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En un país donde tradición y cambio van de la mano, las recientes elecciones presidenciales en Irlanda han marcado un giro notable. El pasado 24 de octubre de 2025 los ciudadanos de la república fueron convocados a elegir a su décimo presidente, y la victoria aplastante de la independiente de izquierdas Catherine Connolly –con cerca del 63% de los votos de primera preferencia –unos 914,143 votos– ha sacudido el panorama político irlandés. Sin embargo, la participación rondó apenas el 46%, lo que, junto con un número récord de votos nulos o anulados –unos 213,700–, revela también un desencanto ciudadano. El ambiente previo al comicio se encontraba cargado: Irlanda, aunque en muchos indicadores goza de buena salud económica, afronta desafíos sociales claros –como la crisis de la vivienda, el costo de la vida, la falta de infraestructuras de calidad, y un debate intenso sobre identidad e inmigración, así como la relación con Europa y el norte del país–. La elección de Connolly se presenta no solo como una renovación simbólica de la jefatura del Estado sino también como un mensaje a las élites políticas convencionales. Resultados de las elecciones presidenciales irlandesas 2025.   El papel de la presidencia en Irlanda Para comprender por qué esta elección tiene más de símbolo que de poder real es necesario repasar la naturaleza institucional de la jefatura del Estado en Irlanda. En la república parlamentaria irlandesa –definida por la Constitution of Ireland– el presidente es el jefe de Estado, pero no el jefe de gobierno.  El presidente –cargo al que pueden presentarse ciudadanos mayores de 35 años con las correspondientes nominaciones– cumple un mandato de siete años, renovable solo una vez. Gran parte de su papel es representativo: firmar leyes, convocar el Parlamento –Dáil y Seanad–, disolver el Dáil cuando lo pide el gobierno, nombrar al Taoiseach –primer ministro– o a jueves, y ostentar el mando supremo de las Fuerzas de Defensa –aunque ese mando también está sujeto al control del gobierno–.   En la práctica, los ciudadanos irlandeses tienden a ver esta figura como un garante de los valores democráticos, una voz moral por encima del día a día políticamente cargado y un símbolo de cohesión nacional. La presidencia no dirige la política económica o social, pero su ocupante puede influir en el tono del debate público, en la representación internacional y en la visibilidad de cuestiones culturales. Para su elección, se utiliza el sufragio universal directo mediante el sistema de voto único transferible, una forma de voto preferencial. En este sistema, los ciudadanos ordenan a los candidatos por preferencia (1,2,3, etc.). Si ningún aspirante obtiene más del 50% de los votos de primera preferencia, se elimina al candidato con menos apoyos y sus votos se redistribuyen según las opciones marcadas. El proceso continúa hasta que se alcanza una mayoría absoluta, garantizando así que el ganador cuente con un respaldo mayoritario y representativo del electorado –hecho que ha sucedido con Connolly, puesto que ha recogido una gran cantidad de votos procedentes del electorado del Fianna Fáil–. De dónde viene Irlanda: un breve repaso histórico La historia política de Irlanda está marcada por hitos que han modelado tanto su sistema institucional como sus tensiones identitarias. Tras décadas de dominación británica, el Estado Libre irlandés se independizó en 1922, y en 1937 se promulgó una nueva Constitución que estableció la República de Irlanda como Estado soberano. En 1973 el país ingresó en la Unión Europea –por entonces Comunidad Económica Europea–, lo que aceleró su modernización posteriormente –junto a incentivos más que atractivos a empresas multinacionales tecnológicas–. En las últimas décadas Irlanda ha experimentado un notable crecimiento económico –especialmente en el sector tecnológico y de servicios–, al mismo tiempo que enfrentaba retos como la recesión del periodo 2008-2010, el escándalo bancario-inmobiliario, y un cambio profundo en su relación con la Iglesia católica, reflejado en los debates sobre derechos civiles: divorcio, aborto, matrimonio igualitario etc. También queda en el trasfondo el efecto indirecto del Brexit sobre sus relaciones económicas y logísticas y la cuestión de la frontera con Irlanda del Norte, que ha reabierto las discusiones sobre la identidad nacional y las relaciones con Londres. Todo ello hace que Irlanda se encuentre hoy en un momento de transición social; de un país que avanza hacia una identidad más plural, abierta y europea-centrada, pero al mismo tiempo interpelado por sus raíces históricas, tradicionales e institucionales. El legado de D. Higgins El presidente saliente es Michael D. Higgins, que ejerció el cargo desde noviembre de 2011, reelecto en 2018, y que cumplió el máximo de dos mandatos permitidos. Higgins, laborista, poeta, académico y antiguo ministro de Cultura, alcanzó gran popularidad gracias a su estilo reflexivo, su defensa de la justicia social, los derechos humanos y la visibilidad internacional de Irlanda. Entre sus logros destacan la elevación del perfil de la presidencia irlandesa en el exterior – especialmente por las críticas hacia Israel en la ONU por la situación en Gaza, el reconocimiento del Estado Palestino o la primera visita de un presidente irlandés a Reino Unido en 2014 desde su independencia–, el refuerzo de la conciencia cultural, la moral coherente más allá del partidismo, los valores humanistas y su posición como figura unificadora en momentos de crisis interna, así como sus perros, especialmente Bród –igual o más famoso que el propio presidente– , lo que reforzó su vinculo afectivo con la ciudadanía. No obstante, algunas críticas señalan que su papel, aunque simbólicamente potente, ofrecía poca influencia real sobre las estructuras de poder, y que en tiempos de urgencia económica o de vivienda difícilmente podía ofrecer respuestas políticas directas.  En el contexto de esta campaña, la figura de Michael D. –cariñosamente llamado así– fungió como referencia alta: su popularidad y su estilo marcaron un estándar que muchos candidatos sentían que debían igualar o superar. En ese sentido, la elección próxima estaba llamada a ser tanto homenaje a ese legado como desafío a dar un nuevo paso. La nueva presidente: figura, discurso y campaña La nueva presidente electa es Catherine Connolly, tercera mujer en ostentar el cargo, independiente, de izquierdas, atea, hablante de irlandés, de 68 años, contraria al IRA y originaria de Galway, región al oeste del país. Antes de su candidatura presidió el ayuntamiento de Galway y entró en el Dáil –Cámara baja– en 2016 como diputada. Su campaña giró en torno a mensajes resonantes para muchos electores jóvenes y urbanos, pero no exclusivamente: “inclusión”, “república que valora a todos”; “voz para la diversidad y para la identidad irlandesa tanto en idioma irlandés como en inglés”; fueron frases constantes durante sus mítines. Además, Connolly planteó una Irlanda más firme en temas de justicia social, medio ambiente y actuación internacional, cuestionando la militarización de la Unión Europea y defendiendo la tradicional neutralidad irlandesa, con discursos duros anti-OTAN. Contó con el apoyo explícito de los partidos de izquierdas –Sinn Féin, Labour Party, Social Democrats, Solidarity, Green Party y People Before Profit – y se benefició de una respuesta notable en votantes jóvenes y en zonas urbanas al oeste del país. Entre las polémicas, se le ha criticado por sus declaraciones sobre ciertos conflictos internacionales –por ejemplo las críticas a Israel sobre el conflicto de Gaza y su postura sobre las relaciones exteriores irlandesas– que suscitaron debate sobre hasta qué punto una figura presidencial debía adoptar posturas tan contundentes. Durante la campaña, sin embargo, supo mantener la narrativa de “presidente para todos”, lo que contribuyó a construir una imagen de liderazgo cercano, con buena comunicación en redes sociales y presencia en medios tradicionales, y de conexión generacional. Su imagen pública mezcla la figura institucional con mensajes de cambio generacional. Ha logrado proyectar una presidencia no únicamente para las élites o para Dublín, sino también para las regiones –una cuestión clave en Irlanda, donde el desequilibrio metrópolis-rural es perceptible–.  El triunfo Connolly se explica por la convergencia de factores políticos, sociales y estratégicos. En un contexto descontento con los partidos tradicionales –Fine Gael y Fianna Fáil–, su candidatura canalizó el hartazgo ante la crisis de la vivienda, el aumento del coste de vida y la percepción de que las instituciones habían perdido sensibilidad social. A ello se sumó una cierta fatiga con el largo mandato de Higgins: Connolly ha sabido proyectarse como heredera de sus valores, pero también como la renovación que muchos buscaban. Su campaña ha destacado por el uso eficaz de las redes sociales, una comunicación cercana y una movilización inédita del voto joven y urbano. La retirada tardía del candidato del Fianna Fáil, Jim Gavin, debilitó aún más a la oposición, dejando la contienda prácticamente reducida a dos aspirantes, lo que amplificó su margen de victoria –63,36% frente al 29,46% que consiguió su opositora, Heather Humphreys–. En consecuencia, Connolly ha ganado en todos los distritos nacionales por circunscripción con más de un 50% de los votos, a excepción de la circunscripción de Cavan-Monaghan, donde solo alcanzó el 38,33% de los votos. El trasfondo sociológico también ha sido clave: el electorado irlandés muestra una creciente afinidad con causas como la igualdad de género, el ecologismo y el europeísmo. Así, la victoria de una mujer independiente y de izquierdas simboliza el giro cultural de una Irlanda más diversa, moderna y crítica con las élites. Connolly encarna –para bien o para mal– ese deseo de cambio moral y social que trasciende el mero resultado electoral. Créditos foto: Houses of the Oireachtas from Ireland.

Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños de África, con una división territorial singular y una característica distintiva: es el único país africano donde el español es lengua oficial (aunque también se habla en el Sáhara Occidental, territorio no plenamente reconocido como Estado). Esto se debe a que, durante más de dos siglos, Guinea Ecuatorial fue un territorio español, primero como Capitanía General y, más tarde, como provincia española. Durante este periodo, la entonces llamada Guinea Española se consolidó territorialmente en la isla de Fernando Poo (la actual Bioko), el territorio continental de Río Muni, y las islas de Annobón y Corisco. España introdujo un sistema administrativo moderno, en el que los ecuatoguineanos participaron en cierta medida, difundió el uso del castellano y desarrolló buena parte de las infraestructuras del país, todo ello con sus claros y sus sombras. En 1968, impulsada por el auge del nacionalismo ecuatoguineano y el proceso de descolonización promovido por la ONU, la provincia de Guinea Española alcanzó la independencia bajo el liderazgo de Francisco Macías Nguema. Poco más de 10 años después, en 1979, Teodoro Obiang encabezó un golpe de Estado que derrocó a Macías, y desde entonces se ha mantenido en el poder, consolidando uno de los regímenes más longevos del continente africano y del mundo.  Es en este contexto nacional donde surgen los movimientos independentistas de Bioko y Annobón, impulsados por la geografía particular del territorio, ya que ambas son islas muy separadas tanto entre sí como del continente, y por diferencias étnicas que se remontan a antes de su integración en España. En primer lugar, en Bioko, donde se encuentra la capital Malabo, el principal grupo secesionista es el MAIB (Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko), formado por miembros de la etnia bubi, la originaria de la isla. Este grupo lleva más de treinta años denunciando que los bubis sufren discriminación y marginación bajo el gobierno central, y reclama la independencia del territorio bajo control bubi. Cabe recalcar que este movimiento no cuenta con gran apoyo, ni interno ni externo, y muchos lo consideran divisionista y poco pragmático, ya que Guinea Ecuatorial es una nación pequeña, con poco más de un millón de habitantes. Además, en Bioko no solo vive la etnia bubi, sino también la fang y otras comunidades que se identifican plenamente como ecuatoguineanas, junto a un número importante de bubis que también comparten ese mismo sentimiento nacional.   El caso de Annobón es más complejo, al ser el territorio más alejado del resto de Guinea Ecuatorial, con una población de menos de diez mil habitantes, y un movimiento independentista muy joven, con apenas tres años de existencia. Esta tendencia separatista está encabezada por el grupo Ambó Legadu (“Annobón Libre”), liderado por Orlando Cartagena Lagar, quien ha llegado a autoproclamarse primer ministro de la República de Annobón y ha declarado la independencia de la isla. Hay que señalar que, a diferencia del independentismo de Bioko, las reivindicaciones de este movimiento no tienen una base étnica, sino que surgen del descontento hacia el gobierno central, ya que la isla, además de su lejanía, sufre de aislamiento, falta de infraestructuras y continuos cortes de luz y agua, lo que genera entre sus habitantes una fuerte sensación de abandono. Ante esta situación, la causa independentista no se percibe como realista ni viable, ya que Annobón depende por completo de Guinea Ecuatorial para su abastecimiento, las comunicaciones y otros servicios básicos. El propio grupo Ambó Legadu parece consciente de esto, por lo que su movimiento tiene un carácter más de protesta y reivindicativo que realmente secesionista. Eso sí, ha sido amplificado por redes sociales y ha recibido cierta visibilidad externa, especialmente por parte de actores políticos como el partido Podemos en España. En los últimos años, el movimiento ha protagonizado choques con las autoridades, y algunos organismos internacionales, como la ONU, han denunciado detenciones arbitrarias, lo que demuestra la gravedad del conflicto y la necesidad de un diálogo más desarrollado junto con reformas gubernamentales que atiendan las demandas de la población de Annobón.   En conclusión, tanto el MAIB como el Ambó Legadu no persiguen una independencia real en el sentido en que lo hacen partidos como Junts o Bildu en España, sino que utilizan ese discurso para expresar malestares locales, en parte legítimos, aunque con una viabilidad de independencia prácticamente nula. Y es que Guinea Ecuatorial, pese a sus desafíos políticos y económicos, se ha consolidado como una nación reconocida y relativamente estable dentro del África Central. De hecho, es uno de los países más seguros de África y cuenta con una de las tasas de alfabetización más altas del continente. Es por eso que, debido a la evolución de estos movimientos, la solución no parece estar en la secesión, sino en una forma de gobierno más equitativa y adaptada a las necesidades de cada territorio ecuatoguineano. En este escenario, es clave otorgar su merecida voz a las poblaciones insulares y fomentar una mejor relación con la región continental, para que así se fortalezca la cohesión nacional y se preserve la integridad territorial de la nación hispanoafricana. Créditos foto: Agencia Estatal de Noticias de la República de Annobón.

