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En las últimas semanas volvió a instalarse una comparación que, a primera vista,  parece tentadora: leer a Cuba con la misma lógica con la que muchos interpretaron  el caso venezolano. La crisis energética de la isla, el colapso de su red eléctrica, la  apertura de conversaciones con Washington y las versiones sobre presiones  estadounidenses para apartar a Miguel Díaz-Canel alimentaron esa lectura. Sin  embargo, el paralelo es engañoso. Cuba atraviesa una crisis severa y Washington  endureció su presión, pero incluso en este contexto el propio jefe del Comando Sur  aclaró públicamente que Estados Unidos no está preparando una invasión u  ocupación de la isla.   La pregunta, entonces, no es si Cuba puede atravesar una transición, sino por qué  esa eventual transición no debería analizarse bajo el mismo patrón con el que se  interpretó el caso venezolano. La respuesta, a mi juicio, está en una serie de  diferencias estructurales que vuelven al caso cubano una excepción dentro de la  política hemisférica de Estados Unidos y la diferencian sustancialmente del caso  venezolano. Veamos las diferencias centrales entre ambos casos  Venezuela fue un problema material; Cuba es, sobre todo, un problema político e ideológico dentro de la política doméstica estadounidense  La primera diferencia es la más evidente. Venezuela fue, y sigue siendo, un  problema atravesado por una lógica material mucho más clara. El petróleo explica  una parte decisiva del cálculo. No por casualidad, luego del cambio político en  Caracas, Washington emitió una licencia amplia para permitir transacciones con  PDVSA con el objetivo explícito de atraer inversión, aumentar producción y  estabilizar la oferta energética en un contexto internacional convulsionado. Allí  hubo ideología, sin duda, pero también hubo barriles, infraestructura y precio del  combustible.   Cuba es distinta. No ofrece a Estados Unidos un premio material comparable. Su  valor no está en los hidrocarburos ni en la escala de su economía, sino en su  proximidad geográfica, en su carga simbólica y en el lugar singular que ocupa dentro  de la política doméstica estadounidense. El peso de Cuba en la política doméstica estadounidense   La segunda diferencia radica en el frente interno estadounidense. Cuba moviliza  memoria histórica, exilio, identidad política y actores específicos del sistema  estadounidense con una intensidad que Venezuela nunca alcanzó. En ese marco  debe leerse el peso de Marco Rubio, que en marzo sostuvo que las últimas reformas  económicas cubanas no son suficientes y que el problema remite al propio núcleo  de poder en La Habana. Esa afirmación no resuelve por sí sola el dilema cubano,  pero sí ayuda a entender que, en este caso, la dimensión ideológica no es una  cuestión retórica sino parte del motor del conflicto.    Dicho de otro modo: mientras Venezuela pudo ser tratada en determinados  momentos con criterios más transaccionales, Cuba continúa siendo, para parte del  establishment estadounidense, un símbolo pendiente de resolución.   La rigidez institucional de la política hacia Cuba   A la dimensión política se suma una tercera diferencia: la cuestión institucional. La  ley Helms-Burton no solo endureció el embargo, sino que lo codificó dentro de una  arquitectura legal orientada a respaldar un “gobierno de transición” y luego un  “gobierno democráticamente elegido” en Cuba. El texto prevé asistencia a un  gobierno transicional, facilita el paso hacia una democracia representativa y una  economía de mercado, y establece criterios concretos para considerar que una  transición existe, entre ellos la legalización de la actividad política, la liberación de  presos políticos, la disolución de órganos de seguridad y el compromiso con  elecciones libres en un plazo no mayor a dieciocho meses.   Esto importa porque demuestra que, en el caso cubano, la política estadounidense  no depende solo del humor de una administración sino que se encuentra  condicionada por la institucionalización previa del conflicto.   La estructura de control del régimen   Cuba y Venezuela no tienen la misma arquitectura de poder. El régimen cubano  conserva una densidad estatal, una capilaridad burocrática y una tradición de  disciplinamiento social más centralizada que la venezolana. Allí donde Venezuela  derivó en una gobernabilidad híbrida, con mayor fragmentación entre aparato  estatal, redes clientelares, servicios de seguridad, actores armados y zonas de  autonomía irregular, Cuba sigue respondiendo en mayor medida a una lógica más  cerrada y vertical. Por supuesto que esto no convierte al sistema cubano en invulnerable pero vale  remarcar que presionar a un régimen centralizado no es lo mismo que operar sobre  un sistema fragmentado y poroso. El tipo de presión al que puede ser sometido y el  tipo de desenlace que podría producirse son diferentes en ambos casos.   La transición cubana no implicaría una democratización inmediata per se  Si hubiera ruptura en Cuba, el escenario no será una democratización rápida sino  una secuencia mucho más áspera, tortuosa y cargada de tensiones.   El orden democrático en Venezuela se fue degradando progresivamente pero su  población políticamente activa cuenta con memoria del ejercicio democrático. En  Cuba eso no sucede desde la revolución, lo que constituye un peldaño adicional en  el camino hacia la democratización.    Además, en caso de caer el régimen primero debería darse una etapa de  reordenamiento jurídico e institucional que deberá controlar el aparato coercitivo,  redefinir las reglas económicas, afrontar la reconstrucción administrativa, la apertura condicionada al capital y la estabilización mínima del funcionamiento  estatal. Recién después podría comenzar una transición política más estructurada.   Helms-Burton, de hecho, ya imagina algo parecido al distinguir entre “gobierno de  transición” y “gobierno democráticamente elegido”. Entre ambos momentos  podrían surgir vacíos de liderazgo y disputas con actores que conserven parte del  poder residual del régimen que deberán ser saldadas. Por ello la etapa de  reconstrucción podría no ser rápida ni fácil para su población.   La reacción social en Cuba   Otro punto que no debe sobreestimarse es el nivel de resistencia social. Cuba  arrastra una combinación asfixiante de apagones, desabastecimiento, deterioro  sanitario, fatiga acumulada y emigración masiva.    Una sociedad exhausta podría no plantear la resistencia que la épica sobre la que  descansa el discurso oficial pretende. Es pertinente aclarar que un bajo nivel de resistencia no equivale de ninguna manera a legitimar el nuevo orden. Podría haber  pasividad, resignación o cálculo de supervivencia sin que eso se traduzca en apoyo  positivo a un actor externo o a una autoridad transicional desconocida. El valor material inmediato y la capacidad de reconstrucción basada en el  factor humano   Cuba no justifica, en cuanto al valor material, un esfuerzo equivalente al  venezolano, aunque sí presenta una ventaja relativa en otro plano: su capital  humano.    Cuba sigue mostrando indicadores educativos relativamente robustos en  comparación a la media regional, aun en medio del deterioro económico. Esa  herencia no garantiza por sí sola una transición exitosa, pero sí puede facilitar una  reconversión más rápida si existieran reglas estables, inversión, asistencia técnica  y acceso a financiamiento.    Desde luego, tampoco aquí conviene exagerar. El capital humano cubano convive  con dos límites: envejecimiento demográfico y fuga de población. La educación  facilita pero no sustituye al capital, al marco jurídico ni a la confianza. Hipótesis prospectiva sobre la crisis terminal del régimen cubano  A partir de esas diferencias, una eventual transición cubana necesariamente  diferirá del patrón venezolano.   El hecho de que no exista hoy evidencia pública de una ocupación en preparación  no significa que toda coerción militar deba descartarse. Entre la no intervención y  la invasión total existe una gama amplia de opciones: acciones sobre  infraestructura crítica, golpes de precisión sobre nodos militares o de inteligencia y  operaciones limitadas orientadas a quebrar la cohesión del mando.   La experiencia reciente en Irán mostró, además, que en determinados teatros la  lógica de neutralización de liderazgos puede reaparecer como instrumento de  presión o de guerra por lo que excluir de antemano esta hipótesis sería ingenuo. La  propia aclaración del Comando Sur sobre la inexistencia de preparativos para una  invasión ayuda a delimitar el punto: si Washington interviniera, es más probable que  lo hiciera de manera acotada.    La principal diferencia respecto a Venezuela es que -por lo expuesto durante el  artículo- no sería suficiente con destituir a Díaz-Canel y avanzar en las  negociaciones con las segundas líneas. Un cambio de régimen “de raíz” es  condición necesaria para avanzar en los términos que Washington requiere, tanto  en términos jurídicos como políticos.    Entonces, si el objetivo estadounidense es precipitar un cambio, la alternativa es el  patrocinio o eventual imposición de una figura que administre la isla y lleve adelante  los cambios necesarios. Un liderazgo transicional respaldado desde Washington tendría una ventaja operativa, aunque arrastraría desde el primer día un serio  problema de legitimidad puertas adentro de la isla.   Conclusión   La principal conclusión que surge de este análisis es que Cuba no puede ser  pensada con el mismo patrón interpretativo aplicado a Venezuela. En un caso  predominó una lógica de utilidad material inmediata; en el otro pesan con mucha  mayor fuerza la ideología, la política doméstica estadounidense, la proximidad  geográfica, la memoria histórica y la rigidez institucional del conflicto. En ese  marco, una eventual crisis terminal del régimen cubano no debería proyectarse  como una simple réplica de escenarios sino como una secuencia más compleja,  posiblemente orientada al desplazamiento del núcleo gobernante, al respaldo de  una autoridad de transición externa con ya una fase previa de reorganización  jurídica e institucional antes de cualquier apertura democrática sustantiva. Pero  incluso si ese proceso llegara a concretarse, la cuestión de fondo seguiría abierta:  la viabilidad del orden posterior dependerá de la legitimidad y la arquitectura  política con las que se intente construir su reemplazo.

Las elecciones presidenciales celebradas en la República del Congo (Congo-Brazzaville) el 15 de marzo de 2026 no pueden entenderse como un simple proceso electoral dentro de una democracia en funcionamiento, sino como la manifestación más reciente de un sistema político profundamente asentado en la continuidad, la previsibilidad y el control.   En apariencia, el país acudía de nuevo a las urnas en el marco de un calendario constitucional regular; en la práctica, lo hacía en un clima de apatía social, ausencia de competencia real y escasa expectativa de cambio, como un mero proceso de formalización para perpetuar a uno de los líderes más longevos de África. En las calles de Brazzaville, según relatan distintas crónicas internacionales, la jornada transcurrió con una calma casi incómoda: colegios electorales con baja afluencia, jóvenes indiferentes al proceso y una sensación generalizada de que el resultado estaba decidido antes incluso de depositar el voto. Desde el plano africano, estas elecciones adquieren una relevancia que trasciende sus fronteras. Mientras que en otras regiones del continente se han producido en los últimos años golpes de Estado, procesos de transición o aperturas políticas, el Congo representa una forma distinta de estabilidad: la de la continuidad autoritaria institucionalizada, en cierta parte similar a la existente en Camerún, Uganda, Eritrea o Guinea Ecuatorial. No hay ruptura, no hay caos, pero tampoco hay alternancia. Este modelo, menos visible que los conflictos abiertos, resulta sin embargo igual de significativo, porque demuestra hasta qué punto determinados sistemas políticos han logrado adaptarse a las circunstancias sin alterar su núcleo de poder. Contexto económico, social y político de Congo-Brazzaville La República del Congo (Congo-Brazzaville) llega a las elecciones presidenciales del 15 de marzo de 2026 como un país marcado por una aparente estabilidad política, pero atravesado por profundas contradicciones estructurales. Desde el fin de la guerra civil de 1997, el país no ha experimentado conflictos armados de gran escala, lo que ha permitido consolidar una imagen de orden institucional en una región caracterizada en ocasiones por la inestabilidad. Sin embargo, esta estabilidad ha tenido un coste: la consolidación de un sistema político altamente concentrado y en el que nunca cambia nada, a no ser que obligatoriamente tenga que cambiar. Desde el punto de vista económico, el Congo es un caso paradigmático de Estado rentista, pues se trata de un Estado que, sobre el papel, dispone de importantes recursos estratégicos, especialmente petróleo, disponiendo de una producción aproximada de 280.000 barriles diarios (fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo), situándose entre los principales productores de África Subsahariana. No obstante, más del 40-50% de la población vive en situación de pobreza , mientras que el desempleo juvenil ronda el 40%, cifras particularmente significativas en un país con apenas seis millones y medio de habitantes estimados según las Naciones Unidas para 2026. Esta fractura entre riqueza nacional y condiciones de vida reales no es un fenómeno nuevo, pero sí constituye uno de los elementos más visibles del agotamiento del modelo político-económico vigente. A nivel social, esta situación ha derivado en una creciente desafección política. Para una parte significativa de la población, las elecciones no representan una oportunidad real de cambio, sino un proceso repetitivo cuyos resultados están predeterminados. Esta percepción se traduce en bajos niveles de participación electoral y en una desconexión entre ciudadanía e instituciones. Históricamente, el país ha transitado desde un sistema de partido único en los años posteriores a la independencia hacia un modelo formalmente multipartidista desde la década de 1990, pero sin lograr consolidar una democracia efectiva en términos sustantivos. Denis Sassou Nguesso y el Partido Congoleño del Trabajo: figuras decisivas En el centro de este sistema sin alternancia que dio una cierta estabilidad al país de África Central, se encuentra la figura de Denis Sassou Nguesso, cuya trayectoria política es inseparable de la historia contemporánea del Congo. Llegó al poder en 1979, en el marco de un régimen marxista-leninista de partido único, y gobernó hasta 1992. Tras perder las primeras elecciones multipartidistas, regresó al poder en 1997 tras una guerra civil, iniciando una etapa de continuidad que se extiende hasta la actualidad. En 2026, acumula más de cuatro décadas en el poder, lo que lo convierte en el tercer líder más longevo del mundo en su cargo, por detrás de Teodoro Obiang y Paul Biya, respectivamente. Su permanencia no se explica únicamente por su longevidad política, sino por su capacidad para adaptarse a distintos contextos institucionales y consolidar un sistema de poder altamente centralizado. La reforma constitucional de 2015, que eliminó los límites de edad y facilitó su reelección, marcó un punto de inflexión en la consolidación de este modelo. El instrumento político fundamental de este sistema es el Partido Congoleño del Trabajo (PCT). Más que un partido en sentido clásico, el PCT actúa como una estructura de poder que articula el acceso a recursos, cargos públicos y redes de influencia. Su control sobre el aparato estatal -administración, fuerzas de seguridad y, en gran medida, medios de comunicación- le permite mantener una posición hegemónica que dificulta enormemente la emergencia de alternativas políticas viables. En este contexto, el liderazgo de Sassou Nguesso adquiere un carácter personalista, en el que la estabilidad del sistema depende en gran medida de su figura. Los indicadores internacionales, en su contra Los indicadores internacionales ofrecen una confirmación empírica de esta realidad. El Congo obtiene puntuaciones extremadamente bajas en mediciones de calidad democrática. Freedom House, por ejemplo, le asigna apenas 2 puntos sobre 40 en derechos políticos, una cifra que refleja la práctica inexistencia de competencia electoral real, aunque su puntuación global es de 17 sobre 100. El Democracy Index lo sitúa en la categoría de “régimen autoritario”, con una puntuación de 2,79 sobre 10, calificado como régimen autoritario.   Por otro lado, el índice de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa ubica al país en el puesto 71 de 180 países, señalando ciertas restricciones a la independencia de medios. Estos datos no son meras etiquetas, sino la expresión cuantificada de una serie de prácticas: restricciones a la oposición, control de los medios, ausencia de independencia judicial y limitaciones a las libertades civiles. En paralelo, los indicadores socioeconómicos refuerzan la imagen de un Estado con profundas carencias estructurales. El Índice de Desarrollo Humano, con un valor considerado como medio (0,593), sitúa al país en una posición media-baja a nivel global, muy por debajo de lo que cabría esperar dada su riqueza en recursos naturales. La deuda pública, que cerró el año 2024 representando aproximadamente entre un 95,4% y un 98,03% del PIB, y la dependencia casi absoluta del petróleo configuran una economía vulnerable, incapaz de generar crecimiento inclusivo. Esta combinación de debilidad institucional y desigualdad económica constituye un terreno fértil para la perpetuación del status quo. La jornada electoral Las elecciones de 2026, en este sentido, no representan una ruptura, sino la confirmación de una trayectoria. No hubo sorpresa, no hubo incertidumbre, y probablemente tampoco hubo ilusión. Pero precisamente por eso resultan tan reveladoras. Porque muestran, con una claridad difícil de ignorar, cómo un sistema político puede mantener las formas de la democracia mientras vacía de contenido sus principios fundamentales. Y porque obligan a plantear una cuestión incómoda pero necesaria: hasta qué punto la estabilidad, cuando se sostiene sobre la ausencia de alternancia y la desigualdad estructural, puede seguir siendo considerada un éxito político. Por ello, este proceso no puede analizarse únicamente desde el prisma de una jornada electoral aislada, sino como el resultado de un proceso político previo cuidadosamente condicionado. Los días anteriores a la votación estuvieron marcados por una atmósfera de baja intensidad política, en la que la ausencia de debate público real y la escasa visibilidad de los candidatos alternativos evidenciaban la falta de competencia efectiva. A diferencia de otros contextos electorales donde la campaña activa moviliza a la ciudadanía, en el Congo el periodo preelectoral se caracterizó por una cierta inercia: actos institucionales dominados por el presidente en ejercicio, Denis Sassou Nguesso, y una oposición fragmentada, debilitada y, en muchos casos, ausente. Uno de los elementos más significativos de este periodo previo fue el boicot de parte de la oposición, que denunciaba la inexistencia de garantías mínimas para una contienda equitativa. Esta decisión no solo redujo la pluralidad política, sino que contribuyó a reforzar la percepción generalizada de que el resultado estaba predeterminado. Además, varios líderes opositores relevantes se encontraban en situaciones de encarcelamiento o exilio, lo que limitaba aún más la posibilidad de articular una alternativa coherente al poder establecido. En este sentido, el escenario electoral no fue tanto el de una competición abierta, sino el de una validación controlada del orden político existente. En términos formales, las elecciones contaron con la participación de siete candidatos, pero la mera existencia de múltiples aspirantes no se tradujo en una verdadera diversidad política. Los candidatos alternativos al presidente presentaban perfiles con escasa proyección nacional, limitada implantación territorial y recursos muy inferiores a los del aparato estatal que respaldaba a Sassou Nguesso. Esta asimetría estructural condicionó profundamente la campaña. Mientras el presidente podía apoyarse en la maquinaria institucional, en medios de comunicación afines y en redes clientelares consolidadas, sus oponentes apenas lograban visibilidad. En la práctica, se trataba de candidaturas sin capacidad real de disputar el poder, lo que refuerza la idea de que el proceso electoral estaba diseñado para ofrecer una apariencia de pluralismo más que para garantizar una competencia efectiva. Entre los factores críticos que definieron el proceso electoral, destaca en primer lugar el control del espacio público y mediático. El acceso desigual a los medios de comunicación limitó la capacidad de los candidatos alternativos para difundir sus propuestas, mientras que la figura del presidente dominaba la narrativa política. A esto se sumó la falta de observación independiente robusta y la debilidad de los mecanismos de supervisión electoral, lo que contribuyó a generar dudas sobre la transparencia del proceso. En segundo lugar, el contexto socioeconómico jugó un papel relevante. La combinación de pobreza estructural, desempleo juvenil elevado y desigualdad generó un clima de desafección política, en el que amplios sectores de la población no percibían las elecciones como una herramienta útil para transformar su situación. Así, la jornada del 15 de marzo de 2026, se caracterizó, según reportes de diferentes agencias internacionales, por una participación escasa, poca afluencia en colegios electorales (especialmente en zonas urbanas) y un ambiente de relativa calma. Esta baja participación no puede interpretarse únicamente como apatía, sino también como una forma de expresión política: la abstención como reflejo de la falta de confianza en el sistema. Un elemento particularmente relevante de la jornada fue la interrupción del acceso a internet en distintos momentos del día de la votación. Esta medida, que se ha convertido en una práctica recurrente en contextos autoritarios, tiene implicaciones directas sobre la transparencia electoral. Al limitar la circulación de información, reduce la capacidad de documentar posibles irregularidades y dificulta la coordinación de actores independientes. En el caso congoleño, este corte de internet contribuyó a reforzar la percepción de que el proceso estaba siendo controlado desde el poder, más que gestionado de manera abierta y transparente. A pesar de la ausencia de incidentes violentos significativos, lo que podría interpretarse como un indicador de estabilidad, esta misma tranquilidad debe analizarse con cautela. No se trató de una estabilidad derivada de la confianza en las instituciones, sino más bien de una estabilidad basada en la previsibilidad del resultado y en la debilidad de la oposición. La ausencia de tensión electoral no fue consecuencia de un consenso democrático, sino de la falta de alternativas reales.  Candidato Partido / Coalición Votos Porcentaje Denis Sassou Nguesso Partido Congoleño del Trabajo (PCT) 2.507.038 94,82% Mavoungou-Zinga Mabio Alianza para la Alternancia Democrática 39.186 1,48% Uphrem Dave Mafoula Independiente N/D 1,03% Destin Gavet Movimiento de Republicanos N/D 0,87% Joseph Kignoumbi Kia Mboungou La Chaîne N/D 0,86% Manangou Vivien Romain Independiente N/D 0,61% Nganguia Engambe Anguios PAR N/D 0,33% Sobre el papel, además se estima una participación oficial de un 84,65% del electorado, con un 15% aproximado de abstención, lo cual no casa con las cifras de escasa participación y colegios electorales vacíos que las agencias internacionales han reportado. Este choque entre ambos datos introduce dudas sobre la fiabilidad de los datos, reforzando la idea de que el proceso electoral no puede evaluarse únicamente a partir de cifras electorales.  Más allá de los números, lo relevante es la percepción generalizada de la ciudadanía, marcada por la falta de expectativas de cambio y la apatía, convertido la abstención y la no comparecencia en un indicador indirecto del desgaste del sistema. Por otro lado, los datos ofrecidos sobre los resultados, en el que existe una diferencia abismal entre el primer y el segundo candidato, implica una desigualdad respecto a las condiciones de la contienda, estableciendo un contexto donde es materialmente inviable una alternancia. En conjunto, las elecciones de 2026 no representan un punto de inflexión, sino la reafirmación de un modelo político basado en la estabilidad autoritaria. La continuidad de Denis Sassou Nguesso al frente del Estado no responde a una dinámica de competencia democrática, sino a la solidez de una estructura de poder que combina control institucional, recursos económicos y debilidad de la oposición. En este sentido, el caso congoleño ilustra los límites de la democracia electoral en contextos donde las reglas del juego están diseñadas para garantizar la permanencia del poder, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad futura de este modelo en un entorno social cada vez más exigente.

