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Un nuevo tipo de interacción en el estrecho: más allá de las relaciones clásicas El ciclo político abierto tras la reunión celebrada en Pekín el pasado 10 de abril de 2026 entre el liderazgo chino y representantes del Kuomintang taiwanés marca una inflexión cualitativa en la gestión del conflicto del estrecho de Taiwán. No se trata simplemente de un episodio de contacto bilateral, sino de la consolidación de un patrón de interacción política asimétrica en el que China amplía deliberadamente su campo de interlocución más allá del gobierno de Taipéi, incorporando actores de oposición como canales funcionales de comunicación estratégica. Este movimiento debe leerse en paralelo a la posición del actual presidente taiwanés, Lai Ching-te, cuya administración representa una línea de continuidad en la defensa del statu quo con un énfasis explícito en la identidad política diferenciada de Taiwán. La coexistencia de un gobierno central con mandato democrático claro y una oposición estructurada con acceso directo a Pekín introduce, pues, una configuración política singular: la internacionalización de la competencia partidista interna. Desde una perspectiva internacionalista, este fenómeno rompe con la lógica tradicional de la diplomacia interestatal. China no está únicamente interactuando con un actor soberano externo, sino operando simultáneamente dentro del espacio político doméstico del adversario. Esta hibridación entre política exterior e intervención indirecta en la política interna de la isla redefine el conflicto del estrecho como un sistema de múltiples niveles superpuestos. El liderazgo de Xi Jinping ha sido consistente en la elevación de la cuestión taiwanesa a un objetivo histórico central del Estado chino. En dicho marco, la diplomacia hacia actores no gubernamentales o no ejecutivos de Taiwán no es marginal, sino funcional a una estrategia más amplia de reorganización del entorno político de la isla. La lógica estratégica de Pekín: coerción interna y fragmentación política La estrategia china actual hacia Taiwán puede comprenderse como un modelo de coerción integrado en tres niveles: militar, diplomático y político-interno. Estos tres niveles no operan de forma separada, sino como componentes de una misma arquitectura estratégica. En el plano militar, Pekín mantiene una presencia constante y creciente en el entorno del estrecho, con ejercicios regulares, patrullas y demostraciones de capacidad de bloqueo parcial. Este componente no está orientado a la guerra inmediata, sino a la gestión de la percepción de riesgo. Es decir, se trata de una forma de disuasión activa que busca modificar el cálculo de costes de Taipéi y de sus socios externos sin desencadenar un conflicto abierto. El plano diplomático, por su parte, se articula en torno a la reafirmación del principio de “una sola China” como condición innegociable. Este principio no solo define la firme postura oficial de Pekín, sino que estructura su margen de acción internacional, limitando el reconocimiento formal de Taiwán como actor soberano. Sin embargo, el elemento más sotisficado de la estrategia actual es el nivel político-interno. La polémica reunión –perspectiva de una parte de los sectores taiwaneses más soberanistas– del 10 de abril entre Xi Jinping y Cheng Li-wun –dirigente del Kuomintang y opositora al Partido Democrático Progresista del Presidente Lai Ching-te– ha introducido una lógica de segmentación del adversario. En lugar de tratar a Taiwán como un bloque político unificado, China actúa sobre sus divisiones internas, estableciendo canales diferenciados de comunicación con sectores que percibe como potencialmente favorables a una reducción de tensiones. Este enfoque tiene implicaciones estructurales profundas. En primer lugar, transforma la política interna taiwanesa en un campo de disputa internacionalizado. En segundo lugar, permite a China construir una narrativa alternativa de legitimidad política, en la que no negocia únicamente con un gobierno, sino con múltiples voces representativas de la sociedad taiwanesa. En tercer lugar, reduce la centralidad exclusiva del ejecutivo taiwanés en la gestión del conflicto, debilitando indirectamente la posición del presidente Lai Chingt-te como único interlocutor válido, a la vez que presenta a Pekín como una potencia “fiable” y “respetuosa” con el posicionamiento político de la isla y el conflicto interpartes –hecho que puede venir potenciado de la coyuntura internacional, con un actual multilateralismo debilitado y un posicionamiento de la potencia tradicional en un plano hobbesiano–. Este tipo de estrategia no es novedosa en términos históricos generales, ni tampoco la han creado los chinos, pero su aplicación en el contexto de un sistema democrático consolidado como es el taiwanés introduce un capítulo de complejidad adicional a la causa isleña. Taiwán: cohesión institucional bajo presión y competencia política en máximos El sistema político taiwanés se encuentra en una posición estructuralmente delicada. Por un lado, mantiene instituciones democráticas estables, con alternancia política, pluralismo partidista y una identidad política cada vez más diferenciada respecto a la China continental. Por otro lado, opera bajo una presión externa constante que condiciona tanto su política de seguridad como su margen de maniobra diplomática. El presidente Ching-te representa una continuidad estratégica en la defensa de la autonomía de facto de Taiwán. Su posición combina la preservación del status quo con una narrativa política más explícita sobre la identidad nacional taiwanesa, lo que tiende a incrementar la fricción con Pekín sin cruzar el umbral de la independencia formal –pese a que China lo considera un secesionista–. Sin embargo, la aparición de canales directos entre China y sectores opositores, representados en este caso por la señora Cheng Li-wun, introduce una tensión adicional dentro del sistema. Esta dinámica no debe ser interpretada como una mera división clásica entre partidos apoyados por partes externas, no responde a una estructura similar a las observables en conflictos de la Guerra Fría del siglo XX –generalmente de carácter corto-medio placistas–, sino que se presenta como una competencia estratégica a largo plazo sobre la orientación internacional del Estado. En este contexto, la política interna de Taiwán se convierte en un espacio de proyección geopolítica externa. Las posiciones de los partidos no solo responden a los cálculos electorales domésticos, sino también a la configuración del entorno estratégico regional. Esto genera un fenómeno característico de los conflictos contemporáneos de alta intensidad: la transnacionalización de la competencia política interna. El resultado es una estructura donde la coherencia estratégica del Estado depende no solo del gobierno en funciones, sino también de la interacción entre múltiples actores con acceso diferenciado y desigual a canales externos. Esto incrementa la complejidad de la toma de decisiones y amplifica la sensibilidad del sistema ante señales ambiguas. El sistema regional e internacional: equilibrio inestable y riesgo de escalada controlada El conflicto del estrecho de Taiwán no se puede analizar aisladamente al sistema regional del Indo-Pacífico. Su dinámica está profundamente condicionada por la rivalidad estructural entre China y Estados Unidos, así como por la arquitectura de seguridad regional que se articula en torno a alianzas informales y compromisos estratégicos no totalmente explícitos. Estados Unidos mantiene una política de ambigüedad estratégica respecto a Taiwán –debilitada además por prácticas antimultilateralistas observadas en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, las reclamaciones sobre Groenlandia al Reino de Dinamarca o el ataque conjunto entre Washington y Tel Aviv a la República Islámica de Irán–, que cumple una función doble: disuadir a China de una acción militar directa y evitar al mismo tiempo una declaración formal de independencia por parte de Taiwán que pudiera precipitar una escalada. Este equilibrio es inherentemente inestable, pero ha demostrado ser funcional durante décadas –una lectura interesante al respecto sería si Pekín busca presentar a Cheng Li-wun como candidata fiable al nuevo orden internacional que está construyendo Washington como trato “amistoso” entre potencias (sobre todo tras las estrategias “sucias” relacionadas con los aranceles, la guerra económica o la pérdida china del petróleo venezolano e iraní durante los últimos meses; y la próxima visita de Donald Trump al gigante asiático) , quizás ante una posible intervención estadounidense en Cuba–.   La interacción entre este marco externo y la dinámica interna taiwanesa genera un sistema de alta sensibilidad a errores de cálculo. La militarización progresiva del entorno del estrecho aumenta el riesgo de incidentes tácticos, mientras que la fragmentación política interna incrementa la ambigüedad de las señales estratégicas enviadas por Taiwán, lo que podría hacer cambiar la postura de aliados tradicionales de la isla frente a una “radicalización” de las acciones gubernamentales que puedan poner sobre la mesa una escalada directa con China. En este contexto, la estrategia de Xi Jinping puede interpretarse como un intento de gestionar el conflicto dentro de márgenes controlados de presión. La combinación de coerción militar, diplomacia de principios y apertura selectiva hacia actores internos busca mantener el sistema en un estado de tensión administrada, donde el statu quo se erosiona gradualmente sin desencadenar una ruptura abrupta. El resultado final no es un movimiento lineal hacia la guerra o la resolución del conflicto, sino la consolidación de un equilibrio inestable prolongado –por lo que no, no será Cheng Li-wun la “traidora” a la causa soberanista taiwanesa, al menos como única implicada en el medio y largo plazo–. En este equilibrio, cada actor opera bajo restricciones estructurales estrictas, y cada movimiento estratégico produce efectos secundarios en múltiples niveles simultáneamente. Una lectura sobre las relaciones hispano-chinas del sistema internacional Desde una lectura complementaria del sistema internacional, puede añadirse una dimensión relevante sobre la proyección diplomática europea en este contexto. La próxima visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a China puede interpretarse como un movimiento coherente con una línea de política exterior española que enfatiza el multilateralismo y la interlocución con distintas potencias sin alineamiento rígido en lógicas de bloques –como ha sucedido con Palestina e Irán, aunque no en el conflicto ruso-ucraniano–. En ese sentido, Pekín suele mostrar preferencia por actores europeos con capacidad de interlocución flexible y discurso globalista –hecho que el gobierno español ha plasmado en mejor o peor forma; sea mediante apoyos internacionales, su acercamiento a países socialdemócratas y pro-multilaterales; o con su experiencia en la gestión de movimientos secesionistas internos y las narrativas internacionales de la posición del Estado español (con sus respectivas lecturas cuestionables al respecto)  –, especialmente en un momento en el que busca reducir la lectura del conflicto de Taiwán en clave estrictamente bipolar. España, además, proyecta una imagen internacional relativamente funcional en espacios diversos –Europa, Hispanoamérica y foros multilaterales– lo que le otorga valor como canal diplomático indirecto en debates sobre gobernanza global. Desde una hipótesis analítica, China podría considerar útil este tipo de interlocución para reforzar narrativas centradas en soberanía, estabilidad y rechazo a dinámicas de secesión, en contraste con enfoques más securitizados impulsados por aliados más duros en Asia o dentro del eje atlántico –como el Japón de Takaichi o Alemania–. En este marco, no se trata de una coordinación específica ni de una estrategia clara, sino de una posible convergencia de intereses diplomáticos donde el énfasis español en el multilateralismo podría echar con la estrategia china de ampliar apoyos discursivos a una lectura menos confrontativa del sistema internacional con Pekín sobre Taiwán.   Conclusiones La reunión del 10 de abril de 2026 en Pekín con la participación de la oposición y dirección del Kuomintang, no debe ser vista como un caso o elemento aislado, sino como un indicador del inicio de una transformación profunda en cuanto al conflicto entre Pekín y Taipéi. Lo que está emergiendo es un sistema donde la política diplomática ya no es exclusivamente interestatal, la coerción no es exclusivamente militar y la política interna no es exclusivamente doméstica. La interacción entre el liderazgo de Lai Ching-te, la estrategia estructural de Xi Jinping y la creciente relevancia de actores de oposición como Cheng Li-wun configura un espacio de competencia política multinivel donde la estabilidad depende menos de acuerdos formales y más de la gestión constante de una ambigüedad estructural, lo que puede derivar en una desatención de cuestiones por parte del Ejecutivo taiwanés a otros frentes y una pérdida progresiva de apoyos internacionales firmes, especialmente relacionados con Washington, Tokio, Seúl y Manila. El estrecho de Taiwán se consolida así no como una crisis puntual, sino como un sistema permanente de fricción geopolítica de alta intensidad dentro del orden internacional contemporáneo.

A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido causa y consecuencia de infinidad de disputas. Sin embargo, y aunque en la actualidad dista mucho de esa imagen beligerante que en su día tuvo (y que algunas otras religiones aún arrastran) es indudablemente un factor vertebrador de las dinámicas de poder occidentales, así como de las relaciones internacionales en su vertiente más transversal. Con más de 2,6 mil millones de adeptos, la religión cristiana se perfila como uno de los factores más influyentes a nivel geopolítico en la actualidad. A pesar de ello, la imagen general de una corriente monolítica y milenaria se contrapone a las muchas diferencias que lo integran, palpables una vez se estudia más a fondo; cuestiones no sólo teológicas y confesionales sino también históricas, sociales, ideológicas y políticas que deben comprenderse en su totalidad para poder entender su alcance. Por todo ello hoy, en Naciones en Ruinas, hablamos del cristianismo.  El nacimiento del cristianismo: la figura del Jesús histórico y los grandes Concilios Junto con el islam y el judaísmo, el cristiainismo es una de las tres religiones existentes consideradas abrahámicas. A diferencia de los sistemas politeístas de la Grecia y la Roma clásicas, el génesis de estos credos se extendió sobre una base monoteísta cuya difusión fue atribuida en primera instancia a Abraham, el “padre de la fe”. No obstante, la religión cristiana pivota principalmente sobre la figura de Jesús de Nazaret, quien aparece en el Nuevo Testamento como el “mesías” enviado por Dios para poder trasladar el mensaje teológico a la sociedad del momento. A nivel doctrinal, el cristianismo entiende a Jesús como un ser consustancial a Dios, de manera que Padre, Hijo y Espíritu Santo se consideran un mismo ente teológico, conocido como la “Santísima Trinidad”. Entender el nacimiento del cristianismo pasa por tanto por comprender la figura del Jesús histórico. Rabino autodidacta procedente de Galilea, Jesús se dedicaba a la prédica sobre la llegada del reino de Yahvé (el Reino de Dios a la Tierra). Así, fue tras su crucifixión en el 30 d.C. cuando se comenzó a plantear de manera doctrinal la divulgación de este mensaje mesiánico, primeramente gracias a la figura de Pablo de Tarso, y posteriormente gracias a las escrituras de los Evangelios. A partir de estos escritos, el personaje del Jesús histórico quedó poco a poco solapado al “Christos”, término griego que significaba “el mesías” y que permitió la mitificación del personaje histórico.  Paralelamente a toda esta narrativa apareció la necesidad de un relato en el que no se presentase la figura de Jesús como un “condenado por los romanos", separada por tanto de esa idiosincrasia judía que le había definido en primera instancia. Así, fue desde los Evangelios cuando se presentó a Jesucristo com un mártir del pueblo judío, fallecido por la decisión de salvar a Barrabás en vez de a él.  Todo este mensaje cristiano se extendió principalmente por las zonas del Mediterráneo, permitiendo el establecimiento de pequeños centros de culto cristiano ya en la primera mitad del siglo I. Con la aparición formal del Nuevo Testamento en el 180 d.C. las vivencias de Jesús se trasladaron por todo el Imperio Romano, donde la fe cristiana arraigó en los siglos posteriores y cuya religión se legalizó en el 312 d.C., con el famoso Edicto de Milán. Fue mediante el Edicto de Nicea (325 d.C.) cuando las creencias del cristianismo se unificaron bajo un dogma común, así como posteriormente se estableció como la única  religión del Imperio, con el Edicto de Tesalónica del 380 d.C. Corrientes minoritarias como los siriacos o los coptos se escindieron ya del dogma mayoritario en esta primera etapa, quedando su influencia circunscrita a regiones geográficas específicas y limitando así su alcance frente a la expansión global de la Iglesia imperial. Durante este periodo, el cristianismo fue desarrollándose de manera paralela al propio Imperio. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C no frenó el crecimiento religioso, aunque sí que supeditó los intereses eclesiásticos a los deseos políticos mediante la consolidación del régimen cesaropapista en la zona bizantina. Por otro lado, con la coronación de Carlomagno como emperador en el 800 d.C., el Imperio Carolingio procuró devolver a Roma el esplendor político que había perdido tras su caída en el siglo V. Esto sirvió para conformar el rechazo del Patriarca de Constantinopla, que defendía Bizancio como el nuevo centro neurálgico del desarrollo político.  El Gran Cisma del 1054 y la división entre Oriente y Occidente El Imperio Romano de Oriente comenzaba ya desde el siglo IX a apostar por una jerarquía más horizontal con respecto a las figuras de poder dentro de la iglesia. Con la defensa de la Pentarquía, consideraban que la iglesia quedaba dividida en cinco sedes, donde Roma se consideraba el primus inter pares  (el “primero entre iguales”) por honor, no por jurisdicción absoluta. Esta defensa de la autocefalia organizativa del cuerpo eclesiástico chocaba con la visión romana, estructurada en relación a la figura del Papa como máxima autoridad.   A esta división jerárquica se sumó una profunda disputa teológica sobre el " Filioque ", una cláusula añadida por Roma al Credo que afirmaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Constantinopla entendió esto como una alteración ilegal de la doctrina tradicional y un símbolo de la arrogancia de los latinos.  