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El pasado 29 de octubre, Lituania se vió obligada a cerrar los aeropuertos de la capital Vilna y Kaunas, tras el sobrevuelo de decenas de globos aerostáticos cargados con productos ilegales de contrabando, como tabaco, con origen en Bielorrusia. Este hecho plantea la cuestión de si Rusia ha tenido algo que ver en esta nueva provocación y cual es el papel que tiene Bielorrusia en la guerra que ha desarrollado Rusia en Ucrania y Europa. Reacción de Lituania Tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad de Lituania por la violación de su espacio aéreo, se acordaron medidas, las cuales, presentó la primera ministra Inga Ruginienė, que incluyen la luz verde para derribar aviones cargados de contrabando; la propuesta de un nuevo paquete de sanciones por parte de la UE y la activación del equipo de respuesta híbrida de la UE; la revisión del Código Penal, para aumentar la responsabilidad penal por la posesión ilegal de productos sujetos a impuestos de pequeño valor cuando se utilice drones o globos para su transporte; el cierre de fronteras con Bielorrusia, con excepciones a los ciudadanos lituanos y de la UE que quieran entrar en Lituania desde Bielorrusia; y asistencia a los ciudadanos afectados por el retraso de los vuelos.   Pero no había sido la primera vez que el espacio aéreo lituania se veía violado, ya que tan solo 6 días antes un caza y un avión cisterna de origen ruso había penetrado su espacio aéreo por 18 segundos y unos 700 metros, desde el enclave ruso de Kaliningrado, lo que obligó a despegar dos cazas españoles de la OTAN y alertó al presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, el cual ha resaltado en Bruselas la necesidad de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea. Ataques híbridos Este tipo de ataques se han multiplicado a gran escala en los últimos dos años, mediante sabotajes contra objetivos europeos y estadounidenses en Europa, que suministraban materiales a Ucrania y daban refugio a desertores rusos. Según un informe del  Center for Strategic and International Studies (CSIS) de marzo de 2025, entre sus principales objetivos se encuentran: el sector de transportes (27%), como trenes o aviones; el sector gubernamental (27%), con ataques a funcionarios, bases militares o pasos transfronterizos; infraestructuras críticas (21%), como oleoductos y cables submarinos de fibra óptica; e industria (21%), a empresas de defensa. Esta creciente amenaza tanto a Ucrania como a Occidente en su conjunto proviene de Rusia y aunque en menor medida también de Bielorrusia. Esto nos hace preguntarnos cuál ha sido el papel de Bielorrusia en la guerra de Ucrania. Relaciones entre Putin y Lukashenko Para poder analizar el rol que ha tenido Bielorrusia en el conflicto, hay que analizar las relaciones que han tenido ambos países en los últimos años. Tanto Aleksandr Lukashenko (desde 1994) como Vladimir Putin (desde 1999) llevan varias décadas gobernando sus respectivos países, sin embargo, han tenido sus momentos de cooperación y de tensión. Bielorrusia ha mantenido relaciones más estrechas con Rusia que cualquier otro país de la esfera post soviética, desde la época de Boris Yeltsin. A mediados de la década de 1990, se firmaron varios tratados que orientaban a Bielorrusia a una posición prorusa. Estos tratados derivaron en el Tratado del Estado y la Unión firmado en diciembre de 1999. Este tratado, aunque ha estado marcado muchas veces por intereses contrapuestos, ha hecho que Bielorrusia abandone sus aspiraciones a acercarse a Europa y Occidente, y la integración política y económica con Rusia como prioridad principal de su política exterior. Además, Bielorrusia concede seguridad a Rusia, a medida que la UE y la OTAN han ido avanzando hacia el este. En cambio, Bielorrusia se ha beneficiado de suministros energéticos preferenciales, acceso al mercado ruso y recursos financieros. Sin embargo, 2020 significó un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países. En agosto de ese año se celebraron las elecciones que proclamaron a Aleksandr Lukashenko presidente del país por sexta vez consecutiva, siendo el único presidente del país desde la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, estallaron grandes protestas en todo el país debido al fraude en las elecciones, pero el uso de la fuerza y el apoyo del presidente Putin aseguraron la supervivencia del régimen de Lukashenko. Tras ello, Lukashenko, el cual en los últimos años se había mostrado reticente a aceptar propuestas de Putin, ahora se veía obligado a aumentar la integración política, económica y militar.  Debido a ello, Lukashenko aprobó 28 de los 31 puntos del plan de Rusia para integrar a Bielorrusia de forma económica y financiera. Aunque este plan no ha supuesto la creación de instituciones supranacionales o de una moneda común, los intereses económicos rusos se han visto más beneficiados que los intereses nacionales bielorrusos.   Además, en 2021 tuvo lugar el Zapad, un gran ejercicio militar conjunto en suelo bielorruso para ensayar ataques urbanos y estrategias de defensa contra Occidente, como el establecimiento de un centro de entrenamiento conjunto para la Fuerza Aérea y Defensa Aérea. Por otra parte, tan solo unos días antes del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo otra maniobra de entrenamiento militar conjunta, donde se desplegaron más de 30.000 soldados rusos a suelo bielorruso. Guerra de Ucrania El 24 de febrero de 2022, Putin anunció en un discurso televisado el desarrollo de una operación militar especial en Ucrania, dando comienzo a una guerra que sigue activa. Lukashenko ha querido desde un principio intervenir en el conflicto como mediador y no mediante la intervención directa. Sin embargo, desde Occidente se ha rechazado esta alternativa debido a la complicidad entre ambos países, ya que las fuerzas rusas operan desde territorio bielorruso, lo cual haría qué Lukashenko sea un mediador imparcial, acabando con toda posibilidad de que intervenga como mediador. Los ataques hacia Lugansk, Donetsk, Crimea y Járkov se lanzaron desde Rusia, sin embargo la ofensiva hacia Kiev tiene su origen desde el territorio bielorruso, aunque se cuestiona si Lukashenko tenía conocimiento sobre esta ofensiva lanzada desde su territorio. Tras el ataque a Kiev, las tropas rusas volvieron a Bielorrusia para ser reubicadas en el este.   Desde entonces, Bielorrusia ha brindado apoyo en la contienda a Rusia de muchas maneras. En primer lugar, Bielorrusia ha servido como un punto de apoyo logístico, ya que Rusia ha tenido total libertad de movimiento en Bielorrusia y ha podido mantener su material militar, como aeronaves militares y sistemas de defensa aérea en el territorio bielorruso. Específicamente, la región de Gomel, la cual comparte alrededor de 660 km de frontera con Ucrania (60% de la frontera total), ha sido una gran base de suministro y logística para Rusia, donde ha podido utilizar sus ferrocarriles y aeródromos, además de servir como punto de reparación del equipamiento dañado, atención de heridos y suministro de combustible y alimentos. En cuanto al apoyo militar, Bielorrusia ha suministrado munición de su propio arsenal desde marzo de 2022 hasta la actualidad. En octubre de ese mismo año, Bielorrusia empezó a transferir diversos materiales a las Fuerzas Armadas de Rusia, entre los que se encuentran decenas de tanques T-72 y T-72A, vehículos de combate de infantería BMP-2 y camiones Ural, así como material no militar, especialmente botiquines de primeros auxilios. Además, a la vez que el traspaso de material, se movilizaron tropas rusas a Bielorrusia, instalándose en los campos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. También se movilizaron expertos bielorrusos a Rusia para reparar el material dañado en la guerra.   Sin embargo, no se ha registrado participación directa de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el conflicto, ya que esto generaría rechazo en la población civil y desestabilizaría al régimen de Lukashenko, cosa que a Rusia no le conviene. Asimismo, Bielorrusia no tiene la capacidad militar y armamentística para poder mantenerse en el conflicto. Por último, el régimen de Lukashenko ha influido en la opinión pública a través del apoyo público de la ofensiva de Rusia, como muestra de lealtad al Kremlin, mediante discursos agresivos contra Occidente y garantizando la protección de las fronteras del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Además, los medios bielorrusos recogen noticias sobre la guerra de Ucrania desde los medios rusos, emitiéndose sin ninguna modificación. Sanciones Aunque Bielorrusia no haya intervenido directamente en la guerra de Ucrania, se le han impuesto múltiples sanciones por su implicación, tal como dicta la Resolución ES‑11/1 de la Asamblea General de la ONU del 2 de marzo de 2022, con 141 votos a favor y 5 en contra (entre ellos el de Bielorrusia), donde condena la agresión rusa en Ucrania y la implicación bielorrusa. Por parte de la Unión Europea se han impuesto 18 paquetes de sanciones a Bielorrusia, donde se les ha prohibido los viajes a la UE para los sancionados (310 individuos y 46 entidades), además de la congelación de sus activos. Se ha prohibido la exportación a Bielorrusia de armas de fuego y materiales utilizados para la tecnología de la aviación, navegación marítima, industria espacial y de defensa; así como la importación desde Bielorrusia de oro, diamantes, helio, carbón, minerales, petróleo crudo, entre otros. También se prohíben las transacciones con cuatro bancos bielorrusos y el Banco Central Bielorruso, el suministro de billetes denominados en euros y el aumento de aranceles sobre productos agrícolas y fertilizantes. Por parte de Estados Unidos, las sanciones han venido en cuatro tandas, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación del régimen. Las sanciones incluyen la restricción de los visados, el bloqueo de los bienes de los sancionados en EEUU, así como la posibilidad de llevar a cabo transacciones y controles en la exportación de bienes militares y tecnología militar a Bielorrusia. Por otro lado, también han llegado grandes sanciones desde Reino Unido en hasta seis ocasiones, donde prohibieron la exportación de bienes estratégicos, tecnología avanzada o bienes de lujo, y la importación de aluminio cemento, oro, joyería, madera, caucho, hierro o carbón, además de la imposición de aranceles. Conclusión Tras este análisis de la implicación de Bielorrusia en la guerra que lleva a cabo Rusia contra Occidente, Bielorrusia seguirá siendo una amenaza para sus vecinos bálticos, como ha sido el caso de los globos cargados de productos ilegales que llegaron a Lituania, como para Ucrania, ya que Rusia se beneficia del territorio bielorruso para llevar a cabo entrenamientos militares, así como los más de 1.000 km de frontera entre Bielorrusia y Ucrania para llevar a cabo ofensivas con mayor facilidad sobre Kiev. De igual manera, la imposición de sanciones hace que Bielorrusia dependa aún más de Rusia, haciendo que la integración sea cada vez mayor.