La disputa de las Islas Malvinas (o Falkland Islands) dependiendo de a quién se pregunte o qué fuente se consulte, tiene su origen 500 años atrás y está marcada por disputas coloniales, una ocupación por la fuerza y un enfrentamiento bélico. Se trata de una controversia colonial heredada del Imperio Británico que suscita una gran polémica en el panorama internacional y a la que todavía no se le ha encontrado una solución pacífica. Hablar de Malvinas en Argentina trae sentimientos encontrados pues, por un lado, pocas cuestiones nacionales unifican tanto al pueblo argentino como la cuestión sobre la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur. Por otro lado, mencionar Malvinas atrae un sentimiento amargo del recuerdo de una época de dictadura militar marcada por la oscuridad, la censura y la represión que golpeó a todo un pueblo y cuyas cicatrices a día de hoy continúan sanándose. Para los británicos, las Falkland Islands situadas a más de 13.000 kilómetros de sus costas representan el legado colonial de sus expediciones en “el Nuevo Mundo” con una población de hasta 3.600 personas que habitan las islas que se sienten “orgullosamente británicas” tal y como lo demostró el referéndum realizado en 2013. Mapa político del extremo continental sur de América. Esta lucha vigente en la actualidad entre la República Argentina y el Reino Unido atrae cuestiones relativas a la identidad y a la unidad nacional así como la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la democracia. El final del conflicto armado en el año 1982 no significó el cese de las hostilidades y reclamaciones argentinas sobre las Islas Malvinas, sino que sirvió para demostrar que son un símbolo de soberanía incompleta, una causa de unión nacional y un compromiso histórico que define su posición ante el mundo y su propia identidad como nación. ¿Islas Malvinas o Falkland Islands? Un repaso histórico de la controversia Los reclamos de soberanía de la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas se fundamentan en un complejo contexto histórico que abarca desde el siglo XVI hasta la actualidad. La historia se remonta al año 1520 cuando los argentinos sostienen que la expedición española liderada por Fernando de Magallanes hubo avistado las islas. Contrariamente, el Reino Unido sostiene que el navegante John Davies descubrió el archipiélago en 1592 sin establecer ningún asentamiento. Sin embargo, durante el siglo XVIII los británicos demostraron su voluntad y su interés estratégico en las islas estableciendo un asentamiento en Puerto Egmont en 1765. Este asentamiento sirvió a las autoridades españolas para citar una violación del Tratado de Utrecht (1714) y expulsar a los británicos hasta en dos ocasiones, en 1770 y 1774. Tras la expulsión de los españoles, el Reino Unido abandonaría el asentamiento en 1774 y permaneció sin presencia oficial durante los siguientes 55 años pese a que los británicos alegan que no renunciaron a sus derechos sobre las islas. Fuentes argentinas señalan que, en 1790 se firmó el Tratado de San Lorenzo del Escorial entre España y Gran Bretaña donde ‘Gran Bretaña se comprometió a no establecer ningún asentamiento ni en la costa oriental ni en la occidental de Sudamérica, ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, como fue el caso de las Islas Malvinas’ (Gobierno de Argentina, s. f.). El inicio del siglo XVIII trajo consigo el desmembramiento del Imperio español y con ello, la independencia de Argentina. Tanto fue así que la Revolución de Mayo de 1810 y la celebración del Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816 fueron dos eventos que asentaron la independencia de la Argentina de la corona española. Desde ese momento, Argentina asumió la posesión de las islas bajo el principio jurídico ‘uti possidetis juris’, un principio que estableció que los nuevos Estados heredasen los territorios de la metrópoli colonial. No fue hasta 1833 tras diferentes enfrentamientos entre el gobernador Luis Vernet y la armada americana y británica cuando, un 3 de enero de 1833, los británicos expulsaron de manera efectiva a las autoridades y población argentina instalada en el archipiélago. Hay que tener en cuenta la situación política de la Argentina, pues atravesaba una fase de guerra civil y el gobierno del general Juan Manuel Rosas era incapaz de poder ejercer un control efectivo sobre el territorio. Desde 1833, la Argentina ha presentado protestas diplomáticas de manera ininterrumpida a Londres sin recibir respuesta acorde desde la capital británica. Mientras tanto, en un acto parlamentario los británicos establecieron en 1842 las Falklands como una colonia de la corona y designaron a un gobernador. En 1851 se crearía la respectiva ‘the Falkland Islands Company’ o la Compañía para las Islas Falkland en español que se encargaría de la gestión económica para la producción de lana, ofrecer servicios a los barcos mercantes en el Cabo de Hornos y la industria ballenera a la vez que la población de la isla iba creciendo de británicos provenientes de la metrópoli. En 1888, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, el Gobierno de Argentina propuso al Gobierno Británico someter la disputa a un arbitraje internacional para que un tribunal se encargara de ejercer de mediador para la resolución del conflicto. Sin embargo, Londres se negaría y las reclamaciones de Buenos Aires siguieron sin ser escuchadas. La creación de las Naciones Unidas en 1945 otorgó una vía a la Argentina para iniciar su revancha contra el Reino Unido por la vía de la diplomacia y, durante las décadas de 1960 y 1970, la batalla narrativa y diplomática parecía estar del lado de Buenos Aires. En 1960, la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas o Declaración sobre Descolonización de 1960 estableció que ‘el principio de libre autodeterminación no puede ser invocado cuando la integridad territorial de un Estado se ve comprometida’. Esta última declaración acerca del principio de autodeterminación sirvió como argumento central a la delegación argentina para, en el año 1964, acudir al Comité Especial de Descolonización para demostrar la existencia de ‘una ocupación extranjera en Malvinas cuya población implantada no estaba habilitada a ejercer el derecho de autodeterminación en los términos previstos por el derecho internacional’. La insistencia del Gobierno argentino dio sus frutos el 16 de diciembre de 1965 con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha resolución reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e instó a ambos gobiernos a una solución pacífica a través de negociaciones. En esta misma resolución se estableció que se debían de considerar los intereses de los habitantes, pero no los deseos de los mismos. Es precisamente bajo esa premisa por la que Argentina descarta el principio de libre autodeterminación alegado por los británicos. A pesar de ello, se iniciaron diversos procesos de resolución pacífica de la controversia sin que las partes llegasen a un acuerdo mutuo. Con unas negociaciones estancadas y la Casa Rosada bajo el control del general Leopoldo Galtieri, la disputa sobre las islas derivaría en un conflicto armado que comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio de ese mismo año con la rendición argentina. La guerra duró 74 días costandole la vida a 649 argentinos, 255 británicos y tres civiles malvinenses. El resultado no solo reforzó el control británico sobre el archipiélago, sino que también cerró para Londres cualquier posibilidad de negociar la soberanía. Ya en 1990 se restablecieron relaciones diplomáticas, pero desde Downing Street argumentan que el asunto de la soberanía es un “caso cerrado” y se niega categóricamente a discutirlo con Argentina. Por su parte, la derrota en la guerra significó la caída del ‘Proceso de Reorganización Nacional’ que gobernaba con puño de hierro al país desde 1976 y que, tras la celebración de unos comicios electorales, el 10 de diciembre de 1983 asumiría el cargo Raúl Alfonsín devolviendo la democracia a la Argentina. El Gobierno de Alfonsín aprobaría la Reforma Constitucional de 1994 estableciendo que la recuperación de las islas y el ejercicio pleno de la soberanía son un ‘objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino’. La defensa de Londres y las posiciones de los organismos internacionales El Reino Unido mantiene una postura negativa a discutir la soberanía de las Falkland Islands considerando que el asunto es un “caso cerrado” desde el final del conflicto en 1982. El argumento principal que Londres esgrime es el derecho democrático de los habitantes de las islas a elegir su propio futuro político a través de su libre determinación. Como prueba de su legitimidad, el Reino Unido utiliza los resultados del referéndum realizado en 2013 donde se estimó que el 98,8% de los votantes manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Con este resultado, el gobierno británico afianza su posición donde prioriza los ‘deseos’—y no los intereses—de la población actual sobre cualquier reclamo histórico de integridad territorial. En su negativa a negociar sobre la soberanía de las islas, también se encuentra la negativa británica a levantar el embargo de armas y componentes militares impuesto en 1982 con el estallido del conflicto armado, priorizando otras áreas como la científica, cultural o el comercio, es decir, aquellas que pueden ‘generar crecimiento para el pueblo británico’ como se traslada desde Downing Street. La internacionalización de la controversia se encuentra formalmente presente desde el reconocimiento de la disputa de soberanía irresuelta por parte de las Naciones Unidas. A través de la Resolución 2065 y el Comité Especial de Descolonización se piden a las partes la reanudación de las negociaciones con la mayor brevedad posible para poner solución a un caso de ‘descolonización especial y particular’. Históricamente, la Unión Europea se ha abstenido de tomar una posición colectiva sobre el fondo de la disputa, considerándolo un asunto bilateral al ser el Reino Unido uno de sus Estados Miembros. No obstante, tras el Brexit, la Unión Europea incluyó por primera vez el nombre de “Islas Malvinas” junto a “Falkland Islands” en un documento oficial tras la cumbre con la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2023, provocando la reacción inmediata de Londres. Para la desdicha diplomática del Reino Unido, Argentina cuenta con un respaldo constante de diversos bloques internacionales—véanse las Cumbres Iberoamericanas y de Países Árabes, el G77+China y Mercosur y CELAC que instan al diálogo bilateral entre las partes y la resolución pronta y definitiva de la disputa conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. Malvinas Argentinas: una cuestión de soberanía, memoria, patria y lealtad Tras el final de la dictadura militar que llevó al país a la guerra en 1982, los gobiernos democráticos reafirmaron la vía pacífica y diplomática como el único camino para la recuperación del ejercicio de la soberanía de las Islas Malvinas. Bajo el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se consiguió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido en 1990, apostando por la fórmula del “paraguas de soberanía”. Esta fórmula permitía a ambos países dialogar sobre aspectos prácticos y comerciales sin que ello implicara una renuncia a sus respectivas posturas sobre la soberanía del archipiélago. No obstante, los gobiernos kirchneristas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) junto con el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2024), que beben ideológicamente de la doctrina peronista, optaron por una diplomacia más confrontativa y de denuncia de los actos unilaterales británicos, como la exploración de hidrocarburos y licencias de pesca. Con ello, siguiendo la política emprendida por el presidente Raúl Alfonsín, Buenos Aires intensificó su presencia en foros multilaterales, obteniendo el respaldo sistemático de organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Mercosur, logrando un mayor reconocimiento de la causa argentina a nivel internacional. Monumento conmemorativo de las Islas Malvinas en Avenida de la Rábida, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). En la actualidad, el Gobierno de Javier Milei ha promulgado una política hacia la reclamación de las Islas que, conforme algunos expertos del Observatorio de Política Exterior Argentina apuntan, recuerda a la perseguida por el Gobierno de Mauricio Macri y los Gobiernos de Carlos Menem. Así pues, el Gobierno del León Libertario busca bajar la intensidad de la controversia sobre la soberanía de la agenda bilateral para priorizar una relación cordial centrada en lo comercial y financiero. Un ejemplo sería la ‘excelente y muy cordial reunión’ entre Javier Milei y el secretario de Estado británico, David Cameron, en el Foro de Davos (Suiza) en enero de 2024. No obstante, la polémica se avivó en Argentina cuando el presidente libertario expresó en una entrevista con el diario británico The Telegraph que el territorio (Islas Malvinas) debería ser devuelto mediante negociación y “cuando los habitantes de las islas así lo deseen”. Esta última declaración atribuida a Milei por el entrevistador Louis Emanuel, rompe con la tradición diplomática argentina y su Constitución en tanto que estas se distinguen por ‘respetar los intereses y el modo de vida de los isleños’ mientras rechazan que ‘los deseos o la autodeterminación’ definan la soberanía sobre las Islas. Arte urbano en Buenos Aires (Argentina) en apoyo de la soberanía argentina de las Islas. La cuestión sobre la soberanía de las Islas Malvinas continúa siendo un tema de suma importancia nacional para la población, pues, de acuerdo con un estudio realizado por Vox Populi en 2023, hasta un 67,8% de los encuestados considera importante o muy importante la recuperación de las Islas para Argentina, demostrando el respaldo de la población y la defensa de la centenaria reclamación de Argentina sobre las Islas. Pese a las críticas por su falta de firmeza, el gobierno de Milei apuesta por un enfoque pragmático y comercial subordinando temporalmente la retórica de la confrontación de los gobiernos anteriores a cambio de una mayor integración comercial y financiera en el mercado internacional abrazando los intereses y la retórica de las políticas provenientes de Estados Unidos. Por último, la Casa Rosada se anotó un tanto a favor el pasado junio de 2025 cuando, la Organización de Estados Americanos aprobó por aclamación una nueva declaración instando al Reino Unido a retomar las negociaciones que se niega a iniciar. Milei, con su tradicional estilo, celebró en su red social X (antes Twitter) la victoria cosechada contrastando el avance con el ‘nacionalismo de pacotilla y berreta’ alegando que su administración responde con ‘acciones claras y resultados concretos’.

