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En un momento en que Europa observa con creciente inquietud la deriva iliberal de algunos de sus Estados miembros, el gobierno de Hungría se ha convertido en el foco principal de atención, especialmente en materia de derechos fundamentales. Mientras países como España han consolidado avances significativos en el reconocimiento y garantía de los derechos LGTBIQ+, con un marco legal que protege el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la educación inclusiva, Hungría avanza en la dirección opuesta. Viktor Orbán: del liberalismo al autoritarismo conservador Viktor Orbán, actual primer ministro de Hungría, lidera el partido Fidesz, en coalición con el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP). Tras un primer mandato entre 1998 y 2002 con un tono más moderado y pro-europeo, regresó al poder en 2010. Desde entonces, ha gobernado sin interrupción, acumulando poder gracias a reformas constitucionales, reformas electorales que favorecen a su partido y una narrativa centrada en la soberanía nacional, la identidad cristiana y el rechazo al liberalismo occidental, donde destacan las declaraciones del Portavoz Gubernamental, Zoltán Kovács, y el Ministro de Exteriores, Péter Szijjártó. Inicialmente, Orbán fue un político liberal influido por pensadores occidentales y apoyado por fundaciones como la de George Soros –multimillonario de origen húngaro, a quien actualmente se tilda por el gobierno húngaro de Orbán de interferir en los intereses de Hungría en favor de potencias extranjeras, lo que ha llevado a que se endurezcan los controles sobre ONG extranjeras bajo la ley «Stop Soros», limitando su financiación y actividades–. Sin embargo, a partir de la crisis migratoria de 2015, Orbán giró hacia una retórica abiertamente nacionalista y antiinmigración. Hoy, sus referentes políticos son figuras como Vladimir Putin, Donald Trump y, en el ámbito regional, Giorgia Meloni o Aleksandar Vučić. En el plano húngaro, ha colaborado con partidos de extrema derecha como Mi Hazánk (Movimiento Nuestra Patria) y, en ocasiones, con Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor, perteneciente al grupo opositor “Unidos”). Marco legal y ofensiva legislativa contra el colectivo LGTBIQ+ Desde su regreso al poder en 2010, Orbán ha promovido leyes que restringen progresivamente los derechos del colectivo LGTBIQ+. Algunos hitos clave: Mayo 2020: se aprueba una ley que modifica el Registro Civil y sustituye el "sexo" por el "sexo al nacer", haciendo imposible el cambio legal de género. Esta medida fue ampliamente condenada por ONGs y organismos internacionales como el Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. Junio 2021:  entra en vigor la llamada "ley de protección infantil". En su artículo 9, prohíbe mostrar o promover contenido relacionado con la homosexualidad o el cambio de género a menores de 18 años en escuelas, medios de comunicación o publicidad. Amnistía Internacional y la Comisión Europea equiparan esta ley con la "ley de propaganda gay" de Rusia. Abril 2022: se celebra un referéndum coincidiendo con las elecciones parlamentarias. Las preguntas estaban diseñadas para reforzar la narrativa del gobierno, pero el referéndum fue declarado inválido por falta de participación suficiente. Junio 2023:  se promulga una ley que permite a ciudadanos anónimos denunciar a familias homoparentales. Esta normativa abre la puerta a la vigilancia y criminalización social del colectivo. Marzo 2025:  el Parlamento aprueba una ley que prohíbe la celebración de marchas del Orgullo en espacios públicos. Incluye multas de hasta 500 euros y el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a asistentes. Abril 2025:  se reforma la Constitución para establecer que los derechos de los niños prevalezcan sobre la libertad de reunión. La reforma define sólo dos géneros legales (hombre y mujer) y consagra la prohibición de manifestaciones que "confundan la identidad de género de los menores". Fue aprobada con 140 votos a favor (Fidesz-KDNP y Mi Hazánk) frente a 20 en contra (diversos diputados de la oposición y una abstención del Jobbik –lo que dividió internamente a la coalición opositora “Unidos” – Asimismo, 39 diputados opositores no asistieron a la votación, por lo que de los 199 escaños, sólo 160 decidieron. Partidos políticos: apoyos y resistencias Fidesz y KDNP representan el bloque gobernante, de ideología conservadora y cristiana. Mi Hazánk, de extrema derecha, respalda las medidas anti-LGTBIQ+ con un discurso abiertamente nacionalista y tradicionalista, pese a que no forma parte del gobierno ni de su coalición conservadora. Por su parte, Jobbik, que fue un partido ultranacionalista, ha intentado moderarse, aunque ha respaldado algunas medidas de Orbán, lo que ha generado roces con otros partidos. Por el contrario, la oposición está conformada por partidos como: Momentum:  centrista, liberal, proeuropeo y firme defensor de los derechos LGTBIQ+. Demócratas (DK):  socialdemócrata, liderado por el ex primer ministro Ferenc Gyurcsány. Partido Socialista Húngaro (MSZP) y Párbeszéd:  partidos progresistas que se han opuesto firmemente a todas las reformas restrictivas. Sin embargo, la oposición en Hungría, ha mostrado una postura en defensa de los derechos LGTBIQ+ y ha protestado contra las leyes restrictivas del gobierno de Orbán. Pero, su impacto ha sido limitado por varias razones. En primer lugar, la oposición está fragmentada y carece de una estrategia unificada y clara que pueda enfrentar eficazmente la mayoría aplastante de Fidesz en el Parlamento. Esta división política dificulta articular un discurso sólido que llegue a toda la sociedad, incluyendo sectores más conservadores o indecisos. Además, algunos partidos de la oposición han sido percibidos como desconectados de las preocupaciones cotidianas de amplios sectores de la población, focalizándose en discursos liberales urbanos que no logran penetrar en el electorado rural, donde el apoyo a la agenda anti-LGTBIQ+ es mayor. Por otro lado, la oposición a menudo se muestra reactiva, centrándose en criticar las medidas del gobierno en vez de proponer políticas alternativas claras y movilizadoras. Esto reduce su capacidad para generar un cambio cultural o legal significativo. Finalmente, la oposición también ha sido criticada por no conectar suficientemente con la sociedad civil y el activismo LGTBIQ+, lo que limita su influencia en la promoción de una mayor aceptación social y en la construcción de una base amplia de apoyo a los derechos humanos. Aunque la oposición defiende valores progresistas, su fragmentación, falta de estrategia integrada y desconexión con amplios sectores sociales dificultan su efectividad frente a un gobierno con mayoría muy sólida —las últimas elecciones de 2024 plasmaron un 44,82% de apoyo a Orbán y su coalición— y un discurso muy arraigado en el nacionalismo conservador. Sociedad húngara: entre la tradición y el cambio generacional Hungría es una sociedad aún muy conservadora en muchos aspectos. La Iglesia católica y reformada tiene influencia social y política. El país conserva estructuras patriarcales, con desigualdades de género y una escasa presencia de mujeres en la política –Hungría es el país de Europa con menor representación femenina en su parlamento, con tan sólo 30 mujeres (22 de las cuales del ala conservadora del gobierno, lo que muestra una oposición débil al respecto), sólo superado por Chipre—. Sin embargo, las nuevas generaciones muestran mayor apertura: el apoyo al matrimonio igualitario ha subido del 30% en 2010 al 47% en 2024, según Eurobarómetro. El rechazo hacia el colectivo LGTBIQ+ en Hungría tiene raíces profundas en la estructura social y cultural del país. Antropológicamente, la identidad húngara está fuertemente ligada a tradiciones patriarcales y a una visión binaria del género, donde la familia heterosexual se considera el núcleo esencial de la sociedad, como sucede alrededor del mundo. Pero, ideológicamente, el gobierno de Viktor Orbán explota el nacionalismo para fortalecer una narrativa que asocia la diversidad sexual con amenazas externas, presentándola como una imposición liberal occidental ajena a los valores “auténticos” húngaros. Esta cosmovisión rechaza la pluralidad y promueve un ideal homogéneo de comunidad, basado en la preservación de la identidad nacional, religiosa y cultural. Además, la experiencia histórica del comunismo y las tensiones por la soberanía nacional alimentan la desconfianza hacia influencias externas, incluidas las iniciativas LGTBIQ+. A nivel social, existe una fuerte polarización: mientras las zonas urbanas y generaciones jóvenes muestran apertura, muchas comunidades rurales se aferran a normas tradicionales, creando un choque cultural. Así, el rechazo no solo es una cuestión de prejuicio, sino una defensa identitaria compleja, entrelazada con el poder político y una memoria colectiva marcada por los extremismos comunistas más recientes y un pasado violento durante el auge de los fascismos. A pesar del cerco institucional, las asociaciones LGTBIQ+ como Háttér Society, Budapest Pride y Amnesty Hungary siguen organizando actividades, campañas y litigios internacionales. En consecuencia, desde 2021, se celebran manifestaciones semanales en Budapest como forma de resistencia simbólica. Reacción de la Unión Europea: infracciones, artículos y contradicciones La UE ha activado procedimientos de infracción contra Hungría por violación del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (valores comunes). Además, el Parlamento Europeo solicitó la activación del artículo 7, que podría suponer la suspensión del derecho de voto de Hungría en el Consejo Europeo. Comisión, Parlamento y países como Alemania, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Finlandia han emitido declaraciones de condena. Ursula von der Leyen calificó la ley de 2021 como "una vergüenza", mientras que Orbán replicó que se trataba de una "injerencia ideológica" al nivel de las llevadas a cabo por Moscú durante la Hungría Soviética. 28 de junio de 2025: un punto de inflexión En el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la manifestación en Budapest fue formalmente prohibida por el gobierno. Sin embargo, el alcalde opositor, Gergely Karácsony, de la ciudad la autorizó como "evento municipal" para sortear la prohibición. La marcha congregará a más de 35.000 personas, incluyendo embajadores de España, Suecia, Alemania, y representantes de partidos liberales y socialdemócratas europeos. La presencia policial es notoria y se han documentado amenazas de sanciones, identificación facial y represalias legales. Conclusión: un futuro incierto entre resistencia y regresión El caso húngaro refleja una fractura interna en Europa entre gobiernos que abrazan los valores democráticos más contemporáneos y otros que adoptan un nacionalismo exacerbado. Si bien la oposición política, la juventud y la sociedad civil luchan por revertir el retroceso de derechos, el entramado institucional construido por Orbán, junto a la falta de liderazgo de la oposición con la sociedad y las instituciones internacionales, hacen difícil una transición a corto plazo. Por su parte, la Unión Europea debe resolver el dilema de hasta qué punto puede intervenir sin violar la soberanía de un Estado miembro que ha escogido libremente a sus representantes de forma libre. Actualmente, 11 países de la Unión Europea no reconocen el matrimonio igualitario totalmente, limitan ciertos derechos o prohíben la adopción: Bulgaria, Rumania, Eslovaquia (reconoce el registro cohabitacional), Hungría (permite unión civil), Polonia (reconoce el registro cohabitacional), Lituania (permite unión civil), Letonia (permite unión civil), Croacia (permite sociedades de convivencia registradas –unión civil–, no matrimonio), Italia (permite sólo uniones civiles), Chipre (permite uniones civiles) y la República Checa (permite parejas registradas, no el matrimonio). Por otro lado, 16 países europeos sí reconocen el matrimonio igualitario: España, Portugal, Francia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Grecia, Austria, Alemania, Malta y Eslovenia, además de países europeos externos a la UE, como Noruega, Suiza, Islandia o Reino Unido. Es decir, la Europa más occidental. En la Europa del Este, el legado del comunismo dejó profundas marcas sociales y culturales que aún hoy influyen en la aceptación de los derechos LGTBQ+. Durante décadas, los regímenes comunistas promovieron valores conservadores y reprimieron toda disidencia, incluyendo la diversidad sexual, asociándola con conductas “contrarias al orden social”. Esta herencia, junto con la fuerte influencia de la Iglesia y tradiciones patriarcales, ha generado una resistencia más marcada hacia las libertades LGTBQ+ en comparación con Europa Occidental, donde los procesos de apertura social y democratización fueron más rápidos y amplios tras la Guerra Fría. Mientras tanto, la lucha del colectivo LGTBIQ+ en Hungría sigue siendo una de las batallas más visibles por los derechos humanos en la Unión Europea, y su resultado tendrá repercusiones duraderas para el futuro de la democracia continental, el cual, queda pendiente en otros once países.