Fiyi, archipiélago del Pacífico Sur, es un Estado pequeño en tamaño pero sorprendentemente amplio en diversidad étnica y cultural. Su población se compone principalmente de los iTaukei, indígenas fiyianos que representan aproximadamente el 57,35% de los habitantes, y los indo-fiyianos, descendientes de inmigrantes indios traídos por los británicos durante la época colonial, que constituyen alrededor del 37,64%. La interacción entre ambos grupos ha sido uno de los ejes que ha definido la historia política, social y económica del país, alternando periodos de cooperación con momentos de tensión y conflicto abierto. La llegada de los indo-fiyianos se remonta a finales del siglo XIX, respondiendo a las necesidades de mano de obra necesaria para las plantaciones de caña de azúcar fiyianas, bajo la administración colonial. Inicialmente, los trabajos eran contratados por períodos limitados, pero muchos terminaron asentándose de manera permanente, formando comunidades con estructuras sociales, culturales y lingüísticas propias. Esta comunidad ha desarrollado sistemas de educación, comercio y religión independientes: los indo-fiyianos hablan indostaní, profesan mayoritariamente el hinduismo y el islam, y mantienen tradicionesculturales que los diferencian de los iTaukei, que preservan su lengua y religión cristiana, esencialmente metodista. Este mosaico cultural, si bien puede ser enriquecedor en muchos aspectos, también ha sido fuente de fricciones históricas. Desde el punto de vista económico, las diferencias entre ambos grupos han sido más que notables. Los iTaukei poseen la mayor parte de tierras del país, bajo un sistema comunal basado en la propiedad ancestral y regulado por la ley, mientras que los indo-fiyianos han dominado el sector comercial, financiero y agrícola más moderno, especialmente en las plantaciones de azúcar o el comercio urbano. Esta dicotomía ha generado desigualdades percibidas, resentimientos y, competencia por el control político, alimentado de las tensiones y señalamientos étnicos mutuos. Tras la independencia en 1970, las tensiones se trasladaron de lo social y económico a lo político. La representación parlamentaria, el acceso a cargos de poder y los derechos sobre la tierra se convirtieron en temas centrales de la agenda nacional. La percepción de que los indo-fiyianos concentraban la riqueza nacional y la educación generó sentimientos de exclusión entre los iTaukei, mientras que los indo-fiyianos se sentían limitados por leyes y prácticas políticas que buscaban proteger las tierras indígenas, creando un ciclo de desconfianza mutua contínua.   Estas tensiones han derivado en diversos golpes de Estado a lo largo de la historia reciente en Fiyi. En 1987, un golpe liderado por oficiales iTaukei derrocó al gobierno, en gran parte compuesto por líderes indo-fiyianos, argumentando la necesidad de proteger los intereses de los indígenas. En el año 2000, un grupo extremista tomó el parlamento y mantuvo a líderes secuestrados, nuevamente utilizando argumentos étnicos para justificar sus acciones. El golpe de 2006, aunque con motivos más complejos, también reflejan tensiones étnicas latentes, mostrando que la política fiyiana sigue profundamente marcada por la división entre comunidades. Además de los conflictos políticos, Fiyi ha enfrentado problemas sociales derivados de esta división étnica. Las tensiones se reflejan en el acceso desigual a educación, empleo y servicios sociales en algunas regiones, especialmente en áreas rurales donde la mayoría de los iTaukei reside. La migración interna hacia las ciudades, donde predominan los indo-fiyianos en el comercio y la industria, ha generado conflictos territoriales y competencia por recursos limitados. Asimismo, las diferencias culturales y religiosas han provocado malentendidos y, en ciertos casos, discriminación sutil o explícita. La identidad nacional también ha sido un contínuo desafío. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para promover una sociedad inclusiva, las memorias históricas de desigualdad y exclusión siguen influyendo en la manera en que ambos grupos se autoperciben. Los indo-fiyianos, aunque económicamente activos, a menudo se sienten políticamente marginados, mientras que muchos iTaukei temen la pérdida de su tierra, cultura y privilegios históricos. Estas percepciones afectan la política, la educación y la vida cotidiana, creando un escenario donde la cooperación requiere de una voluntad constante con medidas estructurales que equilibren las tensiones. El sistema educativo ha intentado abordar estas divisiones, promoviendo el aprendizaje intercultural y la educación cívica. Sin embargo, aún existen barreras: escuelas predominantemente indo-fiyianas o iTaukei refuerzan diferencias lingüísticas y culturales, mientras que la enseñanza bilingüe y la promoción de la identidad nacional se enfrentan a limitaciones logísticas y presupuestarias. La falta de integración educativa perpetúa estereotipos y refuerza una segregación social motivada por las Partes. En el plano económico, la dependencia de la caña de azúcar y el turismo también ha generado tensiones. La distribución de beneficios y el acceso a créditos, tierras arrendadas y mercados son percibidos de manera desigual, lo que a veces exacerba los conflictos entre comunidades rurales y urbanas. De tal forma, la emigración de indo-fiyianos hacia Australia, Nueva Zelanda y otros países ha afectado a la composición demográfica, aliviando parcialmente tensiones económicas pero generando preocupación entre los iTaukei por la “fuga” de mano de obra, cerebros y capital humano a nivel nacional. A pesar de estos desafíos, Fiyi ha dado pasos importantes hacia la reconciliación y la construcción de una identidad nacional más inclusiva. Las reformas constitucionales recientes han buscado garantizar igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, y promover la participación política sin sesgo. Programas sociales y comunitarios buscan fomentar el diálogo intercultural, la cooperación económica y la comprensión mutua. No obstante, el camino hacia la armonía étnica es todavía complejo. La historia de tensiones profundas, los golpes de Estado pasados, las desigualdades económicas, las diferencias culturales y los nuevos retos ligados a la globalización requieren un enfoque sostenido de reconciliación, el cual, es difícil de mantener en países de este perfil. La convivencia pacífica no puede darse por sentada; requiere de políticas prácticas e inclusivas, educación intercultural, distribución de recursos de manera equitativa y, sobre todo, voluntad entre las Partes para superar rencores históricos. Hoy, Fiyi representa un ejemplo de cómo la diversidad étnica y cultural puede coexistir con desafíos. El país sigue construyendo un equilibrio que respete y preserve las tradiciones indígenas, mientras íntegra a todos sus ciudadanos en un proyecto común de desarrollo y cohesión social. La experiencia de Fiyi muestra que la paz y la estabilidad no dependen de acuerdos puntuales, sino de procesos continuos de diálogo, entendimiento y compromiso entre actores. En suma, Fiyi enfrenta una dualidad: la coexistencia entre iTaukei e indo-fiyianos ha sido fuente de riqueza cultural y económica, pero también de conflictos persistentes. Abordar estos problemas implica reconocer culpas, desigualdades, fomentar la integración y educación, y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades igualitarias y justas. La historia de Fiyi demuestra que los conflictos étnicos pueden mitigarse, pero mediante el respeto y el compromiso firme que derive en la reconciliación.

Cuando Benito Antonio Martínez Ocasio por el 2017 comenzó a volverse mundialmente famoso con temas como “Soy Peor” o “Pa ti” creo que nunca se imaginó que en pleno 2025 Donald Trump estaría hablando de él por su actuación en el medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2026, recientemente en una entrevista del presidente estadounidense en el medio conservador Newsmax dijo que “ No conocía a Bad Bunny, mucha gente no sabe quién es esta persona, una decisión absolutamente ridícula ” (Trump, septiembre 2025). Aunque a Trump le duela admitirlo, es muy complicado que no conociera a un artista con más de 133.717.647.232 streams totales en todas las plataformas musicales, un cantante que a nivel mundial fue el más escuchado entre 2020 a 2022 en Spotify y que su último álbum “Debí Tirar Más Fotos” estuvo en enero en la primera posición de las 200 más escuchadas de Billboard durante semanas con 11.5 millones de reproducciones en un solo día, lo que convierte a Bad Bunny en uno de los artistas hispanos más importantes de todos los tiempos.   Su último álbum es completamente distinto a todo lo que el artista ha hecho antes, este disco ha estado lleno de polémica por su mensaje político, en este Bad Bunny refleja el problema de la gentrificación en Puerto Rico por parte de los estadounidenses, esto con un fuerte mensaje a favor de la independencia de la isla, posición que ya desde hace años Benito ha resaltado tanto en entrevistas como en actos públicos. En este sentido, canciones como “Nueva Yol” reflejan un fuerte mensaje político, en su video musical, muestran la bandera de Puerto Rico en la Estatua de la Libertad, imagen que recuerda a una protesta en octubre de 1977 en la que un grupo de miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico subieron hasta la cima de la estatua y colgaron una bandera independentista. Posteriormente, en el mismo videoclip vemos como un grupo de personas escuchan alrededor de una radio, la voz recreada de Trump diciendo que "Cometí un error, me quiero disculpar con los inmigrantes en Estados Unidos, quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes". Este fuerte mensaje usando la voz del presidente estadounidense, coincidió con el inicio de las manifestaciones que se han llevado a cabo en todo el país en contra de las políticas migratorias que han enfrentado a la población en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York con la ICE (Servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos) cuerpo de seguridad que ha estado como punto principal de la polémica debido a la gran cantidad de redadas y detenciones arbitrarias que han hecho desde el inicio del nuevo mandato de Trump, acciones que se están considerando tanto por el partido Demócrata como por ONGs expertas en derechos humanos como totalmente desproporcionadas, debido a la falta de órdenes administrativas al momento de arrestar a inmigrantes en la calle y por la separación que se están realizando de padres y madres de sus hijos e hijas. A todo esto nos podemos preguntar, ¿El nuevo giro político de Bad Bunny viene dado por el contexto social e internacional, o el conejo malo siempre ha sido un activista social? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como parece, ya que si nos remontamos al primer mandato de Trump ya para entonces, hubo ciertos sucesos en Puerto Rico que llevaron a sus artistas a manifestarse en contra del gobierno, por ejemplo, en 2017 el huracán María devastó las isla dejando 4730 muertos, de este suceso muchos recordarán una imagen vergonzosa de Donald Trump arrojando papel higiénico a las personas afectadas en una visita que hizo a la isla después del paso del huracán. Durante este año, artistas como Ricky Martín, Wisin, Yandel, Arcángel y el mismo Bad Bunny alzaron la voz en contra de la mala gestión que se estaba llevando a cabo en la isla.   Luego en 2019, se destaparon unos fuertes casos de corrupción así como mensajes machistas y homófobos privados del gobernador de Puerto Rico de ese entonces, Ricardo Rosselló, que pertenecía al Partido Nuevo Progresista (favorable a la anexión total de la isla a Estados Unidos como estado número 51) a raíz de esto, los y las puertorriqueñas se levantaron contra su gobierno en una serie de manifestaciones que duraron semanas y terminaron con la renuncia del presidente. Para lograrlo fueron clave los personajes públicos de la isla y su alcance mediático, muchos cantantes alzaron la voz en contra del gobierno poniendo los ojos del mundo en Puerto Rico, además, en julio de ese año, Residente y Bad Bunny sacaron “Afilando los cuchillos” una canción con fuerte crítica al gobierno puertorriqueño y estadounidense, donde hablaban no sólo de los sucesos de ese año, sino también de las promesas imcumplidas desde 2017 después del paso del huracán María. Por otra parte, vemos que el álbum de Bad Bunny viene dado por algo mucho más profundo de la sociedad actual, ya que desde hace años estamos viendo una resignificación de la música y las raíces culturales, en este sentido lo que ha hecho Benito con “Debí Tirar Más Fotos” no es muy distinto a lo que ha hecho Rosalia con el flamenco o Rauw Alejandro con la salsa, esto lo que demuestra es una tendencia de los artistas a volver a los orígenes de su música y buscar sonidos más locales alejados de lo mainstream del género urbano, ya que, aunque irónicamente el reggaeton nació en Puerto Rico, podríamos decir que algo ya no lo sientes tan tuyo cuando consigue globalizarse al punto en el que ha llegado. Esto no quiere decir que el género urbano está en crisis ni mucho menos, al contrario, podríamos decir que el regreso a las raíces musicales esta creando nuevos géneros, glocalizando la música, entendiendo como glocalización lo que decía Ronald Robertson: “La globalización no destruye lo local, lo resignifica, lo global y lo local se entrelazan” (Robertson, R, 2003).  Además de lo mencionado anteriormente, el nuevo álbum de Bad Bunny no llegó a nuestras manos simplemente por la necesidad de conectar con sus raíces, llega en un momento en el que en Puerto Rico se ha establecido un profundo debate sobre la identidad y lo que significa ser puertorriqueño, donde un sentimiento nacional sobretodo en la juventud está más vivo que nunca y donde el candidato a gobernador del partido independentista en las elecciones del 2024 obtuvo el mejor resultado en la historia de dicho partido, acumulando un 30,77% de los votos. En este sentido, el sentimiento nacionalista en la isla viene dado por el abandono que se ha sentido en los ultimos años por parte de Estados Unidos a la isla, y en un momento en el cual no solo en Puerto Rico, sino en muchos rincones del mundo se esta hablando de la gentrificación como un problema de primer nivel.  Por tanto, queda por ver lo que sucederá en febrero en el Super Bowl, lo que ya podemos esperar es que no estará para nada exento de discusión y polémica, que viene de la mano de un artista que no calla ante la injusticias que viven los latinos en Estados Unidos y que usa el español como arma política, en un país que a pesar de tener cerca de 60 millones de hispanohablantes, se han empeñado en intentar desaparecer este idioma de las instituciones eliminando la página web de la Casa Blanca redactada en español y eliminando progresivamente su uso en la administración pública. Sin embargo, a pesar de las redadas contra los inmigrantes, el odio y la polarización, ya Benito al público estadounidense se lo dejó muy claro en su participación el pasado mes de octubre en el programa Saturday Night Live donde les dijo que “Si no entiendes español, tienes 4 meses para aprender”.

