilateralizada entre socios que, en teoría, comparten un mismo marco regional. El Mundial, a pesar de funcionar como una fotografía de unidad, no deja de involucrar tampoco las tensiones que se van viviendo de forma simultánea a la celebración del torneo. Migración y fronteras: la brecha principal del torneo Si algo necesita un mundial es movilidad en todos los sentidos. Futbolistas, aficionados, periodistas, árbitros, cuerpos técnicos, trabajadores, creadores de contenido, patrocinadores y delegaciones federativas deben moverse bajo las mismas condiciones en todos los territorios en los que se organice el evento para poder trabajar correctamente. A efectos prácticos, un torneo así solo puede funcionar si los Estados que lo acogen permiten una cierta fluidez de entrada, tránsito y permanencia. Pero se organiza en un lugar que convierte la entrada y permanencia en el país en objeto de disputa política. El problema no son las candidaturas multipaís: Corea del Sur y Japón son dos Estados con fronteras, políticas e intereses diferenciados y no ocurrieron altercados en 2002 relativos al tema. Por otro lado, cabe destacar que no existe una “visa FIFA” que coloque automáticamente a jugadores, árbitros, periodistas y cuerpo técnico por encima de las normas de cada Estado. Existen visados para deportistas, trabajadores, periodistas y otros perfiles muy concretos, pero en ningún caso significan un salvoconducto mundialista capaz de suspender la decisión de un Estado de acogerlo o no. De igual forma, una entrada puede permitir acceder al aficionado al estadio pero no al país. Ante esto, es cierto que Estados Unidos ha impulsado el sistema FIFA PASS para agilizar citas consulares de aficionados con entradas oficiales, pero el procedimiento sigue siendo igualmente tedioso. FIFA organiza el calendario, las fechas, las sedes e incluso en cierto punto la publicidad del torneo, pero la frontera sigue dependiendo del Estado. En este punto, es necesario destacar la actuación de Estados Unidos en la materia, apareciendo como el anfitrión más políticamente sensible y a la vez más estricto. Canadá mantiene también sus propios requisitos de entrada, y México no deja de tener los suyos, pero la gran presión migratoria se concentra en Washington, tanto por el número de partidos como por el contexto interno del país. Al mismo tiempo que sucede el Mundial, la Administración Trump ha endurecido su agenda migratoria hasta convertirla en uno de los pilares de su política interior, con una nueva financiación de 70.000 millones de dólares para ICE y la Patrulla Fronteriza, que se suma a una cifra total de 240.000 millones destinados a su campaña de deportaciones, por lo que la práctica política en el Mundial se preveía igualmente implacable. El caso de Irán es el que muestra mejor estas tensiones. Su selección, finalmente, se ha acabado instalando en Tijuana aunque sus partidos son en Estados Unidos. Esto viene debido a problemas con visados y, sobre todo, el contexto de tensión diplomática en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán. Precisamente, por eso mismo han intentado que sean los menos posibles los que viajen a los partidos que deban jugar en territorio estadounidense. Algunos miembros administrativos y federativos quedaron fuera. Incluso se llegó a hablar de que el equipo tendría que cruzar y regresar el mismo día de los partidos, aunque después las autoridades estadounidenses matizaron que podrían entrar el día anterior. Además, no solo acabaron en México por cercanía, sino porque específicamente Irán mantiene sus relaciones diplomáticas suspendidas desde 2012 con Canadá, con Ottawa manteniendo una línea muy dura contra el régimen iraní mediante sanciones y acusaciones vinculadas a la seguridad internacional, derechos humanos y apoyo a actores considerados terroristas. Por eso, la base en Tijuana recobra una importancia doble en este contexto. Irán no llega únicamente como selección nacional, sino como representación de un Estado atravesado por tensiones diplomáticas, rechazo de parte de su diáspora y acusaciones de instrumentalización del deporte. Otro caso polémico fue el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado uno de los mejores del continente africano. Sería el primer colegiado somalí en participar en la Copa del Mundo, pero fue rechazado al intentar entrar en Estados Unidos, pese a contar con todos los visados en regla y un pasaporte diplomático en vigor. Al pertenecer Somalia a la lista de países con prohibición de entrada a Estados Unidos, las autoridades alegaron problemas con la verificación de antecedentes para no dejarle entrar. La FIFA intentó mediar, pero terminó reconociendo sus límites: no decide sobre inmigración ni sobre seguridad nacional. Después, UEFA y CAF lo designaron para arbitrar la Supercopa de Europa, un gesto que funcionó casi como una reparación simbólica, pero el daño para el árbitro, para la imagen del torneo y para la propia credibilidad de la organización ya estaba hecho. A esto se suman otros como el del delantero iraquí Aymen Hussein, que fue retenido durante horas en el aeropuerto de Chicago, mientras que un fotógrafo de su selección acabó siendo rechazado, o el del presidente de la Federación Palestina, Jibril Rajoub, quien también denunció que no recibió visado estadounidense para asistir al torneo pese a estar en México durante la inauguración. Incluso los nuevos actores del fútbol global -influencers- han quedado atrapados en esta lógica, en el momento en que Estados Unidos ha advertido a los creadores de contenido extranjeros que no pueden entrar con visa de turista y producir contenido remunerado durante el Mundial, porque eso sería considerado trabajo. Además, todas estas circunstancias no dejan de formar parte de un debate interno en Estados Unidos, donde el ICE se ha convertido en una de las grandes fracturas sociales. Las denuncias por fallecimientos bajo custodia, las críticas a las condiciones en centros de detención, retiradas de ciudadanía a migrantes naturalizados y la falta de supervisión sobre los fondos migratorios no han cesado, ni tan siquiera con el inicio del torneo. Además, Estados como California han denunciado a la Administración Trump por estos hechos recientemente, sobre todo para evitar la construcción y apertura de otro centro sin la preceptiva supervisión. Muchas comunidades incluso ya miran al torneo con cierto recelo y vigilancia debido al endurecimiento progresivo de estas políticas. Al final de todo, la migración es la que mejor resume la contradicción política del Mundial de 2026, vendido como una fiesta global, abierta y diversa, pero en la que los Estados actúan desde la soberanía, la seguridad y el control propio sobre quién entra y bajo qué condiciones. El Mundial es cierto que exige una cierta movilidad común, pero no han logrado hacer una política coordinada, aunque no exista frontera común. No obstante, no se ha verificado ninguna acusación cruzada entre los diferentes países sobre la gestión migratoria del torneo, ya que el debate está en la calle y en los particulares, no en los despachos. De hecho, Marco Rubio y Roberto Velasco han reforzado la cooperación en esta misma materia de forma simultánea a la celebración del evento. Eso sí, la candidatura podrá ser conjunta, pero el relato de unidad norteamericana sigue deteriorándose debido a estas grandes diferencias de gestión. Aquí queda totalmente expuesto el talón de Aquiles de la FIFA. Durante años, el organismo ha construido una imagen de poder prácticamente global, capaz de convertir un torneo deportivo en una operación económica de alcance mundial. Sin embargo, 2026 plantea el aprendizaje del límite de la organización: funciona mientras no choque con la soberanía estatal, ante la cual no es autoridad alguna. El tema migratorio lo muestra perfectamente, pues la FIFA deja aquí de comportarse como una autoridad o un canal de comunicación, para pasar a depender exclusivamente de la voluntad, la gestión y la imagen de los organizadores, siendo totalmente fluctuante ante la política estatal -esto se comienza a dar en otros mundiales como Qatar 2022 o Rusia 2018 de manera más sutil, aunque sin tener que ver con el tema migratorio-. Su discurso puede ser universalista, pero su margen de actuación no lo es. Por eso este Mundial está siendo tan incómodo en ciertos aspectos: el mundo sigue partido por fronteras que se doblan hacia los intereses de quien las gestiona.

