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Introducción La gira apostólica oficial del Papa León XIV tiene como uno de sus destinos España, marcando un antes y un después para la historia, ya que esta visita es la primera de un Papa al país después de mucho tiempo. La última visita papal fue realizada hace 15 años en agosto por el Papa Benedicto XVI el cual acudió con motivo de la Jornada Mundial de Juventud que se celebró en Madrid del 18 al 21 de agosto. Su visita se compuso de diversas misas multitudinarias, encuentros con los jóvenes y voluntarios, reuniones con las autoridades del país, además de un vía crucis celebrado por el Paseo de Recoletos y un recorrido en papamóvil por la ciudad. Esta visita reunió a jóvenes de más de 190 países del mundo, aglomerando así a millones de personas, tanto adultas como jóvenes, una visita cargada de valor para toda la comunidad cristiana. Aunque este viaje no fue el único realizado por la autoridad cristiana, sino que con anterioridad acudió al país en varias ocasiones, entre ellas en julio de 2006 visitó Valencia para el Encuentro Mundial de las Familias, en noviembre de 2010 acudió a Santiago de Compostela para visitar la catedral por el Año Santo Compostelano y Barcelona donde consagró oficialmente la Basílica de la Sagrada Familia. La visita actual La visita del actual pontífice trasciende del ámbito religioso ya que tiene diversos motivos, además no se trata de una visita única a la capital, sino que consta con la llegada a otras ciudades como Tenerife, Gran Canaria y Barcelona. Lo que compone una agenda no sólo pastoral con los fieles, sino que tiene también objetivos políticos, diplomáticos y sociales. Además, está cargada de un fuerte simbolismo ya que lo marcado en la agenda no solo muestra eventos públicos e institucionales como en Madrid donde se refleja más la parte diplomática y pastoral, sino que, por ejemplo, en Barcelona se llevará a cabo la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada familia coincidiendo así con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, algo que conecta esta visita con la del papa Benedicto XVI. Asimismo, la visita a las Islas Canarias tiene como objetivo la parte más humanitaria de su agenda debido a que las islas son una de las mayores puertas de entrada migratoria desde África a Europa, además de haber sido el centro del foco mediático en los últimos tiempos por haber acogido al crucero que tenía a bordo infectados con la enfermedad viral Hantavirus, como ayuda humanitaria. Su visita será desde el 6 al 9 de junio en Madrid, del 9 al 10 a Barcelona y por último 11 y 12 estará presente en las islas para después regresar a la Santa Sede en Roma. El impacto para el país La llegada del Papa a España no solo supone un hito histórico que representa uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años, trae consigo un gran fenómeno económico y turístico para las ciudades que los reciben y sus aledaños. Es por ello, por lo que la visita producirá un impacto económico mayor de los 100 millones de euros frente a unos costes de 15 millones que tendrá para el país. Entre los costes que tiene para el país cuentan con el montaje de más de 50 pantallas por toda España, vallas, sanitarios, equipos de sonido, seguridad, entre muchas cosas más. El evento se financia a través de tres grandes grupos de benefactores, los fieles componen el primer grupo, aunque sean de donde menos dinero se recibe, posteriormente están las administraciones públicas, y por último, las fundaciones, patrocinadores y empresas. Como incentivo a la donación el papa mantendrá un encuentro personal con aquellos grandes benefactores que donen entre 500.000 euros y un millón, algo que ha suscitado el debate. Por otro lado, el evento moviliza a millones de personas, turistas, peregrinos, medios de comunicación, etc. Se prevén en torno a medio millón de personas en la Vigilia del Sábado 6 en Madrid y más de un millón en la Santa Misa del Domingo 7. Debido a esto los hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transportes garantizan un aumento de su uso, lo que se traduce de forma directa en un gran aumento de ventas y reservas. Esto beneficiará a los sectores involucrados en gran medida generando unos beneficios mucho mayores que un año normal. A causa del aumento de turismo muchos restaurantes han llevado a cabo diversas iniciativas para favorecer su uso, por ejemplo, en la comunidad madrileña 54 establecimientos ofrecen menús especiales para los periodistas que trabajan en el Centro Internacional de Prensa. En el caso de Cataluña, de igual manera, en el sector hotelero y hostelero están observando un aumento del interés turístico entorno a la ciudad inmediato pero que prevén que se siga manifestando a largo plazo, entre los sitios más solicitados está la zona cercana a la Sagrada Familia la cual es uno de los puntos claves de la agenda papal. Asimismo, España recibirá una gran proyección internacional, ya que será parte de las portadas de miles de medios de comunicación durante los días en los que el Papa se encuentre en el país. Esta gran exposición mediática atraerá en los tiempos posteriores más turismo, debido a que dará a conocer a miles de personas partes de la cultura española que antes quizás pasaban desapercibidas o simplemente no tenían tanto protagonismo. Posiblemente los medios no solo muestran la figura del Papa, sino que mencionen o se aprecien en las imágenes publicadas, los sitios culturales, monumentos y atractivos turísticos que el pontífice visite, lo que permitirá que miles de personas pongan en su lista a España como posible sitio que visitar de cara al futuro, despertando así el interés y deseo de conocer estas ciudades. Otro aspecto que contemplar es el gran despliegue logístico que se está desarrollando en el país debido a la dimensión del evento, según el delegado de Gobierno de Madrid, en la capital se van a movilizar unos 14.000 efectivos, siendo la mayor movilización policial de la historia. Entre los efectivos estarán presentes 625 miembros de la Guardia Civil, 9700 de la Policía Nacional y 4000 de la Municipal. En las islas el esfuerzo logístico está muy presente sobre todo en labores descomunales como la construcción de un gran escenario para la Misa que se llevará a cabo en las islas, la cuál supone un gran desafío dada las condiciones y el tiempo. Además, la comunidad madrileña ha presentado un operativo diseñado para la llegada del pontífice, en el que se contemplan medidas especiales en torno al transporte, la acogida de peregrinos, futuras emergencias y prensa. En lo que al transporte público se refiere, la comunidad ha recomendado el uso del mismo y anuncia un refuerzo especial del Metro y autobuses, incrementando el servicio, aunque varias estaciones se verán cerradas para evitar aglomeraciones. También existirá un aumento del 100% en la circulación de trenes. Un guiño llamativo ejercido por la comunidad es la circulación de un metro vinilado con imágenes del Papa. Otro aumento será en los trabajadores del transporte público, incluyendo 120 trabajadores adicionales en plantilla y unos 100 vigilantes más para velar por la seguridad de los peregrinos en el transporte. También se refuerza el operativo sanitario con iniciativas como que el SUMMA 112, se encargará del operativo sanitario contando con más de 560 sanitarios y un equipo especial de 40 mandos y efectivos adicionales. Es destacable también como la capital ha diseñado un sistema especial de abastecimiento de agua contando con 18 estructuras y 165 puntos de distribución entre Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles, se utilizarán también las 22 fuentes públicas y dos vehículos Water Truck para aquellas personas con movilidad reducida, así la comunidad se asegura de que todos puedan acceder al agua y evitar problemas relacionados con el sol, el calor y la deshidratación. La cultura también se va a ver beneficiada debido a que han preparado diversas actividades educativas gratuitas y descuentos especiales para peregrinos y voluntarios. Otro punto es que los peregrinos tendrán facilidades para ser acogidos en colegios, y gimnasios públicos facilitando su llegada. Quejas y disputas Como todo lo que ocurre en el mundo también hay contraposiciones y la llegada del sucesor de Pedro no iba a ser menos. La comunidad Atea defiende el mal uso del presupuesto público español en este macro evento y se muestra en contra ante lo que califican como un “trato privilegiado” al Pontífice. Además de quejarse en gran medida de los cortes de calles y los desvíos de autobuses lo que hace que se muestran mucho más a la defensiva con la llegada. También se movilizan ciertos sectores para protestar de forma activa en la visita papal. Muchos están en contra de recibir a esta figura cristiana como se recibiría a una institución de estado y del despliegue que se llevará a cabo. Personas como Antonio Navarro utilizan la constitución y el artículo 16 para atacar el trato hacia el Papa haciendo declaraciones como "La Iglesia y el Estado se pasan por el arco del triunfo el artículo 16 de la Constitución.”. En el artículo utilizado se define a la aconfesionalidad del Estado, algo que según ellos se ve vulnerado. ¿Qué importancia tiene la llegada a nivel religioso para España? Esta visita es un hito importante para la comunidad cristiana global y para la comunidad española de forma concreta. Como es de buen saber la relación de España y el cristianismo históricamente estaba interrelacionada por el papel evangelizador y de unificación que ha tenido el país. España a lo largo de la historia ha sido una figura de mucha relevancia defendiendo a la religión en conflictos tanto internos como externos y es por ello que el cristianismo ha influenciado de forma directa en la cultura, la educación, la política e incluso en la forma de ser de los españoles y sus tradiciones. Por todo ello la historia de España está estrechamente vinculada con la iglesia y aunque durante un periodo de tiempo que abarca varias generaciones la religión perdió importancia, hoy en día está volviendo con más fuerza gracias a los jóvenes, por lo que esta llegada del papa va a ayudar en gran medida al resurgimiento de la Fe en ellos. Asimismo, la Vigilia que se llevará a cabo y todos los diversos actos con el pueblo, sirven para evangelizar a la sociedad, promover los valores cristianos y sembrar la semilla de la religión en aquellos que decidan acudir bajo el lema “Alzad la mirada” que lleva la llegada del pontífice. Además, los jóvenes cristianos Españoles se han volcado y han creado una canción en la cual han participado más de 1.700 voces en varias catedrales, este proyecto fue coordinado por VIVAFE y guiado por el productor Pablo Cebrian. También se están llevando a cabo grandes despliegues en redes sociales para llegar a más gente inclusive grabando cortos para su divulgación. En el itinerario del Papa y sus objetivos está el acercamiento a la vida de todos conviviendo con las distintas realidades sociales y la migración, hacer un llamamiento a la solidaridad y la justicia creando un mensaje esperanzador para aquellos que se sienten perdidos o que no ven salida y reafirmará con esta visita la iglesia en España. Últimos acercamientos A falta de unos días de que el Papa esté en tierras españolas se ha producido una reunión entre el presidente de España, Pedro Sanchez y León XIV, en la Santa Sede. Esta conversación ha girado en torno a cuatro ejes: paz, pobreza, impacto de la inteligencia artificial y migración, aunque también fue comentada la próxima visita. Ambos coincidieron en que “la paz no se construye con misiles” sino que hay que utilizar la diplomacia y el derecho internacional para poder lograrla. También defendieron de forma conjunta una política migratoria ordenada donde se respete la dignidad humana, sin que se usen para medios políticos o nacionalistas. Además se mostraron de acuerdo en materia de combatir la pobreza y la desnutrición y en torno a la inteligencia artificial conversaron sobre la necesidad de regular la IA a nivel internacional. ¿Por qué se llevará a cabo la visita a España? La visita del Papa en España forma parte de una gira llamada la Ruta de la Paz y de la Fraternidad, cuyo objetivo es reforzar el diálogo intercultural y la solidaridad. Después de su recorrido por África, el Papa visitó Mónaco y ahora pasará seis días en España antes de continuar su recorrido por otros países europeos, manteniendo el mismo espíritu de fomentar la paz y la fraternidad. Cuando termine su ruta por Europa, el Papa pasará a América Latina, visitando países como Argentina y Brasil, por lo que se convierte en una ruta verdaderamente global. Conclusión La visita de la autoridad eclesiástica representa para España uno de los acontecimientos sociales, religiosos y mediáticos más importantes de la última década. Este viaje apostólico se ha convertido en un fenómeno que puede transformar temporalmente la actividad económica, turística y logística de las ciudades que forman parte de su agenda. La movilización de personas, el despliegue de efectivos y el enorme esfuerzo organizativo que han realizado las administraciones reflejan una magnitud de evento que trasciende del ámbito religioso. España, en este tiempo, va a ocupar un lugar privilegiado en el foco mediático internacional que es traducido como beneficios para el país tanto a corto como a largo plazo. En contraposición, la llegada del pontífice también abre debates sociales y críticas relacionadas con el uso de recursos y las limitaciones de movilidad, por lo que esta combinación entre celebración y controversia convierte la llegada del Papa en un fenómeno complejo. España afronta un evento que es capaz de unir durante varios días a creyentes, turistas, medios de comunicación, ciudadanos e instituciones en torno a una misma realidad, que es la llegada de una de las figuras más importantes e influyentes del mundo.

Contexto: qué país llega a las urnas Colombia llega a las elecciones presidenciales de 2026 como un país profundamente polarizado, con una economía que no ha logrado despegar bajo el gobierno de izquierda de Gustavo Petro y una violencia que, lejos de reducirse, ha mutado y se ha extendido–véase el Catatumbo, Cauca, Arauca, Guaviare, Nariño y Chocó–. Cuatro años después del histórico triunfo del primer presidente de izquierda del país, la promesa de la "Paz Total" —el eje central de su administración— se evalúa con resultados contradictorios: algunos grupos armados al margen de la ley siguen activos, otros aprovecharon los diálogos para rearmarse y la percepción ciudadana de inseguridad no ha mejorado. Estructuralmente, Colombia combina una economía dependiente del petróleo y la minería —cuestionadas por la administración Petro— con niveles de desigualdad entre los más altos de Hispanoamérica (Gini de 0,54 según el DANE). El mercado laboral informal supera el 55% de la población ocupada. El censo electoral asciende a 41,4 millones de personas habilitadas, de las cuales más de 1,4 millones residen en el exterior, con grandes diásporas en España, Estados Unidos, Venezuela, Canadá y Chile. Cómo funciona el sistema electoral colombiano La Constitución colombiana de 1991 establece un sistema presidencial de doble vuelta. En la primera vuelta, el candidato necesita la mayoría absoluta —más del 50% de los votos válidos— para ganar directamente –hecho que no se ha logrado en la primera vuelta de 2026–. Si nadie alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados compiten, por norma general, tres semanas después en segunda vuelta, donde basta la mayoría simple. Históricamente, solo Álvaro Uribe logró ganar en primera vuelta –teniendo en cuenta la etapa constitucional–: en 2002 con el 54% y en 2006 con el 62%. Todos los demás presidentes desde 1991 han necesitado el balotaje. Asimismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil organiza las votaciones y certifica los resultados y el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano de control político-electoral. Los 13.489 puestos de votación se distribuyen entre zonas urbanas (6.010) y rurales (7.479), lo que subraya el peso del voto de las periferias. La participación histórica oscila entre el 45% y el 60% –baja teniendo en cuenta la población registrada con derecho a voto–. Para las legislativas (senadores y representantes hasta 2030) del 8 de marzo de 2026 —que se celebraron el mismo día que las consultas interpartidistas— el umbral es la cifra repartidora del método D'Hondt –comicios que auparon a la izquierda de Petro y al partido de Paloma Valencia: Partido Centro Democrático–. Los tres candidatos con opciones reales Iván Cepeda Castro — Pacto Histórico (izquierda) Filósofo, senador y defensor de derechos humanos, Cepeda (63 años) es el candidato del oficialismo. Hijo del senador comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por paramilitares aliados de la Policía, su vida ha estado marcada por el exilio y la defensa jurídica de víctimas del conflicto. Fue él quien presentó ante la Corte Suprema pruebas que derivaron en la condena de Álvaro Uribe por parapolítica –un largo enfrentamiento que definió su trayectoria pública–. Su propuesta continúa la línea de Petro: profundización de la Paz Total, reforma fiscal progresiva, desarrollo rural y crítica a la intervención de EE.UU. en Venezuela. Su candidata a vicepresidenta es Aida Quilcué, líder indígena nasa. Las encuestas le daban entre el 37% y el 44,6% de intención de voto (Invamer, mayo 2026): favorito en primera vuelta, pero lejos de la mayoría absoluta. La incógnita no era si Cepeda iba a pasar, sino quién lo acompañaría al balotaje. Abelardo de la Espriella — candidato independiente (derecha radical) Abogado penalista de 52 años, conocido como "El Tigre", De la Espriella es el gran fenómeno de campaña. Sin experiencia en cargos públicos, ganó popularidad como defensor de narcos en los medios y llegó a la política nacional directamente desde una vida de lujo entre Italia y Colombia. Su irrupción como outsider capta el voto antiestablishment tanto de derecha como de sectores populares hastiados de la clase política tradicional. Sus propuestas son las más radicales en seguridad: promete ataques aéreos contra el ELN "desde el primer día" con apoyo de EE.UU., ha citado a Bukele como referente y se alinea con la derecha hispanoamericana conectada a Trump y Milei. Su fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio, que aporta credibilidad económica. Las encuestas lo situaban entre el 27,5% y el 31,6%, lejos del 43% finalmente obtenido. Paloma Valencia — Centro Democrático (derecha uribista) Senadora desde 2014, economista y nieta del expresidente Guillermo León Valencia, Paloma Valencia (49 años) encarna la derecha institucional del uribismo. Ganó la Gran Consulta por Colombia en marzo derrotando a María Fernanda Cabal, lo que la convierte en la candidata más sólida del establishment conservador. Su fórmula con Juan Daniel Oviedo —exdirector del DANE, popular entre sectores de centro— es un intento de ampliar el espectro más allá del voto duro uribista. Defiende una alineación explícita con Washington en política antidrogas, cooperación militar y extradición. Elogia la política de Trump y propone el regreso al modelo de seguridad democrática. Las encuestas le dan entre el 12,6% y el 21,7%: era la tercera en intención de voto, con el riesgo de ser desplazada por De la Espriella como referente de la derecha, hecho que finalmente desplazó a la candidata más centrista. Tras los resultados, la pregunta gira en si el voto opositor se concentrará o se dividirá entre los dos últimos candidatos –Valencia ha mostrado su apoyo a la candidatura de De Espriella–. Cuatro años de Petro: luces, sombras y escándalos Lo que hizo (pros) El gobierno Petro impulsó la Ley de Paz Total, que –hablando de forma general y con matices a considerar– abrió canales de negociación con grupos armados que nunca antes habían aceptado dialogar. Amplió la cobertura de programas sociales, fortaleció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y avanzó en la reparación de víctimas del conflicto. Elevó el salario mínimo por encima de la inflación en varios años consecutivos y buscó diversificar las relaciones internacionales de Colombia, distanciándose de la dependencia exclusiva de Washington. Lo que falló (contras) La Paz Total no produjo la reducción de violencia prometida: varios grupos armados usaron las treguas para reorganizarse. La violencia en territorios rurales y zonas cocaleras no disminuyó. La reforma a la salud —una de las banderas de campaña— quedó en el Congreso sin aprobarse. La reforma pensional fue aprobada pero su viabilidad fiscal es cuestionada. La política energética anti-extractivista ahuyentó la inversión sin ofrecer alternativas consolidadas. La informalidad laboral no mejoró. El déficit fiscal se amplió. En suma, un cúmulo poco atractivo para los centros financieros y económicos nacionales. Los escándalos El gobierno Petro acumula al menos 24 escándalos de alto nivel documentados según El Colombiano. Algunos de los más graves, en breve forma: Financiación ilegal de campaña: el CNE sancionó a los directivos de la campaña de 2022 por violación de topes electorales y financiación prohibida. Ricardo Roa, gerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, fue señalado; la institución recomendó investigación penal por parte de la Fiscalía. Contratos a dedo: el gobierno usó $31 billones de pesos en contratos de asignación directa a juntas comunales y resguardos, práctica que la Corte Constitucional declaró ilegal en febrero de 2026. No obstante, los críticos señalaron fines electorales. Masacre de Moura y menores en bombardeos: el Ejecutivo enfrentó acusaciones de doble estándar: Petro criticó bombardeos del gobierno de Duque en los cuales, mataron niños, pero la Defensoría del Pueblo alertó que en noviembre de 2025 siete menores murieron en un bombardeo en Guaviare contra disidencias de "Iván Mordisco". Participación indebida en campaña: la exalcaldesa Claudia López presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia con 20 hechos documentados de intervención directa del presidente en el debate electoral, incluyendo ataques en redes sociales al CNE y a candidatos específicos. Violencias de género en el entorno presidencial: tres funcionarios cercanos a Petro —Víctor de Currea-Lugo, Hollman Morris y Diego Cancino— enfrentaron señalamientos de acoso, con intervención de la Procuraduría. Petro respondió a todos los escándalos enmarcándolos como parte de una conspiración del establishment contra su gobierno, sin abordar los contenidos específicos de las denuncias. La dimensión internacional: Trump, Bukele y la derecha regional Las elecciones colombianas tienen proyección hemisférica. Un informe reservado del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., filtrado en mayo de 2026, analizó a los tres candidatos principales y sus posibles efectos sobre la relación bilateral. La conclusión es que la victoria de De la Espriella o Valencia representaría una reorientación profunda: más cooperación en antidrogas, más extradiciones y un acercamiento al Escudo de las Américas impulsado por Trump –en el cual todavía no ha entrado Colombia–. El 48% de los votantes colombianos encuestados afirmó que un eventual respaldo explícito de Trump a De la Espriella aumentaría su probabilidad de votar por él, según una encuesta Shila Vilker-Ivoskus (mayo 2026). De la Espriella se reunió con Flavio Bolsonaro días antes de la primera vuelta y