Oceanía se encuentra en la primera línea de los efectos del cambio climático. Las aguas del Pacífico Sur, que durante siglos han sostenido la vida de comunidades insulares, se están convirtiendo ahora en una nueva amenaza a tener en cuenta. El nivel del mar aumenta a un ritmo de entre 3 y 4 milímetros anuales, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático , una cifra que aunque para nosotros modesta, se traduce en costas erosionadas, acuíferos y terrenos contaminados por la sal y territorios sumergidos. Países como Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall o Vanuatu enfrentan un futuro incierto. En algunos atolones de Kiribati, la pérdida de tierra habitable y fértil ya fuerza la reubicación interna de población. En Tuvalu, las mareas altas — king tides para los locales— inundan los cultivos y viviendas varias veces al año, mermando el desarrollo de la zona. Por su parte, Vanuatu, sufre con creciente frecuencia ciclones devastadores, como el Harold en 2020 o el Lola en 2023, que destruyen infraestructuras y economías locales constantemente. Ante este escenario, los habitantes insulares del Pacífico ya no solo hablan de adaptación hacia las nuevas condiciones, sino de migración climática: el desplazamiento de personas forzadas por los efectos directos del cambio climático. Este fenómeno plantea nuevas cuestiones sobre conceptos como la soberanía, la ciudadanía o los derechos humanos que afectan directamente a casi 3 millones de personas en la región. Entre las posibles respuestas ha surgido una idea innovadora, aunque no exenta de controversia: el visado climático. ¿Qué es un visado climático? El visado climático –o climate visa para nuestros colegas anglosajones– es un mecanismo migratorio propuesto para permitir la entrada, residencia o trabajo a personas desplazadas debido al impacto directo del cambio climático. No se trata de una categoría jurídica formalmente reconocida, sino de una innovación política que busca llenar un vacío del derecho internacional. A diferencia del asilo político o de los visados humanitarios tradicionales, los visados climáticos no exigen persecución individual ni conflicto armado. El factor determinante es la degradación ambiental o la pérdida de habitabilidad. Sin embargo, esta diferencia los coloca en un limbo legal: la Convención de Ginebra de 1951 no reconoce al “refugiado climático” como sujeto de protección, lo que realmente deja a millones de personas sin amparo internacional válido. Por ello, los visados de este tipo se conciben como mecanismos voluntarios o bilaterales, más que como obligaciones legales. Constituyen una respuesta parcial y todavía experimental frente a una crisis de dimensiones civilizatorias. ¿Cuándo y cómo surgen estos visados? El debate sobre los visados climáticos comenzó a consolidarse en la década de 2010, cuando las primeras evidencias científicas mostraron que algunos Estados del Pacífico podrían volverse inhabitables antes de mediados de nuestro siglo. Nueva Zelanda fue el pionero en plantear esta posibilidad. En 2017, su gobierno, liderado por el ministro de Cambio Climático James Shaw, discutió la creación de una “visa por razones climáticas” destinada a los habitantes del Pacífico, especialmente de Tuvalu y Kiribati, proponiendo otorgar 100 visados anuales. Aunque la medida no llegó a implementarse formalmente, abrió un debate global sobre las obligaciones morales y regionales ante los desplazamientos de la zona. Tanto Kiribati como Tuvalu rechazaron la propuesta, expresando que no iban a ser considerados como “refugiados climáticos”, lo que hizo abandonar el enfoque neozelandés sobre la visa específicamente por el concepto de “refugiado climático”. Asimismo, ya existían programas que anticiparon esta lógica. El Pacific Access Category, creado en 2002, otorga cada año un número limitado de visados de residencia permanente a ciudadanos de Tonga, Tuvalu, Kiribati y Fiyi. Aunque no se define como tal como “visado climático”, se ha interpretado como una vía indirecta de adaptación migratoria frente a los impactos del cambio climático. Australia, por su parte, ha abordado el tema más cautelosamente. Pese a ser uno de los mayores emisores per cápita de CO2 del mundo, su política migratoria se mantiene restrictiva. Ha ofrecido ayuda al desarrollo y programas de resiliencia, pero evita compromisos de reubicación masiva, hecho que junto a Nueva Zelanda, ha sido mejor recibido por países insulares. El impulso político detrás de estas propuestas combina realismo humanitario y diplomacia regional: los países del Pacífico buscan reconocimiento y protección; los países desarrollados del entorno buscan evitar un colapso humanitario que podría desestabilizar una región vulnerable a cambios bruscos en términos demográficos. Países más afectados Los Estados insulares del Pacífico son laboratorios de las crisis climáticas. En consecuencia, aquellas naciones insulares, generalmente carentes de una geografía escarpada y sin sistemas montañosos, corren el riesgo de sufrir impactos directos en economías primarias, poco desarrolladas y casi sin capacidad de resurgir propio, debido a la pequeña población que las habita, la falta de relevancia económica y el aislamiento internacional. De tal forma, los países más afectados serían: Tuvalu (altura máxima de 5 metros) : nueve islas coralinas de apenas cuatro metros de altura sobre el nivel del mar. En algunos atolones, las mareas altas ya cubren carreteras o cementerios. El gobierno ha adquirido terrenos en Fiyi como posible refugio futuro. No entendamos la compra como una adquisición tradicional de territorio. En 2017, Tuvalu compró 5,000 acres de tierra a Fiyi para asegurar fuentes sostenibles de alimentos. De la misma forma, la Alta Comisión de Tuvalu en Fiyi adquirió en 2021 tres parcelas de terreno en Raiwi por 2,7 millones de dólares. Estas propiedades fueron compradas por Zhao Fugang, propietario del Yue Lai Hotel y vinculado al Partido Comunista Chino. Kiribati también ha adquirido unos 20 km2 en Fiyi, en Vanua Levu, una de las islas principales. Kiribati (altura máxima de 81 metros, media de 2 metros) : con 33 atolones dispersos, enfrenta la salinización de aguas y la pérdida de suelo fértil. Su expresidente Anote Tong fue uno de los primeros en defender públicamente la idea de la “migración con dignidad”. Islas Marshall (altura máxima de 10 metros):  sufren inundaciones recurrentes y riesgos de desaparición total antes de 2050. Añade fuertes preocupaciones sobre restos nucleares soterrados en ciertos atolones. Vanuatu y Fiyi:  aunque cuentan con territorios más altos, padecen ciclones devastadores y la erosión costera. Fiyi, paradójicamente, se perfila como país receptor de desplazados climáticos del Pacífico. Más allá de los daños materiales, la crisis plantea dilemas de identidad nacional. ¿Qué ocurre si un país desaparece físicamente? ¿Puede seguir existiendo como Estado soberano sin territorio? Estas preguntas desafían los principios básicos del derecho internacional contemporáneo. Asimismo, problemáticas relacionadas con los problemas socio-económicos, psicológico-mentales o relativos a derechos políticos y a la adaptación de nuevas poblaciones a diversos contextos ponen sobre la balanza una serie de consideraciones complejas a resolver.  De tal forma, tanto los países mencionados, como sus receptores sufrirán probablemente un desafiante destino. A su vez, países como Samoa, Tonga, las Islas Salomón, Palaos, Nauru o Los Estados Federados de Micronesia –con medias de altitud ubicadas entre los 50 a 100 metros (con excepción de Nauru –21– e Islas Salomón –200–) –,  también corren altos riesgos relacionados con problemáticas climáticas. Además, territorios no independientes como las Islas Cook, Wallis y Futuna, Niue, Samoa Americana, Tokelau, Guam o las Islas Marianas del Norte también son archipiélagos e islas que habrán de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la viabilidad de los visados climáticos para evitar vacíos legales que compliquen la situación de cientos de miles de personas. Marco político y legal En el plano internacional, los desplazamientos climáticos carecen de reconocimiento formal. La ONU ha abordado el tema en marcos complementarios, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, que menciona los “factores ambientales y climáticos” como causas de movilidad, pero sin crear obligaciones jurídicas. El Acuerdo de París de 2015 incluyó una fuerza de trabajo sobre el desplazamiento climático dentro del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños, orientada a mejorar la coordinación entre países, pero no a establecer derechos individuales. Así, los visados climáticos se han convertido en instrumentos experimentales de política exterior, negociados de forma bilateral o regional. La cooperación entre Nueva Zelanda, Australia y los Estados del Foro de las Islas del Pacífico refleja esta tendencia: una mezcla de asistencia al desarrollo, acuerdos migratorios limitados y programas de resiliencia climática.  El gran obstáculo sigue siendo jurídico: sin reconocimiento internacional del refugiado climático, cualquier iniciativa depende de la voluntad política de los Estados receptores y de la política interna de los emisores. El papel de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea Australia mantiene una postura migratoria dura y ambigua. Aunque destina fondos a proyectos de adaptación y resiliencia en el Pacífico –como el Pacific Step Up–, sus políticas migratorias son restrictivas. Canberra ha evitado hablar de “refugiados climáticos” y prefiere centrarse en asistencia técnica. La contradicción es evidente: uno de los países más emisores de CO2 rechaza asumir la responsabilidad directa de acoger a las víctimas de esos efectos, así como evitar el “error” que Tuvalu o Kiribati reprochaban a Nueva Zelanda clasificándolos como “refugiados climáticos”. Nueva Zelanda, en cambio, ha adoptado una posición más abierta. Bajo los gobiernos laboristas, se impulsó un debate público sobre visados climáticos y se fortalecieron los programas PAC y Recognised Seasonal Employer (RSE), que permiten a ciudadanos del Pacífico trabajar temporalmente en sectores agrícolas y de servicios. Aunque aún no existe una “visa climática” formal, el país se ha convertido en el faro moral y político de la región, aunque no sin cuestiones sin resolver. Papúa Nueva Guinea, ocupa un rol intermedio: es simultáneamente vulnerable y potencial receptor, similar al caso de Fiyi, pero 25 veces más grande. Su territorio continental podría albergar a comunidades desplazadas de islas vecinas, pero enfrenta limitaciones económicas y de gobernanza que dificultan esa función. En conjunto, las tres naciones ilustran las tensiones entre solidaridad, soberanía nacional y realismo migratorio. Funcionamiento actual y desafíos de los visados Actualmente, no existe un visado climático plenamente operativo en Oceanía. Las iniciativas vigentes –como el PAC o el RSE neozelandés– funcionan como mecanismos indirectos, sin reconocer explícitamente la causalidad climática. De tal forma, sus principales desafíos son: Burocracia : la falta de categoría legal impide procesar solicitudes específicas por motivos ambientales. Economía : los países receptores temen el costo de la reubicación masiva, mientras los emisores carecen de recursos para financiar traslados o mantener sus economías locales por el éxodo de la población. Diplomacia : reconocer a los desplazados climáticos implicaría admitir la posible desaparición de Estados soberanos, un tema políticamente sensible. Además, abriría la puerta a otras regiones globales como el Sahel, Asia Central o América Central, hecho que genera recelo entre otros países alrededor del mundo.  