La intervención histórica del actual pontífice, León XIV, ante el Congreso de los Diputados, realizada el pasado 8 de junio en su visita a España, recuerda el papel que pretende ostentar el Vaticano ante un mundo cada vez más tenso, conflictivo e imprevisible. Frases como "La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo" o "Preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional" hacen entender que la Iglesia no se encuentra en absoluto al margen de las cuestiones que rodean y explican el mundo actual. La lectura que hoy realiza el Vaticano del mundo no tiene nada que ver con la que sostuvo durante buena parte de su historia. La Santa Sede lee el panorama como un actor moral, diplomático y global que observa los grandes conflictos desde categorías como la paz, la dignidad humana, el diálogo, el desarrollo, la justicia social y la mediación entre bloques enfrentados. Ese giro no vino de forma inesperada en pocos años, sino que se cimentó un largo proceso de adaptación al mundo contemporáneo, que comenzó de forma definitiva con Juan XXIII. Su pontificado fue breve, pero dejó una huella enorme y abrió la Iglesia al siglo XX mediante una apuesta por el diálogo en plena Guerra Fría. De Angelo Giuseppe Roncalli a Juan XXIII: una vida marcada por la diplomacia Angelo Giuseppe Roncalli, posteriormente Juan XXIII, nació el 25 de noviembre de 1881 en la provincia de Bérgamo, siendo el cuarto de trece hermanos. Recibió la confirmación y la Primera Comunión con nueve años, y con once ya ingresó en el Seminario de Bérgamo, donde estudió humanidades, filosofía y dos años de teología. Allí, con catorce años, ya era notoria la formación tanto personal como espiritual que recibía, escribiendo unos apuntes espirituales desde los catorce años. Con dieciséis ingresó en la Orden Franciscana Seglar, y en 1901 fue alumno del Pontificio Seminario Romano, y fue ordenado sacerdote poco después. Fue profesor de historia, patología y apologética en el Seminario. Su vida se vió altamente marcada por los acontecimientos geopolíticos que sucedían en su actualidad. En 1915, cuando Italia entró en la Primera Guerra Mundial, fue llamado al servicio como sargento de sanidad, capellán castrense y coordinador de la asistencia espiritual y moral a los soldados. Aunque no participó directamente en el combate, vivió la guerra desde una posición especialmente cercana al sufrimiento humano: la de quien acompaña a los heridos, consuela a los moribundos y observa, desde la mirada sacerdotal, las consecuencias más íntimas de la devastación bélica. Años después de la guerra, en 1925, fue nombrado Obispo, marchándose a Sofía el 25 de abril de ese año. Estuvo en Bulgaria hasta 1934, visitando las comunidades católicas y asistiendo en tragedias como el terremoto de 1928 de Sofía. Posteriormente, fue nombrado Delegado Apostólico en Turquía y Grecia, donde se caracterizó por su talante respetuoso y dialogante con ortodoxos y musulmanes en la naciente república turca. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se encontraba en Grecia, donde hizo una labor interesante de rescate de judíos y prisioneros de guerra, sirviéndose del “visado de tránsito” de la Delegación Apostólica. También sirvió de ayuda en los últimos meses de la contienda y los primeros de la paz, ya como Nuncio Apostólico en París, donde pretendió la normalización de la organización eclesiástica de la Francia de la posguerra, participando en las fiestas populares, manifestaciones religiosas y atendiendo las nuevas iniciativas pastorales hasta 1953, cuando lo nombran Cardenal y lo trasladan a Venecia. Así, a la muerte de Pío XII -pontífice marcado por la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de Guerra Fría-, Angelo Giuseppe fue elegido papa, tomando el nombre de Juan XXIII. Su pontificado fue breve en términos temporales -desde 1958 hasta 1963, a su muerte-, pero su obra sentó las bases para que la Iglesia Católica mirase hacia el mundo con otros ojos, porque eran con los que Angelo Giuseppe miró toda su vida. No solo fue el “Papa bueno”, sino también un hombre con una profunda experiencia internacional y una sensibilidad especialmente marcada hacia la paz, el diálogo y la dignidad humana. El mundo que le rodeaba: Guerra Fría, amenaza nuclear y la búsqueda de mediación Juan XXIII llegó al pontificado en un mundo profundamente dividido. Su elección, en 1958, no puede escapar de la coyuntura internacional marcada por la Guerra Fría, la consolidación de los bloques ideológicos y el temor incrementado de una guerra nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la hegemonía política y militar, y también por la capacidad de definir el futuro moral del mundo. Capitalismo liberal y comunismo soviético se presentaban como modelos incompatibles, mientras Europa permanecía partida en dos y buena parte de Asia, África y Oriente Medio atravesaba procesos de descolonización, inestabilidad y redefinición nacional. En este punto, la Iglesia Católica estaba ante una encrucijada histórica, debiendo decidir entre dos vías de interacción con el mundo. Para Roma, el comunismo seguía siendo una amenaza evidente. Esta afirmación se justifica sobre todo por lo que había ocurrido en muchos países donde los regímenes comunistas limitaron la vida religiosa, vigilaron a los creyentes y trataron de someter a la Iglesia al poder del Estado. En este punto, la línea de acción del Vaticano fue bastante plana, cerrada en un anticomunismo de corte defensivo. La reacción más cómoda habría sido atrincherarse: levantar más el muro, hablar solo en clave de condena y presentarse como el último refugio espiritual frente al ateísmo político. Esa posición podía entenderse en ciertos momentos, pero era una vía de supervivencia del catolicismo dentro de estos Estados, no una vía de influencia. Juan XXIII venía de otro recorrido. Había visto la guerra desde los hospitales militares, había tratado con soldados heridos, había vivido la diplomacia vaticana en países muy distintos y sabía que la realidad rara vez cabe entera en una consigna. Por eso su papado no puede explicarse solo desde la imagen amable del “Papa bueno”. Fue bueno, sí, pero no ingenuo. Su bondad tenía algo de experiencia acumulada, de cansancio ante los discursos duros y de conciencia de hasta dónde podía llegar el ser humano cuando la política se queda sin límites morales. Así, el pontífice entendió que la Iglesia debía cambiar el modo de hablarle al mundo. En plena Guerra Fría, donde buena parte de los discursos políticos empujaban a elegir bando y a endurecer el lenguaje respecto al contrario, él abrió una vía diferente, apostando por la distensión, la paz, el diálogo, la prudencia, la dignidad humana y desplazando la mirada más allá del centro europeo. El primer “papa geopolítico” Llamar a Juan XXIII el primer “papa geopolítico” podría ser una licencia exagerada si se piensa en la larga historia política del papado. Roma había tratado con reyes, emperadores, repúblicas, imperios y Estados modernos durante siglos. Pero en Juan XXIII apareció algo distinto, no se trataba de un soberano temporal ni trataba de imponer al Vaticano como una pieza más de la vieja diplomacia continental, más bien construyó la figura de un pontífice que comenzó a leer el mundo desde una escala más amplia y global, con debates actuales y preocupaciones como la convivencia entre sistemas irreconciliables, la descolonización, el hambre o la amenaza nuclear. Su importancia está precisamente en que supo desplazar el centro de la mirada. Juan XXIII observó la política internacional desde la perspectiva de la vida de las personas que quedaban atrapadas en los cálculos políticos de los líderes. Para él, detrás de cada conflicto no había solo gobiernos enfrentados, sino familias separadas, pueblos empobrecidos, creyentes perseguidos, trabajadores sin protección y sociedades enteras obligadas a vivir bajo el miedo. Esa sensibilidad no lo alejaba de la política; le permitía entrar en ella desde un lugar distinto. Su pensamiento buscaba recordar a los Estados aquello que la lógica del poder suele dejar fuera: que ningún orden internacional puede considerarse justo si sacrifica la dignidad humana en nombre de la seguridad, del progreso o de la victoria ideológica. Era necesario ir más allá del tipo de paz que se pretendía y preguntarse qué tipo de convivencia, qué tipo de desarrollo y qué tipo de relación entre pueblos podía impedir que la violencia volviera a presentarse como destino inevitable. Así, la paz se convirtió en una exigencia política concreta, en lugar de una consigna inocente. Esa mirada se hizo visible durante la Crisis de los Misiles de Cuba, en octubre de 1962. El mundo estuvo entonces más cerca que nunca de una guerra atómica. Kennedy y Jruschov medían cada gesto, cada movimiento naval, cada palabra. En ese clima, Juan XXIII lanzó un llamamiento público a los gobernantes para que no permanecieran sordos al clamor de la humanidad y evitaran una escalada irreversible. No era un gesto menor. El papa no disponía de divisiones militares ni de capacidad coercitiva, pero sí de una palabra que podía situarse por encima de los bloques. Su intervención no resolvió por sí sola la crisis, pero mostró el tipo de papel que el Vaticano podía desempeñar en el nuevo orden internacional. Por eso su pensamiento político se sostiene sobre tres ideas que atraviesan todo su pontificado: paz, dignidad humana y diálogo. La paz no como simple ausencia de guerra, sino como una forma justa de ordenar la convivencia. La dignidad humana como punto de partida de cualquier sistema político, económico o internacional. Y el diálogo como método, incluso cuando el interlocutor resultaba hostil, lejano o ideológicamente opuesto, pero sin hacer que se confundiera diálogo con debilidad. Su apuesta era más inteligente: si la Iglesia quería seguir hablando al mundo, no podía hacerlo únicamente desde la condena. Tenía que encontrar un lenguaje capaz de atravesar fronteras políticas, religiosas y culturales. Esa nueva forma de mirar se aprecia con claridad en Mater et Magistra, encíclica publicada en 1961, pieza clave para entender cómo la Iglesia comenzó a pensarse como una institución verdaderamente global. El título ya marca una intención: la Iglesia como madre y maestra, y como una presencia que acompaña, corrige, enseña y se preocupa por la vida concreta de las personas: habla del mundo rural, de la técnica, de la intervención del Estado, de los desequilibrios económicos, del acceso a los bienes, de la justicia social y de la distancia creciente entre pueblos ricos y pueblos pobres. Ahí está su dimensión más política. Mater et Magistra continuaba la tradición social abierta por Rerum Novarum, aunque la llevaba a un escenario político más amplio. La cuestión social ya no es solo la situación del obrero en las ciudades occidentales. Es también el campesino, el país subdesarrollado, la comunidad que queda fuera del progreso técnico, el pueblo que no participa de los beneficios del crecimiento. La Iglesia empieza a leer la economía internacional como un problema moral. No basta con