publicó mensajes celebrando la articulación de "un frente común contra la izquierda radical" en la región. Tanto él como Valencia han elogiado a Nayib Bukele como modelo de seguridad. La victoria de Cepeda, en cambio, implicaría continuidad del distanciamiento de Petro con Washington —que llegó al extremo de que Trump amenazara públicamente con "hacer cosas malas en Colombia" y Uribe calificó a Petro de "campeón de la corrupción" por sus críticas al mandatario estadounidense. En materia multilateral, Colombia bajo Petro fue presidente pro tempore de la CELAC (2025-2026), reforzando su alineación con el bloque progresista en la región, ligándose estrechamente con las administraciones de Sheinbaum en México, Lula da Silva en Brasil y Yamandú Orsi en Uruguay. Asimismo, China y Turquía han ampliado su presencia económica en Colombia –especialmente en sectores como la infraestructura, la industria textil, energía, minería o agroindustria–, pero sin incidencia directa notable en la campaña. Mientras, Rusia, cuya influencia en el Sahel africano preocupa a Washington, está todavía ausente del debate colombiano –aunque por las características violentas y mercenarias de ciertos grupos del crimen organizado en el país, preocupa una incidencia o apoyo indirecto–. ¿Quién vota qué? El mapa sociológico del electorado Colombia no tiene una línea divisoria ideológica limpia. La sociología electoral combina variables de clase, territorio, religión, género y edad de formas complejas: Cepeda: concentra su base en el voto urbano de clase media-baja y sectores populares organizados, comunidades afrocolombianas e indígenas, y el voto joven ideologizado que en 2022 empujó a Petro. Las grandes ciudades como Bogotá, Cali y las regiones Caribe y Pacífica son su territorio más fuerte. De la Espriella: capta el voto antipolítico y anti-Petro de sectores medios y populares que no se identifican con el uribismo tradicional. Tiene fuerte presencia en redes sociales y entre votantes de 18 a 35 años que no son ideológicamente de izquierda pero rechazan medidas adoptadas por Petro. Su base geográfica es difusa justamente por su rasgo de outsider, aunque sí se ha visualizado una concentración en las áreas centrales del país. Valencia: tiene el voto duro uribista: Antioquia, Córdoba, los Llanos, sectores empresariales, votantes de mayor edad y niveles educativos medio-altos que apoyan el modelo de seguridad democrática. Con Oviedo como fórmula intentó capturar el voto de centro que teóricamente rechazaba tanto a Petro como al radicalismo de De la Espriella –aunque como se puede observar, las regiones donde destacaba Valencia han optado por girar hacia la derecha–. La abstención es estructuralmente alta (rondó el 45% en 2022) y suele castigar más al oficialismo. El voto en blanco tiene peso simbólico pero raramente incide en el resultado. La clave de la segunda vuelta será la concentración del voto opositor: si De la Espriella y Valencia no logran fusionar electores, Cepeda tendrá la presidencia asegurada. Análisis: Colombia en una encrucijada sin salida fácil Las elecciones de 2026 no son solo una alternancia de partidos: son un referéndum sobre el modelo de país. Cepeda representa la continuidad de una transformación social que no ha terminado de cuajar institucionalmente. De la Espriella es la traducción colombiana del populismo de derechas que barre América Latina y EE.UU.: anti-élite, pro-seguridad, con estética outsider y vínculos con la red internacional de Milei, Bolsonaro y Trump. El problema estructural de Colombia —violencia, desigualdad, informalidad, dependencia de commodities— no tiene solución rápida en ninguno de los programas. Cepeda hereda cuatro años de desgaste del Pacto Histórico sin poder romper con Petro. De la Espriella genera entusiasmo pero ninguna certeza sobre su capacidad de gobernar. Valencia tiene experiencia legislativa pero un techo electoral marcado por el rechazo al uribismo en las ciudades y ya un resultado que la deja fuera de la Presidencia. Lo que es seguro es que habrá segunda vuelta —la regla histórica desde 1991 así lo indica, salvo las excepciones de Uribe— y que quien gane enfrentará un Congreso fragmentado, una economía bajo presión fiscal, grupos armados que no desaparecerán por decreto y una relación con EE.UU. que en cualquier escenario exige negociación. Colombia votó el 31 de mayo no para resolver sus contradicciones, sino para elegir con cuál de ellas quiere convivir los próximos cuatro años. Resultados electorales y lectura política del voto Las elecciones presidenciales colombianas de 2026 confirmaron la profunda fragmentación política del país y la consolidación de tres grandes bloques electorales: la izquierda del Pacto Histórico, la nueva derecha populista representada por Abelardo de la Espriella y la derecha tradicional vinculada al uribismo. Con una participación cercana al 58% del censo electoral —uno de los niveles más altos registrados en elecciones presidenciales recientes— acudieron a las urnas aproximadamente 24 millones de colombianos de los 41,5 millones llamados a votar. El resultado de la primera vuelta reflejó una sociedad dividida entre continuidad y cambio, así como un fuerte voto de castigo hacia las estructuras tradicionales. A la luz de los resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, la distribución territorial del voto colombiano volvió a reflejar una fractura geográfica que ya había aparecido en elecciones anteriores. Mientras Iván Cepeda y el Pacto Histórico lograron imponerse con claridad en buena parte de las costas, las regiones fronterizas y numerosos departamentos periféricos, Abelardo de la Espriella dominó gran parte del interior andino y del centro económico del país. Esta división responde, en primer lugar, a las diferentes realidades socioeconómicas que caracterizan a Colombia. Las zonas costeras del Caribe y del Pacífico, junto con departamentos fronterizos como Putumayo, Nariño o varias regiones amazónicas, presentan históricamente mayores niveles de pobreza, menor presencia estatal y una fuerte demanda de inversión pública. En estos territorios, los discursos centrados en la redistribución, la ampliación de derechos sociales y la intervención del Estado suelen encontrar una mayor receptividad. Un ejemplo significativo fue Putumayo, donde Cepeda superó el 71 % de los votos, convirtiéndose en uno de sus bastiones electorales más sólidos. Además, muchas de estas regiones cuentan con una importante presencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, sectores que han respaldado tradicionalmente opciones progresistas debido a sus reivindicaciones históricas relacionadas con el acceso a servicios públicos, la protección territorial y la inclusión política. La candidatura de Cepeda, apoyada por amplios movimientos sociales y por sectores indígenas vinculados al Pacto Histórico, logró consolidar parte de ese voto periférico. Por el contrario, el centro del país y buena parte de la región andina mostraron una mayor inclinación hacia las candidaturas conservadoras y de derecha. Departamentos como Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda o amplias zonas del Eje Cafetero poseen una estructura económica más desarrollada, una fuerte tradición empresarial y una cultura política donde las cuestiones relacionadas con la seguridad, la estabilidad institucional y la defensa de la propiedad privada tienen un peso considerable. En estos territorios, el mensaje de Abelardo de la Espriella, basado en el endurecimiento de las políticas de seguridad, la lucha contra los grupos armados y la crítica a la gestión de Gustavo Petro, encontró un terreno especialmente favorable. También influyó el contexto político nacional. Tras cuatro años de gobierno del Pacto Histórico, parte del electorado del interior percibió que problemas como la inseguridad, la violencia de grupos armados y las dificultades económicas seguían sin resolverse plenamente. De la Espriella consiguió capitalizar ese descontento mediante un discurso de orden y autoridad inspirado en modelos como los de Nayib Bukele, obteniendo finalmente el 43,74 % de los votos frente al 40,90 % de Cepeda. Resultados de la primera vuelta Candidato Votos % Aproximado Abelardo de la Espriella (Firmes por la Patria) 10,3 millones 43,74% Iván Cepeda (Pacto Histórico) 9,6 millones 40,9% Paloma Valencia (Centro Democrático) 1,6 millones 6,92% Otros candidatos 1,5 millones 5,48% Voto en blanco, nulos o no marcados 0,7 millones 2,96% Cepeda se consolidó como la primera fuerza nacional, dominando especialmente en Bogotá, Cali, la costa Caribe, el Pacífico colombiano y departamentos con fuerte presencia indígena y afrodescendiente. Sin embargo, el resultado quedó lejos del 50% necesario para evitar el balotaje, evidenciando los límites electorales del petrismo tras cuatro años de gobierno. La sorpresa de la jornada fue la consolidación de Abelardo de la Espriella como principal referente opositor. Su candidatura absorbió gran parte del voto antisistema y del rechazo a Petro, desplazando parcialmente al uribismo tradicional. Su mejor desempeño se produjo en departamentos intermedios, zonas urbanas emergentes y sectores jóvenes de clase media. Por su parte, Paloma Valencia obtuvo un resultado inferior al esperado por parte del Centro Democrático –especialmente tras los resultados positivos obtenidos el pasado 8 de marzo en las legislativas–. Aunque mantuvo la hegemonía en algunos bastiones históricos del uribismo, la aparición de De la Espriella fragmentó el voto conservador y redujo considerablemente sus posibilidades de acceder a la segunda vuelta. Implicaciones políticas El resultado abre una nueva etapa en la política colombiana. De nuevo, desde el inicio del ciclo progresista latinoamericano de la década de 2020, uno de los principales gobiernos de izquierda de la región puede ser reemplazado por una candidatura claramente alineada con las nuevas derechas continentales –como ha sucedido en Argentina, Chile o Bolivia–. Sin embargo, el margen relativamente estrecho de victoria demuestra que Colombia continúa profundamente dividida. El nuevo presidente heredará un país polarizado, con un Congreso fragmentado, desafíos fiscales considerables y una situación de seguridad que sigue lejos de estar resuelta. Más que una victoria ideológica definitiva, las elecciones de 2026 reflejarán, sin lugar a dudas, el agotamiento de una etapa política y el inicio de otra cuyo éxito dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para responder a problemas estructurales que ningún presidente colombiano ha conseguido resolver plenamente durante las últimas décadas. Nos vemos el 21 de junio de 2026 en la segunda vuelta electoral de Colombia.

De dos guerras económicas y enfrentamientos geopolíticos, a un “debemos ser amigos, no rivales”; de una enemistad, a un posible acercamiento pero con rispideces; de dos titanes queriendo demostrar quién es más fuerte a una posible tregua. De esto trató el gran evento internacional del mes, el cual tuvo a Donald Trump y Xi Jinping como sus principales protagonistas. La cumbre celebrada en Beijing el 14 y 15 de mayo de 2026 entre el presidente de Estados Unidos y el mandatario chino, Xi Jinping, no se trató de una reunión más entre las miles que se dan normalmente en la comunidad internacional; sino que representó uno de los mayores encuentros bilaterales de la última década, y una de las más significativas en el mundo y momento actual. En este contexto global, marcado por tensiones geopolíticas; desafíos económicos, disrupciones energéticas, guerras cibernéticas, y conflictos armados en casi todos los continentes; que dos de los mayores contrincantes se reúnan, y mucho más luego de que una de las partes pasase nueve años sin pisar el suelo chino, marca un hito en la historia internacional contemporánea. ¿La cumbre es la premonitora de un acercamiento, o solo un movimiento más del ajedrez internacional? Si algo caracteriza a Donald Trump es que, con él, se marcan los grandes cambios en lo que a relaciones con China se refiere. En 2017, como es habitual, la Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional de Seguridad, estableciendo la guía sobre la cual se basaría la administración estadounidense para establecer sus objetivos y planes de acción exterior. Así pues, lo interesante de ese documento no es meramente eso, sino que fue la primera vez que China se convirtió en una prioridad estratégica central de forma oficial, sosteniendo que, al igual que Rusia, sus intereses y política exterior erosionan la seguridad y prosperidad americana. De allí en más, la posición de Estados Unidos no ha hecho más que endurecerse: un año más tarde, se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad para 2018, donde se reafirmó que la competencia estratégica con China era el principal desafío a largo plazo para la nación, haciendo que muchos analistas considerasen que era una forma de inferir porque el gigante asiático se había convertido en el principal rival de la potencia occidental. En mayo de 2020, el Pentágono también publicó un comunicado de urgencia explicando el enfoque del país hacia la República Popular China, y meses más tarde, en el Informe sobre la evolución de la situación militar y de seguridad en relación con el gigante asiático, comentó acerca de los supuestos intentos de la administración de Xi Jinping de erosionar el orden mundial. Durante la administración de Biden se siguió la misma línea. Ejemplo de ello es la Estrategia Nacional de Seguridad de 2022, la cual remarcó nuevamente que China era el competidor más importante. Además, claramente se ve una posición compartida, pues durante su administración tampoco se realizó ninguna visita de Estado al país asiático. En esa línea, también resulta interesante a la par que curioso ver las imágenes de la delegación estadounidense arrojando todos los regalos que han recibido en un container, pues nada chino puede subir al Air Force One. Esto, según el protocolo de contrainteligencia del Servicio Secreto y de Seguridad de la Casa Blanca, se aplica siempre que una comitiva de Estados Unidos regrese de algún país considerado de alto riesgo, como es el caso de China. La finalidad es evitar que cualquier micrófono, cámara oculta, chip de rastreo, aparato contaminado con virus o cualquier dispositivo de espionaje pueda entrar en el círculo del presidente y en territorio americano. Entonces, si tan fuerte es la amenaza, ¿por qué este cambio tan repentino? ¿Es que quizás Donald Trump quiere poner fin a una relación de enemistad de casi una década? ¿O es más bien un movimiento estratégico? Aunque se esté señalando esta cumbre como la gran reunión entre China y Estados Unidos, lo que sorprende es la ubicación elegida, no el acercamiento. Ya en el mes de octubre del año pasado se había acordado una tregua en la guerra comercial (algo muy interesante, en tanto con Trump se iniciaron dos guerras económicas contra China), y se habilitó cierta apertura a la explotación china de tierras raras. Además, uno de los acuerdos a los que se llegó en la Cumbre fue reunirse en septiembre en Estados Unidos. En ese sentido, probablemente la negociación estadounidense haya asistido a un interés de fondo: reducir las tensiones económicas sin que parezca un paso hacia atrás en la competencia con China. Intención que probablemente sea compartida también por su contraparte, pues a pesar de ser las dos mayores potencias globales, la dependencia de una de la otra es casi tan grande como su poder. Estados Unidos tiene una cantidad muy amplia de herramientas con las que atacar a su principal competidor, como los aranceles, las amenazas, las sanciones, los controles tecnológicos, las restricciones sobre tecnología y las presiones sobre los bancos. Pero, por esa situación de mutua dependencia, también puede volverse en su contra. Por ejemplo, una de las acciones más importantes de estos últimos meses tomadas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos contra China, fue la aplicación de sanciones a empresas chinas, por proporcionar imágenes satelitales sensibles a Irán, y a refinerías chinas acusadas de comprar petróleo iraní. La respuesta de China fue igual de fuerte, promulgando la “Regla para contrarrestar la aplicación extraterritorial injustificada de legislación extranjera y otras medidas”, una normativa que establecía que si una empresa cumplía con las sanciones norteamericanas perjudicando a una empresa china, se podrían iniciar acciones legales en tribunales chinos y reclamar una compensación, convirtiendo la política de sanciones estadounidense en un riesgo para la cadena comercial. Situación similar ocurre con la tecnología, pues Pekín controla las masas de insumos críticos necesarios para la tecnología norteamericana, y China requiere de las innovaciones tecnológicas de Estados Unidos. Por consiguiente, es beneficioso para ambos reducir las tensiones comerciales y económicas. Pero la cuestión no concluye ahí. Varios son los académicos que consideran que detrás de esta cumbre también interviene un interés particular de Trump: la necesidad de victorias simbólicas y domésticas. Por esto mismo, acudió con una fuerte impronta comercial, buscando provocar presión y volumen político al acudir con una delegación conformada por algunas de las figuras económicas centrales del país, como Elon Musk, Tim Cook y Stephen Schwarzman, y ejecutivos de alto perfil, como Kelly Ortberg, de Boeing, y Jane Fraser, de Citigroup. De tal forma, la hoja informativa publicada el 17 de mayo por el Departamento de Estado detalla un acuerdo para la compra de 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense para las aerolíneas chinas, y productos agrícolas estadounidenses por valor de al menos 17.000 millones de dólares al año en 2026 (prorrateado), 2027 y 2028. En suma, a pesar de que Trump dijo que él y Xi Jinping deberían ser amigos y no rivales, la realidad es que parecería que funciona realmente al revés: se trata de una rivalidad disfrazada de amistad. Un acercamiento que pretende reducir los costos de la competencia, pero no la competencia en sí misma. ¿El destino del orden internacional está en la Trampa de Tucídides? Quien diga que la historia no se repite, está en un error, o al menos eso es lo que parece que Xi Jinping cree al citar la Trampa de Tucídides durante su diálogo con Trump. Esta teoría, creada en 2015 por Graham Allison, se inspira en la Historia de las Guerras del Peloponeso de Tucídides, una historia que cuenta cómo Esparta en el siglo V a.C. perdía su posición como la ciudad-estado griega más poderosa frente a Atenas. Ergo, la teoría describe esa misma situación, donde el ascenso de una nueva potencia y el descenso de una ya instaurada puede generar choques y hasta la derrota de una de ellas. Al hacer una alegoría con esta propuesta, China demuestra algo crucial: ya no es la imagen de quien recibe al gran país. Tampoco es esa potencia en desarrollo que aún busca su lugar bajo los reflectores de la comunidad internacional. No, ahora es una China firme, que sabe lo útil que es, que entiende que así como ellos dependen de Estados Unidos, Estados Unidos también depende de ellos. En la Cumbre, Xi Jinping es un igual a Trump, y hasta incluso pareció que pretendía mostrar cierto poderío sobre el mandatario. De tal forma, la Trampa de Tucídides no fue utilizada en vano, fue un guiño mediante el cual Xi Jinping le dijo indirectamente a su homólogo estadounidense que Estados Unidos estaba en declive. Poco le ayudó a Trump halagar tanto al presidente chino, pues mientras uno daba un golpe sutil, el otro hablaba del respeto que le tiene a Xi Jinping y de la relación fuerte que han forjado. Pero aunque pueda interpretarse como una posición de colaboración y búsqueda de entendimiento mutuo (que sí), también apoya el discreto comentario chino, pues se sabe que Donald Trump solo respeta a aquellos que son tan fuertes como él. Entonces, mientras China le estaba diciendo que Estados Unidos estaba cayendo de su pedestal, Trump los subió a ellos. Aún más, uno de los puntos donde Xi Jinping fue muy estricto durante el proceso de negociaciones fue en la cuestión de Taiwán, advirtiendo que Estados Unidos debía mover muy bien sus fichas pues una mala gestión sí podría llegar a generar choques entre potencias. Posteriormente, la siguiente vez que el líder estadounidense habló sobre el tema de la isla, mostró una posición más reculada, levantando la alerta en los países de la región y obteniendo como respuesta un comunicado del presidente taiwanés William Lai Ching-te, quien anunció que Taiwán no cedería ante ninguna presión que ponga en peligro su paz y seguridad. No obstante todo lo anterior, si algo caracteriza a China es la discreción. No va a enfrentarse directamente a Estados Unidos, ni tampoco va a presentarse como la parte conflictiva. La nación asiática es reconocida mundialmente por ser de las más diplomáticas y/o protocolarias dentro de la comunidad internacional, y no va a permitir que eso cambie. De hecho, en la Cumbre demostró que su objetivo es posicionarse como un país fuerte, pero no como un enemigo al que atacar, por lo que también se comportó de manera colaborativa y cooperativa. Una especie de “aquí mando yo, pero quiero que trabajemos juntos”. Y la mejor manera de hacerlo fue mediante otra alegoría, algo que caracteriza mucho al presidente chino. Durante la visita a los jardines de Zhongnanhai , Xi le enseñó a Trump un árbol centenario y le explicó que no era uno, sino dos árboles que se habían fusionado con el paso del tiempo. Claramente una metáfora de lo que él esperaba que ocurriese con ambos países. Pero la cuestión no terminó el 15 de mayo Como punto final, el último movimiento de Xi Jinping ocurrió días después de que la delegación de Estados Unidos volviese a su país: el 19 de mayo, recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es bien sabido que Washington está intentando dirigir su política para reconstruir lazos con Moscú a fin de aislar a China. Una jugada que muchos llaman el Reverse Nixon, pues en los años 70´s se utilizó a China para aislar a la Unión Soviética. Sin embargo, esta reunión entre las potencias orientales solo sirvió para reafirmar el temor de Trump: la alianza bilateral sin precedentes entre ambos. Con ello, se difundió un video donde Putin valoraba la relación entre ambos y el respeto por la colaboración pactada a largo plazo: “Estoy convencido de que nuestros lazos amistosos y afectuosos nos permiten diseñar los planes más audaces para el futuro y materializarlos”. ¿Entonces, puede existir un posible G2 o solo fue un baile de máscaras? Es una realidad que ambos países parecieron demostrar intenciones de cooperar, pero la pregunta que queda latente es si realmente es el comienzo de un árbol que se fusiona, o si solamente fue un posicionamiento de ambas partes para solucionar problemas domésticos utilizando a la otra. Por otra parte, también invita a la reflexión sobre si Estados Unidos se está volviendo un elefante con pies de barro y se cumplirá la profecía de Tucídides; o por el contrario, se trata de un movimiento más en la gran estrategia que Donald Trump tiene para el mundo y que aún se intenta dilucidar. La Cumbre terminó sin grandes acuerdos comerciales, y hasta el momento, tampoco hubo declaraciones desde el lado chino sobre a qué se había llegado realmente, solo por parte de Estados Unidos. Pero si hay algo que sí ha dejado: interrogantes, a cuyas respuestas se deberá estar muy atento a los sucesos de los próximos meses para poder conseguirlas.