El pasado septiembre en Nepal, se vivió una explosión de protestas lideradas por jóvenes de la Generación Z (nacidos aprox. entre 1995–2010). El detonante fue el veto gubernamental a 26 redes sociales populares (TikTok, Facebook, Instagram, etc.), percibido como censura digital.  Miles de estudiantes y jóvenes, conectados por internet, salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades del país para denunciar la corrupción y el nepotismo de la clase política (generaciones conocidas como “nepo kids”), así como para exigir un empleo digno y más oportunidades. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se intensificaron con confrontaciones violentas con la policía, dejando tristemente decenas de muertos y heridos.  Finalmente, el primer ministro K. P. Oli (izquierdista) dimitió el 9 de septiembre, y la prohibición de las redes sociales fue revocada. Estos hechos demostraron que las generaciones jóvenes no sólo reaccionaron a la restricción digital, sino a años de agravios, al alto desempleo juvenil (casi la mitad de los jóvenes sin trabajo digno) y a una élite atrapada en prácticas autoritarias. En suma, la protesta Gen Z en Nepal exhibió un reclamo por plaza pública digital y real: un espacio donde las demandas de empleo, comunidad y voz adquieren visibilidad.   Influencias globales: la Generación Z en otros países La protesta nepalí no ha sido la única, de hecho se inserta en una ola mundial de activismo Gen Z . Movimientos similares surgieron en diversas regiones del mundo, conectados por causas y símbolos compartidos.   En Perú, los jóvenes salieron a las calles contra el gobierno de Dina Boluarte, usando banderas pirata inspiradas en el anime One Piece bajo el lema “Unidos por un Perú que merecemos”. La reforma a las pensiones motivó las marchas, pero la influencia cultural fue directa: la Gen Z peruana reconoció los emblemas de las protestas nepalíes y los adoptó en su propio movimiento. Por otra parte, en Marruecos el movimiento GenZ 212 convocó protestas juveniles por la educación y la sanidad. Las manifestaciones, organizadas en Discord, también empuñaron la bandera pirata ya mencionada anteriormente y consignas globales contra la desigualdad. Según la prensa, estas protestas marroquíes estaban directamente “inspiradas en las protestas de la Generación Z en Nepal” dada su dinámica tecnológica y descentralizada.  En otros países como Bangladesh estudiantes exigieron cuotas universitarias y la caída de la presidenta Hasina, forzándola a renunciar, con tácticas semejantes de redes sociales. En Sri Lanka (2022) el movimiento Aragalaya fue liderado por jóvenes descontentos. Más recientemente en Madagascar (octubre 2025) protestas urbanas contra la corrupción degeneraron en un golpe militar que derrocó al presidente Rajoelina. Diferentes vías, similares finales. Lectura de la sociedad actual Estos movimientos concurridos en el año 2025 reflejan cómo la “brecha generacional” adquiere una nueva expresión en la era digital. Karl Mannheim explicó que una “generación” emerge cuando una cohorte comparte cambios disruptivos y nuevos portadores culturales. Al margen de citas directas, podemos decir que esta generación adopta valores postmaterialistas (transparencia, democracia directa, derechos civiles…) transmitidos por la globalización y la educación. Su marco ideológico incorpora elementos del liberalismo moderno y de teorías críticas: la denuncia de la corrupción y el nepotismo tiene una impronta “marxista” de lucha contra las oligarquías, mientras que la organización descentralizada refleja ideas de democracia directa y empoderamiento ciudadano.   La Gen Z, globalmente educada y tecnologizada, se reconoce a sí misma como un grupo distinto: conecta sus demandas con símbolos culturales globales, como por ejemplo del anime One Piece y valores modernos como los derechos digitales. Este imaginario compartido alimenta la solidaridad transnacional: jóvenes de distintos países aprenden unos de otros a través de internet. Esta desigualdad generacional-clase tiene raíces históricas profundas.   The New Humanitarian señala que la revuelta destacó “décadas de corrupción sistémica y una ruptura total de la confianza entre la juventud nepalí y la élite política”. Eso enlaza con antecedentes como la insurgencia de la 3 guerrilla maoísta (donde granjeros y jóvenes pobres lucharon contra la estructura feudal) o las repetidas crisis políticas por nepotismo. En términos marxianos, podría decirse que la clase proletaria emergente (jóvenes trabajadores y estudiantes) está hoy confrontando a una oligarquía semifeudal que nunca cedió el paso. La globalización tecnológica no elimina esta división de clases, pero sí la hace más visible: las nuevas tecnologías permiten comparar directamente riqueza y privilegios, amplificando la sensación de injusticia.  Los actores sociales que protagonizan estos actos son estudiantes, desempleados o precarizados de clase media/baja, las cuales se organizan mediante redes horizontales como Discord o TikTok, sin liderazgos tradicionales. Este nuevo grupo colisiona con una élite política envejecida (exlíderes maoístas y comunistas) acusada de clientelismo, en la cual el factor principal es basado en un plusvalor social invertido en empleo y bienestar local, como en las luchas campesinas históricas, por lo que hablamos de una lucha de clases renovada.   En términos weberianos, se vive una crisis de legitimidad: las constituciones formales no reflejan la realidad cotidiana de los jóvenes y la interacción con el Estado es con policías y burócratas distantes, y por otra parte, desde la mirada durkheimiana, se hablaría de una anomia: una generación ansiosa sin guías tradicionales, atada a una cultura líquida como indicaría Bauman.  Los patrones repetidos nos muestran cómo esta cuestión no se trata de un caso aislado, sino de factores internos concurrentes en distintos países. Los jóvenes del Sur Global enfrentan desempleo crónico, precariedad laboral y crisis ambiental; perciben la erosión del Estado del bienestar y de las promesas democráticas.  Posibles escenarios futuros Desde una lectura analítica, sociológica y política, pueden darse una posibilidad de trayectorias:   Institucionalización y renovación democrática:  en el mejor escenario de todos, la presión juvenil hacia reformas reales. Esto estabiliza parcialmente los regímenes pero sin resolver desigualdades profundas.  Tokenismo:  élites ofrecen medidas superficiales (ministerios “para la juventud”, gestos simbólicos, control de la agenda cultural) sin reformas estructurales. La movilización pierde fuerza o se atomiza en fragmentos retóricos. Esto estabiliza parcialmente los regímenes, pero sin resolver desigualdades profundas. (Comparables históricos de cooptación de movimientos juveniles).  Represión y radicalización: en el peor escenario de todos, existe una represión sostenida como arrestos masivos o la militarización radical. Las noticias recientes en Marruecos y Nepal muestran que la respuesta estatal puede inclinar la balanza hacia este riesgo.  Las juventudes conectadas ya no son audiencias pasivas: tienen repertorios culturales y técnicos para visibilizar injusticias y presionar en tiempo real. Si los Estados toman medidas estructurales (empleo, derechos digitales, anticorrupción), existe una ventana real para una transición más democrática e inclusiva. Sin esos cambios, el conflicto tenderá a cronificarse: protestas recurrentes, pérdida de legitimidad estatal y mayor polarización. En cualquier caso, la generación que ha crecido con internet será un actor clave del siglo XXI: su capacidad de articular demandas transnacionales y traducir visibilidad en poder político será el factor decisivo. Créditos foto: AntanO.

Desde hace más de seis décadas, el embargo impuesto por los Estados Unidos sobre Cuba constituye uno de los temas más paradigmáticos de la política exterior estadounidense. Su permanencia en el tiempo, más allá de los cambios de contexto y de administración, revela un entramado complejo en el que se entrelazan factores históricos, ideológicos, económicos y electorales. En este artículo contaremos como al finalizar la Guerra Fría el embargo perdió su  justificación estratégica original para transformarse en un instrumento de política interna y simbólica. La evolución de las relaciones bilaterales, desde la administración Clinton hasta la de Donald Trump, permite observar cómo el  péndulo de acercamiento y distanciamiento ha respondido menos a criterios de política internacional, y más a necesidades coyunturales del sistema político norteamericano.  El embargo en perspectiva histórica  El embargo económico, comercial y financiero contra Cuba nació en el contexto  de la Guerra Fría y fue concebido originalmente como una herramienta de presión  dentro de la estrategia de contención al comunismo en las américas. Tras el  triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el acercamiento de Fidel Castro a la Unión Soviética, Estados Unidos respondió con una serie de sanciones que culminaron en la prohibición casi total del comercio y las relaciones financieras, con excepciones limitadas para bienes humanitarios. Durante las décadas siguientes, el embargo funcionó como una pieza más del tablero bipolar. Sin embargo, con la disolución de la Unión Soviética en 1991, la justificación geopolítica del embargo se desmoronó. Desde entonces, su mantenimiento respondió principalmente a factores internos vinculados al peso electoral del exilio cubano en Florida y a la inercia institucional que las leyes posteriores consolidaron.   Institucionalización y blindaje del embargo: las leyes Torricelli y Helms Burton   El embargo, que hasta comienzos de la década de 1990 podía ser modificado o flexibilizado mediante órdenes ejecutivas, se tornó prácticamente irreversible tras  la sanción de dos leyes clave: la Ley para la Democracia en Cuba (Torricelli Act,  1992) y la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton Act, 1996). Ambas disposiciones trasladaron la autoridad de decisión sobre el embargo desde el poder ejecutivo al Congreso, quitándole al presidente la  facultad de levantar o suavizar las restricciones sin aprobación legislativa. La Ley  Torricelli, impulsada por el congresista demócrata Robert Torricelli y avalada por Bill Clinton durante su campaña presidencial, prohibió a las filiales extranjeras de  empresas estadounidenses comerciar con Cuba, restringió fuertemente el envío  de remesas y limitó los viajes, con el objetivo declarado de asfixiar económicamente al régimen. Si bien contemplaba excepciones humanitarias, su aplicación práctica las volvió inviables.   Cuatro años más tarde, la Ley Helms-Burton consolidó esa arquitectura de sanciones y amplió su alcance a nivel internacional. Estableció que el levantamiento del embargo solo podría ocurrir una vez comprobada la existencia de un gobierno de transición en Cuba que excluyera a los hermanos Castro y garantizara elecciones libres supervisadas. Además, extendió las sanciones a  terceros países: autorizó a ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas tras la Revolución a demandar ante cortes federales a empresas extranjeras que las utilizaran, e impuso restricciones migratorias a los directivos y familiares de esas compañías. Este carácter extraterritorial generó una  fuerte controversia internacional: países como Canadá, México y España  denunciaron la violación del derecho internacional y aprobaron leyes espejo para  proteger a sus empresas de las demandas estadounidenses. En términos políticos, la Helms-Burton blindó al embargo para el futuro, convirtiéndolo en una política de Estado más que en una decisión presidencial.   Desde entonces, cualquier intento de distensión —como los emprendidos por  Obama— ha chocado con ese obstáculo estructural: sin mayoría legislativa,  ningún presidente puede levantar el embargo por decreto. Las leyes Torricelli y Helms-Burton lograron lo que ni la Guerra Fría ni la diplomacia habían conseguido: hacer del embargo una institución permanente, sostenida más por su inercia política que por su eficacia.   Las administraciones Clinton y Bush  Durante las presidencias de Bill Clinton, el vínculo con Cuba osciló entre intentos de distensión y reacciones de endurecimiento. Clinton impulsó inicialmente una política de respuesta calibrada, orientada a fomentar vínculos sociales y culturales que contribuyeran a una apertura paulatina de la isla. Sin embargo, los sucesos políticos internos y la presión del exilio cubano terminaron imponiendo un tono más rígido, especialmente tras el derribo de las avionetas de 'Hermanos al  Rescate' y el caso Elián González, que tensionaron nuevamente la relación. Con George W. Bush, el embargo se reforzó en nombre de la lucha contra el terrorismo  y la defensa de la democracia, incorporando a Cuba dentro del listado de países patrocinadores del terrorismo. Las medidas restrictivas sobre viajes, remesas y relaciones comerciales se profundizaron, y el tono del discurso oficial retornó a la lógica de la confrontación. En ambos casos, la política hacia Cuba estuvo guiada  por la necesidad de conservar apoyo electoral interno más que por un interés genuino en modificar el sistema político de la isla.   Obama y la apertura   El giro más relevante en décadas tuvo lugar durante la administración de Barack Obama, particularmente en su segundo mandato. El cambio demográfico dentro  de la comunidad cubanoamericana y la pérdida de interés por parte de los más  jóvenes respecto a la situación política en la isla, sumado a la pérdida de peso del viejo lobby anticastrista y del voto cubano dentro del voto latino permitió avanzar hacia una agenda de normalización. La apertura impulsada por Obama no solo buscó recomponer los lazos diplomáticos, sino también reposicionar a los  Estados Unidos en una región donde su influencia había disminuido frente al avance de China y la emergencia de gobiernos posneoliberales. La reapertura de embajadas, la flexibilización de restricciones y la visita presidencial a La Habana simbolizaron un cambio de época. El proceso, sin embargo, encontró límites claros: el embargo seguía dependiendo del Congreso, y la estructura legislativa creada en los años noventa impedía su eliminación completa. Aun así, los avances en materia de cooperación bilateral marcaron un precedente histórico y sentaron las bases de una política más pragmática y menos ideológica.   Trump y el retroceso Paradójicamente, Donald Trump, antes de su llegada a la presidencia, se había manifestado en contra del embargo. En los años noventa y dos mil, como empresario con intereses en el sector hotelero y turístico, llegó a expresar públicamente que el bloqueo era contraproducente y que limitaba las  oportunidades de negocio para las compañías estadounidenses. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca, la lógica electoral y las presiones internas cambiaron drásticamente su posición. El senador Marco Rubio, representante republicano por Florida e influyente miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado  encargada de investigar el llamado 'Rusia Gate', jugó un papel determinante. Consciente de la fragilidad política de Trump frente a la investigación sobre la  injerencia rusa en las elecciones de 2016, Rubio capitalizó su posición para condicionar el apoyo republicano a cambio de una línea dura hacia Cuba. El  resultado fue un viraje completo: el discurso de acercamiento dio paso a la  retórica de la confrontación, con un endurecimiento de las restricciones a los viajes, las transacciones financieras y las inversiones vinculadas al ejército  cubano. El pragmatismo empresarial de Trump cedió ante la necesidad de blindarse políticamente y asegurar el respaldo del electorado cubanoamericano más conservador en Florida, clave para las elecciones de 2020.  El retorno de la retórica del 'régimen dictatorial' y las acusaciones de injerencia cubana en Venezuela reforzaron la visión de Cuba como enemigo ideológico. La política hacia la isla volvió a ser utilizada como herramienta de distracción frente a  los conflictos internos de la administración Trump y como vehículo de fidelización de su base política. El incidente diplomático de 2017, cuando funcionarios estadounidenses denunciaron supuestos ataques sónicos en La Habana, sirvió para justificar la reducción del personal en la embajada y congelar cualquier canal de diálogo. El giro de Trump simbolizó la continuidad del embargo, pero bajo una nueva lógica: ya no como instrumento ideológico de la Guerra Fría, sino como moneda de cambio en la política doméstica estadounidense.   ¿Quién comercia con Cuba más allá del embargo?   Históricamente, la construcción de la infraestructura productiva y turística de Cuba ha estado fuertemente marcada por la presencia de inversores extranjeros, aunque con una dinámica singular estructurada bajo la lógica de la asociación estatal con capital ajeno y bajo el control del Estado cubano. En ese marco, España a la cabeza seguida por Canadá emergen como los primeros motores de  inversión occidental directa en la Isla: España lideró por volumen de proyectos en  turismo, bienes raíces y servicios conexos, mientras que Canadá cimentó su rol en el sector extractivo por medio de asociaciones mixtas de largo plazo. A su vez, Brasil desempeñó, durante la primera mitad de la década de 2010, un papel clave al financiar y ejecutar la remodelación del puerto de Mariel —parte de la zona especial de desarrollo (ZED) prevista como motor de atracción de capital  extranjero— aunque, en los años posteriores, su protagonismo se redujo. Al fondo del escenario, se encuentran empresas y gobiernos como el italiano, francés y mexicano, que participan de forma más puntual en manufactura, turismo y logística, aportando capital funcional pero no resultando protagonistas en términos globales. A su vez, China se ha constituido como uno de los principales socios en infraestructura y financiamiento, especialmente en logística, energía y  telecomunicaciones. En este entramado, un elemento que cobra relevancia es el retorno estratégico de Rusia, que con compromisos de inversión por más de mil millones de dólares hacia 2030, busca recuperar parte del terreno perdido en la región.   Importante también es distinguir que, junto a la inversión directa, existen mecanismos de financiamiento y cooperación estatal —por ejemplo, mediante acuerdos de suministro de petróleo o inversión pública venezolana— que, aunque no contabilizados como inversión extranjera directa tradicional, han ejercido una presión sustancial sobre el crecimiento de la economía cubana y han actuado como sostén del régimen dentro del sistema internacional. De hecho, la coexistencia de flujos de inversión formal, capital mixto y donaciones estatales sitúa a Cuba en una posición híbrida: no completamente liberalizada para inversión extranjera, pero suficientemente atractiva para captación de capital en sectores estratégicos bajo condiciones ventajosas, como las ofrecidas en la ZED Mariel. En definitiva, el patrón inversionista en Cuba revela una configuración dual:  por un lado, estados capitalistas invirtiendo bajo fórmulas controladas; por otro, alianzas ideológicas y geopolíticas que permiten al régimen cubano asegurar financiamiento externo más allá de la atracción clásica de IED.  Conclusiones  La política de embargo hacia Cuba es, en definitiva, un ejemplo paradigmático de cómo la política exterior puede quedar supeditada a las dinámicas de la política interna. El embargo, nacido como instrumento de presión económica durante la Guerra Fría, terminó convirtiéndose en una herramienta electoral más. Las leyes Torricelli y Helms-Burton transformaron un instrumento flexible en una estructura institucional rígida, prácticamente imposible de revertir sin consenso legislativo. Los intentos de apertura impulsados por la administración Obama demostraron que el diálogo y la cooperación dieron lugar a ciertos avances, pero también evidenciaron que cualquier cambio profundo dependerá de la voluntad política del Congreso y de un consenso interno que todavía pareciera no existir.