que haya desarrollo; importa quién queda dentro del sistema, quién queda fuera y qué precio humano se paga por ese desarrollo. En ese sentido, Juan XXIII está interviniendo en uno de los grandes debates del siglo XX: cómo organizar una modernización que no sacrifique a los más débiles. También resulta importante entender qué era una encíclica en ese contexto. Formalmente, una encíclica es una carta del papa dirigida a los obispos, al clero y a los fieles. Mater et Magistra, de hecho, se abre dirigiéndose a los patriarcas, primados, arzobispos, obispos, sacerdotes y fieles del orbe católico. Pero en la práctica estos textos funcionaban cada vez más como cartas públicas. No eran artículos académicos ni discursos diplomáticos al uso. Eran documentos escritos desde la autoridad religiosa del papa, pero pensados para orientar una conversación mucho más amplia. En Juan XXIII se nota ese cambio: la encíclica conserva su forma eclesial, pero su contenido mira hacia la sociedad entera. De hecho, esa voz aparece posteriormente en Pacem in Terris, dirigida a “todos los hombres de buena voluntad”. El Concilio Vaticano II debe entenderse desde esa misma lógica. Juan XXIII lo convocó porque comprendió que el catolicismo necesitaba revisar su forma de estar en el mundo. El catolicismo estaba presente más allá de las fronteras del Viejo Continente: llegaba a África, Asia y América Latina; a países comunistas, democracias liberales, Estados recién independizados y sociedades de mayoría no cristiana. Por eso, si la Iglesia quería seguir siendo verdaderamente universal, tenía que aprender a mirar el mundo desde esa diversidad. Pacem in Terris: la encíclica del Papa frente al orden nuclear tras los misiles de Cuba Publicada el 11 de abril de 1963, apenas unos meses después de la Crisis de los Misiles de Cuba, esta encíclica fue la gran respuesta moral del pontífice a un mundo que había descubierto con claridad que la guerra ya no era solo una posibilidad política, sino una amenaza real de destrucción. Durante trece días, en octubre de 1962, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de una confrontación directa por la instalación de misiles soviéticos en Cuba y por la respuesta estadounidense mediante el bloqueo naval. Fue el momento en que la humanidad pudo imaginar su propio final en tiempo presente. Juan XXIII entendió la gravedad del momento. Su llamamiento del 25 de octubre fue una intervención inmediata y directa ante una crisis que había llevado al mundo a un callejón moralmente insoportable. Mediante un mensaje radiofónico emitido por Radio Vaticano, el pontífice pidió a los gobernantes hacer todo lo posible por evitar la guerra y continuar las negociaciones. En un momento en que las dos superpotencias medían sus decisiones desde la lógica de la presión estratégica, Juan XXIII introdujo el mensaje de que ningún interés político podía justificar que la humanidad quedara expuesta a una destrucción de alcance incalculable. El llamamiento del 25 de octubre anticipó buena parte del sentido de Pacem in Terris. Lo que en plena Crisis de los Misiles había sido una petición urgente para evitar la guerra, en la encíclica se convirtió en una reflexión más amplia sobre el orden internacional. Juan XXIII partía de una idea sencilla: la paz no podía depender solo del equilibrio entre potencias, ni del miedo a una destrucción mutua. Tenía que apoyarse en la dignidad de la persona y en unas condiciones reales de justicia entre los pueblos. Por eso la encíclica habla de verdad, justicia, amor y libertad como bases de la paz. Aunque el lenguaje sea moral, su alcance era también político. En plena Guerra Fría, reconocer derechos, rechazar la opresión y limitar la dominación de unos Estados sobre otros suponía cuestionar la lógica de bloques. Desde ahí se entiende su crítica al armamentismo: la acumulación de armas atómicas no ofrecía una paz firme, sino una amenaza constante. Al dirigirse a todos los hombres “de buena voluntad”, Juan XXIII presentaba la paz como una responsabilidad universal. En la era nuclear, ningún poder podía acostumbrar al mundo a vivir bajo la posibilidad de su propia destrucción. El nuevo lenguaje internacional de la Iglesia Juan XXIII muere el 3 de junio de 1963, finalizando un pontificado que no puede entenderse como un simple paréntesis entre etapas, ni por la simpatía que desprendió su figura, ni por la convocatoria del Concilio Vaticano II. Su peso real está en haber modificado el tono diplomático de la Santa Sede. Frente al comunismo, la Iglesia podía mantenerse, de forma lógica y cómoda, únicamente en la condena, pero Juan XXIII entendió que ese camino la dejaba cada vez más lejos de muchos pueblos y de muchas comunidades católicas que vivían bajo regímenes hostiles. Ahí germinó la posterior Ostpolitik vaticana. No fue todavía una política cerrada, porque serían Pablo VI y Agostino Casaroli quienes la desarrollarían con más claridad, pero sí apareció una idea nueva: hablar también con quienes parecían imposibles, mantener canales abiertos y proteger a los católicos sin convertir cada gesto en una ruptura. Para Juan XXIII, el diálogo no era una concesión ingenua, sino una forma de estar presente, de ganar margen y de evitar que la Iglesia quedara encerrada en una posición puramente defensiva. También por eso el apelativo de “Papa bueno” se queda corto si se entiende como una imagen amable, en la práctica fue una forma de autoridad. En un siglo acostumbrado a lenguajes duros, discursos absolutos y decisiones tomadas desde la lógica del miedo, Juan XXIII eligió un registro menos ruidoso, menos agresivo, pero con una clara lectura política. Se plantó ante la guerra nuclear precisamente así, con una palabra capaz de recordar que ningún Estado tenía derecho a convertir la seguridad en una apuesta sobre la destrucción de todos. No evitó por sí sola la guerra, pero sí comprendió que el poder también pasaba por la legitimidad, la mediación, el lenguaje o la capacidad de poner límites morales a los líderes políticos. Juan XXIII cambió la manera en que la Iglesia hablaba al mundo: dejó de hacerlo desde la distancia y empezó a hacerlo desde la escucha, la presencia y el diálogo.

Cada 29 de mayo se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, y más allá de su valor simbólico para rendir homenaje a su servicio, las operaciones de mantenimiento de la paz constituyen uno de los instrumentos más visibles mediante el cual la ONU ha intentado responder a conflictos, crisis y tensiones sin recurrir directamente a la guerra abierta. Esta fecha conmemora oficialmente el despliegue de su primera misión de mantenimiento de la paz en 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares para vigilar el cumplimiento del armisticio entre Israel y sus vecinos árabes, conocida como el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), que marcó el inicio del mantenimiento de la paz moderna. La creación de las Naciones Unidas tres años antes había generado la expectativa de que el nuevo organismo pudiera prevenir conflictos y mantener la seguridad internacional, pero las tensiones entre las grandes potencias y el estallido de crisis regionales mostraron rápidamente los límites de la diplomacia tradicional. En ese marco, el conflicto en Palestina y la guerra árabe-israelí de 1948 obligaron a la ONU a buscar una solución inédita: desplegar observadores militares para vigilar el cumplimiento del armisticio y evitar una nueva escalada de violencia. Su objetivo fue contener el conflicto y crear condiciones mínimas de estabilidad mientras se intentaba abrir espacio para soluciones políticas. Las misiones de mantenimiento de la paz surgen como mecanismos de supervisión internacional basadas en la neutralidad, por eso se establece que para ejecutar una misión se necesita la presencia en el terreno y el consentimiento de las partes. Y aunque en ese momento todavía no existían los cascos azules tal como se conocen hoy en día, sí se sentaron las bases de un modelo de actuación que buscaba contener los conflictos sin sustituir la soberanía de los Estados. Origen de los Cascos Azules Con el paso del tiempo, estas misiones fueron adquiriendo mayor complejidad y visibilidad. La imagen de los cascos azules comenzó a consolidarse especialmente a partir de la década de 1950, cuando la ONU decidió desplegar fuerzas multinacionales en situaciones de crisis internacionales. En estas operaciones, dependiendo de sus mandatos, se dispone de personal militar, policial y civil para ayudar a frenar la violencia, vigilar el cumplimiento de un alto el fuego, proteger a la población civil y crear condiciones para que el conflicto se transforme en una paz duradera. La primera misión de paz moderna conocida fue la FENU I, que se aplicó debido a la crisis del Canal de Suez de 1956. La decisión de nacionalizar el Canal por parte del gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser, provocó la reacción de Reino Unido, Francia e Israel, quienes respondieron mediante una intervención militar para recuperar el control de la zona. El conflicto generó una fuerte tensión internacional, porque mostró hasta qué punto las viejas potencias coloniales todavía intentaban conservar influencia en un mundo que ya estaba cambiando rápidamente. Ante el riesgo de una escalada inminente, la ONU decidió desplegar su primera gran fuerza militar internacional, La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era supervisar la retirada de las tropas para proporcionar estabilidad a la situación. A partir de entonces, la rutina de un Casco Azul va mucho más allá de la observación, su día a día implica patrullaje en zonas de alto riesgo, protección de civiles, o la supervisión de acuerdos de alto el fuego, además; actúan como escudos humanos en la entrega de asistencia humanitaria esencial, sirven como mediadores locales, e incluso dan apoyo a procesos de reconstrucción política, como la organización de elecciones, la transición institucional, o gestionan programas de desarme y desmovilización de excombatientes. Sin embargo, con este cambio surgió un problema logístico: la identificación. Las tropas que formaban esta fuerza de paz pertenecían a ejércitos de diferentes países, por lo que en el caos del frente de la batalla, era imperativo que los soldados de la ONU se diferenciaran del resto de las fuerzas británicas y francesas porque si no, corrían el riesgo de ser atacados por cualquiera de las partes. Convertir el azul en el símbolo de la paz El color azul no fue elegido por casualidad. Se trató de una referencia directa a la bandera de las Naciones Unidas, que ya utilizaba ese tono como símbolo de neutralidad, legitimidad y pertenencia a la organización. En un entorno de guerra y tensión diplomática, el azul funcionaba como una marca de reconocimiento inmediata, capaz de transmitir que esas tropas no representan a un Estado beligerante, sino a una misión multilateral con un mandato internacional. De ese modo, el color se convirtió en una extensión visible de las autoridades de la ONU. La adopción del casco azul también respondió a razones prácticas. En