El ascenso de los Al Saud Tres intentos fueron necesarios para que finalmente, las tribus árabes bajo el liderazgo de los saudíes establecieran de manera exitosa y definitiva hasta nuestros días un estado soberano e independiente de toda injerencia extranjera. El hito tiene un protagonista, y su nombre era Abdulaziz Bin Abd-el-Rahman Al Saud –comúnmente conocido en Occidente como Ibn Saud–, quien en 1932 y tras años de unificación, proclamó la fundación del Reino de Arabia Saudita. A poco más de un lustro para la celebración del centenario de la fundación del reino, la figura del ex monarca sigue viva y es recordada por el pueblo, especialmente cada 23 de septiembre, día nacional y memorándum de esta gesta histórica que marcaría para siempre el futuro de esta nación de la Península Arábiga.  Desde el establecimiento de las actuales fronteras del reino en 1926, la dinastía Al Saud sólo ha sido enfrentada seriamente en una ocasión: la Revuelta de los Ijwán durante los tres años que transcurren desde 1927 a 1930 (BTI Country report. Saudi Arabia, 2024). En la actualidad, no solo los expertos sino la sociedad saudí coinciden en que se está produciendo un impulso reformista desde arriba nunca visto en la historia del país, protagonizado por S.A.R. El príncipe heredero Mohamed Bin Salmán Bin Abdulaziz. El entusiasmo es máximo, y resulta esencial en lo que nos concierne hojear las páginas de la historia de esta nación que es origen de la segunda religión más numerosa del mundo, para comprender la trascendencia de la nueva deriva dirigida por el nieto del fundador del reino. Reanudando la crónica histórica, el conocido como primer estado saudí se estableció en 1745 tras la alianza entre el emir de Diriya Muhammad Bin Saud, líder de la familia Saud y Muhammad Bin Abd al-Wahhab, un clérigo del siglo XVIII que abogaba por el retorno al Islam original, lejos de la superstición y de la veneración de ídolos. Tawheed - la unicidad de Dios- era el principio indiscutible de su movimiento. El Wahabismo se desarrolla en un contexto histórico en el cual se había reportado ya desde principios del siglo XIV la introducción de prácticas de la era preislámica como el culto de santos o la atribución de propiedades sobrenaturales a objetos, lo cual contradecía abiertamente el mensaje del Islam enunciado por Mahoma. Su doctrina no fue siempre bien acogida e incluso fue acusado de interpretar radicalmente dicha religión, un ejemplo de ello fue que el gobernante de Hasa, Sulaiman Bin Hamad Bin Ghurayar al-Humaidi, llegase a ordenar su asesinato, si bien este consiguió exiliarse en Diriya en 1744. Allí, el emir local, Muhammad Bin Saud, le ofrecería protección y aceptaría seguir su visión integrista del Islam. Esta alianza definió el futuro de la Península Arábiga y a principios de la década de los años treinta daría a luz a uno de los gigantes de Oriente Medio (Wynbrandt, 2004). Desde aquel momento y hasta día de hoy, el Wahabismo, enmarcado dentro del Islam suní, recibe el estatus de doctrina oficial del país (Benoist-Mechin citado por Alrebh, 2017). Pero la vida del primer estado saudí se apagaría en septiembre de 1818, cuando tras una guerra de ocho años iniciada en 1811, el ejército egipcio bajo el mando de Ibrahim Pasha, derrotó a Abdullah Bin Saud destruyendo su capital Diriya (Gómez Aparicio, 1962). El motivo que llevaría al Egipto de Mohamed Alí a intervenir militarmente en Arabia fue una solicitud otomana ante la incapacidad del Sultán en aquel momento de plantar cara a las fuerzas wahabíes tras el saqueo en 1801 de la ciudad santa chií de Karbala y la ocupación de las ciudades santas de Meca y Medina, que por aquel entonces se encontraban bajo el área de influencia turco-egipcia (Campanini, 2014). Tras la caída del Emirato de Diriya, la familia Rashid había consolidado su poder en el centro-norte de la región del Najd –zona en Arabia central que anteriormente habían controlado los Al Saud hasta 1811– pero en 1824, Turki Bin Abdallah Bin Muhammad Bin Saud, el nieto de Muhammad Bin Saud, fundador de la dinastía, quien ya desde 1821 había recuperado el control sobre gran parte de las tribus de la zona, con un reducido número de hombres consiguió finalmente expulsar a los ocupantes egipcios y turcos de Riad, la cual se convirtió en la capital del nuevo Emirato del Najd, también conocido como segundo estado saudí. Sin embargo, en 1890 con el apoyo otomano –principal interesado en socavar el poder wahabita– la familia Rashid, gobernante de Hail, entró en la capital del emirato y depuso al por aquel entonces monarca Abd-el-Rahman Bin Faisal Al Saud. El soberano, junto con sus familiares y corte, se exiliaron en Kuwait bajo la protección del jeque Mubarak (Gómez Aparicio, 1962).  Este último episodio no resultó en la extinción del linaje, ya que si bien a comienzos del siglo XX se había dado por asegurada la victoria de los Rashid en la pugna de clanes por el interior de la península, Abdulaziz, hijo de Abd-el-Rahman y futuro rey, quien durante su exilio había vivido entre la humilde y primitiva tribu de los Bani Murra, cuya experiencia le valió para saber cómo tratar con las distintas tribus árabes (Lawrence y Goldschmidt, 2006), consiguió tomar el control de Riad en 1902 tras derrotar a los dirigentes de Hail con tan solo quince hombres (Philowitz, 2013).  Pero aquello no sació el deseo de Abdulaziz por recuperar lo que un día perteneció a su familia. En 1924 destaca la anexión de la región de Hijaz, que había permanecido bajo dominio otomano durante siglos, y en la cual se sitúan las ciudades santas de Meca y Medina. Aquel hito hizo de Ibn Saud el gobernante más respetado en toda Arabia, además de todo el mundo árabe (Lawrence y Goldschmidt, 2006). Finalmente, en 1932 y habiendo adquirido la totalidad del territorio que hoy en día comprende el tercer intento saudí de establecer un estado, proclamó la fundación del Reino de Arabia Saudita. Desde entonces, siete han sido los reyes que se han ceñido la corona de una de las monarquías más poderosas e influyentes del mundo.  La importancia del país a nivel global adquiere una doble dimensión: por una parte contiene dentro de sus fronteras a los dos principales lugares de peregrinación para la población musulmana: Meca y Medina –albergando la primera la Kaaba, y la segunda la Mezquita del Profeta, en la cual fue enterrado el profeta del Islam–. Millones son las personas que anualmente viajan a Arabia Saudita para realizar el hach – una peregrinación de carácter obligatorio al menos una vez en la vida para aquellos que profesan la religión islámica y que tiene como centro neurálgico la Gran Mezquita de la Meca, que contiene la Kaaba–. Esto sitúa al gigante de Oriente Medio en una posición de suma relevancia dentro del mundo araboislámico.  Por otra parte, el descubrimiento de petróleo en su subsuelo poco después la unificación atrajo rápidamente la atención internacional, destacando el caso de los Estados Unidos de América. A finales de la década de 1920 y comienzos de 1930, la alta demanda mundial de petróleo creó la necesidad a las compañías occidentales de buscar nuevas reservas, culminando en la concesión para la explotación petrolífera a la Standard Oil of California en 1933, que sentó las bases para las futuras relaciones entre ambos países. La abundancia de estos recursos naturales –es importante recordar que tras Venezuela, Arabia Saudita es el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo y por otro lado es el primer exportador a escala mundial– transformó no solamente la economía, sino también el papel que hoy juega en el sistema internacional (Arnaiz, 2024) Del tribalismo al estado moderno En el Golfo Árabe, la hegemonía del Reino Unido, denominada como Pax Britannica , se extendió por 150 años, ejerciendo control sobre la política exterior y de defensa de los estados tribales del Golfo. El momento clave fue el Tratado General de 1820 firmado junto a los jefes de las tribus árabes de la región, que extendería la protección británica hasta 1971 cuando bajo la primera década del reinado de S.M. La reina Isabel II decidió abandonar el Golfo, resultando en la independencia de los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, –Kuwait ya lo había hecho diez años antes– (Onley, 2005).  A pesar del reparto de Medio Oriente emprendido por Francia y Gran Bretaña en 1916 a través del Acuerdo Sykes-Picot, que delimitó las esferas de influencia de ambas naciones en la zona, solo Arabia Saudita junto con Turquía y Yemen septentrional evitaron verse envueltos en el proceso de colonización europea o convertidos en protectorados. Es por ello que la influencia occidental en el territorio fue casi nula. De hecho, antes de la llegada de ingresos procedentes del petróleo, el país estaba muy alejado de los actuales estereotipos que le asocian la riqueza y el lujo, además de arraigado en la tradicional estructura socioeconómica y modo de vida tribal.  Fue bajo el reinado de Ibn Saud cuando comenzó el proceso que llevaría a la sedentarización de los nómadas beduinas, impulsado por los beneficios de la explotación sistemática del petróleo a partir de 1938 (Campanini, 2024). El primer acuerdo diplomático formal entre la dinastía de los saudíes y los británicos fue en 1915 durante la Gran Guerra, por el cual la potencia colonial reconoció la soberanía saudí sobre las regiones del Najd, Hasa, Qatif y Yubail a cambio de que estos mantuvieran la neutralidad y se abstuvieran de atacar a los territorios vecinos bajo su protección (Bosemberg, 1998). Luis E. Bosemberg añade que el proceso de modernización que se emprendió es de carácter conservador, respetando los pilares tradicionales del estado saudí: monarquía, interpretación wahabí del Islam como doctrina oficial y la lealtad e identidad tribal.  En referencia a la monarquía, primer elemento mencionado, esta ejerce un control patrimonializado del Estado, cuyas instituciones están compuestas por los más de diez mil príncipes que la integran y que ocupan los principales puestos de responsabilidad, permitiendo así la pervivencia de dicho modelo en el cual destaca la importancia de la cohesión dinástica, haciendo que los recursos nacionales adquieran una dimensión privada. (Hernández, 2020).  El gran número de descendientes del rey Abdulaziz es fruto de su política de matrimonios que sirvieron para asegurar la estabilidad del reino en los primeros años tras su fundación. Un ejemplo de ello fue el concierto matrimonial de dos de sus hermanas tras la revuelta de 1909 y 1910 en la Provincia Oriental con dos de sus primos por vía paterna para asegurar la lealtad de la región. De hecho, para 1953, el monarca tenía 43 hijos y más de una cincuentena de hijas, habiéndose casado con más de 100 mujeres, según James Wynbrandt en “A Brief History of Saudi Arabia” . Asimismo, si bien la élite gobernante se opone firmemente a una reforma democrática, los majlis —consejos tribales de resolución de conflictos–, fortalecen los vínculos entre el gobierno y la ciudadanía, ya que estos cuentan con la mediación de gobernadores locales, principalmente miembros de la familia real.  Siguiendo con el wahabismo, esta interpretación integrista del Islam con base en la escuela Hanbali –la más conservadora de las cuatro escuelas del pensamiento legal islámico–, ha servido para cimentar la base política, social y cultural del país (BTI, Country report. Saudi Arabia, 2024). Desde el inicio del movimiento a mediados del siglo XVIII en el interior de la Península Arábiga, este ha adquirido una vocación universal en combate de lo que se entendía como herejías para así lograr la práctica de un “Islam puro” aislado de todas las prácticas y creencias que posteriormente se habían añadido alrededor de todo el mundo araboislámico y que se “alejaban” de las enseñanzas de Mahoma. Estos principios han motivado la expansión de los dominios de la familia Saud, la cual mantuvo desde la formación del primer estado saudí hasta la unificación del tercer estado una política agresiva respecto a su vecinos árabes y musulmanes del Golfo y de la Creciente Fértil, y es por eso que no se entienden las fronteras actuales del país sin ellos.  Tal ha sido la importancia ideológica de esta rama del Islam suní en la nación que, tradicionalmente el reparto de carteras ministeriales desde la constitución del tercer estado ha atribuido a la élite religiosa aquello relacionado con la educación, la fe y la justicia, otorgándole un peso notorio dentro del desarrollo de la gobernanza. Algo importante a tener en cuenta es su rechazo a ser llamados “wahabitas”, con preferencia por “salafistas” o Ahl-sunnah wa al-Jama’ah , ya que entienden este primero como un término de carácter peyorativo con una connotación que implica intolerancia y fanatismo (Alrebh, 2017).  Igualmente, la estructura social se encuentra en gran manera determinada por la afiliación tribal. Hasta los procesos de modernización emprendidos en el siglo XX en Oriente Medio, existía un predominio de la identidad tribal sobre cualquier otra, incluida la de carácter nacional. Según Shmuel Bar en “The re-tribalisation of the Middle East”  “El término tribalismo ( qabiliya ) incorpora el concepto de lealtad total ( ‘assabiyah – lit: sensibilidad) que inculca en los miembros de la tribu un sentido de solidaridad primaria o incluso exclusiva con la tribu por encima de cualquier otra identidad colectiva y define límites sociales dentro de la propia tribu”.  En el caso de Arabia Saudita, este elemento social perdura hasta nuestros días. De hecho, Arabia Saudita es definida como un estado tribal dirigido por la familia Saud, de la tribu Anazah. No obstante, este modelo social provoca una profunda fragmentación entre la población saudí, ya que existen fronteras étnicas entre la población del interior peninsular (Najd) – aquella región que quedó aislada del dominio colonial y en la cual pervive una relativa homogeneidad, origen de la familia real, y cuyos habitantes pueden llegar a autopercibirse árabes “más puros” o “verdaderos” – y de la zona costera, especialmente el Hiyaz –región en el Mar Rojo que durante aproximadamente cuatrocientos años sufrió la ocupación otomano-egipcia y en la que se aprecia una mayor heterogeneidad–.  Además, la diferencia de la mentalidad entre ambas regiones viene justificada por la historia, siendo esencial considerar la presencia turco-egipcia en el Hiyaz como un factor esencial que explica una mayor reticencia a las actividades de la policía religiosa o Hay'ah , popularmente conocida como Mutawa o de la segregación por géneros en la vida diaria, debido a la influencia que tuvo en la población la corriente religiosa seguida por Estambul, más liberal (Akers, 2001). Igualmente, la identidad tribal se ha ido diluyendo desde la conformación del Reino en 1932, y especialmente a partir de 1938 cuando los ingresos procedentes del petróleo comenzaron a estimular la modernización del país, que entre otras cosas supuso la sedentarización de tribus nómadas.  Un punto de inflexión para el tribalismo en el gigante de Oriente Medio fue 1953, año en el cual mediante un Real Decreto se nacionalizaron las tierras bajo propiedad tribal, restringiendo el control de las qabilas sobre el pastoreo y los movimientos de población,  pasando a manos de los funcionarios estatales y permitiendo el acceso a ellas sin ningún tipo de restricción basada en la afiliación. Así, su poder político se vio mermado, quedando reducidas meramente a categorías de cohesión e identidad social que persisten y que para muchos saudíes es de gran importancia, por ejemplo, a la hora de elegir a su futuro cónyuge (Akers, 2001). Los siete reinados desde 1932 Como se había comentado con anterioridad, siete han sido los monarcas que han subido al trono desde la fundación del Reino de Arabia Saudita en 1932: S.M. El rey Abdulaziz bin Saud y sus hijos S.M. el Rey Saúd bin Abdulaziz, S.M. El rey Faisal bin Abdulaziz, S.M. El rey Jálid bin Abdulaziz, S.M. El rey Fahd bin Abdulaziz, S.M. El rey Abdalá bin Abdulaziz y S.M. El Rey Salmán bin Abdulaziz. Este último reina desde 2015 tras la muerte de su hermano Abdalá, bajo el cual se están produciendo las mayores transformaciones socioeconómicas que jamás el Reino ha visto. El protagonista de este período clave en la historia del país es S.A.R. El príncipe heredero Mohamed bin Salmán, hijo del rey Salmán y nieto del fundador del reino, quien desde 2017 es príncipe heredero y desde 2022 ostenta el cargo de primer ministro, convirtiéndose de facto en el impulsor de la renovada y ambiciosa agenda saudí tanto en el plano doméstico como internacional. Cada soberano ha reinado como monarca absoluto, y de hecho, pocas han sido las transformaciones que ha sufrido el régimen desde la época del rey Abdulaziz. A pesar de ello, cada reinado tuvo que hacer frente a un contexto interno y externo diferente que exigía de diferentes planteamientos para garantizar la supervivencia del país, así como asegurar su proyección futura. A continuación se ofrece un análisis sobre las distintas etapas que ha vivido Arabia desde la unificación. David Hernández Martinez en “Estructura y distribución del poder en Arabia Saudí. Principales actores,instituciones y procesos de decisión”  destaca cuatro períodos en los cuales se engloban los siete reinados anteriormente nombrados: el primero es denominado de consolidación, que abarca los años que transcurren de 1932 a 1964; el segundo de ascenso, que engloba el reinado de Faisal de 1964 a 1975; el tercero de desarrollo, desde 1975 a principios del siglo XXI , el cuarto de modernización durante la última etapa del reinado de Fahd y el reinado de Abdalá; y finalmente el quinto y actual de redefinición, bajo el reinado de Salmán, caracterizado por la distinción entre el cargo de Rey y jefe de estado del de primer ministro oficializada en 2022, un hecho sin precedentes en los noventa años de vida del país. Respecto al primer período o de consolidación, se incluye por una parte el reinado de S.M. El Rey Abdulaziz desde 1932 hasta 1953, fundador del Reino, el cual gozó de pleno reconocimiento internacional desde su nacimiento. Este reinado se caracteriza por la centralización en busca de la consolidación estatal –subrayándose la creación del ejército, Guardia Real, Guardia Nacional y la policía religiosa–, así como de una escasa presencia en el plano internacional. Se puede decir por tanto que las prioridades del monarca fueron el desarrollo institucional, reforzando a su vez el poder de la dinastía (Hernández, 2020). Hasta la llegada de las ganancias procedentes de la explotación petrolera, los ingresos del Estado se fundamentaban en las peregrinaciones religiosas a las ciudades santas, aduanas e impuestos. Pero en 1933 cambiaría todo, ya que se firmó la primera concesión de explotación a la Standard Oil Company of California. Fue en 1938 cuando por primera vez se descubrió petróleo en Dhahran, en la Provincia Oriental, y a partir de ese momento se inició un proceso de modernización desde un sistema tribal de recursos limitados a una potencia tanto energética como geopolíticamente imprescindible, especialmente para los Estados Unidos, que en aquel momento se abría paso para convertirse en potencia hegemónica y decisiva en Oriente Medio ante un poder europeo cada vez más menguante, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre americanos y saudíes se fortalecieron aún más tras la creación de ARAMCO (the Arabian American Oil Company), una compañía petrolera de participación conjunta. A su muerte, el primer rey de Arabia Saudita había convertido un país basado en la austeridad en otro ostentoso y con un flujo abundante de rentas procedentes de sus copiosos recursos naturales (Encyclopedia Britannica, 2025) Tras la muerte del fundador, su hijo Saud ascendió al trono. En línea con su padre, continuó con la agenda modernizadora, con un marcado interés en el aumento de las infraestructuras para uso sanitario y educativo. No obstante, los problemas de salud del monarca le forzaron en marzo de 1964 a transferir sus poderes a su hermano Faisal, a título de virrey, y en noviembre de ese mismo año, Faisal se convirtió en rey tras haber perdido este la confianza de los príncipes de la familia real (Encyclopedia Britannica, 2025).  En este ciclo de consolidación se formalizó la división territorial del Estado, la patrimonialización de la familia Saud de las instituciones y puestos de poder, así como las bases para una relación duradera con los Estados Unidos de América del presidente Franklin D. Roosevelt mediante la firma del Pacto del USS Quincy en 1945, el cual ofrecía petróleo saudí a cambio de protección y apoyo militar estadounidense. Esto formalizó la indirecta alianza de intereses ya iniciada en 1933, gracias a la cual Arabia Saudita, por aquel momento sin una capacidad militar suficiente para asegurar su integridad territorial y soberanía, se escudaba en el paraguas nuclear norteamericano. Estados Unidos por su parte, veía en el país árabe un potencial aliado que pudiese saciar la alta demanda de petróleo de su sociedad consumista, lo cual le había forzado a buscar nuevas reservas fuera de su territorio nacional (Arnaiz, 2024). Posteriormente se encuentra la segunda etapa o de ascenso, que cubre el reinado de S.M. El Rey Faisal desde 1964 a 1975. En ella, los frutos de la transformación patrocinada por los beneficios de la industria petrolífera se dieron a conocer a través de la propagación de la tecnología moderna, el acceso de las mujeres a la educación y un desarrollo urbanístico revolucionario que comprendía rascacielos y autopistas. El Reino se convertía entonces en una monarquía absoluta basada en la interpretación estricta de la Sharía por parte de los clérigos wahabitas, pero que había abrazado un modelo consumista. Aquello no obstante, no suponía un desafío de la tradicional alianza entre la dinastía y el wahabismo, ya que de hecho bajo el reinado de Faisal Arabia Saudita aspiraba a liderar el mundo musulmán. Gracias a que en las décadas anteriores había finalizado con éxito la consolidación del nuevo estado, la casa Al Saud se veía preparada para proyectar una visión de liderazgo para su país sirviéndose de La Liga Mundial Musulmana, con sede en la Meca, y la Organización de la Conferencia Islámica (Campanini, 2024). Se juntaron para ello cuantías millonarias destinadas a la construcción de mezquitas, periódicos de corte islámico, programas de cooperación o inversión regional (Bosemberg, 1998).  Es importante hacer mención a los planes quinquenales: el primero, que se desarrolló entre 1970 y 1975, promoviendo un desarrollo de estado capitalista, destacándose los esfuerzos de diversificación y de industrialización. El nivel de vida aumentó motivado por un elevado gasto social, convirtiendo a Arabia Saudita en un estado rentista en el cual la población recibe privilegios como la exención fiscal, acceso a educación y sanidad, asegurando la pasividad política. Y el segundo entre 1975 y 1980, caracterizado por la inversión en el extranjero y el foco en la especialización en los sectores clave (petróleo y minerales), para reducir la dependencia extranjera (Bosemberg, 1998). En el aspecto social, el éxodo desde las zonas rurales hacia las ciudades y el crecimiento de estas provocó un resentimiento de los lazos tribales, si bien estas continúan formando parte inprescindible de la identidad de la nación. Uno de los momentos más destacados del reinado del rey Faisal fue su papel durante la crisis del petróleo en 1973. Todo comenzó con su decisión de imponer un embargo petrolero el día 21 de octubre del citado año a los Estados Unidos por su apoyo militar a Israel durante la guerra de Yom Kippur contra Egipto. La cosa no quedó ahí sino que en noviembre y tras una reunión entre los ministros petroleros de los países árabes productores en Kuwait, se acordó conjuntamente la reducción de la producción en un 25%. El embargo se amplió a todos los países que apoyasen al estado hebreo tras la Conferencia Cumbre árabe en Argel en la cual se afirmó la disposición de los países miembros en continuar haciendo del petróleo un arma económica hasta el momento en que "se materialice el retiro de los territorios árabes ocupados y hasta que se restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino”, siendo levantado el embargo en enero de 1974 tras la desocupación israelí de los territorios anexionados previamente en 1967 (Maffeo, 2003) El asesinato del rey en 1975 por un miembro de su familia supuso el ascenso de su hermano Jálid al trono. Continuando con la narración de la historia del liderazgo saudí desde 1932, la tercera fase o de desarrollo se sitúa entre 1975 y principios del nuevo siglo, y comprende los reinados de S.M. El Rey Jálid Bin Abdulaziz y de S.M. El Rey Fahd Bin Abdulaziz en su mayor parte.  