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Este artículo ha sido elaborado por Naciones en Ruinas en colaboración con Sevimun (Modelo de Naciones Unidas). Ambos proyectos comparten una vocación internacionalista y están impulsados por jóvenes comprometidos con el análisis, el debate y la comprensión de los asuntos globales. Esperamos que su lectura haya resultado útil e interesante. Nuestro objetivo es contribuir a generar reflexión y diálogo sobre los principales retos internacionales. Quienes deseen participar, colaborar o conocer más sobre nuestras actividades pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros. Naciones en Ruinas está presente en todas las redes sociales, donde compartimos contenidos, iniciativas y oportunidades de participación. Agradecemos el interés y el apoyo de quienes siguen y contribuyen a este proyecto, y deseamos a todos los participantes una excelente experiencia en el Sevimun. Introducción En octubre de 2023, las cámaras del mundo volvieron a mirar hacia Gaza. Sin embargo, lo que el conflicto armado volvió a poner sobre la mesa no fue nuevo, al igual que la cuestión respecto a su justificación. La pregunta fundamental es si los Estados y actores no estatales respetan los límites que el derecho internacional impone, incluso en las circunstancias más extremas.  Esta pregunta, repetidas en decenas de contextos alrededor del globo, tiene dos rostros particularmente urgentes. Por un lado, encontramos la práctica sistemática de la tortura y los tratos inhumanos en centros de detención. Por otor, la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado. Ambas realidades no son paralelas ni independientes, se alimentan mutuamente y comparten una raíz común, en la cual, la erosión de las garantías mínimas, que la comunidad internacional acordó establecer después de las atrocidades del siglo XX, siguen ausentes. El Derecho a no ser torturado; una norma universal bajo presión La prohibición de la tortura es una de las pocas normas que el derecho internacional califica como absoluta. Esta, no admite derogación ni siquiera en estado de guerra, emergencia nacional o amenaza a la seguridad del Estado. Así lo establece el artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, 1984), ratificada por 173 Estados. Asimismo, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refuerza dicho principio.  El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas ha documentado patrones preocupantes en todas las regiones del mundo, como es el hacinamiento extremo, uso de celdas de aislamiento prolongado, la privación de sueño, la violencia sexual como herramienta de interrogatorio, la negación de atención médica o la vulnerabilidad particular de ciertos grupos como; migrantes, personas LGBTQ+ y presos políticos. Según datos del Relator Especial sobre la Tortura, estas prácticas no ocurren solo en regímenes autoritarios declarados, se documentan también en democracias consolidadas, especialmente en centros de detención migratoria, prisiones de alta seguridad y contextos de contraterrorismo. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT, 2002), estableció un mecanismo preventivo revolucionario, estos son los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP). Estos, son organismos independientes con mandato de inspección no anunciada de todos los lugares de privación de libertad. Sin embargo, su implementación es profundamente desigual, muchos Estados han ratificado el protocolo sin establecer mecanismos genuinamente independientes, mientras que otros simplemente no han ratificado el instrumento. Esta brecha entre el marco normativo y la realidad operativa es uno de los desafíos centrales en materia de prevención. El territorio palestino ocupado: un caso de estudio sobre derechos en crisis Pocos contextos en el derecho internacional contemporáneo generan tanto debate y, al mismo tiempo, evidencia tan abundante de la cantidad de violaciones sistemáticas como el territorio palestino ocupado. Desde 1967, la franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, se encuentran bajo ocupación israelí, lo que activa la aplicación del derecho internacional humanitario, específicamente el Convenio de Ginebra IV relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2024, concluyó que la presencia israelí en los territorios palestinos constituye una ocupación ilegal en virtud del derecho internacional y ordenó su cese. Esta decisión, refuerza la aplicabilidad plena del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario en el territorio y establece obligaciones de no reconocimiento y no asistencia para terceros Estados. Por otro lado, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2021, ha documentado en sus informes sucesivos un cuadro sistemático de violaciones como son: la demolición de hogares como castigo colectivo, la confiscación de tierras, las restricciones de movimiento que fragmentan el territorio, el uso excesivo de la fuerza contra civiles; así como, una arquitectura de control que la propia Comisión ha descrito en términos de apartheid y persecución. La escalada de 2023-2024 y sus consecuencias humanitarias Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, en los que murieron aproximadamente 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes, Israel lanzó una ofensiva militar sin precedentes sobre Gaza. La respuesta internacional fue inmediata pero fracturada, mientras algunos gobiernos invocaron el derecho de Israel a la autodefensa, organismos de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias alertaban sobre el desproporcionado costo en vidas civiles. Para noviembre de 2025, las autoridades sanitarias de Gaza reportaban más de 69.000 muertes, con estimaciones independientes que sugieren cifras considerablemente mayores, al incluir muertes indirectas por colapso del sistema de salud, hambre y enfermedades. El Programa Mundial de Alimentos declaró en marzo de 2024 que el norte de Gaza se encontraba en situación de hambruna y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) vio cuestionado su mandato, precisamente cuando su rol era más urgente, con la negativa por parte de Israel de permitir la entrada de ayuda y alimentos.   El nudo que une ambas realidades; detención, tortura y ocupación B'Tselem, organización israelí de derechos humanos, junto a Human Rights Watch, han documentado condiciones en centros cómo Sde Teiman y Anatot, en los cuales se incluyen técnicas como el hacinamiento extremo, la privación de sueño, el encapuchamiento prolongado, la restricción de movimiento en posiciones forzadas o la negación de atención médica. Testimonios recogidos por la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, describen prácticas que se enmarcan en la definición de tortura contenida en la CAT. El detenido administrativo (figura que permite la detención sin cargos ni juicio por períodos renovables indefinidamente) ha sido utilizado de forma masiva. Para octubre de 2023, Israel sostenía aproximadamente 1.300 detenidos administrativos palestinos, tras el 7 de octubre, el número de detenciones se disparó, muchos sin acceso consular ni a representación legal. Este escenario ilustra un problema estructural que trasciende la situación palestina, siendo la intersección entre un conflicto armado, una ocupación prolongada y una serie de sistemas de detención que generan condiciones especialmente propicias para la tortura y el trato inhumano. Para ello, se ha hecho un uso de la excepcionalidad por estado de guerra, invocada para suspender garantías que, por definición, son inderogables.  Marcos normativos y sus límites El régimen internacional de protección frente a la tortura y el trato inhumano es severamente robusto en papel. Además de la CAT y el OPCAT, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que fueron actualizadas en 2015, como Reglas Nelson Mandela, establecen estándares detallados para las condiciones de detención. El derecho internacional humanitario, a través de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, añade una capa de protección específica para personas privadas de libertad en contextos de conflicto armado. Sin embargo, estos instrumentos enfrentan limitaciones estructurales. En primer lugar, destaca la ausencia de mecanismos de aplicación coercitiva, debido a que el Comité contra la Tortura puede investigar, emitir conclusiones y recomendar; pero no puede obligar a los Estados a cumplir. Además, la fragmentación de competencias entre el Comité CAT, el Subcomité OPCAT, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y los mecanismos regionales, operan de tal modo que, ante diversas situaciones, producen respuestas incoherentes. Otro factor a tomar en cuenta es el Consejo de Seguridad, que con su poder de veto, ha demostrado reiteradamente su incapacidad para actuar en casos políticamente sensibles, incluida la situación en Gaza. La doctrina del "margen de apreciación", que permite a los Estados cierta flexibilidad en la implementación de derechos humanos según sus contextos nacionales, ha sido distorsionada en algunas jurisdicciones para justificar prácticas prohibidas bajo el pretexto de la seguridad nacional. El caso israelí no es único en esto, por ejemplo, encontramos el caso de Estados Unidos tras el 11-S o cuando varios países europeos en su gestión de la migración y numerosos gobiernos en contextos de conflicto interno, han recurrido a argumentos similares. Actualmente, situaciones como las denunciadas por diversas ONG´s en relación al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) inaugurado en El Salvador en el 2023 por la administración de Nayib Bukele, muestran la delicada situación jurídica que viven los prisioneros en muchas partes del mundo. En celdas donde se amontonan hasta 70 personas, se acumulan ciudadanos que no han tenido un juicio anterior a ser encarcelados, además, desde 2025, han llegado decenas de personas deportadas desde Estados Unidos a esta prisión en El Salvador.  Responsabilidad, impunidad y el camino hacia la rendición de cuentas Uno de los patrones más documentados y más perturbadores en la tortura en centros de detención y las violaciones en territorio palestino, es la impunidad. Los perpetradores raramente enfrentan consecuencias y las investigaciones, cuando existen, son conducidas por los propios Estados y rara vez resultan en sanciones significativas, garantizando que estas prácticas continúen. En este contexto, el rol del sistema internacional de justicia cobra una importancia renovada, la Corte Penal Internacional abrió en 2021 una investigación formal sobre crímenes en el territorio palestino ocupado, la primera de su historia sobre acciones israelíes. En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares emitió órdenes de arresto contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo el uso del hambre como método de guerra. Asimismo, también se emitió orden de arresto contra Mohammed Deif, comandante militar de Hamás, por ataques deliberados contra civiles. Estos desarrollos representan un hito en la historia del derecho internacional penal, ya que, por primera vez, líderes de una democracia occidental reconocida enfrentaban órdenes de arresto por parte de un tribunal internacional. La decisión fue recibida con resistencia por varios Estados aliados de Israel, lo que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la universalidad de la justicia internacional frente a los intereses políticos de las potencias. El Mecanismo Internacional de Investigación, imparcial e independiente para las personas detenidas en el conflicto palestino-israelí, propuesto por varias delegaciones en el Consejo de Derechos Humanos, representaría un paso concreto para documentar violaciones en centros de detención y preparar el terreno para eventuales procesamientos. No obstante, su  establecimiento ha sido bloqueado repetidamente por objeciones de orden político. Conclusiones: perspectivas y desafíos para la Comunidad Internacional El estado actual de las dos realidades aquí analizadas plantea desafíos que van más allá de la urgencia humanitaria inmediata, son desafíos sistémicos que ponen a prueba la arquitectura del orden internacional de derechos humanos construida desde 1945. El primero es el desafío de la coherencia ¿Puede la comunidad internacional aplicar los mismos estándares a todos los Estados, con independencia de sus alianzas políticas y poder económico? El segundo es el desafío de la prevención efectiva ¿Cómo pasar de los marcos normativos a la implementación real de mecanismos de visita e inspección independientes en todos los contextos de privación de libertad, incluidos los generados por conflictos armados? La experiencia del OPCAT sugiere que es posible, ya que donde funciona, se aplica correctamente, pero requiere voluntad política y recursos. El tercero, es el desafío de la narrativa, en un entorno de polarización informativa, los esfuerzos de monitoreo y documentación son rápidamente instrumentalizados por actores con agendas políticas. Por ello, preservar la credibilidad de los mecanismos internacionales requiere rigor metodológico y transparencia en los procesos, pero también una comunicación que llegue más allá de los círculos especializados. El cuarto, y quizás el más importante, es el desafío de la voluntad política, todos los instrumentos jurídicos, todos los mecanismos institucionales y toda la experiencia acumulada son insuficientes si los Estados que tienen poder para actuar optan por no hacerlo. La brecha entre el derecho declarado y el derecho aplicado se cierra, en última instancia, con decisiones políticas. Esas decisiones son el objeto central del debate en cualquier foro que se proponga hacer avanzar la causa de los derechos humanos. Créditos foto: Por FDR Presidential Library & Museum - https://www.flickr.com/photos/fdrlibrary/27758131387/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82568079

El 5 de marzo de 2026, Nepal celebró unas elecciones generales que ya son consideradas por muchos analistas como uno de los episodios políticos más transformadores en la historia reciente del país. Situado estratégicamente en el corazón del Himalaya, Nepal ocupa una posición geopolítica singular: es un Estado sin salida al mar que se encuentra literalmente encajado entre dos de las mayores potencias asiáticas, India y China. Esta posición geográfica ha condicionado profundamente su evolución política, económica y diplomática, obligando a Katmandú a mantener un delicado equilibrio entre ambas potencias mientras intenta preservar su autonomía estratégica. Históricamente, Nepal ha funcionado como una especie de espacio bisagra en el sur de Asia. India mantiene con el país vínculos culturales, económicos y sociales muy profundos, mientras que China ha incrementado notablemente su presencia en las últimas dos décadas mediante proyectos de infraestructura, inversión y cooperación dentro de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. Esta competencia silenciosa entre Nueva Delhi y Pekín convierte a Nepal en un escenario relevante dentro de la geopolítica asiática contemporánea. Sin embargo, los desafíos del país no provienen únicamente del exterior. Nepal arrastra también profundas tensiones internas derivadas de factores históricos, sociales y económicos. A pesar de sus avances democráticos desde comienzos del siglo XXI, el país continúa enfrentando importantes problemas estructurales: desigualdades regionales pronunciadas entre las zonas montañosas y las llanuras del Terai, debilidad institucional, corrupción administrativa y una economía altamente dependiente de las remesas enviadas por trabajadores emigrados.  En este contexto, las elecciones de 2026 se desarrollaron en un clima de creciente descontento social. Durante años, amplios sectores de la población habían expresado frustración ante la incapacidad de los partidos tradicionales para ofrecer estabilidad política y reformas económicas sostenidas. Desde la instauración de la república en 2008, Nepal ha experimentado numerosos cambios de gobierno, coaliciones frágiles y frecuentes crisis parlamentarias que han alimentado la percepción de un sistema político dominado por élites partidistas desconectadas de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. A este malestar estructural se sumaban problemas socioeconómicos particularmente agudos entre las generaciones más jóvenes. El desempleo juvenil, la falta de oportunidades profesionales y la emigración masiva hacia los países del Golfo, Malasia o Corea del Sur se han convertido en fenómenos habituales en la sociedad nepalí. Para muchos jóvenes, el horizonte vital parecía situarse fuera del país, lo que reforzaba la sensación de estancamiento económico y político. Este clima de frustración terminó cristalizando en las presentes elecciones, que adquirieron un carácter decisivo de rendimiento de cuentas respecto al sistema construido tras la abolición de la monarquía. Contexto histórico: de monarquía a república frágil Para comprender plenamente la magnitud de las elecciones de 2026 es imprescindible situarlas dentro de la evolución política reciente de Nepal. Durante más de dos siglos, el país fue una monarquía gobernada por la dinastía Shah, instaurada en el siglo XVIII tras la unificación territorial llevada a cabo por el rey Prithvi Narayan Shah. Durante gran parte de su historia moderna, Nepal permaneció relativamente aislado del exterior y fue gobernado mediante estructuras políticas fuertemente centralizadas. A lo largo del siglo XX, sin embargo, comenzaron a surgir movimientos reformistas que cuestionaban el poder absoluto de la monarquía. Tras la caída del régimen autocrático de los Rana en 1951, Nepal experimentó varios intentos de democratización, aunque estos procesos estuvieron marcados por continuas tensiones entre el palacio real, los partidos políticos y las fuerzas sociales emergentes. La situación se volvió especialmente inestable a finales del siglo XX. En 1996 estalló la Guerra Civil Nepalí, un conflicto armado entre el Estado y la insurgencia maoísta liderada por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Los rebeldes buscaban abolir la monarquía y establecer una república popular. Durante diez años, el conflicto se extendió por gran parte del territorio nacional, provocando más de 13.000 muertos, miles de desaparecidos y un profundo impacto social y económico. La guerra concluyó finalmente con los Acuerdos de Paz de 2006, firmados tras una amplia movilización popular contra el poder absoluto del rey Gyanendra. Este acuerdo marcó el inicio de una transición política que transformaría radicalmente el sistema institucional del país. Dos años después, en 2008, la Asamblea Constituyente abolió oficialmente la monarquía y proclamó la República Federal Democrática de Nepal, la cual se enfrentó desde el principio a enormes dificultades para consolidar un sistema político estable, como, por ejemplo, la redacción de una nueva constitución, que no llegó hasta 2015.  Entre 2008 y 2026, el país experimentó una notable rotación de gobiernos y una fragmentación persistente del sistema partidista. Tres grandes fuerzas dominaron la escena política: el Nepali Congress, socialdemócrata; el Partido Comunista de Nepal; y distintas formaciones surgidas del antiguo movimiento maoísta. Aunque estas fuerzas desempeñaron un papel central en la transición republicana, con el tiempo comenzaron a ser percibidas por amplios sectores de la población como parte de una élite política consolidada que reproducía dinámicas de clientelismo, corrupción y luchas internas por el poder. Este desgaste político se vio agravado por factores externos y desastres naturales que afectaron gravemente al país, como el devastador terremoto de 2015, que dejó casi 9.000 muertos y enormes daños en infraestructuras. La lenta reconstrucción posterior reforzó la percepción de ineficiencia administrativa. A lo largo de la presente década, este malestar fue creciendo progresivamente, especialmente entre las generaciones jóvenes y urbanas. En ese contexto comenzó a gestarse un nuevo tipo de liderazgo político que buscaba romper con las estructuras tradicionales del poder. La figura del rapero Balendra Shah y el surgimiento de nuevas formaciones políticas reformistas fueron, en gran medida, el resultado de este proceso de acumulación de frustraciones sociales y demandas de cambio. La crisis política de 2025: el origen del cambio El detonante inmediato de las elecciones de 2026 fue la crisis política que sacudió Nepal durante el año 2025. Aunque el malestar social llevaba años gestándose, una serie de acontecimientos concretos terminó desencadenando una ola de movilización popular de la Generación Z, la cual comenzó protestando en reacción a la restricción temporal de las redes sociales impuesta por el gobierno. Esto fue tomado por amplios sectores de la población como un intento de limitación del debate público y la libertad de expresión. Sin embargo, las reacciones sociales pueden ocurrir por acontecimientos en un inicio observados como banales, que generan una reacción en cadena mucho mayor. En el caso nepalí, lo que empezó como una protesta puntual, se tornó en un movimiento nacional contra la clase política, en el que hubo numerosas manifestaciones en diferentes ciudades del país, principalmente en los centros urbanos como Katmandú. Se protestaba contra la corrupción gubernamental, el desempleo estructural, la falta de oportunidades y la migración forzada de los trabajadores. Sin embargo, lo que empezó como una protesta puntual se transformó rápidamente en un movimiento mucho más amplio que canalizaba el descontento acumulado contra la clase política, e impulsado en gran medida a través de las redes sociales y plataformas digitales. Esto reflejó el protagonismo de una generación excluida de los beneficios del sistema político, criada en la era posterior a la guerra y sin oportunidades. La respuesta del gobierno fue inicialmente vacilante. Mientras algunos sectores intentaban negociar con los manifestantes, otros optaron por medidas represivas que terminaron agravando la situación. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad provocaron un aumento de la tensión política y colocaron al gobierno en una posición cada vez más frágil. Finalmente, la crisis desembocó en la caída del ejecutivo encabezado por el entonces primer ministro K. P. Sharma Oli, una de las figuras políticas más influyentes del país durante la última década. Ante la creciente presión social y la pérdida de apoyo parlamentario, el gobierno se vio obligado a convocar elecciones anticipadas, y en ese escenario fue cuando se hizo fuerte un político independiente, reformista y ajeno a las estructuras tradicionales de poder, Balendra Shah. Los contendientes electorales Las elecciones de 2026 enfrentaron principalmente a tres grandes bloques políticos, aunque el escenario electoral fue más fragmentado de lo que podría sugerir una simple división tripartita. Por un lado se encontraban los partidos tradicionales que habían dominado la política nepalí desde la transición republicana; por otro, nuevas fuerzas emergentes que buscaban canalizar el creciente descontento social hacia una renovación del sistema político. 1. Rastriya Swatantra Party (RSP) El gran protagonista de las elecciones fue sin duda el Rastriya Swatantra Party (RSP), liderado por Balendra Shah, conocido popularmente como “Balen”. Ingeniero civil de formación y figura pública conocida por su pasado como rapero en la escena musical de Katmandú, Shah había alcanzado notoriedad nacional tras ser elegido alcalde de la capital en 2022 como candidato independiente. De cara a las elecciones de 2026, el RSP se presentó como una fuerza política claramente orientada hacia la renovación institucional. Su programa electoral giraba en torno a tres ejes principales: La lucha contra la corrupción estructural, considerada por muchos ciudadanos como uno de los principales obstáculos al desarrollo del país; la modernización del Estado y de la administración pública, con propuestas orientadas a mejorar la eficiencia burocrática, digitalizar servicios públicos y reducir el clientelismo político; y la creación de empleo y oportunidades económicas para los jóvenes, especialmente en sectores tecnológicos, de infraestructura y emprendimiento. Uno de los rasgos más distintivos de la campaña del RSP fue su estrategia de comunicación política. A diferencia de los partidos tradicionales, el movimiento de Shah apostó por una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales, logrando movilizar especialmente a votantes jóvenes, urbanos y miembros de la diáspora nepalí. Este enfoque permitió al partido construir una narrativa política basada en la idea de una “nueva generación” destinada a transformar el país. 2. Nepali Congress (NC) El Nepali Congress (NC) es uno de los partidos más antiguos y relevantes de la historia política moderna de Nepal. Fundado en la década de 1940, el partido desempeñó un papel central en los movimientos democráticos que lucharon contra los regímenes autoritarios y, más recientemente, en el proceso que condujo a la abolición de la monarquía en 2008.  