el terreno, los soldados necesitan una señal clara que permitiera diferenciarlos rápidamente de otras fuerzas militares y reforzar su identificación como personal de paz. En un principio, ante la falta de cascos pintados de fábrica, los primeros soldados tuvieron que cubrir sus cascos con boinas azules, o literalmente, pintar sus cascos de combate con spray azul. La visibilidad era importante no solo para la población civil, sino también para los actores armados y para los propios mandos de la operación. Con el tiempo, esa solución práctica adquirió un valor simbólico mucho mayor. El casco azul pasó a representar la idea misma de paz bajo supervisión internacional, así como el esfuerzo colectivo de la comunidad internacional por contener conflictos y proteger a la población civil. Su fuerza simbólica reside en que une dos dimensiones: la material, porque nace de una necesidad concreta en el terreno, y la política, porque expresa la voluntad de la ONU de actuar como garante de estabilidad. Así, un detalle de uniformidad terminó convirtiéndose en uno de los emblemas más reconocibles del sistema internacional. El casco queda al servicio de la seguridad, la coordinación y la presencia internacional. La dimensión política: el equilibrio entre la diplomacia y la fuerza ¿Cómo puede intervenir la comunidad internacional en un conflicto sin vulnerar la soberanía de los países involucrados? El mapa de herramientas de la ONU nos proporciona, a través de las palabras del Capítulo VI que, la resolución de cualquier controversia; deberá ser enfocada desde la negociación, la mediación y los buenos oficios diplomáticos. Luego, bajo el Capítulo VII, se permite el uso de la fuerza militar abierta para repeler una agresión bajo ciertas excepciones. Los Cascos Azules se posicionan en el limbo intermedio que los expertos bautizaron como el “Capítulo Seis Y Medio”. No iban a hacer la guerra, pero tampoco eran simples diplomáticos de corbata. Eran soldados armados cuya única misión era garantizar que las partes en conflicto cumplieran las treguas acordadas. A diferencia de otros países, se plantea una herramienta entre la diplomacia pura y la coerción armada. Los Cascos Azules operan bajo un estricto código de conducta que blinda la soberanía del país receptor mediante tres pilares. En primer lugar, exigen el consentimiento de las partes, lo que significa que la ONU jamás impone su presencia y solo pone en marcha la misión si el gobierno local y los actores principales firmaron una invitación formal. Segundo, debe existir una imparcialidad absoluta, que los obliga a actuar como árbitros neutrales encargados de vigilar el alto el fuego sin juzgar bandos. No deben juzgar quién es el “bueno” o el “malo” de la historia. Y por último, solo se les permite el uso mínimo de la fuerza, al punto de que sus armas disuasorias solo pueden ser utilizadas en situaciones extraordinarias de estricta legítima defensa. Para los líderes políticos del siglo XX, este marco normativo transformó las reglas del juego. Aceptar a los contingentes de la ONU no se percibía como una claudicación ni como la admisión de una derrota, sino como una salida honrosa para detener las hostilidades sin entregar la soberanía nacional a una potencia extranjera. Pero justamente, la misma arquitectura política que otorga legitimidad a los Cascos Azules es una de sus principales fragilidades, revelando los límites estructurales cuando el consenso internacional se quiebra. Como siempre, el talón de Aquiles de este sistema es que las fuerzas de paz son tan fuertes como la voluntad política que las respalda, y ya no es tan solo que el único órgano que puede autorizar su ejecución es el Consejo de Seguridad, el cual siempre se ha visto paralizado, especialmente en tiempos de la Guerra Fría, sino que también se le suma la trampa del consentimiento y la dependencia absoluta del Estado anfitrión, un factor que puede volatilizar una misión de la noche a la mañana. El precedente histórico ocurrió en 1967, cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser exigió la salida inmediata de la FENU de la península del Sinaí. Las Naciones Unidas no tuvieron más remedio que acatar la orden y marchar, un vacío de poder que desencadenó casi de inmediato la Guerra de los Seis Días. Esto demostró que los peacekeepers operan bajo un permiso que en cualquier caso cuando la tensión sea muy alta, puede ser revocado. Finalmente, el sistema también choca contra su propia naturaleza operativa, pues los Cascos Azules están diseñados para mantener la paz, no crearla. ¿Cómo funcionan las misiones de paz? Es importante aclarar que no todas las misiones de paz son las mismas. Para evitar realizar una lectura simplificada del funcionamiento de la ONU, debemos distinguir con claridad entre las operaciones de “peacemaking” o establecimiento de la paz, “peacekeeping” o mantenimiento de la paz, “peacebuilding” o consolidación de la paz, y por último “peace enforcement” o imposición de la paz, porque no son sinónimos y responden a lógicas distintas en cuanto a la intervención internacional. El peacemaking actúa durante el conflicto, estas misiones entran en acción para detener los combates y utilizan los medios establecidos bajo el Capítulo VI de la Carta de la ONU, no verás soldados sobre terreno, sino más bien, diplomáticos, mediadores, abogados y observadores políticos. Los Cascos Azules entran formalmente durante el peacekeeping, el cual se basa en los principios mencionados anteriormente: consentimiento, imparcialidad y uso limitado de la fuerza, y se busca preservar la frágil estabilidad lograda por los diplomáticos. Por su parte, el peacebuilding se orienta a largo plazo del conflicto, buscando transformar las causas estructurales del conflicto mediante el fortalecimiento de la capacidad estatal, la promoción del Estado de derecho y el apoyo a procesos de reconciliación social y política. La presencia de Cascos Azules es mixta, porque se prioriza la actuación de agencias civiles como PNUD, UNICEF o ACNUR. En cambio, el peace enforcement implica una actuación mucho más coercitiva, la cual a través de la autorización puede imponer medidas coercitivas y restaurar la seguridad incluso sin el consentimiento pleno de los actores implicados, por lo que no se utilizan los soldados azules. A pesar de todo esto, la realidad es que las resoluciones que establecen el mandato de dichas misiones suelen situarse en una zona intermedia y bastante ambigua, donde se puede dar libertad de poner en uso cualquier medio bajo la Carta para solucionar dicha disputa sin definir con suficiente precisión las prioridades, los límites del uso de la fuerza o los criterios de éxito. La consecuencia es una brecha enorme entre el lenguaje normativo de la ONU y su capacidad real de implementación. Con datos actualizados a finales de marzo de 2026, el alcance global es de 11 misiones de mantenimiento de la paz y más de 50,000 efectivos desplegados, conviene analizar este dispositivo como una mediación limitada por el diseño institucional del sistema internacional. El precio de la paz en las Naciones Unidas El escenario actual en el sur de Líbano demuestra que la razón fundamental por la que se crearon las operaciones de paz hace casi ocho décadas sigue estando vigente hoy más que nunca. En la frontera que divide a Líbano de Israel, conocida como la Línea Azul, la misión de la FPNUL se encuentra en el epicentro de un conflicto activo y devastador. Lejos de operar en un entorno de posguerra o de tregua consolidada, los Cascos Azules desplegados en la zona sufren hoy el impacto directo del fuego y los ataques con tanques por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, en medio de su ofensiva contra las milicias de Hezbolá. Este tenso escenario evidencia que, cuando la diplomacia falla, los soldados de la paz siguen siendo el único escudo internacional que se interpone físicamente entre dos ejércitos. Y es por ello, que precisamente debido a la naturaleza de la labor de los cascos azules, se les honra y celebra su creación. Este asedio en Líbano no es un hecho aislado, sino la continuación de una peligrosa dinámica donde la bandera de la ONU se ha convertido en un objetivo. El atentado del Canal Hotel en Bagdad en 2003, donde un camión bomba mató a 22 funcionarios, incluido el enviado Sergio Vieira de Mello, destruyó la ilusión de la inmunidad humanitaria. Vieira de Mello era el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Representante Especial del Secretario General en Irak. Considerado por muchos como el sucesor natural al frente de las Naciones Unidas, debido a sus grandes hazañas logrando la paz en Camboya, Bosnia, Kosovo y Timor Oriental, murió bajo los escombros de la sede de la ONU perpetrado por una célula que más tarde daría origen a Al Qaeda en Irak. Este ataque forzó a la organización a reescribir por completo todos los protocolos de seguridad global de las misiones de paz. Sin embargo, la misma hostilidad asimétrica ha cobrado vidas en otros rincones del planeta, como ocurrió durante los ataques violentos y emboscadas a las patrullas oficiales en el distrito de Adjame, en Costa de Marfil, donde milicias locales asaltaron a los contingentes internacionales. La tragedia de verse atrapados entre el fuego cruzado evoca el trauma histórico del Genocidio de Ruanda en 1994. En aquel año, la misión de la ONU (UNAMIR) personificó la impotencia absoluta al verse obligada a presenciar el exterminio de casi un millón de personas sin la autorización política ni los medios militares para intervenir, atada de manos por el Consejo de Seguridad que se negó a cambiar su mandato e incluso retiró las tropas tras el brutal asesinato de diez Cascos Azules belgas. Actualmente, estas experiencias resuenan más que nunca en las misiones como la UNISFA en la región petrolera de Abyei (Sudán y Sudán del Sur), la MONUSCO al este de República Democrática del Congo y la MINUSCA en la República Centroafricana, las cuales se han convertido en auténticos frentes de combate. Especialmente, al este de Congo, el resurgimiento de violentos ataques entre el ejército congoleño y el grupo rebelde M23 ha dejado a las fuerzas de paz en una situación límite. Desde el año 2000, se han contabilizado 992 fallecimientos en total, disparándose de manera exponencial a partir del 2011. Estas crecientes pérdidas humanas son un recordatorio de que la misión original de 1948 no ha caducado, al contrario, demuestra que el uniforme azul paga el precio de la estabilidad global. No solo es necesario conmemorar el nacimiento histórico de las operaciones de paz en 1948, sino que también es recordar que representan un doloroso pero necesario acto de memoria colectiva: el momento de despedirse de un colega, de llorar a los compañeros caídos en cumplimiento del deber y brindar un homenaje sincero a la vida. Recordar a los más de 4,500 cascos azules que han perecido en acto de servicio es el recordatorio más humano de que la paz internacional se construye día a día, con el sacrificio de quienes decidieron interponer sus propios cuerpos para salvar las vidas de los demás.