Por una parte, S.M. El Rey Jálid, visto como “un hombre del desierto”, título ganado debido a su temprana experiencia a la edad de catorce años como representante de su padre ante las tribus del desierto, gozaba de gran popularidad, especialmente entre los beduinos. Su conciliadora personalidad lo llevó a ser nombrado príncipe heredero tras la llegada al trono de su antecesor (Encyclopedia Britannica, 2026). Una de sus primeras medidas como jefe de estado fue la promulgación de dos amnistías generales en abril y mayo de 1975, por las cuales se indultaban a los presos políticos y al resto de presos no condenados ni por robo, violación o delitos relacionados con drogas. Su reinado se caracterizó por un continuismo del enfoque tecnócrata de Faisal tanto interna como externamente.  La muerte de su hermano hizo coincidir su coronación con el desarrollo del segundo plan quinquenal, el cual cumplió con los objetivos marcados, entre los cuales se encuentran una tasa media de crecimiento del PIB del 8,4% y una tasa de inflación no superior al 6% (Saudipedia, 2020). La riqueza vinculada al crudo se utilizó entre otros aspectos para expandir la agricultura a gran escala como evidencian los datos, pues desde 1970 a 1989 la producción nacional de frutas y verduras aumentó casi en un 40%. También el reino árabe se convirtió en un miembro indispensable del FMI, aportando miles de millones en créditos, siendo aceptado finalmente en 1978 como miembro permanente de su directorio. Pero eso no es todo, sus inversiones en el extranjero habían alcanzado la cifra de 133.000 millones de dólares para 1979 (Wynbrandt, 2004). El mayor desafío interno que tuvo que hacer frente el poder saudí desde la revuelta de los Ijwán entre 1927 y 1930 fue la Toma de la Gran Mezquita de la Meca en 1979. Este hecho fue protagonizado por un grupo de rebeldes vinculados a los anteriores que se habían incorporado al ejército y que se hacían llamar “Movimiento de los Revolucionarios Musulmanes de la Península Arábiga”. Vinculados a la Hermandad Musulmana, el Rey Faisal ya había otorgado asilo a muchos de ellos tras su ilegalización por Nasser en Egipto.  El 20 de noviembre de aquel año, un número estimado entre doscientos y mil rebeldes tomaron la principal mezquita de la ciudad de Meca durante la celebración del hach –peregrinación musulmana a la ciudad y que en aquel momento había reunido unas cincuenta mil personas–. El pretexto fueron ideas antimonárquicas unidas al fundamentalismo islámico que rechazaba la nueva sociedad consumista y el descontento que se remontaba a la ya citada revuelta de finales de los años 1930, todo ello con un marcado carácter tribal. El templo religioso fue desalojado completamente el 3 de diciembre (Wynbrandt, 2004).  Este acontecimiento es considerado por muchos académicos como un punto de inflexión en el programa transformador y tecnócrata emprendido durante las últimas décadas, acentuando el discurso religioso del régimen y desde 1986 el papel del rey como Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas. Una prueba de ello fue la prohibición oficial de celebrar fechas como Navidad, San Valentín o Halloween, sumado a la elevación al rango de ministerio del Comité para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud en 1980. Ese mismo año se forzó la segregación de géneros en bancos y restaurantes (Lorenzo, 2020). La policía religiosa controlaba el cierre de las tiendas durante las horas de oración, se prohibió conducir a la población femenina e incluso se hizo obligatorio el uso del velo para las mujeres occidentales.  El Comité para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud y la Mutawwa (policía religiosa), que desde 1976 estaba bajo el control directo del rey, se institucionalizó mediante un Real Decreto en 1980, adquiriendo el rango de ministerio.  Por otra parte y enmarcado dentro de esta tercera fase de desarrollo consta la mayor parte del reinado de S.M. El Rey Fahd Bin Abdulaziz desde 1982, año de la muerte del Rey Jálid, y principios del siglo XXI. A pesar del cambio de cabeza de gobierno, Fahd ya había estado desempeñando un puesto de gran responsabilidad durante el mandato de su antecesor como príncipe heredero y a cargo de gran parte de la administración del reino. Tras su llegada al poder, continuó el proceso de nacionalización de la Arabian American Oil Company (Aramco) iniciado en 1972 hasta 1988 cuando el Estado se hizo con el control del 100% de sus cuotas de participación, pasando a llamarse Saudi Arabian Oil Company (Barcelona Center for International Affairs, Fahd ibn Abdulaziz Al Faysal Al Saud, s.f.). Asimismo, la amenaza de la revolución iraní de 1979 protagonizada por el clérigo chiita Ruhollah Jomeini que depuso a la monarquía de S.M. el Sah Mohammad Reza Pahlaví aliada de los Estados Unidos, implicó la ruptura del status quo  caracterizado por el dominio norteamericano en Medio Oriente desde la retirada británica en 1971, mientras en el ámbito doméstico se instaló el temor a un posible contagio revolucionario en la minoría chiita de la Provincia Oriental instigado por el nuevo régimen en Irán (Philowitz, 2013). Este clima de tensión se acrecentó con el estallido de la guerra entre Irak e Irán en 1980, en la cual el Reino asumió una posición favorable a Bagdad con un respaldo financiero calculado en unos 20.000 millones de dólares que nunca se devolverían. El desafío tanto externo como interno provocó principalmente el establecimiento de instalaciones navales estadounidenses en el país ante el despliegue americano en la región. Añadido a todo lo anterior se sumó una crisis en las exportaciones y precios del petróleo debido al aumento de la oferta en el mercado internacional. Para 1986, los ingresos vinculados a la explotación de estos recursos naturales se cifraron en 18.000 millones de dólares mientras que cinco años antes habían sido 115.000 millones (Bosemberg, 1998). A pesar de todo, las políticas de precios bajos y alta producción practicadas desde 1985 permitieron socavar la competencia de otros países menos preparados para soportar las fluctuaciones de ingresos debido a su alta dependencia, fortaleciendo el papel de Arabia en el sector (Barcelona Center for International Affairs, Fahd ibn Abdulaziz Al Faysal Al Saud, s.f.). Igualmente, para reforzar su autoridad religiosa, en 1986 S.M. El Rey Fahd adoptó el título de Custodio de las Dos Mezquitas Santas –en referencia a la Meca y Medina que forman parte del territorio saudí–, buscando respaldar así el reclamo del Reino a liderar las naciones musulmanas. Lo verdaderamente relevante del legado del ex monarca en el aspecto político fue la aprobación de la Ley Básica del Estado en marzo de 1992 ( al-niẓām al-asāsī li-l-ḥukm ) y la creación del majlis al-shura  u Órgano Consultivo ese mismo diciembre, convirtiéndose en el primer órgano consultivo del Reino desde su fundación, solamente pudiendo realizar proposiciones legislativas y cuyos miembros son directamente elegidos por el rey (BTI Country report. Saudi Arabia, 2003). Respecto a la Ley Básica, esta reafirmaba el carácter teocrático del Estado, estableciendo el Corán y la Sunna como la constitución del Reino, así pues la función de la política servía “para hacer que los mandamientos y prohibiciones de Dios se apliquen a la sociedad de acuerdo con las enseñanzas verdaderas” (BTI Country report. Saudi Arabia, 2003). Las altas cifras de crecimiento de población constantes se habían convertido en un reto para el sistema de bienestar a la hora de asegurar la cobertura de los servicios en la población, cobrando un importante papel las estructuras de solidaridad tribales especialmente en las áreas rurales (BTI Country report. Saudi Arabia, 2003). En el contexto internacional, la invasión del Irak de Saddam Hussein en agosto de 1990 a Kuwait provocó que la ONU aprobase la Resolución 678 en noviembre por la cual autorizó el empleo de la fuerza para restituir la soberanía plena de la monarquía árabe del Golfo. La acción de Bagdad sobre el emirato podía verse como un paso inicial tras el cual podían esperarse nuevas acciones militares contra otros países de la zona. Es importante subrayar que Saddam Hussein controlaba el cuarto ejército de tierra más poderoso del mundo en aquellos días, y no es de extrañar que Arabia Saudita solicitase la intervención estadounidense (Cardona, 2009). La aviación americana doblegó a las fuerzas ocupantes y el 27 de febrero de 1991 se dio punto y final al conflicto con la liberación de Kuwait (Cabrera y González, 2019).  La guerra terminó aquel día tras cuatro previos de operativo, pero las implicaciones del despliegue militar sin precedentes de una potencia occidental en el corazón del mundo islámico perduran hasta nuestros días. El rechazo de algunos sectores fundamentalistas de la población saudí a la estancia de las 230.000 tropas norteamericanas en el país, incluso tras contar con la aprobación del jeque Abdulaziz Bin Baz, Gran muftí y por lo tanto máxima autoridad religiosa del reino, derivó en la aparición de figuras radicalizadas como Osama Bin Laden y de organizaciones terroristas como Al Qaeda, que desde 2003 a 2006 operó su campaña del terror en la Península Arábiga (BTI Country report. Saudi Arabia, 2024). Al Qaeda había declarado la guerra no solo a Estados Unidos, sino también a la monarquía saudí a la que acusaba de traicionar el Islam por la modernización del país y permitir el acceso a las tropas “infieles” del presidente George H. W. Bush a tierra sagrada.  El 13 de noviembre de 1995 cinco ciudadanos saudíes perdieron la vida junto a otros dos americanos tras la explosión de un coche bomba frente a la sede en Riad de consejeros militares estadounidenses en la Guardia Nacional. El 25 de junio del año siguiente, un edificio ocupado por militares del país occidental fue objeto de otro atentado que se cobró la vida de otras diecinueve víctimas en Dhahran (Barcelona Center for International Affairs, Fahd ibn Abdulaziz Al Faysal Al Saud, s.f.). La respuesta de la monarquía fue contundente contra el terrorismo, practicando arrestos masivos y llevando a la justicia a los que fueron encontrados culpables. En 1994 le fue retirada la nacionalidad a Bin Laden quien tuvo que abandonar el país (Barcelona Center for International Affairs, Fahd ibn Abdulaziz Al Faysal Al Saud, s.f.). La potencia árabe ha colaborado junto a los Estados Unidos en el combate del terrorismo y la implantación de medidas para frenar su financiación, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, siendo 15 de los 19 perpetradores de nacionalidad saudí (Arnaiz, 2024).  S.A.R. El príncipe heredero Mohamed Bin Salmán aseguró en su visita a la Casa Blanca en noviembre del año pasado que Bin Laden usó a ciudadanos saudíes para destruir la relación entre su país y los Estados Unidos (ABC News, 2025). Lo cierto es que es una evidencia el rechazo de la familia real y de la amplia mayoría de la población del Reino al terrorismo y extremismo intolerante, distanciándose mucho de los prejuicios de la opinión pública internacional que los saudíes y su gobierno tuvieron que sufrir sobre todo desde aquel trágico 11-S. El Reino siempre había creído y fomentado por tanto una coexistencia pacífica y cooperación entre el mundo islámico y el Occidente cristiano (Barcelona Center for International Affairs, Fahd ibn Abdulaziz Al Faysal Al Saud, s.f.). En definitiva, este período de desarrollo sitúa a la nación en una posición destacada en Medio Oriente y el mundo islámico incluso con los desafíos regionales presentes y la dependencia en materia de seguridad. Se suma a ello la internacionalización del wahabismo un día proyectada por el rey Faisal y el control absoluto del Estado en la actividad económica (Hernández, 2020). Seguidamente, el cuarto capítulo o de modernización integra el reinado de S.M. El Rey Fahd desde principios del siglo XXI hasta su muerte en 2005, seguido por el ascenso al trono de su hermano Abdalá hasta la muerte de este diez años después. En primer lugar, el Rey, quien ocupaba la jefatura de estado desde principios de la década de los ochenta, había sufrido un derrame cerebral en 1995, reforzando la presencia del príncipe heredero Abdalá en las labores de gobierno. En 2003, Arabia se mostró contraria a la invasión estadounidense sobre Irak, que no contaba con el respaldo de la ONU, ya que temía que desestabilizase la región en favor de Irán (Kinninmont, 2016). La muerte en 2005 de Fahd tras 23 años al frente de la dinastía elevó a su hermano Abdalá al liderazgo de la casa real y por tanto del país.  El reinado de S.M. El Rey Abdalá se extendió un total de diez años (2005-2015) hasta su muerte y sucesión de su hermano Salmán. Bajo su dirección, el enfoque económico promovió reformas como la privatización de empresas estatales, una desregularización limitada y atracción de inversión extranjera. También luchó contra las actividades antimonárquicas y antioccidentales de Al Qaeda dentro del territorio nacional, viéndose obligado por primera vez a ordenar el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad para acabar con la oposición extremista como parte del compromiso del Estado en contra del fundamentalismo intolerante (Encyclopedia Britannica, 2026).  En adición, se buscó el desarrollo de las capacidades militares para reducir la dependencia de los Estados Unidos y la mejora de las relaciones comerciales con terceros estados (Hernández, 2020). En igual o incluso mayor medida destacan las reformas políticas introducidas por el nuevo monarca con el objetivo de ampliar los derechos de las mujeres y otros grupos sociales, aumentar la participación ciudadana mediante la implantación de las primeras elecciones municipales en 2005 y la transparencia en la administración (Hernández, 2020). Una de las novedades del reinado de Abdalá fue la creación en 2006 de la Comisión de Lealtad, encargada de participar en la designación del príncipe heredero (Philowitz, 2013). El mayor desafío que tuvo que enfrentar el octogenario monarca fue la primavera árabe de 2011, si bien el grado de seguimiento fue muy inferior al registrado en otras monarquías vecinas. En el mismo sentido, las elecciones municipales celebradas ese año y segundas desde 2005 mostraron el limitado interés popular en los procesos electorales existentes, no superándose el 47% de participación (BTI Country Report. Saudi Arabia, 2024). Como respuesta a la revuelta de 2011, el régimen se decantó por ralentizar y acotar el alcance de las reformas políticas. Cuando S.M. El Rey Abdalá fallecido en 2015 a la edad de noventa años fue sucedido por su hermano el príncipe Salmán, inaugurando la quinta era o de redefinición que se extiende hasta la actualidad. Este nuevo reinado merece ser analizado como un núcleo temático diferenciado por sus amplias repercusiones tanto económicas, sociales y diplomáticas, así como por las novedades en el sistema de gobierno y la redefinición de la relación del gobierno con las élites. Arabia Saudita desde 2015: S.A.R el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán y la Visión 2030 El protagonista de la Arabia Saudita del futuro se llama Mohamed Bin Salmán. Desde temprana edad este príncipe de la familia real saudí ya se había interesado por la gobernanza, quien caracterizado por su prudencia y su excelente capacidad de comunicación, finalizó sus estudios universitarios en derecho el año 2007 por la Universidad Rey Saud de Riad, diferenciándose de muchos otros príncipes quienes habían decidido estudiar fuera del país (Encyclopedia Britannica, 2025). Muchos académicos coinciden en que esta decisión novedosa para un miembro de la realeza le ha permitido mantenerse conectado a las aspiraciones y pensamientos de la juventud del país, lo cual sin duda se ha visto reflejado en su trabajo como primer ministro y príncipe heredero. Resalta su espíritu emprendedor y humanitario con la fundación de varias empresas y una organización benéfica en el Reino. En  2009 se convirtió formalmente en asesor de su padre, quien ostentó el cargo de gobernador de Riad por casi cinco décadas antes de llegar al trono. La confianza de S.M. El Rey Salmán en su hijo ha continuado a lo largo de los años, evidenciada en sus decisiones de nombrarle príncipe heredero en 2017 y primer ministro en 2022. Los planes ambiciosos del joven príncipe incluían una reforma social y una agenda de diversificación económica (Encyclopedia Britannica, 2025).  Su liderazgo se confirmó tras la creación por parte del rey Salmán de dos nuevos consejos complementarios a los ministerios ya existentes a los pocos meses de iniciar su reinado: estos son el Consejo de Asuntos Políticos y Seguridad y el Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo. Ambos, presididos por S.A.R. El príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, tienen como objetivo responder ante los principales retos y desafíos del Reino, planificando la reforma y los pasos de la monarquía para los años venideros (Karasik, citado por Hernández, 2020). A los pocos meses de ser asignado como príncipe heredero se produjo el bloqueo de Catar (2017-2021) entre acusaciones hacia Doha que incluían el patrocinio del terrorismo debido a su conexión con los Hermanos Musulmanes, una organización considerada como terrorista por Arabia Saudita y Emiratos Árabes. El resultado fue una ruptura de las relaciones bilaterales entre ambos países y la paralización del Consejo de Cooperación del Golfo (Bordón, 2021). La crisis finalizó en 2021 con la 41 cumbre del CCG y la firma de la declaración de Al-Ula (González del Miño, 2023) La obra más notable del príncipe heredero, –también conocido popularmente como MBS– es la Visión saudí 2030, una estrategia lanzada en 2016 que pretende acotar la dependencia del petróleo para evitar la vulnerabilidad que los estados exportadores suelen padecer con las fluctuaciones de los precios de esta materia prima reduciendo significativamente sus ingresos nacionales. Se ha de recordar que según datos ofrecidos por un informe sobre el país de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 2024, alrededor del 78% de las exportaciones del país árabe se basaban en petróleo crudo y gas natural, constituyendo en un 38% a su PIB, siendo origen del 64% de los ingresos del gobierno a 2019. Uno de los megaproyectos estrella enmarcados dentro de este programa es el conocido como “NEOM”, que fue presentado al público en 2017 por el príncipe heredero durante la conferencia “Future Investment Initiative” en la capital, y está pensado para crear un nuevo estilo de vida tecnológicamente avanzado y sostenible (School of Politics, Economics and Global Affairs & RAIA NOW gUG, 2023). La agenda transformadora de MBS incluye una flexibilización en las rígidas normas sociales que incluye la apertura de cines, la celebración de conciertos de música, la permisión a las mujeres para utilizar instalaciones deportivas (Takao, 2019), además del levantamiento de  la prohibición de conducir a estas en 2018, o la eliminación de la obligatoriedad del hijab en 2019. En el año 2022 cuando S.A.R. El príncipe heredero Mohamed Bin Salmán se convirtió en primer ministro, gran parte del sistema de tutela masculina fue abolida y las mujeres ya no necesitan contar con el permiso de un tutor masculino para poder estudiar, trabajar o viajar (BTI 2024 Country Report. Saudi Arabia). Todo ello fue precedido por la reducción de la presencia pública de la policía religiosa inmediatamente antes de la presentación de la Visión 2030, cuyas actuaciones fueron restringidas de una manera significativa así como privada de su facultad para arrestar a personas (Takao, 2019). Desde 1940 cuando fue fundada, la policía religiosa o Hay'ah había velado por el cumplimiento estricto de la Sharía en el Reino. Su finalidad es hacer cumplir la ley islámica en los espacios públicos, incluyendo la prohibición de la socialización entre ambos sexos públicamente, el acatamiento de los horarios establecidos para la oración o la implementación íntegra del código de vestimenta que hasta 2019 había forzado al sector femenino a cubrir todo su cuerpo a excepción de los ojos –con una vestimenta conocida como niqab – (BBC News Mundo, 2016). Sin embargo, a día de hoy su presencia es nula, según ha podido comprobar el autor de este artículo durante su estancia en Riad.  Los resultados económicos de la Visión 2030 se muestran muy positivos como así lo respaldó en septiembre de 2023 el informe nacional del FMI en el cual afirma que “la implementación de la agenda de reformas de la Visión 2030 —que ha dado lugar a mejoras sustanciales en el entorno regulatorio y empresarial— continúa sin obstáculos hacia una economía productiva y verde” (Congressional Research Service, 2023). Buscar distanciarse de la mayor fuente de ingresos estatal no es tarea fácil debido al contrato social característico de las monarquías árabes del Golfo por el cual el estado ofrece gratuitamente múltiples servicios públicos como sanidad y educación, emplea a un elevado número de nacionales y subsidia fuertemente la electricidad, agua, comida y con pensiones a aquellos grupos sociales con menores ingresos (BTI Country Report. Saudi Arabia, 2024), todo ello sin el previo pago de impuestos. Por tanto, desligarse del actual sistema rentista requiere de la elección de alternativas fiscales a los ingresos vinculados a los hidrocarburos como ha sucedido con la implantación del IVA o la privatización parcial de la compañía estatal de petróleo y gas —Saudi Aramco—(Barcelona Center for International Affairs, Muhammad ibn Salman ibn Abdulaziz Al Saud, s.f.). La Visión 2030 plantea la revisión del actual contrato social histórico, base de las relaciones entre la monarquía y la población, un asunto muy delicado que deja muy pendientes a los expertos sobre los próximos pasos que se darán al respecto y cuáles serán sus resultados. No solo se está procediendo a aplicar reformas intensas a todos los niveles, en una fase de redefinición tanto de funcionalidad del estado como de sus capacidades (Hernández, 2020), sino que se está promocionando desde arriba un nuevo espíritu nacional que resalte una imagen menos religiosa y más secular de Arabia Saudita a través de su rica historia, tradiciones y cultura. La nueva narrativa nacionalista hace énfasis en la herencia preislámica de Arabia Saudita anteriormente olvidada. Los sitios históricos están siendo objeto de estudio y restauración por todo el territorio de manera intensiva por medio de la joven Comisión Real de Patrimonio y la “Visión Al-Ula”, con una inversión que ya alcanza los 15.000 millones de dólares en la promoción y desarrollo de este punto emblemático de la ruta de las especias. Seis monumentos —cinco de ellos preislámicos— ya forman parte del catálogo de Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, de acceso gratuito.  En línea con el surgimiento de un nuevo nacionalismo  resalta en 2022 la adición al calendario festivo del 22 de febrero como “Día de la Fundación”, rememorando el comienzo del primer estado saudí. Según Zofia Sawicka y Aldona Piwko en “ Contemporary Saudi Identity From Religious Identity To National Identity ” MBS está comprometido a crear “un país de islam moderado, abierto a todas las religiones, tradiciones y pueblos del mundo”.  Conclusiones El Reino de Arabia Saudita ha sufrido un cambio radical desde una forma de vida primitiva y tradicional de las tribus nómadas vigente todavía a mitad del siglo XX hasta convertirse en un estado moderno al nivel del resto de naciones occidentales en tiempo récord. En este período de modernización se han llevado a cabo planes ambiciosos que han culminado en una alteración de la estructura social y económica, respaldado por los abundantes ingresos del petróleo desde el descubrimiento de este por primera vez en Dhahran en 1938. Su condición como tierra sagrada del Islam albergando a las ciudades de Meca y Medina, así como la existencia de una élite religiosa integrista dentro del Estado han orientado el impulso reformista desde la prudencia, difiriendo mucho del camino emprendido por otras monarquías árabes del Golfo.  El año 2015 supone un punto de inflexión trascendental en la historia reciente de la monarquía, con el ascenso al trono de S.M. El Rey Salmán y de su hijo S.A.R. El príncipe heredero Mohamed Bin Salmán en la línea de sucesión. Este último ha emprendido desde su posición de príncipe heredero y primer ministro un programa ambicioso de reformas en todos los ámbitos conocido como “Visión 2030”, que está cambiando la economía, sociedad y relaciones exteriores del gigante de Oriente Medio.  La liberalización social que se está produciendo es aplaudida por la amplia mayoría de la población del Reino, especialmente por los más jóvenes—más de la mitad de la población es menor de 30 años—. Las mujeres han visto ampliados sus derechos y las actuaciones abusivas de la policía religiosa ya no son una realidad en el día a día del país.  El enfoque en la diversificación y privatización económica pretenden reducir la dependencia en los ingresos petroleros, que añadido a la revisión del contrato social histórico buscan asegurar la viabilidad del Estado en un futuro sin petróleo ni gas. Todo ello, no obstante, hablando de la que es la potencia energética que más crudo exporta del mundo.  Cuando se habla del Reino de Arabia Saudita, no solo se habla de riqueza, petróleo y una monarquía absoluta, también se hace referencia a una nación llena de historia que contar, y que con su espíritu dinámico, constantemente habla de superación y futuro.