Papúa Nueva Guinea –PNG– es un Estado independiente desde el 16 de septiembre de 1975, cuando se emancipó de Australia. Ubicado en Oceanía, su territorio ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea –la otra mitad pertenece a Indonesia–, la segunda isla más grande del mundo. Esta isla fue nombrada así por el explorador español Iñigo Ortiz de Retes, debido a la similitud de su costa con las de las Guineas africanas. Además, el país incluye más de 600 islas adyacentes, distribuidas en numerosos archipiélagos, arrecifes e islotes alrededor de la isla principal, ubicada al norte de Australia. Su capital es Port Moresby, y para 2025 su población ha superado los 10 millones de habitantes, la mayoría de los cuales reside en zonas rurales. Asimismo, PNG es considerado uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística del planeta, con más de 800 lenguas indígenas —con el inglés como lengua franca– y 1000 tribus y grupos étnicos propios. Por su parte, la economía se basa esencialmente en la extracción de recursos naturales, como el oro, cobre, petróleo y gas; y; la ganadería, agricultura y pesca. No obstante, enfrenta serias dificultades estructurales: altos índices de pobreza, corrupción endémica, violencia de género, infraestructura limitada y en malas condiciones, y servicios públicos deficientes. A pesar de su riqueza natural, el país mantiene un bajo índice de desarrollo humano, lo que le convierte en el país más atrasado de Oceanía y en uno de los peores países del mundo al respecto. Desde su independencia, PNG ha funcionado como una “democracia parlamentaria dentro del modelo Westminster”, aunque su historia política se ha caracterizado por una notable inestabilidad, con frecuentes cambios de gobierno y una marcada fragmentación social y política. Esta situación refleja la debilidad y la baja calidad democrática del país, donde la población local no ha incorporado ni adoptado apenas las tradiciones políticas y sociales impuestas por el Reino Unido durante el periodo colonial, un factor clave para entender su compleja y dividida realidad política. Durante la década de 1980, estalló una prolongada insurgencia en la isla de Bougainville, parte del archipiélago de las Islas Salomón pertenecientes a Papúa. Este conflicto surgió debido a disputas económicas y ambientales vinculadas a la mina de Pangua. La crisis finalizó con un acuerdo de paz en 2001 y, posteriormente, con un referéndum no vinculante en 2019, en el que el 97,7% de los votantes apoyó la independencia de Bougainville –programada para ser efectiva en 2027–. No obstante, la implementación de esta decisión aún está pendiente y sigue afectando profundamente a la política nacional de Papúa Nueva Guinea. En años recientes, el primer ministro James Marape, en el poder desde 2019, ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo el deterioro de la seguridad, la corrupción institucional y el manejo económico del país. A ello, se suma la aprobación en 2024 de una nueva ley antiterrorista que ha generado críticas sociales significativas, especialmente tras el bloqueo temporal de Facebook, lo que ha sido visto como un uso excesivo y expansivo del poder ejecutivo con graves consecuencias para el comercio minorista, la comunicación y la transparencia nacional. A ello, se suma que Papúa ocupa una posición geopolítica estratégica en el Pacífico, siendo objeto de interés y competencia de potencias como China, EEUU, Australia o Indonesia. Internamente, el país lucha por equilibrar la soberanía nacional, la gobernabilidad y la cohesión de un Estado multidiverso donde cada uno defiende sus propios intereses, dificultando el avance de éste país austral. Respecto al ámbito político, el gobierno de PNG controla 102 de los 118 escaños del Parlamento unicameral, lo que refleja la compleja fragmentación política y la necesidad de formar amplias coaliciones para asegurar la gobernabilidad. En este sistema multipartidista, ningún partido obtiene mayoría absoluta solo; el partido más grande, Pangu Party, cuenta con 42 diputados, seguido por partidos medianos y numerosos pequeños, junto con diputados independientes, lo cual suma más de 20 partidos en el ejecutivo. Esta pluralidad es consecuencia directa de la diversidad étnica, cultural y religiosa del país, que se traduce en un parlamento donde los legisladores priorizan sus intereses locales o pragmáticos sobre ideologías políticas tradicionales, promoviendo alianzas flexibles, dinámicas y muy a menudo, transitorias. El actual Primer Ministro, James Marape, es el líder del partido Pangu desde 2019, habiendo logrado consolidarse mediante un amplio espectro de apoyo derivado de negociaciones políticas que han estabilizado el ejecutivo. Pero, a su vez, también hay muestras de la volatilidad inherente al sistema que mantiene, muestra de ello son los 33 ministerios con los que cuenta su Gobierno. En contraposición, el Congreso Nacional del Pueblo, con 13 escaños, se mantiene como la única fuerza opositora y aislada, optando por una postura crítica y clara diferenciada, aunque su postura le limita la influencia en un parlamento controlado totalmente por el gobierno. Asimismo, el sistema parlamentario unicameral se basa en la representación proporcional y el voto preferencial, lo que facilita la negociación multipartidista, donde la formación y mantenimiento de las coaliciones amplias y adaptables resulta imprescindible para la gobernabilidad en un entorno político convulso. Por otra parte, el Primer Ministro James Marape, ha estado en el centro de diversas controversias desde su llegada al poder. Uno de los casos destacados es el escándalo del préstamo de 1,200 millones de dólares australianos, adquirido por su predecesor, Peter O´Neil. Una investigación del Defensor del Pueblo reveló que Marape, entonces ministro de Finanzas, aprobó el acuerdo sin la autorización legal debida, lo que podría haber violado hasta seis secciones de la Constitución Nacional de Papúa Nueva Guinea. Además, en 2024, se destaparon alegaciones de corrupción relacionadas con el programa de infraestructura “Connect PNG”. El ex Primer Ministro O´Neil acusó a Marape de otorgar contratos por un valor de más de 3,500 millones de kina –moneda de PNG– a empresas vinculadas a sus familiares y allegados, como Ipenz Construction, propiedad de su pariente cercano Moses Palipe. Estas acusaciones marcaron un escándalo político y una creciente desconfianza hacia el gobierno. En respuesta, Marape ha lanzado políticas anticorrupción, incluyendo la creación de la Comisión Independiente contra la Corrupción y una política de supuesta “tolerancia cero” hacia la corrupción en el servicio público. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es muy cuestionada, especialmente cuando surgen nuevos casos que involucran a funcionarios cercanos a su administración. Todo ello ha afectado a la estabilidad política de PNG. En enero de 2024, disturbios masivos en Port Moresby fueron desencadenados por disputas salariales con la policía y empleados públicos, resultando en al menos 16 muertos. La respuesta del Gobierno, incluyó la declaración del Estado de Emergencia y la suspensión de varios funcionarios, siendo visto por algunos como una gestión inadecuada de la crisis. La combinación de escándalos financieros, acusaciones de nepotismo y el manejo cuestionable de la crisis ha erosionado la confianza en su liderazgo y ha tensado el espectro político nacional, también dentro de sus propias filas y en partidos aliados. Así pues, la nueva Ley Contra el Terrorismo de 2024 (nº 22 de 2024), certificada el 23 de diciembre del mismo año llega en un momento de inestabilidad constante en el país, pero con motivaciones que simulan no ser del todo a lo que sus propósitos deberían focalizarse. Su propósito fundamental es “garantizar el mantenimiento de la seguridad interna de Papúa Nueva Guinea mediante medidas para combatir el terrorismo y las actividades terroristas”, por lo que derogaría explícitamente la Ley de Seguridad Interna de 1993. Esta ley, se estructura en siete partes distintas, cada una de las cuales aborda un aspecto específico de las medidas y poderes antiterroristas. A continuación, analizaremos y expondremos la Ley: Parte I - Preliminar (secciones 1-2): Esta sección inicial establece los requisitos de cumplimiento constitucional de la Ley. Fundamentalmente, proporciona una “Interpretación” completa (en la sección 2) de los términos clave utilizados en toda la legislación. Estas definiciones son vitales para comprender el alcance y las posibles implicaciones de la Ley. Entre la definiciones más importantes se incluyen:  Funcionario autorizado:  se define como “una persona autorizada para ejercer funciones y poderes en virtud de esta Ley”. Comisionado de Policía:  significa el Comisionado de Policía designado en virtud al artículo 9 de la Ley de Policía de 1988. Fuerza de Policía:  se define como la fuerza policial establecida en virtud del artículo 188 (1)(b) de la Constitución Nacional. Organización proscrita: una organización “declarada como organización proscrita según la Sección 28”. Terrorismo:  significa “un acto a amenaza de daño personal o daño grave a la propiedad realizado con el propósito de promover una causa política, religiosa o ideológica; o influir en la acción o política gubernamental; o crear temor o un riesgo grave para la salud o seguridad del público o de cualquier sector del mismo; o intimidar al público o a cualquier sector del mismo; o afectar a un grup o grupos de personas identificables por una costumbre, etnia o lugar de residencia compartidos”. –Éste término no tendría validez internacional, puesto que no existe un concepto unánime de terrorismo–. Parte II - Grupo de Trabajo Conjunto de Seguridad contra el Terrorismo (Secciones 3 a 10): Esta parte establece el Grupo de Trabajo Conjunto de Seguridad contra el Terrorismo. En él, el Comisionado de Policía actúa como comandante de este grupo, con dos comandantes adjuntos de la Fuerza de Policía y miembros superiores de la Fuerza de Defensa de Papúa Nueva Guinea. Las funciones del grupo de trabajo incluyen acceder, detectar y coordinar las respuestas al terrorismo, así como planificar, preparar y recomendar operaciones antiterroristas. De igual forma, concede ayuda de la Fuerza de Defensa a la Fuerza de Tareas para operaciones antiterroristas. Asimismo, incluye “Protección por acciones u omisiones” (Sección 9), que establece que los miembros de la Fuerza de Policía, el Grupo de Trabajo o los oficiales autorizados “no serán considerados responsables penal o civilmente por ninguna acción u omisión realizada en el desempeño de sus funciones bajo esta Ley o de acuerdo con una instrucción legal bajo esta Ley”, siempre que se haga de “buena fe”. Parte III - Facultades de investigación (Secciones 11 a 19): En estas secciones, se otorgan importantes poderes de investigación a la Fuerza Policial y a los oficiales autorizados, incluidos:  Poder para arrestar y detener (Sección 11): Los miembros de la Fuerza de Policía o los oficiales autorizados pueden arrestar a un individuo “sin orden judicial” si tienen “motivos razonables para sospechar” que la persona está cometiendo o está a punto de cometer un delito según la Ley, o ha cometido uno. Faculta de detener y registrar (Sección 12): Permite a los miembros de la Fuerza de Policía o a los oficiales autorizados detener y registrar a personas basándose en “motivos razonables para sospechar” que la persona está cometiendo un delito según la Ley. Facultad de registrar medios de transporte, lugares o instalaciones (Sección 13):  Otorga la facultad de ingresar y registrar un medio de transporte, lugar o instalación y confiscar cualquier evidencia si existen “motivos razonables para sospechar” de un delito según la Ley. Autorización de dispositivos de vigilancia (Secciones 14 y 15): La Ley describe dos vías para la autorización: 1) Por el Procurador General (Sección 14): Puede emitir autorizaciones para dispositivos de vigilancia basándose en una sospecha. 2) Por el Comisionado de Policía (Sección 15):  Éste está facultado para emitir autorizaciones de dispositivos de vigilancia si “sospecha razonablemente que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un delito contra esta Ley”. Estás autorizaciones pueden concederse por períodos no superiores a 90 días y son renovables. La publicación o comunicación de información sobre la autorización conlleva además una multa y pena de 50,000 kwachas o 20 años de prisión. Acceso a la información (Sección 16): El Comisionado de Policía puede “citar a cualquier persona cuya evidencia sea susceptible de ser material” y ·tomar bajo custodia, por un período de tiempo, a la persona mencionada” con el propósito de obtener información. Asimismo, el Comisionado de Policía puede ordenar instrucciones a un proveedor de telecomunicaciones, institución financiera u organismos gubernamentales para brindar asistencia para prevenir o responder a un delito conforme a la Ley (Secciones 17 y 18) . El incumplimiento conlleva multas de hasta 5,000 kwachas o penas de 5 años. Por último, la Sección 19  dicta al Comisionado de Policía que debe informar anualmente sobre el uso de los poderes bajo el resto de secciones de éste punto. Parte IV - Delitos y sanciones (Secciones 20 a 27): Esta parte de la Ley define delitos relacionados con el terrorismo. El acto de terrorismo, contemplado en la Sección 20, conlleva una pena mínima de 50 años de prisión hasta cadena perpetua. De igual manera, el entrenamiento con armas con fines terroristas (Sección 21), así como ordenar e incitar al terrorismo (Secciones 22 y 23), están penados con un mínimo de 50 años y pueden alcanzar la cadena perpetua. La posesión de artículos con fines terroristas (Sección 24) también conlleva penas que van de 50 años a cadena perpetua. Por otro lado, obtener, publicar o comunicar información sobre miembros de fuerzas disciplinarias y otros sujetos protegidos (Sección 25) implica una pena mínima de 20 años de prisión. En cuanto al financiamiento del terrorismo (Sección 26), las sanciones pueden llegar hasta la cadena perpetua para personas físicas, mientras que las personas jurídicas pueden ser multadas con hasta K1,000,000.00. Finalmente, causar daño a miembros de fuerzas disciplinarias o funcionarios autorizados (Sección 27) está castigado con penas que van desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. Parte V - Organizaciones Proscritas (Secciones 28 a 31): Esta sección detalla la