Además, el ritmo del cambio climático supera la velocidad de las respuestas políticas. Según estimaciones del Banco Mundial, para 2050 más de 12 millones de personas del Pacífico y del Sudeste Asiático –especialmente Filipinas e Indonesia– podrían verse desplazadas debido al aumento del nivel del mar. Los actuales programas de migración controlada serían claramente insuficientes y no cumplirían ni con las capacidades de los receptores ni con las demandas de los emisores. Opiniones a favor y en contra A favor, los defensores de los visados climáticos apelan a la justicia climática: los países responsables de la mayor parte de emisiones deben ofrecer protección a quienes sufren las consecuencias. Las organizaciones regionales y ONG´s como el Secretariado del Programa Ambiental del Pacífico –SPREP– destacan que la movilidad puede ser una estrategia de adaptación, no solo como una tragedia. En contra, algunos líderes insulares temen que los visados fomenten una “solución fácil” para los países emisores, que preferirían reubicar personas en lugar de reducir emisiones. Además, la emigración masiva podría implicar pérdida de soberanía, desintegración cultural y dependencia económica. Como expresó el expresidente de Kiribati, Anote Tong: “ Migrar debe ser una opción de dignidad, no un éxodo forzado por indiferencia de otros ”. El debate refleja una tensión ética: entre la responsabilidad compartida y el derecho a permanecer en la tierra propia. Riesgos reales y riesgos mitigables Algunos riesgos son ya inevitables: la subida del nivel del mar, la acidificación oceánica y la pérdida de tierras habitables y de cultivo. Ninguna política migratoria podrá revertirlos. Sin embargo, otros sí pueden mitigarse mediante políticas de adaptación local, al menos, parcialmente mediante: Construcción de diques y barreras naturales. Reforestación de manglares. Relocalización interna planificada. Cooperación técnica y financiera regional. Los visados climáticos, en este contexto, deben considerarse una medida de último recurso, complementaria y no sustitutiva de la acción climática. Migrar no puede convertirse en la única opción para sobrevivir. Perspectivas de futuro y justicia climática El futuro de los visados climáticos dependerá de la política de los países del Pacífico para mantener el tema en la agenda internacional y de la voluntad de los Estados desarrollados para asumir su responsabilidad moral –normalmente nula–.  Es posible que en la próxima década veamos el surgimiento de mecanismos y reivindicaciones regionales de movilidad climática más explícitos, inspirados en los programas del Pacífico, y quizás extendidos a otras regiones vulnerables como el Caribe o el Sahel. Sin embargo, el desafío va más allá de la gestión migratoria –por sí compleja–: se trata de preservar la existencia política y cultural de naciones enteras. Como ha señalado la ONU, los pueblos del Pacífico “no quieren convertirse en víctimas pasivas del cambio climático, sino en actores de su propio destino”. Los visados climáticos pueden ofrecer una vía de seguridad, pero la verdadera justicia climática exige reducción de emisiones, financiamiento para la adaptación sostenido y respeto por la autodeterminación y soberanía de los pueblos insulares. Si el siglo XXI se definirá por cómo respondemos a las crisis climáticas, Oceanía será su espejo más honesto: un recordatorio de que la supervivencia de algunos depende de la responsabilidad y voluntad de todos. Créditos foto: Facebook de Simon Kofe. miembro del Parlamento de Tuvalu.

Cuando Zohran Mamdani subió al escenario del Queens Theatre la noche del 25 de junio, seguramente se estremecieron muchos despachos de Wall Street. Para el joven asambleísta de origen ugandés y para miles de neoyorkinos, el triunfo en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York es un sueño cumplido que no solo marca una conquista política, sino que simboliza el avance definitivo de una nueva generación de progresistas en la ciudad usada durante décadas como la imagen viva del capitalismo.  A sus 33 años, Mamdani un organizador comunitario y miembro del ala izquierdista del Partido Demócrata logró lo que muchos consideraban imposible, derrotar a Andrew Cuomo, exgobernador y figura emblemática del establishment demócrata, en una contienda que se definió voto a voto. Esta victoria lo ha convertido en el favorito para las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2025. ¿Pero como este hijo de inmigrantes llegó hasta aquí? Mamdani creció entre los contrastes de una ciudad donde la desigualdad y la diversidad conviven puerta con puerta, antes de llegar a la política, fue organizador de inquilinos y miembro activo de movimientos de justicia social en Queens, su distrito natal. Su discurso directo, sus raíces multiculturales y su compromiso con las causas sociales lo han convertido en un referente, especialmente entre la juventud.  “Mi historia es la historia de millones de neoyorquinos que luchan por pagar la renta y aun así creen en el sueño urbano, nuestro movimiento no se construyó en los rascacielos, sino en los sótanos donde la gente se organiza.” ( Discurso de victoria, 25 de junio, CNN ) En este sentido, Mamdani entra a revolucionar la política neoyorquina, hablando en los medios de comunicación de limitar los precios del alquiler, construcción de vivienda pública y transporte público 100% gratuito, esto sumado a su campaña para ganar las primarias demócratas ha sido un ejemplo de buena praxis de comunicación política y organización ciudadana, cientos de simpatizantes tocaron puerta por puerta presentando su programa face to face a la población, esto sumado a su discurso cercano, a logrado tener millones de seguidores en las redes sociales donde publica videos explicando su programa electoral, muchos de estos videos inclusive, explicados en español.  Al mismo tiempo Mamdani llega en tiempos revueltos, con el segundo mandato de Trump polarizando la política estadounidense y una situación social y económica en  Nueva York cada vez peor ya que como muchas grandes urbes del mundo, esta ciudad ha experimentado en estos últimos años un crecimiento exponencial en los precios de la vivienda y en la calidad de vida, ya desde 2022 por ejemplo, en Nueva York se impusieron limitaciones a los airbnb y a los alojamientos turísticos por la falta de vivienda que ha llevado a tener alquileres por encima de los mil dólares mensuales en promedio.  Sin embargo, las elecciones primarias no fueron nada fáciles de ganar, teniendo en cuenta que Mamdani, pertenece a los Democratic Socialists of America, una rama todavía muy minoritaria de los Demócratas y su rival Andrew Cuomo, pertenece al establishment del partido, a pesar de esto Mamdani cimentó su triunfo en tres pilares. En primer lugar, una base territorial sólida en Queens, donde arrasó con casi el 60 % de los votos, el apoyo de grupos progresistas, donde personajes de la política estadounidense como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders fueron determinantes y un fuerte apoyo entre los menores de 35 años.  En la primera ronda de votación obtuvo el 43.8 % de los votos, frente al 36 % de Cuomo y el 11 % del concejal Brad Lander, pero el sistema de voto preferencial fue clave, ya que al eliminarse a Lander, la mayoría de sus votantes colocaron a Mamdani como segunda opción, así en la tercera ronda, Mamdani alcanzó el 56.3 % de los votos, proclamándose ganador. El candidato demócrata a la alcaldía Zohran Mamdani, a la izquierda, habla en el escenario con su compañero candidato, el contralor Brad Lander, en su fiesta de elecciones primarias, el miércoles 25 de junio de 2025, en Nueva York. Heather Khalifa. CNN. Está claro Mamdani, aunque ya superó la etapa más complica, todavía no lo tendrá fácil para gobernar Nueva York, ya que los resultados de las primarias arrojaron a la luz una ciudad fragmentada, mientras que Mamdani dominó en Brooklyn, Queens y Manhattan, impulsado por el voto joven, latino y asiático, Cuomo en cambio, ganó en el Bronx y Staten Island, donde su mensaje de “experiencia y estabilidad” resonó entre votantes mayores y sindicalistas tradicionales, además se muestra un voto de la comunidad LGBTQ+ dividido, con ligera preferencia hacia Mamdani.  Esto puede condicionar los resultados de Mamdani, ya que aunque no ganó las primarias, Cuomo no se rinde y se presenta como candidato independiente a las elecciones como alcalde de Nueva York, por tanto, Zohran Mamdani el 4 de noviembre se estará jugando el puesto entre Curtis Sliwa por parte del partido Republicano y Andrew Cuomo que se presenta como un voto de “sentido común para todos los demócratas desencantados”.  Otro factor importante en este sentido, es la presión republicana, específicamente la presión de Trump, que ha llegado en varias ocasiones a amenazar a Mamdani inclusive con ser deportado del país. En un tweet en la red social Truth Social que publicó el presidente el 29 de septiembre dice “Recuerden que necesita mi dinero como presidente para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada”. Que Trump deje sin financiación de Nueva York, sería una ilegalidad en todos los sentidos, sin embargo, ya sabemos los límites que ha sobrepasado el presidente en menos de un año de mandato, por tanto, cabría esperar que en el caso que Mamdani llegue al poder, haya un fuerte discurso en su contra. Mensaje de Trump en su perfil oficial en la red social Truth Social del 9/29/2025.  La encuesta de opinión pública Marist Poll en los datos más recientes arrojados en septiembre le da una victoria a Mamdani del 45% frente a sus competidores, dato que de aquí a noviembre difícilmente pueda variar, pero en elecciones estadounidenses nunca hay que dar nada por sentado. Lo único seguro es que gane o no, Zohran Mamdani representa un cambio de paradigma en Estados Unidos y una guía para otros candidatos demócratas que poco a poco puedan ser capaces de penetrar dentro del partido y del rígido sistema bipartidista. Encuesta de Marist Poll a septiembre de 2025 sobre las elecciones en Nueva York.