Ideológicamente, el Nepali Congress se sitúa en la combinación de la socialdemocracia con una orientación liberal en términos económicos. Durante décadas fue considerado una de las principales fuerzas políticas del país y encabezó varios gobiernos tanto antes como después de la transición republicana. Sin embargo, en los años previos a las elecciones de 2026 el partido atravesaba una etapa de desgaste político considerable, con escándalos de corrupción y luchas internas entre facciones como principales retos a superar.  Muchos votantes, especialmente entre las generaciones más jóvenes, comenzaron a percibir al Nepali Congress recientemente como parte de un sistema político estancado, incapaz de responder a los desafíos económicos y sociales del país. Aunque el partido mantuvo cierta presencia en regiones rurales y entre sectores tradicionales del electorado, su capacidad para movilizar apoyo en las ciudades se redujo notablemente. 3. Communist Party of Nepal (UML) La tercera gran fuerza en la contienda electoral fue el Communist Party of Nepal, dirigido por el ex primer ministro K. P. Sharma Oli. Este partido representa una de las principales corrientes del escindido movimiento comunista nepalí y ha desempeñado un papel clave en la política nacional durante las últimas décadas.  El CPN-UML combinó históricamente una ideología marxista-leninista con un enfoque pragmático en materia de gobierno. Bajo el liderazgo de Oli, el partido adoptó en algunos momentos un discurso nacionalista que buscaba reforzar la autonomía del país frente a presiones externas, especialmente en el contexto de las tensiones diplomáticas con India. Durante varios años, el partido lideró gobiernos y coaliciones parlamentarias, lo que le permitió mantener una importante presencia institucional. Sin embargo, esta misma experiencia gubernamental terminó convirtiéndose en una fuente de desgaste político. Las críticas a la gestión del gobierno de Oli, especialmente durante las crisis políticas de comienzos de la década de 2020, debilitaron la posición del partido ante un electorado cada vez más impaciente. Además, el ascenso de nuevas fuerzas políticas reformistas redujo la capacidad del CPN-UML para presentarse como una alternativa creíble al sistema político existente. Otros partidos Además de estas tres principales fuerzas, otros partidos menores también participaron en las elecciones. Entre ellos destacaban el Nepali Communist Party, el Shram Sanskriti Party y el Rastriya Prajatantra Party, este último asociado con sectores conservadores que en ocasiones han defendido posiciones favorables a la restauración monárquica. Aunque estas formaciones contaban con bases electorales más limitadas, su presencia reflejaba la persistente fragmentación del sistema partidista nepalí. Elecciones: Sistema electoral y ganador La tardanza en la revelación de los resultados oficiales se debe a la combinación de dos métodos de elección, estipulados en el ordenamiento interno nepalí. De los 275 escaños del parlamento nepalí, los más de 18,9 millones de ciudadanos censados eligen mediante un sistema mayoritario en distritos uninominales (first-past-the-post) a 165 de sus representantes, mientras que los 110 restantes se distribuyen en base a un sistema de representación proporcional a partir del voto nacional a los partidos. Este modelo busca equilibrar la representación territorial con la pluralidad del país, y es el motivo de la tardanza de resultados respecto al día de las elecciones (sucedidas el pasado 5 de marzo, siendo los oficiales totales desvelados el 10 de marzo). Partido político Escaños First-Past-The-Post (165) Escaños por representación electoral (110) Total de escaños % del parlamento Rastriya Swatantra Party (RSP) 125 57 182 66,2 % Nepali Congress (NC) 18 20 38 13,8 % Communist Party of Nepal (UML) 9 16 25 9,1 % Nepal Communist Party (NCP) 8 9 17 6,2 % Otros partidos e independientes 5 8 13 4,7 % Los resultados oficiales publicados por la comisión electoral confirmaron la contundente victoria del partido RSP, liderado por el ex-rapero Balandra Shah, obteniendo una cifra cercana a la supermayoría parlamentaria, con un 66,2% del parlamento y un 75% del voto FPTP y un 47’8% del voto proporcional que, sí bien puede parecer una cifra que limita sus resultados, resulta la mayor proporción registrada desde que el sistema proporcional fue introducido en 2008. Esta cifra es más que suficiente para poder gobernar en solitario, caso poco común en el sistema político nepalí, donde han predominado históricamente los gobiernos de coalición.  En contraste, los partidos tradicionales sufrieron derrotas históricas. El Nepali Congress, uno de los pilares de la política nepalí desde la transición democrática, obtuvo su peor resultado electoral registrado, con sólo 38 escaños, perdiendo 52. Este retroceso es compartido con el de la izquierda nepalí. El Communist Party of Nepal (United Marxist-Leninist) consiguió 25, perdiendo 53, mientras que la caída para el Nepal Communist Party fue ciertamente más sostenida, pasando de 20 a 17 escaños. Entre los derrotados se encuentran figuras bastante distinguidas de la política nepalí, como el ya ex primer ministro K.P. Sharma Oli, quien perdió su circunscripción electoral frente a candidatos del movimiento ganador.  El triunfo del RSP no puede explicarse únicamente por la popularidad personal de Balendra Shah. En realidad, refleja transformaciones profundas que han ido configurando la sociedad nepalí durante las últimas dos décadas. En primer lugar, un factor considerable es la estructura sociodemográfica notablemente joven. Una proporción muy significativa de la población tiene menos de 30 años, lo que significa que gran parte del electorado ha crecido en el periodo posterior a la guerra civil y a la abolición de la monarquía. Por otro lado, uno de los rasgos más característicos de la economía nepalí es su fuerte dependencia de las remesas enviadas por trabajadores emigrados, que representan una cantidad significativa del PIB nacional, y constituyen una vía vital de ingresos para numerosas familias.  Otro factor clave fue el uso intensivo de redes sociales y plataformas digitales por parte del RSP. La campaña de Balendra Shah logró conectar con sectores del electorado que tradicionalmente habían estado menos movilizados políticamente. A través de vídeos, transmisiones en directo y mensajes directos a los votantes, el partido construyó una narrativa de renovación política que contrastaba con las estructuras partidistas tradicionales, caracterizadas por jerarquías rígidas y métodos de movilización más convencionales. De este modo, las elecciones presentes en Nepal abren un nuevo horizonte para la sociedad nepalí, al mismo tiempo que una etapa política marcada por expectativas intensas a la par que riesgos profundos. La magnitud de la victoria del movimiento político no es una casualidad: es un voto de castigo y un agotamiento del electorado a las élites tradicionales, en un deseo de renovación institucional. Sin embargo, transformar el presente mandato electoral en gobernabilidad efectiva exigirá algo más que entusiasmo reformista: requiere gestión, capacidad administrativa, consensos sociales, reconciliación y una gestión responsable de las tensiones entre un cambio rápido y una estabilidad sin romper el orden constitucional. El verdadero significado no reside en quién ganó, sino en si Nepal logra convertir este impulso en confianza y perduración en el tiempo.

La política venezolana no será la misma desde el pasado 3 de enero, fecha que marca un punto de inflexión histórico en la trayectoria del régimen chavista y, por extensión, en el equilibrio político del hemisferio occidental y en América Latina. A partir de ese momento, Venezuela experimenta una ruptura abrupta y estructural desencadenada por un acontecimiento sin precedentes: la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y su traslado inmediato a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados al narcoterrorismo, la corrupción sistémica y la colaboración con organizaciones criminales transnacionales, como bien reflejaron Marco Rubio y Donald Trump en sus diversas ruedas de prensa concedidas en los últimos días. Se trata de un episodio que, sin duda alguna, desafía las convenciones clásicas del derecho internacional. No obstante, de manera contraria a las expectativas iniciales, la captura no ha derivado en un vacío de poder ni en un colapso inmediato del régimen, sino que ha abierto una fase de reordenamiento interno altamente controlada, en la que entran en funcionamiento mecanismos de sucesión informal, cohesión coercitiva y centralización institucional, dejando ver que el papel central de la continuidad del Estado lo tendrá cuán leal sea el sector militar, la diligencia de los gobernantes y la capacidad del aparato estatal de absorber el golpe sin desintegrarse, lo cual es posible afirmar actualmente tras haber pasado días de ello. En este sentido, la experiencia venezolana confirma una variable observada en ciertos regímenes autoritarios de larga duración, como Cuba o Corea del Norte: la personalización del poder no elimina la existencia de estructuras capaces de sobrevivir a la caída del líder y hagan perdurar el sistema. Es precisamente en este contexto donde emerge con fuerza la figura de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva y una de las dirigentes más influyentes del aparato estatal venezolano. Su ascenso no debe interpretarse como una anomalía ni una solución improvisada, sino como el resultado lógico de un proceso previo de ascenso, acumulación de poder, visibilidad política y control de resortes clave del Estado, encarnando a día de hoy una figura de continuidad funcional, capaz de articular la cohesión en un momento de extrema vulnerabilidad externa. Lejos de representar una ruptura ideológica con el chavismo como podría haber parecido a grandes rasgos la caída de Nicolás Maduro, según los acontecimientos y retóricas acontecidos los últimos días, parece que su llegada al poder simboliza una mutación defensiva del régimen, orientada a garantizar su supervivencia en un entorno hostil que tiene todos los ojos puestos en ellos, y en el que han preservado los fundamentos esenciales del sistema, a pesar de que falte el líder.  Los orígenes de Delcy Rodríguez: consolidación y centralidad en el aparato del Estado La trayectoria política de Delcy Rodríguez está marcada por ascensos constantes inscritos dentro de la evolución del chavismo en Venezuela, comenzando bajo el liderazgo de Hugo Chávez en un momento destacado por la refundación del Estado venezolano según los principios chavistas (populismo de izquierdas, bolivarianismo, socialismo, antiimperialismo, antiamericanismo, basado en la planificación centralizada y en una evolución desde el socialismo democrático y una “tercera vía” hacia un socialismo marxista); y la creación de una nueva élite política leal al régimen, la confrontación discursiva con Occidente y la militarización de la política. En este contexto, Delcy, abogada egresada en la Universidad Central de Venezuela, se integra de forma muy temprana en los círculos de confianza del chavismo. Durante el mandato de Nicolás Maduro, su influencia se profundiza de manera significativa, a la vez que progresiva; primeramente cuando ejerció el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, y como vicepresidenta ejecutiva después. Así, Delcy se convierte en una de las principales caras visibles del poder ejecutivo, con capacidad efectiva de decisión en áreas estratégicas- política económica, diplomacia internacional, coordinación interinstitucional-. Su rol trasciende el de mera ejecutora de órdenes presidenciales: actúa como operadora política, gestora de crisis y enlace entre facciones internas del régimen por su buena relación con el estamento militar. En el plano internacional, la figura de Delcy Rodríguez se ha asociado al endurecimiento del discurso soberanista del Estado venezolano y al alineamiento estratégico con potencias no occidentales, en una lógica de contrapeso frente a Estados Unidos y la Unión Europea. Desde su etapa como ministra de Relaciones Exteriores y posteriormente como vicepresidenta ejecutiva, Delcy ha desempeñado un papel central en la profundización de las relaciones políticas, económicas y de seguridad con países como Rusia, China, Irán y Turquía, articulando una red de apoyos internacionales orientada a mitigar el aislamiento diplomático del régimen. También fue protagonista en el marco narrativo, presentando las sanciones internacionales como mecanismos de guerra económica y agresión imperial. Por otro lado, precisamente este protagonismo internacional ha tenido controversias y efectos adversos, como la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea, vigentes desde 2018 y renovadas de forma periódica, por su responsabilidad política en la degradación del Estado de derecho y en la erosión de las garantías democráticas. Dichas sanciones incluyen la prohibición de entrada y tránsito por el espacio Schengen, la congelación de activos en jurisdicciones europeas y la prohibición de que entidades comunitarias pongan recursos económicos a su disposición. Dentro de este marco sancionador se suma el Delcygate, ocurrido el 20 de enero de 2020 en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) donde aterrizó e incluso durante su escala tuvo un encuentro con José Luis Ábalos pese a tener prohibida la entrada en espacio Schengen. Este incidente no solo puso en evidencia la vulneración de las restricciones europeas, sino que también se convirtió en un catalizador de controversias políticas que traspasaron el ámbito bilateral España-Venezuela. La escala no autorizada, celebrada en una zona internacional del aeropuerto, generó un escándalo mediático y político, cuestionando la coherencia y aplicación de las propias sanciones comunitarias, y alimentando debates sobre los límites de la diplomacia informal y la eficacia de los regímenes de restricción europeos. Paradójicamente, estos antecedentes han concluido en un saldo ciertamente positivo en la consolidación del perfil de Delcy Rodríguez como un actor resistente a la presión externa, capaz de operar bajo condiciones de aislamiento internacional prolongado y en la configuración de su propia narrativa de líder ajena a Occidente y la Unión Europea, siendo un perfil bastante polémico, pero en la práctica claramente eficaz.  Detención de Nicolás Maduro y reconfiguración estratégica del poder: del discurso de resistencia a la cooperación instrumental El capítulo que ya hemos analizado en Naciones en Ruinas con actualización de los sucesos, es la clave para explicar todo el artículo, pues estar hablando de Delcy Rodríguez actualmente no sería posible sin entender que ha sido por la detención, extradición y juicio de Nicolás Maduro, producido en una operación rápida y coordinada de la inteligencia estadounidense, en colaboración de actores regionales aún no plenamente identificados, para lo cual hay altas especulaciones que no entraremos a analizar. El impacto simbólico de todo este suceso es devastador: por primera vez, el líder del chavismo no es depuesto por fuerzas internas ni por una insurrección popular, sino neutralizado directamente por una potencia extranjera que actúa bajo la lógica de la seguridad nacional y la jurisdicción penal extraterritorial y que, si bien es cierto vulnerando el derecho internacional, ha logrado sacar a un dictador en menos de 20 minutos de su propio país. La reacción inicial del régimen venezolano combina estupor, indignación y contención estratégica. Durante las primeras horas, el aparato comunicacional del Estado entra en una fase de silencio calculado, mientras las élites políticas y militares evalúan escenarios de respuesta, toman las calles y evitan manifestaciones contra el régimen. Es en este momento donde Delcy Rodríguez asume un papel central. Tras interrumpir abruptamente una visita oficial a la Federación Rusa, regresa a Caracas y convoca su primera comparecencia pública como máxima figura visible del Ejecutivo, bajo una narrativa cuidadosamente estructurada y destacada por una agresividad discursiva evidente, exigiendo pruebas fehacientes de vida de Nicolás Maduro, denunciando una agresión ilegítima contra la soberanía venezolana y apelando a la cohesión cívico-militar frente a lo que califica como una forma extrema de imperialismo jurídico. Este discurso cumple una función doble: hacia el interior, contiene posibles fisuras dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, las Fuerzas Armadas y la sociedad venezolana, que no supo cómo reaccionar en las primeras horas tras el golpe (mientras la diáspora celebraba, la sociedad venezolana se sumía en un silencio ensordecedor ante el desconocimiento de lo que sucedía) ; hacia el exterior, gana tiempo para reorganizar el poder y evaluar el margen real de maniobra frente a Washington. Pocos días después, el Tribunal Supremo de Justicia, actuando conforme a su patrón histórico de alineamiento con el Ejecutivo, declara la “ausencia forzada” del presidente y proclama a Delcy Rodríguez como presidenta interina de la República, en nombre de la continuidad constitucional. La decisión cuenta con el respaldo explícito del alto mando militar, consolidando una transición interna que, aunque jurídicamente controvertida, resulta políticamente efectiva. La clave en todo esto es el giro estratégico de Delcy con el paso de los días en la relación con EE. UU. más que la sucesión por sí misma. Tras una fase inicial de confrontación retórica, se abren canales de comunicación discretos con la administración de Donald Trump, y, según filtraciones, la CIA desempeña un papel clave en recomendar una salida pragmática: evitar una escalada militar directa a cambio de concesiones concretas por parte del nuevo liderazgo venezolano. La líder venezolana acepta esta lógica y, en un gesto inicial de alto impacto simbólico, anuncia el cierre del principal centro de detención y tortura de Caracas, reconociendo implícitamente prácticas hasta entonces negadas por el régimen, y se compromete a cumplir determinadas órdenes estadounidenses relacionadas con la desarticulación de redes criminales y el control de actores armados no estatales, bajo la amenaza explícita de bombardeos selectivos futuros en caso de incumplimiento. Esta cooperación no implica una democratización del sistema. Por el contrario, Delcy Rodríguez declara (y Trump acepta en rueda de prensa) de forma tajante que no habrá elecciones en el corto ni mediano plazo, argumentando que el país se encuentra bajo una agresión externa que exige estabilidad y unidad nacional. Es más, el propio presidente estadounidense estimó que en unos 18 meses al menos no habría elecciones en Venezuela. ¿Por qué Delcy y no María Corina Machado? La decisión de la administración Trump de respaldar a Delcy Rodríguez como figura central en la reconfiguración del poder venezolano, en lugar de a María Corina Machado, si bien constituye una decisión polémica dentro de la sociedad venezolana, constituye un giro estratégico que desafía interpretaciones basadas en afinidades ideológicas o condenas morales al régimen anterior, y por supuesto poco tiene que ver con la elección de la líder venezolana como nóbel de la paz, y no Donald Trump, a efectos prácticos, aunque ésta haya pretendido compartir el premio con el presidente norteamericano. Realmente, esta elección obedece a un cálculo que incorpora criterios de estabilidad, control institucional y la necesidad de gestionar equilibrios internos complejos en Venezuela, en un momento marcado por la fractura del orden político tras la captura de Nicolás Maduro. Uno de los elementos decisivos en la preferencia estadounidense por Delcy Rodríguez es su posicionamiento dentro de las estructuras de poder existentes en Venezuela. A diferencia de María Corina, cuya trayectoria se ha forjado en la oposición civil y política, Delcy ha sido parte del núcleo del régimen chavista durante años y cuenta con vínculos directos en sectores claves como las fuerzas armadas, y una figura como ella sería un garante de estabilidad a corto plazo tras la salida forzosa de Nicolás Maduro, reduciendo un riesgo de vacío de poder o de colapso inmediato, aunque los venezolanos de la diáspora sí lo pretendan. Este enfoque se corresponde con doctrinas clásicas de estabilidad autoritaria: en contextos de transición forzada, el actor que controla o puede negociar con las fuerzas armadas y los aparatos de seguridad interior tiene una ventaja decisiva sobre aquellos cuyas bases de apoyo son fundamentalmente civiles. En Venezuela, la lealtad militar ha sido una piedra angular del chavismo durante décadas, y María Corina Machado carece de control sobre ese aparato, al no formar parte de su red interna. Por otro lado, María Corina Machado enfrenta obstáculos estructurales que limitan su viabilidad como líder de una transición inmediata según sectores del gobierno estadounidense. Trump mismamente ha señalado públicamente que Machado “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país” y que sería muy difícil para ella liderar Venezuela en estos momentos. Ello unido a que la propia María Corina apenas ha tenido contacto con Trump desde octubre de 2025, hacen difícil su elección debido a la falta de sintonía y apoyo. Estas tensiones chocan con el hecho de que gran parte de la oposición democrática tradicional considera a Delcy Rodríguez una figura profundamente rechazada por la población venezolana, acusándola incluso de ser una de las arquitectas del aparato represivo del chavismo, por lo cual es cierto que, aunque Delcy la elección de la administración Trump por los motivos previamente explicados, ello no implica que sea la del pueblo venezolano, que, tanto en la diáspora como desde dentro, no sienten simpatía por la figura de Delcy Rodríguez al haber sido cabeza visible y representante del régimen chavista que obligó al exilio a más de 8 millones de personas en la actualidad. En paralelo, aunque haya sido elegida como figura de consenso dentro del régimen chavista, la posibilidad de un contragolpe militar interno no es nada descabellada, pues su liderazgo es frágil y dependiente de múltiples facciones dentro del complejo militar venezolano, algunas de las cuales podrían aspirar a una reconfiguración del poder más radical o a una restauración autoritaria menos permeable a las exigencias externas. Los escenarios posibles una vez Delcy Rodríguez es proclamada presidenta interina Ante este contexto interno político, social y militar altamente inestable, la evolución de la política venezolana post-Maduro puede bifurcarse en varios escenarios hipotéticos, más o menos probables, cada uno marcado por las implicaciones y variables diferentes que tiene para el país, la región y las relaciones con Occidente: Transición controlada con Delcy como figura central En este caso, Delcy Rodríguez constituiría como la interlocutora clave de un proceso negociado entre el régimen reformado y Estados Unidos preferentemente. La lógica aquí es la de preservar el orden institucional básico mientras se articulan reformas graduales que puedan conducir a una transición relativamente tranquila, marcada por la imposición futura de un calendario de elecciones supervisadas internacionalmente y a la liberalización de sectores estratégicos, en particular el petrolero, en un escenario donde el liderazgo tradicional conserve parcialmente el control del país a cambio de concesiones tangibles en favor de la apertura económica y política. Además de viable, es el escenario más probable, si bien es evidente que dependerá de ello la estabilidad de este proceso, el apoyo de los sectores militares y sociales a este plan y la continuidad del régimen para que pueda efectuarse de forma efectiva. En una entrevista, María Corina Machado mismamente apostó por esta opción recientemente, afirmando que “al propio régimen se le está dando la instrucción de desmantelarse a sí mismo”, que se debe buscar una transición lo más “corta y rápida posible”, anulando el segundo escenario que posteriormente será expuesto, y reflexionando que “lo único que sostenía a Maduro y a esta estructura era el miedo. Si se quita el terror, no queda nada”, por lo que parece una opción ya contemplada y viable. Continuidad autoritaria reformada En este escenario, el chavismo no se desplomaría, sino que se reinventaría en clave autoritaria. Rodríguez y su entorno reorganizan el poder político sobre bases más flexibles, por ejemplo, pudiendo permitir cierta actividad opositora controlada, liberando prisioneros políticos o iniciando reformas económicas ligeras, sin renunciar al control del Ejército y de las instituciones estratégicas. De este modo, se podría evitar el colapso institucional total, continuando con el mismo régimen pero con ciertas concesiones, aunque es cierto que no cumple con los estándares democráticos, ni solucionaría ninguno de los problemas internos del país en la actualidad, simplemente es una fórmula de estabilidad autoritaria que retiene el núcleo del poder y busca legitimarse internacionalmente mediante concesiones cosméticas, buscando la pervivencia del régimen a cualquier coste. Una variable que hay que tener en cuenta es que sería el escenario menos favorable tanto para la opinión de la oposición venezolana, como la de su diáspora y de las potencias occidentales, que buscarían una transición pacífica donde el pueblo venezolano eligiese, y no una continuación descafeinada del régimen, aunque es cierto que podría contemplarse como una opción relativamente viable si se va a percibir que una transición abrupta fuera sinónimo de inestabilidad. Fractura y enfrentamiento prolongado Este escenario, si bien representa la ruptura más grave del orden político venezolano, no es nada improbable. La exclusión de María Corina Machado, Edmundo González y otros liderazgos opositores puede catalizar tensiones internas que deriven en protestas masivas, insurgencias civiles e incluso enfrentamientos militares entre facciones divergentes, con riesgo claro de conflicto social, político y militar interno. La fractura institucional y social podría extenderse regionalmente, con migraciones masivas, expansión de redes criminales transnacionales y la intervención de actores extrarregionales (al interior y al exterior). Una Venezuela sumida en confrontación prolongada tendría profundas consecuencias para la región, presionando a países vecinos, alterando cadenas energéticas y potenciando alianzas estratégicas con potencias ajenas a Occidente.  Liderazgo en la cuerda floja La elección de Donald Trump de respaldar a Delcy Rodríguez en lugar de María Corina Machado no responde únicamente a preferencias ideológicas, sino a una evaluación estratégica de estabilidad institucional, control militar, gestión de riesgos internos y externos y en cierta parte por una cuestión de “manejabilidad”, puesto a que Delcy Rodríguez actualmente representa un régimen débil, atado de pies y manos, y sin su líder. Es más práctico porque es más viable para Estados Unidos a la hora de pedir concesiones y realizar una coerción con amenazas si no se cumple lo estipulado. Rodríguez, pese a su cuestionada legitimidad democrática, ofrece la posibilidad de un puente negociado hacia un orden político menos convulso. No obstante, si bien su papel actualmente es central para manejar el futuro del país hacia una dirección u otra, siendo ahora mismo una pieza clave en este tablero; su liderazgo se encuentra en una posición precaria, dependiente de su capacidad para equilibrar exigencias internacionales de apertura y reformas, mantener la cohesión de las fuerzas armadas, mitigar protestas civiles y gestionar tensiones regionales. El resultado de esta dinámica tendrá profundas implicaciones para el futuro político de Venezuela, la estabilidad regional latinoamericana y la proyección de influencia estadounidense en la región, la cual se ve incrementada cuando Trump ha presentado intenciones de realizar acciones similares en Colombia, Cuba, México o incluso Groenlandia, por lo cual también va más allá del escenario venezolano, pudiendo ser el primero de muchos episodios de la búsqueda estadounidense de ampliar su esfera de influencia.   En definitiva, la figura de Delcy Rodríguez encarna, así, la tensión entre la necesidad de supervivencia del régimen y la presión internacional por cambios políticos efectivos, situándola en una cuerda floja permanente cuya resolución determinará el rumbo inmediato del país.