Declaración de Organizaciones Proscritas (Sección 28). Una organización puede ser declarada de talf orma si el Jefe de Estado, por recomendación del Consejo Ejecutivo Nacional, considera que “participa o es probable que participe en actos de terrorismo; o promueve o fomenta, o es probable que lo haga, el terrorismo”. Dichas declaraciones deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y difundirse ampliamente por Ley. Asimismo, la Sección 29 describe el proceso de apelación contra tales declaraciones. En la Sección 30 se definen los delitos relacionados con la afiliación, el apoyo y las reuniones de organizaciones proscritas, mientras que la Sección 31 aborda la manifestación pública de apoyo a dichas organizaciones prohibidas. Parte VI - Zonas Prohibidas (Secciones 32 a 36): Esta parte permite declarar zonas prohibidas (Sección 32), describiendo el efecto de dichas declaraciones. Para ello, se especifican las personas exentas de declaración (Sección 34), incluido el Jefe de Estado, los miembros de la Fuerza de Policía o de la Fuerza de Defensa en servicio y cierto personal de emergencia. Además, se detallan las disposiciones para los permisos de exención (Sección 35), donde el Comisionado de Policía considera la solicitud. De igual forma, se definen los delitos relacionados con un área prohibida (Sección 36), lo que conlleva una pena de multa que no supere los K50,000.00. o prisión menor a 20 años, o ambas. Parte VII - Varios (Secciones 37 a 42): Esta parte final cubre la confiscación de bienes (Sección 37) utilizados para el terrorismo. Incluye disposiciones sobre reglamentos (Sección 39) y la derogación de leyes anteriores (Sección 40). Por último, se establece explícitamente que las acciones en virtud de la derogada Ley de Seguridad Interna de 1993 no disminuirán. Pero…¿Por qué la Ley Antiterrorista de 2024 podría generar inquietudes? Aunque la Ley Antiterrorista de 2024 busca fortalecer la seguridad nacional, varias de sus disposiciones plantean preocupaciones importantes respecto al posible abuso de poder, debido a definiciones amplias y poderes extensos con limitada supervisión independiente. En primer lugar, la definición de “terrorismo” es demasiado amplia, abarcando actos realizados con el propósito de “promover una causa política, religiosa o ideológica” o “influir en la acción gubernamental”. Este alcance tan extenso podría incluir formas legítimas de protesta, disidencia, defensa de intereses o incluso periodismo de investigación. Actividades protegidas por derechos fundamentales, como la libertad de expresión o reunión, podrían ser catalogadas como “terrorismo” si se considera que influyen en las acciones gubernamentales o promueven una causa ideológica. Esto implica un riesgo significativo de criminalizar la oposición pacífica y suprimir libertades civiles. En segundo lugar, la Sección 28 otorga al Jefe de Estado, con asesoría del Consejo Ejecutivo Nacional, la facultad de declarar organizaciones proscritas si se cree que participan o probablemente participen en actos terroristas, o que promueven o fomentan el terrorismo. La subjetividad de términos como “probable que participe” o “probable que fomente” permite proscribir organizaciones basándose en posibilidades futuras, sin necesidad de evidencia directa o concreta. Éste vacío podría ser utilizado para atacar a opositores políticos o grupos de la sociedad civil sin vínculos terroristas verificables, y la obligación de publicitar estas declaraciones amplifica su efecto disuasorio. En tercer lugar, la Ley otorga amplios poderes a las fuerzas del orden con insuficiente autorización judicial previa. Por ejemplo, la Sección 11 permite arrestos sin orden judicial basados sólo en “motivos razonables para sospechar”, lo que facilita las detenciones arbitrarias. Las Secciones 12 y 13 permiten registros de locales con criterios similares y a menudo sin orden judicial, poniendo en riesgo la privacidad y derechos de propiedad. Además, la Sección 15 autoriza al Comisionado de Policía a aprobar dispositivos de vigilancia sin requerir supervisión judicial previa, concentrando poder en el ejecutivo y aumentando el riesgo de vigilancia excesiva sin control externo. La autorización puede durar hasta 90 días con renovaciones, lo que permite una vigilancia prolongada sin revisión independiente. También, la Ley penaliza severamente (con multas o prisión) la publicación de información relacionada con autorizaciones de vigilancia, lo que podría silenciar a denunciantes, periodistas y organizaciones que busquen transparencia, dificultando el control público y facilitando abusos. Además, la Sección 16 otorga al Comisionado la facultad de detener a personas durante un “período razonable” para obtener información, sin definir claramente este lapso, lo que puede resultar en detenciones prolongadas sin cargos y violaciones al debido proceso. Por otro lado, la Ley define de manera amplia y flexible el concepto de “funcionario autorizado” (Secciones 2 y 7), permitiendo que diversas personas, más allá del personal policial o militar capacitado, ejerzan funciones bajo esta Ley. Esto genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas, la capacitación y el respeto a los derechos humanos, ya que personas con menor supervisión podrían exceder sus atribuciones. Finalmente, la Sección 9 establece que los funcionarios no serán responsables penal ni civilmente por sus acciones u omisiones realizadas de “buena fe” en el desempeño de sus funciones. Aunque esta cláusula busca proteger a quienes actúan legítimamente, su interpretación amplia podría amparar abusos reales, especialmente si no existen mecanismos independientes y rigurosos de supervisión —como sucede en PNG, ya que el Poder Judicial se asienta en el Tribunal Supremo, quien actúa como última instancia de apelación del Tribunal Nacional y al que paralelamente el Supremo presta atención según la costumbre local de cada región, lo que dificulta enormemente el cometido judicial—, fomentando una cultura de impunidad. La Ley Antiterrorista de 2024 cobra especial relevancia en el contexto de Bougainville, donde la historia reciente de insurgencia y el referéndum por la independencia generan tensiones políticas y sociales significativas. Las amplias facultades y definiciones vagas de la ley podrían ser utilizadas para restringir o criminalizar movimientos políticos y sociales que defiendan la autonomía o la autodeterminación en la región, exacerbando conflictos latentes y dificultando procesos de diálogo y reconciliación. Por tanto, el uso de esta legislación podría llegar en los próximos años, aplicándose a la próxima independencia de la isla de Bougainville, pudiendo llegar a servir como herramienta de represión, poniendo en riesgo la estabilidad y derechos fundamentales de sus habitantes, violando el Derecho Internacional Humanitario.

Tras la decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica de Irán, el país ha aprobado la suspensión de la entrada en vigor de la “Ley de Apoyo a la Familia mediante la Promoción de la Castidad e Hiyab” aprobada en diciembre de 2023. ¿Qué repercusión tendrá para la teocracia islámica más importante del mundo? y ¿Realmente beneficiará a las mujeres iraníes respecto a su situación actual? El mencionado suceso fue confirmado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, quién notificó por escrito que “la ley del hiyab no se promulgará por el momento”. Es relevante mencionar que la medida es todavía un supuesto temporal y que podría revocarse en un pequeño lapso de tiempo por parte de las autoridades. Así pues, la decisión viene derivada de la influencia que desde el homicidio de Masha Amini en septiembre de 2022 —joven kurdo-iraní asesinada por la policía moral de Irán  en su arresto por llevar el hiyab “incorrectamente” — desatase el movimiento global “Mujer, Vida, Libertad”. La sociedad iraní, especialmente la urbana, ha presionado desde entonces frecuentemente a las autoridades para eliminar las imposiciones más restrictivas, llevando a cabo multitudinarias manifestaciones en ciudades como Teherán e Isfahán, extendiéndose a más de cien ciudades nacionales. Asimismo, las protestas contra el régimen durante 2022 y 2023 contaron con una presencia significativa de mujeres y jóvenes, lo cual favoreció la extensión de las revueltas alrededor del globo, especialmente en ciudades con gran diáspora iraní, tales como: Los Ángeles, Toronto, Hamburgo, Vancouver, Londres, Estocolmo, Melbourne, Gotemburgo, París, Estambul, Kuala Lumpur, Ereván o Sydney. Sin embargo, pese al alcance mundial de las reclamaciones sociales, la represión fue dura, llevando a en torno a 500 personas —Irán no publica estadísticas transparentes— a la muerte, miles de heridos y a ejecuciones públicas por desafiar las bases ideológicas del régimen. Por otro lado, Irán se encuentra en una lucha interna entre las ramas teológico-políticas más ultraconservadoras, que defienden la implementación de la ley suspendida de forma inmediata, y las autoridades institucionales actuales. Hoy en día, el Gobierno de Masoud Pezeshki se mantiene en un eje formado por el pragmatismo político, la moderación en cuanto a cuestiones sociales, las respuestas militares controladas —especialmente contra Israel—, el equilibrio neutral en su política exterior —Ni Oriente ni Occidente—, revivir el acuerdo nuclear de 2015 para aliviar el peso de las sanciones internacionales y la apertura económica, todo ello bajo una estrategia reformista y en coordinación con el Líder Supremo Ali Khamenei y las instituciones religiosas conservadoras. Para lograr su estrategia, Pezeshki se ha apoyado en los reformistas —formados por Khatami, Zarif y ciertos partidos minoritarios pro-cambio— los moderados de Rouhani y los principlistas o conservadores leales al sistema. En consecuencia, su gobierno ha conseguido mantenerse en pie gracias al apoyo de figuras tradicionalistas y un giro hacia las ramas conservadoras, pese al tinte centrista del político, lo cual no ha contentado ni mucho menos a los activistas más moderados. De igual forma, el presidente iraní tampoco ha estado exento de críticas por parte de las alas tradicionalistas. Masoud se ha opuesto públicamente a la moralización agresiva en su país, criticando a la policía moral y defendiendo ciertos derechos básicos para las mujeres —como parece plasmar en esta última jugada—. Además, sus reformas han tendido a ser graduales, sin romper “líneas rojas” con la República Islámica, pero de forma constante, lo que podría introducir una etapa de cambio a medio y largo plazo para Irán. Como resultado de la situación actual social iraní, la presión internacional marcada por EEUU y la Unión Europea; y cómo ello estaba afectando a la hoja de ruta del gobierno nacional, la ley parece haberse atrasado para no causar más tensiones. Además de las protestas estudiantiles y pro-derechos de la mujer, Teherán ha estado experimentando huelgas de transportistas y trabajadores alrededor del país en los últimos meses por la reducción de las cuotas del combustible, el aumento de los costos de seguros, las bajas tarifas de transporte y el encarecimiento del mantenimiento de los vehículos sin garantías de seguridad. Por ello, en búsqueda de no causar una manifestación masiva que aglutine los descontentos contra el sistema, el SNSC —Consejo Supremo de Seguridad Nacional— ha optado por favorecer la propuesta más “moderada” de Masoud, al mismo tiempo que reprime poco a poco a manifestantes de otras cuestiones. No obstante, la ley no está eliminada, está sólo suspendida. Mientras, el gobierno se encuentra utilizando otras vías para controlar a la mujer en el país. Entre ellas, podemos encontrar vigilancia digital mediante drones, cámaras, reconocimiento facial o apps de denuncias tipo Nazer. Además, se han extendido las multas automáticas vía SMS y se han reinstalado encubiertamente patrullas religiosas que controlan escuelas y lugares públicos. Irán no ha dejado de ser una teocracia islamísta chiita para lograr ser un país abierto con los derechos de la mujer. El país puede volver a imponer la redacción de una nueva orden o implementarla si la presión social disminuye. El hiyab lleva siendo obligatorio desde 1979 como símbolo de identidad política-religiosa y de control social y pese a que movimientos como los surgidos tras el suceso con Mahsa Amini han logrado calar en una parte de la población, se estima que tan sólo un 16% de la población ha cambiado su opinión sobre la obligatoriedad de esta prenda, símbolo de represión y ya no de identidad religiosa. El caso de Amini no es casual, Armita Garavand murió tras entrar en coma, resultado de no llevar hiyab en el metro. Nika Shakarami, Sarina Esmailzadeh y Hadis Najafi, adolescentes asesinadas durante las protestas en 2022 y cuyas muertes intentaron ser encubiertas por el régimen como suicidios. Irán mantiene penas reducidas e inclusive inmunidad a padres que matan a sus propias hijas, sufriendo crímenes de honor por familiares, como el caso de Romina Ashrafi, decapitada en 2023 por su padre, con tan sólo 13 años. Otros casos son los relacionados con los delitos de “enemistad con Dios” o “corrupción en la Tierra”, las muertes en prisión sin juicios con garantías para periodistas, activistas, kurdas o bahá ís y la violencia estructural y silenciosa de un sistema machista y opresor que cohíbe a las mujeres y les priva de acceso a servicios médicos, salud sexual o seguridad ante violencia doméstica, así como restricciones para viajar, trabajar, divorciarse o participar en la vida pública y política nacional. Pese a que la suspensión de la ley puede ser un “alivio” para la presión social y político-religiosa sobre las mujeres en Irán, no será una solución. Las restricciones de ésta dictadura islámica son severas, la crispación política se extiende y la presión internacional parece ser la que realmente marca el timón de ciertas decisiones del gobierno. En consecuencia, hoy más que nunca, es vital que las mujeres iraníes vean que otro mundo se puede  alcanzar. En occidente, y especialmente en países como España, las mujeres pueden estudiar, opinar, trabajar, vestirse, amar y manifestarse con libertad. No se trata de privilegios o singularidades culturales, sino de derechos conquistados. Estas libertades han de ser un faro: no hay que imponer un modelo, sino para recordar que vivir sin miedo y con dignidad es una meta que ha de ser universal, y que el viento del cambio puede llegar para tierras donde hoy sólo hay silencio.