Escrito por: José Manuel Jiménez Vidal y Guzmán Nieto Gil Peacekeeping missions deployed in West Africa, and particularly in the Sahel region, constitute one of the most complex experiments in contemporary international governance. Since the beginning of the 21st century, the deterioration of security in countries such as Mali, Niger, and Burkina Faso has required the creation of a new multilevel architecture involving international organizations, regional actors, and external powers. This framework reflects both the growing internationalization of African crises and the structural limitations of classical peacekeeping models. International security architecture in the Sahel The crisis in the Sahel has not been managed by a single actor, but rather through a hybrid system of interventions combining military operations, institutional assistance, and the training of local forces. The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), established in 2013 following the country’s institutional collapse and the expansion of jihadist groups in the north, represented the central pillar of the international effort. Its primary objectives were to support the implementation of peace agreements, protect civilians, and strengthen state authority. However, the mission operated in an extremely hostile environment characterized by insurgencies, asymmetric terrorism, and weak state legitimacy. At the same time, the Economic Community of West African States (ECOWAS) played an essential political role. Beyond its economic dimension, the regional organization acted as a mechanism for mediation, diplomatic pressure, and institutional stabilization, especially following recurrent coups d’état in the region. Its involvement illustrates the growing importance of African-led solutions to continental crises, albeit with limited capabilities. For its part, the European Union contributed through the European Union Training Mission in Mali (EUTM Mali), focused on training and professionalizing the Malian armed forces. This non-combat mission aimed to improve local operational capacity to enable the gradual withdrawal of international forces, emphasizing institutional capacity-building as a long-term security strategy. Finally, France led Operation Barkhane until 2022, after nine years as an evolution of previous interventions. Unlike multilateral missions, Barkhane was an offensive counterterrorism operation aimed at neutralizing armed groups across the Sahel belt. Its regional deployment highlighted the interconnected nature of threats among states and the difficulty of containing them within national borders. Functioning of peacekeeping missions Operations in the Sahel follow a model that combines security, governance, and development, moving away from traditional peacekeeping based solely on separating opposing forces. The mandate constitutes the central legal element. In the case of the United Nations, it is approved through a Security Council resolution under Chapter VII of the UN Charter, allowing the use of force to protect civilians and ensure stability. This legal framework grants international legitimacy but also imposes political constraints derived from consensus among global powers. Missions integrate three main components. The military component provides territorial security, humanitarian escorts, and deterrence against armed actors. The police component focuses on rebuilding internal security systems by training local forces capable of maintaining order. Finally, the civilian component works in areas such as human rights, political reconciliation, administration, and electoral support. This structure reflects that security depends as much on institutions as on military presence. These operations generally unfold in three phases. The first is deployment, characterized by the gradual arrival of troops and the establishment of logistical infrastructure. The second is stabilization, focused on reducing violence, restoring state presence, and facilitating judicial and political processes. Finally comes the transition phase, aimed at transferring responsibilities to local authorities and reducing external presence. In the Sahel, however, this transition remains problematic due to insurgencies, institutional fragility, and repeated coups. Financing and international contribution The sustainability of peacekeeping missions relies on financial mechanisms and burden-sharing among members. Within the United Nations, financing is based on mandatory assessed contributions calculated according to each country’s economic capacity. Developed powers provide most of the operational budget, while many other states contribute mainly through troop deployments. This model creates a structural division between those who finance missions and those who assume operational risks, raising debates about equity, legitimacy, and the distribution of human costs. Beyond the multilateral system, the Sahel has received regional and external support. The European Union has funded training programs and technical assistance; the United States provides intelligence and logistical support; and the African Union, alongside regional organizations such as ECOWAS, has attempted to coordinate joint responses to transnational threats. Nevertheless, the overlap of actors has generated coordination problems, duplication of efforts, and, in many cases, inefficient use of resources. Local rejection and political tensions United Nations peacekeeping missions, particularly the so-called “blue helmets,” represent one of the most consolidated tools of the international system for maintaining peace and collective security. However, their trajectory has not been free from controversy. Despite their formal legitimacy and Security Council mandate, these operations have faced serious allegations of misconduct and actions that have undermined their credibility on the ground. One of the most notable examples occurred in the United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, where protests against the mission resulted in civilian deaths. Allegations included excessive use of force, abuse of authority, and documented cases of sexual exploitation and abuse against local women. These incidents affected not only the image of the specific mission but also cast a shadow over the broader peacekeeping model. The organization itself acknowledged structural shortcomings, including deficiencies in training, oversight, and accountability, highlighting the need to strengthen disciplinary standards and internal control mechanisms. Beyond individual abuses, a broader issue of legitimacy and local acceptance persists. In several contexts, international forces have been perceived as external interference or as detached from local social and cultural realities. This perception erodes one of the fundamental pillars of traditional peacekeeping: the consent of the parties. When local populations question a mission’s usefulness or impartiality, operational effectiveness inevitably declines. Criticism of peacekeeping forces therefore reflects not only isolated misconduct but a deeper crisis surrounding the international intervention model—particularly within the United Nations framework. Failures to prevent abuses, slow institutional responses, and perceptions of impunity have fueled narratives questioning the coherence between UN discourse and practice on the ground. While this does not negate achievements in multiple contexts, it underscores that the reputation of peace operations depends as much on strategic performance as on individual conduct, as well as on local societal acceptance. Sovereigntist narratives and disinformation The challenges facing UN peace tools are not only operational. The Sahel is experiencing what some analysts describe as a second wave of nationalism. For example, the government of Mali demanded the withdrawal of MINUSMA, while authorities in Burkina Faso denounced what they described as neo-colonial actions by countries such as France. Alongside this trend runs the growing influence of disinformation, which plays a key role in shaping public opinion. Artificial intelligence and limited digital literacy have become decisive political factors in the Sahel. Social media has turned into a complex information battlefield where distinguishing reality from fiction becomes increasingly difficult. Political narratives can more easily conceal falsehoods, generating hatred, misinformation, and polarization that, in certain contexts, fuel radicalization, extremism, and terrorist activity. Relations with Military Juntas and Transitional Governments A clear cause-and-effect dynamic has emerged: rejection of UN forces has encouraged governments to adopt nationalist positions and reject certain external actors. This has contributed to the formation of transitional governments or military juntas supported by voices advocating countries free from foreign interference. In recent months, alongside the nationalist wave, several transitional governments—either newly installed or born from coups d’état—have strained relations with what they describe as colonial powers or Western actors. In some cases, this environment has facilitated the involvement of alternative international actors, such as the Wagner Group, often to the detriment of traditional peacekeeping operations. Main threats in West Africa and the Sahel Among the region’s principal threats is the activity of terrorist organizations such as JNIM, linked to Al-Qaeda and seeking territorial control. These groups exploit identity narratives to recruit and indoctrinate youth, carrying out violence and intimidation against opposition. This threat endangers civilian lives and rights while also provoking restrictive national responses that may limit civil liberties, including religious freedoms. The consolidation of such forces recalls experiences observed in the Mashreq region with the rise of the Islamic State, whose rule produced extreme violence and atrocities comparable to some of the harshest civil wars in modern history. Institutional fragility and Coups d’État, humanitarian crisis and geopolitical competition Terrorism has found fertile ground in the Sahel due to political instability, fragile institutions, military governments, and widespread social dissatisfaction and polarization. The region has also become a space where Western influence is increasingly challenged, as well as a platform for diminishing residual European power in Africa. Both jihadist groups and external powers benefiting from instability have exploited these dynamics. For Europe, instability in West Africa directly translates into a security concern. Violence, poverty, and desperation drive migration flows toward safer destinations, placing pressure on already strained welfare systems. Europe must therefore manage humanitarian challenges while confronting threats originating in the region. At the same time, Europe is not the only actor involved. The United States, China, and Russia each approach the Sahel differently, pursuing interests that may include access to strategic resources, geopolitical positioning, influence over governments, or broader strategic competition reminiscent of Middle Eastern power dynamics. Mali as a structural case study The Tuareg rebellion in northern Mali (2012–2015) emerged from longstanding inequality and political marginalization between north and south, aggravated by humanitarian crises such as the 2010–2011 droughts. The National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) launched armed actions seeking autonomy for Kidal, Gao, and Timbuktu, while a coup against President Amadou Toumani Touré and the declaration of Azawad’s independence further destabilized the country. Radical Islamist groups such as Ansar Dine and AQIM later displaced the MNLA and imposed sharia-based governance, leading to severe human rights violations and escalating regional violence. International intervention—through UN Resolution 2085, the AFISMA mission, and France’s Operation Serval—halted Islamist advances and protected major cities, while Algeria facilitated preliminary peace negotiations. These culminated in the 2015 Algiers Peace Agreement, which partially reduced violence without eliminating structural drivers such as institutional weakness, corruption, porous borders, strategic resources, and illicit networks. Although international pressure, external military intervention, and dialogue helped reduce violence, the conflict left lasting consequences: around 2,000 deaths, tens of thousands displaced, food insecurity affecting more than three million people, and significant economic damage. Persistent structural and cultural violence, combined with incomplete implementation of peace agreements, continues to challenge long-term stability in Mali. Operational limitations and the withdrawal of MINUSMA The mandate of MINUSMA ultimately faced challenges that undermined its original design. The emergence of hybrid terrorist threats, the involvement of competing international actors, logistical constraints, and rejection by local authorities created overwhelming obstacles. Political changes within Mali further limited operational capacity. The Malian case marked a significant institutional setback for the United Nations, challenging perceptions of the organization as a sufficient guarantor of stability. It also demonstrated that international cooperation must involve not only host governments but also local populations to ensure mission ownership and legitimacy. The experience highlighted the need to update operational capacities and strengthen cooperation with influential regional organizations such as the African Union. In 2023, President Diop accused the mission of being part of the problem and formally requested its termination before the United Nations. Although MINUSMA achieved notable successes during its early years, factors such as militarization, declining local acceptance, and tensions with Western actors ultimately undermined its long-term viability.

Escrito por: Andrea Bastida y José Manuel Jiménez Vidal La energía se ha convertido en un eje central de la política económica e internacional europea durante el siglo XXI. La Unión Europea es una de las regiones globales más industrializadas, pero también una de las más dependientes de terceros Estados: importa en torno más del 60% de la energía que consume. Esta dependencia estructural ha condicionado notablemente las decisiones de la organización, especialmente tras la invasión de Ucrania en 2022 y el surgimiento de conflictos en Oriente Medio, lo que ha alterado profundamente el equilibrio energético continental. Durante décadas, la Federación Rusa ha sido el principal proveedor de gas natural a Europa, llegando a suministrar alrededor del 40% del gas importado por la UE. Países como Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania o Bulgaria dependen intensamente de los gasoductos rusos –Bulgaria permite el paso de gas ruso mediante el gasoducto Balkan Stream, una extensión del Turk Stream que procede de Turquía y finaliza en Serbia, hecho permitido por la normativa europea de cruce de fronteras, aunque finalmente mucho de este gas acaba en Hungría–. La guerra y las sanciones han reducido drásticamente los flujos, obligando a Europa a diversificar proveedores y acelerar la transición energética. Sin embargo, sustituir el gas ruso por gas natural licuado –GNL– procedente de los Estados Unidos o Catar ha encarecido los costes energéticos –cerca del 24% – y afectado a la competitividad industrial europea. En este nuevo escenario, Argelia ha ganado peso como suministrador de gas, posicionándose como el segundo Estado suministrador de gas de la UE tras Noruega, especialmente para España –antes del corte de suministros por los roces diplomáticos derivados del Sáhara Occidental y Marruecos– e Italia a través del gasoducto Transmed. No obstante, Argelia también mantiene límites productivos y un aumento interno de consumo, lo que ha hecho reducir los márgenes exportadores de sus recursos. Asimismo, la estabilidad política y las tensiones diplomáticas pueden afectar a estos flujos, especialmente teniendo en cuenta las dinámicas regionales entre Argel y Rabat con socios clave como Francia, Alemania o las mencionadas España e Italia.  A ello se suman actores como Azerbaiyán, que abastece al sur de Europa mediante el corredor del Cáucaso, el cual pasa por: Georgia, Turquía, Grecia, Albania e Italia; y Noruega, hoy el principal proveedor de gas tras la reducción rusa, regido por el precio de mercado europeo. Incluso Nigeria ha incrementado las exportaciones de hidrocarburos y GNL hacia el mercado europeo, especialmente al alemán, francés y español. Mientras, en Hispanoamérica, la situación de Venezuela, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro, muestra cómo la inestabilidad política puede limitar el potencial energético de un país con enormes reservas petroleras, por lo que otros socios como Chile (hidrógeno verde), Brasil, Argentina y México han tomado la delantera. Europa no solo se enfrenta a la mera dependencia externa, sino también a sus propias infraestructuras. La península ibérica, por ejemplo, tiene una alta capacidad de regasificación y un gran desarrollo y potencial en energías renovables como la eólica, solar o el hidrógeno verde, pero sus interconexiones con el resto de Europa son sumamente deficientes en porcentajes, lo que la convierte en una isla energética. Proyectos como el eje Barcelona-Milán han encontrado también obstáculos técnicos y políticos, en dicho caso por cuestiones relacionadas con Francia. Este contexto dio lugar a la llamada “excepcionalidad ibérica”, la cual permitió a España y Portugal limitar de forma temporal el precio del gas para reducir la factura eléctrica entre un 28-57% respecto a otros socios de la UE. Ante estos retos, se consolida un “nuevo mundo” energético basado en renovables. La energía eólica y solar ya superan en generación eléctrica a los combustibles fósiles en muchos países de la Unión como Suecia, España, Luxemburgo, Portugal, Croacia, Finlandia, Austria y Dinamarca, entre otros. Destaca la expansión de la eólica marina en el Mar del Norte y el Atlántico, con enormes parques offshore que pueden abastecer a millones de hogares, especialmente relevantes para Países Bajos, Bélgica, España, Alemania o Dinamarca. La mareomotriz crece en Francia, Luxemburgo encabeza la biomasa, la eólica flotante posiciona nuevamente a España como líder y la energía undimotriz hace destacar a Irlanda. Sin embargo, la intermitencia de fuentes exige inversiones masivas tanto en almacenamiento como en redes eléctricas funcionales, además de dependencias excesivas por falta de infraestructuras o dependencias excesivas de combustibles fósiles como Malta y Chipre. Un debate es el de sobre si la energía es verdaderamente “verde”. Las renovables reducen emisiones, pero requieren de minerales críticos y grandes infraestructuras para su desarrollo, actividad y producción. En paralelo, la energía nuclear divide a Europa. Francia mantiene una muy fuerte apuesta nuclear –56 reactores–, con alrededor del 70% de su electricidad procedente de mencionada fuente, considerándola clave para su soberanía energética y descarbonización, narrativa a la que se adhieren Chequia, Finlandia, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Rumania, Eslovenia –quien comparte la energía nuclear con Croacia– o Eslovaquia entre otros. En contraste, España ha optado por cerrar progresivamente sus centrales nucleares, mientras que Italia muestra voluntad de reabrir el debate nuclear tras décadas de rechazo. Por su parte, Polonia, Alemania, Rumania, Chequia y Grecia continúan dependiendo en gran medida del carbón, aunque impulsan nuevos proyectos nucleares y renovables para reducir emisiones. Finalmente, la posibilidad de una nueva crisis del petróleo, provocada por las tensiones y conflictos en Medio Oriente y el cierre de las cadenas arábigas de suministros, como Adén y Ormuz, recuerda que el mercado energético mundial sigue siendo muy vulnerable. Europa se encuentra en una nueva encrucijada histórica: reducir su dependencia externa, invertir en investigación y producción interna, modernizar sus infraestructuras y equilibrar la seguridad energética de forma sostenible. La transición no es exclusivamente tecnológica, también lo es política y económica, y definirá el papel europeo en el próximo orden mundial. Debate migratorio del Parlamento Europeo Los flujos migratorios hacia Europa en las últimas décadas han estado profundamente determinados por crisis humanitarias en distintas regiones de Oriente Próximo, desplazamientos forzosos derivados de conflictos armados y las estrategias internacionales de gestión migratoria. Desde el inicio de la Revolución Siria en 2011 y la posterior escalada de la guerra, varios países europeos comenzaron a registrar un incremento de personas que buscaban protección internacional, alcanzando su punto álgido a partir de 2015, en lo que se considera la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. En los primeros compases del conflicto sirio, entre abril de 2011 y octubre de 2012, alrededor de 23.500 ciudadanos sirios solicitaron protección internacional en Europa, principalmente en Alemania y Suecia, aunque también en Austria, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido. Con el tiempo y la prolongación de la guerra, el número de desplazados superó los 13 millones, entre refugiados y desplazados internos, lo que obligó a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar la asistencia humanitaria y los mecanismos financieros tanto dentro como fuera del continente. No obstante, los desplazamientos forzosos en la región tienen antecedentes más amplios. El caso palestino constituye uno de los procesos de refugio más prolongados del mundo, desde la Nakba  de 1948, que provocó el desplazamiento forzoso de más de 700.000 personas tras la creación del Estado de Israel. A estas dinámicas se suman conflictos posteriores, como los de Irak, así como las consecuencias regionales de la guerra siria, que afectó especialmente a países vecinos como Líbano, receptor de un elevado número de refugiados desde 2011 pese a sus limitadas capacidades institucionales y económicas, y Jordania, que también asumió un papel clave en la acogida de desplazados. Durante los primeros años de la crisis, la estrategia europea se orientó hacia la externalización de la gestión migratoria, promoviendo que gran parte de los desplazados permaneciera en países limítrofes al conflicto. Sin embargo, la afluencia masiva de personas a Europa en 2015 evidenció las limitaciones del sistema de Dublín y la presión sobre los sistemas nacionales de asilo en países de primera entrada como Grecia e Italia. Al mismo tiempo, Estados miembros como Alemania, Suecia o Austria recibieron un elevado número de solicitudes, intensificando el debate político sobre fronteras, distribución de responsabilidades y reforma del sistema común de asilo, mientras se cuestionaba la capacidad de los países del sur y este de Europa para gestionar la crisis sin recursos adicionales. Esta dinámica ha generado posturas polarizadas en el Parlamento Europeo. Grupos como la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA) o The Left defienden vías legales de migración, protección de refugiados y mecanismos obligatorios de reparto entre los Estados miembros, aunque algunos criticaron el Pacto de Migración y Asilo de 2024 por considerarlo demasiado restrictivo. Renew Europe y el Partido Popular Europeo (PPE) adoptan una posición intermedia, apoyando el pacto al combinar control fronterizo con un sistema europeo común de asilo. En contraste, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Identity and Democracy (ID) han rechazado estas medidas, defendiendo políticas más estrictas basadas en el control de fronteras y la defensa de la soberanía nacional. Ante este paradigma, ¿cómo consigue la UE reducir la presión migratoria sin renunciar a sus compromisos legales y humanitarios? Una de sus estrategias clave ha sido la creación de “estados colchón”: países vecinos que absorben parte de la presión antes de que los flujos lleguen al continente. Turquía actúa como principal colchón en el Mediterráneo Oriental, mientras Marruecos, Túnez, Libia y Egipto desempeñan un papel similar en el Mediterráneo Central y Occidental, especialmente hacia España e Italia. Los Balcanes Occidentales, con Serbia a la cabeza, funcionan como zona de amortiguación en la ruta de los Balcanes, y Mauritania y Senegal son socios estratégicos en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. Incluso Bielorrusia ha sido utilizada recientemente como punto de tensión en la frontera este con Polonia. Estos estados colchón funcionan mediante externalización de fronteras: la UE financia y refuerza los controles, pacta acuerdos de readmisión y promueve la contención en origen, de manera que los migrantes permanezcan en estos países de tránsito. Gracias a estas medidas, la entrada de migrantes irregulares en la UE cayó más del 25 % en el último año según datos de la propia Comisión Europea, aunque Alemania, Francia, España e Italia siguen siendo los principales destinos, y rutas como los Balcanes Occidentales o el Mediterráneo Central continúan siendo críticas. Por si fuera poco, el auge de extremismos políticos ha intensificado la presión social. Italia, por ejemplo, ha tenido que gestionar tensiones con Albania ante flujos irregulares, mientras que los gobiernos combinan planes de regularización con políticas de deportación. Estrategias como el Plan Mattei han buscado gestionar la llegada de ciudadanos albaneses y otros grupos de manera ordenada, equilibrando seguridad y derechos fundamentales. En conjunto, estas medidas, estrategias de contención y debates políticos evidencian que la migración sigue siendo uno de los retos más complejos de la Unión Europea, y lo seguirá siendo en los años venideros ante la delicada situación actual en Oriente Medio, marcada por tensiones crecientes en países como Irán tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Más allá de acuerdos, estados colchón y planes de regularización, la UE debe conciliar seguridad, solidaridad y respeto a los derechos humanos en un contexto de flujos continuos y opiniones políticas polarizadas. La pregunta que queda abierta es si será capaz de construir un modelo sostenible que responda tanto a las necesidades de los Estados miembros como a las de quienes buscan protección y una vida digna en Europa.