Bolivia llegó a sus últimas elecciones sumida en una profunda crisis económica: una inflación cercana al 25%, escasez de combustibles y falta de dólares, que ponían en jaque las importaciones básicas. A esto se sumó una guerra política previa: el Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó en mayo de 2025 que no se puede extender la reelección presidencial —sea de forma continua o interrumpida— dejando fuera de juego a figuras como el expresidente Evo Morales. Morales, proscrito por la justicia boliviana y con orden de captura vigente; el cual se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba; tras el fallo promovió el voto nulo como forma de protesta ante las candidaturas que consideraba una traición al proyecto masista. El pueblo de Bolivia sufre hoy día una de sus peores crisis: la población se informa mediante grupos en redes sociales sobre el reabastecimiento de combustible, se preocupa por cómo estirar al máximo sus ingresos cada vez menores y cómo conseguir algunos productos básicos que escasean. A continuación, un breve análisis de los resultados electorales de la primera vuelta boliviana: Resultados de la primera vuelta El balotaje, el primero desde el regreso a la democracia en 1982, se confirmó cuando ningún aspirante alcanzó el 50% o el 40% con una ventaja de 10 puntos respecto al segundo más votado.  De forma inesperada, el centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), emergió como el ganador de la primera vuelta con entre el 31% y el 33% de los votos. Lo acompañará en la segunda ronda el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, del ala más conservadora de la derecha, quien obtuvo entre el 26% y el 27% del electorado. Colapso del Movimiento al Socialismo El Movimiento al Socialismo (MAS), partido que dominó la política boliviana durante casi 20 años bajo figuras como Evo Morales y Luis Arce, sufrió una pérdida catastrófica: su candidato oficial, Eduardo del Castillo, apenas alcanzó un 3% de los votos. Además, Andrónico Rodríguez, senador y figura emergente cercana al MAS, solo obtuvo alrededor del 8%, evidenciando una profunda fractura en la izquierda. Se registró, además, una cifra histórica de votos nulos —promovida por Morales como forma de protesta— que alcanzaron alrededor del 19%, muy por encima del promedio histórico, cercano al 5%. La grieta en el partido se hizo evidente en 2023, cuando Morales anunció que volvería a presentarse a las elecciones presidenciales. Sin embargo, Arce –candidato que Morales apoyó en el pasado para las elecciones de 2020– consiguió arrebatarle la dirección legal del partido por medio de la justicia, iniciando una guerra interna que se ha trasladado en los votantes. Morales, por su parte, afirmó que si su nombre no aparecía en las papeletas electorales, no habría un verdadero representante del pueblo boliviano en los comicios, evidenciando la total ruptura con los otros candidatos de su propio partido, pese al apoyo a la candidatura de Castillo. ¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? Rodrigo Paz, de 57 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, era hasta hace pocos meses un candidato a la presidencia inesperado. Con formación como economista y experiencia política como concejal, alcalde de Tarija y senador por el partido Comunidad Ciudadana desde 2020, se lanzó con un discurso de “capitalismo popular”, enfocado en la lucha contra la corrupción, el fin del “Estado tranca” (la burocracia) y una gestión eficiente. Su fórmula vicepresidencial fue reforzada por Edmand Lara, ex-policía convertido en estrella de Tik Tok, que se ganó el apoyo de sectores urbanos y jóvenes por su lenguaje directo y su lucha contra la corrupción policial. En consecuencia, Paz rompió las encuestas previas, las cuales mostraban un empate técnico entre Quiroga y Medina, ambos candidatos conservadores tradicionales, pasando de ser el quinto en las encuestas al ganador de las elecciones. Lara representa a un ciudadano de a pie, con una vida común, el cual, defiende su honor, valores y tradiciones, enfrentándose al poder estatal. La elección de Edmand como posible vicepresidente de un gobierno presidido por Rodrigo Paz, es un acierto ante una población que precisa de pragmatismo y discursos directos “antipolíticos”. Mediante esta fórmula, el partido ha logrado arrebatar votantes al MAS, los cuales no querían seguir votando al partido, pero tampoco votar a la derecha tradicional boliviana. Rodrigo Paz presenta una ruptura ante la política tradicional de las últimas décadas: massismo vs antimasismo. Su discurso abarca la renovación e integración nacional, el apoyo a la religión y el capitalismo popular. Se presenta como un político nuevo ante una situación de crisis representativa, marcada por liderazgos débiles. Asimismo, carga duramente contra el partido MAS por sus políticas demasiado estatistas y contra Quiroga, en quien ve un neoliberalismo elitista, presentando una tercera vía: el capitalismo para todos. La propuesta de Quiroga: derecha liberal Jorge Quiroga, quien ya fue presidente —2001-2002—, se alinea con la derecha conservadora y neoliberal. Su alianza electoral, llamada Libre, se formó en abril de 2025 tras escindirse del bloque opositor “Unidad”. Quiroga promete liberalización económica y un fuerte combate contra el estatismo, posicionándose como la oposición más clara al proyecto socialista. Quiroga fue vicepresidente de Hugo Banzer y ejerció como presidente. Así, fue la mano derecha de un jefe de Estado militar que logró hacerse con la presidencia más adelante mediante comicios. Tuto pertenece a un ala dura y antimasista, habiendo defendido grandes reformas y recortes sociales con el objetivo de obtener el beneplácito de instituciones internacionales como el FMI, en línea general con las acciones llevadas a cabo por el Presidente Javier Milei en Argentina. En consecuencia, ha logrado que las alas conservadoras o más opositoras lo vean como mejor candidato que a Paz. Si bien las encuestas lo presentan en la segunda vuelta como un candidato fuerte, pueden ocurrir nuevas sorpresas. No obstante, en el peor de los casos, mantendrá una oposición fuerte, con un congreso y senado favorables. Reacciones Fin del ciclo izquierdista:  El resultado marca el fin de casi dos décadas de predominio de la izquierda en Bolivia, un giro notable hacia el centro y la derecha. Colapso del MAS: El desplome del MAS se explica por la crisis económica, los escándalos de corrupción y el desgaste acumulado más allá del carisma y las tendencias autoritarias de Evo Morales. Pinchazo de Samuel Doria Medina:  Su derrota se enmarca en los efectos de la guerra política y la fractura, cobrándole el respaldo de apoyos. Asimismo, su imagen demasiado moderada hacia la izquierda no ha calado, haciendo eco la frase; “ Nada que sea tibio puede ser bueno. Ni la cerveza ni el café ni Samuel”. Regionalidad política:  El fenómeno se inscribe en una ola regional del socialismo, como sucedió en Argentina con Milei o en Ecuador con Noboa. Lo cual se puede ver reflejado en el voto boliviano en el exterior. Influencia de Morales limitada: Aunque Morales impulsó un voto nulo masivo, luego reconoció la derrota e incluso calificó los resultados como un “voto castigo a la traición”, sugiriendo que no ejerció la influencia esperada. Mapa electoral: cifras clave Candidato Partido/Alianza Porcentaje aproximado Rodrigo Paz Pereira PDC (centro) 31-33% Jorge “Tuto” Quiroga Libre (derecha) 26-27% Samuel Doria Medina Unidad (centro-izquierda) 20% Andrónico Rodríguez Izquierda disidente 8% Eduardo del Castillo MAS (izquierda) 3% Votos nulos Influencia de Evo Morales 19% Mapa del candidato presidencial más votado por departamento. Estimación del número de diputados por partido. Rumbo al balotaje: 19 de octubre de 2025 La segunda vuelta está programada para el 19 de octubre de 2025, casi dos meses después del primer sufragio. Ese enfrentamiento entre Paz y Quiroga definirá si Bolivia inicia una etapa de reformas moderadas con una economía de mercado más controlada o si opta por un giro más duro hacia políticas neoliberales. Mientras tanto, el MAS queda más reducido que nunca, como un actor marginal. Bajo el gobierno de Morales, Bolivia mantuvo un crecimiento sostenido, disminuyó la pobreza y aumentaron las exportaciones a medida que se logró rebajar la deuda externa. Sin embargo, todo ello cambió hace tiempo, cuando los recursos naturales y la materia prima decayeron como principal producto de exportación en favor de otros competidores. Conclusión Las elecciones bolivianas de 2025 representan un punto de inflexión histórico. Tras veinte años de predominio ultra-izquierdista de políticas redistributivas y estatistas encabezado por Evo Morales, la sociedad votó mayoritariamente por alternativas centristas y conservadoras. Rodrigo Paz encarna una figura moderada, ajena a los extremos, mientras que Quiroga representa el ala más radical contra la izquierda. La sorpresiva magnitud del voto nulo, impulsado por Morales, expone no solo una fragmentación del MAS, sino también una ciudadanía que, en su mayoría, reclama un nuevo modelo político. El balotaje del 19 de octubre definirá el rumbo: ¿una Bolivia centrista abierta al consenso o una derecha más liberal con reformas más abruptas?

El pequeño archipiélago que conquista el mapa del fútbol mundial El fútbol internacional acaba de presenciar una de sus historias más inspiradoras: la clasificación de Cabo Verde al Mundial de 2026. Este pequeño Estado africano e insular, perteneciente al continente africano y ubicado en el Océano Atlántico, con apenas medio millón de habitantes, ha logrado lo que durante décadas parecía un sueño imposible: acceder por primera vez a la máxima cita futbolística global. Pero este logro no se limita exclusivamente al ámbito deportivo. La hazaña tiene un eco internacional y geopolítico, pues coloca a Cabo Verde en una posición inédita dentro del tablero africano. En un mundo donde el fútbol es tanto industria como un vehículo diplomático, Cabo Verde se convierte en un símbolo de proyección global. ¿Cuántas conversaciones sobre fútbol han tenido entre diplomáticos?, ¿cuántas veces no han relacionado a España con el Real Madrid o el Barça? o ¿cada cuánto no te han preguntado sobre de qué equipo eres estando de viaje? El fútbol es mundial, es deporte, arte, cultura e identidad. En consecuencia, el país africano, históricamente marcado por la emigración y la dependencia económica, ha logrado construir una narrativa novedosa: la del éxito colectivo basado en organización, talento y el resurgir del orgullo nacional. Lo que comenzó como una ilusión se ha transformado en una victoria, tanto diplomática como cultural para todo el continente y especialmente para los aficionados caboverdianos. De la periferia más remota a los telediarios La historia del fútbol caboverdiano es la historia de un proceso más que paciente. Durante años, los “Tiburones Azules” fueron vistos como un equipo perdido dentro de África. Sin embargo, su crecimiento ha sido constante: participaciones en la Copa Africana de Naciones, una federación cada vez más profesionalizada y la incorporación de jugadores de la diáspora que militan en clubes europeos han sido la fórmula para una “generación dorada” del fútbol en el país. En las eliminatorias africanas rumbo al Mundial de 2026, Cabo Verde fue sorteado en el Grupo D, junto a potencias más reconocidas como Camerún o selecciones más discretas como Angola, Mauricio, Esuatini y Libia. Contra todo pronóstico, los isleños se impusieron con relativa autoridad. Siete victorias, dos empates y una sola derrota les otorgaron el primer lugar del grupo, con una diferencia de goles favorables y un fútbol disciplinado, eficaz y sobre todo, emocional, terminando con 23 puntos dentro de su grupo. El partido decisivo, disputado en Praia ante Esuatini, fue una fiesta nacional. El 3-0 selló el pasaje histórico, pero también un mensaje: Cabo Verde ya no es un invitado más, sino un actor que puede vencer y competir regionalmente. Para la comunidad internacional, el ascenso del país, pese a seguir siendo discreto, ha sabido hacerse notar en un deporte dominado por gigantes. Los jugadores que han hecho posible el sueño de tantos miles de caboverdianos han sido:  Nombre Posición Club Vozinha Portero Chaves, Portugal. Márcio Rosa Portero Montana, Bulgaria. Bruno Varela Portero Al-Hazem, Arabia Saudí. Stopíra Defensa Torreense, Portugal. Diney Defensa Al Bataeh, EAU. Roberto Lopes Defensa Shamrock Rovers, Irlanda. Wagner Pina Defensa Trabzonspor, Turquía. Joao Paulo Fernandes Defensa Otelul Galati, Rumanía. Sidney Lopes Cabral Defensa Estrela da Amadora, Portugal. Steven Moreira Defensa Columbus Crew, EEUU. Kelvin Pires Defensa SJK Seinajoki, Finlandia. Aílson Tavares Mediocampista Beitar Jerusalén, Israel. Kevin Pina Mediocampista Krasnodar, Rusia. Jamiro Monteiro Mediocampista PEC Zwolle, Países Bajos. Deroy Duarte Mediocampista Ludogorets Razgrad, Bulgaria. Laros Mediocampista Puskás Akadémia, Hungría. Yannick Semedo Mediocampista Farense, Portugal. Telmo Arcanjo Mediocampista Vitória Guimarães, Portugal. Dailon Livramento Delantero Casa Pia, Portugal. Garry Rodrigues Delantero Apollon Limassol, Chipre. Willy Semedo Delantero Omonia Nicosia, Chipre. Hélio Varela Delantero Maccabi Tel Aviv, Israel. Ryan Mendes Delantero Kocaelispor, Turquía. Nuno da Costa Delantero Istanbul Basaksehir, Turquía. Heriberto Tavares Delantero Maccabi Netanya, Israel Bubista Entrenador La dimensión internacional del triunfo El impacto de la clasificación puede analizarse desde diversas perspectivas, pero más allá de los estadios, Cabo Verde ha entrado en el radar de los medios, instituciones deportivas y en parte, en la diplomacia mundial. En el contexto africano, su logro refuerza la narrativa de que el éxito no depende del tamaño ni de la economía –que importan–, sino de la visión, la planificación y un tanto de suerte. En un continente donde muchos países luchan por estabilizarse política y económicamente, Cabo Verde se presenta como un modelo de gobernanza democrática, estabilidad y cohesión social, lo que le hace destacable ante una nueva temporada donde va a recibir más atención de la que habitualmente estaba acostumbrada. A nivel internacional, su presencia en la competición tiene una lectura clave: el país situado entre África, Europa y América, se convierte en un puente simbólico del Atlántico. Su historia migratoria –con miles de ciudadanos en Portugal, Estados Unidos y Francia– le permite movilizar una diáspora pequeña pero influyente, generando apoyo global y visibilidad cultural. El Mundial, por tanto, será no solo un escaparate deportivo, sino también una plataforma diplomática donde Cabo Verde podrá proyectar su imagen como Estado moderno, estable y orgulloso de su identidad.   Asimismo, las autoridades caboverdianas participarán en los actos inaugurales, juegos y eventos relacionados con la Copa Mundial, por lo que podrán cobrar relevancia, sobre todo al ser el país más pequeño en haberse clasificado, lo que les da una especial atención. En consecuencia, diplomáticos, ministros e incluso el Presidente del país podrán codearse con líderes mundiales, deportistas reconocidos, medios de comunicación y empresas patrocinadoras a nivel global. En términos de soft power, su clasificación fortalece su capacidad para atraer inversiones, turistas y colaboraciones internacionales. Lo que en otros contextos sería una mera victoria deportiva, aquí es una herramienta de posicionamiento geopolítico clave, sobre todo para aquellos a los cuales el archipiélago les era desconocido o lejano.   Fútbol, identidad y unidad nacional Dentro del país, el impacto ha sido estremecedor. Las celebraciones tras la clasificación inundaron las calles de Praia, Mindelo y el resto de islas, en una muestra de unidad nacional pocas veces vista en su historia. El fútbol ha logrado articular un sentimiento común entre los habitantes del archipiélago y los nacionales que viven fuera. Por primera vez, todos los caboverdianos comparten un mismo orgullo nacional. La selección nacional encarna valores que van más allá del fútbol: constancia, fe en el trabajo en grupo y la afirmación de la identidad afroatlántica. Los jugadores, muchos de ellos nacidos fuera de Cabo Verde, representan la síntesis de lo que el país es hoy: un país pequeño, pero global; insular, pero abierto al mundo. En un momento en que muchas naciones cuestionan su cohesión social o luchan por la misma, Cabo Verde demuestra que el fútbol puede ser una política de Estado emocional, un instrumento de unidad y autoestima nacional y una industria para atraer inversiones y proyectar su imagen al mundo. Un desafío para el futuro Sin embargo, el éxito plantea nuevos retos. Participar en un Mundial exige planificación, profesionalismo y madurez institucional. La federación caboverdiana deberá reforzar su estructura, atraer patrocinadores y garantizar que la clasificación no se convierta en un episodio aislado, sino en el inicio de una era sostenida. El país también enfrentará una mayor atención internacional, lo que implica responsabilidades políticas y diplomáticas. Como representante de África en un escenario global, Cabo Verde será un embajador de un continente joven, creativo y en ascenso. Su papel, más allá de los resultados, será demostrar que las pequeñas naciones también pueden aportar grandeza. En lo geopolítico, este logro le otorga al país un peso simbólico nuevo: el de ser un ejemplo de esfuerzo, estabilidad y visión estratégica en África Occidental. En un contexto global de tensiones y desigualdades, la historia caboverdiana ilumina y esperanza una verdad universal: que la grandeza de un país no se mide por su tamaño o economía, sino por la fuerza de sus sueños. Créditos foto: cuenta oficial de X de la FIFA.