“En la noche de la exclusión, la razón no fue una antorcha, sino un espejo que nos devolvió la imagen de nuestra propia extrañeza.” La Haskaláh como claridad ambigua La Haskaláh no fue un amanecer limpio. No irrumpió como una luz clara que disipa la noche, sino como una claridad incierta, casi dolorosa, que obligaba a mirar aquello que durante siglos había sido protegido por la penumbra. Llamarla “Ilustración judía”, en analogía con el movimiento europeo de las luces, es, en cierto modo, traicionar su complejidad: porque si bien compartía sus ideales de razón, progreso y universalidad, nacía en un cuerpo histórico radicalmente distinto, marcado no por la hegemonía del poder estatal, sino por la fragilidad de una minoría perpetuamente vulnerable. El siglo XVIII europeo no solo trajo nuevas ideas, sino que redefinió lo que significaba ser “humano”. Como señala el historiador Shmuel Feiner en The Jewish Enlightenment, la gran revolución de la Ilustración fue la exigencia de que el individuo se despojara de sus “ropajes históricos” para presentarse ante el Estado como un ciudadano racional. Para el judío del gueto, esto representaba una encrucijada existencial. Durante milenios, el judío no existía como individuo autónomo, sino como parte orgánica de la Klal Yisrael (la comunidad de Israel). La promesa de la Ilustración era: “Te daremos todo como individuo, pero te negaremos todo como nación”. Esta frase, atribuida más tarde al conde de Clermont-Tonnerre durante la Revolución Francesa, resume la amenaza silenciosa. La razón universal de Immanuel Kant o Voltaire no era un espacio neutro; era un molde que exigía que las particularidades —el shabat, la dieta kashrut, la vestimenta distintiva— fueran relegadas a la esfera privada o, peor aún, vistas como “supersticiones orientales” que impedían el progreso. La Kehilá y la estructura del mundo previo Para entender la magnitud de esta fractura, debemos analizar la Kehilá. Como señala el historiador Jacob Katz en su estudio Tradition and Crisis, la sociedad judía pre-moderna no era un grupo religioso en el sentido moderno, sino una “corporación autónoma”. El sistema del Jeder (escuela elemental) y el Bet Din (tribunal rabínico) formaban una red de seguridad que, si bien asfixiante para el individuo, era vital para la supervivencia del colectivo. El exterior no ofrecía una alternativa ciudadana, sino una “tolerancia” que podía revocarse con un decreto. Por ello, el yidis no era solo un dialecto; era una membrana identitaria. La Haskaláh llega para romper esa membrana. Los maskilim (ilustrados) no eran meros diletantes; eran hombres que, como Moses Mendelssohn, sentían que el aislamiento ya no era una defensa, sino una prisión que les impedía participar en la “Humanidad Universal”. El contacto con figuras como John Locke y su concepto de tolerancia, o Baruch Spinoza (quien ya había prefigurado esta ruptura un siglo antes), fue, en palabras de los propios maskilim, como un “rayo en una habitación cerrada”. Los jóvenes judíos de Berlín o Königsberg no solo aprendían alemán; estaban aprendiendo a pensar fuera del comentario. El estudio tradicional se basaba en la autoridad de los sabios (Chazal); la Ilustración se basaba en la autoridad de la evidencia y la lógica propia. Este descubrimiento fue perturbador porque introdujo la secularización del conocimiento. Ya no se estudiaba la naturaleza para encontrar a Dios, sino para entender las leyes de la física. “Sapere Aude!” (¡Atrévete a saber!) — la máxima de Kant resonó en los oídos de hombres como Naphtali Herz Wessely, quien en su obra Divrei Shalom ve-Emet (Palabras de paz y verdad), abogó por que los judíos aprendieran “conocimientos humanos” (torat ha-adam) antes que “conocimientos divinos” (torat ha-elohim). La fractura interior de la modernidad judía Aquí reside la dimensión más humana y trágica de la Haskaláh. Se alimentó la ilusión de que se podía ser un “filósofo en la plaza y un judío en el hogar”. Pero esta división del alma resultó ser una herida abierta. El estudio de casos de la época muestra que este “equilibrio” era un estado de crisis permanente. El judío que leía a Goethe ya no podía mirar el Talmud con los mismos ojos; el mundo se había vuelto demasiado ancho para caber en los muros de la judería. Moses Mendelssohn y el intento de síntesis En este contexto emerge la figura central de este drama: Moses Mendelssohn, el Sócrates de Berlín. Su vida representa el intento más noble, y a la vez más angustiante, de tender un puente entre dos mundos que se miraban con sospecha mutua: la rigidez del gueto y la arrogancia de la Ilustración berlinesa. Hijo de un escriba de rollos de la Torá en Dessau, Mendelssohn llegó a Berlín siendo un joven jorobado, pobre y con un alemán limitado. Sin embargo, su ascenso fue meteórico. Logró lo impensable: que la élite prusiana, desde Federico el Grande hasta los salones de la alta burguesía, viera en él a un igual intelectual. Pero este reconocimiento tenía un “peaje” invisible. El historiador Amos Elon, en su obra The Pity of It All, describe cómo Mendelssohn se convirtió en la “prueba de concepto” para los cristianos ilustrados: la evidencia de que un judío podía ser “humano” si se refinaban lo suficiente. Su amistad con Gotthold Ephraim Lessing es el símbolo de esta época. Lessing escribió Natan el Sabio inspirándose en él, proyectando la imagen de un judío ideal, despojado de “fanatismo”. En su obra cumbre Jerusalem (1783), Mendelssohn intentó la pirueta intelectual más difícil de su tiempo: demostrar que el judaísmo era la religión de la razón por excelencia porque, a diferencia del cristianismo, no exigía creer en dogmas sobrenaturales, sino cumplir leyes que apuntaban a la perfección moral. Él dijo: “Adoptad las costumbres y la constitución del país en que os encontráis, pero sed firmes en la religión de vuestros padres. Llevad ambas cargas tanto como podáis.” “Nadie puede ser feliz aquí abajo sin ser virtuoso; y nadie puede ser virtuoso sin tener sentimientos religiosos.” Mendelssohn abogaba por un Estado laico antes de que el concepto estuviera maduro. Creía que la religión debía apelar solo a la persuasión y no a la coacción. Sin embargo, esta “doble carga” se reveló insostenible. El ejemplo es la propia familia de Mendelssohn: la mayoría de sus hijos y nietos terminaron convirtiéndose al cristianismo. La presión del entorno fue más fuerte que la arquitectura teológica del abuelo. La sociedad europea no quería una “separación tajante” entre religión y ciudadanía; quería la disolución de la identidad judía en el crisol nacional. Incluso su nieto, el compositor Felix Mendelssohn, fue bautizado. Mendelssohn murió creyendo que la síntesis era posible, pero la historia de su propia estirpe cuenta otra versión. Estado moderno, emancipación y control La transición de la Haskaláh desde una inquietud filosófica hacia una política de Estado marcó el inicio de una transformación más áspera. El Edicto de Tolerancia (1782) de José II de Austria es el ejemplo paradigmático. Como explica la historiadora Paula Hyman en The Jews of Modern France, el Estado moderno no buscaba la libertad del judío por una cuestión de derechos humanos inalienables, sino por un cálculo de utilidad económica y política. El Estado quería “ciudadanos productivos”, y para lograrlo, consideraba necesario “corregir” al judío. El decreto fue un arma de doble filo: por un lado, permitió el acceso a la educación superior y al comercio; por otro, atacó el corazón de la autonomía judía. Al prohibir el yidis en documentos comerciales y legales, e imponer las Normalschulen, el Estado obligó a abandonar la lengua y el sistema educativo tradicionales. No era una invitación a la diversidad, sino un ultimátum: integración a cambio de identidad. La Haskaláh como proyecto cultural En este contexto, la Haskaláh se transformó en estrategia de supervivencia. Los maskilim actuaron como mediadores. La revista Ha-Me’assef (1783), editada por figuras como Isaac Euchel, fue el campo de batalla cultural. Se buscó revitalizar el hebreo como lengua moderna frente al yidis, considerado una jerga del gueto. “Despierta, mi pueblo, ¿hasta cuándo dormirás? (...) Ábreles los ojos, que vean que la luz del sol de la razón ha salido sobre toda la tierra.” — Judah Leib Gordon. Sin embargo, cada paso hacia la modernización implicaba una pérdida. Cada poema secular era un ladrillo menos en el muro de la Kehilá. Se construía un puente hacia el mundo exterior, pero se temía que fuera solo de ida. Emancipación, antisemitismo y paradoja moderna El siglo XIX trajo el golpe definitivo. En Europa occidental, la emancipación parecía un éxito: Heinrich Heine, Giacomo Meyerbeer, la familia Rothschild. Pero como señala Hannah Arendt en Los Orígenes del Totalitarismo, esta integración fue una “parodia de igualdad”. El judío era aceptado como individuo excepcional, pero el pueblo judío seguía siendo un cuerpo extraño. La culminación de esta contradicción fue el Caso Dreyfus (1894). Alfred Dreyfus, oficial francés plenamente asimilado, fue condenado por una traición inexistente. No fue juzgado por su religión, sino por su biología. La Ilustración había enseñado que el judío podía dejar de creer; el antisemitismo racial enseñó que no podía dejar de ser. En Europa oriental, la situación fue aún más brutal. Los pogromos de 1881, tras el asesinato del zar Alejandro II, destruyeron cualquier ilusión. Los maskilim de Rusia, Rumanía o Polonia, como Leon Pinsker o Peretz Smolenskin, vivieron la “doble conciencia”: habían abandonado la tradición, pero la modernidad los rechazaba. “Somos como un hombre que ha abandonado su casa para ir a una fiesta a la que no ha sido invitado. Al volver, descubre que su casa ha sido quemada.” La crisis final de la Haskaláh: del fracaso al sionismo La pregunta era inevitable: ¿de qué había servido la adaptación? Este desengaño culmina en una tesis ineludible: el fracaso de la Haskaláh fue el germen inicial del movimiento sionista. Leo Pinsker, en Autoemancipación (1882), diagnosticó la “judeofobia” como una psicosis hereditaria de Europa. Escribió: “Para los vivos, el judío es un muerto; para los nativos, un extranjero; para los estables, un vagabundo; para los poseedores, un mendigo; para los pobres, un explotador y un millonario; para los patriotas, un apátrida; para todos, un rival odiado.” La conclusión era devastadora: la integración no solo había fracasado, sino que había revelado su imposibilidad estructural. El judío seguía siendo un “fantasma” en Europa. Así, el sionismo emerge no como una continuación de la tradición, sino como una ruptura moderna. La Haskaláh intentó normalizar al judío dentro de Europa; el sionismo decidió que la única normalización posible era la soberanía. El sueño de ser “un hombre en la calle y un judío en casa” colapsó cuando la calle se volvió hostil. Como señala Arthur Hertzberg en The Zionist Idea, el sionismo fue la respuesta de una élite secularizada que comprendió que la emancipación concedida nunca sería suficiente. La diferencia es radical: la Haskaláh quiso cambiar al judío para encajar en el mundo; el sionismo quiso cambiar el mundo político para que el judío no tuviera que encajar. La luz de la Haskaláh, al no disipar las sombras de Europa, terminó iluminando otro camino: el regreso a Sión. Transformó una identidad religiosa en una voluntad nacional. Y en ese contexto el fracaso no fue un final, sino un origen. Pero… ¿legítimo? El sionismo hasta el momento es la respuesta a ese precio. La desilusión de la razón se convirtió en una radicalidad política que se superpuso y se superpone a cualquier deslegitimación. "Si lo queréis, no será una leyenda" — Theodor Herzl Conclusiones La pregunta, entonces, no se disuelve; se agudiza. ¿Puede una legitimidad fundada en la historia del rechazo permanecer intacta cuando se enfrenta a la historia de otros? ¿Puede una respuesta forjada en la intemperie evitar endurecerse hasta volverse impermeable a toda crítica? La legitimidad, si en algún caso puede identificarse como certeza, se transforma aquí en tensión permanente, en un equilibrio inestable entre memoria, necesidad y poder. Porque si algo enseñó la Haskaláh, es que la razón únicamente no basta para salvar a los hombres; y si algo revela su fracaso es que tampoco basta para juzgarlos plenamente. El sionismo, hijo de esa grieta, no puede entenderse fuera de ella: es, al mismo tiempo, solución y síntoma, refugio y conflicto, afirmación y negación. Y así, en el eco de aquella “claridad incierta” que inauguró la modernidad judía, la historia ya no concede absoluciones: sólo deja preguntas que arden. Tal vez la más incómoda —y por ello la más honesta— sea esta: si toda luz nace de una herida, ¿hasta qué punto esa luz, nacida del dolor histórico, puede justificar la oscuridad de sus actos? La luz que nació para proteger puede, con el tiempo, justificarse en la más profunda penumbra moral.

En el corazón del siglo XX, mientras Europa se encontraba sumida en guerras, reconstrucción y cambios profundos, Portugal vivió una experiencia particular: la instauración y consolidación de un régimen dictatorial, el Estado Novo. Nacido oficialmente en 1933 bajo el liderazgo del economista António de Oliveira Salazar, el Estado ibérico se erigió como una dictadura estructurada bajo el autoritarismo, el conservadurismo, el nacionalismo y la antidemocracia, gobernando el país hasta 1974. De tal forma y a modo de conmemoración, el siguiente artículo tiene como objeto la celebración del 25 de mayo, en virtud al cumplimiento de los cien años del inicio de la crisis que encumbró a Salazar bajo el Estado Novo, y cuyo análisis es primordial para entender las cicatrices y la identidad de una nación que hoy abraza su libertad. Contexto histórico previo Portugal se encontraba a inicios del pasado siglo sumido en una gran inestabilidad. La Primera República Portuguesa, nacida de la revolución de 1910 –motivada tras un extenso y convulso período monárquico–, fue increíblemente inestable, con cuarenta y cinco gobiernos y ocho presidentes en tan solo dieciséis años. La participación en la Primera Guerra Mundial exacerbó los problemas económicos, lo que derivó en constantes huelgas, atentados y un masivo descontento social. En consecuencia, la situación desembocó en que, en 1926, el general Gomes da Costa dio un golpe de Estado y suspendió la constitución, iniciando la conocida Ditadura Nacional (1926-1932). No obstante, los militares no fueron capaces de controlar la inflación y la deuda, lo que hizo emerger la figura de Salazar, un profesor de economía que aceptó llevar las riendas de las finanzas con la condición de tener un control total sobre los presupuestos del país. Su gestión como ministro de Hacienda fue todo un éxito y el país prosperó, lo que, sumado a su gran influencia, le llevó a ser nombrado primer ministro en 1932. Un año después, Salazar implantó una nueva constitución que formalizaba el Estado Novo, definiéndolo como una dictadura corporativista de corte católico y tradicionalista y rechazando por tanto el liberalismo, el comunismo y cualquier forma de oposición. Era su proyecto político personal. Naturaleza del régimen El Estado Novo se sostuvo principalmente en los tres cimientos mencionados: corporativismo, catolicismo y tradición, y se articuló a su vez en torno al trinomio “Deus, Pátria e Família”, un lema que operó como eje moral y social del país. El corporativismo se tradujo en un modelo de organización política y social donde el Estado regulaba y coordinaba la actividad de corporaciones y gremios buscando unidad nacional, armonía social y control económico. Se rechazó por tanto la lucha de clases y el socialismo, así como cualquier tipo de disidencia. Este nuevo régimen se amparó en valores tradicionales: religión católica, familia como nexo social, obediencia y orden. Salazar había combatido el anticlericalismo de la Primera República, lo que explica el corte católico que definió al régimen, aunque la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia fue un propósito firme, oficializándose las relaciones entre ambos a través de un Concordato en 1940. Se eliminó el sufragio universal y se prohibió el pluripartidismo, a excepción del oficialista Unión Nacional, claro reflejo del corporativismo salazarista. Portugal se presentaba como una nación eterna, modesta y autosuficiente (autárquica), ajena a los “excesos” de lo moderno. La economía, como se ha mencionado, quedó bajo estricto control estatal y se promovió una visión ruralista que ignoraba la industrialización y limitaba la expansión de las clases trabajadoras en las ciudades. El pilar del régimen: control y represión La represión fue una de las bases centrales del Estado Novo. La censura era omnipresente y los medios de comunicación se encontraban bajo control estatal. El objetivo era condicionar, controlar o eliminar las expresiones de opinión y evitar la organización política de las fuerzas que se oponían a él, así como de los manifestantes o descontentos dentro de las propias fuerzas de apoyo del régimen. Uno de los mecanismos de control, especialmente orientado a limitar el derecho a la reunión política, expresión y de organización, fue la policía política: la PIDE –Policía Internacional y de Defensa del Estado–. Esta, era una policía secreta temida y poderosa que; vigilaba, perseguía y castigaba a los disidentes. Muchos ciudadanos fueron detenidos y torturados por motivos políticos, mientras que otros lograron exiliarse. La oposición, tanto de izquierda como de ramas liberales o, incluso, monárquicas, fue oprimida sistemáticamente. Salazar creó la PIDE tras la Segunda Guerra Mundial para defender al régimen de actividades de organizaciones clandestinas, como el Partido Comunista Portugués. Los métodos de la policía secreta iban desde la vigilancia de sospechosos hasta el encarcelamiento sin cargos, mediante la interceptación de correspondencia y comunicaciones y la creación de una red de informantes, culminando con la presentación de los detenidos ante los Tribunales Plenarios, lo que permitía al régimen legitimar las detenciones e investigaciones. Los sospechosos de diversos orígenes sociales y afiliaciones o tendencias ideológicas pasaban durante períodos largos por las prisiones privadas en el continente y en el campo de Tarrafal (Cabo Verde), donde se les sometía a tratos inhumanos y torturas. Es en este último, la Colonia Penal de Cabo Verde, donde el régimen deportó, en una primera fase, a presos políticos opuestos al régimen, y en una segunda, a miembros de los movimientos de liberación de las colonias africanas. Las condiciones eran inhumanas: además de los malos tratos y las palizas, había escasez de alimentos y falta de condiciones higiénicas, combinados con el clima hostil del país y los peligros de contraer malaria. La primera fase fue peor, al principio el campo solo tenía tiendas de lona y fueron los presos, sometidos a trabajos forzados, lo que izaron las instalaciones. En la segunda fase todo ya estaba construido y la función del campo era encerrar, similar a los campos (de concentración y trabajo forzado) en la Alemania nazi o en la España franquista. El objetivo no era matar a los presos, sino neutralizarlos, encerrarlos lejos, explotarlos y, en multitud de casos, dejarlos morir sin justificación o pena. Se estima que pasaron por el campo entre 550 y 600 personas –de las que murieron casi medio centenar–, que definían Tarrafal como “el campo de la muerte lenta”. Aunque con la caída del régimen se liberó a los prisioneros, las historias y la memoria del campo persisten, con familias que nunca volvieron a saber de sus hijos. Posicionamiento internacional António Salazar supo posicionarse muy bien en el mundo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Portugal –aunque simpatizaba ideológicamente con algunos regímenes del Eje– adoptó formalmente una neutralidad armada para preservar su soberanía y evitar ser arrastrado al conflicto (como ya ocurrió veintitrés años antes). Su posición en Europa le daba una relevancia estratégica de gran calibre y logró mantener relaciones diplomáticas tanto con los Aliados como con las potencias del Eje, con decisiones cuidadosamente tomadas para evitar antagonizar a ningún bando. Con los Aliados mantuvo buenas relaciones permitiendo el tránsito de suministros y proporcionando bases aéreas y navales (en las Islas Azores) para las operaciones de guerra en el Atlántico; y con las potencias del Eje, como Alemania, mantuvo afinidad ideológica, además de una relación cordial con Adolf Hitler. Con España firmó un Tratado de Amistad y No Agresión –el Pacto Ibérico– para asegurar la estabilidad en la península. No obstante, a pesar de su neutralidad, Portugal vendió Wolframio a Alemania y tuvo que regular estas exportaciones hacia los Aliados para equilibrar intereses. Otro aspecto bastante peculiar del régimen fue la defensa a ultranza del colonialismo. El “ultramar” portugués reflejaba un verdadero pluricontinentalismo: para los lusos, la nación portuguesa estaba conformada por distintas regiones a lo largo del globo. Por eso, mientras las potencias europeas comenzaron el ansiado proceso de descolonización que lideró las joven Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, Portugal se aferró con uñas y dientes a su imperio en África. Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Macao, Timor o Santo Tomé no eran colonias para los portugueses, sino “provincias ultramarinas” indivisibles del territorio nacional. Esta defensa a ultranza del imperialismo provocó, a partir de la década de 1960, cruentas guerras de independencia en varias colonias, conflictos que se prolongaron por más de una década y que desgastaron al régimen en términos económicos y morales. Durante estas guerras, la PIDE, hasta entonces prácticamente ausente en territorio africano, asumió la función de servicio de inteligencia en la triada de operaciones y colaboró con las fuerzas militares sobre el terreno constituyendo y dirigieron sus propias milicias, compuestas por africanos –muchas veces desertores de los guerrilleros–. En este contexto, la acción del PIDE también puedo haber cruzado fronteras, pues se le atribuyen responsabilidades tanto en el ataque que mató al líder del FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), Eduardo Modlane, como en la manipulación del descontento PAIGC (Partido Africano para la Liberación de Guinea y Cabo Verde) que, en un “golpe de Estado” dentro del propio partido, asesinó al líder independentista Amílcar Cabral. Por otro lado, Portugal se encontraba sumido en la dictadura cuando se fundó la OTAN en 1949 y, aunque el Tratado de Washington vincula a sus miembros bajo las premisas de democracia, libertad individual y Estado de derecho, el caso de Portugal resulta peculiar. Como ya hemos mencionado anteriormente, Salazar permitió a los británicos y estadounidenses hacer uso de la base de Lajes (Islas Azores) para luchar contra submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria, EEUU quería mantener lazos con Portugal para poder seguir utilizando las bases, pero la condición de este fue clara: inclusión en el Plan Marshall y miembro fundador de la OTAN. Salazar logró así el reconocimiento internacional que necesitaba. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, el flanco mediterráneo estaba al borde del colapso: una junta había tomado el poder en Grecia, el ejército turco dio dos golpes de Estado y el régimen de Salazar se volvía cada vez más controvertido por las guerras coloniales. Pero era la Guerra Fría y las potencias mayores necesitaban priorizar la cohesión y los intereses geopolíticos, y estos tres países eran obstáculos esenciales para la expansión soviética y el control de choke points en el Mediterráneo. Los intereses nacionales también primaban y algunos aliados tenían fuertes incentivos económicos para mantener lazos con estos regímenes, así como requisitos militares para mantener el acceso a bases aéreas y navales. La alianza atlántica ignoró las condenas a Portugal y este perduró en la organización. En cambio, Naciones Unidas sí que condenó abiertamente al Estado Novo, especialmente en términos coloniales, pues rechazó la tesis del pluricontinentalismo y el ultramar, declarando que territorios como Angola, Mozambique o Guinea eran territorios no autónomos sobre los que Portugal tenía la obligación de informar y descolonizar. A medida que avanzaban las guerras coloniales la ONU endureció su postura y condenó formalmente en 1962 la actitud del gobierno portugués por la represión armada contra los movimientos de liberación. Economía y sociedad: la vida teñida de gris La vida bajo el cielo de Lisboa era lo que una dictadura solía reflejar: tensión, miedo, control y pobreza. Autarquía y proteccionismo categorizaron al régimen, receloso de la innovación y el desarrollo, y que solo admitió la apertura de la economía y la entrada regulada de capitales extranjeros en una fase tardía. Aunque en 1950 las condiciones económicas mejoraron ligeramente por las reformas implementadas, a partir de 1960, la larga lucha contra los movimientos guerrilleros de Angola, Mozambique y Guinea Bissau resultaba enormemente agotadora para el país, tanto en términos morales como económicos. Portugal era pequeño y pobre a nivel de recursos laborales y financieros, y los cambios sociales provocados por la urbanización, la emigración, el crecimiento de la clase trabajadora y el surgimiento de una clase media, ejercieron presiones sobre el sistema político para liberalizarlo. Con la crisis del petróleo de 1973, se exacerbó el drenaje económico causado por las campañas militares en África, y políticamente, el deseo de democracia, o al menos de una mayor apertura iba en aumento. Salazar fortaleció la represión, pero el malestar social, y sobre todo, del ejército, daba riendas de que las ondas de choque al establishment político no tardarían en llegar. Revolución de los Claveles Salazar gobernó con puño de hierro hasta 1968, cuando sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó incapacitado hasta su muerte en 1970. Murió creyéndose jefe de gobierno, pero Marcelo Caetano, quien ya se había retirado de la política tras ser ministro durante la dictadura, le sucedió, manteniendo una política continuista y tratando de introducir ciertas reformas. No obstante, Portugal ya no era el mismo: la insatisfacción popular crecía, la censura se tambaleaba y el desgaste de las guerras coloniales había creado un profundo desasosiego en el seno de las Fuerzas Armadas. La disensión dentro del propio régimen abrió el camino. El general António de Spínola cuestionó públicamente la viabilidad de la política gubernamental de defensa y trató de modificar el curso de la misma en las provincias africanas, que había sido demasiado costosa para el país. Desde ese momento en que se hicieron visibles las divisiones existentes en el seno de la élite del Gobierno, apareció el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), un grupo de oficiales que trató de dar un golpe de Estado en marzo de 1974. No obstante, la mala coordinación con los sublevados hizo fracasar el levantamiento y fue ahí cuando concluyeron que era necesario recurrir a un levantamiento bien ejecutado a nivel nacional para derrocar al régimen. El 25 de abril de 1974 se produjo el golpe definitivo. Cinco mil militares tomaron las calles de Lisboa ante una ciudadanía que inicialmente no sabía si habían irrumpido para derrocar el salazarismo o para reforzar la represión. El espíritu pacifista del levantamiento se inmortalizó gracias a Celeste Caeiro, una camarera luso-española que paseaba por el centro de Lisboa con un ramo de claveles. Caeiro se topó con un soldado que le desveló el objetivo del levantamiento y le pidió un cigarrillo pero, ante la falta de tabaco, ella le regaló un clavel que acabó en el caño de su fusil. La imagen fue vista como la mejor manera de demostrar las intenciones pacifistas y la sociedad se sumó a la movilización, conocida finalmente como Revolución de los Claveles. Simbolismo, pacifismo y pocas horas bastaron para sepultar el fascismo. Transición y vuelta a la democracia La caída del régimen abrió el camino hacia una transición democrática, como ocurrió posteriormente en otros países como España. Se celebraron elecciones libres, se promulgó una nueva constitución en 1976 y se inició el proceso de descolonización y modernización. Con el tiempo ingresó en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, y logró consolidar una democracia. Aunque en un primer momento no estaba claro quién gobernaría Portugal durante el periodo revolucionario, con Spínola en cabeza de un gobierno provisional, finalmente se celebraron elecciones en abril de 1975, para formar una Asamblea Constituyente que redactase una nueva constitución. El proceso de descolonización, largo, tedioso y complejo, se aceleró con la caída del régimen. En julio de 1974 Portugal reconoció el derecho de los pueblos a la autodeterminación –mediante la Ley de Descolonización–, incluyendo la aceptación de la independencia de los territorios de ultramar, que ya no formaban parte constitucionalmente del territorio portugués. El proceso se completó a finales del año siguiente. La consolidación democrática culminó en 1986, cuando Portugal ingresó en la Comunidad Económica Europea (actual UE). Esta decisión estratégica permitió al país desarrollarse, crecer y converger en el espacio europeo. Mário Soares, primer ministro socialista por aquel entonces, creía en el proyecto europeo, y de la mano de Felipe González en España, lideraron la apertura de la península al mundo. Conclusiones y legado El legado del Estado Novo es complejo. Por una parte, fue una etapa de aparente orden, aunque a costa de represión, censura y atentados contra las libertades fundamentales. Fue también, por otro lado, una etapa de aislamiento internacional, de atraso económico y social y de cruentas guerras coloniales. La dictadura más duradera de Europa Occidental dejó una huella profunda en la identidad portuguesa, pero también una unión de toda una nación motivada al mismo compás, con cicatrices y sentimientos que aún perduran en la memoria colectiva de muchos de nuestros vecinos.