La policía de Etiopía recientemente informó de la incautación de más de 56.000 rondas de munición en la región norteña de Amhara, denunciando la implicación del régimen de Eritrea en el cargamento enviado para abastecer las milicias rebeldes locales, en un contexto de tensión interna por parte de Etiopía, y bilateral, en un nuevo capítulo con el estado eritreo, lo cual ha alimentado preocupaciones de un posible conflicto en el Cuerno de África. Según el relato policial, publicado en un post de Facebook, el vehículo viajaba desde Mekele, capital de la región de Tigré, con el apoyo del Frente Popular de Liberación de Tigré, una formación que además mantuvo un conflicto con el gobierno federal etíope entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. La munición incautada incluía cartuchos para fusiles Kalashnikov, y para ametralladoras Bren y DShK, destacando que el envío fue presuntamente realizado por el “Gobierno de Shabiya”, en referencia al partido del gobierno de Eritrea. Esta escalada de tensión supone un episodio más de la histórica rivalidad entre Eritrea y Etiopía, pues recientemente también el presidente eritreo acusó al partido gobernante en Etiopía (Partido de la Prosperidad) de haberles “declarado la guerra” en una entrevista de la televisión estatal eritrea, y además los responsabilizó de haber desplegado tropas en la frontera recientemente, en un cruce de acusaciones histórico y habitual en la dinámica de las relaciones bilaterales de ambos países. La tensión entre Addis Abeba y Asmara se ha intensificado en el último año de forma más significativa respecto a periodos anteriores, sobre todo tras la declaración del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en la que mencionaba la ambición de Etiopía sobre la recuperación del acceso al mar Rojo, algo que Eritrea consideraba como una amenaza a su soberanía. Esto demuestra la dinámica defensiva y aislada que muestra Eritrea respecto a sus relaciones con otros Estados, especialmente con su vecino etíope, y evidencia cómo la percepción constante de amenaza externa ha sido utilizada por el régimen eritreo como un elemento legitimador de su estructura política interna. La securitización del entorno regional no sólo condiciona su política exterior, sino que también refuerza un modelo estatal profundamente militarizado, en el que la cohesión nacional se articula en torno a la disciplina, el sacrificio y la vigilancia permanente. En este contexto, el conflicto y la tensión geopolítica funcionan como herramientas discursivas que permiten al Estado justificar la prolongación del servicio nacional indefinido, la restricción sistemática de derechos civiles y la ausencia de reformas políticas sustantivas. Así, la política exterior defensiva de Eritrea no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como una extensión directa de un aparato estatal que prioriza la supervivencia del régimen y el control social por encima de la apertura política o la integración regional. La economía de Eritrea: entre la opacidad estadística y el control estatal El análisis económico eritreo resulta un reto estadístico debido a la ausencia y la desactualización de los datos existentes. Esta falta de transparencia no es accidental, sino estructural, y se encuentra realmente ligada al carácter del régimen político. Incluso, en Eritrea la población nacional es estimada (entre 3,53 y 3,54 millones de personas según modelos demográficos del Banco Mundial), lo cual hace entender cuán grande es el hermetismo si es necesario realizar una construcción estimada en base a tendencias de sus habitantes, aunque también se explica debido a que no existen censos regulares accesibles. Del mismo modo ocurre con el PIB, estimado entre 2 y 2,3 mil millones USD, según el Banco Africano de Desarrollo o el FMI, destacando nuevamente en la provisionalidad y la liquidez de estas cifras. El crecimiento económico estimado se situaba en 2,9% en 2023, lo cual no debe interpretarse para nada como un indicador de dinamismo, sino como el reflejo de una economía pequeña, poco diversificada y altamente dependiente de ciertas circunstancias coyunturales. Por otro lado, no encontrar un índice Gini fiable y la imposibilidad de elaborar diagnósticos de desigualdad mediante herramientas estadísticas convencionales son señales de su sistema económico y político, pero no impiden comprender la estructura social resultante, en la que el poder económico se encuentra centralizado en la élite político-militar asociada al People’s Front for Democracy and Justice, partido gobernante en Eritrea.  La economía de Eritrea se sustenta en tres pilares fundamentales, de los cuales depende: una agricultura de subsistencia, un sector minero con expansión limitada y las remesas enviadas desde la diáspora, que constituyen uno de los principales recursos financieros del país. Por otro lado, el sector privado tal y como es concebido en sociedades con economías diversificadas no existe, estando las actividades productivas supeditadas a empresas estatales o, más comúnmente, a conglomerados asociados al ejército y el partido único gobernante. En último lugar, el National Service , teóricamente concebido como un servicio militar de dieciocho meses, pero transformado en la práctica en una manera de realización de trabajos forzosos de forma indefinida, proporciona mano de obra barata y controlada que sostiene desde proyectos de infraestructuras hasta labores agrícolas. El traslado obligatorio de los estudiantes al campamento de Sawa en el último año de secundaria, moldea la educación juvenil bajo parámetros castrense, siendo imposible eludirlo bajo ninguna circunstancia. El efecto económico del mismo es desastroso, pues se elimina a los jóvenes del mercado de trabajo y de formación, limitando su formación, inhibiendo la inversión privada y expulsando la migración irregular, penada en Eritrea hasta con 5 años de cárcel. El sistema educativo es uno de los ámbitos más condicionados por la lógica militar.  La arquitectura del autoritarismo eritreo La política eritrea constituye uno de los sistemas más singulares del siglo XXI. Ésta no sólo viene por la concentración extrema del poder, sino también de la forma en la que la historia interviene constantemente en la construcción estatal de Eritrea, en el sentido en el que la lucha por la independencia se ha convertido en un fundamento permanente de legitimidad. El punto de partida político eritreo se encuentra en la organización que condujo a la guerra de independencia: el Eritrean People’s Liberation Front (EPLF). Este movimiento armado adoptó desde su inicio una perspectiva disciplinada y jerárquica. La guerra de independencia contra Etiopía durante tres décadas desarrolló una cultura organizativa tanto para la sociedad eritrea como para el EPLF, marcada por la disciplina férrea, el hermetismo y la autosuficiencia nacional. Tras la independencia en 1993, el EPLF se transformó en el People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), liderado por Isaias Afwerki. Eritrea no posee una doctrina ideológica formalizada comparable a otros totalitarismos, sí bien es cierto que posee una serie de principios inherentes a la conformación social y política de su Estado, como la autosuficiencia nacional, la unidad absoluta frente a amenazas externas, con Etiopía en el centro de sus tensiones dentro del discurso oficial; el sacrificio colectivo como condición de ciudadanía, la hostilidad al pluralismo, visto como una división peligrosa que destruiría la unidad nacional; la supremacía social y moral de la élite revolucionaria, vista como guardianes de la nación, en la que existe un liderazgo sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas. Los datos internacionales corroboran el carácter autoritario y todos estos rasgos previamente comentados. Según el Freedom in the World 2024  de Freedom House, Eritrea obtiene una calificación “no libre”, con 3 de 100. Dentro de esta valoración, recibe 1 de 40 en Derechos Políticos y 2 de 60 en Libertades Civiles, debido a la ausencia casi total de garantías individuales. La evaluación coincide con la del Índice de Democracia de The Economist (2024) que le da 1,97 sobre 10, situándolo en la categoría de régimen autoritario. En siguiente lugar, un rasgo característico de Eritrea es que no tiene constitución, pues la aprobada en 1997 nunca fue implementada. Su suspensión indefinida en nombre de la seguridad nacional según el gobierno, ha consolidado un orden jurídico en el que no hay separación de poderes ni garantías fundamentales, ni elecciones nacionales. En este contexto, existe una facilidad de toma de decisiones sin rendición de cuentas, contrapesos y separación de poderes, adquiriendo las decisiones presidenciales un rango de norma efectiva. Por el contrario, a diferencia de otros regímenes cerrados, Eritrea no ha establecido aún de forma oficial una línea sucesoria clara, lo que refuerza la dependencia de la élite del PFDJ hacia el presidente y mantiene un equilibrio interno basado en la incertidumbre y la supervivencia. El control social   es otro de los puntos relevantes del aparato político del sistema, pues, en el ámbito informativo por ejemplo la prensa independiente en Eritrea directamente no existe. Ocupa el último lugar (180/180) con una puntuación de 11,32 puntos en el informe de Reporteros Sin Fronteras World Press Freedom Index . Sin embargo, la vigilancia no sólo se limita al ámbito mediático, sino que la libertad de asociación está altamente restringida, y no permite la entrada de organizaciones civiles independientes. ONGs, sindicatos e incluso grupos religiosos se encuentran dentro del control estatal, pues se reconocen solamente cuatro confesiones, siendo cualquier otra práctica perseguida y sólo se permite si es compatible con el proyecto nacional. Otra de las aristas principales es la represión política, que en el caso de Eritrea es selectiva pero contundente.  Un caso destacable fue el de los G-15, un grupo de quince opositores que en 2001 exigieron reformas democráticas, siendo fuertemente reprimidos, desaparecidos y detenidos, de los cuales su paradero sigue siendo desconocido 24 años después. Lo mismo ocurrió con periodistas que apoyaron desde los medios estatales tímidamente la apertura. La represión es sostenida e implacable, aunque silenciosa. Todo este entramado cuenta con una red de vigilancia interna, con comités comunitarios, informantes y organismos supervisores que monitorean actividades políticas, interacciones sociales, desplazamientos y comunicaciones.  En último lugar queda la élite gobernante, sostenida gracias a los principios de lealtad, dependencia y temor. Los altos funcionarios del PFDJ (muchos de ellos veteranos de guerra) no pueden cambiar la orientación de las líneas maestras del país. Permanecen cohesionados por el respeto histórico a la figura del presidente, por el pensamiento de que la independencia fue una conquista demasiado costosa como para arriesgarla con experimentos pluralistas, y porque perderían sus privilegios y serían perseguidos en caso de proponer una apertura del régimen. Mientras tanto, la sociedad del país africano vive atrapada en una contradicción: un Estado férreo que limita libertades esenciales, pero que al mismo tiempo exhibe ciertos avances sociales parciales. Un ejemplo claro es el acceso a Internet —solo utilizado por un 27% de la población, según Internet Society (2024)— el cual sigue siendo uno de los más bajos del mundo, con velocidades medias de apenas 4,25 Mbps y una conectividad tan restringida que solo 0,4% de los eritreas utiliza redes sociales (DataReportal 2024). La vigilancia estatal, los filtros técnicos y la falta de proveedores privados hacen prácticamente imposible un debate público libre, lo cual, unido a que desde 2001 no existe prensa independiente en el país, generan un caldo de cultivo perfecto para que no existan voces disidentes. El sistema educativo es uno de los ámbitos más condicionados por la lógica militar. El traslado obligatorio de los estudiantes al campamento de Sawa en el último año de secundaria —donde se combinan exámenes, entrenamiento y reclutamiento— moldea la formación juvenil bajo parámetros castrenses. Al mismo tiempo, la vida diaria se desarrolla bajo controles documentales, puestos militares y restricciones internas que afectan incluso desplazamientos cortos. Para los jóvenes en edad de reclutamiento, salir del país es casi imposible. La comparación con Corea del Norte, informal pero limitada El apelativo “la Corea del Norte africana” fue por primera vez acuñado por Martin Plaut, analista político de la BBC, cuando en su libro Understanding Eritrea (Plaut, M. 2016) usó una comparativa entre ambos países para ejemplarizar el control monopólico del poder político del país africano, así como su aislamiento internacional y las restricciones a las libertades civiles. Antes de comenzar a desarrollar el contenido, cabe recordar que este nombre es una metáfora analógica, utilizada como atajo descriptivo para enfatizar rasgos visibles en ambos regímenes, pero es empobrecedora si pretende una equivalencia total, pues Eritrea y Corea del Norte encuentran trayectorias históricas, institucionales y geopolíticas evidentemente diferentes. Eritrea ha sido en ocasiones llamada “La Corea del Norte africana”, pero este enfoque es un tanto limitado. Por un lado, es cierto que existen similitudes entre ambos países, como un liderazgo personalista compartido, la ausencia de pluralismo político y un control férreo sobre la sociedad, así como una militarización poblacional severa, y una censura mediática absoluta donde los ciudadanos tienen acceso limitado a información externa. Sin embargo, las diferencias entre ambos son notables, y es necesario recalcar que la expresión es puramente mediática, útil para medir la severidad del autoritarismo eritreo, pero sería altamente simplista si no tuviéramos en cuenta las diferencias considerables entre ambos países, como por ejemplo que Eritrea no ha desarrollado un culto al líder ni una ideología nacional como el régimen norcoreano sobre el Juche, pues se basa en la legitimidad del ahora PFDJ como movimiento de liberación nacional, así como el control social, bastante más cotidiano y basado en la militarización, la supervisión y la restricción más que en la saturación ideológica, en el caso norcoreano, basado en un sistema social totalmente coordinado por la asignación estatal, mientras que Eritrea tiene unos servicios muy limitados que dependen de programas humanitarios internacionales. Por otro lado, en la dimensión económica Eritrea y Corea del Norte presentan un enfoque diverso respecto al aislamiento, siendo el primero bastante más centrado en la ausencia de estadísticas, aunque con ciertas aperturas según qué actores regionales, de los cuales se permiten importaciones, comercio transfronterizo y programas de cooperación, aunque bastante limitados. En último lugar, en el campo migratorio, como es evidente Corea del Norte no presenta apenas emigración por sus altas y peligrosas restricciones para abandonar el país, al contrario que Eritrea, que debe afrontar un desafío migratorio en el que cientos de miles de ciudadanos se han marchado del país en búsqueda de oportunidades. Política exterior: diferencia discursiva, prácticas similares El hecho acaecido recientemente con Etiopía no es un caso aislado, sino que se inscribe en una dinámica consolidada por eritrea que combina periodos de tensión manifiesta y aislamiento estratégico, con el objetivo de apuntar a un objetivo enemigo, con momentos de apertura calculada, siempre subordinados a la percepción que tiene el régimen de sus intereses de seguridad nacional. Esta conducta se modifica en un contexto regional complejo como es el Cuerno de África, en el cual las diferentes disputas territoriales no resueltas, rivalidades históricas y aspiraciones económicas divergentes y chocantes configuran un entorno altamente volátil y hostil, por lo que la forma de estabilizarse dentro del régimen descansa en la tendencia persistente a evitar compromisos multilaterales profundos o alineamientos duraderos con instituciones regionales como la Unión Africana o la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, siendo éstos considerados como influencias externas que pueden restringir su soberanía o introducir presiones internas. Es más, recientemente Eritrea anunció su retirada formal de IGAD, argumentando que el bloque había fallado en su mandato y no ofrecía beneficios estratégicos significativos, subrayando su preferencia por relaciones bilaterales selectivas frente a compromisos multilaterales amplios. Otro frente dentro de la política exterior Eritrea es la desconfianza y tensión con Etiopía, hecho introducido previamente. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz Histórico en 2018, que puso fin a décadas de hostilidades armadas, las relaciones bilaterales han sido francamente frágiles y plagadas de acusaciones cruzadas de provocación y violación de acuerdos. En 2025, las tensiones se han reactivado en torno a intereses estratégicos, como la salida al Mar Rojo por parte de Etiopía, y con la sospecha de reactivación militar y apoyo a facciones internas desestabilizadoras del país vecino en el caso eritreo, lo cual ha intensificado el clima de desconfianza, dificultando respuestas diplomáticas cooperativas. A su vez, Eritrea ha cultivado relaciones bilaterales selectivas e interesantes de analizar con otros actores regionales, como Egipto, con el objetivo de reforzar su posición estratégica y contrapesar presiones vecinas. Las reuniones de alto nivel entre Asmara y El Cairo en 2025 evidenciaron un interés compartido limitado en torno a la seguridad regional y la estabilidad que, sí bien no implican compromisos multilaterales profundos, sí muestran que Eritrea puede entablar vínculos pragmáticos, siempre y cuando sean de interés. Este patrón de política exterior reactiva, unilateral y caracterizada por la cautela estratégica responde a las visiones del régimen de que la supervivencia estatal depende de mantener un control absoluto sobre su entorno, y a una interpretación histórica de amenazas externas, lo cual ha permitido que se perpetúe la tendencia a que la participación en organizaciones regionales sea mínima. Un éxodo convertido en identidad nacional Eritrea alberga uno de los éxodos migratorios más persistentes del continente, con más de 630,000 personas en la diáspora como refugiados o solicitantes de asilo según la UNHCR (2024). Según datos de 2020, más del 24% de la población reside fuera del paí s , siendo la diáspora una extensión de la estructura social nacional, reflejo de un fenómeno transversal en el que no sólo tiene que ver el contexto político, sino que también el deterioro económico, la ausencia de movilidad social y la escasez de oportunidades han obligado a los eritreos a migrar. Los países principalmente receptores de esta emigración son Sudán y Etiopía, seguido de Alemania, Estados Unidos y Suecia. El caso de la selección de fútbol es un ejemplo paradigmático. En 2012, 15 miembros de la selección desaparecieron en Uganda tras un torneo de clasificación para la Copa África, y en 2015, 10 futbolistas solicitaron asilo en Botswana tras un viaje oficial. Esto llevó al Estado a tomar una decisión insólita en 2023: Eritrea se retiraba de las eliminatorias del Mundial 2026 habiendo comenzado la fase eliminatoria, para evitar un éxodo masivo de jugadores aprovechando la exposición internacional (según reportes de medios africanos y europeos). Los casos de deserción de futbolistas tuvieron un grave impacto en la sociedad y la simbología del país: los talentos internacionales se convertían en posibles fugas del sistema, e incluso quienes representaban al país en el escenario internacional sentían el peso de su propia nacionalidad. El futuro de Eritrea: autoritarismo persistente Más allá de los análisis prospectivos y de las interpretaciones externas, la realidad eritrea continúa marcada por una profunda continuidad entre pasado, presente y horizonte inmediato. El país permanece anclado en una estructura de poder personalista y altamente centralizada, en la que el Estado, el partido único y la figura del presidente Isaias Afwerki se confunden hasta volverse indistinguibles. Esta configuración no solo define el funcionamiento institucional, sino que moldea la vida cotidiana de la población, condicionando expectativas, trayectorias vitales y formas de resistencia silenciosa. La persistencia de una militarización omnipresente, unida a una economía rígidamente intervenida y a un servicio nacional indefinido que actúa como eje del control social, sigue cerrando cualquier margen real de transformación política. En este contexto, la emigración masiva no es únicamente una consecuencia colateral del sistema, sino una respuesta humana y colectiva a la ausencia de alternativas dentro del país, una vía de escape frente a un Estado que absorbe el tiempo, la energía y el futuro de varias generaciones. La reciente escalada de tensiones militares con Etiopía refuerza, además, esta dinámica interna. Lejos de abrir espacios de debate o reforma, el retorno de un discurso de amenaza externa sirve para justificar el endurecimiento del control, la prolongación del servicio militar y la subordinación absoluta de la sociedad a las prioridades de seguridad del régimen. La frontera vuelve así a convertirse en un argumento político, y el conflicto regional en un recurso para sostener la cohesión forzada del sistema. Eritrea avanza, por tanto, hacia una prolongación de su inmovilismo político, sostenido tanto por la represión estructural como por una atención internacional intermitente. En este marco, cualquier cambio significativo no solo parece lejano, sino profundamente desconectado de la experiencia cotidiana de una población que vive atrapada entre la disciplina del Estado y el deseo persistente, aunque silencioso, de una vida distinta.