Desde su llegada al Elíseo en 2017, Emmanuel Macron ha intentado encarnar una nueva Francia, moderna, reformista y centrista. Pero ocho años después, su proyecto parece atrapado en un laberinto institucional que ni sus estratégicas ni poder han logrado resolver. La presidencia de Macron está batiendo récords de rotación gubernamental, tensiones parlamentarias y desgaste político, reflejando una Vª República cada vez más inestable y fragmentada. Del “ni derecha ni izquierda” al gobierno en crisis El ascenso de Macron en 2017 marcó un punto de inflexión en la política francesa. Exministro de Economía de François Hollande y figura sin partido tradicional detrás, Macron fundó su movimiento “La République En Marche!” –rebautizado luego como Renaissance–, prometiendo superar las divisiones ideológicas que habían paralizado al país. Durante su primer mandato, gobernó con una sólida mayoría parlamentaria y un discurso europeísta, reformista y tecnocrático. Sin embargo, tras su reelección en 2022, el panorama cambió radicalmente. Su coalición “Ensemble” perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, abriendo un periodo de inestabilidad sin precedentes. Desde entonces, Macron ha enfrentado la imposibilidad de mantener un gobierno estable, una oposición fragmentada pero hostil, y una ciudadanía cansada de las reformas impuestas desde arriba.  La consecuencia más visible de este desequilibrio: siete primeros ministros en ocho años, lo nunca antes sucedido en un gobierno francés de la Vª República. Siete gobiernos en ocho años Édouard Philippe: e l primer jefe de gobierno de Macron fue Édourd Philippe, un alcalde conservador moderado que simbolizaba la apertura del nuevo presidente hacia el centro-derecha. Su gestión coincidió con los primeros intentos de modernización económica y con la tormenta social de los “chalecos amarillos”, que puso a prueba la popularidad del presidente. Philippe se mantuvo como una figura respetada, pero su creciente protagonismo y las tensiones internas lo llevaron a dejar el cargo en 2020. Jean Castex: tras Philippe, llegó Castex, quien asumió en plena crisis sanitaria y económica. Su perfil técnico y su tono sobrio ayudaron a manejar la pandemia, pero su mandato fue absorbido por la gestión del COVID-19. Al término del primer quinquenio, Cantex dejó el puesto tras las elecciones de 2022, cumpliendo la función de cierre de un ciclo. Élisabeth Borne: nombrada tras la reelección de Macron en 2022, Élisabeth Borne se convirtió en la segunda mujer en ocupar Matignon. Sin mayoría parlamentaria, su gobierno sobrevivió gracias al uso reiterado del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin voto directo del Parlamento. La reforma de las pensiones y la impopularidad de dicha táctica precipitaron su desgaste. Su salida en enero de 2024 marcó el verdadero inició de una espiral de inestabilidad. Gabriel Attal: a sus 34 años, Attal fue presentado como el rostro de la renovación. Sin embargo, su breve paso por el cargo evidenció las mismas limitaciones que afectaron a Borne: la falta de mayoría, divisiones internas y una oposición beligerante. Las elecciones legislativas de mediados de 2024 confirmaron la pérdida de control de Macron sobre el Parlamento. Michel Barnier: veterano político y exnegociador del Brexit, Barniz representó el intento de Macron de ampliar su base hacia la derecha tradicional –Les Républicains–. Pero su nombramiento no logró convencer ni a los macronistas ni a los conservadores. El experimento duró apenas cuatro meses. François Bayrou: aliado histórico y líder del MoDem, Bayrou aceptó el reto de formar un gobierno de “socle commun” –base común–, con el objetivo de reunir a centristas, socialdemócratas y conservadores moderados. Sin embargo, su gabinete se vio rápidamente acorralado por la falta de apoyo de la Asamblea y una serie de crisis internas. Bayrou dimitió en septiembre de 2025, incapaz de aprobar su programa. Sébastien Lecornu:  el nombramiento de Sébastien Lecornu, joven ministro de Defensa, fue recibido como un intento desesperado de estabilizar el ejecutivo. Sin embargo, el nuevo gobierno duró apenas 14 horas: rechazado por una mayoría de diputados, Lecornu se vio obligado a renunciar inmediatamente. Francia comienza una una situación de bloqueo institucional sin precedentes, la cual, probablemente desembocará en el medio plazo en elecciones generales. A pesar de la renuncia de Lecornu, el 10 de octubre, Macron lo volvió a nombrar primer ministro, aceptando que intente formar un nuevo gobierno en intención de acabar con el colapso institucional. Un parlamento ingobernable Más allá del tradicional revolucionismo francés, el principal obstáculo de Macron desde 2022 ha sido la fragmentación parlamentaria. Su coalición “Renaissance–MoDem–Horizons–”, rebautizada como “Socle commun”, depende de alianzas variables con sectores del centro y la derecha. Al otro lado, la oposición se divide entre la izquierda del “Nouveau Front Populaire” y la derecha de Marine Le Pen, que lidera la principal fuerza de oposición. El resultado es un Parlamento ingobernable, donde ninguna mayoría estable puede sostener un gobierno más de unos meses. Macron ha intentado repetidamente formar coaliciones de “responsabilidad republicana”, ninguno con éxito. La fractura ideológica y la desconfianza mutua han paralizado el proceso legislativo y abocado a Francia hacia su peor crisis política desde hace décadas. En parte, el nuevo gobierno de Lecornu –48º de la V República– fue conformado inmediatamente tras su renombramiento, con un gabinete de centroderecha, centristas y otros perfiles menos políticos o de corte más progresista. Consecuencia: una dependencia extrema a las coaliciones de gobierno, fácilmente rompibles ante el ajuste presupuestario que el país está experimentando y la urgencia de presentar los presupuestos para 2026 para reducir el déficit fiscal al 4,7%. Entre los puntos necesarios para lograr el apoyo parlamentario, Lecornu tendrá que mantener la suspensión de la reforma de las pensiones hasta 2027, la cual, elevaba la edad de jubilación de 62 a 64 años, dejando la cuestión cara a las presidenciales dentro de dos años. No obstante, las amenazas de mociones de censura, tanto de izquierda como derecha, podrían derribar su gobierno ante cualquier pérdida repentina de apoyos, lo que hace peligrar severamente la viabilidad del Ejecutivo francés. El uso (y abuso) del artículo 49.3 Ante la parálisis parlamentaria, el Ejecutivo ha recurrido de manera reiterada al artículo 49.3, que permite aprobar leyes sin votación directa, salvo que la Asamblea apruebe una moción de censura. Este mecanismo, diseñado para evitar bloqueos puntuales, se ha convertido en el símbolo de las crisis democrática francesa. Durante el mandato de Macron, ha sido invocado más de una treintena de veces, especialmente bajo los gobiernos de Borne y Attal. Cada uso ha reforzado la imagen cada vez más autoritaria y tecnocrática de Macron, ajeno al diálogo parlamentario. La consecuencia ha sido un creciente divorcio entre las instituciones y la ciudadanía. Las protestas contra la reforma de las pensiones, las huelgas por el poder adquisitivo y la frustración con la clase política han minado la legitimidad del sistema. Desgaste y desconfianza Según algunas estadísticas recientes, la confianza en el Ejecutivo francés se encuentra en mínimos históricos. Más del 70% de los franceses considera que el país “ya no es gobernable en su forma actual”. La rotación ministerial es también récord: desde 2017, 158 ministros diferentes han pasado por los gabinetes de Macron, ocupando más de 250 carteras. El presidente, que se presentaba como símbolo de renovación, aparece ahora como un líder aislado y fatigado, sin futuro. La percepción internacional del país también ha comenzado a verse afectada. Francia, tradicional motor político y económico de la Unión Europea, ha visto disminuir su influencia en el eje franco-alemán y en las grandes negociaciones comunitarias. En Bruselas, se multiplican las dudas sobre la estabilidad de París y su capacidad para sostener una coherencia en el medio y largo plazo. ¿Sistema en colapso? Las turbulencias del macronismo no solo reflejan un desgaste personal, sino también las limitaciones estructurales del sistema francés actual. Diseñada en 1958 para garantizar la autoridad del presidente, la Constitución francesa no fue concebida para escenarios de fragmentación parlamentaria como el actual. Cuando el presidente no tiene mayoría, el sistema se convierte en un campo minado: o gobierna por decreto, o cede el control a un primer ministro sin poder real. Algunos analistas sugieren que Francia vive una “semicohabitación permanente”; donde el presidente conserva la iniciativa, pero los primeros ministros se suceden sin margen de maniobra. Otros plantean una reforma constitucional que fortalezca el papel del Parlamento y limite el recurso al 49.3. Principales problemas actuales de Francia Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos franceses es la subida constante de precios, especialmente en bienes básicos como alimentos, energía y vivienda. Muchos franceses sienten que sus ingresos ya no cubren lo que antes sin dificultades.  El gobierno ha propuesto presupuestos con reducciones del gasto público que afectan servicios sociales, pensiones, días festivos, etc. Eso genera fuertes protestas, huelgas y descontento generalizado. Aunque Francia tiene un sistema laboral robusto en ciertos sectores, las tasas de desempleo entre los jóvenes son altas. Esto limita las expectativas de futuro para quienes están ingresando al mercado laboral. Respecto al déficit del presupuesto ha estado muy por encima del límite permitido por la Unión Europea, y la deuda del Estado se acerca al 110-115% del PIB. Las alertas de agencias de rating y los riesgos para las finanzas del Estado se multiplican. La sucesión de primeros ministros, coaliciones frágiles, enfrentamientos en la Asamblea Nacional, uso del artículo constitucional para aprobar leyes sin voto parlamentario, etc., han generado una sensación de incertidumbre. Esto debilita la capacidad del gobierno para actuar con un respaldo claro. Asimismo, muchos franceses sienten que “se va perdiendo lgo” del estilo de vida, de la seguridad económica, de la justicia social, de la protección pública… Hay miedo al empobrecimiento, a no poder mantener ciertas comodidades o niveles de vida. A su vez, las manifestaciones, las huelgas generales o los movimientos ciudadanos como “Bloquons tout”, evidencian un malestar que ya no es sectorial, sino general. Hay reivindicaciones sobre salarios, pensiones, derechos laborales, subidas de precios, austeridad, etc. En las grandes ciudades, como París, Lyon o Marsella, la vivienda se vuelve cada vez más cara, con accesos limitados, presión sobre el transporte, los servicios públicos y la seguridad. Quienes tienen ingresos medios o bajos lo sufren más. El aumento de solicitudes de asilo y de personas migrantes ha generado retos en términos de alojamiento, integración, infraestructuras, servicios sociales, lo que añade tensión política y social. Muchos tienen la sensación de que aunque trabajan, de que estudien, no pueden progresar socialmente. Que sus hijos no tendrán las mismas oportunidades. Esto crea un gran resentimiento social. ¿Realmente es una paradoja exclusivamente francesa? Aunque los problemas que atraviesa Francia parecen específicos de su coyuntura política para algunos, en realidad forman parte de un malestar compartido que recorre Occidente, y que los españoles y otras nacionalidades europeas como los italianos, portugueses, húngaros o griegos entendemos mejor que nadie.  