El Día del Padre nos provee de una oportunidad para indagar sobre las figuras paternales que han influido en los líderes autoritarios más relevantes del globo. Hoy, te invitamos a conocer un poco más sobre los padres que marcan el mundo actual. ¡Sigue leyendo y descubre las historias familiares más sorprendentes del día! Nicolás Maduro: el padre sindicalista que sembró la semilla del poder Nicolás Maduro García , el padre de Nicolás Maduro , fue un hombre de ideas firmes, un sindicalista y un militante político en Venezuela. Destacó por su activismo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en el sector del transporte. A través de su participación en estos movimientos, dejó una huella que influenció profundamente a su hijo. Maduro García fue un hombre de izquierda que, aunque no alcanzó grandes cargos, sentó las bases ideológicas que eventualmente marcarían la vida política de Nicolás, quien llegaría a ser presidente bolivariano de Venezuela. Probablemente, si Maduro padre hubiera vivido para ver la hiperinflación y las filas de alimentos, seguramente habría llamado a una huelga general… Pero por un sistema económico distinto. Mosaico de Nicolás Maduro García en el grado del colegio José Eusebio Caro de Ocaña, Colombia, 1947. Daniel Ortega: el padre de la resistencia que forjó al líder sandinista El padre de Daniel Ortega , Daniel Ortega Cerda , fue un contador y activista político que se opuso al dictador Anastasio Somoza. Aunque no tuvo un papel destacado en la lucha revolucionaria, sus ideales y su postura política influyeron en los hermanos Ortega. Desde pequeños, los Ortega Saavedra se involucraron en movimientos de resistencia. Con el tiempo, Daniel, junto con su hermano Humberto, se unieron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el grupo guerrillero que derrocó a Somoza en 1979. La educación política en su hogar fue crucial para el futuro de Ortega como líder revolucionario, sarcásticamente, actual dictador nicaragüense. Fotografía de la familia Ortega Saavedra. Vladímir Putin: el padre héroe de guerra que forjó al hombre férreo de Rusia Vladímir Spiridónovich Putin , el padre del presidente ruso Vladímir Putin , fue un hombre de lucha y sacrificio. Combatió en la Segunda Guerra Mundial como soldado del Ejército Rojo, sirviendo en batallones del NKVD y en el frente de Leningrado, donde resultó gravemente herido. Además, su abuelo, Spiridín Putin, fue cocinero personal para Lenin y Stalin, lo que influenció tanto en Spiridónovich como en su hijo, conocido por su cuidado y control alimentario. Después de la guerra, Spiridónovich trabajó en una fábrica. Aunque su vida no estuvo marcada por el poder político, su resiliencia y su servicio en tiempos difíciles influenciaron el carácter de su hijo, quien más tarde ascendería a la presidencia de Rusia, convirtiéndose en la figura política más relevante del globo. Vladimir Putin junto a sus padres. Xi Jinping: el padre revolucionario que marcó la ruta hacia la grandeza Xi Zhongxun , padre de Xi Jinping , fue uno de los más importantes revolucionarios y políticos de la China moderna. Miembro del Partido Comunista de China (PCCh), participó activamente en la Revolución China y desempeñó un papel clave en la implementación de reformas económicas que contribuyeron al crecimiento del país. Durante la Revolución Cultural, Xi Zhongxun fue purgado, pero más tarde fue rehabilitado por Deng Xiaoping. Este legado de resistencia y reforma dejó una marca indeleble en Xi Jinping, quien, siguiendo los pasos de su padre, emergió como el líder de una China con más peso y poder que nunca. Xi Jinping llevando en silla de ruedas a su padre junto a su mujer e hija. Ali Khamenei: el Padre clérigo que guió al líder supremo de Irán El Ayatolá Javad Khamenei , padre del Líder Supremo de Irán Ali Khamenei , fue un clérigo chiita cuya influencia religiosa marcó el destino de su hijo. Aunque Javad Khamenei no fue una figura prominente en la política iraní, su enfoque en la teología islámica y su participación en la comunidad chiita contribuyeron a la formación religiosa de Ali. Ali Khamenei seguiría el camino de su padre y se convertiría en uno de los líderes políticos más poderosos de Irán tras la Revolución Iraní de 1979, devolviendo a Irán a tiempos pasados para los nostálgicos más exacerbadamente creyentes. Fotografía padre e hijo: Ali y Javad Khamenei. Fidel y Raúl Castro: el padre terrateniente que forjó la Rebelión Cubana Ángel Castro , el padre de Fidel  y Raúl Castro , fue un inmigrante gallego que llegó a Cuba y se convirtió en un exitoso terrateniente. Dueño de plantaciones de caña de azúcar, su fortuna le permitió proporcionar una vida acomodada a sus hijos. Aunque era un hombre conservador y no compartía las ideas revolucionarias de sus hijos, su influencia en su vida y su conexión con las clases altas de la sociedad cubana fueron importantes. Irónicamente, Fidel y Raúl, se rebelaron contra el sistema que representaba su padre, y la Revolución Cubana cambiaría el destino de la isla para siempre, convirtiéndo a Cuba en un rincón de sueños rotos. Ángel Castro posando mientras fuma un puro. Aleksandr Lukashenko: el padre ganadero que crió al líder de Bielorrusia Nikolai Lukashenko , padre del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko , fue un trabajador agrícola, un hombre sencillo que se dedicaba a la ganadería en la región de Gomel. No se sabe mucho sobre su vida, pero su influencia como un hombre del campo parece haber formado el carácter pragmático de Aleksandr. Crecer en un entorno rural probablemente le dio a Lukashenko una imagen cercana al pueblo, una característica que mantiene hasta el día de hoy como líder de Bielorrusia, pero cuyas políticas autoritarias y sus decisiones en el poder son criticadas por muchos. Alexander Lukashenko visitando una granja agrícola de Nesvizh. Hibatullah Akhundzada: el padre talibán que sembró la fe del líder supremo de Afganistán El líder supremo de Afganistán, Hibatullah Akhundzada , tiene como padre a Mullah Mohammad Akhund , un líder religioso de alto rango dentro de la comunidad talibán. Aunque no se sabe mucho sobre la vida de Mullah Mohammad, su enfoque religioso y su posición dentro de los círculos talibanes influyó en su hijo, quien se formó bajo estos principios. Hibatullah Akhundzada, al igual que su padre, seguiría el camino de la lucha religiosa y política, y eventualmente se convertiría en el líder supremo del grupo talibán tras la muerte de su predecesor. Mullah Mohammad Akhund, dando un discurso. La historia está moldeada por figuras que dejan huella en el mundo, y como para todo ser humano, los padres han jugado un papel crucial. Sea de manera sutil o decisiva, el rumbo de sus hijos ha significado un cambio nacional, social, político, económico o internacional. La influencia paterna ha sido clave, dejando un legado que, para bien o para mal, seguirá formando parte de la historia de la humanidad, nuestra historia. ¡Feliz Día del Padre a todos esos padres que, de una forma u otra, dejan su marca en el mundo!