El pasado primero de marzo, se dio por finalizado el Carnaval en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el tradicional entierro de la sardina, este último día se conmemora con la quema de una figura gigante que representa a un pez, en varios municipios de España se suele hacer el miércoles de ceniza, siendo una forma de enterrar simbólicamente el pasado. Así damos por finalizado, al menos en España, el periodo de Carnaval, unas semanas donde la fiesta, la Iglesia y rituales milenarios unen a millones de personas en celebraciones que guardan mucha historia e impacto socioeconómico y cultural. Origen y religiosidad Para hablar de los carnavales, primero debemos entender el cambio de fechas que sufre cada año, esto se debe a que los carnavales son una fiesta religiosa que se rige por el calendario litúrgico cristiano, en éste, la Semana Santa se celebra el domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Esta decisión se remonta al Concilio de Nicea I en el año 325, en esta reunión eclesiástica se establecieron determinadas reglas para la celebración de la Pascua de Resurrección, que incluyen la celebración exclusiva en domingo, evitando la coincidencia con la Pascua judía. A partir de esta fecha se calculan los cuarenta días de Cuaresma, periodo de ayuno, penitencia y reflexión, que culmina en la Pascua, situando el carnaval inmediatamente antes del inicio de la Cuaresma, funcionando como un umbral entre el exceso permitido y las restricciones que vienen después. Antes de la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, se celebraba una festividad llamada “Carrus Navalis” la cual era una celebración popular que se hacía posterior a las Saturnales y de donde se cree que viene el nombre de “Carnaval”. Además, civilizaciones como los Teutones y los Celtas ya realizaban en fechas próximas al inicio de la primavera (antes del 20 de marzo) rituales y celebraciones para conmemorar el fin del invierno y la llegada del buen tiempo, beneficioso para los cultivos. Patrimonio, historia y cultura El carnaval es una fecha que se celebra principalmente en países con una fuerte tradición católica, teniendo fiestas como las de Oruro en Bolivia y Barranquilla en Colombia, donde la mezcla de tradiciones cristianas y antiguos rituales con orígenes prehispánicos dan como resultado unas celebraciones que a día de hoy son los únicos dos carnavales incluidos en la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Siendo el de Barranquilla uno de los más grandes del mundo con 5 millones de visitantes anuales, en éste, se realizan desfiles folklóricos, cantan orquestas y la población suele disfrazarse de la Marimonda, una sátira de las clases altas creada en el siglo XIX. Por su parte, el carnaval de Oruro fue reconocido en 2001 por la UNESCO, en este se observa la herencia del pueblo indígena Uru, que realizaba ceremonias en el territorio que hoy ocupa la ciudad. Tras la colonización española, Oruro fue refundada, pero continuó siendo un centro sagrado donde las comunidades indígenas mantuvieron sus prácticas rituales. Durante las fiestas se realiza la “Diablada”, danza que simboliza la lucha entre el bien y el mal, así como la peregrinación hacia la virgen del Socavón. Asimismo, cabe destacar que la ciudad de Oruro se encuentra a más de 3.700 metros de altura, lo que convierte a este carnaval como el celebrado a mayor altitud en el mundo. Turismo y fiesta Una de las celebraciones más grandes y famosas durante las fechas del Carnaval la encontramos en Brasil, que éste año registró entre turismo local e internacional unos 65 millones de personas que participaron en los carnavales de las principales ciudades brasileñas, como son São Paulo, Salvador, Belo Horizonte y Rio de Janeiro, esto, según el Ministerio de Turismo, representó un 22% más que el año anterior. En el caso de Río de Janeiro, la ciudad lleva años situándose como el epicentro del carnaval a nivel mundial, superando los 8 millones de asistentes durante la principal semana de carnaval y recibiendo más de 800 millones de euros en ingresos. En Brasil, el carnaval se conforma por diferentes tipos de expresiones culturales. Una de las principales es el desfile de las escuelas de samba, éstas tienen un sistema asociativo complejo donde organizan las competiciones y espectáculos públicos en los que participan, las primeras escuelas nacieron a finales del siglo XIX en Río de Janeiro ligadas a la propia historia del carnaval. También se realizan los tradicionales bailes de máscaras, las fiestas móviles de los blocos de embalo (bandas callejeras) seguidos por sus juerguistas disfrazados, así como las bandas de rúa y blocos de enredo, en un ambiente que busca dar una imagen internacional de diversidad cultural, musical y sexual. Siguiendo en este lado del charco, otro de los carnavales más populares del mundo es el Mardi Gras en Nueva Orleans, está fiesta ve sus inicios con la colonización francesa del territorio en el siglo XVIII. Sin embargo, el carnaval no comenzó a coger forma hasta 1872 cuando, oficialmente, se incentivó a personas de otros Estados para asistir a los eventos organizados en la ciudad. En este sentido, el carnaval de Nueva Orleans es considerado un museo viviente, con eventos que inician desde el 6 de enero, donde se puede ver un ambiente festivo cargado de músicos callejeros y carrozas, siendo protagonista la música jazz, originaria de la ciudad. Otro dato llamativo del carnaval de Nueva Orleans son las prácticas de santería y vudú en las calles para ahuyentar a los malos espíritus, este dato aunque no es muy conocido, es algo que caracteriza a la ciudad, debido a que estas creencias fueron introducidas a través de los migrantes haitianos que llegaron a Luisiana por la revuelta de esclavos que hubo en Haití en 1791, uniendo así prácticas religiosas de origen africano con una festividad cristiana como es el carnaval. Cada año este carnaval suele atraer a la ciudad un aproximado de un millón y medio de turistas, en su mayoría estadounidenses de otros Estados, siendo una de las fiestas más grandes del país. España, carnavalero por excelencia En España, nunca mejor dicho, los carnavales son una fiesta sagrada, iniciando en muchas ciudades sus preparativos meses antes de la semana principal. Aunque en España no hay ni un solo pueblo donde no se celebre el carnaval, hay que señalar en este artículo los que se posicionan firmemente en el mapa internacional, siendo el número uno en la lista el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El Carnaval de Santa Cruz, fue de los pocos carnavales que durante la dictadura franquista no fueron prohibidos, ya que se continuó celebrando bajo la denominación de “fiesta de invierno”, las celebraciones inician días antes de la semana principal con la elección de la reina y los concursos de murgas. Asimismo, durante el carnaval de día, agrupaciones de baile recorren la ciudad al ritmo de la música, y de noche continúa la fiesta con dos escenarios principales y las tradicionales carrozas. Este año, el último sábado de carnaval congregó a más de 400 mil personas con actuaciones de artistas como Nicky Jam y Sebastian Yatra, siendo estos los últimos en una larga lista de artistas latinos que han actuado en el Carnaval de Santa Cruz, teniendo en cuenta la conexión histórica de Tenerife con Latinoamérica, especialmente con el caribe, que da al carnaval un ritmo especial por el uso constante de géneros musicales como son la bachata, la salsa o el merengue. Artistas como Celia Cruz, en su famosa actuación en 1987 darían al carnaval de Santa Cruz un Record Guiness, siendo éste la mayor concentración de personas en una plaza para asistir a un concierto al aire libre en dicho año, situación que conmovió a la artista que en su máxima expresión de amor a la isla dijo: “Tenerife, señores, ustedes me han dado mucho, pero mucho, tanto que yo no esperaba, entonces, estoy en deuda con ustedes”. Sin salir de Canarias, tenemos el carnaval de Las Palmas, que este año reunió a más de 800 mil personas en su semana principal, fiestas que suelen extenderse un par de días más que en Santa Cruz para no coincidir con el carnaval de dicha ciudad. En Gran Canaria las celebraciones suelen estar envueltas en un ambiente de orgullo y diversidad, siendo famosa a nivel mundial la Gala Drag Queen celebrada en el meridiano del carnaval, aquí, los artistas realizan una actuación teatral donde se suele representar alguna problemática social. Recientemente el Gobierno de Canarias aprobó en sesión plenaria solicitar a la Dirección General de Patrimonio que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Los Indianos en La Palma, sean declarados Bienes de Interés Cultural. Otro carnaval español que atrae anualmente más de 250 mil visitantes es el de Cádiz, este se caracteriza por su fuerte componente satírico y político, sus orígenes se pueden ubicar en el siglo XVI, cuando la intensa actividad comercial de Cádiz con Italia introdujo elementos culturales del carnaval adriático. A diferencia de otros carnavales más centrados en el espectáculo visual, el de Cádiz gira en torno a la música y la actuación como formas de crítica social, donde las agrupaciones carnavalescas, como chirigotas, comparsas, coros y cuartetos, interpretan canciones satíricas que abordan temas políticos, sociales y culturales de actualidad. Estas actuaciones también tienen un componente competitivo, realizando el tradicional Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), celebrado en el Gran Teatro Falla, que dura varias semanas y es seguido por miles de espectadores tanto presencialmente como a través de retransmisiones televisivas, manteniendo una fuerte dimensión popular y participativa, con actuaciones espontáneas en calles y plazas del casco histórico. Se suele pensar por extensión de tiempo, que el Cádiz es el más largo de España desde que inicia hasta que acaba. No obstante, con más de 5 semanas de duración, el premio se lo lleva el Entroido de Xinzo de Limia, en Ourense. Declarada fiesta de Interés Turístico Nacional, dura nada más y nada menos que cinco semanas, en este tiempo, tienen lugar diferentes citas como el domingo Fareleiro, que consiste en una batalla de harina, el domingo Oleiro, en el que se lanzan vasijas de barro al aire y, finalmente, el famoso entierro de la sardina. El Carnaval también es mediterraneo Uno de los carnavales más famosos del mundo lo encontramos en Italia, éste es el carnaval de Venecia, que tiene su orígen en la Edad Media, alcanzando su mayor esplendor durante los siglos XVII y XVIII cuando la República de Venecia era uno de los centros comerciales y culturales más importantes del Mediterráneo. Las celebraciones tenían una función social específica, las máscaras permitían difuminar las diferencias entre clases sociales, creando un espacio temporal donde nobles, comerciantes y ciudadanos podían interactuar sin las restricciones habituales de la estructura social impuesta, siendo una especie de ritual donde las jerarquías eran suspendidas. El carnaval fue prohibido tras la caída de la República de Venecia en 1797, cuando Napoleón ocupó la ciudad, causando que durante casi dos siglos la celebración desapareciera prácticamente de la vida pública, siendo en 1979 cuando las autoridades italianas impulsaron su recuperación como parte de una estrategia de revitalización cultural y turística de la ciudad. En la actualidad, el Carnaval de Venecia se celebra durante aproximadamente dos semanas y atrae cada año a más de 2 millones de visitantes con celebraciones que incluyen desde desfiles y espectáculos en la Plaza de San Marcos hasta eventos culturales que recrean la estética aristocrática del pasado veneciano, donde el público se disfraza con trajes coloridos y muy elaborados, sin olvidar sus distintivas máscaras. En Francia tenemos otro carnaval a las orillas del mediterráneo que es imposible que pase desapercibido, este es el carnaval de Niza, uno de los más importantes del país y con más reconocimiento internacional. Las primeras referencias que se tiene de este se remontan al siglo XIII, aunque la forma moderna del carnaval comenzó en el siglo XIX, coincidiendo con el auge de Niza como destino turístico para la aristocracia europea, durante el periodo conocido como la Belle Époque, siendo este un evento institucionalizado y organizado por las autoridades locales con el objetivo de atraer visitantes durante la temporada invernal. El Carnaval de Niza se caracteriza por sus grandes desfiles de carrozas monumentales, conocidas como chars que representan figuras satíricas, personajes políticos o temas de actualidad social. Estas carrozas, elaboradas con gran detalle artístico, se acompañan de espectáculos musicales, disfraces y comparsas, siendo la “Bataille de Fleurs” (Batalla de Flores) uno de los momentos más destacados del carnaval, debido al desfile de carrozas decoradas con flores que son lanzadas al público, celebrando la tradición florícola de la región de la Costa Azul. Conclusión Más allá de ser simplemente una época del año destinada a la celebración y el disfrute, los carnavales reflejan la evolución de las sociedades a lo largo de los siglos y la permanencia de tradiciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, demostrando cómo los carnavales han funcionado históricamente como un periodo de ruptura temporal con la vida cotidiana, permitiendo espacios de transgresión, expresión cultural y participación social. En España, carnavales como los de Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria o Badajoz ilustran la diversidad de formas que puede adoptar esta celebración, desde grandes eventos con proyección turística internacional hasta manifestaciones populares donde la sátira política y la crítica social ocupan un lugar central, a su vez, carnavales como los de Venecia o Niza evidencian cómo estas festividades han sido progresivamente integradas en estrategias de promoción cultural y turística, atrayendo cada año a cientos de miles de visitantes. Estar en los carnavales, es presenciar la historia viva de la humanidad, tradiciones como el Busójárás en Hungría, el Kukeri en Bulgaria o la batalla de naranjas en la ciudad italiana de Ivrea, constituyen unas muestras de identidad propias que sólo puedes ver estando allí. El carnaval constituye mucho más que una simple fiesta, representa un fenómeno cultural capaz de reflejar los cambios históricos, las identidades colectivas y las dinámicas sociales de los territorios donde se celebra, su continuidad a lo largo del tiempo demuestra la capacidad de las sociedades para preservar y reinterpretar sus tradiciones, adaptándolas a nuevos contextos sin perder su valor simbólico y cultural.