En este contexto y ante las imposibilidades de entendimiento entre ambos se produjo el primer Gran Cisma del cristianismo, en el año 1054, con la excomulgación del Patriarca de Constantinopla por el papa León IX. Las divisiones entre la Iglesia Griega Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana que entonces se conformaron son palpables aún a día de hoy, con algunas diferencias doctrinales claras como el celibato, la creencia en el purgatorio y, por supuesto, la organización de poder de la iglesia.  Con esta nueva configuración, la Iglesia Ortodoxa comenzó a sufrir las presiones expansionistas de los turcos selyúcidas, lo que dio origen a las cruzadas. En un principio, Oriente y Occidente trabajaron de manera conjunta para frenar el avance musulmán; sin embargo, la Iglesia Romana de Occidente, influenciada por la Reforma Gregoriana, aprovechó para fundar en aquellos territorios ganados a los muslmanes sus propios reinos latinos. El distanciamiento entre Occidente y Oriente se pronunció todavía más. Constantinopla, cada vez más debilitada, cayó en 1453 ante las fuerzas turcas, quienes se hicieron también con las rutas comerciales del Mediterráneo. Se produjo el traslado de la capital eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa a Estambul, así como la necesidad por parte de las potencias occidentales del momento de encontrar nuevas rutas de comercialización. La Era de los Descubrimientos  trajo consigo la expansión del cristianismo hacia otras regiones del mundo como América Latina o el sudeste asiático, con países como Filipinas como máximos exponentes (algo que se mantiene aún hoy en la actualidad).  La segunda gran escisión del cristianismo: la Reforma protestante y el inicio de la Edad Contemporánea La llegada del siglo XVI incorporó otra de las grandes escisiones del cristianismo, aún presente en la actualidad. La opulencia papal, así como la corrupción endémica dentro del cuerpo religioso desarrolló un movimiento reformista que buscaba la vuelta a un cristianismo más austero; con antecedentes como los husitas en República Checa, la Reforma protestante de 1517 fue el reflejo de estos reclamos. Gracias al desarrollo de la imprenta, Martín Lutero pudo publicar sus noventa y cinco tesis en la iglesia de Wittenberg, difundiendo las ideas protestantes y permitiendo una nueva forma de entender el cristianismo.  En términos generales, la Reforma protestante trajo consigo el rechazo a la jerarquía eclesiástica anterior, así el rechazo a la interpretación de la biblia por parte del cuerpo eclesiástico y la defensa de la liturgia en lengua vernácula, entre otros aspectos. Además de todo esto, el protestantismo tuvo un importante arraigo en el desarrollo del pensamiento filosófico humanista, con una preponderancia de las nuevas clases burguesas y un desarrollo mayoritario del pensamiento socioeconómico liberal. Por otra parte, este movimiento motivó la Contrarreforma de la Iglesia Católica, que trajo consigo la vuelta a los principios básicos del cristianismo, así como el fortalecimiento de grandes instrumentos teológicos como la Inquisición.  El protestantismo quedó prontamente dividido en gran cantidad de subvertientes, entre los que destacaron los calvinistas, arraigados en la zona de Países Bajos y su consiguiente territorio colonial africano, los luteranos, principalmente por la zona escandinava y los anabaptistas, con una ideología fundacionalmente comunista y contraria a la propiedad privada. Respecto a la iglesia anglicana, nacida en 1534 de las disputas entre el Papa y Enrique VIII de Inglaterra, cabe mencionar su subsecuente división entre presbiterianos y evangélicos, estos últimos considerados la corriente principal de todo el continente americano. Por último, la Edad Contemporánea evoluciona con el cristianismo como elemento incardinado en su desarrollo. Nuevas corrientes restauracionistas como los mormones o los Testigos de Jehová nacieron en el siglo XIX reclamando una vuelta al cristianismo más primitivo y diversificando el mapa estructural de la religión, lo que conformó esta religión como un crisol de diferentes tendencias doctrinales diferentes entre sí. El orden mundial actual: el conflicto ruso-ucraniano y el Ruskiy Mir Existen en la actualidad una gran cantidad de conflictos internacionales que encuentran en el cristianismo un movimiento quintacolumnista que influye en las dinámicas de poder y permite entender el orden mundial imperante desde una perspectiva más amplia. Además de las presencias más obvias, como la mediación de la Santa Sede en diversidad de conflictos internacionales o su presencia en las Naciones Unidas, existen otros paradigmas no tan conocidos que, sin embargo, merecen un análisis desde esta óptica cristiana. De este modo, cabe primeramente hablar del conflicto ruso-ucraniano.  Si bien este es analizado a menudo desde una óptica puramente geopolítica, es fundamental reconocer la dimensión teológica que lo atraviesa, donde la religión actúa como un eje vertebrador de la identidad y un recurso de movilización ideológica sin el cual no se entiende el alcance del enfrentamiento actual. La legitimación ideológica del expansionismo de Vladimir Putin encuentra en la Iglesia Ortodoxa Rusa un importante aliado. Con la caída de Constantinopla, el centro de poder ortodoxo se trasladó a un Moscú que comenzó a  reclamarse a sí mismo como la “tercera Roma”; esto, junto con la autocefalia característica del cristianismo oriental, hizo que la Iglesia Rusa creciera muy vinculada a los reclamos nacionalistas e imperialistas de los ideólogos rusos, con una fuerte “etnodoxia” que conecta la figura del patriarca y el ideario religiosa con la percepción de Rusia como elemento de salvación de Europa y las narrativas post-soviéticas de necesidad de consolidación de un nuevo Imperio.  El patriarca ruso Kiril, quien ocupa el puesto desde 1991, ha servido como catalizador respecto al apoyo de la invasión rusa de Ucrania, describiendo la misma como una misión sagrada para proteger los valores ortodoxos amenazados por un Occidente decadente. Esto se ha visto asimismo apoyado por la idea del Ruskiy Mir  o “mundo ruso”, un concepto socio-histórico basado en la necesidad de unificación de los territorios rusohablantes. Este “mundo ruso” abarca el conjunto básico territorial de Biolorrusia, Kazajistán y, obviamente, Ucrania,  así como también arropa todos estos territorios sobre las bases de una cultura comunitaria. Por otro lado, el concepto de la Santa Rus  como ese mito fundacional del ideario religioso también ha recobrado gran importancia, bajo un nuevo análisis geopolítico impulsado por Kirill. A este respecto, tanto Kazajistán como Biolorrusia han presentado siempre posiciones claramente prorrusas, algo que ha chocado con los sentimientos nacionalistas ucranianos. Con la creación de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania en 2019 y tras la anexión de Crimea en 2014, el país se distanció de este paternalismo que el Kremlin ejercía y legitimaba, algo que aún a día de hoy genera consecuencias e influye en las dinámicas del enfrentamiento, que sigue abierto. Los cristianos en Nigeria: ¿Genocidio o sistematización? Las matanzas de cristianos en Nigeria son otro de los principales problemas que atañen a la religión cristiana hoy en día. Pertenecientes a la rama protestante, las matanzas de cristianos en este territorio han pasado desapercibidas, con el foco de atención puesto en grupos yihadistas de la zona y sus importantes ataques. No obstante, Nigeria cuenta con la presencia de unos 92 millones de cristianos, que conforman en torno al 43% de la población, y que a su vez protagonizan una de las masacres más violentas del país hasta la fecha.  El enfrentamiento de las diferentes religiones se ha visto claramente influenciado por otras dinámicas dentro del país como son el conflicto sectorial entre agricultores y ganaderos o la presencia de grupos terroristas como Boko Haram  o el autodenominado Estado Islámico. A pesar de que Trump utilizó estas matanzas como legitimación para realizar ataques contra grupos terroristas del país a comienzos de 2025, y, aún con cifras cuestionables por parte de su administración, el desbalance en cifras de fallecidos una vez se analiza su religión de origen es considerable. Según el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, las muertes musulmanas por parte de grupos terroristas en 2023 apenas superaron los 6.000 fallecidos, frente a las más de 17.000 personas cristianas que perdieron la vida. Por otro lado, los ataques de los grupos armados fulani, derivados de esos grupos pastoriles nómadas que se enfrentan a los agricultores, parecen tener muy en cuenta la religión de aquello que se convierte en sus objetivos de ataque, con una sistematización de ataques a comunidades cristianas.  La dimensión religiosa en Nigeria opera sin embargo como un arma de doble filo en el tablero de la información global. El conflicto se ha visto envuelto en una densa red de narrativas cruzadas donde sectores como el republicanismo estadounidense y el nacionalismo israelí han instrumentalizado estas matanzas para construir una falsa dicotomía frente a otros conflictos, como el de Gaza. Al resaltar selectivamente la persecución cristiana en Nigeria, estos actores buscan no solo desviar la atención internacional, sino legitimar agendas de intervención militar o políticas de mano dura.

Medio Oriente, guerra, bombas, Trump, Irán… Estas son algunas de las palabras que más se han mencionado en las últimas semanas, y todo con un determinado propósito: definir qué está pasando en el mundo, a qué se enfrenta la comunidad internacional, y cuál es la reacción global ante los hechos.   Ante esto, no es poco normal que todos los ojos estén puestos en las altas autoridades, presidentes y sobre todo, las grandes organizaciones internacionales. Pero, como en la mayoría de conflictos, siempre se suele incurrir en un error: solo enfocarse en las más tradicionales, las mal llamadas “típicas”: las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN, entre otras. No obstante, la realidad dista mucho de eso. Existen infinidad de organizaciones, a veces poco conocidas, que tienen algo por decir, que tienen un rol importante, y que por ende, deben también escucharse. O al menos, debe también prestárseles atención. En este drama teatral que parece surcar la realidad actual, el rol protagónico parecía que se lo llevaba la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, Medio Oriente se ganó el estelar. Sobre todo ahora que, desde el bombardeo a Irán, cada vez son más los actores que se suman a la contienda. Frente a ello, una organización internacional cobra gran relevancia: la Liga de los Estados Árabes, o más conocida solamente por ser la “Liga Árabe”. ¿Qué es la Liga Árabe? Se trata de una de las primeras organizaciones regionales fundada en 1945, cuyos miembros fundadores, Egipto, Irak, Jordania (entonces Transjordania), Líbano, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Siria; se reunieron al término de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de fortalecerse mutuamente, colaborar para preservar su independencia y soberanía, y sobre todo, lograr una posición consolidada del mundo árabe que enfrentase los asuntos internacionales conjuntamente –resultado de la influencia de los movimientos panarabistas de la época–. Con el tiempo, se fueron expandiendo, y pasaron de ser solo 6 a 22 países musulmanes de Oriente Próximo y África, especialmente en el área Magreb-Sahel. De tal forma, se incluyó a Argelia, Bahréin, Comoras, Yibuti, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Catar, Somalia y Túnez. Así entonces, se configuró una organización árabe con capacidad vinculante para aquellos países que votasen a favor de las resoluciones y declaraciones que el foro proponga. De hecho, bajo este sistema, decretaron el primer acuerdo de la Liga sobre la intervención militar conjunta en Palestina en 1947, apoyando la resistencia árabe con hombres, armas y fondos, formando el “Ejército de Liberación Árabe” e invadiendo el territorio israelí el 15 de mayo de 1948 de forma conjunta –Guerra árabe-israelí de 1948–. Además, la Liga Árabe también fue una de las organizaciones pioneras en establecer un mercado único entre sus miembros en 1965, facilitando la integración económica de la región, la reducción de aranceles y el libre movimiento de capitales entre los países miembros. Relaciones entre la Liga Árabe e Irán Durante décadas, las relaciones entre la Liga Árabe y la República Islámica de Irán han sido un reflejo constante de las profundas divisiones geopolíticas, sectarias y estratégicas que aquejan a la región, manteniendo intercambios que oscilan entre la cautela diplomática, (como cuando se acogió con beneplácito el Acuerdo de Pekín del 2023 entre Arabia Saudí e Irán para restablecer relaciones diplomáticas); y la condena abierta hacia las acciones que Teherán toma. Ejemplo de esto último fue la Cumbre Árabe de Darán en 2018, cuando se denunció explícitamente la flagrante interferencia iraní en los asuntos internos de los países árabes, y donde se acusó al gobierno iraní de promover la desestabilización de la seguridad nacional árabe (con el apoyo a los hutíes en Yemen y a Hezbolá en el Líbano). “Condenamos los hostiles intentos de desestabilizar la seguridad y promover la sedición sectaria, una amenaza a la seguridad nacional árabe y una violación a los principios del derecho internacional” dijo entonces el Rey Salman de Arabia Saudí. Similar situación ocurrió en 2021, cuando el actual Secretario General de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Abu Al-Gheit, volvió a pronunciarse de forma similar. Durante una entrevista con el diario saudita en Londres: Al-Sharq Al-Awsat, el Secretario pronunció que uno de los mayores males de la región es la interferencia que Irán y Turquía imponen sobre la región: “Estoy hablando aquí, con franqueza y claridad, de Irán y Turquía, que en los últimos años han practicado una especie de ‘intimidación regional’ contra los países árabes, llegando al punto de imponer una presencia militar directa en el suelo nacional de una serie de estados. Esta situación necesita de una solución integral y firme, porque lo que hace es aumentar los riesgos de conflictos en nuestra región y hace más complicadas las ya existentes batallas libradas”. La Liga Árabe y el conflicto en Medio Oriente Era el último día de febrero cuando el mundo entero comprendió lo que sucedía, un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra bases militares y edificios gubernamentales iraníes había abierto un nuevo conflicto en la región, una herida más en la historia de Medio Oriente. Dicho ataque, causó la muerte del líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jamenei, e inició una guerra abierta en el país que ya venía sufriendo de revueltas civiles y represión. “Un movimiento preparado doctrinalmente pero ejecutado en debilidad extrema”, “un fallo de cálculo”, “una respuesta desesperada”,  “una estrategia con visión a futuro”, estos fueron algunos de los calificativos que recibió la defensa de Irán, pues esta no fue menos polémica.  Su respuesta no solo repercutió contra la ofensiva occidental, sino que misiles también cayeron contra otros catorce países de Medio Oriente. "Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados por los potentes impactos de los misiles iraníes. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán al lanzar misiles contra Catar, Omán, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Ante esto, la condena internacional no tardó en enardecer. Entre ellos, uno de los posicionamientos más fuertes fue el de la Autoridad Palestina, que dictó un rechazo total a la violación de la soberanía y las agresiones contra los paises árabes ya que suponen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas; y prestó su solidaridad con las naciones árabes hermanas y sus gobiernos. Además, el presidente palestino Mahmud Abbas, pidió una reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe. Ahí entró entonces la Liga de los Estados Árabes al juego. El 5 de marzo, la Secretaría General de la organización, por medio del secretario adjunto, Hossam Zaki, anunció la celebración de una reunión de emergencia por videoconferencia a nivel de ministros árabes de Relaciones Exteriores para el domingo 8, con tema: agresiones iraníes contra el territorio de algunos Estados árabes. Así, se tuvo las primeras declaraciones de los países árabes como organización frente a lo sucedido. El Secretario General, por ejemplo, calificó los ataques de “imprudentes e injustificables”. Horas más tarde, la Liga finalmente publicó las ideas claves de la Resolución 9241 (debe aclararse que, por el momento, permanece como un documento interno de la organización). En ella, “el Consejo de la Liga de los Estados Árabes expresó su fuerte condena por los ataques iraníes contra el Estado de Catar, el Reino de Arabia Saudí, el Sultanato de Omán, el Estado de Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Reino Hachemita de Jordania, y la República de Irán” como comentó la Agencia de Noticias de Catar. También se declaró estos actos como indiscriminados y una seria violación a la soberanía de los Estados, además de una amenaza grave a la paz y seguridad regional e internaciones. También hizo mención a cómo los bombardeos fueron ataques deliberados contra objetivos civiles e infraestructura crítica de los Estados, y volvió a condenar el cierre del estrecho de Ormuz y las amenazas contra el derecho a libre navegación de aguas internacionales. Además, se señaló cómo ello había puesto en peligro la seguridad alimentaria y los servicios públicos regionales y logísticos. Por consiguiente, el Consejo no dejó de prestar su apoyo a todas las naciones afectadas. E incluso lo que resulta más importante, no dejó de reafirmar el derecho de los estados afectados a la legítima defensa, individual y colectiva. No obstante, también se aprovechó este momento para hacer un llamado a todos los actores internacionales a presionar a Israel para terminar con la ocupación ilegal de Palestina y los territorios árabes ocupados desde 1967, así como también a solucionar el conflicto palestino mediante la solución de los dos Estados. Pero la guerra sigue. Irán y Occidente siguen su contienda, y ¿los perjudicados? Los civiles y las economías de los Estados Árabes, y en suma, el mundo en su totalidad. El Secretario General de la Liga siguió condenando los ataques, pero poco puede hacer la organización si semana tras semana la situación cambia, si cada vez parece profundizarse más e incluso miembros clave de la Liga, como los EAU, juegan un rol importante en la contienda. Ahora, solo queda esperar los próximos movimientos en este juego de ajedrez que Irán, Israel y Estados Unidos están jugando, y la Liga deberá preparar su respuesta a sus acciones, incluyendo los cambios que esto puede generar entre países con proyección regional dentro de la Liga, como Arabia Saudí, los EAU o Catar.