¿Qué es una falla tectónica y cómo funciona? Una falla tectónica es una grieta o fractura de la corteza terrestre que surge cuando las placas tectónicas, grandes fragmentos de la corteza, se mueven. Estas placas se desplazan muy lentamente por el manto de la Tierra, y este movimiento crea energía que, repentinamente y en ciertas ocasiones, se puede liberar en forma de terremotos. Según el movimiento tectónico, las fallas se clasifican dependiendo de tres tipos de desplazamiento: Desplazamiento lateral:  las placas se mueven horizontalmente una al lado de la otra, no de forma vertical. Un ejemplo es la falla de San Andrés, California. Desplazamiento compresivo:  las placas se empujan una contra otra, lo que provoca que una o ambas se eleven. Estos movimientos generan la existencia de cordilleras, como es el caso del Himalaya. Desplazamiento extensional: las placas se separan, esto provoca que una se hunda en relación con la otra, lo que genera depresiones en el terreno. Un ejemplo reconocible es el Valle del Rift en África. Asimismo, las fallas se clasifican según su comportamiento en: Fallas deslizantes:  las placas se mueven lentamente unas respecto a otras horizontalmente. Fallas compresivas:  las placas se empujan entre sí, generando fuerza que deforman la corteza. Así pues, la falla que afecta a Myanmar es la “Falla de Sagaing” situada entre las placas índica y euroasiática. Sagaing presenta un comportamiento deslizante, a la vez que compresivo debido a su ubicación entre la convergencia de placas. En consecuencia,  es común la actividad sísmica, especialmente en la región central del país, ampliamente poblada. El terremoto de hoy El terremoto que ha sacudido hoy viernes a las 12:50 hora local en Myanmar y países colindantes ha registrado una magnitud de 7,7 en la escala de Richter. Al sismo le han seguido cuatro réplicas que han variado entre 5,5 y 6,6 en la escala. En cuanto al epicentro del temblor, ha sido localizado cerca de la ciudad de Mandalay, segunda urbe más poblada del país, con casi dos millones de personas. Aunque los daños y víctimas todavía son desconocidos, se cuantifican numerosos casos de colapso de centros sanitarios (como los ocurridos en Yangon, a 620 km del epicentro) y numerosos daños graves a infraestructuras. En respuesta, las autoridades birmanas han declarado el estado de emergencia en seis de las catorce regiones nacionales, gravemente afectadas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naypyidaw y Bago. Se reportan miles de edificios colapsados en Myanmar, así como, cientos de heridos, centenares de desaparecidos y al menos 144 fallecidos. Uno de los hospitales de la capital, Naipyidó, ha desbordado sus capacidades y los heridos son atendidos fuera del hospital debido a que la entrada de emergencias ha sido destruida. Mientras, Zaw Min Tun, portavoz de la junta militar, ha demandando ayuda humanitaria a la comunidad internacional debido a la situación de catástrofe. Esta situación es alarmante, ya que aunque Myanmar ha experimentado desastres previos, el régimen militar no había pedido ayuda internacional. La situación sugiere una considerable y grave magnitud todavía desconocida, las autoridades no han proporcionado un balance oficial de víctimas y podemos deducir que el número oficial es actualmente manipulado por las mismas. Impacto en los países vecinos El terremoto también se ha sentido con fuerza en otros países vecinos, como Tailandia, donde un edificio en construcción de 23 pisos ha colapsado en Bangkok, a 1000 km del epicentro del sismo, matando a tres personas y dejando a 81 personas atrapadas, así como a decenas de heridos. Aunque las autoridades tailandesas descartan el riesgo de tsunami y la situación en áreas urbanas como Chiang Mai no es tan grave, la situación en la capital es severa, con numerosos daños en infraestructuras. Bangkok ha llevado a cabo evacuaciones y la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, ha establecido el estado de emergencia, el cierre de escuelas y convocado una reunión extraordinaria para gestionar la respuesta a la catástrofe. Rescatistas tailandeses frente al edifico derrumbado en el barrio de Chatuchak, Bangkok. Créditos foto: CNN. Mientras, las regiones del sur de la República Popular de China no han mostrado daños significativos en infraestructuras ni han reportado víctimas mortales, pese a que el sismo se ha hecho notar en la región de Yunnan, fronteriza a Myanmar. Otros países, como India, Laos, Vietnam o Bangladesh han sufrido pequeños daños y visibles muestras del terremoto, como el caso de los edificios de Vientiane, Laos. ¿Se tambaleará el régimen en Myanmar? El terremoto ha puesto en duda la capacidad de respuesta de la junta militar myanmarense, la cual acabó con la transición democrática del país tras el golpe de Estado de 2021. Como resultado estamos observando una inusual demanda de ayuda a la comunidad internacional,  lo que suscita que la crisis sea de tal calibre que pueda conllevar implicaciones políticas internas. Si bien el país es propenso a movimientos sísmicos, la actual situación política, el deterioro de las infraestructuras y la falta de acceso a regiones controladas por opositores agravan la crisis y su futuro desenlace. El jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, en un hospital en Naypyidó. Créditos foto: AFP. Myanmar no estaba preparada para un acontecimiento de éste calibre, su sistema sanitario y su ejército no cuentan con la organización ni medios necesarios, mostrando un escenario dramático ante la situación. Organizaciones internacionales y asociaciones denuncian que varias zonas del país han quedado incomunicadas por el derrumbe de puentes, carreteras y vías ferroviarias, así como la torre de control del aeropuerto internacional de Mandalay; tampoco hay luz ni acceso a agua potable; así como, acceso a internet, medicamentos o medios sanitarios, especialmente en regiones vulnerables y poco desarrolladas, lo que podría incitar el levantamiento ciudadano. Además, se teme por el estado de algunos centros y monumentos arqueológicos y culturales vitales para la identidad cultural y espiritual birmana, de los cuales, no hay constancia hasta ahora pese a estar en el área afectada. Entre los posibles lugares afectados se encontrarían las ciudades antiguas de la Alta Birmania (Inwa, Amarapura, Sagaing, Mingun y Mandalay), el área arqueológica de Bagan (con sus características pagados) y las ciudades antiguas de Pyu, patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO. Daños causados por el terremoto en el histórico palacio real de Mandalay. Créditos foto: MRTV. Desde “ Naciones en Ruinas ” lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en Myanmar y naciones vecinas a causa del terremoto. Nuestro más sentido pésame a las víctimas, amigos y familiares. Que la ayuda llegue pronto a quienes la necesitan.

El pasado miércoles 26 de marzo, la Comisión Europea sorprendió a la ciudadanía al anunciar una serie de recomendaciones para elaborar un “kit de supervivencia europeo”. Esto ha generado inquietud entre la población, especialmente en el caso de España, pero: ¿Estamos al borde de una guerra? ¿Llegan los rusos? ¿Es el fin del mundo? En el siguiente artículo te explicamos de forma clara todo lo que necesitas saber, con colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas Españolas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Qué es el kit de supervivencia europeo? La Comisión ha lanzado esta iniciativa con el objetivo de preparar a sus ciudadanos ante emergencias de hasta un máximo de 72 horas sin ayuda externa – tiempo considerado razonable para la actuación de autoridades europeas ante catástrofes– . No obstante, estas emergencias pueden ir desde ciberataques que afecten a nuestros sistemas hasta desastres naturales, pasando por conflictos armados, apagones, pandemias o incidentes cotidianos como robos. El kit sugerido incluye elementos CLAVE como: Agua potable (mínimo 2 litros por persona y día). Alimentos no perecederos y energéticos. Medicamentos básicos, personales y elementos de primeros auxilios. Linterna a pilas, recargables o cargador solar. Radio portátil a pilas. Documentación importante (impresa y bien protegida) y llaves (de casa y automóvil). Cargador externo para móviles. Dinero en efectivo. Gafas. Ropa de manga larga (muy importante). Otros: cerillas, extintor, pastillas de yodo, combustible y cinta adhesiva… Elementos clave del kit europeo de supervivencia. Pero… ¿Qué más deberías incluir de forma sensata? Aunque el modelo mostrado por la comisaria europea de Igualdad y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, está bastante completo, cada kit debe adaptarse a las necesidades y conocimientos personales y del entorno. Aquí te dejamos recomendaciones adicionales útiles: Navajas multiusos: herramienta versátil para cortar, abrir latas o realizar reparaciones y actividades improvisadas. Modelos como la Victorinox Swiss Army Knife son perfectos. Pastillas potabilizadoras de agua: útiles si el suministro normal se ve afectado. Medicación básica y específica: especialmente si padeces de enfermedades como asma, diabetes o alergias. Cuerdas resistentes: pueden utilizarse para asegurar objetos, construir refugios o para situaciones como rescates. Pedernal, cerillas o mechero: imprescindible para encender fuego, en caso de zonas húmedas es preferible el pedernal. Poncho impermeable, ropa de invierno y manta térmica: protegen ante condiciones meteorológicas adversas. Silbato: para pedir ayuda en caso de emergencia. Mascarillas y gel desinfectante: especialmente en caso de que la emergencia sea sanitaria, antigua lección que nos deja el COVID-19. Documentación vital fotocopiada y protegida (DNI, Pasaporte, Cartilla Médica etc…) Otros mencionados por la UE como: linternas, dinero en efectivo, baterías, alimentos no perecederos etc… ¿Qué alimentos llevar contigo? Lleva contigo alimentos no perecederos, ligeros y ricos en calorías. Algunas opciones son: Latas de pescado, verdura, legumbres o carne. Barritas energéticas con alto contenido calórico (cruciales para ciudadanos de a pie). Frutos secos, miel o chocolate negro. Comidas de tipo instantáneas (como sopas o purés en sobre, siempre que tengas agua suficiente). ¿Debería preocuparme? ¿Estamos en guerra? ¿Vamos a morir todos? No, y esto es algo que hay que entender: el kit no debe verse como una señal de alarma, sino como una medida de prevención responsable. En muchos países europeos, tener un kit de emergencias es habitual, incluso tener un búnker en tu bloque de edificios lo es. Sin embargo, en España no es común, lo que puede generar una mayor sorpresa o miedo. Aunque la iniciativa llega en un contexto de tensiones – con conflictos como el de Ucrania o Gaza –, no se trata de una mera preparación ante una guerra inminente, sino de una estrategia para preparar mejor a la ciudadanía ante crisis. ¿Conclusión?: Prepararse pero sin alarmarse. El mensaje de la UE es: “mejor prevenir que curar”. Contar con un kit de emergencia es vital, no sólo es una decisión sensata, sino una forma de protegerte a ti mismo y a tu familia en situaciones adversas. Como sociedad, debemos normalizar la cultura de autoprotección, sin caer en alarmismos inútiles. Estate preparado sin ser pesimista, sé responsable y… ¡¡¡Comienza a armar tu propio kit!!!