El pasado 12 de febrero de 2026 Bangladés celebró elecciones generales para escoger a los 300 miembros del Jatiya Sangsad –Parlamento nacional nepalí–. Los comicios se desarrollaron en un contexto tenso y excepcional: la caída del gobierno de Sheik Hasina en 2024, un periodo gubernamental interino liderado por Muhammad Yunus y la exclusión de uno de los partidos históricos bangladesíes, la Liga Awami. Las elecciones han representado un punto de inflexión en Bangladés, dando finalmente lugar a una amplia victoria del Partido Nacionalista de Bangladés –BNP–, encabezado por Tarique Rahman, quien se ha convertido en su vigésimo y nuevo primer ministro. Contexto político previo a las elecciones El origen de estas elecciones se encuentra en la profunda crisis política y social que atravesó Bangladés durante 2024. En dicho año, la Liga Awami, encabezada entonces por la primera ministra Sheik Hasina, ganó las elecciones generales en unos comicios muy cuestionados tanto por observadores internacionales como por la oposición. Diversos gobiernos y organismos internacionales consideraron que los resultados no habían sido libres ni justas. En consecuencia, en  junio de 2024 estalló un movimiento de protestas en todo el país, inicialmente centrado en la reforma del sistema de cuotas para los empleos públicos. Las manifestaciones, lideradas en gran medida por jóvenes y estudiantes asociados al movimiento de la “Generación Z”, fueron severamente reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, lo que derivó en una escalada de las movilizaciones y un incremento de la desobediencia civil. La crisis culminó el 5 de agosto de 2024, cuando Sheik Hasina renunció al cargo y abandonó el país rumbo a la India. Posteriormente, el Parlamento fue disuelto y se estableció el gobierno interino del economista y Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus. Asimismo, durante el año de periodo transitorio, se produjeron importantes decisiones judiciales y políticas. Entre estas, destaca la suspensión de la Liga Awami y su prohibición para participar en elecciones por decisión del gabinete del gobierno interino a través de las declaraciones del asesor jurídico del Ejecutivo, Asif Nazrul, aplicándose en virtud de la ley antiterrorista del país. Además, Sheik Hasina fue condenada el 17 de noviembre de 2025 por el tribunal especial de Daca –International Crimes Tribunal– a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas –1,400 muertos según las Naciones Unidas–. Finalmente, como hecho destacado del pasado año, la líder opositora Khaleda Zia, ex-primera ministra bangladesí en dos ocasiones y figura clave del BNP, falleció el 30 de diciembre de 2025 tras una larga enfermedad. La muerte de Zia –figura clave en la oposición democrática tras el régimen militar de la década de los 90's– supuso la desaparición de una etapa política en el país, debilitando la figura del partido. Sistema electoral y organización del proceso El Parlamento de Bangladés cuenta con 350 miembros, compuestos por una elección de 300 miembros que representan a 300 circunscripciones parlamentarias –Nirbacani elaka ( নির্বাচনী এলাকা) – y 50 escaños reservados para mujeres, distribuidas en función de la posición de los partidos elegidos en la Cámara. Los escaños son escogidos por sistema de votación mayoritaria simple en las circunscripciones uninominales.   Cada legislatura tiene una duración de cinco años –artículo 72.3 de la Constitución bangladesí– y los diputados son elegibles en caso de superar los veinticinco años, no tener doble nacionalidad y ser ciudadano bangladesí, según el artículo 66 de su Constitución. Además, los miembros pueden estar o no afiliados a un partido político y ser reelegidos de forma indefinida. Un dato curioso, especialmente por la corrupción sistémica tradicional de las elites políticas del país es que, un miembro parlamentario no puede ser presentable a diputado nacional si ha cumplido una condena de hasta dos años de prisión, a no ser que haya cumplido dicho periodo cinco años antes de las elecciones, lo que ha generado que antiguos imputados por corrupción sean hoy parlamentarios. Otro dato a considerar es la posibilidad de la doble afiliación. En Bangladés, el artículo 71 de su carta magna permite que las personas sean candidatas en más de una circunscripción. No obstante, en caso de ganar en varias circunscripciones el estaño, habrán de renunciar a los mismos en favor de uno solo. Esto es una costumbre utilizada especialmente por líderes partidistas, como Sheik Hasina, Zillur Rahman o Khaleda Zia, lo que les ha posicionado a nivel nacional. Asimismo, el gobierno interino introdujo reformas relevantes. Entre ellas, se ha reintroducido el “no voto” –pudiendo emitir un voto en blanco o nulo en lugar de votar automáticamente por ese candidato, lo que ha perjudicado a ciertos partidos tradicionales acostumbrados a adquirir votos de tal forma– en circunscripciones con un único candidato y la posibilidad de que los ciudadanos bangladesíes en el extranjero pudieran votar por primera vez. Además, al introducirse el “no voto”, en caso de que en alguna circunscripción se imponga éste sobre los candidatos, las votaciones pueden ser anuladas y nuevamente convocadas, reflejando la voluntad de los votantes de forma más democrática. Electorado y candidaturas El censo electoral final registró 127,7 millones de votantes, lo que muestra el tamaño del electorado de uno de los países más poblados del planeta. De ellos, cerca de 65 millones fueron hombres y 63 millones fueron mujeres. La participación electoral aumentó un 2,3% en el caso de los varones y un 4,16% en el de las mujeres. No obstante, la participación general se redujo en comparación a comicios previos, alcanzando apenas el 60%, mostrando los efectos de la eliminación de la Liga Awami y el hartazgo y descontento ciudadano, sobre todo en sectores tradicionalistas y jóvenes. Inicialmente se presentaron cerca de 2,582 candidaturas en las 300 circunscripciones electorales. Tras el proceso de validación, la Comisión electoral declaró inválidas 723 candidaturas, quedando 1842 candidatos en la nominación primaria y 1981 en la final. Estas últimas elecciones han destacado por el aumento del número de candidatas, especialmente dentro del BNP y el Partido Ciudadano Nacional. Asimismo, el panorama político se reconfiguró notablemente, destacando cuatro perfiles políticos, de los cuales surgieron los actuales líderes nacionales tras los últimos comicios llevados a cabo. En primer lugar no podemos pasar por alto a Tarique Rahman, Presidente del Partido Nacionalista Bangladesí (Secretario General desde 2018 desde el exilio) y actual primer ministro nacional tras su amplía victoria en febrero. Rahman, hijo de la ex-primera ministra Khaleda Zia y del fundador del BNP y expresidente, Ziur Rahman, ha sido destacado por su perfil polarizador debido a las acusaciones relacionadas con un ataque con granadas en 2004 contra miembros opositores y su exilio en el Reino Unido durante los 17 años previos a las elecciones de 2026. Su campaña se ha focalizado en el cambió político y la reconstrucción del Estado democrático, focalizándose en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del multipartidismo. Otra gran figura es la de Shafiqur Rahman, actual líder de la oposición. Rahman ha sido líder del Bangladesh Jamaat-e-Islami Party, además de principal figura opositora al actual Ejecutivo. Médico de formación, empresario y dirigente experimentado, inició su vida política durante la década de 1970, afiliándose a organizaciones estudiantiles hasta incorporarse a su partido. Ascendió en las estructuras internas del partido, habiendo sido previamente Secretario General del mismo. Rechaza alianzas electorales con ciertos partidos, afirma que apoya a una Bangladés unida religiosamente y promete un desarrollo basado en principios que él asocia con el Islam, aunque sin transfomar al país en “otro Estado”. Seguidamente, destaca Nahid Islam, del National Citizen Party. Actual Chief Whip de la oposición parlamentaria, actúa como voz representativa en coalición. Antiguo estudiante de la Universidad de Dhaka, destaca por sus compromisos en movimientos sociales y derechos civiles. Se hizo conocido internacionalmente por su papel en la movilización contra el sistema de cuotas discriminatorias, que fue un factor clave en los levantamientos de 2024, cuando fue detenido y maltratado por fuerzas de seguridad, aumentando su apoyo público. Tras la caída del anterior gobierno, formó parte del Ejecutivo interno, encargado de Correos, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y posteriormente de Información y Radiodifusión hasta crear el NCP.  Su partido ha resonado como una alternativa joven e independiente, con un programa orientado a reformas estructurales, un enfoque en la justicia social y una nueva constitución.   Por otro lado, está el liderazgo de Syed Rezaul Karim, conocido como Charmonai Pir. Erudito islámico y político, con estudios superiores en jurisprudencia fiqh y hadiz –islámica– y educación religiosa en las universidades Jamia Islamia Darul Uloom Madania y Charmonai Jamia Rashidia Islamia. Karim es líder del Islami Andolan Bangladesh desde 2006, tras heredar el liderazgo que comenzó con su padre, Syed Fazlul Karim, fundador del partido. Bajo su dirección, el partido ha mantenido una agenda política basada en la implementación de los principios básicos del Islam en lavida pública y el Estado, posionándose frente a partidos seculares o reduccionistas al desarrollo materialista. Paralelamente, ha insistido en la seguridad y derechos de minorías religiosas bajo un gobierno guiado por los valores islámicos. Resultados electorales Los resultados han conformado el regreso al poder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que ha obtenido una victoria más que contundente. De tal forma, la distribución de escaños (los 300 escogibles por circunscripción, a falta de los 50 escaños reservados para mujeres todavía por decidir) ha sido la siguiente: BNP (Tarique Rahman): 208 escaños. Jamaat-e-Islami: 68 escaños. Partido Ciudadano Nacional: 6 escaños. Bangladesh Khelafat Miajlis: 2 escaños. Partido Jatiya de Bangladesh: 1 escaño. Ganosamhati Andolan: 1 escaño. Partido Republicano: 1 escaño. Khelafat Majlis: 1 escaño. Islami Andolon Bangladesh: 1 escaño. Partido independiente INDIANA: 7 escaños. Otros: 4 escaños. Con esta mayoría de más de dos tercios del Parlamento, el BNP ha adquirido una posición política dominante que le permite gobernar cómodamente y promover reformas institucionales. Al mismo tiempo, en el referéndum constitucional celebrado junto a las elecciones, aproximadamente el 60% de los votantes respaldó las reformas democráticas introducidas, entre las que destacan la limitación de los mandatos del primer ministro, la creación de una nueva cámara alta parlamentaria, el reforzamiento del papel presidencial o el aumento de la independencia judicial. Actualmente, el Parlamento se ha dividido en dos grandes alianzas. Por un lado, la alianza opositora “Alianza de los 11 partidos”, de corte islámico conservador formada por: Jamaat, PNC, BMK, Khelafat Majlis, Bangladesh Khialafat Andolan, Partido Nizam-e-Islam, BDP, Partido Jatiya Ganotantrik, PLD, Partido Amar Bangladés y el Partido Laborista de Bangladés. Dicha alianza está encabezada por Jamaat y conforman un total de 77 escaños. Por otro lado, el BNP ha logrado pactar con el BJP, el GSA y el Partido Republicano, de corte más centrista y de ideologías liberales y económico-liberales.   Retornando a la “Alianza de 11 partidos”, esta se creó el 19 de octubre de 2025 por inicialmente 8 partidos con ideas islámicas afines. En enero de 2026, se unieron tres partidos más, convirtiéndose oficialmente en la alianza de los once. Sus objetivos eran el establecimiento de la base jurídica de la Carta de Julio, garantizar condiciones de juego equitativas para unas elecciones justas, la exigencia de justicia para la masacre de julio, la realización de un referéndum antes de las elecciones y la prohibición de actividades de partidos rivales como Jatiya y Gran Alianza. La estrategia electoral utilizada fue la política de casilla única, en la que un solo candidato por circunscripción representaba a toda la alianza. Sin embargo, las tensiones internas, especialmente por la inclusión del NCP junto a Jamaat, provocó dimisiones internas en el NCP, afectando negativamente a la alianza. Además, se denunciaron irregularidades y fraudes atribuidos al partido Jamaat en varias circunscripciones, finalizando con tan solo 77 escaños de 4 de los once partidos, marcando una pérdida sustancial del poder de la oposición frente al Ejecutivo. Partido Escaños Líder Alianza BPNP 208 Tarique Rahman BNP Jamaat 68 Shafiqur Rahman Alianza de 11 partidos PNC 6 Nahid Islam Alianza de 11 partidos BKM 2 Syed Uddin Ahmad Hanzala Alianza de 11 partidos BJP 1 Andaleev Rahman BNP GSA 1 Saki Zonayed BNP Partido Republicano 1 Nurul Haque Nur BNP KM 1 Muhamed Abul Hasan Alianza de 11 partidos IAB 1 Ali Ullah Otros INDIANA 7 - Otros Vacante 4 - - Consecuencias políticas Tras la publicación de los resultados y la ilegalización del partido Liga Awami, Tarique Rahman se preparó para asumir el cargo de primer ministro, poniendo fin al periodo interino de Muhammad Yunus.  La victoria del BNP simboliza el regreso al poder de la principal fuerza opositora tras más de quince años de dominio de la izquierdista Liga Awami. Al mismo tiempo, abre un nuevo periodo de transición institucional en el país, marcado por la promesa de reformas democráticas y por el reto de estabilizar un sistema profundamente polarizado. Asimismo, las protestas que provocaron la caída del gobierno estuvieron protagonizadas y enmarcadas por la llamada Generación Z. Este factor indica una creciente politización de la juventud y una transformación en la cultura política de un país que ha logrado extender sus métodos a otros escenarios en favor de una reclamación común, el fin de la represión. En consecuencia, países como Perú, Nepal, Indonesia, Kenia o Marruecos, entre otros, han experimentado revueltas similares, aunque, a excepción de Nepal, con escasos resultados comparables a los bangladesíes. Bangladés sigue manteniendo numerosos desafíos, como la reconstrucción de instituciones democráticas, la gestión de una polarización política muy elevada, el impulso de reformas económicas y sociales, y, sobre todo, la garantización de la estabilidad tras años de crisis constantes. Perspectivas futuras y conclusiones El nuevo gobierno de Rahman llega al poder con un amplio margen parlamentario y con expectativas de implementar reformas profundas demandadas por su pueblo. Sin embargo, el éxito dependerá de sus capacidades para, especialmente, consolidar un sistema pluralista que no tienda al autoritarismo, la respuesta a las demandas sociales y el mantenimiento de la estabilidad de 170 millones de personas.   El regreso del BNP abre un renovado equilibrio de fuerzas políticas, pero la exclusión de la Liga Awami plantea interrogantes sobre la competitividad electoral. Para ello será clave la inclusión de nuevos actores y movimientos sociales emergentes, como la Generación Z; la garantización de que las elecciones han sido justas y que en ciclos futuros sean responsables y la refuerza de la independencia de instituciones como la Comisión Electoral y el poder judicial. Además, las desigualdades regionales y de género, así como la modernización del empleo público, los derechos laborales y la transparencia en la asignación de cuotas son tareas pendientes. Para ello, se precisarán de mecanismos democráticos estables, difícilmente alcanzables de forma rápida, tales como: el impulso de procesos de diálogo con adversarios políticos y líderes comunitarios, el fortalecimiento de programas de educación cívica que promuevan los valores democráticos y tolerancia, así como el desarrollo de políticas de memoria histórica y justicia transicional que reconozcan los eventos de 2024, entre otros, sin reabrir heridas. De igual forma, los resultados son realmente relevantes cara al entorno regional. Fronterizo con India, Myanmar y el Golfo de Bengala, Bangladés depende de flujos comerciales, migratorios y de la estabilidad regional entre potencias. El nuevo gobierno, deberá reforzar las relaciones diplomáticas, participar activamente en organismos regionales como la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional y la ASEAN Dialogue Partners, así como en la gestión de desafíos transfronterizos, como la grave crisis de refugiados rohingya en el oeste del país y las disputas marítimas. La sostenibilidad de las reformas tampoco quedarán exentas del fortalecimiento institucional y tecnológico. Digitalizar servicios, promover transparencia, implementar sistemas de rendición de cuentas o promover la educación tecnológica y la innovación, así como la lucha inteligente contra la polución y contaminación ambiental son retos para el nuevo gobierno, especialmente sensibles en un contexto altamente polarizado. La falta de experiencia en gobernanza , las posibles tensiones internas dentro del partido, las alianzas parlamentarias, la fuerza práctica de la oposición islámica o las presiones de las sociedad civil para evitar retrocesos autoritarios, marcarán el futuro de Bangladés, Estado que mira hacia un horizonte todavía difuso para millones de ciudadanos Créditos foto: By ROCKY - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183797056 .