4677 km es lo que separa a China y Mongolia. Desde 2012, hay un proyecto en marcha para conectar los dos países a través del ferrocarril, permitiendo, por tanto, transportar el carbón de las minas mongolas a las plantas chinas. Sin embargo, el proyecto ha sufrido de constantes retrasos y demoras por cuestiones económicas o políticas, entre otras. Ahora mismo, quedan los 19,5 km más importantes a lo largo de la frontera. El problema actual es que Mongolia utiliza el ancho de vía soviético (1.520 mm) mientras que China emplea el estándar (1.435 mm). Esto provoca que en el paso de Gashunu Shukhait , haya que trasladar la mercancía hacia caravanas, que cruzan por el Desierto de Gobi hasta llegar a su destino, con las demoras y costes que esto implica. La solución es construir un ancho de doble vía tanto en la zona mongola como en la china, permitiendo el paso transfronterizo y el ahorro en tiempo y dinero. La construcción comenzó en 2025 y se alargará hasta el 2027. No obstante, los ingenieros se enfrentan a la ardua tarea del clima extremo del desierto, dónde se registran 40º grados en verano y – 40º en invierno. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué importancia tiene el ferrocarril para ambos países, para que no hayan desistido y desechado el proyecto? La paradoja china: del mayor inversor en energías limpias y carbón Líder indiscutible en la transición energética, China lleva años liderando los rankings, ya sea produciendo coches eléctricos o llenando los tejados de paneles solares. Solo en 2025, la energía solar creció un 35% hasta las 1200 GW y la eólica un 23%; aportando un 35% del mix energético. No obstante, la volatilidad de estas energías hace que el gobierno no pueda desligarse de los combustibles fósiles. Tanto es así, que pese a apostar con todo a las energías renovables, sigue siendo el mayor emisor de CO2 del planeta; con el carbón representando alrededor del 50% de su consumo energético. En 2024, nueve de cada diez centrales de carbón construidas aquel año se encontraban en territorio chino. Estas centrales permiten garantizar la producción constante de electricidad, en un país en constante crecimiento tanto industrial como urbano que cada vez demanda más – los datos indican un aumento del 5% anual en cuanto al consumo de electricidad-. Asimismo, la vasta geografía del territorio hace que los campos de energía solar y eólica se encuentren en el oeste del país mientras que las fábricas estén al este, a más de 2000 kilómetros de distancia, dificultando el uso de estas energías en la producción industrial. El gobierno de Xi Jinping necesita garantizar el suministro de materias primas, en un momento geopolítico en el que estos recursos son críticos. En su momento, durante la pandemia, las exigencias de Australia de investigar el origen del COVID-19 provocaron un veto hacia el carbón australiano que suponía la pérdida de alrededor de 92,1 millones de toneladas (2019) para China. Este suceso fue el que impulsó la búsqueda de seguridad energética y, por tanto, ampliar sus opciones en el mercado.   Relaciones entre China y Mongolia En 2023, Mongolia se convirtió en el mayor exportador de carbón de China con 54 millones de toneladas, representando un 53% de las importaciones chinas de carbón. Para Mongolia, el país vecino es su mayor socio comercial: representan el 73% de sus exportaciones – en particular el 32% de su carbón – y el 37% de sus importaciones. Pekín es además uno de los mayores inversores en territorio mongol, con el 21% de las inversiones extranjeras. Pekín y Ulan Bator siempre han tenido una historia escrita en común.  El imperio mongol fundado por Gengis Kan, conquistó la actual China en el siglo XIII, tras 70 años de luchas constantes. Con la dinastía Qing, las fuerzas mongolas perdieron el control del territorio y quedaron bajo el gobierno chino. No fue hasta 1911 cuando proclamaron su independencia, pero en 1921 quedaron bajo influencia de la recién creada Unión Soviética. En la actualidad, los dos estados tienen una relación que va más allá de lo económico. En la región china de Mongolia Interior -llamada así para distinguirla en su momento de Mongolia Exterior, que ahora es Mongolia- viven un millón de mongoles más, lo que produce tensiones identitarias. Del mismo modo, el conflicto con el Tibet ha provocado encontronazos con China, puesto que los gobiernos mongoles han invitado a lo largo de los años al Dalai Lama al país. Los dos gobiernos firmaron, en 2025, una asociación estratégica “para promover aún más la amistad de buena vecindad y la cooperación de beneficio mutuo entre China y Mongolia” . Aumentarán tanto su cooperación económica como comercial, enfocándose en la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructuras. Entre los proyectos de los que se habla se encuentra el Tavantolgoi–Gashuun Sukhait Railway, que se encuentra en la última fase de conexión en la frontera. El proyecto se encuadra dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta – mejor conocida como la Nueva Ruta de la Seda- desarrollado por Pekín, para conectar a China con el mundo a través de infraestructuras físicas. Esto ha permitido a China expandir su influencia mediante el soft power mejorando las interconexiones regionales y la integración económica. Del mismo modo, es parte de la Política de Nuevo Renacimiento de Mongolia, diseñada para impulsar el desarrollo económico del país tras la pandemia. El ferrocarril que conecta economías El Tavantolgoi–Gashuun Sukhait Railway tiene capacidad de exportar entre 30 y 50 millones de carbón a China anualmente. Debe su nombre a las minas de Tavan Tolgoi, que es uno de los mayores yacimientos de carbón de coque – el coque es uno de los carbones con alto poder calorífico – sin explotar del mundo. Se estima que hay 6.400 millones de toneladas en todo el territorio. Aun así, el tramo final del proyecto, llamado Gashuunsukhait-Gantsmod se enfrenta a serias dificultades. La conexión ferroviaria, que ya cuenta con un puesto de control en territorio chino, tiene que cruzar el Desierto de Gobi, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Su variabilidad climática provoca que el suelo se contraiga y se expanda entre la congelación y el deshielo. Los ingenieros del proyecto han dado con varias soluciones: desde viaductos elevados, sistemas anti congelación, túneles climatizados hasta monitoreo sísmico en tiempo real. Por otro lado, es el punto en dónde se tienen que conectar ambas redes ferroviarias. Gracias a la construcción del doble ancho de vía, los trenes no tendrán que cambiar de eje ni trasladar la carga, sino que mediante el cambio de boogie o ejes. Esto consiste en extraer los bojes (ruedas) del tren y sustituirlos por el del nuevo ancho. El cambio se hace elevando cada vehículo con gatos hidráulicos. El ferrocarril es un enlace vital para el sector minero del país, puesto que Mongolia no tiene salida al mar, por lo que depende de China y el puerto de Tianjin para exportar sus recursos y actividades. De igual forma, cabe señalar que la importancia de esta conexión ferroviaria no solo radica en la economía, sino que juega un papel imprescindible en los intereses geopolíticos de ambos estados. En el caso de Mongolia, aumenta sus oportunidades de acceder a mercados internacionales al reducir el impacto de las restricciones geográficas; mientras que China refuerza su rol en Asia Central gracias al comercio, lo que permite aumentar su influencia en la región. Con la construcción de la última fase del ferrocarril, se estima que el volumen exportado de Mongolia aumentará de 83 millones de toneladas a 165 millones al año, según el gobierno de Ulan Bator. Esto representaría un crecimiento de 1,5 billones de dólares. Pero Mongolia no es solo hogar para el carbón. En su territorio se encuentran también minerales, siendo muchos de ellos materiales críticos -uranio, cobre, oro o plata – necesarios en el mercado actual. La mayoría de estos minerales acaban en China. El corredor también transportará el cobre y las tierras raras, elementos más que necesarios en la transición energética y que colocará a Mongolia como uno de los proveedores estratégicos del mundo. Paralelamente, China está construyendo un corredor ferroviario elevado sobre pilares de hormigón, con un recorrido de más de 1.800 kilómetros. Atraviesa el desierto de Gobi, conectando la ciudad de Erenhot, en la frontera, con Mongolia y continuando hasta Rusia. El motivo es crear una arteria directa para transportar materias primas estratégicas durante todo el año, permitiendo un acceso constante y seguro a los recursos naturales; sin depender de las condiciones climáticas en carretera ni los vaivenes de la geopolítica internacional. Conclusión          Las interconexiones físicas juegan, una vez más, un papel clave en la geopolítica internacional. El ferrocarril, que ya en su momento fue una revolución para la humanidad, vuelve a demostrar su importancia en el mundo en el que nos encontramos. Para China y Mongolia, el ferrocarril no solo es un modo de conexión sino una arteria que bombea recursos naturales, dinero e influencia en un mundo en el que se necesita sobrevivir.

Introducción En el siglo XXI, dos dinámicas globales aparentemente dispares convergen en un único punto crítico: la vulnerabilidad humana en contextos de desplazamiento y la rápida expansión de las finanzas digitales. Por un lado, millones de personas viven en campos de refugiados, expuestas a riesgos como la explotación laboral, la trata y el abuso económico. Por otro lado, el crecimiento de las criptomonedas y las plataformas digitales ha transformado la forma en la que circula el dinero, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. La intersección entre ambos fenómenos plantea una pregunta urgente: ¿cómo puede la regulación internacional de las finanzas digitales contribuir a prevenir la explotación en contextos de crisis humanitarias? Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han advertido que la falta de sistemas financieros seguros en campos de refugiados incrementa la dependencia de redes informales, muchas veces vinculadas a abusos. Al mismo tiempo, tecnologías como Bitcoin o sistemas de pagos móviles ofrecen alternativas potenciales para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, sin regulación adecuada, estas mismas herramientas pueden facilitar el fraude, el blanqueo de capitales o nuevas formas de explotación. Este artículo explora cómo ambos temas –prevención de la explotación humana en campos de refugiados y la regulación internacional de las finanzas globales– están profundamente interrelacionados. En consecuencia, focalizamos riesgos, oportunidades y propuestas, integrando experiencias observables en distintos puntos del mundo. Vulnerabilidad estructural y economías informales en campos de refugiados Los campos de refugiados, desde Cox´s Bazar en Bangladesh hasta instalaciones en Jordania o Kenia, funcionan como microeconomías donde el acceso a empleo formal es prácticamente inexistente. Según datos del UNHCR, más del 70% de los refugiados mundiales carecen de acceso a sistemas financieros formales, lo que los obliga a recurrir a redes informales para enviar o recibir dinero. Hoy en día, en torno a 42,5 millones de personas son refugiados a nivel global –siguiendo la mirada estricta de que hayan cruzado fronteras huyendo de conflictos o persecución–. Sin embargo, ampliando la mirada, más de 122 millones de personas están desplazadas forzosamente, incluyendo a refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo, lo que supone que 1 de cada 67 personas se encuentre en esta situación. La cifra se ha duplicado en la última década, especialmente en escenarios como Siria, Ucrania, Venezuela, Somalia, Myanmar o Sudán. Esta situación ha generado un terreno fértil para la explotación. Por ejemplo, en algunos campamentos del Líbano, refugiados sirios han sido víctimas de intermediarios que cobran comisiones abusivas por transferencias de remesas. En otros casos, los empleadores locales aprovechan la falta de regulación para pagar salarios muy por debajo del mínimo o incluso retener documentos personales. La ausencia de infraestructura financiera segura no solo limita la autonomía económica, sino que también aumenta la exposición a redes criminales. Estas, en muchos casos, operan mediante sistemas informales como el “hawala”, difíciles de rastrear y susceptibles de sufrir abusos. Entre los principales abusadores, se encuentran redes criminales transnacionales y grupos locales que operan en rutas migratorias concretas. Las mafias de tráfico de personas, las redes de fraude financiero y los actores híbridos, así como ciertas facciones de grupos terroristas o paramilitares, combinan el crimen con el control territorial y las reclamaciones económicas. En consecuencia, milicias locales y redes controlan rutas, extorsionando a familias y cobrando hasta 5,000 dólares por persona, como sucede en Libia. En México, cárteles como el de Sinaloa han diversificado su actividad hacia el tráfico de migrantes, cobrando peajes y secuestrando migrantes refugiados para exigir rescates. Mientras, en el Sahel, países como Chad, Malí o Níger, sufren de redes que coordinan el transporte en el desierto con abandonos y estafas recurrentes tras los pagos iniciales, estafando miles de millones de dólares anualmente y asesinando a miles de personas. En el caso terrorista, ISIS llegó a imponer impuestos y confiscaciones a personas desplazadas en Siria e Irak, facilitando rutas ilegales a cambio de dinero, a menudo mediante transferencias bancarias a sucursales en el extranjero. Coetáneamente, Boko Haram se ha encargado durante años de extorsionar a comunidades desplazadas, especialmente cristianas, obligándoles a pagar por permitir la movilidad o el acceso a recursos como el agua o las tierras de cultivo y pasto. Asimismo, Al Shabaab en Somalia ha cobrado tasas a desplazados y controlado economías locales en zonas de conflicto. Con el auge de las finanzas digitales, han surgido nuevas formas de explotación, como falsas agencias de reasentamiento que cobran dinero prometiendo visados o traslados a Europa o EEUU. También destacan estafas con criptomonedas, donde los refugiados son convencidos de invertir en esquemas falsos usando monedas digitales, o, intermediarios de remesas abusivas, con tasas muy elevadas. Estos casos se pueden observar en países como Turquía, Kenia y Líbano. Aquí es donde surge el vínculo directo con las finanzas digitales: la falta de regulación específica y la supervisión en entornos digitales puede replicar –o incluso amplificar– dichas dinámicas de explotación si no se gestiona adecuadamente. Finanzas digitales: inclusión con riesgos Las finanzas digitales han sido promovidas como una solución de inclusión financiera en poblaciones vulnerables. Plataformas de pago móvil en Kenia, como M-Pesa, han demostrado que es posible integrar a millones de personas en el sistema financiero sin necesidad de bancos tradicionales. En contextos de refugiados, algunas iniciativas han utilizado tecnología blockchain para distribuir ayuda humanitaria de forma transparente. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos ha implementado sistemas basados en blockchain en campamentos de Jordania, reduciendo costos y mejorando la trazabilidad de los fondos. Sin embargo, estas innovaciones traen consigo la introducción de ciertos riesgos. Entre ellos, destaca el fraude digital; refugiados con bajo nivel de alfabetización son particularmente vulnerables a estafas, incluidas las relacionadas con criptomonedas. Además, activos como Ethreum pueden fluctuar drásticamente, aumentando la volatilidad y poniendo en riesgo los ahorros de personas que ya viven de forma sumamente precaria. A todo ello, se suma la falta de protección legal, ya que en la mayoría de países, las criptomonedas operan en un vacío regulatorio, lo que dificulta la recuperación de fondos en caso de fraude. Un caso ilustrativo ocurrió en Nigeria, donde comunidades desplazadas comenzaron a utilizar criptomonedas para evitar restricciones bancarias. Si bien esto facilitó las transacciones, también dio lugar a esquemas piramidales dirigidos específicamente a estas poblaciones. Así, la tecnología que podría empoderar a los refugiados también puede verse convertida en un nuevo canal de explotación si no se implementan salvaguardas adecuadas. Hacia una regulación internacional integrada La clave para abordar ambos problemas de manera conjunta radica en una regulación internacional que combine protección humanitaria con supervisión fiscal y financiera. Esto implica la coordinación entre organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las agencias humanitarias.   Entre las propuestas más compartidas, destaca el desarrollo de sistemas de desarrollo de sistemas de identidad digital verificable permitiría a los refugiados acceder a servicios financieros sin depender de intermediarios. Estados como Estonia lideran este campo, ofreciendo modelos replicables a nivel global. Por otro lado, es necesario establecer estándares globales para plataformas de criptomonedas y pagos digitales, incluyendo protocolos contra el blanqueo de capitales, la protección del consumidor y la transparencia en tarifas –hechos todavía lejos de estar regularizados a nivel global–. La Unión Europea ha avanzado en dicho sentido, con regulaciones como MiCA –Markets in Crypto-Assets–, que podría servir como una referencia internacional que encamine una equiparación con otras regiones.   Además, las agencias humanitarias podrían colaborar con empresas tecnológicas para crear sistemas financieros diseñados específicamente para contextos humanitarios. Esto introduciría monederos digitales con límites de riesgo, educación financiera adaptada o supervisión en tiempo real por autoridades competentes. Un ejemplo emergente puede encontrarse en Uganda, donde programas piloto combinan transferencias digitales con formación financiera adaptada al contexto de los refugiados. De tal forma, la naturaleza transnacional tanto de la migración como de las finanzas digitales exige una serie de respuestas coordinadas, mínimamente regionales. Sin estándares comunes, los vacíos regulatorios seguirán siendo explotados por actores ilícitos, poniendo en relieve la cooperación como método de pugna. Conclusiones La intersección entre la explotación en campos de refugiados y la regulación de las finanzas digitales revela una realidad compleja pero abordable. Ambos fenómenos comparten un elemento central: la vulnerabilidad de poblaciones que operan en los márgenes de los sistemas formales. Las finanzas digitales ofrecen una oportunidad sin precedentes para transformar la vida de millones de refugiados, proporcionando acceso a recursos, autonomía económica y mayor seguridad. Sin embargo, sin una regulación adecuada, estas mismas herramientas pueden convertirse en un gran instrumento de abuso. La solución no reside únicamente en restringir o promover la tecnología, sino en diseñar marcos regulatorios que integren la protección humanitaria con la innovación financiera. Esto implica cooperación internacional, inversión en infraestructura digital segura y un enfoque centrado en los derechos humanos. En última instancia, prevenir la explotación en campos de refugiados no puede desligarse de cómo se gestionan las nuevas formas de economía digital. Ambos desafíos deben abordarse de manera conjunta, reconociendo que en un mundo interconectado, la justicia económica y la dignidad humana son inseparables.