Eurovisión es mucho más que luces, canciones y coreografías llamativas. Detrás de este evento se esconde un tablero de ajedrez geopolítico donde los países mueven fichas diplomáticas, políticas y culturales. Cada participación, o ausencia, cuenta una historia que va mucho más allá de la música. En la edición de 2025, celebrada en Basilea, este panorama no será diferente. Ausencias significativas: más que un vacío en el escenario La lista de ausencias de Eurovisión 2025 refleja una realidad política compleja. Las razones detrás de estas ausencias son diversas: disputas económicas, sanciones internacionales, ideologías políticas y conflictos diplomáticos. Es interesante notar que, a veces, un asiento vacío en el escenario de Eurovisión dice tanto como la participación de un país. Moldavia : Aunque inicialmente había confirmado su participación, el pequeño país se retiró a última hora debido a la falta de recursos financieros y a un escaso interés en su preselección, la Etapa Națională. Esta retirada resalta cómo algunos países enfrentan dificultades para mantener el costoso aparato eurovisivo. Bosnia y Herzegovina : No participa desde 2016 debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por impagos. Esto deja al país fuera del juego hasta que resuelva sus deudas. Eslovaquia : La última vez que pisaron el escenario de Eurovisión fue en 2012. La falta de presupuesto ha sido la razón oficial de su ausencia desde entonces. Hungría : Aunque oficialmente se apartó por motivos económicos, muchos sugieren que la decisión tiene un trasfondo ideológico. Bajo el gobierno conservador de Viktor Orbán, Hungría ha mostrado recelo hacia el carácter inclusivo y progresista del festival. Turquía : Desde 2013, Turquía no ha participado. Su rechazo no solo se debe a críticas al sistema del Big Five (los cinco países mayores financiadores del festival), sino también a una visión tradicionalista del género que entra en conflicto con algunos contenidos del certamen, optando por dejar de participar en el concurso tras la victoria de Conchita Wurst en 2014 —representante drag queen de Austria—. Macedonia del Norte y Rumanía : En 2025, ambos países han decidido no participar debido a problemas financieros. En el caso rumano, los conflictos internos entre la televisión pública y los productores nacionales también impidieron una preselección sólida. Kosovo : Aunque Kosovo ha expresado su interés en participar, la UER no lo permite. Su estatus como no miembro pleno y su limitado reconocimiento internacional, especialmente debido a la influencia de Serbia, mantienen a Kosovo fuera del certamen. Bulgaria : A pesar de no estar sancionada, Bulgaria ha decidido no participar por tercer año consecutivo. La combinación de falta de fondos, desinterés institucional y malos resultados en ediciones pasadas ha llevado a este país a retirarse del certamen. Algunos países no participan debido a sanciones internacionales o conflictos políticos Rusia y Bielorrusia : Siguen expulsadas de Eurovisión debido a las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania. Las decisiones de la UER en estos casos muestran una postura clara contra los conflictos armados y las violaciones de derechos humanos. Pequeños olvidados, falta de industria e infraestructura musical Estos países no siguen los pasos de San Marino , que participa pese a sus limitaciones. La principal razón es económica: sin una industria musical propia, deben recurrir a artistas internacionales, lo que aumenta considerablemente los costos de participación, como en el caso de Andorra , país que sí ha participado en alguna ocasión previamente. Liechtenstein : Además de la falta de una industria musical propia, el hecho de que su emisora fuera privatizada en 2024 y que nunca haya formado parte de la UER complica aún más su entrada en el certamen. Mónaco : Aunque mostró señales de interés con el lanzamiento de TVMonaco en 2023, Mónaco no está preparado para asumir los gastos de una participación de esta magnitud. Su programación actual no permite un regreso al festival por el momento. Por otro lado, hay algunos países que han participado en apariciones estelares como invitados o que ya nos han dejado Marruecos : el país africano participó por primera y única vez en 1980 en el certamen, aprovechando la ausencia de Israel ese mismo año. No obstante, tan sólo recibieron 7 puntos por parte de Italia, quedando en el puesto 18 de 19. En consecuencia, el rey Hassán II declaró que su país no volvería a participar en el festival. Yugoslavia : participó desde 1961 a 1992, siendo el único país de la esfera comunista en participar durante la Guerra Fría. De hecho, era parte de la UER y llegó a ganar en 1989 con la canción “Rock me” de Riva. Tras 1991 y 1992, la desintegración de Yugoslavia en repúblicas independientes impidieron su participación. Por último, aquellos que se quedaron para siempre Israel : desde 1973 forma parte de la UER mediante la emisora KAN. Además, pese a la compleja y tensa relación actual entre el país judío y varias naciones europeas por el conflicto en Gaza, el país siempre ha consumido y producido música de estilo “occidental”. Por ello, ha logrado obtener el micrófono de cristal  en cuatro ocasiones: 1978, 1979, 1998 y 2018. Australia : tal vez el caso más sonado sea el de la gran isla del Pacífico. Australia participa desde 2015 debido a que era un socio asociado a la UER que gracias al interés de su público por el festival fue invitado. Desde entonces no ha dejado de participar, habiendo logrado inclusive un segundo puesto en 2016 con Dami Im y su canción “Sound of Silence”. Asimismo, las votaciones en Eurovisión son mucho más que una simple asignación de puntos. Son un reflejo de las alianzas políticas, culturales y diplomáticas entre países. Los bloques de votación, formados tanto por lazos culturales como políticos, son uno de los aspectos más fascinantes del certamen. Los bloques de votación: una estrategia diplomática en juego El bloque del este : Georgia, Armenia, Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania tienen una fuerte afinidad cultural e histórica debido a su pasado soviético común. Estos países suelen apoyarse mutuamente en las votaciones. Los países nórdicos : Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia no solo comparten una cultura similar, sino también una estrecha cooperación regional. El apoyo mutuo es casi una tradición en las votaciones de Eurovisión. Los balcanes : A pesar de sus tensiones políticas internas, países como Montenegro, Croacia, Serbia y Eslovenia suelen votar entre sí. En muchos casos, este apoyo mutuo refleja la política más que el gusto musical. Grecia y Chipre : La relación entre estos dos países es tan cercana que siempre se intercambian los 12 puntos. Sin embargo, la ausencia de Chipre en 2025 genera incertidumbre sobre cómo esto afectará las votaciones de Grecia. De igual forma, las diásporas juegan un papel fundamental en la asignación de puntos. Alemania, por ejemplo, solía dar grandes puntuaciones a Turquía gracias a la numerosa comunidad turca en el país. De manera similar, Ucrania recibe apoyo significativo de países como Polonia y Estonia, que comparten vínculos culturales y geográficos. Sin embargo, no todos los países tienen ventajas de votación. Rusia y Ucrania son el ejemplo clásico y actual de cómo las rivalidades políticas afectan las votaciones. Estos países rara vez se dan puntos debido a los conflictos bélicos y diplomáticos entre ellos. No obstante, previamente a la Guerra de Crimea en 2014, Moscú y Kiev tenían una simbiosis muy marcada, otorgándose mutuamente el mayor puntaje, plasmando el poder de Rusia sobre la política ucraniana del momento. De igual forma, sucede entre Armenia y Azerbaiyán, entre Serbia y Montenegro tras la independencia del segundo del primero, o, cuando se suceden ciertas problemáticas diplomáticas puntuales entre Estados o grupos de alianzas. Además, el Big 5 (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) a menudo se encuentra en una situación difícil. Aunque tienen una plaza garantizada en la final debido a su alto nivel de financiación, estos países no siempre tienen el apoyo de alianzas fuertes, lo que les pone en desventaja en las votaciones. Por otro lado, Eurovisión ha sido históricamente un escenario para la transmisión de mensajes políticos y sociales. Los artistas, a través de sus letras y actuaciones, aprovechan la visibilidad del certamen para abordar temas importantes o controvertidos. "Toy" de Israel (2018) : En un contexto político tenso, algunos países pidieron un boicot a Israel por su situación con Palestina. Este episodio mostró cómo el certamen puede ser un campo de batalla para debates internacionales. "Rise Like a Phoenix" de Conchita Wurst (2014) : La actuación de Conchita Wurst, una drag queen, fue una declaración de empoderamiento para la comunidad LGBTQ+. La canción se convirtió en un himno de la lucha por los derechos humanos y la aceptación de la diversidad sexual. “Él” de Lucía (1982):  España mandó un tango al certamen celebrado en Londres, el mismo año que Reino Unido entraba en guerra con Argentina por las Islas Malvinas, mostrando el apoyo español al país andino.  “New Day Will Rise” de Yuval Raphael (2025):  la delegación israelí ha optado por enviar a una cantante superviviente de los atentados del 7 de octubre de 2023 del Nova Sukkot Gathering festival en Re'im . Israel tiene como objetivo generar un sentimiento de resistencia, fortaleza y superación mediante una balada nostálgica que pretende plasmar tristeza y generar empatía por las víctimas y reacciones judías en el conflicto. De tal forma, las reacciones a los resultados de Eurovisión no siempre son positivas. En 2016, la victoria de Jamala con "1944", una canción sobre la deportación de los tártaros de Crimea, generó una feroz respuesta mediática en Rusia, que acusó al certamen de politizar el evento. Mismo caso sucedió en 2022, cuando la Kalush Orchestra de Ucrania ganó con "Stefania", convirtiéndose en un himno de resistencia durante la invasión rusa. La victoria fue vista como un triunfo musical, pero también como un acto de resistencia política y cultural. La reacción en Rusia fue crítica, considerando la victoria como un gesto de apoyo internacional a Ucrania. También sonado, el caso de Israel  en Eurovisión 2025,  siendo uno de los puntos clave de la geopolítica en el certamen. La guerra en Gaza y las presiones de boicot por parte de sectores sociales, políticos y artísticos europeos han sido temas de debate. Mientras que algunos comparan la situación de Israel con el veto a Rusia en 2022, la UER ha decidido permitir su participación, argumentando que Eurovisión debe mantenerse apolítico. Sin embargo, las manifestaciones contra la presencia israelí en algunas ciudades europeas, y los argumentos a favor de la separación entre política y cultura, dan cuenta de las tensiones que siguen marcando tensamente el certamen. Eurovisión es mucho más que un concurso de canciones. Es un escenario donde se negocian alianzas, se transmiten mensajes políticos, y se refleja la geopolítica del momento. A través de la música, los países muestran sus relaciones internacionales, sus posturas ideológicas, y sus tensiones históricas. Entre el brillo de las luces y las banderas, la política es tan parte del espectáculo como la música misma.

En el continente asiático podemos observar un área geográfica que actualmente se encuentra en una creciente escalada de tensiones, marcadas por componentes religiosos, históricos y geopolíticos. Ésta región, protagonizada por India y Pakistán, lucha por la región de Cachemira y su control estratégico, territorio norte del subcontinente indio. Pero, ¿Por qué potencias nucleares se iban a enfrentar por una región del Himalaya?¿Qué pinta China en ello? Si bien Cachemira es un área caracterizada por su relieve escarpado y montañoso, con picos como el K2, cuenta con importantes pasos montañosos, como el de Karakórum —que une China con el índico—; los nacimientos de ríos como el Indo o el Jhelum —que proporcionan agua potable y electricidad—; y glaciares como el de Siachen. Además, es una conocida productora de lanas internacionalmente codiciadas, como la Pashmina. Asimismo, la región cuenta con numerosos bosques y valles idóneos para la producción agrícola. Cachemira fue un territorio codiciado antiguamente por los imperio ruso y británico, quiénes en búsqueda de no entrar en un conflicto directo crearon diversos Estados “tapón” entre ambos. Así pues, el territorio primero fue conquistado por los sij —etnia india con creencias sijistas— quiénes regalaron parte del territorio a un general hindú, Gulab Singh. Los británicos, con objetivo de acabar con los sij, consiguieron el apoyo de Singh, acabando vendiendo la totalidad del territorio a éste último por el Tratado de Amritsar. En consecuencia, una gran parte de población musulmana quedó bajo gobernanza hindú y diversas regiones de la zona quedaron sin un control establecido, generando justificaciones históricas que posteriormente han reclamado indios, chinos y pakistaníes. Tras 1947, India y Pakistán logran su independencia del Imperio Británico y Cachemira queda como territorio independiente de mayoría musulmana gobernado por una dinastía hindú. Pakistán reclamó el territorio, mandando tropas para anexar Cachemira. En respuesta, el maharajá Hari Singh —hindú— pidió ayuda a India, firmando a cambió la anexión del territorio a éste país. India accedió a la adhesión del territorio, prometiendo un futuro referéndum para que los locales decidieran —hecho que nunca ha sucedido— provocando la primera guerra entre Pakistán e India. En consecuencia, una parte del norte de Cachemira se separó y unió extraoficialmente a Pakistán, dejando a Gilgit-Baltistan —región del norte— sin derechos políticos plenos, un control directo de Islamabad y movimientos pro-independentistas y terroristas que han dejado miles de muertes. En consecuencia, se han desencadenado tres guerras por el control de Cachemira: 1947,1965 y 1999, así como, numerosos episodios de violencia. A ello, se suma la decisión del gobierno indio en 2019, revocando el estatus especial del Estado de Jammu y Cachemira, integrándose completamente bajo administración india, generando tensiones crecientes. Pakistán consideró ésta decisión como “anexión ilegal”, mientras que India lo plasmó como un asunto interno de su soberanía. Sin embargo, pese a poder lograr entender las diferencias entre indios y pakistaníes, ¿Qué papel tiene China? Por el mencionado Gilgit-Baltistan, transcurre el corredor económico entre Pakistán y China, parte del proyecto chino “la Franja y la Ruta”. Pekín invierte miles de millones en la región, compensando a Pakistán sus servicios ante las rivalidades entre China e India como potencias emergentes, favoreciendo la creación de grandes infraestructuras —pese a que la población no se beneficia en términos generales de las mismas—. Asimismo, las relaciones económicas entre Islamabad y Pekín comenzaron en 1963, especialmente favoreciendo las importaciones de algodón pakistaní y las exportaciones de hierro, acero y carbón chinas. Así pues, para 1969, se comenzaron a abrir infraestructuras de carreteras entre Gilgit y China, y, en 1978 la autopista de Karakoram en el paso de Khunjerab. Tan importante es para el gigante asiático Pakistán que la primera oficina bancaria de un país del “Tercer Mundo” en Pekín fue a través de la representación del Banco Nacional de Pakistán. A estos impulsos, les siguieron las buenas relaciones entre líderes y la construcción del puerto de Gwadar en 2002, donde China invirtió casi el 80% del presupuesto necesario, así como la construcción de una autopista entre Karachi y Gwadar. El objetivo de éste puerto es canalizar los flujos comerciales de Asia Central, Pakistán y el oeste de China —Xinjiang— promoviendo las inversiones y sirviendo de punto de vigilancia chino a las flotas occidentales y especialmente estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Pakistán fue el primer país del sur de Asia con el que China firmó un tratado