El 11 de febrero de 2026 Barbados celebró elecciones generales,  marcando un hito en la historia política reciente de la isla. La Primera Ministra Mia Mottley, del Partido Laborista de Barbados (BLP), ha logrado un tercer mandato consecutivo, consolidando su liderazgo una vez más, asegurando la hegemonía de su partido en el Parlamento barbadense. Esta victoria no solo refleja la confianza del electorado en su gestión, sino que proyecta a la pequeña isla caribeña como un actor confiable y estable en la región, con implicaciones claras para la política regional y la diplomacia internacional. Participación electoral y clima político Las elecciones se realizaron con una participación ligeramente superior al 40% en un total de 542 urnas distribuidas en los treinta distritos barbadenses, lo que demuestra un cierto compromiso ciudadano en un país con una democracia bien consolidada desde su independencia del Reino Unido en 1966. Este nivel de participación es un indicativo de que los barbadenses todavía son conscientes de la importancia de su voto, especialmente en un contexto donde la estabilidad política y la continuidad de políticas económico-sociales son prioritarias. No obstante, la caída de casi tres puntos respecto a las pasadas, puede responder tanto al hartazgo político tradicional de un sistema que no favorece el cambio electoral ni partidista o la excesiva confianza en la reelección de Mottley como Primera Ministra, quién ya contaba con 29 de los 30 escaños a conseguir. La convocatoria anticipada de las elecciones fue una estrategia de Mottley para capitalizar la popularidad de su administración, reforzando su mandato y generando un clima de expectativa mediática y análisis político tanto local como internacional.   Por su parte, Barbados se encontraba en un periodo previo focalizado en la economía post-pandemia, la recuperación de empleos en el sector terciario  y la recuperación financiera. Asimismo, otro de los temas estratégicos ha sido la gestión medioambiental, impulsada por la vulnerabilidad del Estado a huracanes y la subida del nivel del mar, lo que ha obligado a que las últimas administraciones barbadenses destinen más recursos para la lucha contra el cambio climático. De igual forma, Barbados, bajo la gobernanza de Mottley, ha estado mucho más presente en fotos de sostenibilidad, cooperación económica y cumbres internacionales que antaño. En consecuencia, el gasto en viajes de Estado, vuelos internacionales y materia exterior se ha incrementado, pero las inversiones al país también lo han hecho. Análisis histórico del sistema electoral barbadense Barbados, al igual que muchas antiguas colonias británicas, utiliza el sistema de circunscripción uninominal “first-past-the-post” (FPTP). Cada uno de los treinta distritos nacionales escoge, por lo tanto, un solo representante por territorio, ganando el escaño el partido con más votos. Este sistema ha servido históricamente a Barbados como método garantista de alternancias de poder claras entre los partidos mayoritarios: BLP y DLP, los cuales solían cambiar de gobierno a oposición tras dos o tres mandatos. Además, este sistema ha permitido la creación de mayorías parlamentarias muy estables –generalmente por encima de la mayoría absoluta en todas las administraciones–, evitando bloqueos legislativos prolongados.   De tal forma, desde la victoria de Mottley en 2018, se ha podido observar una superación constante en cada una de sus elecciones. Con su llegada hace nueve años, logró un máximo histórico, logrando los treinta escaños parlamentarios totales, hecho que ha vuelto a lograr este 2026, acabando con el único escaño independiente ligado al Partido Democrático Laborista de Joseph Atherley, quién antiguo miembro del BLP se proclamó Líder de la Oposición en favor del PDL en 2018. El sistema electoral barbadense permite una clara gobernabilidad y una mayor responsabilidad del partido electo frente a sus electores. Así mismo, las mayorías fuertes logran la implementación de políticas de forma rápida y eficaz, hecho esencial en una isla donde los problemas nacionales están estrechamente ligados a las problemáticas locales de cada municipio o departamento, siendo la relación entre el poder y el ciudadano más cercana que en democracia con territorios y poblaciones mucho mayores.   Por el contrario, dicha forma electoral subrepresenta minorías y evita el surgimiento de nuevos partidos. En consecuencia, tiende a crear cierta distorsión entre el porcentaje de votos y los escaños obtenidos. Por ejemplo, el BLP ha ganado todos los escaños parlamentarios, aunque en algunos distritos los márgenes no han sido abrumadores, lo que puede generar una limitación de pluralidad política, especialmente cuando la isla atraviesa contextos de volatilidad política –hecho que en estas elecciones Mottley no ha sufrido–. Perfil de los candidatos y estrategias electorales Mia Mottley En primer lugar, resulta imprescindible abordar la figura de Mia Mottley (BLP). La dirigente barbadense se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra en la historia del país, circunstancia que la proyectó rápidamente como una de las líderes más influyentes del Caribe y una referencia política femenina en el continente internacional. Sin embargo, su relevancia no deriva únicamente del simbolismo institucional, sino de una combinación poco frecuente en la isla de liderazgo doméstico reformista y proyección diplomática global. En el plano interno, el gobierno de Mottley impulsó un programa de estabilización económica tras la crisis fiscal de 2018, basado en reformas financieras, reestructuración de deuda y modernización institucional. Estas medidas han permitido reducir progresivamente el peso de la deuda pública y recuperar la credibilidad macroeconómica internacional. Paralelamente, su administración desarrolló políticas sociales expansivas –incrementando el salario mínimo, ampliación de pensiones y programas de protección social– junto con reformas de gobernanza, legislación anticorrupción y modernización del sistema judicial. A todo ello, se suman inversiones estratégicas en transición energética, transporte público eléctrico e infraestructuras productivas vinculadas a la economía verde y la resiliencia climática. No obstante, el elemento diferencial de su liderazgo ha sido su extraordinario éxito exterior. Mottley ha transformado a Barbados en un actor normativo relevante dentro del debate global sobre cambio climático y financiación internacional. A través de la denominada Bridgetown Initiative, impulsó reformas del sistema financiero internacional orientadas a facilitar la financiación climática y mecanismos innovadores como los debt-for-climate swaps, posicionando al país como un referente de los Estados insulares más vulnerables. Esta estrategia ha convertido a Barbados en ejemplo diplomático en materia de justicia climática y gobernanza económica global, ampliando su influencia mucho más allá de su escaso peso tradicional en la geopolítica mundial. Su visibilidad internacional se ha reforzado además mediante liderazgo en iniciativa multilaterales y climáticas, incluyendo programas globales de acción juvenil o sostenibilidad, además de reconocimientos internacionales que consolidaron su imagen como líder moral y técnica dentro del Sur Global. En consecuencia, la campaña electoral de 2026 se ha articulado menos como una contienda ideológica clásica y más como un comicio sobre estabilidad, gestión de crisis y prestigio internacional. El Barbados Labour Party ha sostenido una narrativa centrada en tres pilares: continuidad reformista, solvencia económica tras el golpe de la pandemia al sector turístico y capital diplomático. El resultado ha sido una victoria aplastante, con un BLP obteniendo nuevamente todos los escaños parlamentarios, confirmando que la proyección internacional de Barbados se había convertido en un activo político doméstico clave. De este modo, el caso Mottley evidencia cómo un liderazgo capaz de internacionalizar la identidad nacional; no mediante símbolos culturales o figuras mediáticas, sino mediante una agenda política global; puede traducir en legitimidad electoral interna, algo que ningún gobierno barbadense había logrado previamente.   Verla De Pieza (DLP) En contraste con el liderazgo dominante de Mia Mottley, resulta necesario analizar la figura de Verla De Pieza, líder del Democratic Labour Party (DLP), quien ha encabezado el principal intento de reconstrucción de la oposición política barbadense tras el colapso electoral sufrido por su partido en 2018 y 2022, quedando fuera del Parlamento. Su liderazgo se ha desarrollado en un contexto muy particular: un sistema político altamente polarizado y una opinión pública todavía marcada por los efectos de la crisis económica heredada del último gobierno del DLP. De Pieza ha tratado de reposicionar al partido mediante una estrategia centrada en la renovación institucional y la crítica técnica a la gestión gubernamental, alejándose del enfrentamiento personalista y apostando por un discurso basado en gobernanza, control del gasto público y sostenibilidad fiscal a largo plazo. Su narrativa política ha buscado enfatizar los riesgos de una excesiva dependencia del liderazgo personal de la Primera Ministra y alerta sobre posibles vulnerabilidades económicas estructurales derivadas del endeudamiento externo (105%) y de la exposición climática nacional. No obstante, uno de los principales obstáculos de su campaña ha sido la incapacidad de competir con el capital simbólico internacional acumulado por el gobierno. Mientras el ejecutivo proyectaba a Barbados como actor influyente en la diplomacia climática global, el DLP ha ido quedando encasillado en un discurso predominantemente doméstico, menos visible y con menor capacidad de movilización. Esta asimetría comunicativa ha dificultado transformar críticas programáticas en apoyo electoral efectivo. De cara a la campaña de 2026, la estrategia de De Pieza se ha orientado a presentar al DLP como una alternativa de equilibrio institucional frente a un gobierno percibido como hegemónico, defendiendo la necesidad democrática de una oposición funcional dentro del sistema parlamentario. Sin embargo, la estabilidad económica relativa, el prestigio internacional del país y la percepción de liderazgo sólido del gobierno han limitado significativamente su margen electoral, quedando finalmente fuera del Parlamento nuevamente. En consecuencia, el caso de Verla De Pieza ilustra un fenómeno recurrente en pequeños Estados parlamentarios: cuando el liderazgo gubernamental logra convertir la política exterior en legitimidad doméstica, la oposición enfrenta enormes dificultades para articular una narrativa competitiva, incluso cuando presenta críticas coherentes. Resultados y significado político El BLP ha obtenido la totalidad de los escaños parlamentarios, consolidando un mandato sin precedentes. Mientras, el partido DLP ha quedado relegado a la práctica extraparlamentaria, resquebrajando la pluralidad parlamentaria de la Cámara. Este hecho puede hacernos intuir una continuidad de políticas, especialmente de ámbito económico y social. Asimismo, la capacidad de implementar reformas sin resistencia es completa, más allá del ya más que suficiente del que venía la anterior administración Mottley. Por último, Mottley se consolida como una figura política dominante, reforzando su autoridad interna y legitimidad frente a la sociedad civil.   Estos datos reafirman la posición de Barbados como socio estable en el Caribe, fortaleciendo la capacidad de la Primera Ministra para liderar iniciativas regionales en integración, comercio, sostenibilidad y cooperación climática. Resultados electorales por partido Partido Votos Porcentaje  Escaños Diferencia respecto a 2022 Partido Laborista de Barbados 76,501 70,74% 30/30 Gana 1 escaño Partido Democrático Laborista 30,244 28,06% 0/30 Pierde 1 escaño Amigos de la Democracia 1,424 1,40% 0/30 Nuevo partido Coalición Popular para el Progreso 910 0,89% 0/30 Nuevo partido Partido Libre de Bajan 161 0,17% 0/30 - Independientes 426 0,42% 0/30 - Distribución de escaños en la Cámara de la Asamblea de Barbados: el BLP, obtiene la totalidad de los escaños. Reacciones internacionales Las reacciones oficiales internacionales destacaron, en términos generales, la transparencia del proceso electoral y la solidez institucional barbadense, consolidándose la percepción de Barbados como una democracia estable dentro del Caribe. Estados Unidos felicitó a Mia Mottley, señalando que su reelección permitirá profundizar la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como comercio, seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y transición energética, áreas donde Bridgetown se ha convertido en un socio estable para Washington. Por otro lado, diversos gobiernos hispanoamericanos han subrayado la normalidad democrática del proceso y la estabilidad política alcanzada por el país insular, destacando el resultado como un ejemplo de continuidad institucional en una región marcada por ciclos políticos más volátiles. Entre los gobiernos sudamericanos han destacado: Uruguay, Brasil, Argentina o Colombia. Mientras, México ha optado por un tono institucional y diplomático, poniendo el acento en el respeto a la soberanía popular y en la importancia de procesos electorales transparentes y pacíficos en el hemisferio, en línea con su tradicional doctrina de no intervención y reconocimiento de los resultados electorales legítimos. Por su parte, Venezuela también ha reconocido el proceso electoral desde una narrativa centrada en la autodeterminación y el respeto a las decisiones soberanas, reforzando la lectura regional de las elecciones como un ejercicio democrático interno sin controversia internacional. A nivel caribeño y regional, organismos y observadores vinculados a la Comunidad del Caribe (CARICOM) han señalado que la jornada se ha desarrollado de manera ordenada y creíble, tras el despliegue de misiones de observación independientes destinadas a evaluar la transparencia del proceso. En conjunto, ningún actor internacional ha cuestionado la legitimidad de los resultados, incluidas Rusia o China, lo que ha reforzado la reputación de Barbados como Estado políticamente fiable, hecho destacado por delegaciones europeas y de la Commonwealth. Además, se posiciona como una nación institucionalmente sólida y con alta credibilidad democrática, elemento clave para explicar el peso internacional y regional creciente del liderazgo de Mottley tras su tercera victoria electoral. Conclusiones: impacto regional y futuro estratégico La reelección de Mia Mottley trasciende el plano estrictamente electoral y adquiere una dimensión geopolítica relevante para el equilibrio político del Caribe y la proyección internacional de los pequeños Estados insulares. El resultado refuerza la estabilidad institucional y consolida a Barbados como un modelo de gobernabilidad democrática dentro del Caribe anglófono. Por su parte, el liderazgo continuado de Mottley fortalece la capacidad de coordinación política en el seno de la CARICOM, facilitando posiciones comunes en materia climática, económica y de seguridad regional en un contexto marcado por la presión económica, los flujos de comercio ilegal y las vulnerabilidades económicas.  En materia económica, la continuidad gubernamental garantiza la profundización de políticas orientadas a la transición energética, la resiliencia climática y la diversificación económica. Este marco de previsibilidad aumenta la confianza de inversores internacionales y organismos multilaterales, lo que podrá favorecer la llegada de capital extranjero y la consolidación de programas sociales, tecnológicos y educativos vinculados al desarrollo. En el plano exterior, la victoria refuerza la cooperación con socios occidentales clave como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y la Unión Europea, especialmente en áreas de seguridad marítima, pesca, financiación climática y transformación energética y digital. Paralelamente, Barbados mantiene un papel activo en diplomacia climática, consolidándose como portavoz de los Estados insulares de la región ante foros internacionales y como referente global en políticas de adaptación frente a desastres naturales. La hegemonía parlamentaria del BLP abre una ventana política poco habitual en democracias parlamentarias caribeñas: la posibilidad de planificar reformas estructurales a largo plazo sin bloqueos significativos. En este escenario, el país se perfila como un polo de estabilidad política frente a otros países de la zona, como Granada, San Vicente y las Granadinas o San Cristóbal y Nieves, sujetos a ciclos electorales más volátiles, con margen para consolidar reformas, fortalece el Estado de derecho y aumentar la resiliencia económica ante nuevos shocks externos.

Desde el 28 de febrero de 2026, momento en el que una serie de ataques aéreos coordinados por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, que provocaron la muerte del Ayatollah Jamenei y que contamos en cobertura especial desde Naciones en Ruinas, el Estrecho de Ormuz ha vuelto a ocupar ficha en el tablero internacional. Teherán ha respondido a los ataques con una decisión que resuena mucho más allá de Oriente Próximo: ha cerrado uno de los corredores marítimos más importantes en términos comerciales. La medida ha convertido en cuestión de horas una franja de apenas unos kilómetros de ancho en el epicentro de una crisis global. Con unos 50 kilómetros de ancho en su punto más crítico, el estrecho se encuentra entre la península de Musandam (Omán) y la costa de la provincia iraní de Ormuz. En él conviven tres Estados- Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos- quienes tienen aguas soberanas en el lugar y están en potestad de explotar sus aguas jurisdiccionales.  De esta forma, el mensaje de Teherán es claro: utilizaré todos mis recursos posibles para que, en caso de ataques contra mi territorio, el daño comercial sea mayor, en este caso jugando con el control del flujo energético mundial. Con el cierre del estrecho, Irán utiliza la geografía como instrumento de presión política y represalia militar, así como de palanca estratégica, pues sabe que puede alterar el equilibrio del mundo sin dominarlo y con él en contra. Así, el Estrecho de Ormuz se convierte en algo más que un paso marítimo, es un punto de estrangulamiento del sistema económico global. En sus aguas se disputan aguas comerciales, influencia geopolítica, seguridad energética y capacidad de las potencias para resistir e imponer en un juego que ya ha dejado hace unos días de ser de suma cero, y los países le han perdido el miedo a perder. La experiencia en crisis similares La actual crisis en el Estrecho de Ormuz no es el único momento tenso que ha vivido el enclave, sino que se encuentra una experiencia dilatada en torno a esta vía estratégica en cuanto a tensiones y crisis de seguridad marítima se refiere. Debido a su condición de principal corredor de salida del petróleo del golfo Pérsico, cualquier incidente en la zona tiende a generar repercusiones inmediatas en los mercados y en la seguridad internacional. Una de las experiencias más considerables para entender la gestión en crisis previas se produjo en la denominada “Guerra de los petroleros” en la década de 1980, en el contexto de la guerra entre Irán e Irak. Durante esa etapa, ambos países atacaron de forma sistemática petroleros y buques mercantes en el golfo Pérsico con el objetivo de debilitar las exportaciones energéticas del adversario. La escalada de ataques llevó a una fuerte militarización de las rutas marítimas, obligando a potencias externas, especialmente Estados Unidos, a escoltar convoyes de buques comerciales para garantizar la continuidad del tráfico marítimo. Este precedente consolidó la idea de que la seguridad del estrecho constituye una cuestión de interés internacional y no únicamente regional. Más recientemente, el estrecho ha sido escenario de episodios recurrentes de sabotaje, incautación de buques y ataques a petroleros, especialmente en momentos de tensión entre el régimen de los Ayatolás y las potencias occidentales. En 2019, varios petroleros fueron atacados en las proximidades del golfo de Omán y del propio estrecho, lo que provocó un aumento inmediato del precio del petróleo y una rápida escalada diplomática entre Teherán y Washington. Aquellos incidentes, atribuidos por diversos gobiernos occidentales a Irán -aunque Teherán lo negó- evidenciaron la vulnerabilidad de la navegación comercial en esta zona y la facilidad con la que incidentes limitados pueden desencadenar reacciones económicas globales. Sin embargo, el estrecho nunca había permanecido completamente cerrado, al menos de una forma tan cercana a un bloqueo total prolongado, como actualmente. No ocurrió durante el primer ni durante el segundo shock petrolero, ni cuando ocurrió la revolución iraní en 1979, ni tan siquiera en la denominada guerra de los petroleros. Es más, recientemente tampoco existió un bloqueo- a pesar de las amenazas de Teherán- durante la Guerra de los Doce Días del pasado junio, cuando por primera vez los estadounidenses atacaron instalaciones críticas en términos de industria nuclear de Irán. Por eso esta ocasión es diferente, se ha cruzado una línea que antes no se había planteado. Las consecuencias de cerrar uno de los chokepoints marítimos Cabe recordar que el Estrecho de Ormuz se trata de uno de los puntos más relevantes del comercio energético mundial. Este corredor marítimo conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el Océano Índico, y funciona como la principal vía de salida de exportaciones de hidrocarburos de los países productores en el golfo hacia los mercados internacionales. Su importancia radica en que concentra una parte desproporcionada del suministro energético mundial, principal actividad de países como Arabia Saudí, Kuwait, EAU, Qatar, Irak o el propio Irán. En términos cuantitativos, el estrecho suele tener un ritmo aproximado de más de 20 millones de barriles de petróleo y derivados al día, según datos citados por la agencia Reuters. Esta cifra equivale a uno de cada cinco barriles del consumo mundial de petróleo, lo que convierte el enclave en el cuello de botella principal del comercio energético global. El volumen de tráfico marítimo que circula por el estrecho refleja esta importancia. Históricamente, alrededor de 14 petroleros con entre uno y dos millones de barriles de petróleo cruzan el estrecho a diario. Además de ello, por este lugar transita una parte esencial del comercio mundial de gas licuado, especialmente exportado por Qatar, uno de los mayores productores del mundo. La crisis desencadenada tras los ataques continuos contra Irán ha alterado radicalmente la dinámica, reduciendo en torno a un 70-90% el tránsito de buques por el estrecho, mientras que unos 300 petroleros se encuentran fondeados en el golfo Pérsico a causa del bloqueo ejercido por Teherán, que además atacó con drones o misiles una decena de embarcaciones, incluidos petroleros como el skylight (Palao) y el Althe Nova (Honduras). En algunos momentos incluso el tránsito quedó cerrado por completo ante el riesgo elevado de atravesar la zona. Uno de los efectos más inmediatos del cierre ha sido el aumento espectacular de los costes del transporte marítimo de petróleo. Las tarifas para alquilar un petrolero de más de 300.000 toneladas de crudo ha pasado de unos 50.000 dólares al día (precio habitual en 2025), a 480.000 dólares en menos de una semana (según Arctic Securities Research. A estos costes se suman otros factores económicos derivados del conflicto. Las primas de seguro marítimo se han multiplicado de mil dólares diarios a más de cien mil y, en algunos casos, las aseguradoras han retirado la cobertura para los buques que intenten cruzar la zona. Esto obliga a muchas compañías navieras a suspender operaciones o a exigir tarifas muy superiores para compensar el riesgo. Además, varias grandes navieras internacionales han decidido detener completamente sus rutas en la región, lo que reduce aún más la capacidad del sistema logístico mundial. Las consecuencias económicas globales son profundas. El cierre del estrecho afecta directamente al suministro energético de algunos de los mayores consumidores del planeta. Países asiáticos como China, India, Japón o Corea del Sur dependen en gran medida del petróleo procedente del golfo Pérsico, por lo que cualquier interrupción prolongada puede generar tensiones en sus sistemas energéticos y obligar a recurrir a reservas estratégicas. El cierre del estrecho, especialmente si se prolonga en el tiempo, generaría mayores costes de transporte para la economía china y muy probablemente inflación debido al aumento de precios desorbitado, lo que elevaría la presión sobre las reservas petroleras por parte del gigante asiático. Por otro lado, Estados Unidos se vería afectado también, aunque en menor medida, pues el colapso económico global generaría efectos indirectos en la economía norteamericana. Frente a esta tesitura, los mercados energéticos ya han reaccionado. El precio del petróleo ha experimentado subidas significativas, con el barril de Brent superando los 84 dólares tras aumentar más de un 3 % en un solo día, mientras los analistas advierten de que un bloqueo prolongado podría empujar el precio hasta 100 o incluso 150 dólares por barril. Estas subidas se trasladan rápidamente al resto de la economía, ya que el petróleo es un insumo fundamental para el transporte, la industria y la producción de bienes. Las repercusiones se extienden además a otros sectores, como el alimentario o el del tráfico aéreo, al depender el transporte de mercancías y personas de los precios de los combustibles. Para un ciudadano medio, el cierre del Estrecho de Ormuz es relevante en el momento en que pretende ir a una estación de servicio. Al haber aumentado el barril de petróleo más de un 8% en sólo una semana, el precio del litro de gasolina aumenta a 3 céntimos por semana, con un aumento previsto por la OCU de entre 8 y 10 céntimos en las próximas dos semanas. Un aumento prolongado del precio del petróleo incrementa el gasto en movilidad diaria; ámbito que también afecta al transporte de alimentos, bienes de consumo o materiales industriales, generando un aumento de precios generalizado. El cierre como demostración de extrema dependencia Ormuz demuestra la extrema dependencia del sistema energético mundial de unos pocos puntos estratégicos. Cuando uno de estos corredores se bloquea, incluso temporalmente, el impacto no se limita a la región donde ocurre el conflicto. Sus efectos se propagan a través de los mercados energéticos, el transporte global y las cadenas de suministro, terminando por afectar a la economía cotidiana de millones de personas a miles de kilómetros de distancia. En última instancia, una crisis en un estrecho de apenas unas decenas de kilómetros puede terminar reflejándose en algo tan cotidiano como el precio que paga un ciudadano por llenar el depósito de su coche o hacer la compra semanal. A corto plazo, el escenario más probable pasa por una intensificación de la presión militar y diplomática internacional para reabrir el paso marítimo. Las potencias occidentales y varias economías asiáticas dependen en gran medida del flujo energético que atraviesa el Golfo, por lo que es previsible un aumento de la presencia naval internacional en la región con el objetivo de garantizar la libertad de navegación. Sin embargo, incluso si el estrecho se reabre parcialmente en las próximas semanas, el impacto económico podría prolongarse durante meses: los mercados energéticos reaccionan con rapidez ante la incertidumbre, pero tardan más en recuperar la estabilidad. Por otro lado, no se puede dar por sentado que el régimen iraní continúe bloqueando la situación del estrecho para tensar más aún un área que vuelve a demostrar la extraordinaria vulnerabilidad de los mercados económicos frente a los conflictos geopolíticos: cuando uno de los nodos estratégicos fallan, el impacto desbarata la estructura global. La situación actual también plantea una cuestión más incómoda. Mientras las grandes potencias discuten sobre seguridad energética, estabilidad regional o libertad de navegación, las consecuencias reales terminan trasladándose a los ciudadanos de a pie: facturas de energía más altas, inflación, encarecimiento del transporte y pérdida de poder adquisitivo. En otras palabras, las tensiones geopolíticas del Golfo acaban pagándose en el supermercado, en la gasolinera o en la factura de la luz de millones de hogares. Quizá la lección más evidente de esta crisis es que el mundo sigue dependiendo de un sistema energético tan concentrado como frágil. Un estrecho de apenas unas decenas de kilómetros, situado a miles de kilómetros de Europa, puede sacudir mercados globales y alterar la vida cotidiana de millones de personas. Y mientras esa dependencia persista, cada crisis en el Golfo no será solo un conflicto regional, sino un recordatorio de hasta qué punto la economía global sigue atrapada entre el petróleo, la geopolítica y la incertidumbre. Con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, los ayatolás han conseguido, al menos temporalmente, lo que durante años fue más una amenaza que una realidad: demostrar que poseen la capacidad de estrangular uno de los puntos más sensibles del sistema energético mundial. Al cerrar este corredor estratégico, Irán ha trasladado el conflicto desde el plano militar al económico global, obligando a reaccionar a los mercados energéticos internacionales. Pero el resultado deja una imagen incómoda para todos los actores implicados: mientras las potencias se enfrentan en una disputa geopolítica que mezcla seguridad, influencia regional y energía, el precio real lo paga el resto del mundo. El estrecho cerrado simboliza algo más que una represalia estratégica: refleja un sistema internacional donde la seguridad energética sigue siendo rehén de la confrontación política. Y en ese tablero, donde cada movimiento militar o diplomático se mide en barriles, rutas marítimas y sanciones, nadie gana realmente: unos exhiben fuerza, otros responden con presión, pero la estabilidad global queda, una vez más, atrapada entre la geopolítica y el petróleo.