En la actualidad, el mundo altamente globalizado en el que operan los estados, marcado por la interdependencia económica y política, así como los movimientos migratorios, genera unos cambios sociodemográficos claves para entender los movimientos en política exterior de los estados. A nivel histórico, se ha concebido la política exterior como un reflejo de los intereses nacionales, aunque actualmente se ve influida por otros factores que determinan sus fines y objetivos. Un ejemplo de ello es la creciente importancia en la toma de decisiones políticas, especialmente en materia exterior, por parte de las diásporas de ciudadanos residentes en un Estado que son originarios de un tercer país o tienen ascendentes en él. Para algunos autores, como Benedict Anderson, llegan a ser considerados como los más fervientes nacionalistas, mientras que otros, como Gabriel Sheffer, suponen un puente entre el país de origen y el receptor, buscando utilizar los recursos del segundo para influir en la política exterior de este hacia su patria, pudiendo facilitar la cooperación o, en caso de oposición, facilitar la toma de medidas coercitivas hacia su país, como es visible en el caso de ciertos miembros de la diáspora iraní en Estados Unidos y Europa. En consonancia con la posición de Sheffer, John Mearsheimer y Stephen Walt, en su libro “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, relativo al estudio de la diáspora de Israel en la política exterior de Estados Unidos, acuñaron la definición de lobby étnico, entendido como una coalición de individuos y organizaciones que buscan moldear activamente la política exterior del país receptor para beneficiar a su país de origen, o a una causa étnica transnacional. Desde esta perspectiva, este tipo de lobby supone una organización que cuestiona la base fundamental de la política exterior, el interés nacional, introduciendo dinámicas foráneas que pueden desviar, o alejar, a esta política de sus intereses estratégicos. Estas organizaciones operan mediante el financiamiento de campañas, apoyando económicamente a candidatos que apoyen su causa, votando en bloque en distritos electorales clave, influenciando en think tanks y medios de comunicación, así como presionando directamente, mediante el cabildeo, al parlamento o al ejecutivo. Más allá de la conocida influencia de la diáspora de Israel, especialmente en Estados Unidos, aunque también en otros países, mediante el AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), existen otras diásporas que ejercen una influencia determinante en las políticas exteriores de ciertos países, como es el caso de la armenia, fenómeno perceptible a través del poder que poseen sus ciudadanos en países como en Estados Unidos (1.5 millones), Francia (450.000) y Rusia (2.25 millones), entre otros. Estados Unidos y el Armenian National Committee of America (ANCA): Cabildeo y disputas con AIPAC La mayor organización de la diáspora armenia es el Armenian National Committee of America (ANCA), el cual consta de aproximadamente 1.5 millones de personas. Fue fundado en 1918 por Vahan Kardashian bajo el nombre de American Committee for the Independence of Armenia (ACIA), y tenía como objetivo proteger la independencia de la recién creada Primera República Armenia (1918-1920), que se enfrentaba a su enemistad con Turquía y a las ambiciones expansionistas soviéticas, régimen que acabaría absorbiendo el nuevo estado en 1920, el cuál no llegaría a recuperar su independencia hasta 1991. Históricamente, se ha visto vinculado a la Federación Revolucionaria Armenia, creadora histórica del estado armenio y actual partido político presente en dicho país y el Líbano, entre otros. Cabe destacar que, paradójicamente, aunque la comunidad armenia se encuentra dividida entre el ANCA y la Armenian Assembly of America, esta división exacerba la fuerza del ANCA, en lugar de debilitarla. El primero, por un lado, se encuentra vinculado a la Federación Revolucionaria Armenia, posee un enfoque desde las bases locales y es favorable a las alianzas con otras minorías reprimidas por Turquía, como los kurdos o los griegos. Por otro lado, la Armenian Assembly, enfocada desde arriba hacia abajo, se encuentra vinculada a la organización benéfica AGBU (Armenian General Benevolent Union), la cuál se centra en el institucionalismo y la diplomacia, a la par que crea importantes iniciativas, como el Museo del Genocidio Armenio. Además, la Armenian Assembly ha impulsado la documentación académica sobre el pueblo armenio y su historia, lo que se une a su histórica relación con las Naciones Unidas. Su organización, a diferencia del lobby israelí, AIPAC, o el armamentístico, no gira en torno a su potencial económico, habiendo invertido 26.000 dólares de media por periodo electoral, frente a los 6.8 millones de dólares invertidos por la industria petrolera, sino en la concentración geográfica de la diáspora en distritos electorales clave. Esta concentración, junto con el sistema pluralista y descentralizado de Estados Unidos, genera una estructura de oportunidad política única, mediante la cual los armenios pueden influir en la política exterior mediante el voto en bloque de su comunidad. Así pues, su éxito se basa en el arraigo territorial de los armenios, sus demandas claras y la capacidad de construir alianzas sólidas en el Capitolio. Esta destreza relacional ha permitido al lobby anteponer la agenda de la diáspora sobre los intereses petroleros y geoestratégicos tradicionales de Estados Unidos en el Mar Caspio, neutralizando parcialmente los imperativos de seguridad en la región mediante una pedagogía legislativa basada en los derechos humanos. Respecto a estas alianzas, cabe destacar la importancia de la creación del Caucus de Asuntos Armenios en el Congreso (1995), que perdura hasta la actualidad, compuesto por 106 legisladores, duplicando su membresía desde 2001. Entre sus objetivos principales, se encuentra el reconocimiento del genocidio armenio, ayuda económica para Armenia y, mientras existía, la parcialmente reconocida República de Nagorno Karabaj, así como la defensa de la Sección 907 (1992), uno de sus mayores logros, la cual prohíbe la ayuda directa de Estados Unidos a Azerbaiyán mientras duren las hostilidades contra los armenios y el bloqueo territorial hacia Nagorno Karabaj y Armenia. Sin embargo, en 2001, tras los atentados del 11-S, se introdujo una exención presidencial mediante la cual, debido a las circunstancias de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo internacional, el presidente podría suspender la Sección 907 anualmente, hecho que perdura hasta la actualidad. Sin embargo, el ANCA no se encuentra exento de polémicas, tanto con el gobierno armenio de Nikol Pashinyan como con el lobby israelí. En primer lugar, el ANCA acusa al gobierno armenio de capitular ante las presiones de Turquía y Azerbaiyán, históricos adversarios de la nación armenia, así como de ceder en el conflicto de Nagorno Karabaj. Por su parte, el gobierno armenio califica estas acusaciones de maximalistas, planteando que estos activistas no son los que sufren las consecuencias de la guerra, ejerciendo lo que se puede entender como un nacionalismo a larga distancia, teorizado por Benedict Anderson, lo cual ha llevado a sanciones y prohibiciones de entrada al país sobre diversos activistas. Respecto al lobby israelí, representado en Estados Unidos mediante el AIPAC, se han suscitado diversas controversias. Históricamente, el primer gran punto de fricción fue el bloqueo sistemático del AIPAC a las resoluciones del Congreso para reconocer el Genocidio Armenio, cediendo a las presiones de Turquía para proteger su alianza militar con Ankara. El ANCA denunció reiteradamente esta postura como una traición moral que utilizaba el peso político del Holocausto para enterrar la memoria de otra tragedia étnica, una barrera que solo se fracturó con el posterior deterioro de las relaciones turco-israelíes. Actualmente, las tensiones están causadas por la relación entre Israel y Azerbaiyán a nivel armamentístico y el uso de este armamento para atacar Armenia, así como la analogía realizada por los miembros del ANCA entre Nagorno Karabaj y Gaza. Mientras la industria militar y el AIPAC buscan presionar para terminar con la Sección 907, el ANCA rema en la dirección opuesta. Ejemplo de estas tensiones es visible en el espacio otorgado al embajador de Azerbaiyán en Estados Unidos por parte del AIPAC en una de sus conferencias en 2013, donde el representante azerí cargó duramente contra el lobby armenio, generando una reacción de rechazo en el ANCA, que acusó al grupo israelí de proporcionar espacio a discursos armenofóbicos. Rusia y el Soyuz Armyan Rosii (SAR): la importancia de las élites armenias en los medios de comunicación En el caso ruso, la diáspora armenia suma un total aproximado de 2.25 millones de personas, teniendo la Soyuz Armyan Rosii (SAR) como principal representante de sus intereses. No obstante, cuenta con un nivel menor de institucionalización debido a que, a diferencia de Estados Unidos, las organizaciones que cabildean para gobiernos extranjeros no cuentan con un registro oficial como en dicho país, donde existe la Foreign Agents Registration Act, que regula las organizaciones extranjeras que buscan influir en la política nacional. Dicha organización, liderada por el oligarca Ara Abramyan, no busca la confrontación directa o presión al gobierno ruso, ni el cabildeo político, sino que se basa en una red vertical de arriba hacia abajo, siendo dirigida por diversos oligarcas cercanos al Kremlin. Así pues, se busca una simbiosis entre la organización y el estado ruso, manteniendo alineada la agenda económica y social de la comunidad con las directrices del gobierno de Vladimir Putin. A modo de ejemplo de la alineación entre la organización y las políticas del estado ruso, es remarcable el apoyo de la misma a la autodenominada Operación Militar Especial, más conocida como Guerra de Ucrania, de Rusia. Sin embargo, el poder de la diáspora armenia en Rusia no tiene su fuerte en la organización en sí, sino en la presencia de periodistas y propagandistas de origen armenio en las más altas esferas de la comunicación rusa. Respecto a esto, destacan Margarita Simonyan, editora en jefe de Russia Today y de Rossiya Segodnya, principales medios de propaganda de Rusia en el mundo, a la par que su fallecido esposo Tigran Keosayan, importante director de cine y televisión, así como actor. A la hora de hablar de Simonyan, se trata de una figura clave en la propaganda rusa, especialmente respecto a sus intereses en el Cáucaso, instrumentalizando su origen étnico para legitimar a Rusia como gendarme de la región, frente a los históricos intereses occidentales, especialmente franceses, y turcos. Finalmente, encontramos a Aram Gabrelyanov, fundador de LifeNews y propagandista, con fuertes vínculos con los servicios de seguridad rusos. En el lado económico, encontramos importantes oligarcas armenios en Rusia, incluyendo a Samvel Karapetyan, uno de los hombres más ricos del país y dueño del gigante inmobiliario Tashir Group. Sin embargo, más allá del hecho de la importancia e influencia de los oligarcas armenios en las decisiones del gobierno ruso, lo cierto es que es de mayor importancia analizar la dependencia estructural de la maltrecha economía armenia de Rusia, forma mediante la que dicho país mantiene su influencia sobre la esfera ex-soviética. Las remesas de los trabajadores armenios residentes en Rusia a sus familias cobran un papel fundamental, así como de las importaciones de gas subsidiado. Por otro lado, el flujo de dinero de los oligarcas armenios en Rusia también consagra la influencia del país euroasiático sobre Armenia, debido a que mediante estos se financian carreteras, hospitales y escuelas, concediendo poder de veto informal sobre quién gobierna en Ereván. Así pues, en caso de que un gobierno armenio quisiera distanciarse de Rusia, como el actual gobierno de Nikol Pashinyan, con su acercamiento a la Unión Europea, el Kremlin puede utilizar a estos oligarcas para desestabilizar al país y mantener su influencia sobre el mismo. Cabe destacar la actual crisis geopolítica entre Rusia y Armenia, debido a la no intervención de las fuerzas de paz rusas en Nagorno Karabaj en 2023, dando lugar al fin de dicha república parcialmente reconocida, último reducto armenio en un Azerbaiyán nacionalista y discriminatorio con los armenios. Este suceso dio lugar a la congelación de la membresía armenia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar rusa homóloga de la OTAN. Esta situación puso en una posición insostenible a personalidades como Margarita Simonyan, iniciando una estrategia de desprestigio hacia Nikol Pashinyan, tachándolo de títere de Occidente y responsable de la pérdida de Nagorno Karabaj. Esta estrategia dio como resultado el veto de entrada a periodistas rusos, incluida Simonyan, como parte de una estrategia de prevención de un posible golpe de estado instigado desde Moscú. Francia y Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France: geopolítica y defensa de Armenia como punta de lanza Respecto a Francia, el Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France (CCAF), fundado en 2001, es la organización paraguas que agrupa la representación de la diáspora armenia ante las instituciones. Su nivel de influencia en la política francesa es tan grande que, una vez al año, la organización organiza una cena al que acude el Presidente de la República, con el objetivo de definir las líneas de acción de la política exterior de Francia en el Cáucaso. Lo anterior se contextualiza en el hecho de que Francia ha buscado históricamente un papel de gendarme en dicha región, siendo Armenia un país fundamental, debido a los vínculos religiosos. La efectividad del CCAF para sostener esta influencia radica en su capacidad de unificar bajo una sola estructura institucional a facciones políticas, religiosas y culturales de la diáspora que históricamente competían entre sí, como el ala nacionalista de la Federación Revolucionaria Armenia y las organizaciones benéficas tradicionales. Esta cohesión interna permitió al lobby presentarse como un interlocutor único y legítimo ante el Elíseo, "francesizando" la causa armenia al arraigarla en los valores republicanos de los derechos humanos y la protección de las minorías. Asimismo, este activismo se vio potenciado por el enorme capital simbólico de figuras de la cultura gala de ascendencia armenia, tales como el cantante Charles Aznavour, quienes actuaron como puentes afectivos e institucionales indispensables, logrando que el apoyo a Armenia no dependiera de grandes sumas de capital financiero, sino de una profunda inserción en las élites mediáticas, intelectuales y electorales del país. Entre los principales hitos legislativos del CCAF, logrados gracias al cabildeo, se encuentra el reconocimiento del genocidio armenio por parte de Francia en 2001, llegando a crearse en 2019, de la mano de Emmanuel Macron, el Día Nacional de Conmemoración del Genocidio Armenio, fechado el 24 de abril, e integrado en el calendario oficial del Estado. Sin embargo, el principal logro de la organización ha sido convertir a Francia en proveedor militar de Armenia tras la caída de Nagorno Karabaj, sustituyendo así el país galo a Rusia. En consecuencia, el Ministerio de Defensa de Francia firmó contratos históricos con Ereván para el suministro de radares avanzados de defensa aérea Thales GM200, vehículos blindados tácticos Bastion y el entrenamiento de tropas terrestres. Este andamiaje de influencia facilitó que, tras la disolución forzosa de la República de Artsaj en 2023, el CCAF reorientara con éxito toda su maquinaria de presión hacia la cooperación militar estratégica. El lobby capitalizó la inacción de los contingentes de paz rusos en el terreno para convencer a la opinión pública y al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia de que la supervivencia de la Armenia soberana era un imperativo de seguridad para el flanco sur de Europa. Al facilitar el envío de tecnología de defensa avanzada de firmas como Thales, el CCAF no solo apuntaló la resistencia de Ereván, sino que operó como un catalizador geopolítico que permitió la ruptura de Armenia con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) controlada por Moscú, abriendo de tal manera una histórica e inédita vía de penetración para una potencia de la OTAN en el espacio de seguridad postsoviético. Más allá del reconocimiento formal de 2001 y la efeméride del 24 de abril, la agenda legislativa del CCAF ha mantenido una persistente ofensiva en la Asamblea Nacional francesa orientada a criminalizar el negacionismo. Durante años, el lobby armenio impulsó proyectos de ley diseñados para sancionar penalmente con multas y penas de prisión a quienes negaran o relativizaran el Genocidio Armenio en suelo francés, buscando equiparar jurídicamente esta ofensa con la negación del Holocausto judío. Aunque el Consejo Constitucional francés terminó bloqueando estas iniciativas legislativas argumentando la necesidad de preservar el derecho fundamental a la libertad de expresión, la continua presión ejercida por el CCAF logró mantener el debate ético e historiográfico en el centro de la diplomacia francesa, forzando a París a mantener una postura de permanente tensión y confrontación verbal con el gobierno de Ankara. Al igual que en el caso ruso y estadounidense, el CCAF ha sido acusado de ejercer un nacionalismo a larga distancia, intentando influir en la política interna de Armenia bajo la premisa de un fuerte nacionalismo. Así pues, el gobierno armenio prohibió la entrada al país a Mourad Papazian, copresidente del CCAF y líder de la Federación Revolucionaria Armenia, acusándolo de instigar protestas violentas. Ante este hecho, la diáspora armenia en Francia recurrió la medida ante los tribunales armenios, logrando que la justicia desestimara el veto migratorio por considerarlo arbitrario. Conclusión: el triángulo transnacional y las asimetrías de la influencia de la diáspora En definitiva, en un mundo globalizado y marcado por la interdependencia, el análisis comparativo de la diáspora armenia en Estados Unidos, Rusia y Francia demuestra el enorme peso que poseen los lobbies étnicos a la hora de influir y moldear la política exterior de los estados receptores, llegando a cuestionar el concepto clásico de interés nacional. Sin embargo, tal y como se ha evidenciado, no nos encontramos ante un actor homogéneo, sino ante organizaciones que adaptan sus estrategias a las estructuras de oportunidad política de cada país. El éxito de esta comunidad transnacional no ha dependido de su potencial económico, sino de su capacidad para instrumentalizar recursos diferenciados en cada escenario: la concentración del voto en bloque dentro del sistema pluralista estadounidense, la inserción vertical de sus élites en los aparatos de comunicación estatales en Rusia, y la unificación institucional y el cabildeo de valores republicanos en el caso francés. Por un lado, el modelo occidental analizado en Estados Unidos y Francia opera con un enfoque desde las bases locales (grassroots), canalizando sus demandas históricas mediante la creación de alianzas sólidas y caucus parlamentarios. Esta pedagogía legislativa basada en los derechos humanos y el reconocimiento del genocidio les ha permitido anteponer su agenda sobre los intereses petroleros y geoestratégicos tradicionales de Washington. Asimismo, ha logrado que Francia asuma un papel de gendarme en el Cáucaso como proveedor militar de Ereván, sustituyendo parcialmente el papel de Rusia tras la caída de Nagorno Karabaj. Por el contrario, el caso ruso responde a una dinámica de arriba hacia abajo donde la SAR y los principales propagandistas mediáticos no buscan la confrontación, sino una simbiosis con el Kremlin. Figuras como Margarita Simonyan instrumentalizan su origen étnico para legitimar la influencia de Moscú sobre su esfera exsoviética, demostrando cómo la vulnerabilidad y la dependencia económica de Armenia pueden ser utilizadas por una potencia euroasiática para mantener alineada a la comunidad con las directrices de Vladímir Putin. Finalmente, este estudio pone de manifiesto una profunda paradoja identitaria que escenifica el choque frontal entre las organizaciones de la diáspora y el propio gobierno armenio de Nikol Pashinyan. Esta ruptura conceptual refleja con precisión las tensiones del nacionalismo a larga distancia teorizado por Benedict Anderson. Mientras los comités y activistas en Washington o París exigen posiciones maximalistas y un fuerte nacionalismo desde la seguridad que les brinda residir en Occidente, el gobierno de Ereván califica estas posturas de irresponsables, argumentando que son los ciudadanos locales los que deben asumir las consecuencias directas de la guerra y la supervivencia frente a Azerbaiyán y Turquía. Así pues, las sanciones y prohibiciones de entrada al país impuestas a líderes de su propia diáspora demuestran que, en la actualidad, el mayor desafío de un lobby étnico ya no es sólo presionar a las instituciones del estado receptor, sino aprender a cohabitar con la cruda realidad geográfica de la Armenia Real.