Este 2025 está volviendo a colocar a Camerún frente a su propio e incómodo espejo, observando un retrato en el que el tiempo no pasa, y en el que nada parece haber cambiado, ni existen atisbos de que cambiará. Una vez conocido el esperado resultado del pasado 12 de octubre, el presidente Paul Biya volvió a presentarse como candidato, y la semana pasada las cifras oficiales ofrecidas por el Tribunal Constitucional, le volvieron a otorgar la victoria, llevando ya más de 42 años en dicho cargo. Sin embargo, lejos de significar esto un cierre de ciclo, abrió la puerta a otro capítulo en la interminable dinámica dentro de este país del África Central. Contexto previo a las elecciones del 12 de octubre El 12 de octubre se celebró en Camerún la elección presidencial para un nuevo mandato de 7 años. Desde meses antes, el ambiente continuaba tenso en el país, con una oposición liderada por Issa Tchiroma Bakary que reclamaba un cambio en el país bajo la imagen de un exaliado del gobierno de Paul Biya que, desde 2019 a 2025, sirvió como Ministro de Empleo y Formación Profesional, y que desempeñaría desde 1992 cargos en el gobierno de Biya, como el de Ministro de Comunicaciones o el de Transportes; y otros partidarios de la continuación del eterno presidente.   El proceso electoral venía desde agosto de 2025 siendo claramente polémico, y no estuvo exento de conflictos previos: el principal candidato a una oposición real, efectiva, rupturista con el gobierno actual, Maurice Kamto, fue descalificado mediante fallo del Tribunal Constitucional, lo que provocó que la Comisión Electoral Nacional retirara su candidatura ya que, según este organismo, no cumplía los requisitos formales y legales. Kamto se presuponía como una esperanza de alternancia y democratización. Maurice lideró el Movimiento para el Renacimiento de Camerún, que logró en las elecciones de 2018 un 14%, denunciando posibles amaños electorales que le impidieron obtener un resultado mayor.   Sin embargo, ya en el día de la votación y en los días siguientes, según diversos diarios de prestigio internacional como Africa News, BBC África o TV5 Monde, la violencia, las irregularidades electorales y las tensiones, así como las restricciones de voto en zonas anglófonas y un despliegue evidente de fuerzas de seguridad del Estado fueron visibles y habituales.   Tras la votación, Tchiroma declaró su victoria en el 14 de Octubre, sosteniendo que los resultados le daban cerca del 55% de los votos, aunque el gobierno y las instancias oficiales indicaron que los únicos resultados válidos eran los proclamados por el Consejo Constitucional de Camerún, el cual declaró el pasado 27 de octubre la victoria a Paul Biya con el 53,66% de los votos, siendo el segundo más votado Issa con el 35,19% de los mismos.   Las reacciones no tuvieron demora, tanto en el plano interno como en el internacional. En el primer caso, la oposición rechazó los resultados bajo una indignación tangible y una acusación de fraude electoral. Además, se convocaron manifestaciones en ciudades como Yaoundé, Douala y Garoua, dejando al menos cuatro muertos declarados por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las últimas dos ciudades. En el segundo caso, desde el plano internacional, los embajadores de la Unión Europea en Camerún, así como los embajadores de Canadá, Suiza y Reino Unido, no asistieron al acto del anuncio de resultados por parte del Consejo Constitucional en señal de rechazo de estos resultados.   Paul Biya: un anciano perpetuado en el poder Paul Biya no es solo el presidente más longevo en activo del mundo, sino que es, en la práctica, la figura y el espejo del Camerún moderno desde 1982. Desde hace más de cuatro décadas ocupa el poder en Camerún tras la renuncia de su antecesor Ahmadou Ahidjo, primer presidente tras la independencia. Su figura encarna la prolongación de una élite poscolonial que ha hecho del poder un patrimonio personal, modificado a su gusto y perpetuado como una suerte de régimen de sucesión, ejemplificado con la enmienda de 2008, en la que eliminó los límites constitucionales al mandato.   Desde 1982, Biya ha logrado sobrevivir a intentos de golpe militar, rebeliones armadas, crisis económicas, protestas sociales como las ocurridas en 2008 y presiones internacionales de organismos de derechos humanos y ONGs. Su supervivencia política no se debe a una popularidad sólida, sino a una mezcla de represión selectiva, clientelismo y control absoluto de las instituciones. Por ello es que Paul Biya es visto como el ejemplo de la estabilidad en Camerún, y también del estancamiento.   Durante los primeros años, cultivó una imagen moderada como tecnócrata modernizador del Estado, pero con el tiempo esa habilidad y ese afán se convirtieron en obsesión y estrategia para mantenerse en el poder, como la eliminación de mandatos previamente comentadas, o el retraso de elecciones locales a causa de la pandemia, así como sus largas estancias en el extranjero, donde gobernó desde la distancia y se esclareció que el sistema no giraba en torno al proyecto, sino a la preservación del poder.   Sin embargo, el caso de Paul Biya no es único, aunque sí el más longevo. África ha sido cuna de liderazgos muy largos, presidentes que se aferran al poder hasta la muerte, y en algunos casos más allá teniendo en cuenta sus sucesores, creando sistemas que dependen de los líderes para su estabilidad. Caben destacar a: Teodoro Obiang, Museveni, y Sassou Nguesso en Guinea Ecuatorial, Uganda y Congo-Brazzaville respectivamente. Estos líderes erigen alrededor de ellos verdaderas dictaduras personalistas con redes clientelares que distribuyen sus recursos a cambio de lealtad, con el aval de las fuerzas armadas y de la constitución.   Hoy, tras su nueva reelección, Biya reitera que continuará y finalizará su mandato con 99 años, con una ciudadanía que no acepta su resultado ni el proceso electoral, con acusaciones de fraude, ausencia de imparcialidad institucional y la persistencia de desigualdades estructurales. La pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta cuándo? ¿qué será del Camerún que quede al otro lado de su mandato?   El decorado democrático camerunés y la  Ilusión  de una alternancia   Calificar el sistema político camerunés como democrático es algo demasiado osado, teniendo en cuenta que Organismos como Freedom House lo cataloga como “No Libre” con una puntuación de 15 sobre 100, y según el The Economist Intelligence Unit Index 2024, quien le daba una puntuación de 2,56 sobre 10, situado en el puesto 136 de 167 países que participan en este índice, siendo en este último la dimensión del proceso electoral y pluralismo el campo con peor puntuación (0,33 sobre 10).   El proceso electoral del 12 de octubre vino a confirmar lo previamente presagiado: la alternancia es más un ideal que una competencia efectiva y real. El hecho de que Kamto fuera expulsado de la carrera electoral y Tchiroma denunciase fraude refleja el déficit estructural del sistema.  El barrido de la oposición, la influencia del partido oficial presidido por Biya (Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés) y el control indirecto de medios, el sistema electoral, así como la débil separación de poderes con un poder judicial servil al régimen, muestran la estrechez operativa en la que se mueve el sistema democrático camerunés.   Dinámicas internas: diversidad, regiones, tensiones y desarrollo Camerún ha sido descrito como “África en miniatura” por la diversidad geográfica y cultural existente, pretendiendo que fuera un referente de convivencia entre pueblos y culturas. En la realidad, el país comprende una heterogeneidad étnica, lingüística y regional que se convierte en uno de los rasgos más complejos de analizar, pues se encuentra dividido en más de 250 grupos étnicos, dos lenguas oficiales que nunca llegaron a la igualdad y una fragmentación religiosa que erigió fronteras intangibles e invisibles, en un Estado que nunca logró plenamente un sentido nacional compartido. La herencia colonial es clave en este punto, pues el reparto realizado entre Francia y Reino Unido sin tener en cuenta las fronteras preexistentes fue el punto de partida de este problema, imponiéndose el francés como lengua oficial en el territorio y un modelo centralista, siendo reducida la región anglófona a dos enclaves cercanos a Nigeria que nunca fueron tratados de forma igual al resto del país (por ejemplo, en las anteriores elecciones presidenciales Paul Biya vetó del voto a estas dos regiones). Estas desigualdades y tensiones regionales desembocaron en el conflicto anglófono de 2016, cuando profesores y abogados de las regiones anglófonas salieron a la calle para denunciar la imposición del francés en tribunales y escuelas, recibiendo como respuesta arrestos masivos, censura en redes sociales y represión social, finalizando en una rebelión abierta entre Camerún y los separatistas de Ambazonia, a la cual el presidente le declaró la guerra un 30 de noviembre de 2017, la cual, según un informe de International Crisis Group en febrero de 2022, llevaba a sus espaldas al menos 6000 víctimas y unos 765.000 desplazados hacia el interior del país y al exterior, especialmente en Nigeria.   A este frente se le suma la presencia de la insurgencia de Boko Haram en el extremo norte, la región más pobre de Camerún, un área doblemente débil y marginada institucionalmente, desde noviembre de 2014. Diversos informes documentan ataques en las ciudades de Maki, Mada, las proximidades de Mokolo y Fotokol, secuestrando a unas 80 personas, la mayoría de ellas niños, que fueron secuestrados, violados, torturados y forzados a convertirse al islam, lo cual obligó a Camerún a formar una coalición internacional contra el terrorismo integrada por Benín, Chad, Camerún, Niger y Nigeria. Este grupo, además, evolucionó desde la moderación y la enseñanza pacífica del islam hasta 2002, cuando comenzó a radicalizarse y extender su influencia más allá de las fronteras de Nigeria. El grupo continuó creciendo, con líneas fragmentadas, hasta que en 2015 se alinearon con el ISIS, momento desde el cual se generó un conflicto internacional con el grupo que aún persiste.   ¿Por qué continúa Biya en el poder? La respuesta no es sencilla, pero podría ser esquematizada en tres dinámicas interrelacionadas y retroalimentadas:   Pacto de élites:  Biya ha sabido asegurar que los sectores clave (empresarios, administrativos, partidarios, militares o judiciales entre otros) queden vinculados a su continuidad.  El miedo y la represión selectiva: Los aparatos de seguridad, la disuasión de la oposición y el control de los medios le avalan.  El vacío de una futuro incierto: La oposición se encuentra fragmentada, silenciada, exiliada, cooptada y deslegitimada, lo que favorece que se haya creado el relato de que, sin el presidente Biya, no se puede entender Camerún, siendo la única opción de liderazgo.  Un futuro incógnito Con la proclamación oficial, Biya ha conseguido un mandato que podrá mantenerle en el poder hasta casi los 100 años, de los cuales casi 50 como presidente. Más allá del resultado numérico, lo que se encuentra en juego es la legitimidad de su régimen y su conexión con la población, por lo que, frente al resultado y al contexto, se plantean tres escenarios principales cuando Biya cese su actividad política:   Continuidad pactada: El nombramiento de un sucesor orgánico dentro de la Cámara Democrática del Pueblo Camerunés, avalado por las Fuerzas Armadas, dentro del sistema, lo que aportaría estabilidad aparente del sistema y del aparato burocrático, militar y elitista, pero también significaría una línea continuista de los problemas actuales, por lo que Camerún continuaría estancada en el tiempo.  Transición reformista limitada:  Bajo presión interna y externa, podría erigirse un dirigente moderado que liberase presos políticos, realizase una apertura mediática y tornase hacia un mayor aperturismo, pero sin grandes alteraciones en el núcleo de poder. En el mejor de los casos, lograría que las tensiones sociales disminuyesen y el sistema democrático mejorase, pero, en el peor, significaría inestabilidad institucional y política, lo que podría conllevar al agravamiento de tensiones internas.  Colapso institucional y conflicto abierto:  Si la tensión, después de que Paul Biya en un futuro abandone el poder, continúa acumulándose en regiones marginadas, en la juventud creciente en número pero no en oportunidades y en los conflictos armados existentes en el país actualmente, el sistema podría fracturarse de forma más profunda, viéndose el actual presidente como el “muro de contención” de estos problemas, por lo que un sucesor sin legitimidad podría provocar una guerra abierta. La experiencia africana en Costa del Marfil o el Congo avalan que esta hipótesis no sería una utopía.  Camerún actualmente se encuentra suspendido en el tiempo entre las promesas falsas de cambio y la realidad de la inmovilidad. Entre la esperanza de un futuro alterno y la tristeza de observar la perduración del régimen. Entre una juventud que exige un futuro y un anciano que encarna el pasado inmóvil del país y la falta de libertad. El 12 octubre no sólo confirmó la reelección de un presidente por un mandato más, sino que puso de relieve la persistencia de un sistema tendente a la nula alternancia.   El reto para el país va mucho más allá de quién ocupe el Palacio Presidencial; es una cuestión de renovación y reinvención del sistema político, social e institucional, o el estancamiento, ya que, si el poder se renueva pero el Estado no, la legitimidad se erosiona, y con ella la paz social. En Camerún, el reloj sigue parado, pero el tiempo y las tensiones continúan avanzando.