En Relaciones Internacionales no existe una definición internacional, única y universal para definir el terrorismo, por lo que se hace difícil etiquetar un acto cómo terrorista, aunque sí existen unos parámetros aceptados que nos orientan a saber de que hablamos. En tal forma, según la Resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un acto terrorista es aquel acto criminal contra civiles cuyo objetivo es, entre otras cosas, provocar terror en la población, intimidar, presionar gobiernos u organizaciones internacionales… En gran medida, cuando se piensa en terrorismo se hace referencia a grupos extremistas que luchan de manera desproporcionada por su causa, ya sea por la independencia de un pueblo, una religión o simplemente una creencia sobre lo que ellos entienden como su realidad, pero si aplicamos el marco anteriormente mencionado a las actuaciones de ciertos Estados, encontramos el concepto de Terrorismo de Estado. Si un Estado usa violencia, sabotaje, operaciones clandestinas o intimidación contra población civil o sociedades, incluyendo asesinatos, secuestros o terror psicológico para conseguir unos objetivos políticos marcados, puede llegar a considerarse, según el amplio margen de la definición, como terrorismo. El medio para poder llevar a cabo este tipo de terrorismo es la guerra híbrida, en este tipo de guerras predomina una estrategia militar que está conformada por todo tipo de ataques, combinando así la fuerza militar con herramientas que no lo son, explorando otras áreas con las que debilitar al rival.  Ejemplos de esto pueden ser las migraciones exacerbadas, ciberataques y guerra cibernética, desinformación mediante noticias falsas o bulos y, presiones económicas y diplomáticas. En este tipo de guerras vale todo, el uso de proxies , la presión psicológica y los sabotajes están a la orden del día. La guerra híbrida como catalizador del terror En el contexto actual, la guerra híbrida es el principal conducto al que recurren los Estados para ejercer daño a otros sin utilizar la guerra convencional abierta. Como ejemplo de ello analizaremos algunos ejemplos donde se observa el terrorismo de Estado y cómo a través de la guerra híbrida se llevan a cabo. En el caso de la guerra entre Irán e Israel se puede apreciar claramente el uso de esta estrategia militar. Ambas potencias llevan a cabo una guerra encubierta y un terrorismo indirecto para provocar miedo y desestabilizar al otro, lo cual se puede observar a simple vista, puesto que ninguno reconoce oficialmente su participación en actividades hostiles en multitud de acciones perpetradas con motivaciones desestabilizadoras, como el uso de propaganda, proxies, espías... Por su parte, un buen ejemplo de ello es cuando en 1992, el grupo terrorista islámico llamado Yihad, detonó la Embajada de Israel ubicada en Buenos Aires –país con gran diáspora judía–, causando 29 víctimas mortales y diversos heridos de gravedad, provocando el mayor atentado terrorista en Argentina. Lo que podría verse como un simple ataque de un grupo terrorista va más allá, debido a que este grupo tiene grandes vinculaciones con Irán, quién no dudó en utilizarlos como herramienta de guerra híbrida para su terrorismo Estatal, como contrataque al atentado donde murió Abbas al-Musawi, líder de Hezbolá, que fue atribuido a los servicios de inteligencia de Israel. En el año 2010 el virus informático Stuxnet, creado por Estados Unidos e Israel, se adentró por las instalaciones nucleares de Irán causando numerosos daños a miles de centrifugadoras, máquinas utilizadas para enriquecer uranio. Además de los atentados que Israel nunca ha aceptado como suyos, diversos científicos iraníes del programa nuclear recibieron ataques indiscriminados, causando la muerte en 2020 del máximo responsable del programa, Mohsen Fakhrizadeh. Por su parte, Tel Aviv también acusa a Irán y sus proxies de diversos ataques con drones y cohetes, más allá de a los que ya hemos acostumbrado en los conflictos directos. Además, han recibido ciberataques tras el ataque israelí en junio de 2025, cuando se bombardeo parte del territorio judío, matando a mandos de importancia militar y científico iraníes bajo la Operación León Creciente . Corea del Norte: la forma de robar causando terror digital Por otro lado en el caso Corea del Norte, busca debilitar las capacidades estratégicas de los rivales lo hace financiando programas militares mediante la coerción económica clandestina, haciéndolo como una forma de violencia encubierta. En diversas ocasiones los Hackers de Corea del Norte se han hecho pasar por reclutadores corporativos en campañas contra los principales contratistas de defensa. En 2025 EE.UU. reveló que los hackers norcoreanos entre 2021 y 2024 habían conseguido infiltrarse mediante empleos de identidades robadas en más de cien empresas de su país como trabajadores remotos de TI. De tal forma, Pyongyang logra financiarse mediante el cobro de salarios y beneficios de criptomonedas hurtadas. Por otro lado, el departamento de Justicia de Estados Unidos hizo una nota de prensa declarando que: “Ciertas personas afincadas en EE. UU. pusieron manifiesto en uno de los esquemas creando empresas pantalla y sitios web fraudulentos para promover la buena fe de los trabajadores de TI remotos, y alojaron granjas de portátiles donde los trabajadores remotos norcoreanos podían acceder remotamente a ordenadores portátiles proporcionados por las empresas víctimas de EE. UU.”  De tal forma, indicó que los trabajadores de Corea del Norte recibían salarios y llegaban a robar información sensible de los empleadores. Además, se denunció que estos trabajadores, con identidades falsas. consiguieron trabajo en una empresa de desarrollo de blockchain donde robaron monedas virtuales con un costo de más de 900,000 dólares. Estos hechos perpetrados por los hackers norcoreanos fueron llevados a cabo robando identidades y creando perfiles profesionales generados con inteligencia artificial, posteriormente se infiltraron laboralmente mediante infraestructuras clandestinas y con la monetización recibida transfirieron los salarios al régimen. Del Kremlin a la política del “divide y vencerás” Algunos ejemplos rusos de terrorismo de Estado y guerra híbirda son los ataques híbridos llevados a cabo por Moscú a sobre diversos países de la OTAN entre 2023 y 2025. Según el CSIS, hubo más de 110 ataques perpetrados por Rusia en toda Europa, que tiene como objetivo los sabotajes a infraestructuras críticas, uso de la migración y ciberataques, creando a través del reclutamiento online paquetes incendiarios para desestabilizar a ciertos miembros de la OTAN. Polonia recibió unos veinte  ataques, siendo el país más afectado. Esta escalada de ataques por parte de Rusia ha sido consecuencia de la aceptación del uso ucraniano de misiles de largo alcance por parte de Occidente en la guerra con Rusia. La suma de los ciberataques, sabotajes y de ataque de civiles usados por países que han sido mencionados como objetos de estudio, componen a grandes rasgos, las metodologías usadas en una guerra híbrida con efectos de terrorismo estatal. Conclusión En la actualidad las guerras no solo se libran con estruendosos ataques, bombardeos y munición militar, sino que esconde una cara oculta, una guerra silenciosa para la cual se crea una zona gris donde no se identifican los límites y nadie se hace responsable de sus ataques, pero que es igual o más dañina debido a que con los instrumentos que tienen manejan a la población a sus antojos creando migraciones de personas que dejan su hogar para buscar un futuro mejor, a través de las presiones económicas matan a gente de hambre y a través de ataques tecnológicos debilitan países completos con el fin de atemorizar a sus habitantes. La problemático de este tipo de guerra es que no se conoce por dónde va a ser un actor atacado, no es sencillo percibir previamente sus daños y menos la proporción del ataque, sino que se cuela entre las sombras, poco a poco, sembrando el terror, hasta que cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en un conflicto que inició hace mucho más tiempo del que pensamos.

En la cartografía estratégica del siglo XXI, pocos espacios concentran tantas tensiones estructurales como el estrecho de Taiwán. Lo que durante décadas fue interpretado como un conflicto congelado derivado de la guerra civil china y del principio de una sola China, se ha transformado progresivamente en un nodo crítico donde confluyen intereses geopolíticos, rivalidades tecnológicas y reconfiguraciones de alianzas. En 2025 y 2026, esta cuestión ha adquirido una nueva dimensión tras los acontecimientos en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 de hace unos días, donde la disputa no solo involucró a China y Estados Unidos, sino que se extendió a Japón, generando un foco de tensión adicional en el bloque del Indo – Pacífico. La raíz de esta escalada se encuentra en comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que vincularon un posible ataque de China a Taiwán con lo que Tokio consideraría una “crisis de supervivencia” para Japón, lo que podría activar el derecho a defensa colectiva bajo la actual legislación de seguridad japonesa. Tales declaraciones rompieron décadas de retórica cauta, alarmando a Pekín y desencadenando reproches diplomáticos que culminaron en un choque público de alto nivel en Múnich.  ¿Qué es la Conferencia de Seguridad de Múnich? La Conferencia de Seguridad de Múnich nació en 1963, en plena Guerra Fría, como un foro destinado a favorecer el diálogo transatlántico en materia de defensa. La conferencia se creó con el objetivo de fortalecer la cohesión transatlántica frente a la Unión Soviética. Sin embargo, tras el fin del orden bipolar, su función evolucionó. Con el paso del tiempo, dejó de ser un instrumento de coordinación occidental pasó a convertirse en una plataforma global donde interactúan potencias consolidadas, potencias emergentes y actores revisionistas. Es decir, este encuentro centrado exclusivamente en la seguridad europea ha acabado convirtiéndose en uno de los principales espacios globales de debate estratégico.   Cada año reúne en Múnich a jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Exteriores y Defensa, responsables de organizaciones internacionales, mandos militares, expertos y líderes empresariales. No adopta resoluciones vinculantes ni produce tratados; su relevancia no es jurídica, sino política. La finalidad central de esta conferencia es doble. Por un lado, funciona como plataforma de deliberación pública sobre los grandes desafíos de seguridad internacional en cuanto a guerras en curso, rivalidades entre potencias, amenazas híbridas, ciberseguridad, seguridad energética o reconfiguración del orden global. Los discursos pronunciados allí suelen ser cuidadosamente calibrados y sirven para enviar mensajes estratégicos tanto a aliados como a adversarios. Por otro lado, la conferencia cumple una función menos visible pero igualmente importante es un espacio de diplomacia informal. Al margen de los paneles y sesiones públicas, se celebran encuentros bilaterales y conversaciones discretas que permiten explorar posiciones, medir intenciones y, en ocasiones, reducir tensiones. En términos de relaciones internacionales, la MSC opera como un foro de “señalización estratégica” y gestión de percepciones. Su celebración anual responde a una necesidad estructural del sistema internacional contemporáneo, la existencia de un espacio de interacción estratégica entre actores que en muchos casos, carecen de canales fluidos de comunicación bilateral o multilateral. La razón por la que la MSC sigue celebrándose con creciente relevancia radica en tres funciones estratégicas fundamentales: Primero, cumple una función de gobernanza informal. En un contexto de debilitamiento de foros multilaterales formales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de creciente fragmentación del sistema internacional, Múnich ofrece un espacio flexible donde se pueden abordar tensiones sin las rigideces procedimentales de las organizaciones intergubernamentales. Segundo, opera como mecanismo de señalización estratégica. Los discursos pronunciados en Múnich no son meras intervenciones retóricas sino que constituyen mensajes calibrados dirigidos a aliados, adversarios y audiencias domésticas. En términos de teoría de relaciones internacionales, la conferencia funciona como un escenario de strategic signaling  donde los estados clarifican líneas rojas, redefinen doctrinas y ajustan narrativas que se alinean con sus intereses. Tercero, actúa como plataforma de diplomacia paralela. Aunque no produce resoluciones vinculantes, facilita reuniones bilaterales y encuentros discretos que pueden reducir la incertidumbre estratégica, evitar malentendidos y explorar posibles compromisos ya que se trata de un acercamiento de posturas intencionado. En un entorno caracterizado por la competencia entre grandes potencias, este tipo de interacción es particularmente relevante para la gestión de crisis. Por ello, se podría afirmar que la MSC no decide per se , pero influye; no legisla, pero configura percepciones porque no impone, aunque condiciona agendas e impacta en el resto de los estados. Su importancia radica en que refleja y en ocasiones acelera, las transformaciones del equilibrio global. ¿Qué se está tratando en esta Conferencia de 2026? La edición de este año en Múnich está bajo el nombre de ‘ Under Destruction’  y se desarrolla en un contexto marcado por la evidente intensificación de la competencia sistémica entre China y Estados Unidos, la persistencia de conflictos abiertos en otras regiones y la progresiva ampliación del concepto de seguridad. Tradicionalmente centrada en la seguridad euroatlántica, es notable que la agenda actual refleja una ampliación geográfica y temática que no se visionaba en el siglo XX. Resuena la pregunta que lanzó el Director de Investigación y Políticas de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Tobias Bunde: “ ¿Cuál es el estado del orden internacional tras un año tumultuoso?" Con temas crecientes como la seguridad tecnológica, la rivalidad industrial, la seguridad económica y la reconfiguración de alianzas, entra en jaque la situación de Taiwán y la competencia estratégica en el Indo – Pacífico. Más allá de los ejes temáticos generales, lo relevante de la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 no es únicamente qué asuntos figuran en la agenda, sino cómo son enunciados y expuestos por los principales actores. El lenguaje que emplean los diversos actores en este entramado revela posiciones estratégicas, redefine umbrales de tolerancia y proyecta intenciones previamente estudiadas. En esta edición, se ha mostrado que la agenda de dicha conferencia es multidimensional y que se han estructurado en torno a cinco grandes ejes. Uno de los temas centrales ha sido la fragilidad del orden liberal surgido tras 1945 y reformulado tras el final de la Guerra Fría. Diversos líderes occidentales han señalado el debilitamiento de instituciones multilaterales, el aumento del unilateralismo y el uso creciente de la fuerza o la coerción económica como instrumentos de política exterior como mencionó el Secretario General de la ONU, António Guterres. En segundo lugar, la seguridad europea, que sigue ocupando un lugar central, en la conferencia. Los debates han abordado la evolución de la guerra en Ucrania, el futuro de la arquitectura de seguridad europea y el fortalecimiento de las capacidades de disuasión de la OTAN. Se ha insistido en la necesidad de aumentar el gasto en defensa, reforzar la industria militar europea y reducir dependencias estratégicas. La cuestión no es únicamente militar, sino también industrial y tecnológica, donde países europeos como Finlandia analizan la capacidad de sostener conflictos prolongados que dependen de la resiliencia productiva y de la autonomía en sectores clave. El tercer eje giró en torno a la creciente competencia sistémica entre Estados Unidos y China ya que más allá del caso específico de Taiwán, múltiples paneles han tratado la rivalidad estructural entre Washington y Pekín, cuya competencia se presenta no solo como militar, sino también tecnológica, económica e ideológica. Se ha debatido sobre el control de exportaciones, la carrera por la inteligencia artificial, la fragmentación de internet, la seguridad de infraestructuras críticas y la posibilidad de una “desglobalización selectiva” en sectores estratégicos. Además, la noción de de-risking  —reducción de riesgos sin ruptura total de interdependencias— ha sido recurrente en las intervenciones europeas. La securitización de la economía ha sido otro eje destacado. Sanciones, subsidios industriales, restricciones a la inversión extranjera y control de cadenas de suministro forman parte de lo que muchos participantes describen como una nueva fase de geoeconomía competitiva. En este marco, se ha subrayado que la seguridad ya no puede separarse del comercio, la energía o la tecnología. La interdependencia, tradicionalmente vista como garantía de estabilidad, es ahora percibida también como vulnerabilidad potencial. Por último, la conferencia abordó amenazas híbridas y nuevas dimensiones de seguridad como la ciberseguridad, la seguridad climática y su impacto en conflictos futuros, la seguridad energética y transición verde, y como inevitable cierre, los riesgos derivados de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Por tanto, lo que queda claro es que la edición de 2026 en Múnich confirma así que la seguridad se ha convertido en el eje interpretativo dominante del sistema internacional contemporáneo. Todo conflicto es leído como riesgo sistémico. Toda rivalidad, como posible escalada. Toda dependencia, como vulnerabilidad estratégica. Y es precisamente bajo esa lógica donde el estrecho de Taiwán adquiere centralidad, no solo como disputa territorial, sino como prueba de resistencia del equilibrio global.  Tensiones en Asia – Pacífico Desde una perspectiva teórica, lo ocurrido en la Conferencia de Seguridad de Múnich puede interpretarse a través de varios marcos clásicos de las Relaciones Internacionales que ayudan a comprender la densidad estructural del momento actual. En primer lugar, la dinámica entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán suele analizarse bajo la hipótesis de la denominada ‘trampa de Tucídides’, concepto popularizado por el politólogo Graham Allison para describir el riesgo de conflicto cuando una potencia emergente desafía a una potencia establecida. Aunque la analogía histórica es discutible, el paralelismo radica en el desplazamiento progresivo del equilibrio de poder en el sistema internacional. China no solo ha incrementado su capacidad material, sino que también ha mostrado mayor disposición a cuestionar elementos del orden liberal que percibe como limitantes de su soberanía e influencia. Sin embargo, reducir el caso del estrecho a una mera transición hegemónica sería simplificador. El comportamiento de Japón introduce una variable adicional que remite al clásico dilema de seguridad, las medidas adoptadas por un Estado para reforzar su defensa pueden ser interpretadas por otro como preparativos ofensivos. La reinterpretación japonesa del derecho de defensa colectiva, lejos de concebirse internamente como expansionismo, responde a una percepción de vulnerabilidad ante el aumento de capacidades militares chinas. No obstante, desde la óptica de Pekín, tales movimientos confirman una estrategia de contención coordinada con Washington. Este mecanismo de acción – reacción contribuye a una espiral de desconfianza que no necesariamente responde a intenciones agresivas explícitas, pero que pueden interpretarse como tal. Durante su intervención en la conferencia, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, reprochó duramente a Japón acusándolo de albergar según su argumentación, antiguas ambiciones militaristas y de desafiar la soberanía china sobre Taiwán. Wang evocó incluso comparaciones históricas al referirse al legado de la Segunda Guerra Mundial, sugiriendo que Japón no habría afrontado adecuadamente su pasado agresivo y advirtiendo que caminar de nuevo por ese camino sería “autodestructivo”. Wang Yi es director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, uno de los diplomáticos más experimentados y valorados de China. El ministro chino Wang Yi articuló su intervención en torno a dos ideas centrales: soberanía indivisible y advertencia estratégica, es decir, referido a su soberanía y líneas rojas. Insistió en que Taiwán constituye una cuestión interna y que cualquier forma de “interferencia externa” supone una vulneración directa del principio de una sola China. Desde la perspectiva del régimen chino, estos comentarios representan una violación del principio de una sola China y una intromisión directa en lo que Pekín considera un asunto interno. Su tono no fue meramente retórico; Wang Yi también advirtió sobre el riesgo de confrontación con Estados Unidos si Washington traspasara lo que China define como su “línea roja” en torno a Taiwán, enfatizando que cualquier intento de “instigar o conspirar para dividir China” mediante la cuestión de la isla podría desencadenar un choque directo entre potencias.   Tokio, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones chinas. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés emitió una nota diplomática formal describiendo las declaraciones de Pekín como “infundadas” y subrayando que el fortalecimiento de la defensa japonesa responde a un entorno de seguridad cada vez más severo, sin dirigirse contra ningún país en particular. Además, Japón reiteró su compromiso con la resolución pacífica del asunto de Taiwán a través del diálogo. En paralelo a este intercambio diplomático, Taiwán reaccionó a las advertencias de Pekín subrayando que la verdadera amenaza a la seguridad regional proviene de las crecientes acciones militares de China en las zonas circundantes y de lo que consideran una hipocresía respecto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esta respuesta amplifica la narrativa de desconexión entre las posiciones oficiales de Beijing y las percepciones de seguridad de Taipei. El choque diplomático entre China y Japón, en el marco de la cuestión taiwanesa, no es un fenómeno aislado de Múnich. Tiene raíces más profundas en la crisis diplomática continuada entre ambos países desde finales de 2025, cuando los comentarios de Takaichi ya habían provocado la suspensión de canales de diálogo y medidas económicas punitivas por parte de China. En el contexto de las tensiones con Japón, Taiwán ha valorado positivamente que Tokio considere un conflicto en el estrecho como una cuestión de seguridad regional. No lo formula en términos de alianza formal, pero sí como una interdependencia estratégica. Si el estrecho se desestabiliza, Japón se ve directamente afectado por proximidad geográfica y por rutas marítimas claves. Este episodio ofrece un ejemplo concreto de cómo la rivalidad en torno a Taiwán se ha extendido más allá de los actores directos del estrecho. Japón, que comparte intereses de seguridad con Estados Unidos y mantiene tensiones históricas con China, ha visto reforzada su cooperación con otros países de la región que también perciben un aumento de amenazas estratégicas, como Filipinas, lo que se traduce en nuevos pactos de defensa y diálogo estratégico. Conclusiones Analíticamente, estos acontecimientos ilustran cómo la competencia en el Indo – Pacífico ya no se limita a una dialéctica bipolar entre China y Estados Unidos. Las políticas de estados como Japón, que reinterpretan su papel post – bélico para responder a cambios en el entorno de seguridad, están reconfigurando la arquitectura regional. Esto desafía tanto la narrativa oficial china de paz y estabilidad como el statu quo de no confrontación sobre Taiwán y obliga a replantear si el equilibrio estratégico puede mantenerse sin provocar escaladas no deseadas. Además, un conflicto en el estrecho no tendría únicamente consecuencias militares, sino efectos sistémicos sobre la economía mundial. Esto se debe a la centralidad geoeconómica del estrecho de Taiwán como corredor marítimo. Por sus aguas transita una parte sustancial del comercio global, incluyendo rutas energéticas clave hacia Japón y Corea del Sur. Una interrupción prolongada alteraría cadenas logísticas, incrementaría los costes del transporte marítimo y generaría volatilidad inmediata en los mercados energéticos. Taiwán ocupa una posición estratégica en la producción mundial de semiconductores avanzados, especialmente a través de empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Estos componentes son esenciales para sectores críticos como la automoción, la industria aeroespacial, la defensa, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. La experiencia reciente durante la crisis de suministro de chips posterior a la pandemia demostró cómo incluso disrupciones parciales pueden paralizar industrias enteras. Un conflicto armado tendría un impacto exponencialmente mayor. En última instancia, la interacción entre China y Japón en Múnich y la respuesta de Taiwán, subraya la fragilidad del orden internacional en Asia oriental, donde las percepciones de amenaza, memoria histórica y alianzas estratégicas se combinan para crear un espacio de tensión que podría tener repercusiones más amplias si no se manejan con prudencia. No se trata de predicar una guerra inevitable, sino de reconocer que la dinámica actual exige una diplomacia que equilibre firmeza con mecanismos efectivos de comunicación y desescalada, tanto entre grandes potencias como entre estados medio – grandes afectados por decisiones externas. Ante toda esta situación, en un estrecho de poco más de cien kilómetros se concentra hoy una pregunta incómoda: ¿quién está dispuesto a retroceder primero?