El 6 de febrero de 2014, en la playa del Tarajal, Ceuta, al menos quince personas murieron intentando alcanzar a nado la costa española. Formaban parte de un grupo de migrantes que trataba de entrar en territorio español bordeando el espigón fronterizo que separa Marruecos de España. Mientras se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil emplearon material antidisturbios, en particular pelotas de goma y gases lacrimógenos, con la finalidad de impedir su llegada a la orilla. Algunas personas lograron alcanzar la costa, pero, lejos de ser identificadas individualmente o de acceder a un procedimiento con garantías, fueron devueltas de forma inmediata a Marruecos. Otras no lo consiguieron. Murieron en el intento. Más de una década después, el Tarajal sigue siendo uno de los episodios más perturbadores de la política migratoria española. No solo por el número de vidas perdidas, sino por lo que revela sobre la forma en que operan las fronteras cuando la lógica del control se impone a la lógica de los derechos. Porque el verdadero problema no es únicamente que aquel día murieran quince personas, sino que lo ocurrido obliga a preguntarse hasta qué punto la frontera se ha convertido en un espacio donde el Derecho se debilita, se flexibiliza o, directamente, deja de operar con toda su intensidad. Hablar del Tarajal exige, por ello, ir más allá de la crónica de los hechos. Exige analizar qué dice este caso sobre nuestro modelo constitucional, sobre la regulación de la extranjería, sobre la manera en que el Estado entiende su responsabilidad frente a las personas migrantes y, sobre todo, sobre los límites éticos y jurídicos de una política fronteriza construida cada vez más desde la contención.   ¿Qué dice de un Estado democrático el hecho de que, en el momento de mayor vulnerabilidad de estas personas, la respuesta institucional no fuera la protección, sino la expulsión o la disuasión por la fuerza?  ¿Puede una frontera convertirse en un espacio de excepcionalidad sin que ello afecte al propio núcleo del Estado de Derecho? Frontera y Constitución: ¿hay derechos que se detienen en el límite? Desde una perspectiva constitucional, el punto de partida debería ser claro: los derechos fundamentales no son una concesión graciable del Estado que pueda desaparecer en función del lugar en el que se encuentra una persona o de su situación administrativa. El derecho a la vida y a la integridad física, reconocido en el artículo 15 de la Constitución, constituye uno de los núcleos más básicos e indisponibles del orden constitucional. Lo mismo cabe afirmar, en su dimensión esencial, respecto de la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, en la medida en que ésta actúa como garantía frente a la arbitrariedad y como presupuesto mínimo para que cualquier derecho pueda hacerse valer de forma real. El artículo 13 CE permite, ciertamente, establecer particularidades en el régimen jurídico de los extranjeros, pero esa habilitación no puede interpretarse como una cláusula de desprotección. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que el Tarajal obliga a cuestionar. Porque la práctica en frontera parece construirse, demasiadas veces, sobre una lógica distinta a la constitucional: una lógica en la que la persona migrante deja de ser vista como sujeto de derechos y pasa a ser tratada principalmente como objeto de control. En ese desplazamiento hay algo profundamente problemático. La Constitución no ampara espacios inmunes a sus principios, y menos aún cuando está en juego la vida humana. La soberanía estatal sobre las fronteras existe, sin duda, pero no puede concebirse como una potestad desvinculada de límites. En un Estado constitucional, el poder sólo es legítimo si se ejerce dentro del Derecho. Por eso, una de las grandes enseñanzas del Tarajal es que la frontera no es solo una cuestión territorial, sino también constitucional. No se trata únicamente de decidir quién entra y quién no entra, sino de determinar cómo se ejerce ese poder de decisión y bajo qué garantías. Y ahí es donde aparece la verdadera tensión: si aceptamos que en la frontera los derechos pueden operar con menor intensidad, ¿no estamos admitiendo, en el fondo, la existencia de una zona de protección disminuida dentro del propio sistema constitucional? ¿No supone eso asumir que la fuerza normativa de la Constitución depende, en última instancia, de quién es la persona afectada y de dónde se encuentre? Los rechazos en frontera: ¿instrumento de gestión o espacio de excepción? En este contexto adquiere especial relevancia la figura de los denominados rechazos en frontera, incorporada al ordenamiento español para Ceuta y Melilla. Formalmente, se presenta como un mecanismo de control para quienes son detectados intentando superar los elementos de contención fronteriza. Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando se analiza su funcionamiento material y sus efectos concretos sobre las garantías jurídicas de las personas afectadas. Lo que esta figura permite, en la práctica, es una devolución inmediata sin procedimiento individualizado, sin identificación efectiva, sin asistencia letrada, sin traducción, sin posibilidad real de alegar circunstancias personales y sin acceso inmediato a una solicitud de protección internacional. Eso no es un detalle técnico ni una mera cuestión de eficacia administrativa. Es, en realidad, una alteración muy profunda de la lógica jurídica que debería regir cualquier actuación estatal que afecte de manera directa a derechos e intereses tan sensibles como la integridad, la libertad o la protección frente al retorno. Aquí el problema de fondo no es solo la existencia de una vía específica de gestión fronteriza, sino la creación de un espacio donde el Derecho parece funcionar en versión reducida. Y eso es especialmente grave porque la excepcionalidad en frontera tiende a normalizarse con enorme facilidad. Lo que se presenta como respuesta singular a una presión migratoria concreta acaba consolidándose como práctica ordinaria. Así, la excepción deja de ser excepción y se convierte en método. Por eso el debate sobre los rechazos en frontera no debería formularse únicamente en términos de legalidad positiva, sino también en términos de legitimidad constitucional y democrática. Que una práctica esté normativamente prevista no resuelve por sí solo el problema de si resulta compatible con el sistema de garantías que define a un Estado de Derecho. La cuestión es más incómoda, pero también más honesta: ¿puede considerarse jurídicamente aceptable un mecanismo que, para ganar rapidez y eficacia, prescinde precisamente de aquellas garantías que permiten distinguir una actuación administrativa legítima de una actuación puramente expeditiva?   ¿No corre el Estado el riesgo de desdibujar sus propios límites cuando responde al fenómeno migratorio desde una lógica casi exclusivamente defensiva? El Tarajal evidencia que esta cuestión no es abstracta. Al contrario, muestra con crudeza qué sucede cuando las categorías jurídicas se adaptan a la frontera hasta el punto de permitir respuestas inmediatas, opacas y difícilmente controlables. Por eso no basta con afirmar que el rechazo en frontera existe; hay que interrogarse por lo que hace posible, por lo que invisibiliza y por el tipo de cultura jurídica que acaba generando. El uso de la fuerza: proporcionalidad, vulnerabilidad y riesgo para la vida Uno de los aspectos más controvertidos de lo ocurrido en el Tarajal fue, sin duda, el uso de material antidisturbios contra personas que se encontraban en el agua. Desde la perspectiva institucional, esa actuación se justificó en la necesidad de evitar una entrada irregular en territorio español. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica rigurosa, la cuestión decisiva no es la finalidad abstracta perseguida, sino la adecuación de los medios empleados y su impacto concreto sobre bienes jurídicos especialmente intensos, entre ellos la vida y la integridad física. El principio de proporcionalidad no es una fórmula retórica ni una cláusula decorativa. Es uno de los grandes criterios que permiten controlar el ejercicio legítimo del poder. Exige comprobar si una medida es idónea para alcanzar el fin propuesto, si resulta necesaria porque no hay otra menos lesiva y, finalmente, si el sacrificio que impone no es excesivo en comparación con el interés que pretende proteger. Aplicado al Tarajal, esto obliga a analizar no solo si el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos podía servir como instrumento de disuasión, sino si era admisible utilizarlos en un contexto en el que las personas afectadas se hallaban nadando, exhaustas, en un entorno ya de por sí peligroso. Y aquí la reflexión se vuelve especialmente dura. Porque no estamos hablando de una actuación policial frente a una amenaza armada o frente a un riesgo inminente para terceros, sino frente a personas en una situación de extrema vulnerabilidad física. El mar no era un escenario neutro. Era, de hecho, el elemento que convertía cualquier intervención en algo mucho más delicado, precisamente porque aumentaba exponencialmente el peligro. En ese contexto, el uso de fuerza disuasoria no puede analizarse como si fuera una actuación ordinaria de orden público. El entorno altera de forma decisiva la valoración jurídica de los medios. Por eso la pregunta resulta inevitable: ¿puede considerarse proporcional una actuación que se desarrolla contra personas que luchan por mantenerse a flote? ¿Puede el Estado invocar la defensa de la frontera cuando los medios empleados se proyectan sobre cuerpos ya expuestos a un riesgo vital evidente?  El problema no es solo si hubo intención directa de causar un daño letal, sino si la actuación asumió de manera inadmisible un riesgo que era perfectamente previsible. Y esa previsibilidad es esencial, porque el Derecho no solo sanciona el daño querido; también exige responsabilidad cuando se actúa ignorando de forma grave las consecuencias previsibles de lo que se hace. Además, el análisis no puede quedar encerrado en la eventual responsabilidad individual de unos agentes concretos. El Tarajal exige mirar también la dimensión institucional del uso de la fuerza. Es decir, preguntarse qué protocolos existían, qué instrucciones operativas regían, qué cultura de frontera permitía ver como aceptable una intervención de ese tipo y qué prioridades políticas estaban detrás de esa forma de actuar. Solo así puede entenderse el caso en toda su magnitud: no como un exceso aislado, sino como la expresión de una determinada forma de concebir la seguridad fronteriza. Más allá del caso: una política migratoria en tensión Sería un error reducir el Tarajal a un episodio excepcional desligado del marco político más amplio en el que se produjo. En realidad, lo sucedido forma parte de una arquitectura migratoria caracterizada por el refuerzo de la frontera, la externalización del control y la progresiva subordinación de la protección de derechos a los imperativos de seguridad. La tragedia no surge en el vacío. Surge en un contexto donde la entrada regular resulta, para muchas personas, prácticamente imposible, y donde esa imposibilidad empuja a asumir rutas cada vez más arriesgadas. Aquí es donde el análisis debe elevarse. Porque si las únicas vías disponibles son las más peligrosas, entonces el riesgo ya no puede entenderse como una consecuencia accidental del trayecto migratorio, sino como una derivada estructural del propio modelo. Dicho de otra manera: cuando el acceso legal se cierra, la frontera no desaparece, sino que se desplaza hacia espacios más violentos, más clandestinos y más letales. El mar, la valla o el espigón dejan de ser simples accidentes geográficos para convertirse en dispositivos materiales de una política de exclusión. En este sentido, el Tarajal obliga a cuestionar un discurso muy instalado en el debate público: el que presenta estas muertes como inevitables o como resultado exclusivo de decisiones individuales desesperadas. Evidentemente, quien emprende la travesía toma una decisión, pero esa decisión se produce en un marco profundamente condicionado por la ausencia de alternativas reales. Y cuando las instituciones conocen que ese marco empuja sistemáticamente a itinerarios mortales, la responsabilidad política y jurídica no desaparece. Al contrario, se intensifica. Por eso la reflexión no puede limitarse a condenar la tragedia a posteriori. Hay que preguntarse qué políticas la hicieron posible. Hay que preguntarse por qué el sistema ofrece tan pocas salidas legales y por qué la respuesta predominante sigue siendo blindar la frontera en lugar de reforzar mecanismos de protección. Y hay que preguntarse, también, qué clase de sociedad acepta como normal que tantas muertes se produzcan en los márgenes de Europa sin que eso transforme de forma radical la conversación pública y las prioridades institucionales. Responsabilidad del Estado: entre la acción y la omisión El Tarajal plantea con especial intensidad la cuestión de la responsabilidad del Estado. Y esa responsabilidad no debe entenderse de manera simplista ni reducirse a la búsqueda de culpables individuales. En un caso así, la responsabilidad tiene varias capas: una capa operativa, relacionada con lo que hicieron concretamente los agentes desplegados en la frontera; una capa normativa, vinculada al marco jurídico que permite determinadas prácticas; y una capa política, ligada al modelo migratorio que prioriza el cierre y la contención aun cuando ello incrementa la exposición al daño. El marco internacional de derechos humanos refuerza esta idea. Las obligaciones estatales no se agotan en la prohibición de causar directamente una lesión arbitraria a la vida. También incluyen deberes positivos de protección. Esto significa que el Estado está obligado a organizar sus medios, sus procedimientos y sus políticas de forma que reduzcan riesgos previsibles para la vida y la integridad de las personas bajo su jurisdicción o bajo su control efectivo. Y aquí aparece uno de los puntos más delicados del caso: la responsabilidad estatal puede surgir tanto por acción como por omisión. Por acción, si la actuación de las fuerzas de seguridad agravó objetivamente una situación de peligro ya existente. Pero también por omisión, si no existían protocolos adecuados, si no se activaron mecanismos de auxilio con la prioridad debida, si el diseño operativo estaba más orientado a impedir la entrada que a preservar la vida o si el marco normativo favorecía respuestas incompatibles con una protección real de derechos. El Estado responde no solo por lo que hace de manera directa, sino también por aquello que tolera, permite o deja de prevenir cuando el riesgo era conocido o razonablemente previsible. Aquí reside una de las grandes claves del Tarajal: desplaza el debate desde la idea de “incidente” hacia la idea de “sistema”. Porque si el conjunto del sistema jurídico y operativo estaba configurado de tal forma que un desenlace así podía producirse, entonces la pregunta ya no es únicamente si alguien actuó mal aquel día, sino por qué el sistema entero no impidió que eso ocurriera.  Y esa es una pregunta mucho más profunda, mucho más incómoda y también mucho más importante. El Tarajal hoy: lo que sigue diciendo sobre nosotros Más de diez años después, el Tarajal sigue siendo una herida abierta, no solo para las familias de quienes murieron, sino también para la conciencia jurídica y democrática de España. Sigue siendo un caso incómodo porque obliga a mirar de frente una contradicción difícil de resolver: la de un Estado que se reconoce constitucionalmente asentado sobre la dignidad, los derechos fundamentales y la interdicción de la arbitrariedad, pero que en la práctica ha tolerado que la frontera opere, demasiadas veces, como un espacio de garantías debilitadas. Lo más inquietante del Tarajal no es solo que ocurriera, sino la posibilidad de que su lógica se normalice. Cuando las muertes en frontera dejan de percibirse como un fracaso radical del sistema y empiezan a presentarse como un coste asumible de la política migratoria, el deterioro no afecta únicamente a las personas migrantes. Afecta al propio Estado de Derecho. Porque un orden jurídico que acepta zonas de excepcionalidad para determinados cuerpos acaba erosionando, tarde o temprano, su propia pretensión de universalidad. Por eso el Tarajal no debería recordarse únicamente como una tragedia humanitaria, ni siquiera sólo como un escándalo político. Debería recordarse como una advertencia constitucional. La advertencia de que la frontera no puede ser el lugar donde el Derecho se detiene, se relativiza o se vuelve selectivo. La advertencia de que ninguna política pública, por intensa que sea la presión que pretenda gestionar, puede legitimarse al precio de vaciar de contenido las garantías más básicas. Y la advertencia, en definitiva, de que la verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la dureza con la que protege sus fronteras, sino por su capacidad para seguir protegiendo derechos precisamente allí donde hacerlo resulta más difícil. Créditos foto: Por Youtryandyoutry - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60595084