Este artículo ha sido elaborado por Naciones en Ruinas en colaboración con Sevimun (Modelo de Naciones Unidas). Ambos proyectos comparten una vocación internacionalista y están impulsados por jóvenes comprometidos con el análisis, el debate y la comprensión de los asuntos globales. Esperamos que su lectura haya resultado útil e interesante. Nuestro objetivo es contribuir a generar reflexión y diálogo sobre los principales retos internacionales. Quienes deseen participar, colaborar o conocer más sobre nuestras actividades pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros. Naciones en Ruinas está presente en todas las redes sociales, donde compartimos contenidos, iniciativas y oportunidades de participación. Agradecemos el interés y el apoyo de quienes siguen y contribuyen a este proyecto, y deseamos a todos los participantes una excelente experiencia en el Sevimun. Introducción La seguridad internacional contemporánea se enfrenta a un desafío cada vez más complejo: la posibilidad de que actores no estatales accedan a capacidades ofensivas desarrolladas por Estados. El avance tecnológico, la globalización de los mercados de armas y la creciente fragmentación de los conflictos armados han incrementado el riesgo de que armamento avanzado –desde misiles portátiles hasta armas nucleares– no solo amenaza la estabilidad de los Estados directamente afectados, sino que también pone en peligro el equilibrio estratégico global. Ante este escenario, la comunidad internacional ha desarrollado un conjunto de mecanismos jurídicos, diplomáticos y operativos destinados a prevenir la proliferación de capacidades militares avanzadas fuera del control estatal. Tratados internacionales, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, regímenes de control de exportaciones y misiones de verificación forman hoy parte de una estructura institucional diseñada para limitar la difusión de armamento sensible. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania, especialmente tras la invasión a gran escala iniciada por Moscú el 24 de febrero de 2022, constituye un caso de estudio particularmente relevante para analizar estos mecanismos. La guerra ha implicado un flujo masivo de asistencia militar internacional hacia Kyiv, al mismo tiempo que ha generado preocupaciones sobre la proliferación de armas y la seguridad de la población civil. En este contexto, el papel de los actores internacionales resulta fundamental tanto para garantizar el derecho de defensa de los Estados como para evitar que el armamento avanzado caiga en manos de actores no estatales. La amenaza de la proliferación hacia actores no estatales Tradicionalmente, las teorías de la seguridad internacional se han focalizado en las relaciones interestatales. Sin embargo, el surgimiento de actores armados no estatales ha transformado profundamente este paradigma. Organizaciones terroristas como Al Qaeda o grupos como el Estado Islámico han demostrado que las organizaciones no estatales pueden adquirir capacidades militares muy significativas y emplearlas con gran impacto estratégico. El problema se incrementa cuando estos actores obtienen acceso a armamento desarrollado originalmente por Estados. Las armas de destrucción masiva –armamento nuclear, biológico o químico– representan casos extremos, pero incluso sistemas convencionales avanzados, como misiles antiaéreos portátiles (MANPADS), drones armados o armas químicas industriales, pueden causar graves daños si se utilizan fuera de un marco estatal regulado. La preocupación internacional por este riesgo la podemos observar especialmente tras el 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, la comunidad internacional comenzó a priorizar la prevención del terrorismo en todas sus formas. Los Estados reconocieron que la seguridad global dependía no solo de controlar las armas de otros Estados, sino de impedir que materiales sensibles fueran adquiridos por actores no estatales.   Uno de los mayores riesgos asociados a la proliferación es el colapso institucional en contextos de conflicto armado. Cuando un Estado pierde el control efectivo de parte de su territorio o de sus arsenales, aumenta significativamente la probabilidad de que armas avanzadas sean capturadas o comercializadas en mercados ilícitos. Este fenómeno se ha observado en diversos conflictos, como la guerra civil libia tras la caída de Muamar Gadafi en 2011, cuando grandes cantidades de armamento estatal se dispersaron por el Sahel y el norte de África, cayendo en manos terroristas.  Instrumentos internacionales de no proliferación Para enfatizar estos riesgos, la comunidad internacional ha construido un conjunto de instrumentos multilaterales destinados al control de la proliferación. Entre ellos destaca el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968, que constituye la piedra angular del régimen internacional de control nuclear.  El TNP se basa en tres principios: la no proliferación de armas nucleares, el desarme progresivo de los Estados que poseen dicho armamento y el derecho al uso pacífico de la energía nuclear. Actualmente cuenta con la adhesión de 191 Estados, lo que lo convierte en uno de los más ratificados. Su implementación se supervisa mediante el Organismo Internacional de Energía Atómica, que realiza inspecciones para verificar que los materiales nucleares no se desvíen hacia programas belicistas.  Sin embargo, el TNP se focaliza principalmente en la proliferación entre Estados. Para abordar el riesgo de la proliferación hacia actores no estatales, el Consejo de Seguridad adoptó en 2004 la Resolución 1540. En esta, se establecen obligaciones vinculantes para todos los miembros de la ONU para prevenir que actores no estatales desarrollen, adquieran o utilicen armas de destrucción masiva. La resolución exige a los Estados a adoptar medidas legislativas para criminalizar la proliferación, establecer controles estrictos sobre materiales sensibles y reforzar la seguridad de las instalaciones que almacenan materiales nucleares, químicos o biológicos. También promueve la cooperación internacional para mejorar las capacidades de los Estados en materia de control fronterizo y seguridad nuclear. Además de estos instrumentos jurídicos, existen diversos regímenes internacionales de control de exportaciones destinados a limitar la transferencia de tecnologías militares y de doble uso. Estos mecanismos permiten a los Estados coordinar sus políticas de exportación para evitar que tecnologías sensibles sean utilizadas con fines militares no autorizados o caigan en malas manos. El conflicto entre Rusia y Ucrania y su dimensión internacional El conflicto entre Moscú y Kyiv representa uno de los mayores desafíos para la seguridad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque las tensiones comenzaron en 2014 con la anexión rusa de Crimea y el inicio de la guerra en el Donbás, la situación se transformó radicalmente en febrero de 2022, con la escalada de la guerra. La guerra sigue generando enormes pérdidas humanas, destrucción de infraestructuras críticas y una grave crisis humanitaria. Millones de ciudadanos se han visto obligados a abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados o desplazados internos.  Desde el inicio de la invasión, diversos actores internacionales han intervenido indirectamente en el conflicto mediante asistencia militar, económica y humanitaria. EEUU, la UE, el Reino Unido, Canadá y la mayoría de países miembros de la OTAN, así como otros países occidentales, han proporcionado armamento avanzado, entrenamiento militar y apoyo logístico a Ucrania.  La asistencia internacional ha incluido sistemas de defensa aérea, artillería de lego alcance, vehículos blindados y tecnología de inteligencia. Este apoyo ha sido crucial para permitir que Ucrania mantenga su capacidad defensiva frente a las fuerzas rusas. No obstante, el suministro masivo de armamento también plantea desafíos importantes para la seguridad global. En conflictos prolongados, existen altos riesgos de que algunas armas se desvíen hacia mercados ilícitos o sean capturados por grupos armados no estatales. Por ello, son necesarios mecanismos de seguimiento y control de armas. Seguridad civil y desarme en el contexto de los conflictos Además del apoyo militar, la comunidad internacional ha desempeñado un papel relevante en la protección civil afectada por los conflictos. Diversas organizaciones internacionales han coordinado operaciones humanitarias destinadas a proporcionar alimentos, asistencia médica y refugio a millones de personas desplazadas. En Europa, se han implementado programas de protección temporal para refugiados ucranianos, permitiéndoles acceder a servicios de salud, educación y empleo. Estas medidas representan una de las mayores operaciones de acogida de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se han impulsado iniciativas destinadas a investigar posibles violaciones del derecho internacional humanitario. Organismos internacionales y tribunales han comenzado a recopilar pruebas relacionadas con presuntos crímenes de guerra cometidos. Otro aspecto es el de la planificación del desarme y la reconstrucción posconflicto. Aunque la guerra continúa, diversas instituciones internacionales ya están evaluando estrategias para la futura recuperación ucraniana, incluyendo programas de desminado, control de armamento y reconstrucción de infraestructuras. Conexión entre la no proliferación y la gestión de conflictos El conflicto ruso-ucraniano demuestra que la prevención de la proliferación y la gestión de conflictos armados están tremendamente interrelacionados. La comunidad mundial debe equilibrar dos objetivos que, en ocasiones, pueden entrar en tensión: apoyar a los Estados que ejercen su derecho a la legítima defensa y evitar la difusión incontrolada de armamento avanzado. En este sentido, la cooperación internacional resulta clave para garantizar que el apoyo militar no genere nuevos riesgos de proliferación. Los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión del armamento se han convertido en herramientas clave para mantener este equilibrio. Además, el caso de Ucrania subraya la importancia de las instituciones multilaterales en la gestión de crisis internacionales, especialmente en un contexto cada vez más desfavorable al multilateralismo. Organizaciones como la ONU, la UE y diversas alianzas regionales desempeñan un papel fundamental en la coordinación de esfuerzos diplomáticos, humanitarios y militares. Conclusiones La prevención del acceso de actores no estatales a capacidades ofensivas estatales constituye un elemento esencial de la seguridad internacional contemporánea. Los instrumentos multilaterales de no proliferación, junto con los mecanismos de control de exportaciones y cooperación, buscan limitar la difusión de armamento avanzado y reducir los riesgos asociados a su uso fuera del control estatal. El conflicto entre Rusia y Ucrania ilustra, una vez más, cómo estos mecanismos adquieren una importancia particular en contextos de guerra. Mientras la comunidad internacional proporciona apoyo militar a Ucrania para garantizar su defensa, también debe asegurar que dicho apoyo no contribuya a una proliferación descontrolada de armamento. En este sentido, el caso demuestra que la no proliferación, el desarme y la seguridad civil forman parte de una misma estrategia de gobernanza global destinada a preservar la estabilidad.

This article has been prepared by Naciones en Ruinas in collaboration with Sevimun (Model United Nations). Both projects share an internationalist vocation and are driven by young people committed to the analysis, debate, and understanding of global affairs. We hope that this article has been useful and engaging to read. Our objective is to contribute to reflection and dialogue on the main international challenges. Those who wish to participate, collaborate, or learn more about our activities are welcome to contact us. Naciones en Ruinas is present on all social media platforms, where we share content, initiatives, and opportunities for participation. We appreciate the interest and support of those who follow and contribute to this project, and we wish all participants an excellent experience at Sevimun. Introduction The protection of children represents one of the most fundamental pillars of the international human rights agenda. Nevertheless, millions of children around the world –particularly girls– continue to face overlapping structural risks that undermine their health, safety and development. Two of the most pressing challenges in this regard are the limited access to sexual and reproductive health services for girls in vulnerable contexts and the persistence of child malnutrition, especially in parts of South and Central America. Although these issues are often studied separately, in reality they are deeply interconnected and mutually reinforcing. The vulnerability of girls frequently emerges in environments characterized by poverty, weak institutional capacity, limited healthcare infrastructure, and social inequality. At the same time, food insecurity and poor nutrition during childhood remain significant barriers to healthy development, affecting physical growth, cognitive capacity and long-term economic opportunities. When these problems coexist, they create cycles of vulnerability that can persist across generations. International organizations such as UNICEF emphasize that child protection, gender equality, nutrition, education and health cannot be addressed in isolation. Rather, they must be understood as components of an integrated system of human development. Examining the links between the protection of girls and child nutrition helps reveal the structural factors that perpetuate inequality and provides valuable insights into the types of policies required to address them effectively.  Sexual and reproductive health and the protection of girls in vulnerable contexts Access to sexual and reproductive health services is a critical component of safeguarding the rights and wellbeing of girls worldwide. In vulnerable environments –such as regions affected by poverty, conflict, displacement or weak institutions– girls are disproportionately exposed to risks including gender-based violence, early marriage and adolescent pregnancy. Globally, the scale of this problem is striking. Estimates suggest that over 370 million women and girls worldwide experienced rape or sexual assault before the age of 18. These experiences often occur in environments where legal protection, health services and social support systems are insufficient. In countries affected by armed conflict, such as the Democratic Republic of Congo, sexual violence against minors has been widely documented and remains a severe humanitarian concern. Early pregnancy is another major consequence of insufficient reproductive health services and education. According to global health data, approximately 21 million girls aged 15-19 become pregnant each year in developing regions. Early pregnancy frequently leads to school dropout, reduced employment opportunities and increased risk of long-term poverty. Education plays a crucial role in mitigating these risks. Girls who complete secondary education are significantly more likely to delay marriage and childbirth and to have greater autonomy over their reproductive decisions. Programs supported by international organizations –including initiatives promoting sexual education, access to contraception and youth-friendly health services–  have demonstrated positive outcomes in several regions. However, access to these services remains uneven. Rural communities, marginalized ethnic groups and populations living in extreme poverty often face significant barriers to reproductive healthcare. Addressing these inequalities requires comprehensive policies that combine healthcare access, education, legal protection and social support. Child malnutrition in South and Central America While Latin America has made notable progress in reducing extreme poverty and improving public health indicators, child malnutrition continues to affect millions of children across the region. Malnutrition manifests in multiple forms, including chronic undernutrition, micronutrient deficiencies and increasingly, childhood obesity. In Latin America and the Caribbean, approximately 5,7 million children under five suffer from stunting, a condition caused by long-term nutritional deficiencies and poor living conditions. Stunting has profound consequences: it limits physical growth, weakens immune systems and can impair cognitive development, ultimately reducing educational achievement and economic productivity later in life. Certain countries experience particularly severe challenges. Guatemala, for example, has one of the highest rates of chronic child malnutrition in the world. Nearly 43% of children under five experience stunted growth, with much higher prevalence among indigenous and rural populations. Structural inequality, limited access to healthcare and food insecurity contribute significantly to these disparities.   Other countries such as Honduras, Bolivia and Peru also report higher malnutrition rates in rural regions, where geographic isolation and limited economic opportunities restrict access to nutritious foods and health services. In addition to undernutrition, many Latin American countries now face the double burden of malnutrition, where undernutrition coexists with overweight and obesity. This phenomenon is partly driven by increased consumption of low-cost, ultra-processed foods that are high in calories but low in essential nutrients. As a result, some children may experience micronutrient deficiencies despite consuming sufficient –or even excessive– calories. Addressing malnutrition therefore requires not only improving food availability but also promoting healthy diets, strengthening healthcare systems and ensuring access to clean water and sanitation.   Intergenerational Cycles; linking girl´s health and child nutrition The connection between a girl´s health and child nutrition becomes particularly evident when examining intergenerational cycles of poverty and vulnerability. Girls who grow up in conditions of poor nutrition are more likely to experience health complications during adolescence and adulthood. If they become mothers at a young age–especially while still undernourished– their children face significantly higher risks of low birth weight, development delays and chronic malnutrition.  This cycle perpetuates inequality across generations. Malnourished children often perform worse in school due to impaired cognitive development and higher susceptibility to illness. Lower educational attainment subsequently reduces employment opportunities, increasing the likelihood that poverty and food insecurity will persist into adulthood.   Evidence from Latin America demonstrates how social policies can intrrupt this cycle. In Brazil, the conditional cash transfer program Bolsa Família has helped reduce poverty and improve health and nutrition outcomes by linking financial assistance to school attendance and regular health check-ups for children. Such programs demonstrate how integrated social policies can simultaneously improve nutrition, education and child protection. School feeding programs represent another effective intervention. By providing nutritious meals in schools, governments not only improve children's diets but also encourage school attendance –particularly for girls. Increased school participation reduces the likelihood of early marriage or adolescent pregnancy, thereby contributing to better reproductive health outcomes and improved long-term wellbeing. Similarly, regulatory measures addressing unhealthy food consumption have shown promise. Chile, for example, has implemented strict food labeling policies and restrictions on advertising unhealthy foods to children. These policies aim to reduce childhood obesity while promoting healthier dietary habits. These examples illustrate the importance of integrated strategies that address both the social determinants of health and gender inequality. Ensuring that girls have access to education, healthcare and protection services ultimately contributes to improved nutrition outcomes for future generations. Conclusion The protection of girl´s sexual and reproductive health and the fight against child malnutrition are not isolated challenges but interconnected dimensions of a broader development agenda. Both issues are deeply rooted in structural inequalities such as poverty, limited access to education, gender discrimination and weak health systems. Evidence from multiple regions –including South and Central America– demonstrates that addressing these challenges requires comprehensive and coordinated policies. Investments in education, reproductive health services, food security and social protection can generate long-term benefits not only for individual children but for entire societies. Breaking the cycle of vulnerability requires prioritizing the wellbeing of girls and children in public policy and international cooperation efforts. When girls are protected, educated and healthy, they are more likely to become empowered adults capable of raising healthier families and contributing positively to their communities. Ultimately, ensuring that every child has access to adequate nutrition, healthcare and protection is not merely a humanitarian obligation –it is a fundamental investment in sustainable development, social stability and global equity–. Photo credit: By Nesbitt - UNICEF-Fotoarchiv, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122255529

Este artículo ha sido elaborado por Naciones en Ruinas en colaboración con Sevimun (Modelo de Naciones Unidas). Ambos proyectos comparten una vocación internacionalista y están impulsados por jóvenes comprometidos con el análisis, el debate y la comprensión de los asuntos globales. Esperamos que su lectura haya resultado útil e interesante. Nuestro objetivo es contribuir a generar reflexión y diálogo sobre los principales retos internacionales. Quienes deseen participar, colaborar o conocer más sobre nuestras actividades pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros. Naciones en Ruinas está presente en todas las redes sociales, donde compartimos contenidos, iniciativas y oportunidades de participación. Agradecemos el interés y el apoyo de quienes siguen y contribuyen a este proyecto, y deseamos a todos los participantes una excelente experiencia en el Sevimun. Introducción La Revolución Irlandesa fue un conjunto de complejos y simultáneos procesos políticos y militares que, entre 1916 y 1923, transformaron profundamente a Irlanda: de ser una colonia del Reino Unido a constituirse en un Estado independiente parcial y posteriormente en una república completamente soberana. Este periodo incluye eventos clave como el Alzamiento de Pascua de 1916 (Easter Rising), la Guerra de Independencia (1919-1921) y la posterior Guerra Civil (1922-1923) que definieron el futuro del país. El Arpa, instrumento musical con profundo arraigo cultural en la memoria colectiva del pueblo irlandés, se constituyó desde el siglo XIII como símbolo nacional y de resistencia frente a la hegemonía británica; paralelamente, el uso de las armas y la estrategia militar constituyeron las herramientas de confrontación que a día de hoy podemos afirmar que caracterizaron décadas de conflicto. La articulación entre cultura simbólica y prácticas bélicas es esencial para comprender cómo se concibió la revolución –entre la “arpa” como emblema de identidad y el “fusil” como herramienta de emancipación armada–. La historiografía contemporánea –desde estudios culturales hasta análisis de defensa y militares– ha explorado este nexo, subrayando a figuras como Patrick Peatse, James Connolly y Michal Collins, quienes combinaron ideología, simbolismo, identidad y táctica en la lucha por la autodeterminación irlandesa. Simbolismo y métricas; el arpa como emblema nacional El arpa –conocida en gaélico como cláirseach– ha sido un símbolo perdurable de Irlanda desde al menos la Edad Media. Su uso heráldico se remonta a escudos de armas europeos del siglo XIII, donde aparece asociada con el concepto del “Reino de Irlanda”. Posteriormente, fue incorporada en la moneda de Enrique VIII en 1536 y continuó en escudos de armas británicos tras la unión dinástica de 1603 bajo el reinado de Jacobo I. Tras el resurgimiento del nacionalismo irlandés en los siglos XVIII y XIX, el arpa fue reivindicada por movimientos republicanos como los United Irishmen –cuye lema “It is new strung ans shall be heard” articuló la idea del renacimiento nacionalista– y más trde utilizada en símbologías nacionales de los gobiernos revolucionarios irlandesas (Great Seal of the Irish Free State de 1922, y posteriormente en pasaportes, mondas y el escudo oficial). Comparativamente, el simbolismo del instrumento musical puede analizarse frente a otras herramientas de identidad irlandesa. Por un lado, el tricolor irlandés (verde, blanco y naranja) enfatiza la reconciliación sectaria entre católicos y protestantes tras siglos de conflicto, frente al arpa que remite directamente a la identidad e idea de cultura antigua común. Asimismo, el lema de los United Irishmen integraba a la metáfora musical con la idea de un nuevo orden (renovar las cuerdas), lo que contrasta con los símbolos exclusivamente militares que priorizan la fuerza. El arpa no fue solo un símbolo artístico, sino también un medio para conformar narrativa colectivas de resistencia, causa y legitimidad nacional en una revolución que combinaba discurso cultural, sentimiento de identidad y acción política organizada. Métodos de lucha; teoría, ventajas y desventajas de la acción armada La revolución de Irlanda incorporó diversas estrategias de confrontación: desde insurrecciones urbanas hasta guerra de guerrillas campestre. El Alzamiento de Pascua de 1916 en Dublín constituyó un intento concentrado de asalto urbano. Liderado por figuras como Patrick Parse –maestro y abogado- y James Connolly –líder sindicalista del irish Citizen Army–, el alzamiento movilizó aproximadamente a 1250 combatientes a la capital. El enfoque rápido y mayormente concentrado en las áreas urbanas por parte de los revolucionarios irlandeses les permitió capturar espacios simbólicos, por  ejemplo, la Oficina General de Correos de Dublín, lo que facilitó la proclamación de la República Irlandesa. Asimismo, aprovecharon la cobertura mediática limitada de la época, difundiendo sus objetivos políticos de forma clara y audaz, incluso en un país marcado por la falta de conexiones,las bajas tasas de alfabetización y redes logísticas. No obstante, las mencionadas escasas conexiones provocaron una falta del apoyo rural y de recursos logísticos, conduciendo a una rápida supresión por parte del ejército de Londres. En consecuencia, el resultado en ejecuciones sumarias de líderes fue notable, causando que lo que inicialmente debilitó la insurrección directa cara a las fuerzas reales, paradójicamente, aumentase la simpatía pública por la causa republicana. Contrariamente, la Guerra de Independencia (1919-1921), liderada por el Irish Republican Army bajo figuras como Michael Collins y Eamon de Valera, adoptó tácticas de guerrilla, emboscadas y operaciones de inteligencia descentralizadas, como las perpetradas en la emboscada de Soloheadbeg, el 21 de enero de 1919. Esta práctica mitigó las desventajas del combate frontal urbano, permitiendo al IRA desgastar progresivamente a los británicos. Hay, por lo tanto, un contraste metodológico clave: el insurreccionalismo urbano versus la guerra de guerrillas rural. El primero poseía un impacto simbólico inmediato pero mantenía vulnerabilidades estratégicas al estar más cerca de las fuerzas y la autoridad de Londres; mientras, el segundo, ofrecía sostenibilidad, adaptación al entorno y un desgaste prolongado del contrario, personificando la verdadera causa de la posterior victoria irlandesa. Análisis crítico y contextual de las figuras clave y sus modelos ideológicos Las figuras que encarnaron la revolución irlandesa representan un espectro muy amplio de influencias ideológicas y tácticas. En primer lugar, destaca Patrick Pearse, quién combinó elementos culturales y filosóficos nacionalistas con una creencia en la educación cívica y el sacrificio personal como motor revolucionario. Su Declaración de la República incorporó un lenguaje moral, restaurador e identitario, conectando la lucha armada con las tradiciones culturales. Seguidamente, destacó el teórico James Connolly. Perteneciente al sindicalismo socialista, veía la liberación nacional como inseparable de la emancipación social. Su participación en el Irish Citizen Army mostró la intersección entre la lucha obrera y la lucha por la independencia.  Por otro lado, Michael Collins desarrolló una estrategia moderna de inteligencia, redes clandestinas y guerra irregular que fue fundamental para el posterior éxito final en el año 1921. Comparativamente, estas figuras exhiben modelos divergentes: el idealismo cultural-moral, el socialista-popular y el realismo táctico de insurgencia. La reconciliación entre estos modelos fue un desafío constante, y las tensiones ideológicas persistieron incluso después de la independencia formal, contribuyendo a la Guerra Civil de 1922 entre las facciones pro y anti Tratado Anglo-Irlandés. Conclusión La Revolución Irlandesa revela tanto una dialéctica compleja de identidad cultural como de práctica militar. La arpa, símbolo de identidad nacional y de resistencia histórica, proporcionó un marco simbólico coherente que unificó aspiraciones colectivas a través de siglos de dominación colonial. Mientras, el fusil, como arma de confrontación y m´tofo estratégico, permitió llevar esas aspiraciones al terreno de la acción político efectiva. La articulación entre símbolos y métodos, entre discurso y praxis, fue decisiva en la transformación política de Irlanda entre 1916 y 1923. Para futuros, sugiere una exploración detallada de archivos primarios, testimonios y análisis comparativos, especialmente entre movimientos de independencia contemporáneos, como fueron Finlandia, India o Egipto, los cuales fueron iluminados por similitudes y diferencias en el uso integrado de símbolos nacionales y estrategias armadas n procesos revolucionarios del siglo XX.