Oriente Medio vuelve a situarse como una de las regiones más conflictivas en todo el mundo con el estallido de las tensiones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Todo parece indicar que la Casa Blanca ha iniciado su fase de negociaciones agresivas y está decidida a intimidar a Teherán con el envío, en palabras del presidente Trump, de una ‘ preciosa armada flotante ’ lista para actuar en caso de que no se llegue a un acuerdo y, de lo contrario, ‘ cosas malas pasarán’,  según el 47º presidente de los Estados Unidos. Dicho y hecho, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos o el Pentágono  ha autorizado la movilización del   portaviones U.S.S. Gerald R. Ford  y sus destructores escoltas—posicionados en Venezuela—que se unirán al grupo de ataque de portaviones del   U.S.S. Abraham Lincoln  en el Golfo Pérsico, a las   decenas de aviones de combate y de asistencia  y a las más de entre 30.000 y 40.000 tropas norteamericanas estacionadas en las   19 bases militares  que los Estados Unidos tienen repartidas a lo largo de Oriente Medio conforme señala el think-tank estadounidense Council on Foreign Relations . Con la mirada puesta en el tablero geopolítico de Oriente Medio, no es de extrañar que muchos se olviden de que, en geopolítica y en relaciones internacionales, hay que mirar más allá de lo que nos rodea y eso la Administración Trump lo sabe. Pese a contar con numerosos aliados en la región que proporcionan un lugar de estacionamiento para la capacidad militar estadounidense, ninguno de ellos se encuentra a salvo en caso de que la República Islámica de Irán decida responder con vehemencia—como ya hizo   el 23 de junio de 2025 —a posibles bombardeos quirúrgicos de la armada estadounidense al estilo de la   Operación Martillo de Medianoche   ( Midnight Hammer   Operation  en inglés). Es por ello por lo que la base más importante, estratégicamente hablando, de los Estados Unidos para golpear Oriente Medio es la base de Diego García en las Islas Chagos erigiéndose como el enclave estratégico y militar más importante debido a su posición privilegiada en el océano Índico que le permite proyectar fuerza en Oriente Medio, África Oriental y el Sur de Asia. No obstante, la base no es de total propiedad estadounidense sino que pertenece al Territorio Británico de Ultramar del archipiélago de Chagos y, conforme a los acuerdos de larga duración entre Londres y Washington, son los británicos los que deben aceptar el uso de las bases para ejecutar cualquier operación militar. En el presente caso, el Gobierno Laborista de Sir Keir Starmer no ha autorizado su uso a los norteamericanos sosteniendo que un ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán difícilmente se ajustaría al derecho internacional. Esto ha provocado la ira de Trump y su cúpula militar realizando fuertes críticas contra la decisión de Londres.   Las Islas Chagos y el Reino Unido: otro territorio pendiente de descolonización en el siglo XXI La disputa por el archipiélago de Chagos y la base de Diego García constituye uno de los casos más complejos de la geopolítica contemporánea, donde el legado del colonialismo, el derecho internacional y la proyección militar en el Océano Índico convergen. Este enclave ha pasado de ser un territorio administrativo colonial a un nodo crítico para la seguridad global. Históricamente, las islas Chagos fueron administradas por el Reino Unido como una dependencia de su colonia en Mauricio. Sin embargo, tres años antes de la independencia de Mauricio de 1968, en 1965 el Reino Unido separó las Chagos de Mauricio para crear el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT) y pagó 3 millones de libras por la adquisición de las islas. Mapa del archipiélago de Chagos en el océano Índico, destacando la isla de Diego García, principal enclave militar utilizado por Estados Unidos y Reino Unido. Esta “cesión” es denunciada por Mauricio como una   ‘cesión territorial forzada e ilegal’ , pero la situación no quedó ahí. Entre 1968 y 1973 los   británicos expulsaron a 2.000 habitantes nativos de las islas  y los reasentaron en Mauricio o en las islas Seychelles con el fin de despejar la isla de Diego García y permitir la construcción de una base militar conjunta con los estadounidenses libre de una población civil residente. No obstante, la comunidad internacional no cesó en la denuncia de la descolonización definitiva de las islas y logró grandes victorias en 2019 y 2021. En primer lugar, la   Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia no vinculante  en la que condenaba la ilegalidad y el incompleto proceso de descolonización de Mauricio del Reino Unido. Posteriormente, la   Asamblea General de las Naciones Unidas  votó una moción en la que se condenaba al Reino Unido por la ocupación de las Islas y respaldó la visión de la Corte Internacional de Justicia. Finalmente, el   Gobierno británico se vio obligado a entablar negociaciones con el Gobierno de Mauricio  para la resolución de la disputa territorial datada de 1965. En mayo de 2025 ambos gobiernos anunciaron que habían llegado a un   acuerdo en relación con la soberanía  de las Islas Chagos incluyendo varios puntos fundamentales. Por un lado, Mauricio asumirá el control formal sobre el archipiélago a cambio de la obtención de un contrato de arrendamiento por 99 años sobre la isla de Diego García para asegurar la permanencia de la base militar británica y norteamericana. Además, el Reino Unido deberá pagar aproximadamente 101 millones de libras anuales a Mauricio por el uso de Diego García, mientras que el Gobierno de Mauricio se comprometerá a no permitir que otras potencias extranjeras (véase la República Popular China) utilicen las islas cercanas a Diego García sin consentimiento británico. El acuerdo, que todavía debe de ser aprobado por ambos parlamentos, ha sido blanco de   ataques verbales y escritos  del presidente estadounidense Donald Trump que no ha dudado en criticar el tratado de arrendamiento por 99 años con Mauricio sugiriendo que Londres debería de mantener el control total de la isla para ‘erradicar un ataque potencial de un régimen peligroso e inestable’ como el iraní y no quedar vulnerable al “wokeismo”  promovido por entidades ‘nunca antes conocidas’ poniendo en peligro la estabilidad global ante una posible guerra con Irán. La base de Diego García: la punta de lanza de los Estados Unidos en Oriente Medio, Asia y África Oriental La relevancia del archipiélago de Chagos, y específicamente la isla Diego García, radica en su geografía privilegiada y sus capacidades tecnológicas únicas, convirtiéndola en un enclave central para la proyección de poder conjunta en todos los sentidos del Reino Unido y de los Estados Unidos. Situado a unos 3.000 kilómetros tanto del estrecho de Bab el-Mandeb como del estrecho de Malaca, el archipiélago es vital para controlar las rutas comerciales y las cadenas de suministro globales. Por un lado, el   estrecho que baña las costas de Yemen y Yibuti  soporta el tránsito del 25% del comercio mundial junto con una gran cantidad de productos petrolíferos y gasísticos y conecta Europa, Asia y África. Por otro, el   estrecho de Malaca  resulta ser el paso marítimo comercial más transitado del mundo, concentrando el 25-40% del comercio mundial y el 60% del petróleo que consume Asia. Por tanto, la posición de Diego García sirve para garantizar la presencia norteamericana y británica en la región y velar por el buen funcionamiento y la seguridad de las rutas comerciales. En cuanto a las capacidades de proyección militar, la base de Diego García cuenta con una pista capaz de albergar bombarderos de largo alcance (B-52, B-1B, B-2) y un puerto de aguas profundas apto para portaaviones y submarinos nucleares, permitiendo un reabastecimiento y mantenimiento rápido para las misiones desplegadas en la región. Históricamente, los Estados Unidos han utilizado la base como “punta de lanza” para los conflictos en la región haciendo valer su aislamiento geográfico y capacidad logística única. Por ejemplo, Diego García fue un   centro de lanzamiento de alto volumen para las operaciones aéreas  durante la Guerra del Golfo (1991) y la Guerra de Irak (2003). Asimismo, tras los ataques del 11 de septiembre, proporcionó apoyo esencial—mediante el envío de suministros como tanques o contenedores—para los bombardeos en Afganistán contra las fuerzas de Al-Qaeda y el régimen de los talibanes. Recientemente, la base ha sido utilizada para   lanzar ataques coordinados contra los hutíes  en Yemen, respondiendo a las agresiones contra el comercio marítimo en el Mar Rojo. Seguidamente, la isla reviste de una importancia tecnológica y espacial siendo una de las cinco ubicaciones en el mundo que operan antenas terrestres para el sistema GPS que resulta fundamental para la navegación civil y militar global. Además, alberga   estaciones de vigilancia para monitorear pruebas nucleares y proteger satélites  integrándose en la “columna vertebral digital” de la defensa occidental. Por último, la base apoya misiones de vigilancia contra la piratería y ha servido para el despliegue de ayuda humanitaria dirigida hacia Gaza. El uso de la base en un contexto de guerra con Irán: una apuesta arriesgada para el Reino Unido y un colchón de seguridad para la Casa Blanca En el contexto de las tensiones con Teherán y una posible nueva guerra en el horizonte, Diego García se perfila como un componente central para aumentar la capacidad militar de Estados Unidos ante el estallido del conflicto en el caso de que la diplomacia agresiva de Washington fallara. Como se ha indicado anteriormente, la base puede albergar una flota significativa de bombarderos pesados de tipo B-2 Spirit, utilizados por Washington durante   la operación Martillo de Medianoche  contra objetivos militares y nucleares en la propia Irán. Estos bombarderos podrían alcanzar objetivos en Irán y regresar a la base permaneciendo fuera del alcance de la mayoría de las capacidades de represalia del régimen iraní. La cúpula militar del Pentágono  y el propio Trump saben de la magnitud estratégica y militar que Diego García tiene para una situación de conflicto armado en la región pero, mientras que las misiones en Afganistán o Irak contaron con marcos de legalidad o justificaciones de defensa colectiva aceptadas por Londres en su momento, desde Downing Street nº10 no se considera que un ataque unilateral y preventivo contra Irán cumpla con los mismos estándares de justificación bajo el derecho internacional actual y convertiría al Reino Unido en cómplice de dicha violación del derecho internacional. Volviendo a la situación del acuerdo entre Reino Unido y Mauricio, la insistencia del Primer Ministro Starmer de adherirse a la legalidad internacional ha paralizado políticamente el acuerdo con Mauricio que aún está pendiente de aprobación por el parlamento británico. Tal y como señala   Politics Today ,  la retórica de Donald Trump ha transformado un “acuerdo técnico de defensa” entre las partes en una “prueba de lealtad política”, donde el acceso militar incondicional se prioriza sobre el respeto a la soberanía de los aliados o las normas internacionales. En el caso en el que el Reino Unido retroceda en el acuerdo debido a las presiones de Trump, se enfrentaría a un alto coste de legitimidad internacional después de haber ignorado previamente los fallos de la Corte Internacional de Justicia emitidos en 2019. Si llegase a suceder, golpearía duramente al Gobierno laborista en el poder que, envuelto en una   grave crisis interna  de popularidad (menor de un 20%), castigaría una de las áreas en las que todavía Londres cuenta con algo de legitimidad: su política exterior.

El domingo 22 de febrero de 2026 se produjo una importante operación conjunta entre las Fuerzas Armadas mexicanas y la inteligencia estadounidense que resultó en la eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación no solo supuso la muerte de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, sino que abrió un nuevo escenario de inseguridad en las calles de México, sobre todo en el estado de Jalisco, debido a las represalias de los miembros del cártel contra las fuerzas gubernamentales y la población civil. Cooperación operativa entre México y Estados Unidos El éxito de la operación fue el resultado de la coordinación estratégica entre distintas agencias de seguridad de México y Estados Unidos, las cuales habían seguido durante meses al líder del CJNG y su entorno. Precisamente, fue la vigilancia de una pareja sentimental del narcotraficante y de uno de sus hombres de confianza lo que permitió obtener con precisión su ubicación en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, donde fue finalmente abatido. México lideró la ejecución operativa con el uso de fuerzas especiales del Ejército y un importante despliegue de la Guardia Nacional, mientras que Estados Unidos aportó informes de inteligencia, fundamentalmente a través de la recientemente creada Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticárteles (JIATF-CC), una estructura que integra recursos de distintas agencias estadounidenses para mapear y seguir redes de criminales internacionales. A pesar de la colaboración, se ha negado la presencia de tropas estadounidenses combatiendo dentro de México, por tanto, la cooperación se limitó a la obtención, análisis y difusión de información sobre el entorno del narco. Tras el despliegue por tierra y aire, las fuerzas gubernamentales mexicanas se enfrentaron a la escolta del líder del CJNG, el cual resultó herido de gravedad y acabó muriendo después de ser interceptado y trasladado en helicóptero. Durante el desarrollo del operativo y los enfrentamientos, también murieron varios miembros cercanos a El Mencho y otros miembros del cártel. Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del narcotraficante. Reacciones tras la eliminación de El Mencho. La eliminación del líder del CJNG desató una oleada de violencia en múltiples estados mexicanos casi de inmediato. A partir de la noche del 22 de febrero, integrantes de la organización criminal atentaron contras las fuerzas de seguridad, quemaron vehículos, bloquearon carreteras y crearon focos de enfrentamiento en, al menos, 20 estados, especialmente en las regiones de Jalisco y Michoacán. Según los últimos informes, la cifra de muertos rondaría las 70 personas, incluyendo 25 soldados de la Guardia Nacional, funcionarios públicos, civiles y criminales.   Frente a la escalada de violencia, el Gobierno de México desplegó cerca de 10.000 efectivos adicionales para contener los bloqueos, desactivar puntos de conflicto y restablecer el orden en las principales vías de comunicación del país. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, calificó la operación como un logro histórico y destacó el sacrificio de las fuerzas de seguridad, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la calma y aseguró que la situación estaba bajo control, aunque reconoció la magnitud del desafío que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad. En el plano internacional, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a México por la operación, calificando la eliminación de Oseguera Cervantes como un golpe significativo al crimen organizado y reconociendo el esfuerzo de las fuerzas de seguridad mexicanas. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt advirtió a los cárteles mexicanos sobre las graves consecuencias de atentar contra ciudadanos estadounidenses, subrayando que hasta el momento no se habían reportado ciudadanos estadounidenses entre las víctimas de la violencia desencadenada por la operación. Los desafíos mexicanos en materia de seguridad La eliminación de líderes criminales ha sido una constante en la estrategia mexicana desde mediados de la década de los 2000, sin embargo, los hechos demuestran que la “estrategia de decapitación” no siempre reduce la violencia, sino que en muchos casos la incrementa. En el caso del CJNG, resulta esencial influir también en los rangos intermedios con autonomía operativa, los cuales, a su vez, pueden facilitar una transición relativamente ordenada. No obstante, también es posible que emerjan facciones rivales. Las disputas internas, elemento muy común en los cárteles mexicanos, podrían fragmentar la organización, aumentando la violencia y debilitando el control territorial. La muerte de El Mencho representa un éxito operativo muy relevante en la lucha contra el narcotráfico, pero no constituye el fin del CJNG ni del problema estructural de la violencia en México. A su vez, la operación bilateral demuestra la importancia de la cooperación internacional en el contexto de la seguridad mexicana, especialmente con los servicios de inteligencia estadounidenses ante organizaciones con un impacto tan significativo como el CJNG y otros cárteles del país. El verdadero impacto se medirá en los próximos meses ante la evolución de los índices de violencia, la estabilidad interna del CJNG y, sobre todo, en la capacidad del Estado mexicano para consolidar el control territorial.