El país que llega a las urnas: historia reciente e identidad fragmentada Armenia celebró el pasado 7 de junio de 2026 sus primeras elecciones parlamentarias regularmente programadas desde 2017. Estas, no han sido unas elecciones ordinarias. Ha sido, en esencia, un referéndum estratégico sobre la orientación geopolítica del país, donde se decidía el giro hacia Occidente o el retroceso a la órbita moscovita. El principal punto de ruptura fue septiembre de 2023. Tras décadas de un conflicto larvado, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar de 24 horas sobre el Nagorno-Karabaj y recuperó su control total. Más de 100,000 armenios de Karabaj huyeron hacia Armenia en días. El episodio generó un trauma nacional de primer nivel: la pérdida definitiva del territorio que la identidad nacionalista armenia contemporánea consideraba inseparable de su supervivencia como pueblo. El impacto político, como era de esperar, fue inmediato. Pashinyan fue señalado por numerosos sectores como responsable de la derrota. La oposición, alineada con Moscú, argumentó que el alejamiento de Rusia había dejado al país desprotegido frente a los intereses de Bakú. Pashinyan respondió con una lectura diferente: los “peacekeepers” rusos no intervinieron en 2023 aunque eran el garante formal. El fracaso de Rusia como garante de la seguridad armenia fue el argumento, siendo precisamente la razón para girar el país hacia Occidente –hecho que también cohesionaba la política exterior armenia, cada vez más cercana a la Unión Europea–. Esta fractura ha sido el eje central de la campaña y el verdadero terreno de disputa del pasado día 7. El sistema electoral armenio: proporcionalidad, umbrales y garantías Armenia es una república parlamentaria desde la reforma constitucional de 2015. El presidente tiene funciones ceremoniales; el primer ministro es elegido por mayoría parlamentaria y es quien ejerce el poder ejecutivo real. El sistema se basa en la representación proporcional de lista cerrada a escala nacional. Para ello, se siguen una serie de normas. En primer lugar, el umbral de partidos según el artículo 95 del Código Electoral (2020) exige que mínimo cuenten con un 5% de votos válidos emitidos en unos comicios para obtener representación parlamentaria. Asimismo, para formar coaliciones, se precisa de un mínimo del 7% de los votos emitidos en caso de ser dos partidos o un 9% en caso de alianzas de tres o más grupos políticos. A ello, se suma una cláusula al artículo 95 cuanto menos curiosa: si tan solo dos partidos superan el umbral del 5% de votos, el tercer partido más votado ingresa en el Parlamento automáticamente –independientemente de cuántos sean sus votos–. Además, si el ganador obtiene la mayoría de votos pero menos del 54% de los escaños parlamentarios, se le asignan escaños extra hasta ese techo –artículo 89 de la Constitución y artículo 96 del Código Electoral–. Por otro lado, hay un porcentaje de un mínimo del 30% de candidatas en cada lista electoral para luchar contra las barreras de género nacionales –Arts. 83 y 84 del Código Electoral–. En último lugar, la Constitución armenia establece en sus artículos 149 a 151 que la formación de gobierno depende de la mayoría parlamentaria, quién nombra al primer ministro, ratificado formalmente por el presidente de la nación. Los actores principales: programas, perfiles e ideologías Las siguientes clasificaciones ideológicas constituyen aproximaciones analíticas destinadas a facilitar la comprensión del sistema político armenio mediante categorías propias de la política comparada europea occidental. No deben interpretarse como equivalencias estrictas, ya que los partidos en Armenia operan en un contexto institucional, histórico y geopolítico distinto, donde las divisiones ideológicas no siempre se corresponden con los patrones de competencia partidista habituales en Europa Occidental. Partido: Contrato Civil – Nikol Pashinyan (gobernante desde 2018) - Centroderecha Pashinyan, periodista y activista de 51 años, en 2018 la única revolución democrática pacífica de Armenia (Revolución de Terciopelo de 2018) desde su independencia. Llegó a las elecciones de 2026 con el lema “Defiende la paz”, articulado en torno a tres ejes principales: la paz con Azerbaiyán (Trump propició en agosto de 2025 el preacuerdo Pashinyan-Aliyev), la integración europea (ley de aspiración a la UE aprobada en 2025 con apoyo público de Von der Leyen al ministro armenio días antes de la votación), y el alejamiento de la OTSC, de la que Armenia ya ha suspendido su participación. El gobierno del Contrato Civil, ha sido duramente criticado principalmente por su gestión en materia de seguridad y política exterior, especialmente por la guerra del Nagorno-Karabaj de 2020, percibida como una derrota estratégica que evidenció deficiencias en la preparación militar y diplomática armenias. A ello se suma la pérdida definitiva de control armenio en la región en 2023, interpretada como el gran fracaso del Estado para garantizar la protección de la población local. También se le reprocha haber debilitado su tradicional relación de seguridad con Rusia sin haber consolidado alianzas alternativas efectivas. En el plano interno, el gobierno enfrentaba además una fuerte polarización política, protestas y críticas por la falta de lucha contra la corrupción y la modernización institucional. Partido: Armenia Fuerte – Samvel Karapetyan (oposición pro-rusa) Centroderecha Registrado en enero de 2026, Armenia Fuerte es el fenómeno opositor. Su fundador, Karapetyan, multimillonario con ciudadanía rusa, fue detenido en 2025 acusado de incitar al derrocamiento del gobierno armenio tras apoyar a la Iglesia Apostólica en su conflicto con el ejecutivo. Dirigió la campaña desde el arresto domiciliario. Su plataforma: defensa de la Iglesia, rechazó el acuerdo con Azerbaiyán, se focalizó en la protección de los desplazados de Karabaj y busca una nueva relación estable con Moscú. Partido: Alianza Armenia – Robert Kocharyan (oposición pro-rusa) Derecha Expresidente de Armenia (1998 a 2008) y cercano a Putin. Líder de la oposición parlamentaria a la legislatura de Pashinyan y el mayor crítico de la gestión del Karbaj con el gobierno. El partido encabeza el bloque Hayastan, que convocaba en las encuestas alrededor del 9% de los votos, justo en el límite del umbral para alianzas. Partido: Armenia Prospera – Gakik Tsarukyan (oposición oligárquica) Centroderecha Magnate de la construcción y aliado formal del partido ruso Rusia Unida. Activo desde 2004 y con una estimación en encuestas del 4 al 6% de votos (cerca del umbral mínimo para la obtención de escaños). Pashinyan lo ha llegado a comparar varias veces en campaña con Lukashenko (dictador bielorruso) e históricamente ha sido un partido muy pragmático en la formación de alianzas. Partido: Democracia, Derecho y Disciplina – Vardan Ghukasyan – Derecha Apareció como sorpresa en los sondeos, con un 13% de estimación de voto motivado por el nacionalismo cívico, el populismo antiélite, el pragmatismo geopolítico, el respeto a la ley y el orden y el conservadurismo social, posicionándose como una alternativa de centro tecnocrático. Finalmente, no superó el umbral según los datos definitivos, lo que constituyó una de las sorpresas del escrutinio. La campaña más sucia de la década: escándalos, arrestos y desinformación La campaña armenia ha estado plagada de “juegos sucios” entre partidos. Así pues, el episodio más grave fue la detención de Sambil Karapetyan bajo arresto domiciliario, acusado de incitar al derrocamiento del orden constitucional tras apoyar a la Iglesia Apostólica en su enfrentamiento al gobierno. La oposición calificó el arresto de montaje político. Además, dos miembros del mismo partido también fueron puestos bajo supervisión administrativa por presunta compra de votos. Por otro lado, el segundo candidato de Armenia Prospera, Andranik Tevanyan, fue detenido bajo cargos de traición y espionaje, provocando un escándalo político mayúsculo. La oposición denunció que el Servicio de Seguridad Nacional fabricaba casos contra figuras incómodas antes de la votación y de servir al ejecutivo. Asimismo, la policía desarticuló días antes de las elecciones una red de compra de votos en Artashat, provincia de Ararat, vinculada a Armenia Fuerte. Pagos de entre 50,000 a 200,000 drams –unos 116 a 467 euros– por voto. El Comité de Investigación de Armenia abrió en total 59 causas penales relacionadas con presunta irregularidades electorales, incluyendo casos de voto múltiple, lo que no favoreció a la confianza en el partido días antes de los comicios. Por su parte, Reuters reportó el 29 de mayo que Rusia estaba conduciendo una campaña encubierta para socavar la reelección de Pashinyan: desinformación en redes, apoyo económico a candidatos pro-rusos y un plan para trasladar a decenas de miles de armenios residentes en Rusia para influir en los resultados finales. Bot Boclker calificó la operación como la segunda mayor campaña de desinformación estatal en la Europa moderna, solo superada por las elecciones de Moldavia en 2025. Los “novios” de Armenia: hablemos del tablero geopolítico (Rusia, UE, EEUU y Azerbaiyán) Para Moscú, las elecciones de 2026 representaban el riesgo de perder una pieza clave en su sistema de influencia postsoviética. Ereván alberga una base militar rusa en Gyumri, forma parte de la UEEA y tiene más de un millón de ciudadanos (la población armenia en territorio nacional es de 2,93 millones, mientras que en el extranjero es de 7 millones) en Rusia con derecho a voto. Desde la suspensión de la OTSC y la adhesión al Estatuto de Roma en 2023 –que implica que Putin debería ser detenido en suelo armenio–, Moscú respondió con presión económica: restringió importaciones, especialmente agroalimentarias; provocando una contracción comercial, desequilibrando todavía más la balanza comercial de exportaciones armenia en favor de Rusia, llegando a perder casi 3 mil millones de euros –en torno al 10% del PIB– en beneficios tan solo en 2025. Sin embargo, Armenia ha logrado dar el sorpaso a Rusia, alcanzando niveles de PIB récord hasta llegar a los 26 mil millones de dólares a precios actuales –motivado también por una relocalización de empresas en el territorio tras el estallido de la guerra ruso-ucraniana–. Mientras, la Unión Europea se ha mostrado como el mayor apoyo a Ereván. Visitas oficiales, elogios personales y una mayor penetración económica han promovido la reapertura de rutas comerciales como muestra de progreso. La UE, además, ha desembolsado fondos de apoyo presupuestario y firmado un Acuerdo de Asociación que la Comisión ha tratado como preludio de una futura candidatura de adhesión –similar a la relación que Bruselas había establecido con Georgia hasta la llegada de Kobakhidze– , provocando un respaldo directo a Pashinyan, principalmente promocionado por Francia. Por su parte, el Secretario de Estado Marco Rubio visitó Ereván el 26 de mayo de 2026 para firmar acuerdos de cooperación en minerales críticos –litio, cobre y oro–. El marco bilateral se bautizó como TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), precidido por el encuentro de Pashinyan y Aliyev en la Casa Blanca durante el agosto de 2025, donde Estados Unidos se posicionó como nuevo garante del orden regional en el Cáucaso. El alineamiento con Washington con Bruselas en favor de Pashinyan ha sido un episodio infrecuente de convergencia transatlántica bajo la presidencia de Trump, pero una oportunidad coetánea favorable a la desarticulación de la influencia rusa en una región geopolítica con alta proyección (cercana a Rusia, Turquía, Irán, Oriente Medio, Asia Central y no muy lejana de China; con presencia de recursos energéticos (gas y petróleo), enclaves militares y antiterroristas; y rutas logísticas-comerciales emergentes). Mientras, el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, iniciado pero no firmado, es la gran apuesta geopolítica del primer ministro armenio. Implicará el reconocimiento armenio definitivo de la soberanía azerí sobre Karabaj, la reapertura de corredores de transporte y la normalización diplomática. Para sus defensores es la única vía para estabilizar la frontera y abrir el corredor hacia Turquía. Para los detractores y desplazados de Karabaj –más del 3% d la población– es una traición sin precedentes, considera como humillación y violación de la sberanía histórica. Por último, en 2026, las relaciones entre Armenia, Georgia y Turquía se basan principalmente en una lógica de interdependencia económica y logística más que en una afinidad política. Armenia y Georgia mantienen una relación funcional y relativamente estable porque Georgia actúa como el principal corredor de salida de Armenia hacia mercados internacionales, lo que convierte la cooperación en transporte, energía y comercio en un interés estructural para ambos, pese a las diferencias políticas internas y a la fragilidad general del Cáucaso Sur. Finalmente, entre Armenia y Turquía persiste un proceso de normalización incompleto y condicionado, con contactos diplomáticos y cierta apertura económica limitada, pero sin plena normalización fronteriza, que sigue cerrada en la práctica y supeditada al desenlace del conflicto Armenia–Azerbaiyán. Turquía y Georgia, por su parte, mantienen una relación estable centrada en energía, infraestructura y tránsito regional, lo que refuerza el papel de Georgia como nodo estratégico del Cáucaso y fuerza a Armenia a entablar relaciones coordinadas con Tbilisi. En conjunto, el sistema regional es flexible pero frágil, marcado por corredores de conectividad más que por bloques políticos consolidados. El escenario previo a las elecciones: lo que estaba en juego Las encuestas situaban al Contrato Civil en torno al 74% de los votos. Asimismo, había tres escenarios posibles: una victoria amplia con mayoría absoluta propia, un resultado ajustado que obligase a una coalición o una victoria impugnada. Las incógnitas eran la concentración del voto opositor –si Armenia Fuerte y DOK superaban el umbral del 5% –, la movilización de la diáspora armenia-rusa y el alcance real de la operación de desinformación de Moscú en el país –que ya había observado lo sucedido en Rumanía y Moldavia–. Lo que estaba en juego era también un triángulo de factores: el futuro acuerdo de paz con Azerbaiyán, la adhesión al proceso de integración europea (a nivel regional deteriorado por la congelación de negociaciones con Georgia) y la ya débil salud democrática de la propia Armenia, cuyo gobierno había acumulado durante la campaña advertencias internacionales de retroceso institucional procedentes incluso de observadores afines a Pashinyan. Resultados oficiales: Pashinyan consolida la mayoría La Comisión Electoral Central de Armenia publicó los resultados preliminares definitivos el lunes 8 de junio de 2026, tras el escrutinio de la totalidad de las mesas electorales del país (2,005 mesas). En unos comicios con una participación del 58,89% –un 9,5% superior a la previa– el partido Contrato Civil obtuvo el 49,81% de los votos válidos –1,459,455 votos– , lo que activaría la cláusula de mayoría estable del Código Electoral armenio y le asignó 57 de los 105 escaños (el número de escaños es de al menos 101 y aumenta cuando se requiere la asignación de escaños adicionales) de la Asamblea Nacional, expulsando al partido Alianza Tengo Honor. Partido Votos (%) Votos en números y variación Escaños (101 totales) Contrato Civil 49,81% 727,820 (+5,9%) 64 (-7 escaños) Armenia Fuerte 23,3% 340,088 29 (+29 escaños) Alianza Armenia 9,9% 145,113 (-46%) 12 (-17 escaños) Armenia Prospera 4,0% - - DOK menos del 5% - - (*) La cláusula de mayoría estable garantiza a Contrato Civil el 54% de los escaños (57 de 105 como mínimo); con 64 ya supera ese techo sin necesidad de bonificación adicional. (*) Armenia Prospera quedó a un punto del umbral del 5%, lo que supuso su exclusión parlamentaria. Al haber tres fuerzas que superaron el umbral, la cláusula de garantía de representación mínima no fue necesaria. Participación y geografía del voto La participación fue del 58,89% con más de 1,4 millones de votos emitidos: la cifra más alta desde las elecciones de 2018 (60,88%). El incremento respecto a 2021 –49,39% – fue de casi diez puntos porcentuales, lo que sugiere una mayor movilización tanto del electorado favorable al gobierno como de la oposición. Siugniq registró la mayor participación regional (66,67%) y Gegharkunik la más baja (54,6%). Ereván, con el 58,46%, se alineó con la media nacional. La “alta” participación favoreció al oficialismo, históricamente mejor implantado en el voto urbano de clase media. Incidentes y denuncias Como hemos mencionado, el Comité de Investigación abrió 59 causas relacionadas con irregularidades durante la jornada electoral, incluyendo casos documentados de voto múltiple. Asimismo, la policía armenia habría detenido a 14 personas por infracciones electorales antes de las 17:00 horas locales, y seis candidatos de Armenia Fuerte fueron arrestados el día previo a la votación. Se reportaron además cortes de luz en varios colegios electorales después del cierre de las mesas, aunque el director interino de Redes Eléctricas de Armenia confirmó el restablecimiento del suministro supuestamente antes de que comenzaran los recuentos. La oposición impugnó los resultados desde el mismo momento en que se publicaron. Karapetyan calificó las elecciones de vergüenza y denunció irregularidades sistémicas, acusando al gobierno de fabricar los casos penales contra miembros de su partido para desorganizar su estructura electoral. El Contrato Civil y las autoridades electorales rechazaron las impugnaciones. Observadores de la OSCE/ODIHR y del Consejo de Europa estaban presentes y su valoración definitiva estaba pendiente de publicación en el momento del cierre de los análisis electorales finales. Análisis postelectoral: lo que dicen los resultados El resultado del 49,81% es una victoria clara e incuestionable en términos aritméticos: Pashinyan obtiene una nueva mayoría absoluta de escaños sin necesidad de coalición y con una ventaja significativa sobre el segundo partido. Es, en ese sentido, el mejor resultado posible para el oficialismo: un mandato renovado y aunque no reforzado, le da base parlamentaria suficiente para gobernar otros cuatro años, cerrar el acuerdo con Azerbaiyán y acelerar políticas alineadas con la integración europea. Se espera pues, un alineamiento Washington-Bruselas-Ereván, una nueva era Ankara-Ereván-Bakú y un cambio de paradigma con Moscú, Pekín y posiblemente Tbilisi. No obstante, el resultado revela tensiones que un simple porcentaje no captura. El 23,3% de los armenios han optado por un partido fundado hace cinco meses, cuyo líder estaba bajo arresto domiciliario y cuya estructura fue golpeada por detenciones en los días previos al voto. Esto no es una anécdota, es un indicador de una fractura social profunda y persistente, exacerbada si cabe por la campaña sistemática de deslegitimación por parte del gobierno. El fracaso de la oposición coordinada La oposición pro-rusa no ha conseguido su objetivo máximo: desplazar al gobierno o forzarle a una coalición incómoda. Pero tampoco ha sido aplastada. Con Armenia Fuerte y la Alianza Armenia, las fuerzas opositoras conjuntas suman un tercio del parlamento, con más del 33% de los votos. El fracaso es parcial, pero también, consecuencia de una propia fragmentación: si Karapetyan, Kcharyan y Tsarukyan hubieran presentado una candidatura unificada, quizás las cifras del escrutinio habrían representado un escenario distinto. Sin embargo, la disputa de egos, intereses económicos y tradiciones políticas incompatibles impidió esa concentración. La exclusión de Armenia Prospera por un punto de diferencia respecto al umbral mínimo del 5% es emblemática: Tsarukyan ha acabado pagando el precio de no haber podido articular una alianza con ninguna de las otras fuerzas opositoras, y deja fuera del Parlamento a un sector político con base social real. Que el Parlamento haya quedado reducido a tres fuerzas y no a cuatro o cinco simplifica la gestión parlamentaria –ciertamente interesante para un país con las características armenias o en emergencia–, pero debilita a una oposición, dejando numéricamente fragmentada a la posibilidad de cambio. El fracaso de DOK y la sorpresa que