Senegal vuelve a entrar en una zona de incertidumbre política tras la destitución de Ousmane Sonko como primer ministro el pasado 22 de mayo. La decisión del presidente Bassirou Diomaye Faye no supone una simple remodelación del Ejecutivo, sino la ruptura del binomio que había sostenido el cambio político de 2024. Sonko, líder histórico de Pastef y figura central de la oposición a Macky Sall, fue apartado del Gobierno tras meses de desencuentros con un presidente que, paradójicamente, había llegado al poder gracias al capital político acumulado por él. El anuncio fue leído por Oumar Samba Ba, asesor presidencial, argumentando lo siguiente: “Mediante decreto nº 2026-1128, firmado el 22 de mayo de 2026, el presidente de la República, su Excelencia Bassirou Diomaye Faye, puso fin a las funciones de Ousmane Sonko como Primer Ministro”. En consecuencia, también los ministros y secretarios de Estado que integraban al gobierno también han sido cesados y no se ofrecieron detalles sobre un futuro nombramiento. Ante esto, Sonko reaccionó en Facebook con un mensaje breve, pero revelador: “Alabado sea Dios. Esta noche dormiré tranquilo en el barrio de Keur Gorgui”, haciendo referencia al distrito de Dakar donde reside. Fue recibido entre vítores de cientos de simpatizantes más allá de la medianoche una vez llegó a su domicilio. El movimiento abre una crisis institucional de gran calado porque altera el equilibrio sobre el que se había construido el nuevo ciclo político senegalés. Faye conserva la presidencia y la capacidad formal de nombrar un nuevo Ejecutivo, pero Sonko mantiene un capital político propio, una fuerte implantación social y una influencia determinante dentro de Pastef, partido que domina la Asamblea Nacional. Por ello, la destitución puede convertir las promesas de renovación democrática realizadas en 2024 en una disputa entre el presidente y un líder popular, abriendo el interrogante acerca de cómo podrá gobernar Faye y sacar adelante reformas si Sonko conserva apoyo popular y sigue siendo el líder del partido dominante en la Asamblea Nacional. En un país que venía de años de movilización, represión y polarización, el riesgo no está únicamente en el cambio de Gobierno, sino en que la fractura entre ambos reactive tensiones sociales que parecían contenidas. ¿Quién es Ousmane Sonko y por qué es tan importante en Senegal? Para comprender la magnitud de la ruptura ante la cual se enfrenta Senegal tras la destitución de su primer ministro, no basta con presentarlo como tal. Sonko era mucho más que una figura del gabinete: era el rostro político del ciclo de ruptura abierto en Senegal tras el final de la presidencia de Macky Sall. Ousmane Sonko era un antiguo inspector de impuestos, líder del partido político Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) -de corte socialista, panafricano y socialmente conservadora en aspectos como los derechos LGTB-. Su figura era referente dentro una oposición construida sobre el rechazo a la corrupción, la dependencia exterior y las élites tradicionales, condensando el malestar reinante en el país durante los últimos años. Su discurso soberanista, su crítica a la influencia francesa y su capacidad de conexión con la juventud africana hicieron que se convirtiera en el líder político que la juventud senegalesa estaba esperando. Esa relevancia explica por qué su exclusión de las elecciones presidenciales de 2024 no supuso en realidad su desaparición política. Convirtió su propia inhabilitación debido a acusaciones por difamación en un elemento de movilización del voto a Faye, entonces presentado como la continuidad natural de Pastef. De ahí que el nuevo poder senegalés naciera con una cierta tensión de origen. Faye ocupaba la presidencia, disponía de la legitimidad institucional y ejercía la jefatura del Estado; Sonko, en cambio, conservaba la legitimidad militante, el liderazgo orgánico del partido y una autoridad política que excedía ampliamente el cargo de primer ministro. Su nombramiento como primer ministro en 2024 intentó resolver esa tensión incluyéndose en el núcleo del Ejecutivo, pero realmente se creó otro problema con ello. Hay que tener en cuenta que esa dualidad de poder no era formal, quien dirigía el binomio Faye-Sonko era este último. Lo que al principio parecía un reparto útil, terminó convirtiéndose en una fuente de fricción cotidiana. Sonko llegaba al cargo con agenda propia, base social y una lectura ideológica muy marcada sobre el rumbo que debía tomar Senegal. Su perfil era el de un dirigente de combate, acostumbrado a la oposición, a la movilización y a la confrontación discursiva, lo cual era bastante popular, pero dificultaba su integración en el Gobierno. Por ello, la tensión era casi inevitable: Faye necesitaba consolidarse como presidente y garantizar gobernabilidad, pero Sonko seguía actuando como líder fundacional de un proyecto que consideraba suyo. Por eso, su destitución tiene una carga política tan profunda, pues consiste en la separación entre dos legitimidades que hasta ahora habían convivido dentro del mismo bloque. Una alianza rota Las primeras grietas tardaron meses en aparecer tras el nombramiento de Faye como presidente y Sonko como primer ministro. En julio de 2025, Sonko criticó abiertamente al presidente y habló de un “problema de autoridad” en el país. La frase no venía de cualquier político, sino de uno de los arquitectos de la victoria de 2024. Desde ese momento, la convivencia dejó de ser una alianza disciplinada y empezó a convertirse en una relación cada vez más difícil de sostener. Sonko no parecía dispuesto a comportarse como un subordinado más dentro del Ejecutivo, y Faye tampoco podía aceptar indefinidamente que su autoridad presidencial fuera discutida desde su propio Gobierno. A comienzos de mayo, las tensiones volvieron a ser palpables, cuando Faye cuestionó una personalización excesiva en torno a la figura de Sonko dentro del partido. “Mientras siga siendo primer ministro, es porque cuenta con mi confianza. Cuando deje de ser el caso, habrá un nuevo primer ministro”. Estas fueron sus declaraciones hace semanas en una entrevista, lo cual dejó entrever que podría haber alguna fractura dentro del binomio de la victoria. El choque final llegó pocas horas antes de su destitución. Sonko volvió a cargar contra Faye en la Asamblea Nacional, esta vez por la falta de transparencia en la gestión de los fondos políticos, dependientes del poder discrecional del jefe de Estado. A ello se sumaba otro malestar: la lentitud de los procesos contra antiguos responsables del régimen de Macky Sall, a quienes Sonko había acusado de corrupción. Para Faye, mantenerlo dentro del Gobierno significaba convivir con una crítica permanente desde el corazón del Ejecutivo. Para Sonko, callar suponía renunciar al papel que había construido durante años: el de fiscalizador del viejo poder y garante de la ruptura. Por ello, el decreto del 22 de mayo fue el corte a una dualidad insostenible que abre una fase de incertidumbre política en Dakar. El país que recibe la crisis: deuda, presión social y heridas políticas La ruptura total entre Faye y Sonko estalla en un Senegal que llegó a 2024 con una imagen exterior incluso mejor a la actual. El país continuaba siendo una de las democracias más respetadas de África Occidental, aunque venía de unos años en los que sufrió una importante degradación bajo el mandato de Macky Sall: protestas, detenciones, cortes de internet, presión sobre opositores y una ley de amnistía aprobada al final del mandato que parecía un maquillaje superficial a la violencia política ejercida en el gobierno durante su mandato. Entre 2021 y 2024, las movilizaciones vinculadas a Sonko dejaron al menos 65 muertos, alrededor de 1.000 heridos y centenares de detenidos, según cifras recogidas por Amnistía Internacional. Esa memoria pesa, pues la victoria de Pastef se interpretó como una deuda pendiente y una reparación política sobre lo previamente vivido. A pesar de ello, indicadores internacionales como Freedom House clasificaron al país como “libre”, con 69 puntos sobre 100, después de que sus instituciones resistieran el intento de retrasar las presidenciales y la oposición lograra ganar tanto la presidencia como la mayoría parlamentaria. Además, no es el peor país en cuanto al Índice de Corrupción de Transparency International de 2025 -ocupa el puesto 65 de 182 países, y es uno de los mejores del continente en cuanto a aplicación del Rule of Law (5º de 34). A esa situación delicada en términos políticos, hay que añadirle la realidad socioeconómica que emanaba de Senegal. En primer lugar, el crecimiento económico de Senegal pasa por un momento de estancamiento en términos interanuales. En 2025, el Banco Mundial estimó un PIB de 37.300 millones (cinco mil millones más que el año anterior), para una población de 18,9 millones de personas, de las cuales 6,4 viven con menos de 4,20 dólares al día. El país crece, sobre todo por el arranque del petróleo y el gas, pero sigue teniendo demasiada gente fuera del sistema de prosperidad que predica, por lo que el discurso de Pastef, centrado en el descontento social, caló en estos estratos de la sociedad. A estos condicionantes, se suma una esperanza de vida que ronda los 69 años y un crecimiento demográfico alto, pero con problemas estructurales como el bajo empleo formal, la emigración juvenil o déficits de capital humano, además de la dependencia de remesas alrededor de un 10,6%, según datos de 2023. No es casual que la emigración haya sido uno de los temas de fondo de la política senegalesa. La inflación, según el Macro Poverty Outlook, era estimada en un 1,4% para el 2025, pero el propio Banco Mundial ha advertido de posibles riesgos para los próximos años ligados a obtención y calidad de alimentos, energía y nuevos impuestos como formas de solución a una posible crisis futura. Sin embargo, los datos de déficit fiscal y deuda pública sí son preocupantes, con un 8,1% del PIB asociado al primer dato, y un 118,9% del PIB al segundo. Son cifras mejores que las manejadas por Macky Sall durante su administración, pero siguen demostrando vulnerabilidades de un sistema que aún no se encuentra totalmente asentado. Además, la libertad de prensa es otro termómetro de esta fragilidad. Reporteros Sin Fronteras sitúa a Senegal en el puesto 78 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026, reconociendo que, a pesar de que siempre se ha mostrado un entorno favorable a los medios, actualmente se atraviesan dificultades como amenazas contra periodistas, interferencias políticas y un deterioro del derecho a la información, sumado a los incidentes previamente mencionados en 2024. El resultado es un país con demasiadas cuentas abiertas al mismo tiempo. Hay crecimiento, pero también pobreza. Hay petróleo y gas, pero también deuda. Hay una democracia reconocida, pero con muertos recientes en la memoria. Hay mejora institucional en algunos índices, pero una presión social enorme para investigar la corrupción y la violencia anterior. Hay inflación controlada, pero hogares que siguen viviendo al límite. Aquí está el fondo del choque interno: es un país mejor que antes, pero con muchos desafíos por cumplir, los cuales pasan indudablemente por la cimentación de un sistema fuerte, estable y que ayude a reducir vulnerabilidades socioeconómicas y políticas, sin crear otras nuevas. El riesgo futuro: el Parlamento aprobó una reforma que facilitaría la candidatura de Sonko en 2029 Uno de los desafíos principales que surgen de esta crisis es precisamente la gestión de la nueva relación entre una de las figuras con mayor apoyo popular del país o el presidente del gobierno. La relación era cada vez más tensa, y parecía inevitable que dos líderes que no paraban de reprocharse mutuamente, finalmente terminaran su relación laboral como sucedió en el caso de Senegal. Pero hay un componente sensiblemente más peligroso en todo ello: el sistema se estaba preparando para que Sonko pudiera presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. El Parlamento de Senegal aprobó el pasado 9 de mayo una reforma del Código Electoral bastante controvertida. Consiste en el cambio legal en el cual se limitarán los delitos que impidan presentarse a unas elecciones presidenciales. Las causas de inelegibilidad actualmente se dedicaban a amplios tipos de delito, pero a partir de las próximas elecciones, sólo quienes se encuentren envueltos en delitos como la malversación de fondos o la corrupción -son la mayoría de casos delitos económicos- no podrán concurrir a los comicios electorales. Además, el actual Consejo Constitucional se convertiría en un Tribunal Constitucional que llevará a cabo una revisión más amplia del sistema electoral, según Le Quotidien. La votación salió adelante con una mayoría muy amplia, 128 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, y fue leída por la oposición como una reforma hecha a medida del entonces primer ministro. Esto viene debido a la experiencia previa vivida por Sonko, condenado por difamación por acusar a un ministro de desviación de fondos públicos. El ya ex primer ministro llevaba años denunciando que los procesos judiciales contra él formaban parte de una estrategia del poder de Macky Sall para neutralizarlo antes de las elecciones. El Gobierno lo negaba, pero la secuencia era difícil de separar del clima político del momento, por lo que la condena fue vista más como una forma de ejemplarizar cómo el régimen anterior era capaz de usar absolutamente todos los resortes del Estado para impedirle ser presidente. Por ello esta reforma tiene tanto impacto, sobre todo teniendo en cuenta que la estabilidad política de Senegal acaba de saltar por los aires. Pero conviene no caer en alarmismos ni en un tremendismo cómodo en términos analíticos: el país conserva una arquitectura institucional muy sólida y no parece que se vislumbre una ruptura total a corto plazo, pero tampoco es una situación normal. Ahora mismo, Faye tiene el decreto, el poder y la autoridad constitucional, pero Sonko conserva la calle y el apoyo social masivo. Lo verdaderamente peligroso en los próximos meses puede ser más corrosivo de lo que se puede esperar: un bloqueo institucional, una ruptura interna en Pastef -cabe recordar que presidente y ex primer ministro pertenecen al mismo partido-, protestas juveniles, presión social y un Gobierno obligado a negociar con instituciones financieras sobre su propia deuda. El futuro de Senegal dependerá de si Faye consigue convertir esta ruptura en autoridad y apoyo popular, o si Sonko convierte esta destitución en un relato, como previamente ha realizado ya. Si el presidente recompone el gobierno, puede salir ampliamente reforzado como el garante de estabilidad política que necesitaba Senegal. Sin embargo, si Sonko consigue presentarse como el hombre traicionado por el cambio, la destitución podría convertirse en campaña narrativa de aquí a los próximos tres años, cuando lleguen los comicios electorales a los que ya sí se puede presentar. El viejo poder fue derrotado en las urnas, pero el nuevo todavía debe demostrar que sabe gobernar un país sin devorarse a sí mismo.