La inflación persistente, la caída del poder adquisitivo y la sensación de inseguridad económica no son fenómenos exclusivos del pueblo francés, sino consecuencias de un contexto global marcado por la guerra de Ucrania, la crisis energética y el encarecimiento de los bienes básicos. Lo que distingue a Francia es el modo en que estas tensiones impactan en una sociedad acostumbrada a un Estado fuerte y protector. Cuando esa protección se reduce, el malestar se percibe no solo como una dificultad económica, sino como una traición a un pacto social histórico. El mismo paralelismo puede trazarse en el ámbito político. La fragmentación partidaria, la desconfianza hacia las élites políticas y el ascenso de discursos populistas son rasgos compartidos en gran parte de Europa –principalmente occidental– y de las democracias liberales. Sin embargo, la arquitectura institucional francesa amplifica sus efectos. El sistema de la Vª República, concebido para garantizar la autoridad presidencial, depende de la existencia de una mayoría parlamentaria sólida. Cuando esa mayoría se rompe –como ha ocurrido con Macron–, el país se paraliza. En otras democracias parlamentarias, las coaliciones y los compromisos son parte del jugo político; en Francia, en cambio, el acuerdo entre bloques opuestos se percibe como una rendición. La rigidez de las estructuras acentúa el bloqueo. El descontento ciudadano también tiene raíces culturales. Francia mantiene una relación particular con el poder y la protesta. A diferencia de otros países europeos, donde las reformas se negocian y se asimilan de manera gradual, en Francia cada cambio estructural provoca un enfrentamiento directo entre gobierno y sociedad. Las huelgas generales, las movilizaciones masivas y las manifestaciones no son simples expresiones de descontento, son actos identitarios. Protestar es, en cierto modo, una forma de reafirmar la idea de ciudadanía republicana frente al Estado. Por eso, la pérdida de confianza en las instituciones adquiere en Francia un tono casi existencial. La desigualdad y el temor al desclasamiento –idea de que las generaciones futuras vivirán peor que las anteriores– también forman parte de una ansiedad común a muchas sociedades. Sin embargo, en Francia se siente con fuerza porque el país siempre se pensó a sí mismo como garante de la igualdad de oportunidades. Cuando esa promesa se debilita, lo hace también el mito republican que sostiene su identidad nacional. La brecha entre las grandes ciudades globalizadas y las regiones periféricas –por no hablar de las de ultramar–, entre quienes se benefician de la economía digital y quienes viven en territorios olvidados, agrava la sensación de fractura y abandono social. Incluso, en el tema migratorio, Francia refleja extensísimas tensiones compartidas pero con un trasfondo particular.  La cuestión de la integración, el laicismo y la identidad nacional está marcada por la herencia colonial y por décadas de debate sobre lo que significa “ser francés”. El aumento de la inmigración y las dificultades de integración no son nuevas, pero en un contexto de crisis, adquieren un tono más polarizado. Los extremos ideológicos capitalizan este malestar con discursos que mezclan las inseguridades, el rechazo cultural, la nostalgia o el señalamiento de una Francia homogénea –en el caso de la derecha– y heterogénea –en el caso de la izquierda– que probablemente jamás haya existido como concepto inamovible.   Futuro: en la cuerda floja De momento, Emmanuel Macron descarta convocar elecciones legislativas anticipadas, temiendo un avance de la derecha de Le Pen. Pero las presiones internas aumentan a un paso acelerado y su autoridad cae en picado. Con aún dos años de mandato por delante, el presidente enfrenta el reto de encontrar una salida que preserve la gobernabilidad sin dinamitar las bases de su proyecto político, ahora en manos de Lecornu. El “ni derecha ni izquierda” que lo llevó al poder en 2017 parece hoy un espejismo lejano. Francia, más dividida que nunca, busca una fórmula para recomponerse políticamente. Macron, que soñaba con dejar una huella reformista, parece que pasará a la historia como el presidente que llevó al límite las costuras de la Vª República.

El 10 de octubre de 2025, el mundo fue testigo de un reconocimiento internacional más que significativo: María Corina Machado, líder opositora venezolana, se convirtió en la nueva galardonada del Premio Nobel de la Paz 2025, en mérito a su lucha por la restauración democrática y los derechos humanos en Venezuela. Este acontecimiento cobra relevancia no solo para Caracas, sino como símbolo global de resistencia frente a regímenes autoritarios.  El Premio Nobel de la Paz El Premio Nobel de la Paz es uno de los galardonados más prestigiosos del mundo, sino el que más. Fue instituido por el inventor industrial sueco Alfred Nobel mediante su testamento de 1895. En dicho testamento, Nobel dispuso que cada año se entregara un premio “ a la persona que haga mayor o mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, la reducción o abolición de los ejércitos permanentes, y la celebración y promoción de congresos de paz ”. Lo particular del Nobel de la Paz es que, mientras los otros premios –Física, Química, Medicina, Literatura y Ciencias Económicas– son otorgados en Estocolmo, por instituciones suecas, el de la Paz, es otorgado por un comité noruego, en Oslo. Esto se debe a que cuando Nobel vivía, Suecia y Noruega formaban una única unión política –Unión Sueco-Noruega, la cual duró hasta 1905–, con un solo monarca, pero con instituciones independientes. Por ello, Nobel consideró que Noruega, más pequeña y menos involucrada en la política internacional que Suecia, podría administrar el premio de manera más neutral y menos burocrática. A lo largo de los años, este galardón se ha convertido en testimonio de la moral global: distingue a personas u organizaciones que influyen en la reducción de conflictos, promueven los derechos humanos, fortalecen la democracia, participan en mediaciones, fomentan la reconciliación o inspiran movimientos pacíficos. Pero también ha sido objeto de críticas y controversias, precisamente por la dificultad que conlleva por sí misma la evaluación de “la paz” y por su inevitable dimensión política. Comité Noruego del Nobel Según el testamento de Nobel, el Premio de la Paz debía ser otorgado por un comité de cinco personas electas por el Parlamento noruego –Storting–. El Parlamento noruego fue responsable de aceptar esta obligación en 1897, y en agosto de ese año fue creado lo que se conoció como el Comité Nobel noruego. Los miembros del Comité son elegidos por un período de seis años, con posibilidad de reelección. La composición debe reflejar, en la medida de lo posible, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento –aunque en la práctica el Comité actúa como un órgano independiente en el ejercicio de sus atribuciones–. Es importante destacar que, desde mediados del siglo XX, se ha buscado reforzar la independencia del Comité: por ejemplo, no pueden ser miembros del Gobierno ni funcionarios activos del Parlamento mientras ejercen el cargo en el Comité. Asimismo, cuentan con el Instituto Nobel noruego y su secretaría, que proporcionan apoyo administrativo, de investigación, informes de expertos, archivos documentales y apoyo logístico para la toma de decisiones y ceremonias. Mandato y principios El Comité debe interpretar el testamento de Nobel, pero no recibe instrucciones específicas adicionales. Por lo tanto, su labor consiste en traducir la ambigüedad de los términos “fraternidad entre las naciones”, “reducir ejércitos”, “congresos de paz”  en criterios aplicables al mundo actual. Esto necesariamente involucra juicios de valor, balance de impactos, visión política e incluso temores sobre la recepción internacional del nominado. En la práctica, varios factores suelen equilibrar el peso en las deliberaciones: la caracterización del candidato como promotor de los derechos humanos, la reconciliación, el diálogo, la no violencia, los conflictos activos, los procesos de transición política, el simbolismo moral o la capacidad de influencia, entre otros. No hay una fórmula exacta, ni una ponderación pública de criterios, por lo que la selección puede variar enormemente. Proceso de nominación y selección El mecanismo para elegir al laureado cada año se rige por un protocolo muy solemne y confidencial, el cual consta de diversas fases. Para ello, cada año, el Comité invita formalmente a una lista de personas calificadas para presentar nominaciones. Entre los posibles nominadores se encuentran: Jefes de Estado y de gobierno. Miembros de parlamentos nacionales. Profesores universitarias de disciplinas como relaciones internacionales, derecho, filosofía, historia, política o teología. Ex-laureados Nobel. Expertos en organismos de paz e instituciones similares. Miembros presentes o pasados del Comité Nobel. Una nominación debe presentarse antes del 31 de enero del año en que se otorga el premio. No se anuncian públicamente las nominaciones –por confidencialidad–, aunque quienes hagan la nominación sí pueden revelar su propuesta voluntariamente. Tras el 31 de enero, los miembros del Comité también pueden proponer nuevas nominaciones antes de su primera reunión. Evaluación y filtrado de nominados Una vez recibidas las nominaciones, comienza un proceso interno de selección que dura meses –aproximadamente de febrero a agosto–. Mientras, el Comité prepara una lista corta de candidatos para el estudio detallado de los mismos. Para ello, cuenta con asesores internos, externos y expertos, quienes elaboran informes sobre los méritos, riesgos, antecedentes y repercusiones de cada candidato. Dichos informes se ponen en consideración del Comité y su secretaría. Posteriormente, en las deliberaciones finales, se busca un consenso, pero si no es posible, se toma la decisión por mayoría simple. Esta, se adopta como máximo a inicios de octubre, y es irrevocable y sin derecho a apelación. Comunicación del premio y ceremonia El anuncio oficial se realiza en Oslo, Noruega: el Presidente del Comité –o portavoz– ofrece una rueda de prensa explicando las motivaciones detrás del galardón, tras habérselo comunicado al nominado –en este caso ha sido el presidente Kristian Berg Harpviken– . Luego, el 10 de diciembre –fecha de fallecimiento de Alfred Nobel en 1896– tiene lugar la ceremonia de entrega del premio en el Ayuntamiento de Oslo. En la celebración se entrega la medalla, el diploma y el certificado Nobel, además de una dotación económica –varía según el año, en 2025 se espera que sea de unas 11 millones de coronas suecas, es decir, 1 millón de dólares–.  María Corina Machado María Corina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela. Se formó como ingeniera industrial, profesión que cultivó antes de dedicarse a la política, debido a la empresa de infraestructura energética de su padre. Perteneciente a una familia de clase alta, con vínculos con la industria nacional, ha despertado críticas entre los apoyos chavistas, quiénes le señalan como una “élite convertida en disidente”. Desde etapas ya pasadas se interesó en movimientos cívicos: en los años 2000 fue parte de la organización Súmate, de monitoreo electoral y denuncia ciudadana. En 2013 cofundó el movimiento político liberal Vente Venezuela, del que es coordinadora nacional. Su salto al poder legislativo se produjo tras las elecciones parlamentarias de 2010, cuando obtuvo la diputación con uno de los mayores números de votos de dicho ciclo electoral en el país –235,259 votos, un 85,28% de los sufragios del circuito Nº 2 del Estado Miranda–. En la Asamblea Nacional, su presencia fue más que activa y combativa, con énfasis en la denuncia de abusos institucionales, la corrupción y la defensa del Estado de derecho, enfrentando a Hugo Chávez y a los apoyos del chavismo. En 2014 perdió su escaño mediante una decisión político-judicial que muchos interpretan como maniobra del chavismo para silenciar voces críticas. En 2023, en las primarias de la oposición venezolana, Machado obtuvo una victoria clara que la posicionó como candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024. No obstante, fue inhabilitada políticamente por el régimen de Maduro, lo que le impidió competir legalmente. La respuesta de Machado ante la prohibición fue nombrar a una candidata alternativa, Corina Yoris, como bandera del movimiento de resistencia. Hay pruebas de fraude de las mencionadas elecciones, las cuales, favorecieron a Nicolás Maduro, cuando las actas –protegidas en Panamá– marcaban que Machado y González habrían ganado con más del 70% de los votos. Desde entonces, su actividad política se ha desarrollado en condiciones de riesgo, clandestinidad, persecución y amenazas de muerte, tanto hacia ella como a sus familiares y apoyos.  