no fue El partido DOK, que en encuestas de finales de mayo aparecía con hasta el 13% de los votos, no superó el umbral necesario –algunos acusan de una posible operación de desinformación rusa que dotaba al partido de un voto mayor al real, para debilitar el voto hacia el oficialismo; mientras, otros creen que los datos de los resultados finales están dopados y no se corresponden con la realidad–. Su colapso es un fenómeno a analizar, ya que sugiere que el espacio de centro tecnocrático, aparentemente amplio según sondeos, se contrajo en el momento del voto real ante la lógica de la polarización. Los electorales de DOK parecen haber optado, en último momento, por el “voto útil”, reforzando a Pashinyan para garantizar la mayoría o reforzar a Armenia Fuerte como fuerza opositora principal. El centro no ha resistido a la presión del encuadre binario. La cuestión quizás pase por reflexionar sobre si la llegada del centro hubiera interesado a entes extranjeros terceros –tanto Occidentales como sino-rusos o túrquicos– , interesados en el sistema binario que finalmente se ha mantenido. Lo que viene: el acuerdo con Azerbaiyán y el camino europeo Con una mayoría parlamentaria reforzada, Pashinyan tiene ahora el mandato político para intentar cerrar el acuerdo de paz con Azerbaiyán. Este es el gran experimento de los próximos meses: si el tratado se firma y se ratifica por el Parlamento armenio, sería el primer acuerdo de paz estable en el Cáucaso Sur desde los años noventa y eliminaría uno de los principales vectores de inestabilidad regional. El precio político es alto y Pashinyan lo sabe. Pero ahora tiene la base legislativa para intentarlo sin depender de socios de coalición. Paralelamente, la candidatura armenia a la UE avanzara en la forma de negociaciones del acuerdo de asociación ampliado. La adhesión plena no es realista en el corto plazo —Armenia sigue siendo miembro de la UEEA rusa y tendrá que gestionar esa salida—, pero el camino institucional está trazado y esta elección lo reválida. El coste diplomático con Moscú será creciente: las restricciones comerciales rusas son solo el primer capítulo de una relación que se deteriorará con cada acercamiento de Ereván a Bruselas. El gran interrogante no resuelto por las urnas es de naturaleza democrática. Pashinyan ha ganado con claridad, pero la campana acumulo evidencias de una concentración de poder que genera incomodidad incluso entre sus aliados occidentales: arrestos de figuras opositoras, uso de recursos estatales para movilizar votantes, deslegitimación sistemática de los medios críticos. La victoria electoral no convierte esas prácticas en aceptables. La OSCE/ODIHR tendrá la última palabra sobre la valoración del proceso, y su informe definitivo condicionarán la narrativa internacional sobre la calidad democrática de estas elecciones. La Armenia que avanza hacia Europa necesita no solo ganar elecciones, sino ganarlas de una forma que Europa pueda defender.

«La batalla por la mente de los hombres es tan antigua como la guerra misma». — Edward Hunter Desde que las primeras civilizaciones comprendieron que el pensamiento podía ser más poderoso que una espada, la conquista de la mente se convirtió en una de las formas más eficaces de dominación. Imperios, religiones, Estados y ejércitos han intentado moldear creencias, alterar percepciones y doblegar voluntades. Sin embargo, durante el siglo XX, en el contexto de una Guerra Fría marcada por el miedo nuclear, el espionaje y la paranoia ideológica, esta ambición ancestral adquirió una dimensión literal. Por primera vez, algunas de las instituciones más poderosas del planeta comenzaron a preguntarse si la mente humana podía ser descompuesta, reprogramada y reconstruida como una máquina. La premisa de Edward Hunter no era una simple reflexión sobre la propaganda o la manipulación psicológica. Era la descripción de una obsesión real que se extendía por los despachos de inteligencia de Washington y Moscú. El temor a que el enemigo hubiera descubierto métodos para controlar la voluntad humana impulsó una carrera secreta cuyos límites éticos desaparecerían bajo el peso de la seguridad nacional. Imagina adentrarte en un laboratorio clínico a mediados de los años cincuenta, donde el olor a antiséptico apenas logra camuflar el miedo suspendido en el aire. Un sujeto, convencido de que participa en un tratamiento rutinario para el insomnio, la ansiedad o la depresión, recibe un simple vaso de agua. Nada parece fuera de lo común. Sin embargo, pocas horas después, el tejido mismo de su realidad comienza a desgarrarse. Las paredes se ondulan como si estuvieran vivas, los rostros se deforman en figuras grotescas, el tiempo pierde toda lógica y una paranoia asfixiante invade cada rincón de su conciencia. Mientras el sujeto lucha desesperadamente por aferrarse a la realidad, científicos con batas blancas observan en silencio tras cristales de vigilancia. A su lado, agentes de inteligencia registran cada reacción con precisión quirúrgica. Ninguno interviene. Ninguno explica lo que está ocurriendo. Para ellos, el sufrimiento del individuo constituye simplemente un dato más en una investigación cuyo objetivo trasciende cualquier consideración moral. Lo que aquel paciente ignora, y lo que el mundo tardaría décadas en descubrir, es que se ha convertido en una pieza prescindible dentro de una partida geopolítica de alcance global. Su mente es un campo de pruebas. Su identidad, una variable experimental. Su sufrimiento, un recurso consumible al servicio de una pregunta tan inquietante como ambiciosa: ¿es posible controlar la conciencia humana? Esa pregunta daría origen a uno de los programas más controvertidos y oscuros de la historia contemporánea. Su nombre es: MK Ultra. Para comprender la magnitud de esta operación, es necesario transportarse al clima de histeria colectiva que caracterizó a la posguerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el miedo a una conflagración nuclear no era el único fantasma que desvelaba a los estrategas en Washington. Había un temor mucho más sutil y aterrador: la pérdida del control del pensamiento. La alarma generalizada saltó con fuerza durante la Guerra de Corea, cuando el público estadounidense contempló estupefacto cómo sus propios soldados, capturados por las fuerzas comunistas, comparecían ante las cámaras de televisión para denunciar el imperialismo occidental y elogiar el régimen de Pionyang con una monotonía robótica que helaba la sangre. Edward Hunter, periodista que trabajaba secretamente para la CIA, acuñó entonces un término que se arraigaría profundamente en el imaginario colectivo: «brainwashing» o lavado de cerebro, una traducción directa del concepto chino hsi-nao. La inteligencia norteamericana se convenció de que los soviéticos y sus aliados habían desarrollado un método científico infalible para doblegar la voluntad humana. Ante lo que consideraban una amenaza existencial, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Allen Dulles, tomó una determinación drástica, firmando el decreto secreto que autorizaba el nacimiento del proyecto MK Ultra el 13 de abril de 1953. La orden era clara: alcanzar y superar las capacidades del enemigo en el control mental, sin importar los costes éticos o humanos. Al frente de esta odisea clandestina se situó un personaje cuya psicología encarna a la perfección las contradicciones de la era, el doctor Sidney Gottlieb. Químico de formación y jefe de la División Química del Personal de Servicios Técnicos de la CIA, Gottlieb era un hombre de contrastes fascinantes. En su vida privada, era un humanista que cuidaba cabras en su granja de Maryland, se levantaba al amanecer para ordeñarlas y practicaba el ecologismo mucho antes de que el término se pusiera de moda. Sin embargo, al cruzar las puertas de su despacho, se transformaba en el artífice de un vasto imperio experimental que no se detenía ante el sufrimiento ajeno. Convencido de que para reconstruir la mente humana primero era necesario destruir la personalidad existente, Gottlieb vio en las sustancias psicotrópicas el instrumento perfecto para lograr esa demolición controlada. El descubrimiento del dietilamida de ácido lisérgico, más conocido como LSD, por parte del químico suizo Albert Hofmann en la década anterior, fue recibido por la CIA como el santo grial de la manipulación psicológica. «Estábamos en una carrera armamentística de carácter psicológico, y el LSD nos parecía la clave para abrir o cerrar las mentes de los hombres», declararía años más tarde uno de los oficiales vinculados al proyecto bajo condición de anonimato ante las comisiones del Senado. Bajo esta premisa, la CIA comenzó a adquirir cargamentos masivos de la sustancia a los laboratorios Sandoz, con la intención inicial de utilizarla como un suero de la verdad definitivo o como un agente incapacitante en escenarios de combate. Pronto, las pruebas de laboratorio resultaron insuficientes y los operativos decidieron trasladar los experimentos al mundo real, transformando ciudades enteras en laboratorios a cielo abierto. Uno de los capítulos más novelescos y sórdidos de esta trama se desarrolló en la costa oeste, específicamente en San Francisco y Nueva York, bajo el nombre clave de Operación Clímax de Medianoche. Dirigida por George Hunter White, un expeditivo agente de la Oficina Federal de Narcóticos reconvertido en operativo de la CIA, la operación consistió en habilitar pisos franco decorados con opulencia y espejos de doble sentido. White contrató a trabajadoras sexuales para que atrajeran a ciudadanos de a pie —hombres de negocios, marineros, estudiantes— a estos apartamentos. Sin que mediara sospecha alguna, las mujeres vertían dosis variables de LSD en las bebidas de sus clientes. Mientras los efectos de la droga sumían a las víctimas en alucinaciones terroríficas o estados de vulnerabilidad extrema, White se sentaba tras el espejo bidireccional, provisto de una jarra de martini, observando y grabando el comportamiento de los sujetos. El objetivo de este experimento no solo era evaluar el impacto del ácido lisérgico en la conducta sexual y social, sino perfeccionar técnicas de chantaje que pudieran