El asiento con mayor importancia para la Comunidad Internacional está por decidirse. Una silla cuyo ocupante no tiene el poder de obligar a nadie, no comanda ejércitos y, según la Carta de las Naciones Unidas, es formalmente un “máximo funcionario administrativo” como se estipula en el Artículo 97. Sin embargo, el Secretario General es mucho más que eso. En la actualidad, su rol debe trascender la gestión burocrática para convertirse en un contrapunto político en un mundo que parece haber olvidado sus principios fundacionales. Ante un desorden global que se acelera, el próximo Secretario tendrá que aprender a decir “no” a las presiones de las potencias, y a defender la legalidad internacional con fervor, pues hoy brilla por su ausencia. Las funciones de esta máxima autoridad están ancladas a la carta fundacional de las Naciones Unidas, que además de ser el responsable de que el sistema funcione, su real poder emana del Artículo 99, que le otorga la facultad politica de llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales. A ellos se le suma el uso de los “buenos oficios”, es decir, la intervención discreta o pública para evitar que las controversias escalen o se propaguen . Asimismo, a esta labor, el mandato del Artículo 98 le obliga a actuar como secretario en todas las reuniones de los órganos principales y a cumplir las funciones que estos le encomienden, lo que le refuerza su presencia en la administración interna (Naciones Unidas, 2016). No obstante, el verdadero reto que se avecina para las Naciones Unidas es interno. El Secretario General heredará una organización con presupuestos ajustados y una creciente crisis de legitimidad. No solo tendrá que restaurar la confianza institucional y volver a garantizar la eficiencia del organismo, demostrando que la ONU sigue siendo un foro crítico para la seguridad internacional, sino también tendrá que afrontar la fragmentación geopolítica actual y las pruebas de la nueva década entrante. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de votación? Siguiendo el protocolo formal, el procedimiento de selección se activó el 25 de noviembre de 2025 mediante el envío de una carta conjunta de parte de la presidenta de la Asamblea General Annalena Baerbock y el presidente del Consejo de Seguridad, a los 193 Estados Miembros para que presenten a sus candidatos preferenciales marcando el inicio de la búsqueda del próximo líder para el periodo 2027-2031. De conformidad a la Resolución A/RES/69/321, posteriormente los nombres de los candidatos se distribuyen de manera oficial al público y se invita a cada aspirante a presentar su declaración mediante los diálogos interactivos ante los Estados Miembros interesado que tuvo lugar el 21 y 22 de abril del 2026 (Naciones Unidas, s.f.) El núcleo político del proceso entrará en fase entre mayo y junio del actual año, cuando los candidatos mantengan reuniones informales con los miembros del Consejo de Seguridad. Aunque la Asamblea General es la encargada del nombramiento final, su decisión depende por norma constitutiva de la recomendación previa del Consejo, que actúa como filtro decisivo (Security Council Report, 2026). El peso del derecho a veto en estos casos implica que ningún candidato prosperará si se enfrenta a la oposición de Estados Unidos, Rusia, China, Francia o el Reino Unido. Bajo muchas críticas debido a esta lógica de poder, el perfil idóneo no se mide sólo en términos de competencia, experiencia o integridad, sino en la capacidad del candidato para ser aceptado simultáneamente por potencias con intereses contrapuestos. Una vez que concluyen las deliberaciones a puerta cerrada, la recomendación se traslada al escenario público. El Consejo envía el nombre de un único candidato, eliminando cualquier posibilidad de debate , y aunque el reglamento indique realizar una votación formal por mayoría simple, es decir la mitad +1, la tradición diplomática dicta que el nombramiento se realice por aclamación. Esta práctica, que se traduce en un aplauso unánime de todos los Estados Miembros para celebrar el nuevo Secretario General, tiene su propio significado. Si se registrase los votos de forma numérica, se podría poner en evidencia oficialmente cuáles países no apoyaban al candidato o cuales se abstuvieron, por lo que se busca legitimar la figura del Secretario como un verdadero representante de la Sociedad Internacional al blindar su autoridad con un consenso desde el primer dia. Entendiendo lo anterior, los meses por venir serán claves para el futuro de las Naciones Unidas. Este proceso deja en evidencia una gran contradicción: a pesar de que los Estados permanentes no pueden presentar sus propios candidatos, la cual es más una cortesía institucional y no una ley escrita, la decisión final sigue bloqueada por el derecho al veto. En un mundo donde se supone que las reglas internacionales nos afectan a todos por igual, y donde cualquier actuación fuera de las normas debería acarrear consecuencias, este mecanismo ha quedado obsoleto. Si bien es comprensible que una organización de esta magnitud requiere de jerarquías y burocracias, en un momento tan crítico se debería al menos, renunciar al derecho a veto para esta selección. Permitir que la recomendación avance por mayoría cualificada, es decir con el voto favorable de 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, democratizar verdaderamente un proceso que hoy carece de transparencia. Bajo estas reglas del juego, complejas y desiguales varios líderes ya han dado el paso frente, por lo que analizaremos aquellos candidatos actuales que aspiran a asumir el timón. ¿Quiénes son los candidatos para el asiento más complejo del momento? Hasta la fase de los diálogos oficiosos, los nombres que concentran la atención en la carrera son los de Michelle Bachelet (Chile, nominada por Brasil y México), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Macky Sall (Senegal, nominado por Burundi). Sorpresivamente, tras estos diálogos, el 11 de mayo hemos tenido una nueva postulación por parte de Antigua y Barbuda, llamando a Maria Fernanda Espinosa Garces a unirse a la contienda. Tradicionalmente, la elección sigue un principio no escrito de rotación geográfica para garantizar que todas las regiones del mundo tengan voz. Tras el mandato actual de Europa Occidental, representado por el portugues Antonio Guterrez, el turno correspondiente pertenecería a la región de América Latina y el Caribe. En este escenario, además, el mundo espera por primera vez en la historia que el puesto sea ocupado por una mujer. Sin embargo, el panorama actual en este 2026 desafía las expectativas porque la lista final no solo rompe con esa linealidad al incluir dos hombres y un representante del continente africano, sino que además refleja una participación inusualmente baja. Apenas 5 candidatos llegaron a la fase definitiva, una cifra menor en comparación a los nueve que competían con fuerza en esta misma etapa en 2016. Michelle Bachelet Jeria llega a la contienda con una trayectoria singular y con el perfil más completo de la carrera, al integrar de forma integral la gestión estatal y el liderazgo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su experiencia como presidenta de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), sumada a cargos de enorme visibilidad internacional como directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) entre 2018 y 2022, le otorga un conocimiento profundo de cómo funciona la organización y la política doméstica. En su diálogo público, nos traduce esa experiencia en una propuesta centrada en la “necesidad urgente de esperanza” y la “recuperación del diálogo”, comprometiéndose a revitalizar las discusiones sobre la cooperación multilateral mediante una profunda “modernización” de las Naciones Unidas (El Dinamo, 2026). Con iniciativas concretas, planteó la reforma urgente de la arquitectura financiera global para hacerla más equitativa con los países en desarrollo y propuso mecanismos más vinculantes para la justicia climática. Cerró su intervención evocando el último discurso de Nelson Mandela sobre la construcción de “un sueño viable”, y citando a la cantautora Violeta Parra “es un sueño que encuentra su voz en bocas ajenas convirtiéndose en una palabra, y en última instancia, en una canción compartida. No debemos rendirnos frente a la desesperanza”. Sin embargo, su principal ventaja, la amplia visibilidad internacional, también representa la fuente de sus mayores fragilidades políticas ante el Consejo de Seguridad. Aunque inicialmente fue respaldada por una coalición regional de peso, como Brasil, México y Chile; la carrera se complicó cuando el gobierno actual de Chile, bajo la administración de José Antonio Kast, retiró su nominación antes del inicio de los diálogos interactivos (El País, 2026). Por otro lado, a este revés, se suman resistencias ideológicas, como la de los congresistas en Estados Unidos que han estado presionando para impulsar un veto de Washington debido a sus posturas respecto a los derechos reproductivos. También, China mantuvo un veto latente al no olvidar el incómodo informe sobre la situación en Xinjiang que Bachelet publicó al cierre de su mandato en ACNUDH (Emol, 2026). Su ambicioso perfil podría terminar siendo un arma de doble filo. Lo que para la sociedad civil es su mayor virtud, para las potencias es su mayor amenaza. Rafael Grossi aporta un perfil más técnico forjado en la primera línea de los conflictos más letales del planeta. Como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019, el diplomático argentino ha estado en el epicentro de disputas como el supuesto programa nuclear iraní y la seguridad de la central de Zaporiyia en plena guerra de Ucrania. Esta trayectoria le ha beneficiado para proyectarse como un gestor experto y mediados, habituado a operar bajo situaciones de extrema tensión. En su presentación, Grossi trae a la mesa la promesa de una ONU más pragmática, ejecutiva y orientada a resultados, buscando alejarse de la parálisis burocrática. El candidato defendió “un diálogo constante ante el Secretario General y el Consejo de Seguridad” y que el contacto debe de ser permanente porque es responsabilidad de la ONU estar presente en todas formas para abordar problemas, ya sea la guerra, el cambio climático o las necesidades humanitarias. Grossi enfatizó su liderazgo en el terreno con la frase de “Espero inspirar a mi equipo para que me sigan, incluso en los campos de batalla. Las palabras amables no son suficientes”, mientras que también subrayó que para reconstruir la credibilidad de la institución depende de un líder visible (EFE, 2026). Es precisamente este rol al frente del OIEA el que convierte su candidatura en un terreno minado de controversias. Primero, a diferencia de otros competidores como Rebeca Grynspanw, Grossi se ha negado a pedir una licencia en su cargo actual ejecutando su campaña mediática al tiempo que ejerce la presidencia, lo que ha generado muchas preocupaciones éticas sobre la neutralidad de su diplomacia. En el plano geopolítico, su informe publicado para evitar una catástrofe en la central nuclear de Zaporiyia en plena guerra de Ucrania ha sido destacado negativamente por el director de la agencia nuclear rusa Rosatom (EFE, 2026). Irán, por ejemplo, ha mostrado su descontento acusándolo de “preparar el terreno” para las intervenciones en su contra, señalando que los informes del OIEA bajo su mando sirvieron para que Israel y Estados Unidos justificaran los bombardeos del 13 de junio de 2025 (Europa Press, 2025). Asimismo, su principal reto es demostrar que un especialista en seguridad nuclear tiene la visión transversal necesaria para gobernar la agenda universal de la ONU. La economista costarricense Rebeca Grynspan entra a la carrera después de haber transitado por los pasillos de la política nacional y la alta gestión económica internacional. Luego de haber servido como vicepresidenta segunda de Costa Rica (1994-1998), empezó liderando la Secretaría General Iberoamericana en 2014, hasta que fue electa por Antonio Gutierrez (actual Secretario General) como Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) desde el 13 septiembre de 2021, siendo la primera mujer y ciudadana centroamericana en ocupar el cargo. Su trayectoria le permite especializarse en temas de desarrollo, comercio, desigualdad y cooperación internacional, cuyas áreas resultan esenciales para una ONU que requiere urgentemente reconectar con las demandas del Sur Global y abordar la crisis económica y social. Un ejemplo clave de que su capacidad resolutiva ha sido más que solo teoría, se trata de la Iniciativa del Grano del Mar Negro, logrando mantener el corredor de exportación de cereales ucranianos en plena guerra (UNCTAD, 2023). Su propuesta de reforma para la organización se estructura en tres ejes fundamentales: agilizar la burocracia institucional para convertirla en un proceso más rápido y flexible, en buscar más alianzas con el sector privado y la restauración de la confianza con el Sur Global. Grynspan busca generar un punto más dinámico entre la financiación privada y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Uno de los puntos más innovadores y audaces de su programa ha sido su postura sobre una posible modificación de los procedimientos de mediación de la ONU, apostando por una resolución preventiva de conflictos con el fin de reducir la dependencia de un Consejo de Seguridad, que a pesar de que ha tratado de mostrarse más neutral acerca del tema, a diferencia de su contrincante Michelle Bachelet, señala que el peso y la legitimidad del Consejo depende de su capacidad de reflejar la realidad actual (La Nación, s.f.). Durante su presentacion ante el publico, Rebeca Grynspan se definio como “hija de la paz y de las Naciones Unidas”, haciendo referencia a que es hija de inmigrantes de origen polaco que sobrevivieron al Holocausto y huyeron de Europa como refugiados hacia Costa Rica (Teletica, 2026). Pero a pesar de ser tan simpatizante con la fundación de la ONU, el camino de la economista hacia la Secretaria General enfrenta dos importantes obstáculos. El primero, es sobre su cercanía con la gestión de Antonio Guterres, pues si bien posee un conocimiento interno incuestionable del tablero de Nueva York, también carga con el desgaste de la reputación de una administración criticada por su silencio ante las crisis de Gaza y Ucrania. Debido a esto, varias potencias de la Asamblea General leen su postulación como un símbolo de continuismo antes que como una verdadera renovación. Y el segundo, es que a pesar de ser un perfil ideal para el turno de América Latina y el Caribe, deberá de demostrar que puede reunir el suficiente apoyo fuera de su área de origen en una competencia que sigue condicionado por los fríos cálculos y preferencias geopoliticas. El senegalés Macky Sall llega con el argumento más intrépido de este proceso: es hora de que el continente africano asuma un rol central de liderazgo global; desafiando así la tradición de la rotación regional. Como presidente de Senegal durante los años 2012 hasta el 2024, y expresidente de la Unión Africana culminando en el 2023, Sall posee un indudable experiencia en foros multilaterales aportando una visión más realista de las relaciones de poder, alejado del perfil puramente burocrático de la ONU. Sus contribuciones a la mesa se han basado en la consigna de “racionalizar, simplificar y optimizar” el funcionamiento de la organización, lo que incluye reformar el Consejo de Seguridad sobre una base consensuada (Unitel, 2026). Segundo, la necesidad de atraer inversión para la financiación para el desarrollo, argumentando que los fondos públicos son insuficientes y difíciles de movilizar, especialmente ante el ahogo de la deuda externa que limita el accionar del llamado Sur Global. Y tercero, Sall promueve una mediación más activa y audaz acerca de los conflictos en tendencia, impulsando a la ONU como negociador de gran magnitud (Infobae, 2026). Las posibilidades de ganar de Sall en este 2026 se enfrentan a serias contradicciones. Por un lado, su historial doméstico como presidente arrastra sombras difíciles de ignorar para quien aspira a ser el guardián de la Carta de la ONU, incluyendo varios intentos de postergar las elecciones nacionales para extender su mandato y la represión de protestas opositoras (Swissinfo, s.f.). Además de que no posee el apoyo de Senegal ni de la Unión Africana, su respaldo como candidato de consenso se ve fragmentado. A esto se le suma que su postura tan audaz también lleva consigo que la Secretaria General no se gane solo con un programa convincente, sino que pesa mucho más la relación que tenga con los miembros permanentes. Los prospectos de su candidatura se encuentran bastante condicionados a la hipótesis de que las candidaturas latinoamericanas se destruyan mutuamente en un juego de vetos cruzados, lo cual no se ve en un futuro cercano. Por último, pero no menos importante, Maria Fernanda Espinosa acumula más de tres décadas de experiencia en los foros multilaterales. Como ministra de Relaciones Exteriores y de Defensa en Ecuador, embajadora ante la ONU en Nueva York y antigua presidenta de la Asamblea General en los años 2018 y 2019, nos trae a la mesa una propuesta para la organización con un enfoque más preventivo, cercano a las crisis emergentes y capaz de acompañar procesos de paz ante de que los conflictos se profundicen. Debido a que su postulación llegó bastante tarde con respecto al calendario, se presenta como una candidata en cierto modo más misteriosa, cuya capacidad real de competir con otros aspirantes ya consolidados se percibe como una incógnita. El nuevo capítulo de las Naciones Unidas A pesar de todo esto, el próximo Secretario General no será únicamente el más preparado en términos técnicos o diplomáticos, sino el que consiga articular una promesa de liderazgo suficientemente amplia como para ser aceptada por una ONU quebrada y por unas potencias cada vez más desconfiadas entre sí. Nos espera, sin duda, un verano movido en los pasillos de Nueva York, donde se tejerán los verdaderos hilos de la política internacional. Lo único certero ante este escenario es que la elección en este 2026 del sucesor de Antonio Guterres no es un simple relevo, sino el punto final para una era de las Naciones Unidas que se ha visto puesta a prueba por las exigencias del siglo XXI. La comunidad internacional se prepara para decirle adiós a una etapa inédita y dar bienvenida a un nuevo capítulo en la gobernanza global.

Islamabad permanece sumida en una aparente tranquilidad, marcada por el peso simbólico de haberse convertido en escenario de una mediación histórica que continúa sin avances reales. Las conversaciones adquirieron este carácter histórico no solo por producirse tras meses de escalada militar en torno al Estrecho de Ormuz, sino también porque constituyeron uno de los contactos diplomáticos directos de más alto nivel entre los Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica iraní de 1979. En las últimas décadas, Estados Unidos e Irán no han mantenido un contacto directo, y sus relaciones a nivel internacional se han caracterizado por ser de desconfianza mutua, ejecución de sanciones económicas y conflictos indirectos resultantes en Oriente Medio como la Guerra en Irak. La capital pakistaní parece suspendida en una tensa espera, condicionada por unas negociaciones que hasta el momento, no han conseguido prosperar. Concebida urbanísticamente para transmitir estabilidad y armonía con grandes avenidas, glorietas ordenadas y extensas zonas verdes que atenúan el bullicio, la ciudad ofrece ahora una imagen casi fantasmagórica, interrumpida únicamente por carabanas oficiales, puestos de control y patrullas militares que se suceden de forma constante. La posición de neutralidad estratégica que Islamabad intenta proyectar a escala internacional, ha conseguido que sea el foco de las negociaciones. A diferencia de otros actores regionales alineados claramente con Washington o con Teherán, Pakistán busca mantener una política exterior más equilibrada para evitar quedar atrapado en la polarización regional. Esa posición lo ha convertido en un espacio diplomáticamente aceptable para ambas partes. Desde que comenzaron las negociaciones, gran parte del centro urbano permanece vacío: comercios cerrados, transporte paralizado y calles sin circulación. Aunque Islamabad intenta proyectar una sensación de control, en el ambiente comienza a percibirse un evidente desgaste. La situación evoca inevitablemente los periodos más duros de confinamiento durante la pandemia. En las calles apenas se observa presencia más allá de policías y militares. Muchos lo describen acertadamente como un confinamiento sin enfermedad, así como que el país está haciendo todos los esfuerzos posibles para recuperar el diálogo entre ambas partes, lograr un acuerdo que reduzca las tensiones y devolver la situación a la normalidad, todo ello aludiendo a la posible segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán que Islamabad lleva días anunciando como inminente, aunque todavía rodeada de incertidumbre y mensajes contradictorios. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han estado marcadas desde el inicio por una notable falta de coordinación y por mensajes inconcluyentes entre las distintas partes implicadas. Mientras Pakistán insistía públicamente en que una segunda ronda de conversaciones era inminente y mantenía activado todo el dispositivo diplomático y de seguridad en Islamabad, desde Washington no llegaban confirmaciones claras sobre las fechas ni sobre la participación definitiva de la delegación estadounidense. La situación se volvió todavía más confusa cuando el presidente Donald Trump aseguró que altos representantes de la administración estadounidense viajarían a Pakistán, como era el caso del vicepresidente J. D. Vance, unas declaraciones que posteriormente fueron matizadas e incluso parcialmente desmentidas desde la propia Casa Blanca. Por parte iraní, las contradicciones tampoco tardaron en aparecer. Aunque Islamabad continuaba preparando la infraestructura diplomática como si la llegada de las delegaciones fuese inminente, Teherán negó en varias ocasiones que existiera una reunión cerrada o una fecha definitiva para retomar las conversaciones. Esta disparidad de versiones ha situado a la capital pakistaní en una posición de elevada incertidumbre, obligándola a actuar sin información clara sobre los verdaderos movimientos diplomáticos de ambas potencias. A ello se suma que, paralelamente al discurso oficial favorable al diálogo, continuaron produciéndose incidentes militares en el Estrecho de Ormuz, incluyendo ataques limitados contra embarcaciones y nuevas amenazas sobre la seguridad marítima regional. De este modo, mientras públicamente se defendía la necesidad de preservar el alto el fuego, sobre el terreno persistía una dinámica de presión y confrontación militar. En las inmediaciones del Serena Hotel, escenario del primer encuentro directo entre representantes estadounidenses e iraníes desde el pasado 11 de abril, continúan desplegados estrictos dispositivos de seguridad compuestos por barricadas, vehículos blindados y controles de acceso. Cuando se celebraron estas conversaciones en Pakistán, se habían producido avances, pero no se alcanzó ningún acuerdo. El presidente de Estados Unidos afirmó: “la mayoría de los puntos fueron acordados, pero el único punto que realmente importaba, el nuclear, no lo fue”. Describió a Irán como “intransigente” en esta cuestión. El ministro de Asuntos Exteriores iraní señaló que un acuerdo estaba “a solo unos centímetros”, pero criticó las “exigencias maximalistas” de los negociadores estadounidenses. La tregua en Oriente Próximo alcanzó oficialmente el pasado viernes su primer mes de vigencia. El cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán ha permanecido en una situación extremadamente inestable, al borde de quebrarse en varias ocasiones. Washington ha llevado a cabo operaciones limitadas contra embarcaciones iraníes en el Estrecho de Ormuz, aunque sin extender los ataques al territorio continental iraní, mientras que Teherán respondió mediante el lanzamiento de drones contra un petrolero de los Emiratos Árabes Unidos. En consecuencia, el conflicto permanece atrapado en una especie de punto muerto diplomático, marcado por negociaciones indirectas. El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump calificó como “completamente inaceptable” la última respuesta remitida por Irán a la propuesta de paz presentada por Washington, cuyo contenido todavía no se ha hecho público. Un día después, las autoridades iraníes reafirmaron su posición y defendieron esa respuesta como una iniciativa “razonable” y “generosa”, al tiempo que acusaron a Trump de actuar condicionado por los intereses militares de Israel en Oriente Próximo. El principal punto de fricción sigue siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige a Teherán la suspensión completa de su programa de enriquecimiento de uranio, ya que tanto Washington como buena parte de la comunidad internacional consideran que dicho proyecto podría encubrir el desarrollo de armamento nuclear. Las autoridades iraníes por su parte, sostienen que el objetivo del programa es exclusivamente civil y energético. Actualmente, una de las principales condiciones planteadas por Trump para alcanzar un acuerdo de paz pasa por que Irán suspenda su programa nuclear durante un mínimo de veinte años. Teherán, en cambio, propone una interrupción temporal mucho más reducida: cinco años o como máximo, nueve. Esa diferencia temporal se ha convertido en uno de los principales ejes de la negociación. Sin embargo, la falta de señales claras por parte de Washington y Teherán respecto a su participación en las rondas negociadoras próximas ha colocado a Islamabad en una posición de dependencia reactiva, en la que la ausencia de previsibilidad compromete la planificación logística y debilita su margen de maniobra como actor mediador. La volatilidad de las posiciones adoptadas por Estados Unidos e Irán ha colocado a Islamabad en un escenario de elevada opacidad decisional, en el que actúa bajo condiciones de información incompleta y sin capacidad efectiva para anticipar la evolución de las negociaciones. El papel de Pakistán como mediador Pese a ello, el Gobierno pakistaní continúa apostando por mantener la imagen de Islamabad como epicentro diplomático. Carteles con el lema “Islamabad Talks”, acompañados por las banderas de Estados Unidos e Irán, siguen visibles en avenidas y rotondas principales. Retirarlos ahora supondría admitir un fracaso que todavía no se quiere asumir e Irán apuesta porque las negociaciones acabarán celebrándose. Pakistán lleva varias semanas intentando proyectarse internacionalmente como el único actor con verdadera capacidad para facilitar un entendimiento entre Washington y Teherán. Islamabad busca consolidar la imagen de un mediador creíble, capaz de combinar su histórica cooperación con Estados Unidos y las relaciones pragmáticas que mantiene con el Irán islámico. A excepción de su tradicional rivalidad con India, Islamabad conserva contactos fluidos con la mayoría de los actores estratégicos de la región, desde los Estados del Golfo hasta China. Dentro de ese esfuerzo de mediación, el jefe del ejército, el general Asim Munir, ha desempeñado un papel clave mediante gestiones discretas, mientras que la representación pública ha recaído principalmente sobre el Primer Ministro Shehbaz Sharif. En estos momentos, Islamabad parece condicionada por una agenda internacional que escapa a su control. La implicación de Pakistán en la crisis responde en gran medida, a su compleja posición geopolítica. El país comparte cerca de 900 kilómetros de frontera con Irán y mantiene con Teherán una relación ambivalente, marcada tanto por la cooperación pragmática como por episodios recurrentes de tensión fronteriza y desconfianza mutua. Al mismo tiempo, Islamabad conserva vínculos históricos de cooperación militar y estratégica con Estados Unidos desde la Guerra Fría y desde la denominada “guerra contra el terrorismo” que surgió a principios del siglo. A ello se suma la creciente dependencia estratégica y económica de China, convertida en el principal socio de Pakistán mediante proyectos como el Corredor Económico China – Pakistán (CPEC), pieza fundamental de la Nueva Ruta de la Seda impulsada por Pekín. La estabilidad regional resulta esencial para China, especialmente por su dependencia energética del Golfo y del Estrecho de Ormuz, motivo por el que Islamabad busca proyectarse como un actor responsable y estabilizador dentro de la crisis regional. Esa estrategia también responde a intereses propios, ya que Pakistán pretende reforzar su legitimidad internacional, evitar un aislamiento diplomático y consolidar una imagen de potencia regional capaz de mediar en conflictos complejos. Además, el posicionamiento pakistaní no puede entenderse sin la rivalidad estructural que mantiene con India. Islamabad es consciente de que una escalada regional que reduzca su relevancia diplomática podría fortalecer indirectamente la posición india como socio preferente de Occidente en Asia del Sur y el Indo – Pacífico. Por ello, la mediación en la crisis entre Washington y Teherán también constituye una oportunidad para proyectar influencia y contrarrestar parcialmente el creciente peso geopolítico de Nueva Delhi. Paralelamente, mientras la atención mediática se concentra en la posible mediación pakistaní entre Washington y Teherán, otros focos de tensión continúan activos. Pese a los esfuerzos diplomáticos relacionados con Irán, el ejército pakistaní sigue enfrentándose a un conflicto persistente en la frontera que comparte con Afganistán de 2.670 kilómetros, conocida como la Línea Durand. La Línea Durand, trazada en 1893 durante el periodo colonial británico, divide artificialmente comunidades pastunes asentadas históricamente a ambos lados de la frontera y nunca ha sido plenamente reconocida por las autoridades afganas. Esta situación ha convertido la zona en un espacio de elevada fragilidad e inseguridad estructural, caracterizado por la presencia de grupos insurgentes, redes de contrabando y movimientos armados transfronterizos. Tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán en 2021, Islamabad esperaba una cierta estabilización de la frontera; sin embargo, el escenario evolucionó en dirección contraria. Los enfrentamientos entre fuerzas pakistaníes y combatientes vinculados al TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) que operan desde 2007 en la frontera, continúan provocando víctimas, desplazamientos de población y una creciente militarización de la región fronteriza Se trata de una crisis prolongada contra los talibanes afganos que ha quedado parcialmente eclipsada desde que Pakistán asumió el papel de mediador en la confrontación entre Estados Unidos e Irán y simultáneamente atrapado en un conflicto fronterizo prolongado que limita su capacidad de actuación y evidencia las contradicciones de su política regional. El intento de proyectarse como garante de estabilidad externa mientras enfrenta graves desafíos de seguridad en su propio entorno inmediato ha supuesto un coste alto para la nación. El coste político para Pakistán El papel de Pakistán como mediador no está exento de riesgos políticos y estratégicos. Un eventual fracaso de las negociaciones podría traducirse en un desgaste de su credibilidad diplomática, aumentar las tensiones internas y evidenciar la vulnerabilidad de Islamabad ante dinámicas regionales sobre las que posee una capacidad de influencia limitada. A nivel interno, el coste también comienza a hacerse visible. Islamabad ha destinado importantes recursos políticos, diplomáticos y de seguridad para sostener su papel como sede negociadora, mientras gran parte de la capital permanece sometida a fuertes controles y restricciones. La ralentización de la actividad económica, el despliegue constante de dispositivos militares y la sensación de incertidumbre creciente han generado un clima de desgaste entre la población. En caso de que las conversaciones no prosperen, el Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif y el propio ejército podrían verse cuestionados por haber vinculado parte de su legitimidad internacional a un proceso sin resultados tangibles. Asimismo, la concentración de recursos de seguridad y personal militar en Islamabad para garantizar la protección de las delegaciones y sostener el dispositivo diplomático podría tener efectos indirectos sobre otros frentes de seguridad nacional. En particular, el desplazamiento parcial de atención estratégica hacia la capital podría reducir la capacidad de respuesta inmediata en la Línea Durand, donde continúan los enfrentamientos entre el ejército pakistaní y grupos insurgentes vinculados al TTP. La priorización del dispositivo de seguridad en Islamabad plantea serios riesgos operativos para el este de Pakistán, si las negociaciones se prolongan al exponer a Pakistán a una sobreextensión de sus capacidades de seguridad en un contexto de amenazas simultáneas internas y fronterizas. Al mismo tiempo, la política exterior pakistaní se encuentra atrapada en una posición geopolítica especialmente delicada. Islamabad intenta mantener un difícil equilibrio entre sus relaciones históricas con Estados Unidos y sus vínculos pragmáticos con Irán, país con el que comparte frontera. Cualquier percepción de alineamiento excesivo hacia una de las partes podría deteriorar su relación con la otra y reducir el margen de maniobra diplomático que precisamente intenta preservar. Una eventual intensificación o falta de negociaciones tendría consecuencias directas para la propia estabilidad del país. La economía del país depende en gran medida de las rutas energéticas del Golfo, por lo que cualquier alteración prolongada del tráfico marítimo en Ormuz afectaría al suministro energético, incrementaría la inflación y agravaría la fragilidad económica interna. Por otro lado, un fracaso de la mediación podría reforzar indirectamente la posición india como socio preferente de Occidente en Asia del Sur y consolidar la percepción de Nueva Delhi como un actor más estable y predecible dentro de la estrategia indo – pacífica impulsada por Washington. Conclusiones El pasado 13 de mayo, algunos actores sistémicos han reforzado la importancia de mantener abierto el canal negociador, articulando una presión diplomática indirecta orientada a evitar su colapso. Entre ellos, China ha desempeñado un papel relevante ya que el Ministro de Exteriores Wang Yi ha reconocido la labor de Pakistán como mediador entre Estados Unidos e Irán, subrayando su contribución a la prórroga del alto el fuego y apelando a intensificar los esfuerzos de mediación en torno a la cuestión del Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del suministro energético chino (estimado en un 45% aproximadamente). Por otro lado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump se encuentra de viaje oficial a China donde se ha reunido con su homólogo Xi Jinping, y ha declarado que ganará la guerra de Irán “por la vía pacífica o de otra forma.” El alto el fuego en Irán continúa en una situación de marcada fragilidad. Teherán sostiene que mantiene una postura de alerta permanente, apostando por la vía pacífica, en un contexto en el que las conversaciones con Estados Unidos se deterioran. En un mundo que contiene el aliento ante lo que ocurre en un espacio geográfico concreto pero estratégicamente decisivo, la atención global se condensa sobre un punto donde se cruzan guerra, energía y diplomacia. En ese tablero reducido, Islamabad intenta hacerse un lugar no solo como testigo privilegiado, sino como actor que aspira a influir sobre una crisis en curso, cuya resolución aún permanece abierta.