This article has been prepared by Naciones en Ruinas in collaboration with Sevimun (Model United Nations). Both projects share an internationalist vocation and are driven by young people committed to the analysis, debate, and understanding of global affairs. We hope that this article has been useful and engaging to read. Our objective is to contribute to reflection and dialogue on the main international challenges. Those who wish to participate, collaborate, or learn more about our activities are welcome to contact us. Naciones en Ruinas is present on all social media platforms, where we share content, initiatives, and opportunities for participation. We appreciate the interest and support of those who follow and contribute to this project, and we wish all participants an excellent experience at Sevimun. Introduction Since its creation, the European integration project has relied on a delicate equilibrium between supranational governance and national sovereignty. Within this institutional architecture, two policy areas reveal fundamental tensions in the functioning of the European Union: corruption within communitarian institutions and the reform of the Common Agricultural Policy. Although these topics are frequently addressed independently, they are structurally interconnected. The CAP represents one of the largest redistributive mechanisms within the EU budget, while the management of such large financial flows inevitably raises concerns regarding transparency, accountability and corruption. The CAP, established in 1962, was originally designed to stabilize agricultural markets, guarantee food security and ensure a fair standard of living for farmers across Europe. Over the decades, however, it has evolved into a complex system of subsidies, rural development programs and environmental incentives that distributes hundreds of billions of euros across member states. The scale of these financial transfers has made CP not only an agricultural policy but also a major political and economic instrument shaping rural development, electoral dynamics and lobbying activity across Europe. At the same time, the EU´s institutional structure, composed of the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union and national administrations, creates a multi-level governance system that can complicate oversight and accountability. Anti-corruption bodies such as the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor's Office (EPPO) have been established to address fraud and misconduct, yet recurring scandals suggest that institutional vulnerabilities persist. Analyzing corruption within EU institutions alongside the reform of the Common Agricultural Policy therefore provides valuable insight into broader governance challenges within the European Union. The distribution of large subsidies, the political economy of agricultural lobbying and the integrity of institutional decision-making processes all interact in ways that shape both the effectiveness and legitimacy of European policymaking. Corruption and governance challenges in EU institutions The European Union´s governance structure is characterized by a complex system of shared competences between supranational and national authorities. While this arrangement enables cooperation across diverse member states, it also generates accountability challenges. Responsibility for implementing EU policies is frequently divided between European institutions and national governments, creating potential gaps in oversight where irregularities may occur. Corruption within EU institutions has periodically attracted public attention, revealing systemic vulnerabilities in decision-making processes. One of the most significant recent scandals emerged in 2022 with the so-called “Qatargate” affair, in which investigators discovered approximately 1,5 millions in cash allegedly linked to efforts by foreign governments to influence European Parliament decisions through bribery networks. The case involved several Members of the European Parliament and exposed weaknesses in transparency rules governing lobbying activities and financial disclosures. Earlier incidents have also demonstrated how institutional processes can be manipulated. The 2011 “cash-for-amendments” scandal involved Members of the European Parliament who allegedly agreed to introduce legislative amendments in exchange for financial compensation offered by undercover journalists posing as corporate lobbyists. Although only a limited number of officials were implicated, the episode raised broader concerns about the susceptibility of legislative processes to external influence. Beyond political corruption, procurement and administrative misconduct within EU institutions also present governance challenges. For instance, investigations by the European Public Prosecutor´s Office have examined alleged irregularities in the awarding of contracts within EU-funded initiatives, including programs related to diplomatic training and external relations. Such cases highlight the importance of transparent procurement systems and robust internal auditing mechanisms. To address these risks, the EU has developed a set of anti-corruption institutions and legal instruments. The European Anti-Fraud Office conducts investigations into fraud affecting the EU budget, while the European Public Prosecutor's Office has the authority to prosecute criminal offenses involving EU funds. These institutions represent significant progress in supranational accountability, yet their effectiveness depends heavily on cooperation from national authorities and the willingness of member states to implement recommendations. The political economy of the Common Agricultural Policy The Common Agricultural Policy remains one of the most influential and controversial policies within the EU. Although its share of the EU budget has declined from approximately 70% in the early 1980´s to around 24-25% today, it still accounts for a substantial portion of European expenditures. For the 2021-2027 budget period, CAP funding amounts to roughly 387 billion. This financial scale reflects the central role agriculture has historically played in European integration. Following the food shortages experienced after the Second World War, European leaders sought to guarantee stable food supplies while protecting rural livelihoods. The CAP introduced mechanisms such as price supports, market interventions and direct payments to farmers in order to stabilize agricultural production and reduce income volatility. However, the distribution of subsidies under the CAP has generated persistent criticism. Payments are largely allocated based on land ownership, which tends to favor large agricultural holdings and agribusiness corporations. Studies have repeatedly shown that approximately 80% of CAP subsidies are received by about 20% of beneficiaries. As a result, large landowners and corporate farms often receive disproportionate support compared with small and medium-sized farmers. This unequal distribution has important political consequences. Countries with large agricultural sectors –such as France, Spain, Poland and Italy– have historically defended high levels of CAP funding during EU budget negotiations. In France, for example, CAP payments constitute a significant component of rural income, while in Poland they play a crucial role in supporting small farms in economically disadvantaged regions. The CAP has also been criticized for its environmental implications. Historically, subsidy structures encouraged intensive agricultural production, contributing to biodiversity loss, soil degradation and greenhouse gas emissions. Livestock sectors, particularly beef and dairy, have received significant support despite their high environmental impact. Some studies suggest that beef and lamb production receive vastly greater subsidies than plant-based protein crops such as legumes, despite the latter´s environmental benefits. These issues illustrate how CAP functions not merely as an agricultural program but as a complex political economy shaped by national interests, lobbying groups and historical compromises within the EU. Corruption risks in agricultural subsidies and the need for reform The intersection between corruption and the Common Agricultural Policy becomes particularly evident when examining how subsidies are administered. Because CAP funds are distributed through national agencies in each member state, oversight occurs at multiple levels of governance. While this decentralized approach allows policies to adapt to local conditions, it also creates opportunities for fraud and misuse of funds. Several investigations conducted by OLAF have uncovered schemes involving manipulation of subsidy applications, bribery in procurement processes, and fraudulent claims related to rural development programs. In Slovakia, for instance, authorities uncovered a network in which farmers allegedly paid bribes in order to obtain EU agricultural subsidies between 2015 and 2020. Similar irregularities have been reported in Romania, Greece and Hungary. In many cases, corruption is linked to weaknesses in land registration systems or administrative capacity. Because subsidies are often calculated based on the amount of land owned or managed, inaccurate land records can allow individuals to claim payments for land they do not actually control. In some Eastern European countries, investigations have revealed that politically connected individuals have accumulated large areas of agricultural land in order to capture CAP subsidies. These risks fueled debates about how the CAP should be reformed in order to improve transparency and fairness. One proposal involves capping the maximum amount of subsidies that a single farm can receive annually, often suggested at around €100,000, while redistributing additional funds to smaller farmers. Another approach focuses on strengthening environmental conditions attached to subsidy payments, thereby linking financial support to sustainable agricultural practices. Digital technologies may also play an increasingly important role in combating fraud. Satellite monitoring systems and digital land registries allow authorities to verify agricultural activities more accurately, reducing opportunities for false claims. The European Commission has already begun implementing satellite-based monitoring under the Integrated Administration and Control System (IACS), which enables real-time verification of crop cultivation and land use. Ultimately, reforming the CAP requires addressing not only economic and environmental concerns but also governance challenges related to corruption and transparency. Conclusions The relationship between corruption in European institutions and the reform of the Common Agricultural Policy reveals deeper structural tensions within the European integration project. CAP represents one of the EU's most important policy instruments, redistributing vast financial resources across member states while shopping rural economies and political dynamics. At the same time, the scale and complexity of this policy create opportunities for corruption, fraud and administrative irregularities.  Institutional mechanisms such as OLAF and the European Public Prosecutor´s Office have strengthened the EU´s capacity to investigate misconduct, yet recent scandals demonstrate that vulnerabilities remain. Corruption cases involving lobbying, procurement and subsidy allocation have highlighted the importance of transparency and accountability within European governance. Reforming the CAP therefore cannot be separated from broader institutional reforms aimed at strengthening integrity within the EU. Measures such as subsidy carps, improved land registration systems, digital monitoring technologies and stricter transparency rules could reduce corruption risks while making agricultural support more equitable and environmentally sustainable.  In a broader sense, the success of these reforms will influence the legitimacy of the EU itself. If the European Union can demonstrate that it is capable of managing large financial programs with transparency and fairness, it will strengthen public trust in supranational governance. Conversely, persistent corruption scandals or ineffective reforms could undermine confidence in European institutions and fuel political skepticism towards the integration project. The challenge for European policymakers is therefore not simply to reform agricultural policy or combat corruption independently, but to address both issues as part of a comprehensive strategy for strengthening the governance and democratic legitimacy of the EU. Photo credit: By EU2017EE Estonian Presidency - European Council, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64849041

Este artículo ha sido elaborado por Naciones en Ruinas en colaboración con Sevimun (Modelo de Naciones Unidas). Ambos proyectos comparten una vocación internacionalista y están impulsados por jóvenes comprometidos con el análisis, el debate y la comprensión de los asuntos globales. Esperamos que su lectura haya resultado útil e interesante. Nuestro objetivo es contribuir a generar reflexión y diálogo sobre los principales retos internacionales. Quienes deseen participar, colaborar o conocer más sobre nuestras actividades pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros. Naciones en Ruinas está presente en todas las redes sociales, donde compartimos contenidos, iniciativas y oportunidades de participación. Agradecemos el interés y el apoyo de quienes siguen y contribuyen a este proyecto, y deseamos a todos los participantes una excelente experiencia en el Sevimun. Introducción El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta el año 1975, cuando tras el movimiento organizado por Marruecos, llamado la “ Marcha Verde" , España se vió obligada a abandonar el territorio.  Esta retirada ocasionó que las tierras saharauis se quedasen sin su soberanía, sin pertenecer legalmente a nadie, y rápidamente; tanto Marruecos como Mauritania, procedieron a su ocupación, reclamando así su soberanía dentro del territorio. Todo ello desencadenó un enfrentamiento contra el movimiento independentista, el cual sigue a día de hoy, encabezado por el Frente Polisario. Desde entonces, la descolonización del Sáhara ha estado fuertemente marcada por una lucha por definir el estatus del territorio. De hecho, hasta que el 31 de octubre de 2025 la ONU, con la resolución 2797, aceptó el criticable plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental –debido a que lo veían la opción más factible para la pacificación y el fin del conflicto, pese a que éste sigue vigente en la actualidad– no se había logrado un posicionamiento de la organización hacia los postulados de Rabat. El papel que España ha jugado durante todo este tiempo sobre la descolonización del Sáhara ha sido bastante complejo y significativo. Por ello, hemos de subrayar su importancia y deber histórico desde la colonización del territorio hasta la retirada en 1975, de manera formal, acabando con el proceso de descolonización el 26 de febrero de 1976. Antes de la presencia de los europeos en África, la franja occidental estaba compuesta por 2 millones de kilómetros cuadrados que estaban habitados por unas 400.000 personas. Estas, eran poblaciones nómadas y pastores, los cuales, hablaban el mismo idioma y llamaban a su tierra por el nombre de Bidán, pero no conformaban un Estado o comunidad completamente cohesionada, dependiendo de los recursos, la meteorología y los flujos comerciales continentales. Inicialmente, España reclamó la región en 1884 en la Conferencia de Berlín –puesto que previamente ya mercantes y exploradores nacionales habían avistado la región– y no fue hasta 1885 cuando comenzó la construcción de asentamientos en el territorio de Villa Cisneros y el establecimiento de diversas factorías en Río de Oro y Bahía Blanca.  En 1900, Francia y España se repartieron todo el territorio del Magreb nordoccidental, aunque de manera desigual. Francia ocupó el 85% del territorio, asumiendo el dominio casi completo del actual territorio maroquí, dejándole a España el resto del área, conformada por el Sáhara y el norte de Marruecos. Posteriormente, se crearon una serie de acuerdos para delimitar las áreas de influencia de ambos, evitando conflictos entre París y Madrid.  Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la entrada de la década de los setenta especialmente, en los territorios que estaban en manos de europeos, tanto en África como en Asia, se extendieron movimientos de independencia y nacionalismos influenciados por las nuevas doctrinas e ideologías políticas globales. En consecuencia, las metrópolis tuvieron que conceder a los territorios cesiones y finalmente independencias por la presión internacional que recibían, influidos por los movimientos mencionados y por las nuevas dinámicas que marcaban el inicio de la Guerra Fría. España, ante estas nuevas estructuras y sistemas de la comunidad internacional, se encontraba en una disputa. Madrid debía defender sus territorios propios –recordando que el Sáhara había sido considerado provincia española y no colonia en 1958–, pero también estaba obligado frente a la presión que la comunidad internacional realizaba para que llevase a cabo la descolonización. Todo ello comenzó a marcar la política exterior española, desde los cincuenta hasta su adversa“descolonización”.  Primeramente, España resistió el conflicto que hubo en Ifni entre 1957-1958, pero las tensiones que había en el territorio cada vez se intensificaban más. A pesar de los intentos de España de mantener el control a través de las inversiones territoriales y la resistencia militar, así como de diversas estrategias políticas, lo cierto es que, los resultados, no acababan de contentar a nadie. A ello, también se sumó el aumento de la presión internacional, al incluir la ONU los territorios de Ifni y el Sáhara Occidental en la lista de territorios por descolonizar.  El problema principal que se encontraba España en el territorio era que estaba aislado y rodeado por Marruecos, quien sus movimientos nacionalistas e intereses ya habían influenciado a poblaciones locales saharauis, lo que hacía que la población local se identificara a través de su religión y cultura más fácilmente con Rabat o movimientos independentistas propios. En consecuencia, Marruecos comenzó a reclamar los territorios. En términos internacionales, el primordial problema era que la ONU en 1960, tras la Resolución 1514, aprobó la concesión de la independencia a los países y pueblos colonizados, causando una tensión creciente en el territorio. Posteriormente, cinco años más tarde, la ONU promulgaría otra resolución, pero esta vez, específica para el Sahara Occidental, quién demandaba un referéndum de autodeterminación propio, hecho que chocó con los intereses de Rabat directamente. España se aferró a que era parte de su territorio y no una colonia, pero Marruecos reforzó sus reclamaciones y la población saharaui comenzó a organizarse políticamente ante una presencia española cada vez más debilitada y unos intereses terceros más contundentes, donde también destacaba Mauritania. Tras la entrega de Ifni en 1969, la tensión en Sáhara Occidental creció, desembocando en la creación del Frente Polisario, el cual, era un movimiento nacionalista saharaui que luchaba por la independencia territorial. Estos, iniciaron una guerra contra España, con ataques de guerra de guerrillas. Mientras, entre todo este embrollo, Mauritania comenzó a marcar terreno en su posición, reclamando parte del territorio sur.  Finalmente, tras la Marcha Verde, convocada por Hassan II de Marruecos en un contexto de debilidad política nacional –puesto que Francisco Franco se encontraba en lecho de muerte y la pacífica Transición Española podía verse rota si un nuevo conflicto hubiera alterado el consenso entre españoles–, marcó el futuro del Sáhara. Marruecos tenía como objetivo el cruce de la frontera mediante miles de civiles –para así reclamar el territorio de forma “alegal” sin causar bajas ni intervenciones militares–. En tal forma, las tropas españolas tuvieron que marcharse por decisión de Madrid, debido a la presión que un conflicto internacional hubiera causado al periodo de transición hacia la democracia, pero siempre defendiendo el referéndum de autodeterminación para ele territorio. En consecuencia, en 1975 se firman los Acuerdos de Madrid entre Marruecos, España y Mauritania.  Tras el acuerdo, el territorio quedó dividido entre Marruecos, el cual se quedó con el norte y oeste del territorio, y Mauritania que se quedó con el sur. Con ello, la retirada española hizo que el Frente Polisario proclamase la República Árabe Saharaui Democrática, lo que llevó a la prolongación de la lucha en el territorio, atentando contra fuerzas opositoras tanto de Mauritania como de Marruecos, internacionalizando un conflicto colonial. Hoy en día, la ONU lo considera como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. El movimiento abrupto que llevó a cabo España interrumpió no solo la administración, sino que también el tejido social que se había estado construyendo a medida que los años transcurrían, por lo que hubo consecuencias  graves para la población. Los saharauis, ciudadanos españoles, vieron en multitud de casos cómo se les negó su nacionalidad, se les arrebató en favor de los independentistas sin negociaciones ni reparaciones pactadas, fueron privados de protecciones y derechos logrados entonces y amparados en el régimen judicial y perdieron la protección de las fuerzas españolas desplegadas, así como el impacto en negocios, la retirada de funcionarios nacionales en sectores como la educación, la sanidad o la seguridad civil y el exilio o vuelta a territorio nacional de una buena parte de la población. Papel de los actores involucrados El papel de Marruecos es y ha sido clave, como se ha mostrado. Rabat siempre fue astuto, debido a que antes de que España abandonara su provincia, Marruecos ya defendía que el Sáhara Occidental formaba parte de su territorio histórico. De tal forma, se ha defendido constantemente argumentando que algunas tribus saharauis habían tenido vínculos de lealtad con el sultán de Marruecos antes de la colonización española –hecho históricamente no comprobado o con falta notable de justificaciones–.  