Kirguistán, república situada en la región de Asia Central, está debatiendo la reintroducción de la pena de muerte para los criminales que cometan crímenes contra mujeres y niños. La discusión se ha puesto en marcha tras las protestas, desarrolladas especialmente en la provincia de Issyk-kul tras el brutal asesinato de una chica de 17 años. La pena de muerte en Kirguistán  Kirguistán ha había aplicado la pena de muerte durante su época soviética y en los primeros años tras su independencia en 1991. La pena capital era usada en los crímenes más violentos, los asesinatos de los funcionarios y crímenes contra el Estado, y los delitos sexuales con resultado de muerte. En 1998, el presidente Askar Akayev, estableció una moratoria de dos años, la cual era renovada cada año, prohibiendo la pena de muerte. En 2007, Kurmanbek Bakiyev, firmó una ley que abolía formalmente la pena capital en la legislación penal, sustituyéndola por cadena perpetua. Sin embargo, su abolición definitiva no llegó hasta 2010, cuando el país ratificó el  Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ICCPR), destinado a la abolición de la pena de muerte. Modificaciones anteriores   Previamente, el 11 de septiembre de 2025, el Zhogorku Kenesh (Consejo Supremo de Kirguistán) aprobó una ley propuesta por Sadyr Zhaparov, el actual presidente de la República, que modifica ciertas leyes del Código de delitos y la ley de protección y defensa contra la violencia doméstica, reforzando las sanciones para prevenir estos actos. Las modificaciones principales fueron el aumento del arresto administrativo por violencia doméstica de 7 a 14 días, además de una supervisión electrónica impuesta por el Tribunal durante los 3 meses siguientes. El caso de Aisuluu Mukasheva  El pasado 27 de septiembre saltaron las alarmas por la desaparición de una chica en la región de Issyk-kul, y pese a las denuncias de los familiares, la policía apenas actuó. Tres días después su cuerpo fue encontrado sin vida con claros signos de tortura. El principal sospechoso, un hombre de 41 años, admitió ser el responsable del crimen, además de confesar la autoría de otros crímenes que no habían sido resueltos, como el de Kamila Duishebaeva en 2014, entre otros. Este crimen ha desatado protestas en muchos puntos del país asiático, demandando sanciones más duras para las personas que cometen crímenes contra las mujeres y los niños, llegando incluso a publicar una petición en el portal del gobierno.   Ante ello, el presidente, Sadyr Zhaparov, tras mostrar su pesar al recibir las noticias del crímen, encomendó al Jefe del Departamento de Apoyo Jurídico de la Administración Presidencial, Murat Ukushev, la elaboración de enmiendas legislativas para endurecer las penas por delitos contra niños y mujeres. Finalmente, las enmiendas propuestas incluían la pena de muerte por la violación y asesinato de niños y mujeres. Sin embargo, se está planteando someter el asunto a referéndum nacional, y solamente si la mayoría lo aprueba se modificará la Constitución y las leyes necesarias, así como revisar los acuerdos internacionales.   Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ICCPR)  Tras la ratificación del ICCPR en 2010, Kirguistán prohibió la pena de muerte en su constitución (art.21), ya que toda persona tiene un derecho inalienable a la vida. No obstante, los casos de delitos graves contra niños y mujeres, especialmente las violaciones y los asesinatos, se están volviendo comunes. Según la Fiscalía General de la Nación, desde 2021 han sido reportados 178 asesinatos, de los cuales 24 de ellos eran menores y 513 violaciones, de los cuales 441 eran menores ( 172 casos no tenían ni 14 años). Por lo que se ha presentado un proyecto de ley para la derogación de la adhesión al ICCPR, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los niños y las mujeres frente a ataques criminales. Si esta ley sale adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá presentar el instrumento de derogación de la ley ante el Secretario General de las Naciones Unidas y así revocar la ratificación del protocolo, para poder seguir adelante con la reinstauración de la pena capital. Críticas   La principal crítica que ha recibido este proyecto de ley ha venido del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, el cual pidió a las autoridades kirguisas que detengan inmediatamente los esfuerzos para reintroducir la pena de muerte, advirtiéndo que una medida así constituiría una grave violación del derecho internacional. Además declaró que aunque los delitos para los que se pide la reinstauración de la pena capital sean realmente atroces, la pena de muerte no ha demostrado tener algún papel significativo en la reducción del número de estos delitos. Por otra parte, insta a las autoridades kirguisas a centrar sus esfuerzos en la protección efectiva de la ley y un acceso adecuado a la justicia, por lo que se debería combatir estos crímenes desde un punto de vista centrado en las víctimas y un sistema bien dotado de recursos. También ha habido descontento dentro del país, donde la clínica jurídica Adilet, una organización de derechos humanos en Kirguistán, también ha mostrado su oposición al proyecto, ya que lo califican de prematuro e inaceptable, ya que contradice los compromisos internacionales del país. Además, afirman que la redacción del proyecto permite la imposición de la pena de muerte ante la violación y asesinato de una persona contra cualquier persona, y no solamente en casos que involucren a mujeres y niños, por lo que amplía el ámbito de actuación de la pena de muerte y contradice los principios de humanidad y justicia consagrados en la Constitución.   Por último, varias organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos como International Partnership for Human Rights, International Federation for Human Rights o Civil Rights Defenders, entre otras, han criticado la medida, ya que solo fomentaría los abusos en un sistema jurídico plagado de corrupción y un estado de derecho débil. También han criticado la manera en la que las autoridades tratan estas situaciones, ya que la policía, muchas veces no registra las denuncias de las víctimas, no investigan las denuncias por abusos sexuales y los criminales se benefician de las blandas penas por estos delitos.   Además, estas organizaciones sostienen que el dolor de la familia de Aisuluu no debe instrumentalizarse con fines políticos. Para reducir los casos de violencia contra los niños y las mujeres, las organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades kirguisas a realizar reformas, como el establecimiento de sistemas de prevención más fuertes, centros de crisis, líneas directas o refugios accesibles en el país; la capacitación del personal de primera respuesta (Policías, profesionales médicos y servicios sociales, entre otros) para sensibilizarse con estos casos de violencia; la persecución y castigo de los autores de acorde con la gravedad de los delitos; y la voluntad política para defender a las mujeres y a los niños, no solamente cuando haya fines políticos de por medio. Conclusión  El debate sobre la reintroducción de la pena de muerte en Kirguistán muestra un conflicto profundo entre la búsqueda de justicia para los peores crímenes contra mujeres y niños, así como el compromiso del país con los derechos humanos y las obligaciones internaciones. Aunque el caso de Aisuluu Mukasheva ha generado una gran indignación pública y presión a los políticos, las organizaciones locales e internacionales advierten que esto supondría un claro retroceso de los derechos humanos y ya se ha demostrado en otros países que la imposición de la pena capital no reduce el número de delitos, por lo que no acabaría con el problema en el país. Para combatir el problema, se debe fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la respuesta policial y judicial y centrarse en el apoyo a las víctimas, en lugar de recurrir a medidas extremas, como la pena de muerte, la cual contradice la legislación y constitución kirguisa. Créditos foto: Press Service of the President of Kyrgyzstan.