En 2025, recibió el Premio Ivan Allen Jr. a la Valentía Social, por su labor y valor frente a la represión venezolana. Además, en 2024 ya había sido premiada con el Premio Sájarov, concedido por el Parlamento Europeo, junto al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en reconocimiento a su liderazgo democrático desde el exilio o la clandestinidad. Estos reconocimientos acumulados preparaban el terreno simbólico internacional para postular al Nobel de la Paz, al reforzar su perfil como figura de resistencia democrática legítima. Así pues, María Corina Machado se convertirá el próximo diciembre en la segunda mujer hispanoamericana en ser premiada con el Nobel de la Paz, así como la séptima persona del continente hispano en obtenerlo y la vigésima mujer de la historia en recibir el premio. Características del liderazgo de Machado y sus principales hitos A pesar de las amenazas, órdenes de prisión o persecuciones políticas, Machado ha permanecido en Venezuela en condiciones inseguras. La líder, no se ha exiliado, ha mantenido una imagen de coraje y valentía personal frente al riesgo, dotándole de legitimidad, influencia y figura pro-democrática. Además, en una oposición venezolana históricamente fragmentada, ha sido vista como una figura polarizadora pero con capacidad de cohesionamiento. En consecuencia, muchos ven en ella un símbolo y punto de confluencia hacia el cambio político en Venezuela. También ha sabido mantener un enfoque no violento y un discurso moral motivador. Sus narrativas tienden a insistir en los derechos y garantías democráticas, las transiciones pacíficas para establecer las democracias o para invocar los principios de igualdad, justicia y libertad en cualquier ámbito. Asimismo, su visión económica liberal, equilibrada con la sensibilidad social, ha profundizado sus apoyos entre muchos venezolanos que a día de hoy no tienen acceso a servicios básicos, recursos, comida o infraestructuras de calidad.  Por ello, pese a promover reformas liberales, como la privatización de empresas estatales, también propone programas sociales, especialmente para sectores vulnerables, argumentando que la reconstrucción democrática tiene que incluir reformas económicas y de justicia social –hecho que el régimen actual viola deliberadamente–. Su candidatura al Nobel ha tenido apoyos visibles, especialmente entre la administración estadounidense, donde desde congresistas hasta el mismo Donald Trump le han felicitado y mostrado apoyo. En respuesta, Machado ha dedicado el premio tanto al pueblo venezolano como a Trump, por su soporte y por ser un “aliado decisivo” ante la situación en Venezuela, hecho que ha provocado críticas. No obstante, junto a Trump, Machado se apoyó en las “naciones democráticas del mundo” y en los “pueblos de América”, mostrando que más allá de su ideología, busca perseguir los valores de la libertad, la justicia y el respeto a la democracia y sus instituciones. Reacciones nacionales e internacionales Venezuela:  entre los opositores, la noticia fue celebrada como un reconocimiento legítimo del sufrimiento y la resistencia del pueblo venezolano. Machado, en sus declaraciones posteriores, insistió en que el galardón no es un fin, sino un estímulo para seguir luchando. Por su parte, Maduro no ha reconocido públicamente el galardón y sigue contemplando a Machado como una golpista imperialista.  Estados Unidos: pese a la campaña pública e internacional de la administración Trump para que le otrgasen el galardón al Presidente, parece que se ha recibido con buenos ojos la decisión del Comité. Machado y Trump han mostrado públicamente su cercanía, aunque el estadounidense afirme que el Comité prefiere poner la política por encima de la paz. Sin embargo, según declaraciones, “salve millones de vidas y eso es lo que importa”, aceptando indirectamente el galardón de Machado. Algunos congresistas que también han apoyado la nominación han sido: María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Marco Rubio o Rick Scott. Europa : por último, pese a los apoyos públicos de Ursula von der Leyen desde la Comisión Europea, Josep Borrell o Antonio da Costa desde el Consejo, destaca la falta de declaraciones públicas del Presidente Sánchez o el Ministro de Exteriores José Manuel Albares –teniendo en cuenta el vínculo histórico con Venezuela y el exilio de Edmundo González en España–, apoyo que sí han mostrado las fuerzas opositoras al actual Ejecutivo español. Otros casos:  algunos casos destacados han sido el de la Presidente mexicana Claudia Sheinbaum, quién al preguntarle por el premio hacia Machado respondió un “sin palabras”. Tampoco han sido alentadoras las declaraciones de Vladimir Putin, quien destaca que el premio hace tiempo que perdió su prestigio. Por el contrario, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario General de la ONU –Antonio Guterres– sí felicitaron a la galardonada, señalando el reconocimiento hacia las aspiraciones venezolanas por elecciones libres y el respeto a los derechos civiles y políticos que encarna Machado. También se han pronunciado a favor figuras como Barack Obama, Benjamin Netanyahu o líderes y mandatarios de países como Camboya, Ruanda y Pakistán, así como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Conclusión María Corina Machado se ha destacado como una figura clave de la oposición venezolana, reconocida por su firmeza, coherencia y valentía política. Su compromiso con la democracia y los derechos ciudadanos la ha convertido en un referente de liderazgo, capaz de movilizar amplios sectores de la sociedad incluso frente a circunstancias adversas. Su trayectoria refleja determinación, coraje y un profundo sentido de la responsabilidad hacia el futuro de Venezuela. Desde Naciones en Ruinas, siendo un espacio no partidista, reconocemos y valoramos el liderazgo de María Corina Machado por los principios que encarna. Aunque no nos alineamos con partidos, apoyamos a quienes defienden valores como los derechos humanos o las garantías de libertad del individuo, y Machado representa de manera clara ese compromiso con la justicia y la libertad. Desde España para Venezuela, citando las frases de Machado: “la lucha por la democracia es una lucha por la dignidad humana, donde la paz llegará cuando llegue la libertad, convirtiendo a Venezuela en un país libre que venza a una dictadura mediante la decisión del pueblo, porque la democracia no se negocia, se defiende”. Créditos foto: María Corina Machado en su cuenta de X.

Eritrea, ubicada en el Cuerno de África, es un país de aproximadamente tres millones y medio de personas, con Asmara como capital y lenguas oficiales diversas, como el tigrinya, el árabe o el inglés. Su diversidad religiosa combina comunidades cristianas ortodoxas coptas y musulmanas –alrededor de un 45% de la población cada una–. La posición geográfica estratégica de Eritrea, con fronteras compartidas con Etiopía, Sudán y Yibuti, y una extensa costa sobre el Mar Rojo, la convierte en un actor clave para la estabilidad regional y el comercio marítimo, aunque su historia más reciente le ha marcado un camino de aislamiento y tensiones.   Este artículo analiza la historia política reciente, la situación económica, social y de derechos humanos, así como las relaciones internacionales de Eritrea, ofreciendo una visión que pretende ser lo más integral posible sobre un país que combina un pasado reciente con desafíos contemporáneos más que significativos. Contexto general del país Eritrea tiene una superficie de unos 121,144 kilómetros cuadrados y su población se distribuye entre centros urbanos como Asmara o Assab y zonas rurales con economías de subsistencia. La arquitectura de Asmara, heredada de la colonización italiana, refleja la historia y huella que el país europeo plasmó, mientras que la vida cotidiana se ve profundamente marcada por el sistema de servicio nacional obligatorio y las restricciones políticas. Su ubicación ha sido históricamente relevante: el Mar Rojo le otorga potencial estratégico añadido, debido al comercio y la proyección militar y de seguridad, mientras que sus fronteras con Etiopía y Sudán son un escenario de conflictos prolongados, punto débil del Estado, junto a sus altas temperaturas, las cuales llegan a registrar temperaturas superiores a los 50ºC en la zona del desierto del Danakil y la depresión de Kobar. Historia política reciente Eritrea fue colonizada por Italia hasta la Segunda Guerra Mundial, luego administrada por Gran Bretaña y finalmente anexada por Etiopía en 1962. Esta anexión desencadenó una guerra de independencia de 30 años liderada por el Frente Popular para la Liberación de Eritrea –EPFL–.  En 1991, el EPFL logró derrotar al régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía, y dos años después, en abril de 1993, se celebró un referéndum supervisado por la ONU que aprobó la independencia con un 99,83% de votos a favor. Desde entonces, Isaias Afwerki ha liderado el país como presidente, sin elecciones nacionales y manteniendo un sistema de partido único apoyado por el Frente para la Democracia y Justicia del Pueblo –FDJP–. La Constitución de 1997 –aprobada durante el transcurso de la guerra con Etiopía– nunca se implementó, consolidando un régimen caracterizado por la centralización del poder y la falta de libertades políticas. El conflicto fronterizo con Etiopía entre 1998 y el 2000 dejó decenas de miles de muertos y desplazados. Aunque un acuerdo de paz se firmó en 2018, las tensiones resurgieron en 2025 en el contexto del conflicto en la región del Tigray, donde Eritrea ha sido acusada de intervenir militarmente y violar los derechos humanos. En consecuencia, el poder legislativo reside en una Asamblea Transicional compuesta por 150 diputados –todos ellos miembros del FDPJ–, quienes escogen al presidente de forma unilateral. De tal forma, no ha habido comicios electorales en el país desde su independencia, ya que tal demostración democrática fue aplazada de forma indefinida en 2001. Tampoco existen más partidos políticos, ya que no hay una ley elaborada sobre partidos, pese a que sí está aprobado el principio de “pluralismo político”, paradójicamente. De tal forma, Eritrea se configura como un sistema unipartidista y autoritario, ubicado en el puesto 152 de 167 en el Índice de Democracia Global.   Situación económica La economía eritrea se encuentra restringida por el completo control estatal y el aislamiento internacional. Sus principales recursos incluyen minerales como el zinc, el oro y el cobre, así como la pesca en el Mar Rojo o la agricultura –la cual emplea al 80% de la población activa y contribuye al 12% del PIB–. Sin embargo, las lluvias estacionales, la falta de infraestructura, las sanciones internacionales y la práctica del servicio nacional obligatorio han limitado el desarrollo industrial y de calidad en el país, abocándose a subsistir de exportaciones primarias como el algodón. Una gran parte del PIB eritreo depende directamente de las remesas de los habitantes en el exterior. De hecho, casi un tercio del PIB está constituido por remesas y transferencias privadas –30% del total–. Según fuentes públicas de la ONU, un mínimo de 802,822 eritreos se encuentran fuera de su país –datos de 2020–. En total, un cuarto de la población nacional estaba fuera de su Estado de origen, lo que se estima que en 2025 sea cercano al 30-35% de la población debido a los incrementos cercanos al 30% anuales en números de emigrantes. Esta situación, se da en parte –más allá de la dictadura–, por el hecho de que el servicio nacional obligatorio puede prolongarse indefinidamente, desviando mano de obra de la agricultura y la industria hacia funciones militares y estatales, provocando la emigración masiva hacia países vecinos y terceros. La mayor parte de eritreos se encuentran en Sudán –unos 221,000– y Etiopía –192,000–, mayoritariamente en campos de refugiados y en condiciones deplorables. Sin embargo, un buen número de los mismos se encuentran en Alemania –65,000–, EEUU –51,000–, Suecia –44,000–, Suiza –38,000–, Noruega –23,000–, Emiratos Árabes Unidos –20,000– e Italia –17,000–. De la mayor parte de los países mencionados, junto a otros como; Australia, Egipto, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Catar o Francia; provienen la mayor parte de remesas, destinadas a la subsistencia de familiares ubicados en el país. Además, la economía tampoco se ve beneficiada de los constantes conflictos internacionales y fronterizos que mantiene Eritrea con países como Etiopía o Sudán, los cuales se estiman que han movilizado a cerca de un millón de trabajadores desde 1998. Donde se ha constatado la participación eritrea, ingiriendo en otros Estados.  