de libre comercio en 2006. Posteriormente, en 2015 Xi Jinping anunció la creación del corredor mencionado previamente, con intención de unir Xinjiang con Gwadar, con una inversión superior a los 60,000 millones de dólares, plasmados en por ejemplo la construcción de la autopista entre Lahore y Karachi en 2016. Éste proyecto, podría provocar más de 700,000 empleos e incrementar el PIB pakistaní un 2,5% para 2030. Sin embargo, parece que Islamabad puede estar cediendo demasiado a favor de una dependencia china, especialmente en términos de deuda —en 2025 China ha aprobado un préstamos de 2 mil millones más a Pakistán—, promoviendo que China tan sólo se interese en la zona por el establecimiento de su “Collar de Perlas” —puertos con fines militares— en el puerto de Gwadar, rompiendo con su tradicional posicionamiento pro-estadounidense contra Afganistán. Por su parte, India mantiene tensiones asimétricas con China. Si bien pelean por el control territorial de partes de Cachemira, China es el mayor socio comercial de India, con un intercambio de casi 120 mil millones de dólares al año. Además, se encuentran en un proceso de intercambio comercial pujante entre ambos. A su vez, una gran cantidad de las inversiones extranjeras de India provienen de China y el gobierno de Nueva Delhi busca facilitar la inversión en sectores no sensibles para el país, como la agricultura o la manufactura ligera. Sin embargo, las relaciones con Pakistán no son tan “neutrales”, desde 2018 sus intercambios se encuentran en descenso, habiendo caído en más de un 60% en ocho años. Además, desde abril de 2025, el Tratado de Aguas del Indo ha quedado suspendido y se han cerrado los pasos fronterizos. En respuesta, Pakistán ha suspendido el comercio con India y ha prohibido los vuelos al país, provocando una crisis que todavía no logramos alcanzar a ver sus repercusiones. China, India y Pakistán son tres potencias nucleares con rivalidades que van más allá de Cachemira —pese a ser la justificación de sus ministerios de exteriores—. China quiere el control de Gwadar para reducir el comercio indio y controlar a los buques americanos; India quiere presionar la economía pakistaní para que no siga el ritmo de la suya y beneficie a China; y; Pakistán se posiciona con China para provocar reacciones de Nueva Delhi que perjudiquen a su desarrollo económico. Como resultado, India se ha de posicionar menos “neutral” en un escenario donde cada vez pide más ayuda a EEUU. Sin embargo, ¿Hasta dónde llevarán sus rivalidades internas a una región de 3,085 millones de habitantes, donde ya van más de 70,000 muertes en conflictos fronterizos? Lo cierto es que la escalada de tensiones ha logrado adquirir ya la catalogación de conflicto. Tras el atentado terrorista del 22 de abril de 2025 en la región de Pahalgam —parte india de Cachemira— el estallido de una guerra ha sido casi total. Un grupo armado atacó un convoy turístico, asesinando cruelmente a 26 personas, siendo uno de los peores ataques de los últimos tiempos en la zona. Inicialmente, el grupo insurgente The Resistance Front —TRF— se adjudicó el ataque, aunque posteriormente se retractó, poniendo en duda a los verdaderos responsables —entre los que no se descarta a la inteligencia pakistaní—. No obstante, éste atentado no ha sido un caso aislado. Ha sido resultado de décadas de tensión acumulada. Además, el ataque se enmarca en una serie de incidentes de baja intensidad que han ido aumentando la tensión desde principios de año, a medida que grupos insurgentes penetraban en Cachemira. En respuesta, India, sin pruebas concluyentes de forma pública, basándose en patrones previos y su inteligencia, acusó directamente a Pakistán de haber respaldado logísticamente e ideológicamente a los responsables —con lo que “justificaría” su ataque según el DIH—. Entre los grupos señalados, se encuentran Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammed, los cuales cuentan con una historia de operaciones desde territorio paquistaní extensa, con especiales fines insurgentes en Cachemira. Islamabad, negó cualquier tipo de implicación, acusando a India de “infundir” y de desestabilizar la región mediante una narrativa nacionalista. En respuesta, el gobierno indio de Narendra Modi, respondió contundentemente. El 25 de abril anunció la suspensión del Tratado de Aguas del Indo, acuerdo histórico que regula el uso compartido de las aguas del río Indo por parte de ambos países desde 1960. Esta decisión afectaba especialmente al sector agrícola paquistaní, al restringir el flujo de agua desde ríos clave. Asimismo, el 7 de mayo, India lanzó la “Operación Sindoor”, ofensiva militar que incluyó ataques selectivos con drones y misiles contra nueve objetivos identificados como bases de operaciones de grupos extremistas en territorio de Pakistán y en la Cachemira bajo control de Islamabad. Según India, los ataques estuvieron diseñados para evitar víctimas civiles y minimizar el riesgo de una escalada mayor, aunque en realidad se mostraron daños y víctimas colaterales. ¿Está India violando el DIH? o ¿Puede catalogarse de autodefensa ante ataques?. Lo cierto es que desde el DIH India no podría acusar directamente al gobierno paquistaní por las acciones, puesto que han sido grupos extremistas los perpetradores que, supuestamente, según la información hasta el momento, no tienen control directo por parte de autoridades paquistaníes. Por lo tanto, simula que India está optando por acciones como las utilizadas por Israel en Gaza, jugando entre la ilegalidad y la alegalidad —mientras Pakistán hace completamente lo mismo—. En respuesta, Pakistán lanzo bombardeos a la Línea de Control y desplegando drones de contraataque. En total, más de 100 incidentes armados en menos de 72 horas, lo que llevó a creer que el conflicto podía salirse de control y escalar a una guerra nuclear. Sin embargo, la comunidad internacional reaccionó rápidamente ante la posibilidad que dos potencias nucleares entrasen en conflicto. EEUU, China y Rusia —todos con vitales intereses en la región— iniciaron gestiones diplomáticas de urgencia. En concreto, Washington envió emisarios tanto a Nueva Delhi como a Islamabad, jugando un papel como mediador central en un contexto donde ambos países son aliados suyos en la zona, pero con fuertes  contradicciones. Pakistán sirve de apoyo a Arabia Saudí y a EEUU para frenar a Irán, pero se acerca cada vez más a China. Mientras, India perjudica a China, a la vez que apoya a Irán para contrarrestar a Pakistán, lo que posiciona a la administración americana en una red que ha de ser muy cauta por el entramado existente. Finalmente, el 10 de mayo, tras arduas negociaciones, ambas partes anunciaron un alto al fuego “completo e inmediato”. No obstante, el gobierno indio dejó claro que el cese de hostilidades era “condicional” y completamente reversible. Asimismo, el Tratado del Indo se ha mantenido suspendido como medida de presión diplomática. A pesar del acuerdo, posteriormente se han reportado algunas violaciones al alto al fuego en las zonas montañosas de la Línea de Control, con intercambio de disparos que dejaron varios soldados heridos. Además, para comprender el conflicto, se han de tener en cuenta otros actores relevantes. Entre estos, encontramos a Irán y Arabia Saudí, quienes influyen en la región mediante sus alianzas con India y Pakistán respectivamente, así como por su presión económica en la zona. Asimismo, Irán presiona a Pakistán por conseguir la independencia de Baluchistán, territorio paquistaní que ocupa en torno a un 44% del país que India apoya y que podría llegar a reconocer como independiente tras la DUI del 14 de mayo por parte de las autoridades locales —lo que podría catalogarse como una violación del DIH—. Teherán quiere reducir la influencia saudí en Pakistán, externalizando sus propias diferencias diplomáticas y regionales. En consecuencia, en búsqueda de desestabilizar Pakistán, se realizan numerosas escaramuzas transfronterizas entre ambos países y se comparte información con India. De igual forma, Delhi apoya abiertamente el movimiento separatista de Baluchistán desde hace décadas de forma intermitente. De hecho, Irán e India firmaron el 8 de mayo, varios acuerdos enmarcados en la 20ª Reunión de la Comisión Conjunta India-Irán, lo que muestra el compromiso de ambos por contrarrestar a Islamabad. Mientras, Pakistán se apoya en China para perjudicar a India. El conflicto del pasado 25 de abril no fue una escalada militar esporádica, sino la manifestación de décadas de desconfianza, heridas coloniales no sanadas por negligencia de ambos gobiernos y disputas territoriales muy mal resueltas. Aunque la violencia se ha “congelado”, las condiciones estructurales para el surgimiento de un conflicto siguen intactas. Cachemira continúa dividida, los grupos extremistas siguen activos, y ambos bandos parecen estar realmente dispuestos a combatir abiertamente. Ante éste conflicto, la diplomacia internacional y los foros multilaterales como la ONU o la OCS habrán de sumar esfuerzos si quieren que no se rompa éste fino “hilo” de paz nuevamente.

Generalmente, al tratar asuntos sobre Grecia, se nos vienen a la mente diversos escenarios. Para unos, es un Estado caído en la desgracia de la crisis económica, para otros un referente histórico sobre el valor de principios y conceptos como la democracia, la filosofía occidental, el teatro, los fundamentos de la matemática y geometría o cuna de grandes pensadores como: Heródoto, Platón, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, Aristóteles o Heráclito. Sin embargo, pocos hechos han trascendido más que las imágenes compartidas globalmente por una película,  Mamma Mia! Dicha cinta, estrenada en 2008 y protagonizada por Meryl Streep, Amanda Seyfried y los tres posibles padres —caracterizados por Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgard—, no sólo revolucionó el mundo de los musicales y de las películas de comedia romántica al ritmo de ABBA, sino que supuso una auténtica serie de consecuencias para comprender una parte de la situación e industria griega contemporánea. Mamma Mia! recaudó más de 600 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas musicales más importantes y taquilleras de la historia —todo ello sin acceso a los recursos y plataformas digitales de hoy día—.  Las canciones de ABBA revivieron y se popularizaron entre las nuevas generaciones, popularizando el género musical alrededor del mundo, especialmente entre el público hispano, europeo y norteamericano. Todos estos movimientos, generaron un verdadero interés por parte de la industria, especialmente la  cinematográfica, musical y turística. En consecuencia, las pequeñas islas de Skiathos y Skopelos, pertenecientes al archipiélago de las Espóradas y escenarios principales de la película, experimentaron un verdadero cambio en su tejido productivo. En ambos casos el turismo internacional se disparó. Previamente al estreno de la película ya existía un cierto “desarrollo” en materia de industria turística nacional griega, alcanzando datos de 60,000 visitantes por año —en caso de Skopelos— y de 350,000 —en el supuesto de Skiathos, motivado por la presencia del Aeropuerto Internacional de Skiathos—, pero las cifras se desbordaron. Skopelos, conocida como la isla más verde de Grecia, comenzó a incrementar rápidamente la llegada de turistas, debiendo organizar tours y guías temáticos especializados para proteger el patrimonio natural de la isla, hoy día severamente dañado. Así pues, la llegada de turistas a éste paraíso helénico es de unos 170,000 turistas por año, lo que significa un incremento del 17% respecto al año anterior —basándose en datos obtenidos en 2023—. Por su parte, Skiathos supera ya los 500,000 visitantes anuales, sirviendo como punto de entrada y salida para todas las islas de alrededor. Puede que los datos no luzcan asombrosos, pero lo cierto es que Skopelos tiene una población ligeramente superior a los 4960 habitantes. Mientras, Skiathos ronda los 6000, lo que supone un gasto de recursos impresionante para dos poblaciones tan escasas. Como resultado, los ingresos económicos en las islas y sus alrededores no han parado de aumentar año tras año —con excepción del año 2008, influenciado por el inicio de la crisis económica—. Además, el sector turístico y de servicios comenzó a fluir en la zona, se abrieron más de 300 hoteles adicionales a los existentes, las tasas de desempleo disminuyeron un 60% y las redes de infraestructura fueron mejoradas. Por ejemplo, se aumentó la capacidad de transporte de pasajeros en ferry desde Skiathos a Skopelos un 30% y se incrementaron las rutas y horarios de salida. Las Espóradas se enriquecieron al son de Money, Money, Money,  hecho que no sólo benefició económicamente a la zona, sino que fue repetido en otros escenarios nacionales e internacionales de diversas formas —como Dubrovnik y  Game of Thrones —, benefició a la imagen del país a nivel internacional y ha abierto nuevos riesgos a tener en cuenta, como el impacto medioambiental.  El turismo por se es un complejo entramado que puede ir más allá de las visitas monumentales, los destinos de sol y playa o eventos gastronómicos y musicales, pudiendo convertirse en una buena herramienta de soft power. Al igual que existe el turismo negro —relacionado con visitas a lugares trágicos—, el enológico —centrado en la producción, catas y disfrute de vinos—, también existe el turismo cinematográfico. En éste caso, Grecia supo utilizar muy correctamente el “hype” que había provocado la película para beneficio propio, posicionándose como un destino abierto, relajado y divertido. Las agencias de viaje griegas comenzaron a realizar tours temáticos, el país se presentó como un destino idílico del Mediterráneo Oriental y plasmó la simpatía y carácter local entre fans de todo el mundo. El turismo comenzó a incrementar de forma contínua, superando la caída que éste sector había sufrido a principios de siglo en favor de destinos como República Checa, Malasia, Austria o Rusia. Tras una década de efecto, Grecia consiguió retornar al top 10 mundial como potencia turística, alcanzando los 33 millones de turistas. De tal forma, una parte de la población, afectada por el revés que significó la crisis en el país —con tres rescates financieros entre 2010 y 2015— pudo lograr incrementar escasamente sus recursos económicos, motivados por la llegada de turistas extranjeros, principalmente alemanes, búlgaros, británicos, franceses y estadounidenses. No obstante, el PIB per cápita griego cayó en picado de 2008 a 2018, a lo cual se sumó la precariedad característica del sector turístico. Como resultado, los ingresos locales disminuyeron en términos generales, pese a los ligeros alivios de quienes se especializaron en el turismo extranjero. Además, el PIB del país se contrajo más de un 25% entre 2008 y 2013, lo que afectó catastróficamente al sistema de bienestar, servicios y sueldos públicos y a la estabilidad política del país a medida que una gran parte de los servicios iban siendo ocupados por empresas y entes privados extranjeros. Grecia ha celebrado durante décadas el aumento de turistas, pero tras las escenas de playas cristalinas y ruinas milenarias, los beneficios siguen siendo casi nulos para los locales, quienes no se han podido beneficiar correctamente de un modelo turístico que tan sólo ha dejado en el pensamiento colectivo un destino veraniego que a penas ha realmente influido en la mejora de sus sistemas y mecanismos. Mientras el mundo sueña con las escenas de Donna, Tanya y Rosie, la realidad griega se ha alejado de semejante paraíso idílico pese ha haber seguido un modelo exitoso en otros lugares, pero con otro contexto. A medida que llegan visitantes, el país ha seguido empobreciendo a su tejido, especialmente al más jóven. Grecia ha entregado sus recursos y autonomía al compás de un nuevo “Sirtaki” financiero, que ya no baila Zorba, que tal vez haya bailado alguien en Bruselas, donde debe estar sonando The Winner Takes It All. El ganador se lo lleva todo, y Grecia, de nuevo, se queda con la música de fondo y unas manos vacías.