Introducción La causa saharaui ha sufrido uno de los mayores golpes de su historia. El 31 de octubre, la ONU aceptó el Plan de Autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como una de las posibles opciones para conseguir una supuesta paz y poner fin a este conflicto, el cual, cumple este año medio siglo. Todo esto se debe a los enormes esfuerzos de los EEUU y a la administración Trump, que ve en Marruecos un gran aliado ¿Qué esconde esta nueva postura? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está España en este conflicto? ¿Qué va a pasar en el futuro con la cuestión saharaui? Trataremos de resolver estas cuestiones, pero, antes de empezar, conviene hacer un ejercicio de verdadera memoria histórica para comprender cómo se ha llegado a esta situación y por qué debería importarnos.   Contexto histórico El pueblo saharaui tiene una cultura e historia fascinante que no podremos tratar con su merecida profundidad, pero sí podemos conocer lo necesario para situarnos en este conflicto geopolítico. Los saharauis ya existían como una sociedad nómada y tribal en el territorio del actual Sáhara Occidental, así como en las regiones limítrofes al sur del actual Marruecos, el norte de Mauritania y el suroeste de Argelia, entre los siglos VII y XIX. Es crucial recordar que estas tierras nunca estuvieron bajo la autoridad de Marruecos, por dos razones fundamentales: en primer lugar, Marruecos no existía, el país, en su forma moderna, se creó en 1956, y, en segundo lugar, las tribus saharauis se regían por sus propias leyes y jefaturas locales, no pagaban tributos ni se reconocían como parte de los pueblos originarios “marroquíes”. En este contexto, los saharauis se dedicaban al pastoreo de camellos, cabras y ovejas, y al comercio caravanero, convirtiéndose en un puente entre el África subsahariana y las costas atlánticas del Magreb. Es aquí donde entra el contacto con Europa, comenzando con la Corona de Castilla, que en 1478 estableció la fortaleza de Santa Cruz de la Mar Pequeña en la región, marcando el inicio de relaciones comerciales entre las monarquías ibéricas y las tribus saharauis, sin que esto implicase una subordinación política.   España no profundizó sus relaciones con el pueblo saharaui ni otros pueblos africanos debido a que sus esfuerzos estaban centrados en los Virreinatos de América, pero una vez independizados la gran mayoría de ellos, España quiso virar a África centrándose en el Rif, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Todo en un intento de seguir el ritmo de las demás naciones europeas en África, pero no de la misma forma. De hecho, en el caso del Sáhara Occidental, se oficializó la presencia española con la creación del protectorado del Sáhara Español en 1884 con un tratado redactado en los dos idiomas de las dos partes, árabe hassanía y español –ninguna otra potencia europea se tomó la molestia de redactar sus tratados en los idiomas de todas las partes– y fue reconocido por el resto de países que formaron la Conferencia de Berlín en 1885.   El estatus como protectorado del Sáhara Occidental se mantuvo hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, la recién creada ONU comenzó los procesos de descolonización amparándose en el Capítulo 11 del artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas en el que los firmantes se comprometían a velar por la libre autodeterminación de los TNA (Territorios No Autónomos). Dicho término es la forma que usa la ONU para referirse a territorios que no han alcanzado su derecho a elegir su estatus de manera plena y reconocida por la ONU y, por lo tanto, siguen administrados por otro estado como, por ejemplo, las Malvinas, Gibraltar o, el Sáhara Occidental. España, para evitar hacer un referéndum de libre autodeterminación declaró al Sáhara como provincia española en 1958, es decir, que el Sáhara Español tendría el mismo estatus que Madrid o Valencia y los saharauis pasaban a ser españoles de pleno derecho. Así se mantuvo durante casi 20 años, hasta que España, en 1974, prometió realizar el referéndum de libre autodeterminación, pero, en ese momento, dos frentes se abrieron: las pretensiones marroquíes por ocupar el territorio y el nacionalismo saharaui.   Como se mencionó anteriormente, Marruecos nunca mostró interés en el territorio saharaui, pero la situación cambió cuando España y los saharauis comenzaron a explotar sus recursos estratégicos, pesqueros y minerales, especialmente las minas de fosfatos. Fue entonces cuando un Marruecos ya independizado, bruscamente, se percató de que el Sáhara Occidental, entonces Sáhara Español, debía formar parte de su territorio. En aquel entonces, la maquinaria marroquí comenzó a activarse, al igual que los saharauis, influenciados por los procesos de independencia africanos, comenzando a buscar su emancipación de España, con el Frente Polisario como representante de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática).   Pese a que Marruecos inicialmente intentó reclamar el territorio por vía diplomática, presentando supuestas pruebas de su soberanía ante la Corte Internacional de Justicia, todas sus reclamaciones fueron rechazadas. Asimismo, estos movimientos también coincidieron con un periodo de cambio en España, con un Franco al borde de la muerte y una sociedad española en transición hacia el que sería Régimen de 1978. Aprovechando este contexto y tras asegurar el apoyo de Francia y Estados Unidos, alegando que la independencia del Sáhara Occidental crearía un foco soviético en África por su cercanía a Argelia, Marruecos llevó a cabo la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975, en la que miles de civiles y militares marroquíes invadieron al Sáhara Español.   El “papel” de España España, ante los hechos, no solo no actuó en favor de la legalidad internacional ni de los saharauis que, recordemos, eran españoles de pleno derecho, sino que el 14 de noviembre de 1975 se reunió con los gobiernos de Marruecos y Mauritania para negociar la partición del territorio, abandonando así su papel de potencia administradora, o eso se pretendía. Estos acuerdos son conocidos como los Acuerdos Tripartitos de Madrid, de los cuales, en 1979, Mauritania se salió de ellos. Cabe destacar que son ilegales tanto desde la perspectiva del derecho internacional, al no ser reconocidos por la ONU, como desde la legislación española, ya que nunca se publicaron en el BOE, requisito fundamental para que una norma jurídica entre en vigor en España. Desde entonces, Marruecos ha continuado ocupando el Sáhara Occidental, desplazando a los saharauis a campos de refugiados en Tinduf, Argelia, mientras que los saharauis habitantes del territorio ocupado viven oprimidos bajo un sistema de miedo, segregación y discriminación. Mientras, España sigue siendo, de iure, la Potencia Administradora del territorio, y como tal, tiene la responsabilidad de garantizar la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la protección de sus derechos humanos. Esto no lo ha cambiado la nueva resolución de la ONU.   Durante todo este tiempo, España no se ha pronunciado más allá que en discursos en defensa del derecho internacional, sin realizar esfuerzos concretos para llevar a cabo el referéndum prometido. Hubo intención durante el mandato de Aznar, pero tras el 11-M y la llegada del PSOE al poder de la mano de Zapatero en 2004, esos planes se frenaron. La situación empeoró para el pueblo saharaui cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, envió al rey Mohamed VI de Marruecos, en marzo de 2022, una carta apoyando el Plan de Autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Este hecho sorprendió, ya que España se enteró a través de una filtración y no mediante un comunicado oficial, rompiendo así con la posición histórica de la ONU, que nunca había respaldado este plan, hasta ahora, pero ¿En qué consiste este plan?   El Plan apoyado por la Casa Blanca El Plan de Autonomía marroquí, propuesto por Mohamed VI en 2006, ofrece al territorio una autonomía limitada bajo la soberanía marroquí, permitiendo instituciones locales, pero imponiendo la aceptación de la bandera marroquí, las leyes y el control en defensa y justicia por parte de Marruecos. El plan no contó con apoyo internacional hasta que intervino Estados Unidos, que mediante los Acuerdos de Abraham reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio del respaldo de Marruecos a Israel. Con el tiempo, el plan ha recibido apoyo de otras naciones como España, Francia, Alemania, Dinamarca e Israel, consolidando su influencia en instituciones internacionales, gracias, en gran parte, a un impulso significativo de la administración de Donald Trump.   Actualmente, en Europa se debe entender que el mayor aliado de Estados Unidos en el Mediterráneo no es España ni Italia, sino Marruecos. Ante un África cada vez más independiente y fuerte, Estados Unidos, y Francia, buscan mantener influencia en el continente, y Marruecos, con una geografía estratégicamente útil y con acceso a recursos naturales(gran parte extraídos del Sáhara Occidental), se convierte en un aliado clave. Por todo esto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2797, tomando como una de las bases la Propuesta de Autonomía marroquí para las negociaciones. Esto representa un cambio que rompe con lo que siempre ha defendido la ONU ya que, no debemos olvidar que Marruecos ha ocupado militarmente el Sáhara Occidental, donde muchos saharauis han muerto y siguen muriendo por defender su derecho a la autodeterminación. Dicho esto, la resolución 2797 no contradice resoluciones anteriores, como la 1514 (XV) o la 2229 (XXI), que apoyan rotundamente la libre autodeterminación del Sáhara Occidental. También la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) ha renovado su mandato por un año más, manteniendo la posibilidad del referéndum, misión que por cierto lleva existiendo desde 1991. Por lo tanto, aunque Marruecos y sus aliados celebren esta resolución, la ONU no ha modificado lo fundamental: el pueblo saharaui conserva su derecho a decidir su futuro. Lo que cambia es que, por primera vez, la autonomía marroquí no es rechazada explícitamente, lo cual tampoco es de menos.  Conclusión En conclusión, a pesar de este cambio de la ONU y de que Marruecos y sus aliados celebren la resolución 2797 como un reconocimiento de su plan de autonomía, la victoria marroquí y de sus aliados sigue lejos. Naciones Unidas sigue manteniendo que el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización, con el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación intacto y la MINURSO manteniendo su mandato para organizar un referéndum libre. Aunque este proceso no podrá llevarse a cabo mientras España no asuma seriamente su papel como Potencia Administradora. Tampoco se logrará con un Marruecos que, con respaldo de los Estados Unidos de Trump y el apoyo militar de Israel, mantiene un proyecto expansionista que representa un grave riesgo para la estabilidad regional. Estas alianzas refuerzan sus pretensiones sobre Ceuta, Melilla, Canarias, Mauritania e incluso partes de Argelia, amenazando la soberanía de los Estados vecinos y complicando cualquier futuro proceso de negociación basado en la legalidad internacional y la libre autodeterminación saharaui.

Algunas semanas atrás publicamos un artículo donde analizábamos el debilitamiento de las democracias en América Latina. En aquel texto sosteníamos que, en el caso de Perú, “si bien se mantiene la continuidad electoral, la fragilidad institucional y las recurrentes crisis políticas impiden que los presidentes electos concluyan sus mandatos, colocando a su democracia en una situación de extrema vulnerabilidad”.  Tres semanas más tarde de la publicación de aquel artículo, la destitución de la presidenta Dina Boluarte confirmó aquel diagnóstico: una vez más, el país sumó otro nombre a su larga lista de mandatarios que —por diversas razones— no lograron completar su período constitucional.   El comienzo de la deriva  En julio de 2016, el presidente Ollanta Humala finalizó su mandato de cinco años y cedió el poder a Pedro Pablo Kuczynski, iniciando así una seguidilla de gestiones interrumpidas que, tras la caída de Boluarte, completan casi una década de inestabilidad política.   Kuczynski, quien debía gobernar hasta 2021, renunció apenas 19 meses después en medio de una crisis derivada de sus presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht —el mismo escándalo de corrupción que llevó al suicidio de Alan García, dos veces presidente del Perú. Aunque no fue formalmente destituido, su renuncia buscó evitar una vacancia segura por parte de un Congreso dominado por su principal opositora, Keiko Fujimori. Su salida marcó el inicio de un ciclo de presidentes débiles y parlamentos dominantes.   Tras su renuncia, asumió Martín Vizcarra, cuya relación con el Congreso se deterioró tras su intento de disolución en 2019. Fue destituido poco más de dos años después, bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, y reemplazado por Manuel Merino, quien duró apenas cinco días en el cargo antes de dimitir por la falta de legitimidad y apoyo social.   En noviembre de 2020, Francisco Sagasti encabezó un breve gobierno de transición destinado a estabilizar la crisis política y restablecer el orden democrático. Culminó su mandato interino en 2021, dando paso a elecciones generales.   En esos comicios triunfó Pedro Castillo, un outsider de izquierda que encarnó el descontento social y el rechazo a la élite limeña. Sin embargo, su gobierno se hundió rápidamente en el caos: rotación ministerial constante, denuncias de corrupción y choques permanentes con el Congreso. El 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Parlamento y establecer un gobierno de excepción, lo que fue interpretado como un intento de autogolpe. Horas después fue destituido y detenido.   Lo sucedió su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tres años más tarde correría la misma suerte, removida también por “incapacidad moral permanente” tras un gobierno marcado por protestas masivas, crisis de seguridad y acusaciones de corrupción.   La trampa institucional   La recurrencia de estas destituciones no puede entenderse únicamente como resultado de liderazgos frágiles o coyunturas políticas adversas. En el trasfondo existe un problema estructural: el uso reiterado y ambiguo de la figura de la “incapacidad moral permanente”, prevista en el artículo 113 de la Constitución peruana.   Esta herramienta, concebida originalmente como un mecanismo excepcional de control ético o moral, se ha transformado en un instrumento político que permite al Congreso remover presidentes con una interpretación extremadamente amplia y discrecional.   Desde 2018, la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en una vía rápida para destituir mandatarios impopulares o incómodos, vaciando de contenido el principio de estabilidad presidencial. En lugar de fortalecer la responsabilidad política, el Congreso la ha utilizado como arma partidaria dentro de un sistema sin partidos sólidos ni contrapesos institucionales eficaces.   Consecuencias y desafíos   El resultado es una crisis de gobernabilidad crónica: presidentes con miedo a ser removidos, Congresos sin incentivos para cooperar y una ciudadanía que percibe que el voto ya no garantiza continuidad ni autoridad. En menos de diez años, Perú ha tenido siete presidentes, ninguno de los cuales logró completar su mandato constitucional.   El caso peruano revela los límites de un presidencialismo sin estabilidad partidaria ni mecanismos claros de control mutuo.   Revisar la figura de la vacancia moral no implica debilitar el control parlamentario, sino devolverle su sentido original y restablecer la previsibilidad institucional. Sin una reforma que precise sus alcances, el país corre el riesgo de seguir atrapado en un ciclo de presidentes efímeros, Congresos dominantes y, en el peor de los casos, un retorno paulatino a formas de poder ilegítimas o de facto. Créditos foto: Cancillería del Perú.