El Tapón del Darién, una inhóspita barrera natural imposible de controlar  El Tapón del Darién, nexo entre Sudamérica y Centroamérica, es un bloque selvático de 575 mil hectáreas con 130 km de longitud situado en la frontera entre Panamá y Colombia, el cual alberga múltiples comunidades indígenas, una rica y diversa fauna y flora y el Parque Nacional del Darién; 5790 km2 de selva tropical declarados como patrimonio de la Humanidad y Reserva de Biosfera.  La selva del Darién comenzó a adquirir gran relevancia a nivel global en el inicio de la década de los 2010, visto que este enclave virgen, inhóspito y sin control estatal suponía el único paso terrestre en la ruta migratoria sur-norte hacia los Estados Unidos (mayoritariamente) y Canadá. La vulnerabilidad regional unida a la inexistencia de autoridad dieron pie a la proliferación de actividades ilegales en la zona como migraciones irregulares en masa (tráfico de personas), y tráfico de droga, siendo ambas actividades coordinadas por el Clan del Golfo, uno de los grupos criminales colombianos más fuertes.  A pesar de los esfuerzos coordinados de Colombia y Panamá por impedir el flujo masivo de personas y debilitar el control de los grupos delictivos, siguieron proliferando especialmente desde 2020 violaciones, asesinatos, robos y el tráfico de estupefacientes y personas en la región (según informes, desde 2018, 258 personas habrían perdido su vida en el Darién). No sería finalmente hasta 2025 con la llegada de Trump al poder, y la instauración de nuevas medidas altamente represivas y restrictivas respecto a la inmigración irregular, cuando cesaría casi por completo el paso de personas por la zona. Concretamente, dio una reducción del flujo migratorio hacia Norteamérica del 99%, ya que a diferencia de en 2024 en el que 300.000 migrantes atravesaron el estrecho, en 2025 únicamente lo cruzaron algo más de 3.000 personas, incluso llegando a registrarse una mayor afluencia migratoria en la ruta de retorno, flujo norte-sur, en el que las las autoridades tuvieron constancia del paso de en torno unos 11.000 migrantes. En la erradicación de dicho flujo migratorio, el Gobierno de Panamá también desarrolló un papel fundamental, visto que siguiendo los designios del presidente José Raúl Mulino Quintero, se incrementó la presión por parte del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (fuerza policial), se aumentó el número de guardabosques y se cerraron todas las Estaciones de Recepción Migratoria. Sin embargo, el Gobierno no ha logrado aún un control completo del Tapón del Darién, puesto que los cárteles y grupos paramilitares, tras la desarticulación de las redes migratorias han centrado sus actividades en la minería y en la deforestación ilegal del Darién.    Movilizaciones masivas por la selva tropical, un fenómeno de aspecto global Habiendo realizado esta contextualización general, con el fin de analizar pormenorizadamente la influencia del fenómeno migratorio en el Tapón del Darién sobre la población panameña, es necesario detallar las etapas y características que constituyeron y constituyen a día de hoy el mismo.  En términos numéricos, son identificables cuatro etapas: primeramente, de 2010 a 2014, se inició la dinámica migratoria, de ahí que la media anual de migrantes que atravesaban el Tapón del Darién alcanzaba únicamente las 2.400 personas; en segundo lugar, de 2015 a 2020, se dio un incremento considerable en la presencia de inmigrantes en la zona, no obstante, en ningún año se contabilizaron más de 31.000 migrantes; por su parte, en tercer lugar, de 2021 a 2024 el flujo migratorio llegaría al máximo nivel registrado, contabilizándose el paso irregular de hasta unas 500.000 personas en 2023, y en conjunto más de 1.2 millones; finalmente, desde inicios de 2025, tras la toma de poder de Donald Trump y el cambio de las políticas migratorias estadounidenses se ha producido una reducción histórica, registrando el Gobierno panameño en 2025, como se indicó previamente, el paso de exclusivamente algo más de 3.000 individuos.  En base a dichos reportes gubernamentales, se tiene asimismo constancia de que el porcentaje de menores que atravesaron la selva del Darién fue de  un 22%, así como de las nacionalidades más comunes entre los migrantes, destacando países como Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador y Cuba en el contexto americano, y respecto a las migraciones extracontinentales (migración proveniente de Asia y África en su tránsito hacia Norteamérica) Bangladesh, China, Yemén y Somalía. Paralelamente, centrando el foco de nuevo en la migración intracontinental, subrayar el hecho de que en multitud de ocasiones la población migrante que atraviesa el Darién proviene de países a los que ya migró, pero en los que no adquirió suficiente bonanza económica como para estabilizar su situación. En este plano, remarcar que los principales motivos que inducen a la emigración hacia norteamérica son la búsqueda de mejoras sociolaborales, económicas y educativas, la huida de climas de inseguridad y el intento de apoyar financieramente a los familiares que permanezcan en el país de origen.  Migrantes, víctimas de una ruta sin escrúpulos  Trasladando el foco de atención, conviene aclarar ciertos riesgos implícitos al proceso migratorio a través del Darién. En primera instancia, como circunstancias adversas ajenas a la figura humana, localizamos la alta humedad en el territorio, las constantes precipitaciones (se registran más de 300 días por año), las fuertes corrientes, la carencia de agua potable, la presencia de animales e insectos venenosos o transmitentes de enfermedades como la malaria y la proliferación de crisis epidemiológicas a baja escala. En segunda instancia, entrando a valorar el factor humano, entrelazamos la presencia de riesgos directamente con el control de carteles (Clan del Golfo) y asaltantes de gran parte de la selva tropical, pues los mismos han sido causantes de robos, agresiones sexuales, violaciones, extorsiones, homicidios y estafas en todo el territorio, vinculándose gran parte de los crímenes a los Coyotes (guías ilegales que prestan sus servicios a los inmigrantes para atravesar el Tapón del Darién aprovechando la carencia de rutas terrestres) anexos al Clan del Golfo o a los grupos armados presentes en territorio panameño. Finalmente, en última instancia, los daños psicológicos inherentes al trauma también adquieren un rol relevante, pues es común que tras haber sufrido algún tipo de agresión durante la travesía, los inmigrantes desarrollen angustia emocional, depresión e incluso esquizofrenia.  La complejidad de atravesar el Darién reside asimismo en la dificultad de su ruta, visto que el trayecto discurre por territorios fangosos, rías, zonas con densa vegetación e incluso manglares, de ahí que el apoyo de la población autóctona y Coyotes fuera indispensable para poder alcanzar territorio panameño, si bien dicho apoyo solía ir condicionado por el pago de grandes sumas de dinero (las autoridades panameñas estimaron que únicamente desde enero a octubre de 2023 los cárteles gracias a su control sobre la ruta migratoria ganaron más de 57 millones de dólares), tanto por el transporte proporcionado con canoas y barcos (necesario si se escogía la ruta que comprendía las ciudades colombianas de Necoclí y Capurganá), como por la guía en las trochas (pasos terrestres controlados por los grupos armados).  Coordinación y recepción del migrante, una gestión compartida entre ciudadanía y gobierno  Respecto al proceso migratorio entre Colombia y Panamá, si bien es obvio centrar su estudio sobre la figura del migrante, abarca como cualquier otro muchos más aspectos, como la gestión del migrante dentro del país de llegada por parte de las instituciones gubernamentales o la adaptación de la población local a la nueva casuística.  En referencia a la gestión estatal, son destacables cuatro planes de acción: la identificación y proporción de bienes básicos a los migrantes dentro de las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) como las de San Vicente, La Peñita o Lajas Blancas; el refuerzo del control fronterizo y asistencia al migrante a través de SENAFRONT (el Servicio Nacional de Fronteras); la colaboración con otros estados para la facilitación del proceso migratorio, por ejemplo a partir de los buses fletados desde las ERM (con coste aproximado de 50€ y gestionado por compañías privadas) hacia la frontera costarricense o la puesta en común de registros de migrantes; y la coordinación con entidades no lucrativas como Médicos Sin Fronteras para poder prestar una mejor atención médica y psicológica a los migrantes irregulares, y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de abusos, incluida la violencia sexual y de género.  En el proceso de configuración de todas estas medidas, Panamá, con el fin de facilitar la coordinación interestatal, informó a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) del incremento masivo de personas en el paso del Darién, así como de las acciones que llevó a cabo en pos de mantener un tránsito migratorio ordenado y seguro, y una asistencia humanitaria eficiente. Paralelamente, en relación a la población panameña residente en el Tapón del Darién, vieron su realidad plenamente alterada, dado que la gran cantidad de migrantes en la región, por un lado, colapsaba los recursos e instituciones, al recibir algunas localidades de cientos de habitantes más de 2000 migrantes diarios; mientras que por otro lado, suponían un motor económico sin precedentes en una zona dedicada a la agricultura de subsistencia. Ante dicha cuestión, buena parte de la población sustituyó sus precedentes trabajos, bien formando parte de las redes de tráfico de personas, bien proporcionando suministros a los migrantes, con el objetivo de mejorar su situación económica. Contrariamente, a esta dinámica, también hubo sectores que únicamente se centraron en poder brindar apoyo logístico y moral a los migrantes provenientes del sur.   Nuevas dinámicas ante un cambio de realidad  No obstante, a día de hoy, estas complejas políticas y prácticas suponen un simple recuerdo, en razón de la drástica reducción del flujo migratorio como respuesta al viraje en la política migratoria estadounidense con la llegada del nuevo presidente en 2025. Las estrategias de amedrentamiento de Donald Trump junto a la desarticulación del programa de recepción de migrantes por parte de las autoridades de Panamá (por ejemplo a través del cierre definitivo de la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Lajas Blancas), ocasionaron una erradicación casi completa de la corriente migratoria, a la par que la disolución de proyectos humanitarios en la zona, como pueda ser el de Médicos Sin Frontera, una misión que ha debido adaptarse a la nueva realidad reduciendo su presencia en el terreno al igual que lo han hecho el resto de ONGs.   En concordancia con el ajuste de los proyectos humanitarios, la población local también ha tenido que adecuarse al cambio, volviendo así a sus oficios previos (principalmente la agricultura de subsistencia) al masivo desplazamiento poblacional. Ahora bien, por lo general los residentes de la región han visto su calidad de vida mejorada en distintos aspectos, ya que muchas localidades próximas al Darién recibieron un apoyo logístico, económico y de infraestructuras (reacondicionamiento y construcción de hospitales y escuelas) mucho mayor al que suelen recibir por parte de las autoridades centrales.  Aún planteándose la cuasi desaparición de esta corriente migratoria sur-norte, el Tapón del Darién vuelve a ser un elemento clave en un nuevo movimiento poblacional: la migración inversa, un fenómeno migratorio fruto de las restricciones estadounidenses, el agotamiento de recursos económicos y el creciente temor a las deportaciones, repatriaciones y separaciones familiares.  Si bien este flujo a mediados de 2025 únicamente había supuesto el retorno de 14.000 personas desde México y Estados Unidos a Colombia, una cifra bastante inferior en comparación con las migraciones masivas de 2023, este proceso de igual manera sigue influenciado notoriamente el territorio local, pues tal y como certifica un informe emitido por la Comisión de las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, en acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la migración inversa ha reactivado parcialmente las redes de tráfico de personas e igualmente ha generado graves vulnerabilidades a la comunidad migrante en zonas como Palenque, Colón y Puerto Miramar (Panamá), en las que la ausencia de atención humanitaria, presencia de autoridades y coordinación interestatal, provoca que las personas migrantes no vean garantizados sus derechos a la vida, a la salud, a la educación y al trabajo. Muestra de dicha indefensión es la obligación de muchos migrantes de permanecer días o semanas varados en ciudades costeras panameñas, esperando reunir el dinero necesario para trasladarse en barco o lancha hasta Colombia (el precio de dichos billetes suele rondar los 280 dólares por persona).  Deforestación y minería, una extracción total sin consideración ambiental  Dejando atrás la importancia de la migración irregular en el contexto del Tapón del Darién, es necesario centrarse en las prácticas alternativas que ha ido desarrollando el crimen organizado para suplantar la carencia de beneficios actual que le reporta el tráfico de personas. Principalmente, dada la frondosidad e inaccesibilidad de ciertas partes de la selva del Darién, han optado por lucrarse a partir del tráfico de droga, la deforestación y la minería. Desgraciadamente, las tres ponen en gran riesgo el Parque Nacional del Darién, puesto que la tala desmedida (con intención de venta de madera y replantación de hojas de coca), junto a la extracción ilegal de oro, incrementan la erosión del terreno, destruyen ecosistemas y llegan a envenenar las fuentes de agua dulce con mercurio y fósforo. Ante dicha anarquía ambiental y la devastación de la biodiversidad promovida por carteles como el Clan del Golfo, el Gobierno panameño, como se recalcó previamente, ha incrementado su presencia y presión en la selva, aumentando la plantilla de efectivos tanto de guardabosques como del Servicio Nacional de Fronteras. De igual manera, la intervención en el Darién fue justificada por el Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien determinó que estas actividades no sólo afectan al equilibrio ecológico, sino que además destruyen las comunidades, al impulsar en estas las redes de delincuencia organizada ofreciendo a la población elevados beneficios económicos y al aprovecharse de manera exclusiva de los recursos naturales.  A pesar de las intervenciones estatales en pos de la preservación de la fauna y flora, el Gobierno de José Raúl Mulino también ha debido afrontar duras críticas por su plan de acción en el Darién, puesto que a partir del memorándum de entendimiento con Estados Unidos, ha intentado reabrir la mina de Donoso y ha impulsado la creación de un embalse sobre el río Indio, teniendo ambos proyectos así un fuerte impacto ambiental. Como consecuencia, desde algunos sectores sociales, han emergido múltiples críticas calificando dichas decisiones como la consecución de políticas de despojo, imposición, marginación y de negación de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos. Contaminación en el Tapón del Darién, secuelas de la migración y extracción ilegal de recursos Teniendo en consideración el movimiento migratorio y la explotación ilegal de recursos en el Tapón del Darién, en estos últimos años se ha percibido una basta contaminación, la cuál produce grandes costes económicos, sociales y ambientales.   Actualmente se prevén más de 2.500 toneladas de basura en el parque nacional, lo que no contamina únicamente la cuenca (afectando a agua de regadío y consumo) y pone en peligro la vida silvestre, sino que además destruye manglares y buena parte de la flora. Según informes hidrológicos y ambientales del Gobierno una limpieza de la zona supondría como mínimo la inversión de 12 millones de euros. En referencia al origen de toda esta contaminación hídrica y terrestre, se debe tanto a la extracción ilegal de minerales como a los desechos humanos, plásticos y ropa que los migrantes fueron dejando en su travesía por el Tapón.  Un futuro a decidir para el Darién: inclusión o preservación  A modo de conclusión, habiendo expuesto las intrigas e impactos intrínsecos al Tapón del Darién, es pertinente analizar la principal cuestión a la que se enfrentan las autoridades panameñas en relación a este. La cual consiste en la elección entre preservar la identidad e imperturbabilidad del territorio, o bien en acabar con la misma con el objetivo de establecer una red de carreteras que permitan el desarrollo del turismo, la mejora en las condiciones comerciales del sector agrícola y finalizar la Carretera Panamericana, un conjunto de carreteras de una extensión de 48.000 kilómetros que busca conectar todo el continente desde Alaska a Argentina, pero que sin atravesar el Darién no puede nunca llegar a ser culminado.  Ante dicha casuística se agrupan dos bloques argumentativos. Por un lado, en favor del cruce del Tapón del Darién se alega que un control estatal sobre el territorio facilitaría la erradicación de prácticas ilegales en la selva, habilitaría el transporte de mercancías y personas de manera legal, reduciría el desempleo, permitiría la explotación turística del Parque Nacional del Darién por parte de la población local y acabaría con el aislamiento de algunas comunidades que no cuentan con una asistencia sanitaria próxima. Contrariamente, por otro lado, aquellos que abogan por el mantenimiento del status quo, aducen que la intromisión en la selva pone en grave peligro a la fauna y flora autóctona, a la par que a las comunidades indígenas en la región, las cuales buscan mantener sus costumbres ancestrales.   Por último, a criterio del lector se deja el dirimir una visión propia sobre el devenir del Tapón del Darién, una extensa barrera natural de 130 km de largo, en la que como ha sido expuesto, confluyen múltiples condicionantes, desde las inconsistencias de un flujo migratorio condicionado por políticas nacionales y extranjeras a las tensiones por su control y gestión entre grupos armados, Gobierno y comunidades indígenas.