Introducción al hinduismo El hinduismo es una religión surgida en la actual India proveniente de prácticas originarias de los pueblos indoeuropeos, quiénes se instalaron en este espacio geográfico en torno al año 1500 a.C, llamada brahmanismo o religión védica. El hinduismo está dividido en torno a cuatro corrientes principales, que rinden culto a diversas deidades. La primera corriente es el vaisnavismo, el cual se encarga de rendir culto a Visnú; seguidamente se encuentra el shivaísmo, que rinde culto a Shiva. En tercer lugar, encontramos el shaktismo que rinde culto a Devi; y por último está el Smartismo que hace culto a Shiva, Visnú, Shakti, Suria y Ganesha. Todas ellas siguen seis doctrinas filosóficas clásicas basadas entre otras, en el control mental, la lógica y la metodología, el atomismo y el dualismo. En consecuencia, las principales creencias del Sanatana están basadas en cuatro pilares fundamentales llamados purusharthas, que son: el Dharma, que hace referencia a las obligaciones religiosas y morales además de la ética; el Arha, que significa prosperidad y trabajo; el Kama, que señala el amor y el deseo; y por último la Moksha, liberación del ciclo de reencarnación. Además, esta religión no se encuentra jerarquizada, ni posee un único libro donde se recojan todos los preceptos, sino que veneran una serie de textos antiguos. Lo que sí siguen son unos modelos de conducta seguidos por sus fieles, los cuales son: Deber de realizar ofrendas a todas las deidades indiferentemente si son mayores o menores, prohibición del consumo de carne de vaca, prohibición del casamiento entre personas de diferentes castas y por último la persecución de la iluminación a través del rechazo de mundo material. El hinduismo y su relación con la naturaleza El hinduismo tiene una larga tradición basada en el cuidado y la protección medioambiental, proveniente de creencias y prácticas centrales de un cómputo de ritos, religiones primarias y tradiciones familiarizadas con el entorno alrededor del humano. Los seguidores ven en la naturaleza la presencia divina en todas partes, desde las montañas hasta los árboles y animales, por lo que muestran un gran respeto hacia ella. Además, siguen la creencia panentheism, que trata de agudizar la conexión de todos los elementos del universo, promoviendo la comprensión holística del mundo y defendiendo que, al dañar una parte de él, se perjudica el conjunto al estar todo interrelacionado. Siguiendo la anterior idea, ven lo sagrado de la vida, llevando a cabo el principio ahimsa, basado en la no violencia, lo cual, los insta a ser compasivos con la naturaleza, estando en contra de la explotación o el daño innecesario. También, en sus escrituras védicas, los textos anteriormente mencionados, hacen referencia en numerosas ocasiones a la preservación del medioambiente para las futuras generaciones Es por ello por lo que el hinduismo sigue unas prácticas medioambientales, teóricamente, firmes, como la conservación de agua, la protección forestal, el bienestar animal, y el seguimiento de rituales ecológicos. De igual manera, esta religión es una de las que más fieles recogen a lo largo del mundo, por lo que tiene mucha influencia y extiende sus creencias en mayor medida –ejemplo de ello es el expansionismo del movimiento vegetariano, vinculado al ahimsa– . El foco principal de fieles está en India, donde una gran cantidad porcentual de la población la práctica, debido a eso, el hinduismo en el país ha influido fuertemente en la política del mismo, no solo desde la organización de la estructura social sino en el seguimiento de las políticas ecologistas y medioambientales de Nueva Delhi. En la India, la protección ambiental no se entiende solo como política ecológica, sino como deber espiritual. Como ejemplo existen movimientos como el Chipko, el cual, dirigido por mujeres hindúes y extendido por la cordillera del Himalaya, tiene como objetivo proteger los bosques de la zona de la deforestación. El río Ganges como símbolo sagrado Otro ejemplo clave es el río Ganges, el cual es un río sagrado que simboliza la vida y la purificación del hinduismo, pero es objeto de grandes debates debido a la gran contaminación que está presente en este río. El debate prolifera debido a que supone una contradicción total entre las prácticas que el hinduismo promueve y ante la realidad del foco contaminante que supone, es decir, la religión impulsa la protección, pero también genera prácticas que dañan el entorno gravemente. El río Ganges o Ganga, recorre unos 2.700 kilómetros desde el norte de la India hasta Bangladés, es sagrado debido a que representa a la Diosa Ganga y en la escritura antigua Mahabharata está descrito como «el mejor de los ríos, nacido de todas las aguas sagradas». Es considerado Tirtha, un punto de intersección entre el cielo y la tierra donde se cree que las oraciones y ofrendas en él llegan mejor a los dioses, todo ello manifiesta la importancia de dicho río. En él se practican numerosos rituales diferentes como las ceremonias funerarias, donde se le aplican en la boca del fallecido unas gotas de agua del río y posteriormente se procede a su cremación y ulterior derramamiento de las cenizas en el agua para su purificación y rápido ascenso a los cielos. También se realizan ceremonias a los dioses a través de ofrendas florales y velas, como puede ser la Ceremonia Aarti, un ritual donde se ofrece luz a las deidades utilizando el fuego como ofrenda hacia ellas. En la ceremonia, los sacerdotes encienden las lámparas y las rodean en sentido de las agujas del reloj, al compás; músicos tocan melodías creando un ambiente espiritual único y los devotos se unen en oración y contemplación creando una imagen culturalmente profunda. Otra tradición muy importante practicada por los hindúes, siendo de las más significativas y multitudinarias es el Kumbh Mela, el cual, cada 12 años, millones de hindúes del mundo se reúnen a orillas del río para participar en el evento sagrado que más personas abarca del Planeta. Durante la tradición los creyentes acuden al Triveni Sangam, donde se encuentran tres ríos, entre ellos el Ganges y se bañan en él, debido a que se cree que el baño elimina y purifica los pecados de los fieles, con ello se les permite alcanzar la rendición y liberarse del ciclo de reencarnación. La contaminación del Ganges y sus consecuencias Por estas prácticas y muchas otras, el Ganges, dentro de la religión hinduista, tiene una importancia única y abismal, pero todo ello tiene un lado negativo que es la contaminación existente en el río a causa de los diverso rituales y ceremonias llevadas a cabo, además de los vertidos tóxicos y residuos que el río arrastra de las comunidades e industrias. El estado actual del río y el deterioro de la calidad del agua pone en manifiesto el peligro que supone para la salud de los centenares de millones de personas que acuden a él y el riesgo que supone para la biodiversidad del ecosistema regional, su equilibrio y sus especies. La degradación del agua y su uso continuo pueden llegar a originar el caldo de cultivo para diversas enfermedades entre ellas epidemias como el cólera, el tifus y la hepatitis. Estas enfermedades provocan síntomas graves e incluso la muerte, es por ello por lo que algunas de ellas son una de las principales causas de mortalidad en niños y adolescentes en India. Medidas para la recuperación del río A causa del grave deterioro medioambiental del río, el gobierno indio ha impulsado una serie de proyectos basados en la recuperación y el saneamiento de las aguas. Uno de los programas más relevantes recibe el nombre de “Namami Gange”, lanzado en el año 2014, entre sus objetivos está el tratamiento de aguas residuales, restaurar el ecosistema fluvial y reducir la contaminación. Esta iniciativa ha sido apoyada con fuertes inversiones económicas, además, ha sido tratada como prioridad no solamente a causa de los problemas sanitarios, sino por la obligación moral y espiritual ante el símbolo que el río Ganges es para la religión más importante del país. El programa, según los datos proporcionados por el gobierno indio, ha permitido la construcción de nuevas plantas de tratamiento de agua y la mejora parcial de la calidad del agua en algunas zonas delimitadas del río. No obstante, expertos y diversas organizaciones ecologistas señalan que los esfuerzos han sido insuficientes debido a el volumen de residuos industriales y urbanos que llegan de forma diaria a las aguas, además, las prácticas religiosas multitudinarias no ayudan y el crecimiento demográfico de ciudades y poblaciones situadas entorno a las orillas hace que prolifere la contaminación. Las repercusiones del estado del río, no solo afectan al medioambiente, sino que, de igual manera, afectan a la economía y a la salud pública. Un gran número de habitantes del país usan usualmente el agua del río para beber, cocinar, bañarse y regar los cultivos, algo que los expone a bacterias y sustancias tóxicas. Por otro lado, la biodiversidad del ecosistema está realmente perjudicada. Especies características y tradicionales del río Ganges, están fuertemente amenazadas a causa de la degradación del hábitat y la disminución de la calidad acuática. Asimismo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación han causado un desequilibrio en el ecosistema fluvial. Conclusión La situación refleja una de las mayores contradicciones actuales en la India, ya que mientras que el hinduismo promueve un respeto profundo hacia la naturaleza y más concretamente ante el río Ganges debido al simbolismo que tiene dentro de la religión, lo que ocurre dicta mucho de los valores promovidos; dada la fuerte presión humana, industrial y religiosa ante la que el río está constantemente sometido. Este caso es un ejemplo internacional de cómo las creencias religiosas, tradiciones y problemas medioambientales pueden entrar en conflicto y suponer nuevos riesgos y retos dentro de una misma sociedad, más allá de lo meramente económico, político o militar, demostrando la interrelación tanto de los ecosistemas naturales como de las prácticas sistemáticas humanas.