Las elecciones legislativas de Argentina de 2025, celebradas el domingo 26 de octubre, han marcado un punto de inflexión en la política del Estado hispanoamericano. El presidente Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, logró una victoria contundente y para muchos, sorpresiva, consolidando su influencia en el Congreso Nacional y en el Senado, así como reforzando su agenda reformista. Resultados de las elecciones legislativas de 2025 Casi 35,8 millones de argentinos estaban llamados a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados –127 escaños– y un tercio de los cargos del Senado –24 escaños–. Así pues, los resultados nacionales avalan ya con más del 99% de las mesas escrutadas la victoria de Milei frente a sus adversarios. De tal forma, los resultados han sido los siguientes: La Libertad Avanza: 40,68% (9.329.396 votos). Fuerza Patria y afines: 24,31% (5.587.521 votos). Provincias Unidas: 4,96% (1.140.993 votos). Frente de Izquierda y los Trabajadores: 3,91% (896.332 votos). UCR: 0,95% (218.394 votos). Otros: 25,8% (3.623.772 votos). La Libertad Avanza obtiene 64 nuevos diputados, sumando un total de 92 en la Cámara Baja, y 13 nuevos senadores, alcanzando un total de 19 en la Cámara Alta. Aunque aún no cuenta con mayoría absoluta, se constituye como la primera minoría en ambas cámaras, en alianza con el PRO y otros partidos de menor tamaño. En consecuencia, la distribución de los nuevos Diputados Nacionales elegidos en 2025 quedaría con la siguiente conformación: La Libertad Avanza: 64 diputados. Fuerza Patria: 31 diputados. Provincias Unidas: 5 diputados. Frente de Izquierda: 3 diputados. Fuerza Santacruceña: 2 diputados. Frente Tucumán Primero: 2 diputados. Frente Cívico por Santiago: 2 diputados. Fuerza Entre Ríos: 2 diputados. Frente Defendemos la Pampa: 2 diputados. Primero los Salteños: 1 diputado. Ciudadanos Unidos: 1 diputado. La Neuquinidad: 1 diputado. Vamos Corrientes: 1 diputado. Renovador de la Concordia Neo: 1 diputado. Por San Juan: 1 diputado. Frente Justicialista: 1 diputado. Frente de la Victoria: 1 diputado. Defendamos Córdoba: 1 diputado. Fuerza San Juan: 1 diputado. Federales Defendamos la Rioja: 1 diputado. Frente Jujuy Crece: 1 diputado. Frente Unidos Podemos: 1 diputado. En cuanto al Senado, la participación ha sido del 69,53%  de los 7.903.033 argentinos que estaban invitados a votar –puesto que solo escogían a los sensores de Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Entre Ríos, Río Negro, Tierra del Fuego-Antártida e Islas del Atlántico Sur, y, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–. Cada provincia y la ciudad autónoma mencionadas escogían un total de 2 senadores, los cuales han quedado repartidos de tal forma: La Libertad Avanza: 13 nuevos senadores. Fuerza Patria: 6 nuevos senadores. Frente Cívico por Santiago: 2 senadores. Fuerza entre Ríos: 1 escaño. Primero los Salteños: 1 escaño. La Neuquinidad: 1 escaño.  Resultados en Buenos Aires y la “boleta única” En la provincia de Buenos Aires –que no en la ciudad, CABA–, LLA logró una victoria ajustada, superando al peronismo por un estrecho margen –41,45% de Milei frente al 40,91% de la Fuerza Patria–, resultado notable por el peso demográfico de la provincia –38,12% del total nacional–. Este resultado es además, significativo, ya que la provincia representaba un bastión históricamente kirchnerista. Así pues, analistas, políticos, críticos y civiles están relacionando la victoria de Milei en la Provincia bonaerense debido a la introducción de la denominada “boleta única”. La mencionada boleta es un sistema de votación en el que todos los candidatos y partidos se presentan en un solo papel, en lugar de entregar boletas separadas por partido como en el sistema tradicional. Esto ha permitido que el votante elija fácilmente a sus candidatos marcando una sola opción por categoría, reduciendo la posibilidad de fraude o manipulación de boletas y facilitando el conteo de votos, al mismo tiempo que ha buscado simplificar y agilizar el proceso electoral. Esta medida de Milei ha sido una de las más apoyadas por la ciudadanía y ha evitado que otros contrincantes manipulasen o escogiesen los votos de terceros. Baja participación  La participación se ha mostrado, en términos generales, baja, rondando un 67,92% de la participación. Es una cifra modesta, teniendo en cuenta que el voto es obligatorio para mayores de 18 años y menores de 70. En consecuencia, se han contabilizado unos 24.263.248 de votos, de los cuales, un 2,74% –664.994 votos– han sido en blanco y un 2,46% –597.938 votos– nulos. Las provincias con menos movilización han sido Corrientes, Misiones y Santa Fe, con entre un 59 y un 63% de participación. En contra, Tucumán, Neuquén y Santiago del Estero, contando con porcentajes entre el 72 hasta el 79,51%. En cuanto a agrupaciones electorales, LLA ha conseguidola mayor parte de territorios, incluyendo las provincias más pobladas: Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras, el mayor partido de la oposición, Fuerza Patria, se ha quedado con las provincias de Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja o Santa Cruz –históricamente kirchnerista–.  Análisis de resultados La victoria de LLA se interpreta como un respaldo a las políticas implementadas por Milei, centradas en reformas de mercado, el control de la inflación y la reducción del gasto público. Sin embargo, la coalición aún no alcanza el quórum propio en las cámaras, lo que implica la necesidad de establecer alianzas con otros sectores para aprobar leyes clave. Por otro lado, el peronismo, queda derrotado, ha logrado superar el umbral del 40% de los votos, lo que representa su mejor desempeño en elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en las últimas dos décadas, pero su peor resultado histórico a nivel nacional. Este resultado podría ser interpretado como una base sólida para futuras contiendas electorales y como un cambio necesario dentro de las filas kirchneristas. En total, el Frente Amplio apenas llega al 24% de los diputados que se decidían el domingo, una cifra débil frente al 40,65% que ha obtenido el presidente, haciéndose con 64 de los 127 diputados.  La nueva victoria de Milei también ha tenido repercusiones internacionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su apoyo al mandatario argentino, destacando la importancia de su liderazgo en América Latina. Además, se anunció un paquete de ayuda financiera para Argentina, condicionado a la implementación de reformas económicas. A su vez, otros mandatarios y políticos como George Simion, Viktor Orbán, Gideon Sa'ar, Netanyahu, Santiago Abascal o Giorgi Meloni también se han sumado a las felicitaciones al líder argentino.  Para seguir de cerca, tanto los resultados y el escrutinio definitivo, el Gobierno de Argentina ha habilitado la siguiente plataforma oficial: https://resultados.elecciones.gob.ar

Bosnia y Herzegovina, país ubicado en los Balcanes que fue parte de la antigua Yugoslavia, la cual, a pesar de su permanencia previa y de su disolución hace más de treinta años, aún siguen resonando los ecos de la cruenta guerra por la que tuvo que pasar este país para lograr su independencia. El tema del presente artículo es una pieza que en su día fue fundamental para lograr una paz entre los distintos grupos étnicos del que, en esencia; lo único que los separa es la religión; pero que actualmente condena al país eslavo a la disfuncionalidad, viviendo una lucha de poderes constante entre aquellos actores que nunca solucionaron sus diferencias, sino que simplemente aprendieron a vivir con el peso de sus crímenes tras la imposición de los Acuerdos de Dayton. ¿Cómo se gesta Dayton? Antes de entrar en detalle, hay que contextualizar la situación en la que se encontraba Bosnia en 1995, y es que en el país encontramos tres principales grupos étnicos, los bosniacos musulmanes, representando a un 50% de la población, los serbiobosnios ortodoxos contando con un 30% de la población, y los croatobosnios católicos que, abarcan un 15% de la representación demográfica del país. Teniendo esto en cuenta, estos tres grupos han estado siendo influenciados por duros discursos nacionalistas desde la muerte de Iosif Broz Tito en 1980, explotando tras la independencia de Bosnia y Herzegovina en 1992, que dado al carácter nacionalista del nuevo gobierno independiente, los serbios en bosnia proclamaron unilateralmente la independencia de los territorios de mayoría serbia, creando la República Srpska. A la vez, los sectores croatas declararon la república de Herzeg-Bosnia se acabaron enfrentando desde 1992 –tras independizarse la República de Bosnia y Herzegovina hasta 1995 que se alcanzó un acuerdo de paz– continuando las hostilidades bélicas hasta 1996. En la misma guerra, los tres grupos se enfrentaban entre ellos, hasta que en 1993, por presiones occidentales, se forzó a los bosniacos y a los croatas a cooperar. Los avances reales hacia un cambio importante del status no se produjeron hasta 1995, cuando Croacia logró expulsar a los serbios de la Republica de Krajina tras la Operación Tormenta , sumado a los bombardeos de la OTAN a las posiciones de Srpska tras la masacre de Srebrenica y a varios avances bosnios y croatas. En consecuencia, se logró forzar a los serbiobosnios a sentarse a la mesa de negociación, organizándose una cumbre en Dayton, Ohio, EEUU. Tras intensos días de negociaciones, se acabaron firmando el 21 de noviembre de 1995 los acuerdos de Dayton entre los presidentes de los tres países implicados en las hostilidades: Alija Izetbegović, Franjo Tuđman y Slobodan Milošević, siendo representadas las respectivas minorías por sus connacionales de Croacia y Serbia. Ratificado más adelante en París el 14 de diciembre, los acuerdos de Dayton buscaron establecer unas bases de convivencia en la región fundamentales para lograr alcanzar una paz duradera en la región, con el objetivo de que este escrito sea revisado más adelante. Este acuerdo pasaría a ser la constitución bosnia, sentando las bases de la organización del estado. ¿Qué trata? Entrando en los mismos escritos, se acuerda la creación de dos entidades dentro del país balcánico. Por un lado, la República Srpska, que será la materialización de las reclamaciones serbobosnias que propiciaron su intento de secesión, ya que tanto los serbobosnios como los croatobosnios temían la creación de un estado dominado por bosniacos musulmanes centralizado, que pueda atropellar sus libertades religiosas. Por el otro lado, nos encontramos con la Federación de Bosnia y Herzegovina[1], que contiene tanto a la mayoría de bosniacos como a los croatas, esta entidad, de mayor complejidad, se explicará más adelante. Además, en los acuerdos de Dayton también se estipulan cambios fronterizos entre las dos entidades, intentando respetar en su mayoría el control territorial que cada ejército étnico ejercía, siendo la mayor excepción el caso de Sarajevo –en la que la República Srpska se vio obligada a ceder a los bosniacos–.  Tiempo después se compensaría con territorios que fueron ocupados por las fuerzas croatas antes del fin del conflicto, y, a su vez, los croatobosnios obtuvieron un sector al norte de Srpska, el cual estaba poblado por croatas. Mapa ilustrativo de Bosnia. Realizados los cambios territoriales, la República Srpska ocupa actualmente un 48% del territorio de Bosnia y Herzegovina, y,  su capital se establece oficialmente en Sarajevo, en los barrios que pertenecen a Srpska, pero de facto, el centro de poder se ubica en Banja Luka. Asimismo, cuentan con su propia constitución, donde se reconocen tres comunidades mayoritarias: serbios, bosniacos y croatas, en esta, se estipula que la República cuenta con un presidente, un primer ministro y dos vicepresidentes, estos tres últimos, además, deben pertenecer a las otras dos comunidades mayoritarias que no estén representadas por el presidente. Por otro lado, la Federación de Bosnia y Herzegovina, se consolidó en 1994, tras la firma de los Acuerdos de Washington, donde se puso fin a las tensiones entre bosniacos y croatobosnios. La federación se divide en diez cantones, diferenciándose entre los de mayoría bosniaca, croata y mixta. Cada cantón cuenta con sus propias instituciones, gobierno y símbolos, pero según Dayton, no pueden apelar a las entidades secesionistas previas, generando esto un caso curioso, en el que el Cantón 10 ha tenido tanto su bandera como su nombre, y, una sanción del tribunal federal bosnio, ya que el nombre oficial, Cantón de Herzeg-Bosnia, apelaba al proto estado croata que buscó su secesión previamente. Además, se genera una redundancia donde se apropia el cantón el nombre de toda la región de Herzegovina y la bandera era la misma que la de la entidad croatobosnia. Por su parte, la federación cuenta con varios órganos de gobierno, como lo son el presidente federal, con dos vicepresidentes, un gobierno federal con representación étnica, una corte constitucional federal y dos cámaras, una baja con 98 asientos, y una alta donde hay 23 representantes de cada nación constituyente del país, además de 11 asientos reservados para minorías, sumando un total de 80 escaños. Para terminar la tan “sencilla” organización territorial de Bosnia y Herzegovina, existe también un condominio entre las dos entidades. En primer lugar,  el Distrito de Brčko, al noreste del país. Éste se creó en el año 2000, ya que era el último territorio que quedaba por acordar su administración dado a la naturaleza multiétnica del mismo. Aunque sea un condominio entre la Federación y Srpska, en esencia funciona como una entidad propia, con un elevado grado de autonomía, diciéndose que pertenece a ambos pero es gobernado por nadie. Como curiosidad, a la hora de votar, sus ciudadanos pueden elegir si votar por Srpska o por la Federación. Mapa ilustrativo de Bosnia. ¿Cómo funciona la Constitución de Bosnia tras Dayton? Sobre el gobierno central de Bosnia y Herzegovina, la jefatura de estado recae en tres representantes, uno para cada pueblo