Este asunto derivó en que la Corte Internacional de Justicia en 1975 concluyese que, sí habían existido ciertos vínculos históricos, estos no eran suficientes para justificar la soberanía marroquí sobre el territorio que ellos reclamaban, debiendo respetarse el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. En respuesta y de forma posterior, tanto a la firma de los Acuerdos tripartitos de Madrid como la anterior Marcha Verde , Marruecos llevó a cabo una ocupación militar, que es considerada por la ONU, actualmente, como ilegal.  La sociedad internacional y el pueblo saharaui vió esta invasión y repartición del territorio entre Marruecos y Mauritania como una violación total de los derechos de autodeterminación de los pueblos. Ante ello, se manifestó una respuesta por parte del Frente Polisario inmediata, formando un gobierno en el exilio y proclamando la república, desencadenando una guerra abierta que provocó desplazamientos masivos de la población a Argelia, concretamente a la zona sur, región de Tinduf. A lo largo de los años, el Frente Polisario ha llevado a cabo diversas campañas políticas y diplomáticas para conseguir más visibilidad. Esto ha llevado a que establezcan relaciones diplomáticas con varios países y organizaciones internacionales, así como el reconocimiento de su independencia y soberanía por 46 Estados. El Frente no solo ha luchado por la independencia, sino que ha sido partícipe en la defensa de los derechos humanos y del bienestar de todos aquellos refugiados saharauis que tuvieron que abandonar el país en busca de su supervivencia adentrándose en el desierto hacia Argelia –No obstante al Frente también se le atribuyen asesinatos, violaciones de DDHH y crímenes diversos por su pasado–. En 1991 hubo un alto al fuego en el territorio que duró hasta 2020, cuando se reanudaron con fuerza las hostilidades, generando un nuevo clima de violencia. Los saharauis siguen luchando por su autodeterminación, pero Marruecos toma represalias ante sus movimientos, escalando la situación cada vez más. La sociedad y diversos organismos internacionales han denunciado la represión y las violaciones de libertades fundamentales que hay en el territorio. Sin embargo, hoy en día Marruecos, controla aproximadamente el 80% del Sáhara Occidental, habiendo mermado las posibilidades reales de independencia y adoctrinado y reemplazado a los locales por marroquíes. Por su parte, Mauritania también tuvo un papel clave, como hemos mencionado. Antes de la descolonización española, Mauritania ya reclamaba parte del territorio del Sáhara Occidental, su argumento era que existían vínculos históricos y tribales entre los saharauis y la población mauritana. Además, el Gobierno de Nuakchot defendía inicialmente el principio de autodeterminación, pero mantenía que este territorio se podía integrar a su territorio debido a los vínculos culturales existentes. Tras los Acuerdos de Madrid de 1975, Mauritania firmó que controlaría el sur, una zona llamada Tiris al-Gharbiyah, por lo que el país africano pasó a ocupar militarmente el territorio, como hizo Marruecos. Sin embargo, Mauritania también se enfrentó a ataques militares del Frente Polisario, incluso contra ciudades y zonas mineras estratégicas, lo que debilitó mucho al país y provocó una gran crisis económica,  además de inestabilidad política y la presión militar. Pocos años después, Mauritania, muy debilitada militarmente, decidió abandonar en 1979 el conflicto. Ésta renunciaba así a sus reclamaciones territoriales y reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, firmando un pacto de paz con el Frente Polisario. Sin embargo, el territorio posteriormente fue ocupado por Marruecos, aprovechando la marcha de las fuerzas mauritanas. Otro papel clave en este conflicto es el que ocupa Argelia, el cual siempre ha sido un fiel apoyo a la causa saharaui. Argelia, desde los inicios del Frente Polisario ha sido un aliado para ellos. Argel ha proporcionado no solo apoyo político, sino que también ayuda militar y refugio a los saharauis. El apoyo de Argelia al Frente también se ha enmarcado en la relación de rivalidad geopolítica con Marruecos, así como con el entendimiento del panarabismo y panafricanismo que marcó al país tras su sangrienta Guerra de Independencia, donde la lucha contra la ocupación se plasmó de forma muy directa, influenciando a pensadores y políticos. El papel que está tomando actualmente Argelia en el conflicto es de un actor diplomático regional y clave. Argelia defiende que la solución del territorio es un referéndum de autodeterminación supervisado por la ONU y sigue siendo un fiel defensor de la independencia saharaui, hecho que ha plasmado logrando que la Unión Africana integrase al territorio como un Estado y consiguiendo que países como Sudáfrica o Nigeria, potencias continentales, reconozcan y defiendan la autodeterminación frente a Marruecos. El Sáhara; entre dos aguas, una ambigüedad todavía no resuelta Por otro lado, el reconocimiento o no de la existencia del Estado saharaui crea una situación política muy particular, porque existe diplomáticamente para algunos, pero no controla la mayor parte del territorio ya que lo hace Marruecos, y otros muchos países rechazan su existencia debido a las relaciones que tienen con Rabat. Como hemos podido observar, éste conflicto ha tenido un gran impacto político internacional, además de ser uno de los focos principales entre Marruecos y Argelia, debido al apoyo que Argelia tiene hacia el Frente Polisario, mientras que Marruecos defiende su soberanía en el territorio por intereses económicos en fosfatos, turismo y proyección regional. Esto ha provocado una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos y mucha rivalidad política y militar en el Magreb, lo cual se ve también reflejado en políticas europeas mediterráneas. Además, la cuestión del reconocimiento del Estado saharaui divide a la comunidad internacional debido a que hay algunos países que apoyan su independencia mientras que otros no lo hacen. Por ejemplo, Estados Unidos apoya la autonomía bajo Marruecos, al igual que Francia o el actual Ejecutivo español. Sin embargo, la mayor parte de países africanos y diversos Estados hispanoamericanos apoyan al Sáhara, herencia del movimiento de países no alineados, el respeto del derecho internacional y la voluntad de la Carta de las Naciones Unidas. A ello, se suman dinámicas, tanto de Rabat como Argel y del Frente para conseguir adeptos a las causas. Un hecho destacable de tal forma fue el apoyo de la Liga Árabe a Marruecos, dejando fuera al Sáhara Occidental como miembro, posición que había presentado Argelia.   Este conflicto también ha impactado en la política africana, debido a la admisión de la República Saharaui en la Unión Africana en 1984. Esto tuvo un gran impacto político, ocasionando que Marruecos abandonase la organización durante décadas como protesta, aunque finalmente volvió en 2017. También el impacto del conflicto ha creado un bloqueo a la integración regional ya que ha dificultado la cooperación dentro de la Unión del Magreb Árabe, además de la fuerte tensión militar en la región y la crisis humanitaria prolongada que existe debido a que miles de saharauis viven desde hace décadas en campamentos de refugiados sin condiciones mínimas. Conclusiones; una perspectiva actual del Sáhara En la actualidad, la región del Sáhara Occidental está habitada por unos 611,000 habitantes y tiene una densidad de población muy baja debido al clima desértico y a las circunstancias qué acoge el territorio. La economía local es bastante pequeña con un PIB aproximado de 906 millones de dólares y tiene como sectores principales la pesca, la minería de fosfatos y la agricultura y la ganadería nómada. Es decir, hoy sigue con muchas de las tradiciones de las tribus existentes antes de la época colonial, pese a la introducción de nuevos actores y sectores por Marruecos. Esto se puede observar en gran parte de la población, ya que trabajan en actividades tradicionales, artesanales y rudimentarias ya que tienen una forma de vida muy conservadora basada en lo nómada o seminómada, incluyendo aquí la crianza de camellos, ovejas y cabras y un comercio local cambiante y dependiente de los cambios meteorológicos. Además, otro dato relevante es que El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estimó que alrededor de 173,000 saharauis viven en campamentos de refugiados en Argelia, un hecho devastador a tener en cuenta por la comunidad mundial que, Marruecos, sigue a día de hoy ignorando. Para concluir, el proceso de descolonización que ha sufrido el Sáhara Occidental ha sido uno de los casos más complejos y prolongados de la historia contemporánea. Desde la retirada de España y los acuerdos de Madrid, el territorio se convirtió en un campo de disputa ocupado por Marruecos y Mauritania, provocando un conflicto prolongado con el Frente Polisario y sus intereses en favor de la autodeterminación.   El territorio está compuesto por un enfrentamiento marcado por intereses territoriales, rivalidades regionales y la intervención de diversos actores internacionales. A pesar de los diversos intentos de mediación internacional y altos al fuego, el conflicto continúa teniendo importantes consecuencias políticas y sobre todo humanitarias.Todo lo expuesto, saca a relucir como la descolonización del Sáhara sigue siendo un proceso incompleto, trágico, ignorado y sobre todo, injusto e ilegal ante la Carta de las NNUU.

Este artículo ha sido elaborado por Naciones en Ruinas en colaboración con Sevimun (Modelo de Naciones Unidas). Ambos proyectos comparten una vocación internacionalista y están impulsados por jóvenes comprometidos con el análisis, el debate y la comprensión de los asuntos globales. Esperamos que su lectura haya resultado útil e interesante. Nuestro objetivo es contribuir a generar reflexión y diálogo sobre los principales retos internacionales. Quienes deseen participar, colaborar o conocer más sobre nuestras actividades pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros. Naciones en Ruinas está presente en todas las redes sociales, donde compartimos contenidos, iniciativas y oportunidades de participación. Agradecemos el interés y el apoyo de quienes siguen y contribuyen a este proyecto, y deseamos a todos los participantes una excelente experiencia en el Sevimun. Introducción A lo largo de la historia contemporánea, la ayuda humanitaria ha sido presentada como uno de los pilares más relevantes en el contexto de la cooperación internacional. Este concepto posee una carga moral bastante intensa, en tanto que se trata teóricamente de una manifestación de solidaridad universal, una respuesta inmediata y desinteresada ante el sufrimiento humano.  Sin embargo, en múltiples conflictos, esta asistencia ha sido utilizada como instrumento de influencia, condicionamiento político o proyección de poder por parte de grandes potencias, véase Estados Unidos (durante la Guerra Fría podemos observar el Plan Marshall que, si bien fue un programa de recuperación económica clásica, marcó un precedente en el uso de la asistencia como herramienta geopolítica), o la Unión Soviética (cuyo enfoque se centró más en apoyo económico, industrial y militar a países cercanos ideológicamente, especialmente en países de América Latina y África). Frente a esta realidad y en el contexto de un mundo bipolar con amplias tensiones, surgieron voces que defendieron la necesidad de separar la acción humanitaria de las disputas estratégicas. En este marco, el Movimiento de Países No Alineados se convirtió en uno de los referentes más significativos de una visión internacional que buscaba preservar la cooperación basada en principios de soberanía, solidaridad y neutralidad.  En este contexto, emerge una reflexión inevitable, y es si puede la ayuda humanitaria mantenerse al margen de las disputas de poder que estructuran el sistema internacional. Ante esta cuestión, la visión defendida por el Movimiento, parte de la premisa en la que la asistencia debe responder exclusivamente a las necesidades de las poblaciones afectadas, y no a intereses estratégicos de los donantes. Así, la ayuda no puede convertirse en una herramienta de presión diplomática, ni un mecanismo de alineamiento geopolítico, debiendo respetarse la soberanía de los Estados, la igualdad entre éstos y el derecho de cada país a decidir su modelo de desarrollo. En un mundo marcado en aquel entonces –y actualmente– por rivalidades ideológicas y económicas, esta postura pretende preservar un espacio libre de condicionamientos.  Contextualización histórica Esta postura no surgió de una abstracción ni de un vacío teórico, sino de una experiencia histórica concreta. Durante gran parte del siglo XX, el sistema internacional estuvo profundamente marcado por la rivalidad entre dos grandes bloques de poder, situación repetida en el periodo de entreguerras, donde surgen además la ampliamente conocida oleada de movimientos fascistas y la Alemania nazi, y posteriormente en el contexto de la creación del nuevo orden mundial liberal post Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el mundo quedó dividido entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética. Esta confrontación, la Guerra Fría, no se limitó al ámbito militar o ideológico: penetró prácticamente todos los aspectos de la política internacional, incluida la cooperación económica y la ayuda internacional. En ese contexto, la asistencia financiera, técnica y humanitaria se convirtió con frecuencia en un instrumento estratégico. Programas de ayuda, créditos, proyectos de desarrollo e incluso operaciones de emergencia humanitaria fueron dispuestos con ciertas condiciones de apoyo a los países que los otorgaban, hecho integrado en la lógica de la competencia global entre las superpotencias. La ayuda servía para fortalecer alianzas, ganar simpatías diplomáticas o contrarrestar la influencia del bloque rival. Para muchos países recién independizados, aceptar asistencia implicaba, en ocasiones, asumir compromisos políticos implícitos o entrar en dinámicas de dependencia que podían limitar su autonomía. En este contexto, no se debe obviar que la situación para las naciones de África, Asia y América Latina era particularmente compleja, que atravesaban procesos de descolonización durante las décadas de 1950 y 1960. Tras décadas -y en muchos casos siglos- de dominación colonial, estos países enfrentaban el desafío de construir instituciones estatales sólidas, desarrollar economías autosuficientes y afirmar su soberanía en un escenario internacional especialmente complicado y polarizado. La presión para alinearse con uno u otro bloque era intensa, y las ofertas de ayuda solían ir acompañadas de expectativas políticas. Ante este panorama, comenzó a tomar forma la idea de una tercera vía en la política internacional: una posición que rechazara la subordinación a cualquiera de los dos bloques y que defendiera el derecho de los Estados a mantener una política exterior independiente. Esta aspiración no implicaba una neutralidad pasiva, sino más bien una estrategia activa de cooperación entre países que compartían desafíos similares en materia de desarrollo, soberanía y estabilidad política. Uno de los momentos decisivos en la articulación de esta visión fue la Conferencia de Bandung, celebrada en 1955 en Indonesia. Este encuentro reunió a líderes de veintinueve países de Asia y África que buscaban coordinar posiciones comunes frente a los desafíos de la descolonización y la creciente polarización del sistema internacional. Más allá de su importancia diplomática, Bandung representó un hito simbólico: por primera vez, un grupo significativo de países del mundo en desarrollo se reunía para discutir de manera autónoma su papel en el escenario global. La conferencia promovió principios que posteriormente se convertirían en la base doctrinal del Movimiento de Países No Alineados, como el respeto a la soberanía nacional, la igualdad entre Estados, la no agresión, la no intervención en los asuntos internos y la resolución pacífica de conflictos, actualmente principios fundamentales del derecho internacional.  Creación del MNOAL: Principios fundamentales y composición La institucionalización de esta corriente política se produjo definitivamente en 1961 con la celebración de la Conferencia de Belgrado, considerada el acto fundacional del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). La reunión, celebrada entre el 1 y el 6 de septiembre de 1961 en la capital de la entonces Yugoslavia, reunió a representantes de 25 Estados de Asia, África y Europa que compartían una preocupación común: preservar su independencia política en un sistema internacional profundamente marcado por la rivalidad entre las superpotencias durante la Guerra Fría. Entre las figuras centrales de la creación del movimiento destacaron varios líderes que representaban diferentes regiones del mundo en desarrollo, como Josip Broz Tito, presidente de Yugoslavia, cuyo país rompió con la órbita soviética tras el conflicto en 1948 con Iosif Stalin. Junto a él desempeñó un papel fundamental Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India, quien defendía una política exterior basada en el concepto de “no alineamiento activo”. También fue importante Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, cuya política nacionalista y antiimperialista lo convirtió en una figura clave en el mundo árabe y africano. Otros líderes fundadores fueron Sukarno, presidente de Indonesia, anfitrión de la Conferencia de Bandung de 1955 y Kwame Nkrumah, presidente de Ghana y uno de los principales promotores del panafricanismo. Estos dirigentes no sólo reflejaban la diversidad geográfica del movimiento. También compartían la ambición de crear un espacio diplomático donde los países del Sur Global pudieran defender sus propios intereses, sin quedar a merced de los grandes bloques. La conferencia de Belgrado reunió a 25 Estados miembros iniciales, entre ellos India, Egipto, Indonesia, Ghana, Yugoslavia, Etiopía, Afganistán, Birmania, Camboya, Ceilán (actual Sri Lanka), Chipre, Congo, Cuba, Irak, Líbano, Marruecos, Nepal, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. Además, varios países participaron como observadores. Aunque estos Estados presentaban grandes diferencias en términos de sistemas políticos compartían los principios fundacionales del MNOAL, basados en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, formulados en acuerdos entre China e India, coincidentes con los de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. A estos se sumaban otros elementos esenciales como el apoyo a la autodeterminación de los pueblos, la oposición al colonialismo y al racismo, y la defensa de un sistema internacional más equitativo. El movimiento también promovía el fortalecimiento del llamado Tercer Mundo como actor político global. Una característica curiosa del movimiento fue su heterogeneidad ideológica. Dentro del MNOAL convivían Estados socialistas, capitalistas, monarquías tradicionales y regímenes militares. Esta diversidad generó tensiones internas, pero también reflejó el carácter pragmático del proyecto: más que una alianza ideológica, el MNOAL era una plataforma política centrada en la autonomía estratégica. Otro aspecto a destacar fue su rápido crecimiento. En apenas dos décadas, el movimiento pasó de 25 miembros en 1961 a más de 80 en la década de 1980, reflejando la aceleración del proceso de descolonización en África y Asia. Esta expansión convirtió al MNOAL en uno de los bloques diplomáticos más amplios dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Conclusiones: el legado del MNOAL Más de seis décadas después de su nacimiento, el Movimiento de Países No Alineados sigue representando algo más que una simple plataforma diplomática: representa el intento colectivo de decenas de países por defender su autonomía política en un sistema internacional históricamente dominado por grandes potencias que les han dado la espalda, o los han utilizado con un contexto estratégico. Surgido en pleno clima de confrontación de la Guerra Fría, el movimiento articuló una reivindicación profundamente política y humana a la vez: el derecho de los pueblos recién independizados a decidir su propio destino sin quedar subordinados a los intereses estratégicos de otros. Durante décadas, el MNOAL sirvió como un espacio donde los países del llamado Sur Global pudieron coordinar posiciones y exigir un sistema internacional más equilibrado. Iniciativas como el Nuevo Orden Económico Internacional, impulsado en la Organización de las Naciones Unidas en 1974, reflejaron esa aspiración de corregir desigualdades estructurales que separaban a los países industrializados de aquellos que habían salido recientemente del colonialismo. Más allá de su impacto concreto, estas propuestas expresaban una demanda moral: la necesidad de que el desarrollo y la cooperación internacional se construyeran sobre bases más justas. El final de la Guerra Fría a comienzos de la década de 1990 abrió, sin embargo, una etapa de incertidumbre para el movimiento. La desaparición de la Unión Soviética en 1991 y el colapso del sistema bipolar llevaron a muchos analistas a preguntarse si el MNOAL había perdido su razón de ser, habiendo nacido en el contexto de una división entre dos bloques rivales que, según ciertos críticos, no tenía sentido si ya se había disuelto dicha división. Así, el movimiento pareció enfrentarse a una crisis de identidad, obligado a redefinir su papel en un escenario internacional marcado por la globalización económica, la hegemonía temporal de Estados Unidos y el surgimiento progresivo de nuevas potencias. Lejos de desaparecer, el MNOAL fue adaptándose lentamente a este nuevo contexto. En lugar de centrarse exclusivamente en la rivalidad entre superpotencias, comenzó a abordar problemas globales que afectaban particularmente a los países en desarrollo: la desigualdad económica, la deuda externa, la seguridad alimentaria, el acceso a la tecnología o las consecuencias del cambio climático. Con el paso del tiempo, el movimiento también se consolidó como un importante bloque diplomático dentro de la ONU, donde sus miembros representan hoy aproximadamente dos tercios de los Estados del mundo. Sin embargo, en un mundo donde las dinámicas geopolíticas siguen generando nuevas tensiones, incluso en el escenario multipolar del siglo XXI, el espíritu del MNOAL conserva una relevancia simbólica importante. Más que un simple producto de la Guerra Fría, representa la expresión histórica de una búsqueda constante de autonomía y justicia internacional. Y quizá por ello sea necesario que siga recordando que ningún país debería verse obligado a elegir entre su soberanía y su lugar en el mundo.