Eurovisión es la competición musical y el programa televisivo más longevo del mundo que aún se encuentra vigente. El festival más reconocido del Viejo Continente entra de lleno en su octava década de existencia rodeado de incertidumbres y atravesado por una crisis sin precedentes, marcada por la retirada de cinco países, entre ellos España, de una edición profundamente condicionada por las tensiones políticas internacionales. El conflicto comenzó en septiembre de este año, cuando un grupo de eurodiputados solicitó aplicar el mismo protocolo a Israel que el que se utilizó cuando Rusia fue expulsada en el año 2022, con motivo de la guerra de Ucrania. No obstante, la relación entre Eurovisión y la geopolítica no es una anomalía reciente ni un espejo de la actualidad internacional. Al contrario, forma parte de su esencia histórica. El certamen nació en un panorama político sensible, en el que Europa trataba de recomponerse tras la Segunda Guerra Mundial y los devastadores efectos que ella implicó, al mismo tiempo que observaba cómo el mundo se dividía en torno a dos bloques antagónicos en el contexto de la Guerra Fría. Así, bajo la amable apariencia de un concurso musical, Eurovisión funcionó desde un primer momento como un ejercicio de cooperación cultural, una demostración de modernidad y un símbolo de reconciliación entre países: la música permitía representar una comunidad que trataba de transformar rivalidades políticas en competencia cultural, proyectando identidades nacionales sin romper un marco común. El famoso lema United by Music, acuñado de forma permanente desde la edición de 2024, venía a representar lo que en un inicio pretendía el festival: establecer lazos mediante la música. Hoy, la perspectiva continúa siendo la misma en su fondo, pero ha cambiado todo a su alrededor: la dimensión geopolítica se ha vuelto ahora más visible, conflictiva y global; las votaciones, ausencias, expulsiones, boicots, polémicas en torno a participaciones… demuestran que quizá Eurovisión no ha cambiado tanto. Ha sido el mundo entero quien ha cambiado, junto con las formas de manifestar intereses, tensiones, fracturas y alianzas. La Europa de la Guerra Fría: en búsqueda de una identidad común Para comprender el nacimiento del festival, es imprescindible ubicarlo en su contexto histórico de la Europa de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, el continente se encontraba altamente dividido en términos políticos e ideológicos. Europa había quedado profundamente marcada por la destrucción bélica, por la necesidad de reconstruir sus instituciones y por una nueva división ideológica que comenzaba a ordenar el sistema internacional en torno a dos grandes bloques antagónicos. Ante tal situación, cualquier proyecto de colaboración entre países iba mucho más allá de lo técnico: significaba ensayar nuevas formas de relación, comunicación y reconocimiento mutuo en un continente todavía atravesado por la memoria del conflicto. De este modo, Eurovisión se entiende dentro de sus orígenes como parte de ese proceso de reconstrucción simbólica. La cultura ofrecía una fórmula práctica y sencilla, pero eficaz: que ciertos países se reconocieran dentro de un mismo escenario, compitieran en torno a unas reglas comunes y compartieran un espacio donde hablar y humanizarse entre sí ofrecía una oportunidad única. El festival exhibía las identidades nacionales y las compartía, en ningún caso las diluía. Esa fue su principal aportación: transformar la diversidad nacional en convivencia. Artistas como Domenico Modugno, Julio Iglesias, Raphael, Cliff Richard o Abba traspasaron la barrera nacional participando en el festival y, en ciertos casos, ganándolo y obteniendo una significativa proyección internacional. Un ejemplo de lo previamente expuesto fue la participación de Alemania Occidental desde la primera edición. Apenas una década después del final de la Segunda Guerra Mundial, la presencia alemana en un certamen europeo compartido tenía una carga simbólica significativa: Alemania dejaba de estar asociada al trauma de la guerra y se le integraba dentro de una comunidad, en lugar de marginarla y humillarla. Su integración en Eurovisión significaba un aprendizaje de la anterior guerra, y consistía en un amplio proceso de normalización política, cultural y diplomática de las relaciones, en el que el propio festival contribuía a mostrar que antiguos enemigos podían volver a compartir un espacio, y que Europa podía reintegrar, incluso a quien una vez buscó destruirla. Como muestra de ello, será precisamente Alemania Occidental quien organizó la segunda edición de Eurovisión. La Guerra Fría convirtió a Europa en uno de los potenciales escenarios de la disputa entre modelos políticos, económicos y culturales. Frente al bloque oriental, articulado bajo la influencia soviética, la Europa occidental trató de proyectarse como un espacio de democracia liberal, confianza institucional, modernización tecnológica y pluralismo cultural. En este sentido, la cultura y los medios de comunicación no fueron elementos secundarios, sino instrumentos fundamentales de legitimación y proyección. La televisión, en particular, comenzó a adquirir una enorme importancia como medio capaz de conectar sociedades enteras, construir imaginarios compartidos y difundir una determinada idea de modernidad. Eurovisión nacería precisamente en ese cruce entre tecnología, cultura y geopolítica. En este marco surgió uno de los actores que posibilitan cada año la celebración del festival: la EBU (European Broadcasting Union), una corporación internacional de radiodifusoras, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Su función, desde su fundación en 1950, consistía en promover y desarrollar los medios de comunicación de servicio público y sus valores -universalidad, independencia, excelencia, diversidad, innovación y responsabilidad social-, de modo que mejorase y se salvaguardase la libertad de expresión e información. Con ella, se creó Euroradio y Eurovisión, que en principio eran sistemas de distribución -radiofónica y televisiva respectivamente- que permitían compartir programas de las distintas cadenas de televisión tradicionales. Sin embargo, su importancia no puede reducirse a una cuestión meramente técnica. En una Europa marcada por la división de bloques, la EBU ofrecía estructuras comunes desde las que coordinar emisiones internacionales, compartir avances tecnológicos y reforzar una cierta identidad europea todavía embrionaria. La posibilidad de conectar televisiones públicas de distintos países no solo demostraba capacidad técnica, sino también voluntad de cooperación. La radiodifusión se convertía así en una herramienta de acercamiento cultural, capaz de producir experiencias compartidas entre audiencias nacionales diferentes. La EBU proporcionó la infraestructura; Eurovisión acabaría proporcionando el símbolo. De Sanremo a Lugano con un experimento técnico Llegó 1954, momento en el que la televisión llegó a gran parte de los países europeos. Así, la UER creó un comité interno para estudiar las diferentes ideas para crear un programa común de entretenimiento emitido por televisión de forma simultánea en todos los países miembros de la corporación. La idea inicial, de hecho, fue crear un espectáculo con variedades circenses y acrobáticas, popular en aquel entonces. Fue entonces cuando la RAI, empresa de radiodifusión italiana, propuso “imitar” la fórmula Sanremo -que por aquel entonces llevaba cuatro ediciones celebradas- y trasladarla a nivel europeo, donde participasen cantantes de todos los países. El comité encabezado por Marcel Bezençon, Director General de la televisión suiza, estudió seriamente esta propuesta y su viabilidad. Meses después, el 19 de octubre de 1955, el comité aprobó de forma oficial que el Grand Prix Eurovision de la Chanson fuera celebrado en la primavera de 1956 en Lugano, Suiza. Una vez establecidos el nombre y la fecha, se comenzó a escribir un reglamento de obligado cumplimiento para los 10 participantes que se presuponían. Finalmente acabaron siendo siete, debido a que Austria, Reino Unido y Dinamarca confirmaron su participación fuera de plazo. En dicho reglamento se especificaban ciertas cuestiones como la recomendación encarecida de que las canciones fuesen previamente seleccionadas mediante una final nacional en cada país, con el objetivo de acercar la música al pueblo y favorecer a la elección democrática de los candidatos. Otro elemento distintivo era la duración, 3 minutos y medio -frente a los tres permitidos actualmente- y la obligatoriedad de su interpretación en directo con una orquesta. No se responden cuestiones como número máximo de artistas o el idioma de la canción, ni el premio a otorgar -en las primeras ediciones ni siquiera hubo premio-, fueron cuestiones resueltas en la práctica del festival y en reglamentos posteriores. Respondiendo a esta lógica, la edición de 1956 arrancó sin una votación registrada. No existe constancia escrita de ningún elemento del proceso, pues en realidad el jurado sólo debía anunciar quién ganaba, tras haber deliberado en secreto. El sistema clásico de votación en Eurovisión, sencillamente, surgió en base a la práctica. En la segunda edición se impulsó el voto del jurado, del 1 al 10, pero el famoso “the twelve points go to…” no nacería hasta el 1975, mientras que el televoto no se implantará hasta 1997. Por otro lado, la existencia de las semifinales se remonta a la década de los 2000, habiendo antes una única final, en la que se participaban todos los países. El concurso comenzó alejado de la grandiosidad de su formato actual; más bien, se trató de un modesto experimento tecnológico que utilizó la televisión como prueba de modernidad y cooperación europea. En un momento en el que la pequeña pantalla todavía no ocupaba el lugar central que tendría décadas después, Eurovisión permitió ensayar una idea profundamente novedosa: que distintos países pudieran asistir, al mismo tiempo, a un mismo acontecimiento retransmitido en directo. La coordinación de señales, cámaras, locutores, jurados y conexiones internacionales convertía el festival en algo más que una competición musical; lo transformaba en una demostración de capacidad técnica compartida. La televisión dejaba de ser un medio encerrado dentro de las fronteras nacionales para convertirse en un espacio común, capaz de unir audiencias separadas por barreras culturales, lingüísticas, e incluso políticas. Así, bajo la apariencia sencilla de unas canciones, Eurovisión proyectaba un mensaje de enorme potencia simbólica: Europa podía mirarse a sí misma a través de una misma pantalla. Por su parte, España no llegará al festival hasta la sexta edición, cuando Conchita Bautista representó su canción “Estando Contigo”, alcanzando la octava posición. Su entrada responde a un contexto ligado a la estrategia exterior del franquismo. Tras años de aislamiento internacional después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen buscaba proyectar una imagen más moderna, abierta y plenamente integrada en la Europa occidental. La participación en Eurovisión permitía precisamente eso: aparecer en un gran escaparate cultural europeo, compartir escenario con democracias occidentales y utilizar la televisión como herramienta de prestigio y normalización internacional. Pretendían mostrar que España también era parte de esa Europa moderna, televisiva y culturalmente conectada. El “modelo Eurovisión”: cuando la música se convierte en influencia La prueba de que Eurovisión nunca fue un simple concurso musical está en su capacidad de ser imitado como un modelo de representación geográfica y cultural en todas las fases de su historia: un festival se ha convertido en una manera útil de reunir países, ordenar identidades nacionales, escenificar pertenencias comunes y convertir la competición en espectáculo. Eurovisión no solo demostró que era posible conectar a varios países mediante una misma retransmisión en directo; también enseñó que la música podía funcionar como un lenguaje político sin necesidad de presentarse como tal. Bajo la apariencia de canciones, jurados y escenarios, el festival estaba ensayando una forma de convivencia simbólica entre Estados. De este modo, Eurovisión creó una fórmula reconocible con audiencias que participan emocionalmente bajo una retransmisión común. Con el paso del tiempo, surgieron además proyectos inspirados en su estructura. Uno de los ejemplos más evidentes fue Intervisión, concebido durante la Guerra Fría como una alternativa del bloque socialista al festival occidental. Mientras Eurovisión proyectaba la imagen de una Europa occidental integrada, moderna y televisiva, Intervisión trató de articular su propio espacio cultural desde el otro lado del Telón de Acero. Su mera existencia confirma que el festival europeo nunca fue percibido únicamente como entretenimiento: si el bloque oriental necesitó construir una respuesta propia, fue porque Eurovisión también era entendido como un instrumento de influencia, identidad y representación. Este festival, de hecho, renació en 2025 con el mismo nombre, pero con distintos invitados. En esta ocasión, tras la expulsión de Rusia del festival en 2022, con motivo de la guerra de Ucrania, Moscú recuperó este festival con Rusia a la cabeza como actor defensor de valores tradicionales y como cooperador con Estados afines o no alineados con Occidente, lo que nos muestra que la batalla simbólica de la Guerra Fría tampoco ha llegado a desaparecer, y que las fórmulas que previamente se utilizaban aún siguen siendo útiles. También el Festival de la OTI demuestra hasta qué punto Eurovisión había creado una fórmula exportable. Surgido en 1972 en el espacio iberoamericano, el certamen trasladó parte de la lógica eurovisiva a una comunidad unida por vínculos lingüísticos, históricos y culturales. Por otro lado, la OTI no respondía a la fractura ideológica de la Guerra Fría de la misma manera que Intervisión, pero sí partía de una intuición similar: la televisión podía convertir una comunidad dispersa en una experiencia compartida. Países de habla española y portuguesa podían encontrarse en un mismo escenario, reconocerse mediante la música y construir una cierta identidad cultural común a través de la retransmisión. Fue el modelo posterior que más ediciones realizó, estando en emisión hasta el año 2000. Ambos casos confirman que el modelo eurovisivo había superado la condición de ser un mero formato musical. Aunque con pretextos diferentes, su fórmula ofrecía un medio de proyección de identidades e intereses colectivos que no sólo generó un formato televisivo claramente exitoso, sino un lenguaje de diplomacia cultural. Intervisión agrupó a países socialistas -y agrupa a países afines a Rusia-, la OTI se trasladó a la comunidad iberoamericana, y Eurovisión al ámbito europeo y mediterráneo -cabe recordar que países como Marruecos o Túnez llegaron a participar-. La canción era el contenido visible; el verdadero trasfondo era la construcción de una colectividad con rasgos reconocibles, dentro de la propia heterogeneidad y particularidad existentes en la misma. Por estos motivos, la frecuente acusación de “politización” de Eurovisión debe matizarse desde una perspectiva histórica. El festival no fue primero neutral y después político: nació en una Europa dividida, marcada por la posguerra, la Guerra Fría y la necesidad de crear símbolos compartidos, por lo que nació político. A veces no se definía de forma explícita, sino a través de medios más sutiles como la propia representación nacional, las ausencias, los retornos, las afinidades culturales y la propia delimitación de quién formaba parte del escenario europeo. Esta lógica también explicaría sus adaptaciones en el espacio soviético e iberoamericano. El festival de la Canción de Eurovisión nunca ha eliminado la geopolítica de su realidad, sino que, históricamente, la ha traducido a un lenguaje más distendido. Su éxito consistió en transformar la rivalidad entre Estados en competencia cultural regulada, ofreciendo la imagen de una Europa capaz de reconocerse en sus diferencias sin romper el marco común. Aunque la actualidad internacional obliga hoy a una manifestación más tosca, visible y confrontativa, la historia demuestra, por tanto, que Eurovisión no se convirtió con el tiempo en un fenómeno geopolítico: nació atravesado por esa condición, aunque bajo la apariencia aparentemente inocente de una canción compartida. Créditos foto: ABBA, TopPop (1974). Autor: AVRO. Fuente: Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABBA_-_TopPop_1974_5.png. Licencia CC BY-SA 3.0.

Setenta y ocho años han pasado desde el nacimiento del Estado número cincuenta y nueve. Originado en tratados y resoluciones, fronteras dibujadas en despachos y el compromiso con una tierra prometida, se sostiene sobre las ruinas de un pueblo desarraigado a mano alzada. Las llaves que en su día abrieron la puerta de hogares con olor a fresa y olivas hoy yacen oxidadas, recordando aquellos lugares que ya sólo pertenecen al imaginario colectivo de una sociedad arrancada de su propio contexto. Setenta y ocho años, ciento treinta y cuatro países, resoluciones y más de seis millones de desplazados después, el Estado número cincuenta y nueve continúa colándose en discursos políticos y declaraciones de intenciones, aún con las fronteras ya desdibujadas por las ansias de expansión. Las llaves aún abren las mismas puertas que antaño, aunque ahora se pierden entre la gravilla y metralla de los campos de refugiados. Hoy, setenta y ocho años después, hablamos de la Nakba, el sionismo, Israel y Palestina. De la Tierra Prometida a la tierra en disputa: el choque de relatos De acuerdo con las narrativas judías más extendidas, el mito fundacional del Estado de Israel pasa por una perspectiva con una fuerte vinculación bíblica. Al igual que el cristianismo y el islam, el judaísmo es una religión basada en la figura de Abraham, el primer hombre que rechazó la idolatría para defender la creencia en un único Dios. Él y su linaje se establecieron en la tierra de Canaán tras una revelación divina, territorio que comprende la actualidad de parte de Palestina, Israel, Jordania y El Líbano. Abraham engendró a Isaac, padre de Jacob, quien, tras recibir el nombre de Israel, dio origen a las doce tribus que conformaron el mosaico histórico-social del país. De ellas, sería la de Judá la única que sobrevivría al exilio tras la invasión asiria entorno al 721 a.C., dando entidad al pueblo judío y consolidando así un vínculo entre pueblo y territorio. Este episodio resulta importante ya que permite entender cómo la experiencia de exilio fue convirtiéndose progresivamente en uno de los pilares históricos y simbólicos de la identidad judía. La caída del Reino de Judea en manos de los babilonios en el 586 a.C. expulsó a los judíos de Jerusalén hasta el 538 a.C., cuando, con la llegada del Imperio Persa y Ciro el Grande, el Retorno de Sión consolidó el inicio del mito fundacional. En torno al año 70 d.C., la llegada de los romanos y la destrucción por su parte del Segundo Templo desencadenó el “Gran Exilio” del pueblo judío, otro de los elementos principales dentro de la narrativa. Tanto durante este periodo como durante la posterior era bizantina, la tierra que englobaba la Palestina histórica se estableció como una provincia imperial. Los árabes llegaron a Jerusalén en el año 637, gobernando hasta el siglo XVI; aún manteniendo un trato cordial con las otras religiones de la zona, los movimientos migratorios judíos continuaron sucediéndose, alimentando el relato de un pueblo enajenado. En ese entonces la sociedad era mayormente rural, con una superioridad de musulmanes sunitas y una población judía que no superaba el 3%, algo que se mantuvo también durante tiempo otomano (comenzado a partir del 1517). La perspectiva sionista de entender la tierra de Palestina como una “isla” con población judía gobernada por los otomanos desde fuera, una “víctima más del imperialismo”, chocaba con otros discursos como los del historiador Ilan Pappe, quien se ha esforzado en desarmar el argumentario de ver a Palestina como una “tierra sin pueblo” antes de la llegada de los judíos. La presencia de “no judíos” como los filisteos (desde el 1200 a.C.) se reclama no como un elemento transitorio, sino como los cimientos de una sociedad arraigada con una estructura socio-cultural propia. Desde el colapso otomano hasta la consolidación del proyecto nacional judío El término Nakba, acuñado por Constantine Zurayk en 1948, responde a la concepción catastrófica que la colectividad pro-palestina tiene sobre los acontecimientos del 15 de mayo de ese mismo año. Entender la Nakba como una consecuencia final dentro de las dinámicas históricas del conflicto árabe-israelí invalida automáticamente gran parte de su propia naturaleza, debiendo comprenderse como una causa más de las dinámicas de división de poder que han vertebrado la región desde finales del siglo XIX. Como ha sido comentado, el Imperio Otomano mantuvo control sobre Palestina desde el siglo XVI hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La caída del “Enfermo de Europa” vino aparejada al nacimiento de diferentes movimientos nacionalistas dentro de la zona, algo que ya venía resonando también en el viejo continente. Entre sentimientos patrióticos, dinámicas de lealtades locales, movimientos arabistas y cercanías religiosas, la proporción árabe de la sociedad palestina comenzó a reclamarse como una nación propia. Paralelamente a todo esto, el sionismo comenzaba a aparecer entre las altas sociedades europeas. La diáspora judía que había comenzado en época romana se extendió durante siglos, marcada por la vulnerabilidad del pueblo hebreo y sus constantes persecuciones. Eventos como las Cruzadas europeas y la represión de la Inquisición o los pogroms (persecuciones a poblaciones judías en el este de Europa) fueron moldeando una perspectiva de violencia estructural dentro del subconsciente hebreo, que se cristalizó a finales del siglo XIX con el nacimiento de esta ideología nacionalista. A comienzos del siglo XX el sentimiento antisemita continuaba creciendo en países como Rusia, Austria, Inglaterra y especialmente Francia; los violentos pogroms ordenados por los zares en el proceso de rusificación entre 1904 y 1905 y la falsa acusación al general francés Dreyfuss, judío, por alta traición al ejército colmaron la paciencia de determinados académicos, que teorizaron sobre la posibilidad de crear un Estado donde fuesen una mayoría poblacional. Dentro de este movimiento destacó exponencialmente la figura de Theodor Herzl, el “padre del sionismo”. Escritor del libro “el Estado Judío”, fue el primero en defender una cosmovisión utópica sobre la creación del mismo. Tras el Primer Congreso Sionista, celebrado en Basilea en el 1897, la necesidad de un Herzl Israel se materializó en un intenso debate sobre dónde llevar a cabo este proyecto. Países como Argentina o Uganda se propusieron como opción; sin embargo, el mito fundacional y la vinculación histórica de los judíos con Palestina la hicieron la escogida. Las ondas migratorias al territorio, conocidas como aliyás se sucedieron desde entonces, conformándose poco a poco estructuras sociales de base agrícola, los kibutz, que estructuraron una presencia judía cada vez más fuerte. La Primera Guerra Mundial se mantuvo con las presiones inglesas sobre el territorio palestino. Así, los británicos conseguirían orquestar una Revuelta Árabe (1916) contra los turcos, organizada por Husain, Jarife de la Meca, bajo la promesa de crear un Estado árabe a finales del conflicto. Simultáneamente, se firmó la Declaración Balfour en 1917, donde se apuntaría el compromiso a establecer un Estado judío en Palestina. El mandato británico sobre dicha tierra, aparecido tras la división del territorio franco-inglesa acordada en el Tratado de Sykes-Picot (1916), se extendió durante todo el periodo de entreguerras. Lejos de escuchar los reclamos árabes, desde Londres abogarían por la creación de una Palestina británica y sionista, donde destacaron la compra de tierras por parte de los judios, el Plan de Transferencia migratoria y los procesos de sionización. Además, el pueblo judío contó también con el apoyo de la Sociedad de Naciones. La sombra del Holocausto y el nacimiento de Israel En los años 30, ante el auge del nazismo y los demás movimientos nacionalistas, el olor de un nuevo conflicto inundaba de manera más que evidente los cafés de Europa. Además de la Haganá (movimiento nacionalista, sionista defensor de la autodeterminación judía frente a árabes y británicos fundado en 1928) se desarrollaron otros grupos armados como Irgun, de corte más radical, que aceleraron los tiempos políticos entre los reclamos hebreos. Importantes figuras como David Ben Gurión aparecieron en la ecuación, animando el apoyo a los aliados mientras construían un Estado que de facto pudiese defenderse por sí mismo. Las potencias aliadas, desgastadas por la internacionalización de sus esfuerzos, encontraron en las colonias y mandatos situaciones insostenibles, con pueblos enteros reclamando autonomía y soberanía sobre sí mismos. Para Gran Bretaña, Palestina funcionaba como un “Estado tapón” para proteger el Canal de Suez y su joya de la corona, la India. Así, ante la independencia del Raj Británico en 1947 y el efecto dominó de los reclamos de independencia gestados desde Egipto, víctimas del desgaste y la desatención, cedieron el desenlace de la cuestión palestina a la recién nacida Organización de las Naciones Unidas. El fantasma del Holocausto y la derrota del Eje asolaba aún Europa, de manera que la sociedad internacional instaló la geopolítica entorno a la “deuda” hacia el pueblo judío, históricamente desarraigado de su lugar natal. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General aprobó la Resolución 181, el famoso Plan de Partición. El Plan de Partición propuso la creación en el territorio palestino de dos estados independientes, proporcionales a la presencia poblacional de árabes y judíos, quedando Jerusalén como ciudad bajo régimen internacional. David Ben Gurion proclamó solemnemente la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, y tanto el Alto Comisionado Árabe como la Liga Árabe rechazaron esta proposición, iniciando así una guerra civil que estallaría al día siguiente, de la mano de la retirada británica. El 15 de mayo de 1948 se producía por tanto el inicio formal de la primera guerra árabe-israelí, lo que dentro de las esferas sociales árabes se conoció como la Nakba. La Nakba y sus consecuencias hasta la actualidad La declaración formal del Estado de Israel se hizo con el apoyo y reconocimiento de la mayoría de países de la ONU, de forma que cuando los países árabes contrarios a ello alzaron la voz, los hebreos contaron con apoyo directo de Estados Unidos y otras potencias durante el conflicto bélico. La superioridad judía frente a los palestinos, así como la permisividad de las autoridades internacionales, permitieron la expansión de Israel hacia lugares que no se le habían concedido en el Plan de Partición. Sin embargo, la consecuencia más sangrante de este primer enfrentamiento de 1948 no fueron las ansias expansionistas posteriores, sino el propio exilio de más de 700,000 mil palestinos de sus territorios, con políticas de abierta limpieza étnica que se utilizaron a lo largo de los años fundamentadas a través del Plan Dalet. Eventos catastróficos como las masacres de Deir Yassin provocaron un éxodo masivo de palestinos a las zonas de Gaza y Cisjordania, así como a países vecinos, cercando a la población árabe a territorios cada vez más mermados.Lo que para Israel fue una "guerra de independencia", para la sociedad palestina supuso la desarticulación total de su tejido social, instalando la condición de refugiados permanentes en el inconsciente colectivo.La resistencia palestina se organizó entonces en torno a dos ejes ideológicos laicos, el nacionalismo de Al Fatah (OLP), influenciado por el panarabismo nasserista, y el marxismo revolucionario de la FPLP. Aparte de la cuestión palestina, los conflictos árabe-israelíes se siguieron sucediendo no sólo en este territorio sino también en los países vecinos. La Guerra de los Seis Días en 1967 enfrentó a un debilitado Egipto nasserista frente a un Israel empoderado, otorgando al estado hebreo presencia en la zona del Sinaí y los altos del Golán, territorio por el que todavía hoy mantienen disputas. La posterior Guerra del Yom Kippur (1973) desencadenaron los Acuerdos de Camp David, donde Egipto reconoció a Israel a cambio de la devolución del Sinaí. El declive del nacionalismo secular dio paso al auge del integrismo islámico, cristalizado en la fundación de Hamás por el jeque Yassin. A diferencia de la OLP, Hamás introdujo una dimensión religiosa que buscaba no solo la autodeterminación, sino la sustitución del Estado de Israel por un Estado islámico. Paradójicamente, en sus inicios, este movimiento contó con la permisividad de los servicios secretos israelíes, que buscaban dividir a la sociedad palestina y debilitar el peso diplomático de Arafat, una estrategia de "divide y vencerás" financiada indirectamente por monarquías conservadoras como Qatar. El último gran intento de paz llegó tras la Primera Intifada (1987), un levantamiento popular espontáneo que forzó a las partes a sentarse en la Conferencia de Madrid (1991). El reconocimiento mutuo entre la OLP y el gobierno laborista de Isaac Rabin culminó en los Acuerdos de Oslo (1993), que establecieron la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como un embrión de Estado en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esta ventana de esperanza se cerró trágicamente: el asesinato de Rabin a manos de un ultraortodoxo judío en 1995 y el ascenso del Likud, encabezado por figuras como Ariel Sharon y más tarde Benjamin Netanyahu, dinamitaron el proceso de paz. La expansión de los asentamientos y la parálisis de la ANP dejaron el conflicto en un estado de ocupación perpetua y división interna que persiste hasta nuestros días. Conclusión En la actualidad, el fantasma de una segunda Nakba tras los ataques del 7 de octubre continúa aún en el subconsciente colectivo, ante la idea de un conflicto que parece tener cada vez más cabos sueltos. Las soluciones que antes se decidieron en despachos y dibujos ahora no parecen surtir efecto, con la empatía como la gran ausente dentro de todo este entramado. Cifras de muertos, desplazados, refugiados y apátridas se agolpan en las portadas de los periódicos sin mayor información que el número que aportan, mientras desde círculos académicos y sociales se plantea si la solución de los dos estados es todavía algo viable o un anacronismo diplomático.