aplicarse contra diplomáticos extranjeros o espías enemigos. En sus diarios personales, que posteriormente verían la luz de forma fragmentaria, White escribió una frase que ilustra con escalofriante crudeza la impunidad con la que operaban: «Yo estaba muy lejos de ser un monje, y allí me vi metido en el corazón de un burdel clandestino de la CIA donde podía hacer casi cualquier cosa que me viniera en gana en nombre de la seguridad nacional». Sin embargo, los excesos de MK Ultra no se limitaron a las juergas clandestinas de San Francisco. El proyecto extendió sus tentáculos hacia las instituciones más prestigiosas del ámbito académico y sanitario de América del Norte, financiado a través de corporaciones fachada y fundaciones médicas que camuflaban el origen del dinero público. Universidades como Harvard, Columbia y Stanford se convirtieron en nodos de una red de experimentación que abarcaba más de 149 subproyectos. En estos entornos, las víctimas ya no eran hombres anónimos de la noche, sino pacientes psiquiátricos, reclusos penitenciarios y estudiantes universitarios que acudían de forma voluntaria atraídos por pequeños incentivos económicos, ignorando por completo la verdadera naturaleza del programa. El caso del doctor Ewen Cameron en el Instituto Memorial Allan de la Universidad McGill, en Montreal, representa el extremo más radical y destructivo de esta metodología. Financiado generosamente por la CIA a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, Cameron desarrolló una técnica que denominó «conducción psíquica». Su teoría postulaba que la esquizofrenia y otros trastornos mentales graves podían curarse borrando por completo los patrones de pensamiento anómalos del paciente para, posteriormente, implantar una nueva estructura psíquica limpia. Para lograr este borrado absoluto, Cameron sometió a decenas de pacientes a un tratamiento de choque brutal. Los ingresaba en un estado de coma inducido por barbitúricos que se prolongaba durante semanas o meses, período durante el cual les administraba múltiples sesiones diarias de electroshock con voltajes que duplicaban los estándares médicos de la época. Mientras los pacientes se encontraban en este estado de indefensión extrema, se les colocaban auriculares que reproducían en bucle, miles de veces, mensajes grabados con órdenes directas o grabaciones degradantes de sus propias voces. El testimonio de Linda Macdonald, una de las supervivientes de los experimentos de Cameron, ofrece una perspectiva desgarradora del coste humano de esta soberbia científica. Macdonald había ingresado en el hospital aquejada de una severa depresión posparto; cuando finalmente abandonó la institución, su memoria había sido erradicada de forma irreversible. «No recordaba a mis hijos, no recordaba a mi marido, no sabía quién era yo. Habían borrado mi vida entera, me habían convertido en un lienzo en blanco sobre el cual nadie se molestó en volver a pintar», relató en los tribunales décadas después, durante las demandas colectivas contra el gobierno canadiense y la CIA. El horror de Montreal demostró que los científicos de MK Ultra habían logrado perfeccionar el arte de destruir la psique humana, pero seguían siendo completamente incapaces de reconstruirla. A medida que el proyecto avanzaba en la clandestinidad, la paranoia que pretendía combatir comenzó a manifestarse dentro de sus propias filas. El caso más emblemático y trágico de esta dinámica interna fue la muerte de Frank Olson, un brillante bioquímico especializado en armas biológicas que trabajaba en Fort Detrick, Maryland. En noviembre de 1953, durante una reunión de trabajo rutinaria en una cabaña rural en Deep Creek Lake, Sidney Gottlieb vertió secretamente LSD en el coñac de Olson y de otros científicos presentes, con el propósito de evaluar el comportamiento de sus propios colegas bajo los efectos de la sustancia en un entorno de aparente confianza. Olson experimentó un brote psicótico severo del que nunca logró recuperarse del todo. Los días posteriores estuvieron marcados por una profunda depresión y una fijación obsesiva con la idea de que la CIA lo perseguía para silenciarlo debido a sus crecientes dudas morales sobre el desarrollo de toxinas militares. Pocos días después del experimento, la noche del 28 de noviembre de 1953, Olson se precipitó desde la ventana de la habitación del piso trece del hotel Statler en Nueva York, donde se alojaba bajo la estricta vigilancia de un agente de la agencia. La versión oficial inmediata dictaminó que se había tratado de un suicidio motivado por una crisis nerviosa repentina. Durante más de veinte años, la familia de Olson aceptó resignada este veredicto, ignorando por completo que el científico había sido drogado sin su consentimiento por sus propios superiores. No fue sino hasta mediados de la década de los setenta cuando las primeras filtraciones periodísticas desvelaron la conexión entre el deceso del bioquímico y los programas secretos de control mental, obligando al propio presidente Gerald Ford a recibir a la familia en el Despacho Oval para ofrecer una disculpa pública sin precedentes y una compensación económica que, no obstante, dejaba abiertas numerosas interrogantes que persisten hasta el día de hoy, sugiriendo la posibilidad de que Olson hubiera sido eliminado físicamente al ser considerado un riesgo inminente para la seguridad del proyecto. El final de MK Ultra no llegó por un súbito despertar de la conciencia ética de sus promotores, sino por el desgaste político de las estructuras de poder que lo amparaban y el temor a que la opinión pública descubriera los excesos cometidos en el contexto de la creciente contestación social a la Guerra de Vietnam y el escándalo Watergate. En 1973, ante los rumores de que el Congreso se disponía a investigar las actividades de la comunidad de inteligencia, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la cancelación fulminante del proyecto y la destrucción sistemática de todos los archivos y registros relacionados con las operaciones de control mental. Helms pretendía sepultar para siempre los secretos de Gottlieb bajo una montaña de cenizas industriales. Afortunadamente para la reconstrucción histórica, la burocracia estatal posee una inercia difícil de erradicar. En 1977, una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información interpuesta por el periodista John Marks obligó a la agencia a desenterrar una serie de cajas archivadas por error en un centro de registros financieros. Se trataba de unas veinte mil páginas de documentos que contenían recibos de pago, solicitudes de financiación y memorandos internos que, si bien no detallaban los historiales clínicos individuales de las víctimas, aportaban la prueba irrefutable de la existencia, extensión y presupuesto millonario de la operación. El impacto en la prensa internacional fue inmediato y devastador. Periódicos de la relevancia de The New York Times abrieron sus portadas con titulares que causaron conmoción en la ciudadanía: «Científicos de la CIA drogaron a sujetos desprevenidos en un vasto programa de control mental». La revelación forzó la comparecencia de antiguos directivos ante el Comité Selecto del Senado para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales con Respeto a las Actividades de Inteligencia, presidido por el senador Frank Church, y ante la Comisión Rockefeller. Durante aquellas tensas audiencias públicas, el senador Edward Kennedy pronunció unas palabras que resumieron el sentir de una nación que descubría las cloacas de su propio sistema de defensa: «El director de la CIA ha revelado que la agencia estuvo involucrada en experimentos que combinaban drogas, hipnosis y privación sensorial en ciudadanos estadounidenses que nunca dieron su consentimiento, violando los derechos más fundamentales de nuestra sociedad en nombre de una supuesta seguridad nacional». El análisis riguroso del proyecto MK Ultra revela que sus implicaciones van mucho más allá de la anécdota histórica o del escándalo político de una época determinada. El programa representó la capitulación total de la bioética médica frente a las exigencias geopolíticas del Estado moderno. Científicos que habían jurado proteger la vida y la salud de los individuos utilizaron los avances de la farmacología, la psicología conductista y la psiquiatría criminal para diseñar métodos orientados a la destrucción de la autonomía personal y la anulación del libre albedrío. La ironía más trágica del proyecto reside en que, según las conclusiones de los propios informes internos de la CIA redactados al cierre del programa, los experimentos con LSD y privación sensorial resultaron ser ineficaces y altamente impredecibles para los propósitos prácticos del espionaje militar; la mente humana demostró poseer una resiliencia o una fragilidad caótica que escapaba a los intentos de control algorítmico y químico de los hombres de Sidney Gottlieb. Hoy en día, el eco de MK Ultra sigue resonando con fuerza en la cultura contemporánea y en los debates sobre los límites éticos de la investigación tecnológica aplicada a la seguridad del Estado. Las revelaciones de los años setenta desmitificaron la figura de las agencias de inteligencia ante sus propios ciudadanos, sembrando una semilla de desconfianza endémica que alteró de forma permanente la relación entre los gobernantes y la sociedad civil. Al recordar las habitaciones oscuras del Instituto Allan Memorial o los pisos francos de San Francisco, el sujeto actual no puede evitar plantearse —como el senador Kennedy— la misma pregunta: ¿hasta qué punto todo es justificable bajo la premisa de “seguridad nacional”? El expediente de MK Ultra permanece cerrado en los archivos oficiales, pero su eco continúa resonando décadas después. Entre las salas abandonadas de electroshock y los laboratorios clandestinos en desuso queda una lección difícil de ignorar, toda sociedad que pretende proteger la libertad debe vigilar con especial celo a quienes afirman defenderla. Porque la distancia entre la seguridad y la barbarie puede ser tan imperceptible como el cristal de un espejo de doble cara: desde un lado parece protección; desde el otro, agonía.