El grupo mercenario Wagner ha dado por concluida formalmente su misión en Malí, país donde han colaborado durante algo más de tres años con la junta militar en la lucha contra el terrorismo islámico radical. Sin embargo, ¿Qué repercusión tendrá éste acontecimiento para Bamako? y ¿Realmente Rusia y Malí se están distanciando? Malí se encuentra inmersa en una severa crisis de seguridad desde 2012, año en el que la rebelión tuareg tomó el control de la zona norte del país, desembocando un posterior golpe de Estado. En consecuencia, diversos grupos y guerrilleros paramilitares y terroristas ligados a Al Qaeda — Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin — (JNIM) y al Estado Islámico ISIS-Sahel (EIGSS) aprovecharon los vacíos de poder en el ámbito civil, logrando controlar territorios y derrocar instituciones de forma autónoma en favor de sus propios intereses. Así pues, durante los años 2020 y 2021, las Fuerzas Armadas malienses —FAMa— dieron dos golpes de Estado que finalizaron con la colocación del coronel Assimi Goita al frente del país. Goita ha ilegalizado y disuelto todos los partidos políticos, prohibido sus reuniones y acusado a los mismos de “desorden público” al son de un nacionalismo exacerbado que ha cautivado a una gran parte de la población local, en uno de los cuatro peores países en cuanto a tasas de alfabetización . Asimismo, Occidente, especialmente Francia, retiró y cortó la cooperación debido a las violaciones de derechos humanos y la falta de legitimidad democrática, abandonando el país o siendo expulsados del mismo. A pesar de las intervenciones internacionales, la violencia no ha conseguido cesar, especialmente en las áreas más septentrionales y centrales del país. Como resultado, tanto la misión de la ONU (MINUSMA),  la European Union Training Mission (en la cual participaba España), o la operación Barkhane, liderada por Francia, fracasaron en un fallido intento por derrocar a los mencionados grupos del poder, dando como finalizado el Acuerdo de Argel firmado en 2015 —acuerdo donde se firmaron diversos compromisos para poner fin al conflicto armado en el norte de Malí entre el gobierno y los tuaregs—. En consecuencia, la junta militar entrante, aislada por Occidente, recurrió a Rusia, quien envió al Grupo Wagner, fuerza mercenaria ligada al Kremlin. Wagner desplegó en torno a unos 2000 combatientes para apoyar, entrenar y combatir junto con la FAMa, especialmente en aquellas zonas más azotadas por el extremismo islámico. La Junta buscaba ganar la legitimidad perdida, obtener poder militar de forma rápida y sin condiciones democráticas, a la vez que quería garantizar su propia supervivencia política, anclada en discursos populistas y anticorrupción. Durante los siguientes años, Wagner ha participado en operaciones y ofensivas brutales contra los yihadistas, frecuentemente implicados en masacres de civiles, como sucedió en Moura en marzo de 2022, cobrándose la vida de 500 personas o las masacres en el círculo de Niono y la zona de Ségou entre 2022 y 2023, atacando indiscriminadamente a aldeas sospechosas de apoyar a yihadistas, sin pruebas y en su mayoría de la etnia fulani —grupo étnico estigmatizado como colaborador de insurgentes—. Además, Wagner cumplió con tareas en zonas clave, como Mopti, Ségou o Tombuctú y protegió los intereses mineros rusos en el país. No obstante, Wagner y la junta militar gobernante no han mejorado la vida o seguridad de la población. Las condiciones de vida no han cambiado, la corrupción no ha cesado, pese a que Goita prometió destruirla, y de hecho, se sigue plasmando entre los líderes actuales, quienes viven a costa del sufrimiento y las condiciones deplorables de millones de inocentes. Goita primero retrasó las elecciones alegando “problemas técnicos” y ahora no se esperan hasta mínimo 2030, lo que plasma el autoritarismo de un nuevo Jefe de la Guerra en el país. Malí cuenta con grandes reservas de oro y uranio, las cuales son consideradas como áreas estratégicas para Rusia. De hecho, la explotación de los recursos de Malí están directamente relacionados con la financiación de la guerra en Ucrania y es una estrategia que Moscú está expandiendo mediante la narrativa de ser un “protector contra el neocolonialismo occidental” para obtener recursos y establecer bases militares estratégicas, como ha hecho en Sudán. Pero ello no significa que la economía se desarrolle, de hecho, Malí ostenta el puesto 188 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano, concentrando el crecimiento a penas en ciertas áreas urbanas y llevando a millones a sobrevivir en la penuria. Sin embargo, en el año 2023, Wagner colapsó tras un intento fallido de motín en Rusia contra el Kremlin. Su líder, Yevgeny Prigozhin, murió en agosto de 2023 en un supuesto “accidente” aéreo. Rusia disolvió Wagner como estructura independiente, aunque muchos de sus operarios siguieron operando en África y otros lugares bajo otro nombre. Mediante estos hechos, es más sencillo comprender por qué Wagner anunció su retirada el pasado 6 de junio del país africano. Realmente, no es una retirada completa, sino un renombre a una misma situación. Las fuerzas de Wagner van a ser integradas en una nueva fuerza oficial rusa: el Afrika Korps, dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia. La ubicación de sus desplegados sigue siendo en la práctica la misma, Tombuctú, Gao, Mopti… aunque su papel ahora ha pasado a ser algo más técnico, focalizándose en la logística, entrenamiento e inteligencia, más que en actividades “de campo”. Desde la llegada de Wagner, la violencia no ha cesado en Malí, de hecho se ha multiplicado. Los grupos yihadistas han ganado más apoyo en comunidades locales rurales y marginadas en búsqueda de seguridad y, el conflicto, se ha regionalizado a países vecinos, como Burkina Faso y Níger. Asimismo, Malí abandonó la CEDEAO el 29 de enero de 2025, junto a Burkina Faso y Níger, acusando a la organización africana de estar influenciada por potencias como Francia y EEUU.  Además, Bamako ha cesado sus relaciones con diversos países africanos y occidentales, lo que ha debilitado su economía y lazos diplomáticos tradicionales, llevando a que el vacío de seguridad incremente a medida que las misiones internacionales abandonan el país. No obstante, también ha estrechado sus lazos con sus vecinos Burkina Faso y Níger, creando la Alianza de Estados del Sahel (AES) en septiembre de 2023, alianza político-militar que tiene por objetivo proteger la defensa mutua en caso de agresión externa, la lucha contra el terrorismo yihadista y la coordinación política, económica y de seguridad sin depender de actores externos —irónico teniendo en cuenta la presencia de Moscú en los tres territorios y la curiosa visita del Ministro Lavrov a los tres países antes de formalizar la alianza—. Asimismo, Rusia ha firmado acuerdos de defensa con Níger y enviado contingentes para apoyar al nuevo régimen proclamado tras el golpe de Estado en 2023, al mismo tiempo que ha fortalecido sus lazos con el gobierno del capitán Ibrahim Traoré en Burkina Faso, consiguiendo la expulsión de las tropas francesas y estadounidenses de la región. Pese a que Rusia parece haber ganado esta batalla, se enfrenta a un entorno cada vez más inestable, el cual puede poner en riesgo sus intereses más primarios, poniendo en peligro a sus tropas y aliados africanos en un escenario plagado de crímenes de guerra y rencores étnicos a flor de piel. No obstante, haber estatizado el control de las tropas dota a Moscú de mayor legitimidad, control y acceso a información, objetivos y actividades. El desenlace todavía es desconocido, pero por el momento seguirá incrementando la violencia en la región del Sahel, dividiendo a la junta, apoyada por Rusia, de los yihadistas. Además, es probable que la falta de liderazgo de Goita desemboque en una nueva guerra civil o conflicto étnico, donde los grupos terroristas tendrán un gran papel. Actualmente, el descontento con la junta militar está en aumento, mientras que los grupos insurgentes poseen cada vez más acceso a redes satelitales y móviles con las que captar a cada vez más gente en lugares más remotos. Bamako lleva años sin control total en el país, mientras que los terroristas reclaman territorios y generan una sensación de seguridad que hoy en día se encuentra vacía, especialmente para poblaciones rurales ganaderas y nómadas menos desarrolladas, poco representadas en la política nacional o apoyados por países terceros —como ya sucedió con Gadafi (Libia), quién armó a los Tuareg en 2011, lo que les llevó a declarar la independencia de la región norte de Azawad—. De tal forma, la presencia en nuevas plataformas, el acceso más extendido a Internet —facilitado por tecnologías como Starlink en zonas remotas— y un reclutamiento alimentado por la crispación política y social, han creado un terreno fértil para la expansión de los conflictos en Malí. El país se encuentra cada día más lejos de Occidente. En este contexto, el gobierno maliense ha estrechado sus vínculos con Rusia o Marruecos —quien ve en la alianza entre Moscú y Bamako un acercamiento a Argel y un peligro para sus intereses propios en el Sahel o el Sáhara, lo que le dotará de importancia respecto a países como EEUU o Francia—, en un intento de definir sus estrategías. Sin embargo, el ejército nacional, con capacidades limitadas enfrenta serias dificultades para contener la inseguridad creciente y garantizar el control territorial efectivo. Moscú no debe ser subestimado, pero la junta de Malí tampoco debería pretender recurrir a un nuevo “aliado estratégico” que se encuentra en su territorio explotando sus recursos en favor de tareas que no le pertenecen. Tal vez el discurso neocolonialista se caiga por sí sólo en un futuro, pero el tiempo y los resultados sobre el país nos dirán si la apuesta por el Kremlin da frutos o profundiza todavía más la gigantesca crisis en Malí, al igual que lo hará en Níger, Burkina Faso, República Centroafricana y Sudán, donde el terror también contínua.