constituyente, siendo elegidos cada cuatro años directamente por los bosnios, votando en la Federación por el representante croata y bosniaco, y en Srpska, por el serbio. Estos tres, van rotando la presidencia cada ocho meses y tienen el mismo peso político. Legislativamente, la Asamblea Parlamentaria es el órgano que realiza estas funciones, conteniendo dos cámaras, la Cámara de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina y la Cámara de Representantes de Bosnia y Herzegovina, teniendo ambas una representación igual de los tres pueblos constituyentes. Mientras tanto, en cuanto a los asuntos judiciales, la Corte Constitucional de Bosnia y Herzegovina que, como dato, tres de sus nueve miembros son designados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, en el país eslavo existe también la figura del alto representante para Bosnia y Herzegovina que, básicamente, es un enviado de la UE que tiene potestad total para destituir a las autoridades del país. Su función principal es supervisar que el país avance hacia una organización política y democráticamente estable que le permita ser autosuficiente, una vez se haya logrado eso, esta figura dejará de existir, por lo que todavía queda un largo periodo de supervisión. ¿Sigue funcionando este sistema? El principal objetivo de esta organización acordada en Dayton era la de complacer temporalmente a las partes del conflicto y terminar con las hostilidades, pero nunca lo fue para perpetuarse al largo plazo, ya que se ha visto con el paso del tiempo que existen un exceso de instituciones que en esencia repiten funciones, lo que en la práctica ha propiciado el asentamiento de una disfuncionalidad inherente en el estado bosnio. Esta disfuncionalidad se extiende a la totalidad de entidades, en la Federación donde se han tenido que suprimir ministerios ya que los cantones cuentan con esas competencias, generando redundancias, o en Srpska, donde los croatas cuentan una clara sobrerrepresentación, aunque sean únicamente el 2,9% de la población. Y para añadir mayor complejidad, también cuentan con municipios, con sus propios gobernantes y organizaciones, creando un verdadero exceso de presidentes, ministros, concejalías y asesores para cada uno. Todo esto, sin contar las reclamaciones que tienen los serbobosnios y los croatobosnios, donde los primeros –mediante la república Srpska y utilizando la independencia de Montenegro como pretexto– han emergido voces que llaman por la independencia de la entidad, con la esperanza de unirse posteriormente a Serbia. En 2008, la declaración de independencia exitosa de Kosovo sirvió para engrosar el argumentario de los secesionistas serbios, el cual, en el caso kosovar, se utilizaba en contra de Serbia, pero todo tipo de secesión está directamente prohibido legalmente por Dayton. Mientras tanto, una de las reclamaciones que siempre han tenido los croatobosnios ha sido el establecimiento de una entidad croata similar a Srpska que permita a la población croata tener un sujeto político que vele por sus intereses dentro del Estado, y, en caso de que sea necesario, propiciar una secesión. Como punto de inflexión a tener en cuenta, este tipo de entidad tendría el potencial de dividir la turística ciudad de Mostar de una forma similar que Sarajevo, pero este tipo de reclamaciones también suelen tener un corto trayecto. Políticamente, la disfuncionalidad se extiende también a los partidos, donde casi todos ellos tienen representación en alguna de las entidades bosnias que responden a los intereses particulares de una etnia en específico. A esto, se le suma la ya existente complejidad propia de un sistema multipartidista, donde, por ejemplo, se dan casos como que el actual presidente de Bosnia y Herzegovina pertenezca al partido de Milorad Dodik, la Alianza de Socialdemócratas Independientes –que el nombre no confunda, son tan nacionalistas serbios como la oposición de estos en Srpska– habiendóse ido al tercer partido más importante en Srpska, el Partido del Progreso Democrático, para ver algo mínimamente más pro-europeo –siendo observador del Partido Popular Europeo– que, de la misma forma, sigue siendo nacionalista serbio, pero más moderado. ¿Existen alternativas al actual sistema? Toda esta complejidad generada en Dayton, genera una pregunta, y es si ha habido intentos para cambiar este entramado burocrático y atajar los problemas de raíz que nunca se cerraron del todo tras los acuerdos de paz.  La respuesta es sí, existiendo una notable cantidad de propuestas que vienen de muchas opiniones, desde la sociedad civil bosnia, pasando por intentos de mediación de la UE y hasta de think-tanks extranjeros. Uno de los intentos más importantes, a nivel estatal, fue el Paquete de Abril, en 2006. Una de las medidas más importantes que contenía era reducir el poder de los presidentes a un rol más simbólico, manteniendo pocas cuestiones, pero muy importantes, como la defensa, para que se acuerden por consenso, además se aumentaría el periodo de rotación a 16 meses y se delimitarían mejor las competencias de los distintos sujetos. Sobre todo, de acuerdo con las recomendaciones de la UE para la integración bosnia, se buscaba engrosar el estado central, eliminando competencias de las entidades, y, a su vez, creando ministerios como el de agricultura, el cual, no existe en Bosnia. Esta propuesta no se aprobó por dos votos, ganando el rechazo por un voto de la Unión Democrática croata –por no proteger a los croatobosnios–, y por otro del Partido por Bosnia y Herzegovina, que buscaba reducir aún más el peso de las entidades. El rechazo de la propuesta obstaculizaría bastante el proceso bosnio de membresía de la UE. Más adelante se dieron negociaciones mediadas por la UE, basándose en el Paquete de Abril, pero la mayoría fracasaron. Además, sobre todo en los años después de la guerra, se fueron haciendo ciertas reformas limitadas, y más enfocadas en cumplir los acuerdos, como la creación del Distrito de Brčko o la unificación de las policías de las entidades, pero ninguna reforma ha logrado arreglar los problemas que arrastra Bosnia. Además, han existido varias propuestas provenientes de la sociedad civil bosnia, entre las que se recogen ideas como el establecimiento oficial de Bosnia y Herzegovina como una federación, o la más interesante, que propone la abolición de las entidades y los cantones, proponiendo a los 143 municipios como los principales sujetos políticos dentro del país, manteniendo el poder central de Bosnia y Herzegovina, esta propuesta llegó a ser apoyada por el alcalde de Foča de aquel entonces. Por otro lado, ha habido también propuestas por parte de think-tanks internacionales, entre las que se incluyen ideas como abolir la Federación, y establecer un sistema federal con los diez cantones, Srpska y Brčko al mismo nivel; una Bosnia y Herzegovina con tres entidades, Srpska, uno bosniaco y otro croatobosnio; un modelo basado en el “directorio” suizo, fusionando la Presidencia y el Consejo de Ministros en un único ejecutivo; y se retoma la idea de la municipalización, sumando a la ecuación una asociación de municipios croatas. Entonces… En definitiva, se puede apreciar que pocos no han sido los intentos de cambiar la situación de Bosnia, pero dado a la imposibilidad que supone poner a tantos organismos, partidos políticos y grupos étnicos de acuerdo, la población bosnia no tiene ningún tipo de esperanza de que se llegue a realizar algún avance significativo; al menos a corto plazo; que sumado a la normalización generalizada que hay sobre la disfuncionalidad se ha generado una situación de pasividad. El “es lo que hay” prima, ya que para las nuevas generaciones es lo único que han vivido, que por lo menos, es mejor que vivir asediados por los que algún día convivieron contigo.

El pasado 28 de septiembre tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en Moldavia, un país fuertemente dividido entre los seguidores proeuropeos y prorrusos. Sin embargo, las elecciones mostraron un resultado claro, Moldavia quiere acercarse cada vez más a Europa. Partidos políticos Partido de Acción y Solidaridad (PAS): el partido fue creado en 2016 por la actual presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu. Es un partido liberal conservador proeuropeo, que defiende la iniciativa privada, la reducción de los procesos burocráticos y la eliminación de los monopolios, tanto estatales como privados. En cuanto a su política exterior, el PAS aboga por la entrada en la UE, una alianza estratégica con Estados Unidos, una relación de no confrontación con Rusia y el fortalecimiento de las relaciones con Rumanía sin que esto suponga la unificación Bloque Electoral Patriótico (BEP): una coalición prorrusa de partidos de izquierda (Partido de los Socialistas de la República de Moldavia, Partido de los Comunistas de la República de Moldavia, Partido Futuro de Moldavia y Partido Republicano Corazón de Moldavia) que defiende una cooperación más estrecha con Moscú, aunque aboga por la neutralidad permanente en el conflicto de Rusia y Ucrania. Otros partidos: el Bloque electoral “Alternativa” el cual ha conseguido el 8% se coloca como un partido proeuropeo pero “anti PAS”. Otro partido que ha logrado superar el 5% para entrar al Parlamento es “Democracia en casa” el cual quiere la reunificación con Rumanía. Encuestas previas Un mes y medio antes, las encuestas daban como ganador al PAS (36%), pero sin los suficientes votos como para gobernar solos, y el BEP (27.5%) estaba muy cerca, lo cual podían hacer gobierno con otros partidos prorrusos. Sin embargo, dos semanas antes las encuestas ya registraban casi un 50%  de los votos para el PAS y el BEP había caído ligeramente. Esto se debe a un “voto silencioso proeuropeo” que no se había captado en las primeras encuestas y a la exclusión de dos partidos prorrusos (Corazón de Moldavia y Moldavia Grande) por parte de la Comisión Electoral Central (CEC) debido a soborno electoral, financiación ilegal y lavado de dinero. La oposición acusó al gobierno de manipular las reglas electorales e impedir que las elecciones se desarrollen con total democracia. Campaña electoral La campaña electoral de estas elecciones ha sido una de las más duras a las que se han enfrentado las autoridades moldavas, ya que ha habido una interferencia extranjera masiva que ha combinado métodos tradicionales, como la desinformación, con nuevos métodos para influir en los resultados de las votaciones.  La compra masiva de votos fue liderada por Ilan Șor, un político moldavo de origen judío, conocido por su importante papel por el robo de mil millones de dólares en Moldavia y por liderar el partido Șor, el cual fue suspendido para estas elecciones. Șor ha utilizado una criptomoneda basada en rublos (A7A5), con la que canalizaba dinero a través de intercambios en el mercado negro de Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Líbano, para luego utilizarlo en la política moldava, sobretodo para promover al bloque prorruso. Además, Șor había creado una red de compra de votos en la que habían registrados unos 138.000 ciudadanos moldavos, en la que se les pagaba alrededor de 100€ por votar al bloque prorruso. Además, las autoridades moldavas han encontrados hasta 4.480 enlaces en Telegram, Facebook o X donde difundían desinformación, como fraude electoral por parte del PAS, el autoritarismo del gobierno moldavo, el empuje a la entrada a la guerra de Ucrania por parte de la OTAN y de la UE y los falsos planes rumanos de intervención en Transnistria. También se han registrado más de 1.000 ataques cibernéticos contra la infraestructura gubernamental y electoral, aunque todos ellos fueron neutralizados y no afectaron al desarrollo de las elecciones. A ello, hay que sumarle las distintas falsas amenazas de bombas en colegios electorales en Moldavia y en el extranjero (Bruselas, Bucarest, Roma, Génova, Alicante y Carolina del Norte) con el fin de perturbar el proceso electoral.  Resultados Finalmente, el día de las elecciones los moldavos decidieron acercarse a Europa, y el PAS mantuvo su mayoría absoluta con un 50,20% y 55/101 escaños en el Parlamento. Esto demuestra que el apoyo proeuropeo se ha mantenido pese a las presiones económicas que ha sufrido durante su legislatura anterior, y a las desinformación por parte de Rusia. Reparto de escaños del parlamento moldavo, tras las elecciones. El voto de la diáspora ha sido clave, sobre todo en Alemania, España o Italia, donde el PAS ha obtenido el 78% de los votos provenientes del extranjero. En el territorio moldavo, sorprende el caso de Transnistria donde el BEP ha obtenido solamente el 51% de los votos, sin embargo, donde más apoyo ha tenido el BEP ha sido en Gagauzia, donde consiguieron el 82,35% de los votos. En estas regiones, los proeuropeos han acusado varios intentos de obstruir el voto, sin embargo,también fueron acusados por los prorrusos de intentar limitar el voto mediante la disminución del número de centros electorales. Tras conocer los resultados, el líder del BEP, Igor Dodon, convocó protestas ante el Parlamento moldavo al día siguiente, debido a la falsificación de las elecciones y la limitación del derecho a voto en Transnistria, mientras que el líder del PAS, Igor Grosu, llamó a la vigilancia. También arrestaron a 3 líderes de protestas masivas por desestabilizar el órden público. Consecuencias de las elecciones Estas elecciones han tenido gran trascendencia en las relaciones internacionales, ya que significan la continuación del proceso de adhesión en la UE, por lo menos, hasta 2029. También ha sido un gran revés para el Kremlin en el espacio post-soviético y estas elecciones les han avisado de la eficacia limitada que tienen sus métodos, tanto antiguos como modernos, además de complicar el refuerzo militar ruso en la zona de Transnistria, donde pretendía enviar alrededor de 10.000 soldados más. La victoria del PAS supone también un alivio para Ucrania, ya que no se va a quedar encajonada entre dos frentes rusos. Créditos foto: Daniel Mihăilescu.