Artículo escrito por: José Manuel Jiménez Vidal y Guzmán Nieto Gil. Conflicto global: historia, expolios y memoria cultural. La restitución del patrimonio cultural, se ha convertido en un tema central en las relaciones internacionales contemporáneas. No se trata únicamente de la mera devolución de objetos históricos antiguos, sino de reparar desigualdades históricas generadas por el colonialismo, los conflictos bélicos o los saqueos sistemáticos, entre otros. Cada pieza expuesta en un museo fuera de su lugar de origen –sin consentimiento– encierra una cuestión injusta e incómoda: ¿cómo llegó hasta ahí? En Estados como Siria e Irak, el patrimonio ha sido doblemente castigado: primero por el expolio colonial y después por la destrucción derivada de conflictos recientes. Estos ejemplos, plasman de forma pragmática y reciente una situación sufrida por multitud de países, pueblos y culturas a lo largo de los siglos, como fue también el caso, entre cientos, de Camboya –primeo con el expolio francés y posteriormente con la guerra civil y el genocidio perpetrdo por los Jemeres Rojos–. De tal forma, volviendo a Oriente Medio, tablillas mesopotámicas, esculturas asirias o relieves históricos se encuentran hoy dispersos por museos de medio mundo, en su mayoría, occidentales. Esto no solo supone una pérdida material, sino también una ruptura de la memoria de algunas de las primeras civilizaciones de la humanidad con sus sociedades contemporáneas, fragmentando identidades de grupo y cultura. Por otro lado, el caso egipcio ilustra también este dilema con creces. Obras como la Piedra Rosetta o el busto de Nefertiti siguen fuera del país, generando constantes tensiones con países como Alemania, Reino Unido o Francia –principales expoliadores de obras egipcias durante los siglos XVIII, XIX y XX–. Mientras los grandes museos defienden su papel como guardianes del patrimonio universal, Egipto reclama el derecho a reconstruir su propia narrativa histórica con sus símbolos más representativos, especialmente tras la nueva apertura del Nuevo Museo del Cairo. Perspectivas regionales: la identidad contra la cultura política En Asia, China lidera una política activa de recuperación de patrimonio saqueado, especialmente tras episodios como las Guerras del Opio. Pekín presiona en las casas de subastas y ante grandes museos internacionales, convirtiendo la restitución en una cuestión de orgullo nacional –como sucedió con las figurillas de las dinastías Han y Tang o las cerámicas de la cultura Majiayao, devueltas por Italia– . En parte, aunque es una narrativa completamente legítima, también responde al podería del gigante asiático en el mercado mundial.   No obstante, Japón refleja la complejidad del problema: además de reclamar ciertos bienes –como los restos humanos de la familia real del antiguo Reino de Ryukyu–, también ha sido señalado por tener patrimonio de otros países de la región –especialmente coreanos–. Esto demuestra cómo la restitución no simplemente es un conflicto de “expoliaciones” y “víctimas”, sino una red de relaciones desiguales, a menudo con dimensiones históricas. En el continente africano, un gran protagonista es Benín y sus famosos Bronces, saqueados en el siglo XIX. Su devolución progresiva desde Europa ha marcado un antes y después en el debate de las restituciones culturales. Mientras otros países, como Nigeria o Etiopía, han reforzado sus demandas, utilizando la restitución como herramienta de reafirmación cultural y política soberanista y populista tras el pasado colonial. Por otro lado, casos menos visibles, como Mongolia, muestran otra dimensión: la dificultad de recuperar un patrimonio disperso y poco documentado –especialmente devolución de fósiles paleontológicos hallados en el Gobi, expoliados por Rusia, Reino Unido, Corea del Sur y EEUU–. Aquí, el reto no es la devolución de objetos, sino la reconstrucción de una identidad cultural rota por siglos de desplazamientos. En Iberoamérica, México ha denunciado reiteradas veces la venta ilegal de piezas precolombinas, logrando recuperar algunas de ellas, como el lote de 399 piezas recuperadas a Francia, EEUU y Canadá o el frisio maya. Chile y Cuba, por su parte, se han focalizado en la protección del patrimonio y en evitar su salida ilegal, vinculando estas acciones con procesos de memoria histórica y construcción nacional. En el sudeste asiático, países como Tailandia, Vietnam e Indonesia añaden un elemento diferenciador: muchas de las piezas reclamadas son de valor religioso. Su restitución no solo implica la recuperación del objeto, sino la devolución de su función espiritual dentro de la comunidad, abriendo debate entre restauración patrimonial, fe y cuidado de las piezas. El papel de Europa y el futuro del patrimonio Hoy, el foco de la cuestión recae todavía inevitablemente en países europeos. especialmente ante Francia, Alemania y Reino Unido, que albergan enormes colecciones provenientes de antiguas colonias. Durante décadas, estos Estados defendieron el concepto de “museo universal”; argumentando que conservar el patrimonio en instituciones globales garantiza su protección y acceso. No obstante, esta visión está siendo cada vez menos creíble. París ha comenzado a devolver piezas africanas, reconociendo el carácter injusto de su adquisición, mientras que Londres enfrenta una presión creciente para hacer lo mismo –por países como Tayikistán, Grecia, Sudáfrica o Sri Lanka–. Este cambio refleja una transformación más amplia en el entendimiento de la cultura: ya no es un mero bien apropiable, sino un derecho vinculado a la identidad de los pueblos. En definitiva, la restitución patrimonial cultural es compleja, cargada de implicaciones políticas, éticas y simbólicas. No existe una solución única, pero sí una corteza: devolver los objetos no es un acto de simple justicia histórica, es una forma de reconstruir vínculos culturales y definir las relaciones internacionales contemporáneas. Lengua, cultura y poder en las relaciones internacionales El patrimonio cultural no recoge únicamente elementos físicos. UNESCO recoge un amplio listado de bienes inmateriales entre los que encontramos un amplio abanico de idiomas. Las lenguas, desde el principio de los tiempos, han sido un justificante, un nexo y un arma. Han servido para unir pueblos, para construir y para atacar. Es por ello que no debemos de olvidar su importancia estructural en el marco de las Relaciones Internacionales. De casos particulares está inundada nuestra historia, desde la homogeneización rusófona de la URSS hasta la francofonía francesa, pasando por la comunidad de las naciones árabes o los genocidios y persecución durante la colonización. A veces se persiguen como en la España franquista y en ocasiones renacen como el Maorí en Nueva Zelanda. La lengua también sirvió en la unificación alemana y es un cohesionador de la dividida Corea. Es una infinidad de ejemplos. La lengua es una parte intrínseca de la cultura. La cultura modela los pueblos. Los pueblos son los que enarbolan el sistema internacional. Por tanto, de forma coherente podríamos decir que el control de los idiomas es toda una herramienta estratégica para dirigir la escena internacional. Globalización y hegemonía lingüística En la actualidad y ya desde hace unos años se popularizó el término de la globalización. En cual entre otros aspectos contempla la propagación de lo estándar y de lo genérico, como lo fácil o lo útil. Muy conveniente además para la inmediatez requerida para la organización en la que vivimos. Esto por supuesto se ha trasladado a la cultura y a la forma de comunicar y transmitir.   Como lengua franca, el inglés ha sido en este nuevo siglo el idioma por excelencia de las relaciones internacionales. Esta lengua se ha consolidado como vehicular, y se considera frecuentemente como la más útil, ya que con un solo idioma consigues recoger a toda la población global. la comunicación y la transmisión se hace mucho más sencilla, más rápida, más eficaz. Sin embargo, se debe atender con cautela el uso de la lengua en política. No sólo las palabras pueden ser peligrosas, el uso y limitación de los idiomas también. Como comentábamos el proveer de una lengua vehicular puede resultar ciertamente útil y aceptado. Imponer, perseguir y obligar, provoca rechazo y resistencia en favor de la identidad propia. En nuestros tiempos tenemos distintos escenarios cuyos actores atienden a escenas complejas y muy variopintas. De convivencia, de nacionalismos, de reclamaciones políticas, de intereses o incluso como definición del Estado. Lengua, política y desafíos contemporáneo Las distintas naciones tratan de hacer el mejor uso posible de su catálogo lingüístico. Algunos Estados apuestan por la protección de lenguas minoritarias como mecanismo de preservación cultural; otros promueven la diversidad como reflejo de pluralidad interna; mientras que hay quienes priorizan la unidad lingüística como herramienta de cohesión nacional. Esta disparidad de enfoques evidencia que, en el ámbito cultural, ni los fines ni los medios son plenamente unívocos. Nos encontramos, en consecuencia, ante una de las manifestaciones más complejas y sutiles del soft power  en la escena internacional, donde la promoción, regulación o incluso la restricción de los idiomas trasciende lo cultural para convertirse en un instrumento de influencia política y proyección global. En este sentido, las lenguas no solo se heredan o se hablan: se gestionan, se proyectan y, en muchos casos, se disputan. Entonces nos queda una pregunta por resolver, ¿qué debería hacer la esfera internacional ante los casos de lenguas en peligro de extinción a causa de la homogeneización? El patrimonio cultural no recoge únicamente elementos físicos. La UNESCO incluye un amplio listado de bienes inmateriales, entre los que encontramos un gran abanico de idiomas. Las lenguas, desde el principio de los tiempos, han sido un justificante, un nexo y un arma. Han servido para unir pueblos, para construir y también para atacar. Es por ello que no debemos olvidar su importancia estructural en el marco de las relaciones internacionales. De casos particulares está inundada nuestra historia: desde la homogeneización rusófona de la Unión Soviética hasta la francofonía francesa, pasando por la comunidad de las naciones árabes o los genocidios y persecuciones durante la colonización. En ocasiones se persiguen, como en el caso Kurdo, y en otras renacen, como el maorí en Nueva Zelanda. La lengua también desempeñó un papel relevante en la unificación alemana y actúa como elemento de cohesión en la dividida Corea. Los ejemplos son innumerables. La lengua es una parte intrínseca de la cultura. La cultura modela a los pueblos, y los pueblos son quienes configuran el sistema internacional. Por tanto, podemos afirmar que el control de los idiomas constituye una herramienta estratégica para influir en la escena internacional. En la actualidad, y ya desde hace décadas, se ha popularizado el término de la globalización, el cual contempla, entre otros aspectos, la propagación de lo estándar y lo genérico: lo fácil y lo útil. Esto resulta especialmente conveniente para la inmediatez propia de la sociedad en la que vivimos y, como no podía ser de otra forma, se ha trasladado a la cultura y a las formas de comunicación. Como lingua franca , el inglés se ha consolidado en este siglo como el idioma por excelencia de las relaciones internacionales. Esta lengua se ha establecido como vehicular y se considera frecuentemente la más útil, ya que facilita la interconexión de gran parte de la población global. La comunicación y la transmisión de información se vuelven así más sencillas, rápidas y eficaces. Sin embargo, se debe atender con cautela al uso de la lengua en política. No solo las palabras pueden ser peligrosas; también lo es la gestión y limitación de los idiomas. Como se ha señalado, el establecimiento de una lengua vehicular puede resultar útil e incluso aceptado, pero imponerla, perseguir otras o restringir su uso genera rechazo y resistencia en favor de la identidad propia. En la actualidad, nos encontramos con escenarios complejos y diversos, en los que entran en juego la convivencia, los nacionalismos, las reclamaciones políticas, los intereses estratégicos e incluso la propia definición del Estado. Las distintas naciones tratan de hacer el mejor uso posible de su catálogo lingüístico. Algunos Estados apuestan por la protección de lenguas minoritarias como mecanismo de preservación cultural; otros promueven la diversidad como reflejo de pluralidad interna; mientras que hay quienes priorizan la unidad lingüística como herramienta de cohesión nacional. Esta disparidad de enfoques evidencia que, en el ámbito cultural, ni los fines ni los medios son plenamente unívocos. Nos encontramos, en consecuencia, ante una de las manifestaciones más complejas y sutiles del soft power  en la escena internacional, donde la promoción, regulación o incluso la restricción de los idiomas trasciende lo cultural para convertirse en un instrumento de influencia política y proyección global. En este sentido, las lenguas no solo se heredan o se hablan: se gestionan, se proyectan y, en muchos casos, se disputan. Como advierte David Crystal, la desaparición de una lengua no supone únicamente la pérdida de un medio de comunicación, sino la extinción de una visión del mundo irrepetible. En consecuencia, cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿qué papel debería asumir la comunidad internacional ante el creciente peligro de extinción de lenguas provocado por los procesos de homogeneización cultural?

Existen decisiones políticas que van más allá de decidir si dar luz verde o no a un cambio en el país. La decisión adoptada por la Asamblea Nacional de Senegal en marzo de 2026 no ha sido una simple reforma del Código Penal, ha resultado en una señal política nítida de cómo un Estado puede redefinir sus prioridades cuando percibe el rédito interno de ciertos debates. En uno de los países democráticos relativamente estables de África Occidental, el poder ha optado por convertir la persecución de la diversidad sexual en una bandera de reafirmación moral, soberana y electoral, convirtiéndose en la cristalización de una lógica política que entiende que ciertos derechos son negociables si se refuerza con ello la cohesión mayoritaria. El 11 de marzo, los diputados aprobaron un texto que duplica la pena máxima por relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, eleva las multas y castiga también la “promoción”, el “apoyo” o la “financiación” de la homosexualidad, la bisexualidad y la “transexualidad”. Este último punto no es menor: introduce una dimensión expansiva de la represión que ya no se limita al ámbito privado, sino que alcanza el discurso, la asistencia, la visibilidad e incluso la solidaridad. La votación fue de 135 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Ese resultado, tan aparentemente técnico, es en realidad uno de los elementos más elocuentes de todo el proceso. No hubo confrontación, no hubo un bloque de resistencia, no hubo siquiera una minoría organizada que asumiera el coste político de posicionarse en contra. Dos semanas después, seguía pendiente de la firma del presidente Bassirou Diomaye Faye, aunque en términos políticos la ley está “aprobada”. Ese dato, por sí solo, ya explica mucho más de lo que parece a primera vista. No hubo un solo bloque parlamentario resistente, ni una disidencia política de gran alcance en las instituciones públicas, ni tan siquiera un debate que reflejase la complejidad del derecho que estaba en juego. Lo que se produjo fue una convergencia silenciosa pero sólida entre poder ejecutivo, mayoría legislativa, sectores islamistas organizados y un clima social previamente alimentado por detenciones, campañas de agitación moral y una retórica que presenta a las personas LGTBIQ+ como una amenaza cultural importada. En ese sentido, la ley no crea el problema, sino que lo formaliza, lo ordena y lo legitima desde arriba. El propio primer ministro, Ousmane Sonko, defendió el endurecimiento de la ley ante la Asamblea y culpó a Occidente de promover los derechos LGTBI en Senegal, enmarcando el debate no en términos de libertades o derechos fundamentales, sino de defensa nacional frente a influencias externas. Este desplazamiento discursivo es clave: transforma una cuestión de derechos en una cuestión de soberanía, lo que dificulta enormemente cualquier oposición interna, ya que cuestionar la ley puede interpretarse como alinearse con intereses extranjeros. Esa mezcla de moral religiosa, populismo soberanista y utilidad política es, probablemente, la clave más precisa para entender lo ocurrido. Pero quizá lo más inquietante no sea la dureza de la reforma en sí, sino la naturalidad con la que ha sido asumida. No ha habido una ruptura visible, ni un momento de crisis institucional. Todo ha transcurrido con una cierta normalidad política, como si el endurecimiento de las penas formasen parte de un ajuste lógico del sistema. Y es precisamente esa normalidad la que resulta más perturbadora: cuando medidas de este calibre dejan de percibirse como excepcionales, el límite de lo aceptable ya se ha desmarcado. Contexto estructural: un país que no protege unos derechos LGTBIQ+ casi inexistentes Para comprender la gravedad de la reforma hay que empezar por una evidencia incómoda: Senegal no era un país simplemente “conservador” que de pronto haya dado un giro inesperado. Ya partía de una situación muy restrictiva para la población LGTBIQ+. Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo estaban criminalizadas desde hace décadas bajo el artículo 319 de su Código Penal, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1,5 millones de francos CFA. Es decir, el problema no es que se haya introducido la criminalización, sino que se ha intensificado un marco que ya era profundamente hostil. Human Dignity Trust seguía describiendo en marzo de 2026 a Senegal como un país donde existe evidencia sustancial de aplicación efectiva de esa ley y donde las personas LGBT sufren con regularidad discriminación, arrestos, violencia y amenazas. En el índice de Equaldex, que precisamente mide la libertad de las personas pertenecientes al colectivo en las diferentes partes del mundo, Senegal figura con una puntuación de apenas 4 sobre 100, con 5 sobre 100 en derechos legales y 3 sobre 100 en opinión pública, lo cual refleja que realmente la invisibilidad de estas comunidades es una estrategia de supervivencia en un entorno altamente hostil.  Ese vacío jurídico se combina con un entorno social especialmente tenso. El problema no es solo que el Estado castigue; es también que no protege. En Senegal no existe un sistema robusto de garantías frente a la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y la criminalización penal actúa como legitimación simbólica de la violencia social. Cuando el derecho penal define a un grupo como sospechoso por su mera existencia, el mensaje que llega a la calle es devastador: denunciar, acosar, señalar o expulsar socialmente a esas personas deja de parecer una barbaridad y pasa a percibirse como una conducta moralmente justificada. Por eso la frontera entre represión legal y linchamiento social es tan fina que, en ciertos contextos, se desvanece. Pero lo verdaderamente relevante es que esta situación no puede entenderse de forma aislada del funcionamiento general del Estado. Senegal mantiene, formalmente, una estructura democrática competitiva, con alternancia política reciente y cierto pluralismo institucional. Sin embargo, esa dimensión convive con prácticas que evidencian una aplicación selectiva de los derechos y las garantías. Es ahí donde aparece la clave: no se trata de un Estado incapaz, sino de un Estado que decide cuándo proteger y cuándo no hacerlo. Dicho de otra forma, Senegal puede proyectar una imagen de estabilidad institucional y, al mismo tiempo, activar dinámicas restrictivas cuando determinados equilibrios —morales, sociales o políticos— se perciben como amenazados.  Ese trasfondo es fundamental, porque permite entender que la ofensiva contra la comunidad LGTBIQ+ no surge como una anomalía puntual, sino como la extensión lógica de una cultura política en la que los derechos pueden modularse en función del contexto. La población LGTBIQ+, en este escenario, no es solo un colectivo vulnerable: es también un sujeto político instrumentalizable, cuya persecución no desestabiliza el sistema, pero sí refuerza determinados consensos sociales. Es en este punto donde se encuentra la cuestión principal, no es un fallo del sistema, sino una decisión que el aparato social y político es capaz de absorberlo sin colapsar.  ¿Se persigue porque “en el islam es pecado”? Sí, pero no es la única justificación La justificación al anterior planteamiento responde a una explicación cómoda, prácticamente intuitiva, pero vacía en su fondo, y no es por su escasa veracidad, sino porque es incompleta. Efectivamente, Senegal es un país cuya población es abrumadoramente musulmana (en torno a un 95-97% de su población profesa el islam), por lo que la religión es una estructura vertebradora de la vida social. Los líderes religiosos, los marabús o las leyes comunitarias orientan en la práctica espiritual, y también moldean comportamientos y definen las normas, diferenciando lo aceptable de lo que moralmente no lo es. Por eso, la homosexualidad no se percibe únicamente como una cuestión privada o individual, sino como una desviación del orden moral compartido, una ruptura de un equilibrio que se considera colectivo. Los datos lo reflejan con crudeza: diversas encuestas ya mostraban que más del 90% de la población rechazaba la aceptación social de la homosexualidad. Pero el dato, por sí solo, no explica el fenómeno. Explica el clima, no la arquitectura del poder que se construye sobre él. Entre considerar algo moralmente reprobable y convertirlo en delito, es evidente que hay un salto cualitativo orquestado por la política, que es quien traduce la legitimidad en ley, y cuando se endurece.  La cuestión LGTBIQ+ en Senegal ha sido absorbida por un marco discursivo más amplio: el de la soberanía cultural. La defensa de estos derechos se presenta no como una demanda interna, sino como una imposición externa, una agenda occidental que amenaza la identidad nacional. En ese relato, aceptar derechos no equivale a ampliar libertades, sino a ceder; resistirse no es discriminar, sino protegerse. Ahí radica su eficacia política: el debate deja de girar en torno a derechos y se desplaza hacia un terreno emocional donde cuestionar la ley implica, simbólicamente, cuestionar la nación. Ousmane Sonko lo expresó con claridad al señalar a quienes denuncian la represión como aliados de intereses extranjeros. Los hechos recientes evidencian hasta dónde puede llegar ese proceso. Detenciones masivas en Dakar bajo acusaciones de “actos contra natura”, acompañadas incluso de imputaciones relacionadas con el VIH, han generado un efecto paralizante no solo en la comunidad, sino también en redes sanitarias y de apoyo. Como advirtió Human Rights Watch, el miedo ya no se limita a quienes son perseguidos, sino que alcanza a quienes intentan asistirlos. Y más allá de lo institucional, el caso de Kaolack en 2023- en el que un cadáver fue exhumado, arrastrado y quemado por la sospecha de homosexualidad- muestra el punto extremo de esa deshumanización. Cuando la diferencia pierde incluso el derecho al descanso, la cuestión ya no es por qué ocurre, sino qué lo ha hecho posible: no solo creencias, sino decisiones políticas que convierten la dignidad en materia penal. Un Estado que incumplía sus propios compromisos International Federation for Human Rights recordó expresamente que Senegal es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1978, y que la reforma, que en aquel momento se estaba gestando, choca con derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley, también protegidos por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ese incumplimiento no comenzó el día de la votación parlamentaria. Ya antes de la reforma el Estado había dado señales claras de hostilidad institucional. En julio de 2025, el Gobierno forzó de hecho la cancelación de un evento sobre cuestiones LGTBI organizado por Naciones Unidas y el Ministerio neerlandés de Exteriores, advirtiendo de posibles represalias contra organizadores y participantes y rechazando toda “promoción del fenómeno LGBTQI”.  Tampoco era la primera vez que se intentaba elevar el castigo. Reuters informó de un intento fallido en 2022, mientras Human Rights Watch recordó que en 2022 y 2024 hubo ya iniciativas para incrementar las penas previstas por el artículo 319. Lo que cambió en 2026 no fue tanto la idea como la coyuntura política: la llegada al poder de Faye y Sonko en 2024 abrió una ventana de oportunidad para que una promesa electoral se convirtiera en ley. Eso demuestra que la reforma no fue una reacción improvisada a un supuesto problema nuevo; fue la culminación de una campaña política sostenida. Además, los precedentes muestran un patrón de instrumentalización sanitaria y moral extremadamente peligroso. En los arrestos de febrero de 2026 aparecieron combinadas las acusaciones por “actos contra natura” y por transmisión voluntaria del VIH. HRW subrayó que usar preservativos, lubricantes o tratamientos contra el VIH como indicios incriminatorios, forzar pruebas de VIH o exponer públicamente el estado serológico viola la privacidad y socava la prevención sanitaria.  La reforma: por qué es más grave de lo que parece Conviene destacar que esta medida no pasó por referéndum, sino que fue parte de una votación parlamentaria en la Asamblea Nacional, aprobada por 135 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Esa precisión no es menor, porque revela que el endurecimiento no emergió de una consulta popular formal sino de una mayoría institucional que decidió blindar por ley este endurecimiento, el cual aún se encuentra pendiente de ser ratificado por el presidente. En cuanto al contenido, la reforma modifica de forma sustancial el alcance represivo del sistema. Hasta ahora, el artículo 319 castigaba los llamados “actos contra natura” con hasta cinco años de cárcel y multa. El nuevo texto eleva el castigo a entre cinco y diez años de prisión y permite multas de hasta 10 millones de francos CFA. Los motivos por los que puede ser condenado un ciudadano senegalés bajo este artículo incluyen homosexualidad, bisexualidad, “transexualidad”, zoofilia y necrofilia, una equiparación deliberadamente degradante que deshumaniza a las personas LGTBIQ+ al colocarlas en el mismo plano discursivo que conductas no consentidas o radicalmente distintas desde el punto de vista jurídico y ético. Además, un punto relevante, como previamente ha sido señalado, continúa sancionando a quienes “promuevan”, “apoyen” o “financien” esas prácticas, lo cual es muy relevante en tanto que la ley pasa a perseguir también palabras, redes de solidaridad, trabajo asociativo, defensa de derechos y, previsiblemente, parte de la prevención sanitaria dirigida a poblaciones clave.  También es jurídicamente muy grave la reducción del margen judicial. La nueva versión impide al juez conceder condena suspendida o reducir la pena por debajo del mínimo (Reuters, 2026). Es decir, la pretensión no es sólo la persecución, sino el endurecimiento de su aplicabilidad, la limitación de su discrecionalidad y el encarcelamiento como un automatismo práctico, pretendiendo ejemplarizar más allá de la ilegalidad, y con menor posibilidad de defensa.  En el plano político, la responsabilidad principal recae sobre el Ejecutivo y sobre la mayoría asociada a PASTEF, a quienes se les atribuye la medida como el cumplimiento de una promesa de campaña, de ahí la justificación del texto por parte de Sonko ante la Asamblea, pidiendo el apoyo de todos los partidos. Además, según  reportes, en las semanas previas a la votación, partidarios del proyecto participaron en manifestaciones en Dakar al grito de “No to homosexuality!”. Sobre la postura de los distintos partidos, la información verificable disponible apunta sobre todo a la iniciativa del gobierno y a la ausencia de oposición efectiva dentro del hemiciclo, del cual el partido PASTEF representa un 81,8% de los asientos (130 de 165). El resultado de 135 votos a favor, sin votos en contra, muestra que la resistencia parlamentaria fue marginal o inexistente. Hubo tres abstenciones, pero no un bloque alternativo visible que defendiera una postura de derechos. Con el material disponible, lo riguroso es afirmar eso y no inventar un mapa ideológico preciso de cada grupo parlamentario, porque realmente no existe una política de bloques. Hay, además, una dimensión sanitaria demoledora. Según datos gubernamentales, la prevalencia nacional del VIH en Senegal es de 0,3%, pero entre hombres que tienen sexo con hombres alcanza el 49% en algunas zonas de Dakar. UNAIDS advirtió que la reforma amenaza servicios vitales de prevención, tratamiento y atención, mientras que asociaciones como HRW añadieron que el miedo a ser identificado puede paralizar a trabajadores comunitarios y empujar a la gente a esconderse. En un contexto así, castigar el “apoyo” a la homosexualidad puede equivaler, en la práctica, a sabotear los instrumentos básicos de salud pública dirigidos a una población especialmente vulnerable. La ley, por tanto, no solo reprime: también enferma. Una ley que degrada el sistema político y social y fomenta la represión Lo que está ocurriendo en Senegal tendrá consecuencias inmediatas y profundas para la comunidad LGTBIQ+. La primera será el miedo. Miedo a ser denunciado por un vecino, por un familiar, por un policía, por un antiguo compañero sentimental o simplemente por aparecer en el teléfono equivocado. Miedo a acudir a un centro sanitario, a contactar con una asociación, a aceptar ayuda psicológica, a pedir medicación, a alquilar una casa, a conservar un empleo, a asistir a un funeral. Cuando la ley castiga no solo una conducta, sino también el apoyo, el entorno entero se convierte en territorio hostil. Y en ese territorio, la supervivencia cotidiana pasa a depender del silencio, la clandestinidad y, para algunos, del exilio. La segunda consecuencia será sanitaria. Senegal puede destruir en pocos meses parte de los avances que ha logrado en prevención del VIH entre poblaciones clave. Si la sospecha de homosexualidad se convierte en puerta de entrada al sistema penal, muchas personas desaparecerán del radar de los servicios comunitarios. Ya no se tratará solo de estigma social, sino de riesgo penal directo. En ese contexto, cada campaña de salud podrá leerse como una trampa, cada preservativo como posible prueba, cada contacto comunitario como una amenaza. Una ley que se presenta como defensa de la moral puede terminar disparando exactamente aquello que dice combatir: sufrimiento, abandono, enfermedad y muerte evitable. La tercera consecuencia afectará al conjunto de la sociedad senegalesa. Cuando un Estado aprende que puede consolidar poder castigando a una minoría impopular, rara vez se detiene ahí. El verdadero alcance de esta reforma no está solo en las personas LGTBIQ+; está también en la normalización de una idea mucho más amplia y corrosiva: que los derechos dependen de la mayoría, que la dignidad puede ser sometida a votación parlamentaria y que la ley puede utilizarse para purificar simbólicamente la nación. Hay además un efecto internacional que no debe subestimarse. Senegal había conservado durante años una imagen externa de estabilidad, mediación y relativa excepcionalidad democrática en África Occidental, por lo que estas acciones, sumadas a las previamente señaladas como la cancelación del evento de la ONU, las advertencias de Volker Türk y UNAIDS, dañan esa imagen. Además, se expone una controversia bastante interesante, en la que un Estado puede celebrar alternancia electoral y crecimiento económico, pero seguir fracasando en lo más básico si no garantiza que sus ciudadanos no sean perseguidos por lo que son. La reflexión, por incómoda que resulte, es que aquí no hay nada “auténtico” ni “soberano” que defender cuando se convierte a una minoría en enemigo nacional: eso no es cultura, es poder en su forma más básica. No responde a una necesidad moral, sino a una lógica política muy reconocible: cuando faltan respuestas estructurales -sobre desigualdad, corrupción o falta de oportunidades- se construye un culpable accesible, visible y vulnerable. Senegal no está solo endureciendo una ley; está decidiendo quién merece vivir sin miedo y quién debe aprender a hacerlo en silencio. Y cuando un Estado traza esa línea, ya no está protegiendo a su sociedad: está empezando a fracturarla desde dentro.

“El reclutamiento ilícito mediante redes sociales es un fenómeno de alcance global que no respeta culturas, razas, condiciones sociales, países ni sexo”. Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA. Durante los últimos tiempos hemos visto cómo las redes sociales han avanzado, creando así lazos entre los diversos países, interconectando a personas desde extremos opuestos del mundo, todo ello fruto de un mismo culpable, la globalización. Gracias a las redes sociales podemos ser conscientes de lo que ocurre en las distintas partes del globo, además, con un solo “ click ” podemos adentrarnos en nuevas culturas, idiomas e incluso, multitud de experiencias y vivencias personales. Podemos llegar a realidades paralelas a las nuestras e historias que son muy lejanas a nuestra realidad. Todo está al alcance de un solo scroll en cualquier red social.   Hoy en día, cualquier persona puede hacerse un perfil con tan solo dar algunos datos básicos, creando así una gran brecha de vulnerabilidad que da acceso a todo tipo de personas, porque no siempre sabremos completamente quién hay detrás de la pantalla del video con el que interactuaras. Este punto débil es utilizado por muchos, entre ellos, los grupos terroristas, los cuales reclutan a jóvenes a través de multitud de perfiles en plataformas como X, Tik Tok, Telegram o Instagram.   Según los datos proporcionado por el Center of Countering Digital Hate, tras los cambios de Meta Facebook en su moderación de contenido, han podido filtrarse unas 277 millones de publicaciones perjudiciales en plataformas digitales al año. Cifras alarmantes en una sociedad en las que, pese a las restricciones de edad, miles de adolescentes y menores están presentes.   También, hay que tener en cuenta que los algoritmos que emplean este tipo de aplicaciones pueden difundir diversos contenidos extremistas, haciendo que lleguen a grandes masas desde diversas partes del mundo. Estos grupos, normalmente, se aprovechan de aquellos que están en descontento con su entorno social o familiar, de personas aisladas socialmente o grupos fáciles de moldear y manipular, haciendo que terminen cayendo en sus trampas.   Actualmente, los terroristas se adaptan a los tiempos que corren y sortean los filtros para mantenerse en las redes, mostrando sus ideologías radicales y fomentando el odio. Penetran sus ideas a través de videos, memes, mensajes y emojis, complicando así la tarea de las herramientas que moderan este tipo de contenido. Son conscientes que deben de innovar para poderse propagar, por lo que dentro de estas organizaciones se pueden encontrar “tropas digitales”, unidades especializadas en propaganda, captación en línea y perfiles de posibles reclutas. Los extremistas crean diversos perfiles en las redes sociales apoyados en grandes y sólidas infraestructuras tecnológicas, que basándose en el marketing digital, llegan a los jóvenes.   Además, se crean grupos donde se fomenta el extremismo y la radicalización. En consecuencia, personas que comparten ciertos ideales, ya sean políticos o religiosos, comparten sus opiniones, creando un clima de hostilidad común donde compartir sus descontentos, alimentando el odio y fomentando narrativas negativas que sirven como medios para estos grupos. Esto es debido a que mediante las interacciones, observan quienes encajan más con sus perfiles, indagando así en sus ideales para poder reclutar con mayor facilidad. En primer lugar, para esta técnica, los terroristas emplean el uso de plataformas donde se pueda socializar, se adentran en foros públicos de conversaciones y posteriormente, cuando eligen a su víctima, interactúan por mensajes directos y privados entre el usuario y la organización. Tratan de persuadirlos con ventajas que recibirán si se unen al grupo, le informan sobre detalles logísticos y hacen apología a la guerra y la violencia.   Tras analizar los perfiles buscan aquellos que, según sus likes, comentarios y preferencias, son más susceptibles a la manipulación, por eso llegan rápidamente a menores. Aprovechan lo difícil que puede resultar la adolescencia y los impulsos humanos de pertenencia a un grupo, estrujando cada una de las herramientas que tienen para hacerles ver, que en su grupo de “hermanos”, tienen un lugar donde sentirse útiles y miembros de una comunidad, saciando así sus necesidades sociales. El procedimiento seguido es claro, se basa en seducir, ya sea con trabajo, distorsionando sus realidades o proporcionándole ventajas, aislarlos para asegurarse su reclutamiento e incorporarlos al grupo. Además, estos grupos no entienden de fronteras lingüísticas, ya que debido a las traducciones instantáneas que las redes sociales aplican y captadores con experiencia extranjera, sortean esta barrera, pudiendo llegar así más lejos, sin impedimentos de ningún tipo. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, el grupo terrorista Estado Islámico, –ISIS–, publica al día unos 90 mil tweets. Lanzando mensajes radicales disfrazados de religión que, debido al volumen, llegan a muchas personas, aumentando la posibilidad de que, al menos uno, se haga viral, acumulando visualizaciones, compartidos e interacciones que los posicionan en los algoritmos de millones de personas.   Por otro lado, Colombia es uno de los países que se pueden mostrar de ejemplo ante el aumento del uso de las redes sociales por grupos terroristas, más allá del yihadismo, que se hallan en el país. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU muestra informes que relatan cifras realmente preocupantes. En el primer trimestre de 2025 recibieron 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de niños por grupos terroristas a través de las redes sociales, lo que muestra una problemática preocupante y la incapacidad de paralizar este tipo de acciones que efectúan. Según el estudio, los extremistas se aprovechan de niños que se encuentran en situaciones previas de vulnerabilidad, ante barreras en la garantía y el acceso a los derechos humanos. Hoy en día, no somos todavía conscientes como sociedad de la magnitud de las redes sociales y que lo ocurrido en ellas, es un fenómeno que atañe a todos, siempre pensamos que a nosotros mismos nunca nos ocurriría, que lo que escuchamos son casos aislados o que la magnitud no es tanta como se oye.  Hacemos oídos sordos ante el aumento de casos de reclutamiento y nos creemos inmunes ante estas redes, pero no existe nada más lejos de la realidad. Tú propio hijo, amigo o hermano puede estar siendo víctima de un grupo terrorista que solo lo va a utilizarlo de medio para conseguir su propio fin, la propagación de sus ideologías radicales.  Entre todos, debemos tener cuidado con las redes sociales, las cuales tienen cabida para todo tipo de pensamientos y situaciones. Estas, son un arma de doble filo, pudiendo ser manipuladas a beneficio de cualquiera y esto incurre en el peligro de no saber qué hay detrás de un comentario. Debemos ser conscientes y prevenirnos ante este tipo de victimarios que lo único que hace es sembrar odio y pánico en un mundo que, hablando en claro, ya está sobrado de todo ello.

Artículo escrito por: José Manuel Jiménez Vidal y Andrea Bastida Rubio. La lucha contra el terror: seguridad frente a derechos humanos La llamada “Lucha contra el Terror" ha jugado un papel central en el discurso político de numerosos Estados clave desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, la seguridad internacional se reconfiguró profundamente, situando la amenaza terrorista en el núcleo de las prioridades estratégicas, especialmente para Estados Unidos y sus aliados. Este giro dio lugar a una respuesta global basada en la prevención, la intervención y el refuerzo de la cooperación en inteligencia, con escenarios clave en Oriente Medio y Asia Central, como Afganistán e Irak. Sin embargo, esta nueva orientación no solo transformó la manera de enfrentar el terrorismo, sino que también intensificó la tensión entre seguridad y derechos humanos. Para garantizar la estabilidad y prevenir amenazas, muchos Estados ampliaron sus capacidades de vigilancia, endurecieron la legislación y adoptaron medidas excepcionales en detención e interrogatorio, lo que ha generado debates persistentes sobre los límites del derecho internacional, la prohibición de la tortura y la protección de las libertades fundamentales, planteando la pregunta de si la seguridad puede convertirse en justificación para la erosión sistemática de derechos. Un ejemplo paradigmático es Guantánamo Bay, centro de detención estadounidense abierto en 2002, concebido como un espacio jurídico fuera del alcance pleno de la Constitución y de los Convenios de Ginebra. Allí, cientos de sospechosos permanecieron años sin acusación formal, sometidos a técnicas coercitivas como waterboarding , privación prolongada de sueño, posturas de estrés y confinamiento extremo, que algunos organismos internacionales han calificado como tortura. Las consecuencias físicas y psicológicas de estas prácticas se mantienen incluso en personas liberadas, evidenciando el impacto duradero de políticas excepcionales normalizadas en nombre de la seguridad. Más allá de los abusos individuales, Guantánamo representó un precedente sobre cómo la institucionalización de la excepción puede redefinir los límites legales y morales en contextos de amenaza global, un modelo que inspiró debates similares en otros países sobre detención preventiva y vigilancia masiva. Europa en alerta entre seguridad reforzada y libertades en tensión En Europa, la lucha antiterrorista ha impulsado un proceso de securitización que también tensiona derechos fundamentales. Tras los atentados en Madrid, Londres o París, se reforzó la cooperación entre Estados y se ampliaron los poderes estatales, como los arrestos domiciliarios sin orden judicial en Francia o la detención prolongada sin cargos en Reino Unido, junto con vigilancia masiva de comunicaciones. Aunque estas medidas buscan prevenir ataques reales, han suscitado críticas por su efecto sobre la privacidad, el derecho a un juicio justo y la proporcionalidad en la restricción de libertades civiles. Esta tendencia evidencia que incluso las democracias consolidadas, al enfrentar amenazas concretas, pueden normalizar excepciones y redefinir los límites entre seguridad y derechos, generando un debate sobre hasta qué punto las medidas de emergencia pueden integrarse sin alterar el equilibrio constitucional. China y Rusia representan un enfoque más extremo, donde la seguridad nacional y la estabilidad estatal se sitúan por encima de los derechos individuales. En China, desde 2017 en Xinjiang se han documentado detenciones masivas de uigures en campos de “reeducación” caracterizados por la ausencia de garantías judiciales, adoctrinamiento político, vigilancia tecnológica intensiva, tortura y trabajos forzados. Estas políticas han provocado la separación de familias y han sido calificadas por organismos internacionales como crímenes contra la humanidad. Testimonios de familias en el exilio, como los de Mihriban Kader y sus hijos, muestran adolescentes recorriendo miles de kilómetros para intentar reunirse con sus padres, enfrentando restricciones legales, hostigamiento policial y discriminación por su origen étnico, lo que evidencia el profundo costo humano de estas políticas. Pekín, por su parte, justifica estas medidas como parte de su estrategia de desradicalización y lucha contra el extremismo, argumentando que buscan preservar la estabilidad social y la seguridad nacional, mientras minimiza las críticas internacionales, defendiendo sus acciones ante la ONU y otros organismos multilaterales. El modelo China-Rusia frente a los derechos En Rusia, la expansión de leyes antiterroristas y antiextremistas, especialmente desde 2022, ha permitido perseguir a disidentes mediante condenas por “justificación del terrorismo”, juicios a puerta cerrada, inclusión en listas de terroristas sin control judicial y restricciones económicas. Casos como los del opositor Aleksei Gorinov o del adolescente Arseni Turbin muestran cómo estas leyes se utilizan sistemáticamente para silenciar críticas al gobierno, restringir la libertad de expresión y controlar el discurso público, afectando a periodistas, activistas, organizaciones civiles y la sociedad en general. La designación de ONG como extremistas, la censura de medios y plataformas digitales, y la criminalización de la disidencia consolidan un marco de represión bajo la bandera de la seguridad nacional, generando un efecto intimidatorio que se extiende más allá de los individuos directamente afectados. Estos ejemplos ilustran cómo leyes de redacción ambigua y aplicación arbitraria se convierten en instrumentos de control político, justificados por la necesidad de proteger al Estado de amenazas internas y externas. China y Rusia refuerzan además su cooperación en seguridad, mediante ejercicios militares conjuntos, coordinación en organismos como la Organización de Cooperación de Shanghái y normativas que priorizan la ciberseguridad, limitando la influencia externa. Esta estrategia se fundamenta en la defensa de la soberanía y la no injerencia, contrastando con Occidente, donde los Estados buscan equilibrar la protección nacional con la defensa de los derechos fundamentales. Mientras la seguridad se presenta como prioridad absoluta en Beijing y Moscú, la comunidad internacional observa estas prácticas con preocupación, señalando violaciones sistemáticas de derechos humanos y la necesidad de mecanismos de supervisión independientes, como los pedidos por la ONU y el Parlamento Europeo. La experiencia global muestra que, aunque la lucha contra el terrorismo es indispensable, el verdadero desafío reside en hallar un equilibrio entre seguridad y libertades, evitando que la protección de la sociedad se traduzca en la erosión permanente de derechos fundamentales y recordando que la estabilidad estatal no debe justificarse a costa de la dignidad y la libertad de las personas. Condiciones penitenciarias y dignidad humana Basándonos en el análisis contemporáneo de los sistemas penitenciarios contemporáneos, podemos observar una tensión estructural entre el ejercicio del poder punitivo del Estado y la garantía de la dignidad humana, especialmente ante un mundo donde las Reglas Mandela –protección de la sociedad contra el delito, reinserción y reducción de reincidencia– son cada vez más denostadas. A escala mundial, el encarcelamiento constituye el problema más extendido: prisiones en al menos 155 países operan por encima de sus capacidades, lo que evidencia una crisis estructural que trasciende modelos políticos y niveles de desarrollo. Este fenómeno no solo socava las condiciones materiales de detención, sino que también propicia violencia, corrupción institucional y vulneraciones masivas de derechos considerados como fundamentales. Un buen ejemplo lo encontramos en Brasil, donde la crisis carcelaria se ha manifestado de forma particularmente aguda desde inicios de los 2000 –similar a otros casos continentales como Perú, México, Colombia o Ecuador–. Asimismo, informes internacionales han documentado una combinación de hacinamiento extremo, escasez de personal y control efectivo de los centros penitenciarios por parte de organizaciones criminales. La baja ratio de funcionarios de prisiones –en ocasiones inferior  un guardia por cada treinta internos– ha facilitado motines recurrentes y episodios de violencia fatal. En consecuencia, informes de las Naciones Unidas han advertido que el hacinamiento genera “frecuentes motines”y el uso sistemático de la fuerza y la tortura como mecanismo coercitivo. La prisión, lejos de cumplir una función resocializadora, se convierte así en un espacio de reproducción de la criminalidad. Por su parte, otro caso es el de Ankara. Turquía ofrece un ejemplo paradigmático de expansión punitiva en contextos de crisis políticas. Tras el intento de golpe de Estado en 2016, el Estado llevó a cabo detenciones masivas de opositores, periodistas y funcionarios públicos. Este proceso saturó el sistema penitenciario, generando denuncias de hacinamiento, restricciones de acceso a defensa legal y deterioro de las condiciones sanitarias. La excepcionalidad política se acabó traduciendo en una normalización de prácticas restrictivas que tensionan los estándares internacionales de los derechos humanos. En Irán, Cuba, Bielorrusia, Venezuela, Siria o Rusia, la problemática adquiere una dimensión aún más grave en relación con los presos políticos. Organismos internacionales y ONG´s han documentado el uso sistémico de la tortura, el aislaimiento prolongado o las confesiones forzadas contra disidentes y manifestantes. Estas prácticas vulneran las normas más básicas del derecho internacional y plasman el uso de la prisión como instrumento de represión política, más que como un mecanismo de justicia penal. Por otro lado, el caso salvadoreño, especialmente relevante tras el régimen de excepción iniciado en 2022, ilustra una deriva actual hacia modelos de encarcelamiento masivo. El país ha alcanzado tasas de encarcelamiento sin precedentes, con decenas de miles de detenciones relacionadas a las históricas “maras”, aunque muchas de ellas consideradas como arbitrarias según relatores externos. Informes recientes señalan el hacinamiento extremo –con espacios inferiores a medio metro cuadrado por persona–, prácticas considerables como tirtura y más de 500 muertes bajo custodia estatal. Aunque estas políticas han reducido drásticamente la violencia en El Salvador, el coste en términos éticos de los derechos humanos plantea nuevos interrogantes fundamentales sobre la legitimidad del modelo, especialmente para países que atraviesan olas de violencia sistémica por grupos no estatales. Dimensión geopolítica y supervisión internacional La cuestión penitenciaria se inscribe en un marco geopolítico donde colisionan dos principios: la soberanía estatal y la supervisión internacional. Organismos como la ONU, el Comité contra la Tortura o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúan como mecanismos de vigilancia normativa, pero sus limitadas capacidades operativas y coercitivas les limitan. Los Estados, en particular aquellos con tendencias autoritarias o en contextos donde priman su seguridad, suelen invocar la soberanía para rechazar injerencias externas. Mientras, otros países parecen mostrar nuevas dinámicas de poder por intervenciones directas en terceros Estados, inclusive cuando la problemática es carcelaria, como ha sucedido con el caso venezolano por parte occidental o en el Líbano por parte de Irán.  Ante este contexto, emergen diferencias significativas entre democracias liberales institucionalistas, democracias débiles y regímenes autoritarios –destacando aquellos con tendencias teocráticas, totalitarias o autoritarias—. Mientras que las dos primeras, aunque imperfectas, tienden a mantener mecanismos de control judicial, transparencia y acceso a supervisión internacional, los terceros utilizan con frecuencia el sistema penitenciario como herramienta de control político, limitando el escrutinio externo y normalizando prácticas abusivas, ejemplo que podemos ver reflejado en Corea del Norte, Myanmar o Haití. Conclusión El equilibrio entre la seguridad –vital para cualquier Estado–, justicia y dignidad humana constituye uno de los desafíos centrales de los sistemas penales y de poder contemporáneos. Si bien el encarcelamiento sigue siendo una herramienta completamente legítima del Estado –mucho más justificada que la pena de muerte–, su uso indiscriminaod y en condiciones degradantes erosiona la legitimidad institucional y perpetúa ciclos de violencia, recordando a otros tiempos y lugres donde la justicia era impuesta por ideologías o sistemas, como en la Alemania Nazi o la Unión Soviética y sus esferas. Los retos futuros pasan por reducir el hacinamiento mediante políticas alternativas al encarcelamiento que no pasen por la injusticia o la amnistía injustificada, el fortalecimiento de mecanismos de supervisión independientes y la garantización de estándares mínimos de trato humano –un debate completamente actual entre los estudiosos del derecho de los derechos humanos, especialmente en cuanto a la aplicación de las Reglas Mandela–. No puede existir seguridad sostenible o duradera sin respeto al Estado de derecho: la prisión no debe ser un lugar de excepción, sino un reflejo amargo de los valores democráticos que pretende proteger.

Probablemente, pocos animales levantarán tantas pasiones a nivel mundial como lo han hecho los osos panda en estas últimas ocho décadas. Esta especie animal, originaria de las regiones centrales de China, especialmente de las montañas de Sichuan, ha conseguido no sólo cautivar millones de corazones alrededor del globo, sino crear un emblema nacional con carácter diplomático propio. No es desconocido para nadie el protagonismo que estos graciosos y rechonchos osos logran captar por donde vayan, así como el efecto que provocan; merchandising, anuncios, programas, eventos; y sobre todo; el papel y dinero que generan para el zoo que los posee. Albergar un par de estos animales es el equivalente al oro olímpico para un zoológico. De hecho, esta especie es tan icónica que hasta el logotipo de World Wild Life es a día de hoy un panda, suceso que se debió al panda Chi-Chi —panda gigante que vivía en el zoológico de Londres en 1961, el cual no formó parte de la diplomacia del panda, y, vivió en el año de creación del WWF—. No es casualidad que el panda haya sido el animal escogido, de hecho se hizo de tal forma porque se le consideró como una especie reconocible a nivel mundial, más allá de las barreras idiomáticas y teniendo en cuenta su popularidad general. Éste protagonismo es vital, tanto para la conservación del panda gigante como especie y  para la reputación de China. En consecuencia, el gigante asiático no sólo ha creado centros de conservación o campañas para rescatar a esta especie que hasta hace muy poco se encontraba en peligro de extinción —ahora en calidad de especie vulnerable—, sino que ha creado un completo entramado de redes internacionales mediante estos simpáticos animales. El primer vestigio de la denominada como “diplomacia del panda” data de 1941. No obstante, pese a los pocos vestigios, siglos antes, la diversas dinastías habían comerciado con pieles de estos animales, especialmente entre gobiernos chinos y el Tíbet, lo que evidencia la importancia de la especie en la tradición de la alta política china y su presencia cultural. Sin embargo, fue Madame Chiang quien realmente puso al panda como punto central, cambiando su importancia para el devenir de la historia. Madame Chiang —Soong May-ling— fue la menor de las tres hermanas Soong —las tres mujeres más relevantes e influyentes en la política y sociedad china del momento— y esposa del presidente Chiang Kai-shek, lo que le dotó de real importancia en la política nacional de la República de China — que no la China comunista— y en la Sociedad de Reconstrucción de China —también denominado como “camisas azules”, facción ultranacionalista secreta del Kuomintang inspirada por los fascistas italianos y alemanes fundado por Chiang Kai-shek y compuesto por élites políticas, a diferencia de los camisas pardas alemanas o los camisas negras italianos formados por el pueblo en general.—. De tal forma, Madame Chiang, envió una pareja de pandas a los EEUU en forma de agradecimiento al apoyo americano al Kuomintang y a los refugiados chinos contra la ocupación y violencia por parte de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Chiang quería demostrar de una forma original su agradecimiento, por lo que gracias a David Crockett Graham capturaron a dos pandas para ser enviados al otro lado del Pacífico. Sin embargo, el envío de los pandas ocurrió coetáneamente al ataque japonés en Pearl Harbour, por lo que cuando los pandas pisaron suelo estadounidense camino al zoológico del Bronx apenas ocuparon una breve columna en los periódicos, en vez de las portadas que se esperaban que tuvieran. Tras la caída de la República de China y el alzamiento de la República Popular de China —comunista—, la diplomacia del panda sufrió un breve parón. No sería hasta 1957 cuando Pekín enviaría a la Unión Soviética a Ping Ping, uno de estos animales, como símbolo de buena voluntad y en celebración del 40º aniversario de la Revolución Comunista. En 1959, China mandaría de nuevo otro ejemplar a Moscú, mientras regalaba otros cinco a Pionyang, lo que se les denominó como los “pandas comunistas”. Años después, en 1972, se haría lo mismo tras la visita del presidente Nixon al país, lo cual cambió el rumbo de las relaciones entre China y los EEUU, así como la relación de los mismos con la URSS, siendo los primeros pandas enviados en más de veinte años a los EEUU por Mao Zedong. No obstante, previamente a EEUU, China envió a Lan Lan y Kang Kang a Japón, en motivo de la normalización de las relaciones. En consecuencia a los pandas enviados a EEUU —Ling-Ling y Hsing-Hsing—, Reino Unido también demandó un par de estos animales a petición del Primer Ministro Edward  Heath, quien observó en la diplomacia del panda un acercamiento sutil y discreto cara al pueblo hacia el país asiático, llegando en 1974 los primeros pandas a Londres enmarcados en la diplomacia del panda. Con la llegada al poder de Deng Xiaoping, se modificó la política respecto a los pandas. En consecuencia, desde 1984, los pandas chinos serían arrendados y ya no regalados a gobiernos extranjeros. Los primeros pandas en venir con estas tasas fueron los regalados por China a la ciudad de Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos de 1984, a cambio de 50,000$ al mes por cada uno. En 1991, los arrendamientos se extendieron, llevando a contratos por década y a valores superiores al millón de dólares al año y por ejemplar —más el costo de su mantenimiento, bienestar, alimentación y demás aparte—. Asimismo, los pandas nacidos en territorio extranjero le pertenecen a la República Popular China, hecho que todavía sigue siendo así. Sin embargo, en 1988, gracias a una demanda del Fondo Mundial para la Naturaleza, se pactó que los zoológicos estadounidenses que poseían pandas, tiempo después extendido a otros parques, debían hacerlo si el gobierno chino garantizaba invertir mínimo el 50% de los beneficios en la conservación de la especie, hecho que se ha cumplido desde entonces a excepción de los pandas regalados al zoológico de Hong Kong en 2007 —ya que Pekín lo considera como propio—. Esta política diplomática se extendió durante las décadas de los setenta y ochenta, mandando pandas a países como España, sexto país extranjero con pandas en el mundo en aquel entonces con la llegada de Chang Chang y Shao Shao, regalados tras la visita de los los Reyes Juan Carlos I y Doña Sofía a China en 1978.  Así pues, especialmente tras 2008, la diplomacia del panda se extendió, ya que el terremoto de Sichuan provocó que las instalaciones de la conservación de estos animales fueran dañadas, lo que llevó al gobierno chino a prestar más de 60 ejemplares a otros gobiernos para preservar la especie. China confió especialmente en naciones que ya contaban previamente con experiencia con la especie y su reproducción, como el caso de España (primer país en conseguir crías de panda mediante inseminación fuera de China), Reino Unido, México (primer país donde nació una cría de panda fuera de China), Japón o EEUU, y, países que mantenían lazos económicos estrechos, como Australia —mandando a Wang Wang y  Fu Ni a Adelaide—. Además, otros casos donde se han plasmado esta dinámica diplomática son: la llegada de la pareja de pandas  Fu Wa y Feng Yi al Zoológico Nacional de Malasia para conmemorar los 40 años de lazos diplomáticos entre ambas naciones. De igual forma, la pareja Cai Tao y Hu Chun, quienes llegaron a Yakarta, Indonesia, para celebrar los 60 años de relaciones entre los países. Así pues, los “contratos de arrendamiento” también se van renovando, como el caso de la pareja Hao Hao y Xing Hui ubicados en Bélgica desde 2014 y con contrato extendido hasta mínimo 2029. Mantener a estos animales es muy caro, de hecho diversos zoos han experimentado dificultades para mantener a sus parejas, y no sólo por el costo de la simple presencia de estos osos. Entre ellos, el zoo de Edimburgo, el cual tuvo que presionar a agricultores locales para que cultivarán bambú para alimentar a sus pandas, quienes comen una media de 40 kilos de bambú fresco al día, lo que les llevó a desembolsar más de 107.000$ en bambú, lo cual supone un costo cinco veces superior al de un elefante. Otro claro caso es el del zoo de Calgary, Canadá, el cual no pudo asegurar el suministro de bambú fresco a sus ejemplares, devolviendo finalmente la pareja a China. Asimismo, el zoológico de Copenhague tuvo que conseguir 24 millones de dólares en fondos privados para construir un recinto idóneo para los pandas arrendados, a un precio de millón de dólares por panda y año durante el periodo 2019-2034. Otro suceso no tan “simpático” relacionado con esta diplomacia fue el hecho sucedido en 2005, cuando Lien Chan —presidente del Kuomintang de Taiwán— visitó China continental. Se le ofreció entonces una pareja de pandas: Tuan Tuan y Yuan Yuan, pero el gobierno de la isla lo rechazó al ver la propuesta como una provocación debido a la posible indirecta de acercamiento a China, por lo que el gobierno taiwanés optó por declinar la oferta justificándose mediante excusas cara a la población local para mantener distancias con Pekín. Finalmente, en 2008 la pareja llegó a Taipei, tras aprobar el nuevo gobierno taiwanés su estancia durante cuatro años, posteriormente prorrogada pero sin un directo control chino. La práctica realizada con los pandas no ha quedado tampoco exenta de copias alrededor del mundo. En 2009, el gobierno de las Islas Seychelles regaló un par de tortugas gigantes de Aldabra al Zoológico de Shanghái por la celebración de la Exposición Mundial de 2010 en la ciudad. Del mismo modo, Mongolia mantiene una tradición similar con los caballos mongoles cuando un mandatario visita el país o Filipinas mediante las águilas filipinas, regaladas en 2019 a Singapur. Actualmente, podemos encontrar pandas gigantes chinos en unos veinticinco zoológicos fuera de China en una veintena de países. No obstante, todos ellos, a excepción de los pandas de México, Hong Kong y Taiwán, son de plena propiedad china, lo que puede significar el cambio de ejemplares, la suspensión de los contratos y el cumplimiento de condicionantes cuando China lo exija. Un ejemplo real de los hechos ha ocurrido recientemente con los ejemplares del zoo de Memphis (EEUU), los cuales han sido retirados por alegaciones relacionadas a faltas de debidos cuidados, caso similar al que ya ocurrió con los pandas del zoo de Chiang Mai (Tailandia). Todo ello, atiende a los contextos políticos, económicos y sociales internacionales, por lo que los pandas son una especie de “predicción” de cómo y cuándo China va a acarrear medidas contra un país extranjero más que como un simple “embajador” de la imagen china. Si Pekín presta pandas, será una buena época para las relaciones, si los quita, probablemente las relaciones se deterioren significativamente, como está sucediendo con los pandas de EEUU tras la llegada de Trump. Así, en el tablero de ajedrez que es el mundo, China no moviliza ejércitos, sino osos; no despliega cañones, sino ternura pura en blanco y negro. Cada panda que sale de las fronteras chinas, no es un simple animal prestado como símbolo de paz, sino un mensaje diplomático calculado, un gesto amable que esconde una estrategia directa y firme. Es la fusión entre el soft y el hard power, entre lo emocional y lo estructural. Ten un panda y tendrás un tesoro que guardar, el cual habrás de resguardar para mantener. China mueve sus pandas con visión, conociendo que cada jaque de simpatía abre la puerta a su influencia y  mercados. En esta partida de ajedrez, el panda no es un simple peón: es el rey del tablero.