El nakfa, la moneda nacional, no es convertible, y el acceso a internet es extremadamente limitado, restringiendo la integración del país en la economía global. Según datos de la ONU, Eritrea tiene uno de los niveles más bajos de inversión extranjera directa, causa directa de su complejo sistema de requisitos para operar en el país y un PIB per cápita entre los más bajos del continente y el mundo. Con todo este panorama económico no es de extrañar que el FMI catalogue al país en déficit fiscal. En concreto, Eritrea se encuentra inmersa en un déficit derivado del gasto en defensa y por problemas derivados de la deuda externa, los cuales no se han solucionado pese a ligeros signos de emprendimiento de reformas por parte del Gobierno debido al control estatal del sector económico. Respecto a los socios comerciales, Eritrea exporta principalmente hacia China, EAU, Corea del Sur, Italia y Croacia –todos ellos por un valor cercano a los 650 millones de dólares. En cambio, sus importaciones provienen en un tercio de las mismas de EAU –32% –, un 21,2% de China y en menor medida de Turquía, Estados Unidos y Sudáfrica –todos juntos por valor de unos 230 millones de dólares–. Sociedad y derechos humanos Eritrea es conocida por su sistema de servicio nacional obligatorio para habitantes entre los 18 a 40 años –de por vida en la práctica para muchos–, descrito por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional como una forma de trabajo forzoso y de esclavitud. Los ciudadanos no pueden organizar partidos políticos, medios de comunicación libres o asociaciones independientes, y se han documentado detenciones arbitrarias notables, torturas y desapariciones forzadas.  El Gobierno sigue sin aplicar las recomendaciones de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas relativas a investigar los crímenes de derecho internacional, denegando la entrada al país al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, país acusado de cometer crímenes de lesa humanidad.  El impacto social de estas políticas es significativo: miles de ciudadanos han buscado refugio en Sudán, Egipto, Etiopía –donde han sufrido abusos contra los derechos humanos– o en terceros países, especialmente en EEUU y Europa, como Suecia, Noruega, Alemania y Suiza. La represión limita la expresión cultural, educativa y religiosa, afectando particularmente a jóvenes que ven bloqueadas sus oportunidades de desarrollo académico, personal y profesional. Asimismo, el gobierno eritreo considera prueba de traición solicitar asilo en otros países, y toda persona devuelta al país puede ser detenida, dándose casos de tortura y asesinato. Se han documentado casos en los que autoridades eritreas han cruzado fronteras internacionales para controlar a políticos en la diáspora y exilio o para silenciar a activistas y periodistas en favor de los derechos humanos, la democracia o la libertad de expresión. En Sudán, numerosas mujeres y niñas eritreas que se encontraban en campos de refugiados han sido violadas o esclavizadas a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Mientras, Turquía viola el derecho legal a recibir protección de cientos de eritreos que se encuentran en el país, deportándolos a pesar de los datos sobre el peligro que corren. Así pues, en el ámbito internacional, en 2024, el Departamento de Estado de EEUU, declaró que las fuerzas de defensa eritreas cometieron crímenes de guerra en el conflicto de Tigray, lo que refleja la seriedad de las violaciones documentadas.  Respecto a la educación, cerca del 45% de los menores en edad de cursar enseñanza primaria no están escolarizados, mientras que solo un 4% de los hombres y un 3% de las mujeres han logrado inscribirse en la enseñanza superior o universidad.  Por otro lado y de forma conclusiva, no existe ningún tipo de medio de comunicación privado en Eritrea. La prensa libre ha quedado desmantelada por completo desde 2001, año en el que el gobierno detuvo a 15 políticos –Grupo de los 15– y a 16 periodistas que los apoyaban, después de que reclamaran al presidente Afwerki la aplicación del proyecto constitucional y la celebración de comicios electorales abiertos. Nunca se supo más de ellos. En consecuencia, la libertad de expresión es un tema crítico, probablemente el peor o de los más graves del planeta. Política Exterior y relaciones internacionales Las relaciones con los vecinos han definido en gran parte la política exterior eritrea. De hecho, son un eje central por el cual el país ha sufrido diversos impactos, especialmente socioeconómicos: Etiopía : ambos países, tras la independencia de Eritrea en 1993, entraron en guerra en 1998 por la disputa fronteriza de Badme; aunque el conflicto terminó en 2000 con el Tratado de Argel y una comisión internacional que otorgó la ciudad a Eritrea, Etiopía rechazó esa decisión y mantuvo la ocupación, generando una “paz congelada” con choques esporádicos. En 2018, con el liderazgo del primer ministro Abiy Ahmed, se firmó el acuerdo de paz que fue visto como un gran avance, pero en la práctica las tensiones persisten, ya que la delimitación fronteriza nunca se aplicó plenamente y la colaboración entre ambos países sigue marcada por la desconfianza, agravada por la participación eritrea en el conflicto de Tigray –Etiopía–. Sudán : históricamente tensas, con acusaciones mutuas de apoyo a grupos rebeldes. Desde el estallido del conflicto armado en Sudán, el gobierno de Eritrea se ha posicionado a favor del ejército sudanés liderado por el General Burhan, lo cual ha posicionado directamente al país respecto a uno de sus vecinos más poderosos en términos militares globales. Yibuti : la relación entre ambos países ha sido tensa y ha estado marcada por conflictos fronterizos. En 2008 estallaron enfrentamientos armados entre ambos países por la disputa territorial en la región de Ras Doumeira, un área estratégica en la costa del mar Rojo. Estos conflictos provocaron decenas de muertos y miles de desplazamientos, lo que llevó a la intervención de la Unión Africana y la ONU, que desplegaron fuerzas de paz para evitar una escalada. Aunque en 2010 se alcanzó un acuerdo de mediación con Catar como garante, la paz es frágil y las tensiones no están resueltas. Además, Etiopía mantiene una estrecha relación con Yibuti –el 90% de las exportaciones e importaciones de Etiopía pasan por el puerto de Yibuti, puesto que el primero no tiene salida al mar–, lo que no ayuda a la relación entre Asmara y Yibuti.  Somalia : durante mucho tiempo, Eritrea fue acusada de apoyar a grupos insurgentes somalíes, incluido Al-Shabaab. Sin embargo, a partir de 2018, con el acercamiento regional promovido por Etiopía, Eritrea y Somalia –Acuerdo de Asmara–, ambos países han fortalecido lazos políticos y de seguridad. Desde entonces, Eritrea ha entrenado a miles de soldados somalíes para reforzar el ejército nacional frente a Al-Shabaab, aunque la cooperación ha sido polémica por falta de transferencia y denuncias de abusos. Eritrea está actualmente sujeta a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –2009, 2011 y 2012– las cuales, imponen sanciones militares y económicas, ante la consideración de haber apoyado a grupos armados de oposición en la región, en especial a la insurgencia islamista en Somalia y en asuntos internos de Etiopía. Respecto a las conexiones internacionales eritreas, son en esencia escasas. Por un lado, cuenta con dos puertos principales: Massawa y Assab. El primero, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 275,320 metros cuadrados y una capacidad de carga de 385,930 toneladas, siendo el mayor del país. En cuanto al de Assab, cuenta con siete muelles de carga seca y 3 terminales de petróleo. Aproximadamente el 95% de la carga manejada en Assab está destinada a Etiopía, lo que ha mejorado la relación entre ambos países debido a la dependencia de puertos extranjeros por parte de Addis Abeba.  Por otra parte, Eritrea cuenta con solo un único aeropuerto internacional: el Aeropuerto Internacional de Asmara –ASM– de carácter público/militar. Sus operaciones aéreas son limitadas y apenas unen el país con vuelos directos actuales a cinco destinos: El Cairo, Jeddah, Dubái,  Estambul y Puerto Sudán –estacionalmente–. Habitualmente, habían vuelos a la capital etíope –Addis Abeba– pero por el momento siguen cancelados debido a las tensiones. En el pasado, la única aerolínea nacional –Eritrean Airlines, que cuenta con tan solo un avión– contaba con vuelos a Karachi, Lahore, Jartum y Roma. El país permanece aislado en la vida política africana –pese a pertenecer a la UA, ser miembro observador de la Liga Árabe, la COMESA y la IGAD–, y los líderes regionales critican la falta de democracia y derechos humanos, aunque reconocen el potencial del país como actor de integración regional si se implementaran reformas políticas y económicas, que todavía quedan lejos. Sistema de gobierno En mayo de 1991 el Frente Popular para la Liberación de Eritrea estableció un gobierno provisional para gobernar el país hasta que tuviera lugar el referéndum sobre la independencia. El EPLF no permitió que participaran otras organizaciones, pero prometió que después del referéndum tendrían lugar unas elecciones libres. El referéndum tuvo lugar en abril de 1993, y Eritrea se proclamó un Estado independiente un mes después, estableciendo un gobierno de transición liderado por una cúspide formada por tres instituciones centrales: Consejo Consultivo –ejecutivo, formado por los ministros, administradores regionales y otras autoridades–. Asamblea Nacional –poder legislativo, formado por el comité central del EPLF, 30 miembros adicionales a las Asambleas Provinciales y 30 más elegidos por el comité central–. Poder judicial. En 1994, el Consejo Consultivo fue reemplazado por un Consejo de Estado. Se estableció un período transitorio de cuatro años de duración en que tenían que prepararse las condiciones de tránsito a un sistema político pluralista y constitucional. Sin embargo, en marzo de 1994, la Asamblea Nacional votó la alteración de su composición, punto de partida para que la asamblea pasasen a estar compuesta por 75 miembros del comité central del PFDJ y otros 75 elegidos directamente. En mayo de 1997, tras aprobar la Constitución, la Asamblea Constituyente facultó a la Asamblea Nacional de Transición a representar el poder legislativo hasta las nuevas elecciones para una nueva Asamblea Nacional, hecho que jamás ocurrió. Isaias Afwerki –en el poder desde 1993– justificó la militarización extrema y la suspensión de libertades políticas en el país debido al conflicto coetáneo con Etiopía. El gobierno eliminó partidos, reprimió a los opositores y mantuvo al país bajo control absoluto mediante el servicio militar obligatorio e indefinido, así como la censura. Nadie le detuvo debido al aislamiento en el que se encontraba Eritrea en aquel momento: fronteras cerradas, información limitada, poca presión internacional efectiva y aliados mínimos, lo que permitió al régimen perpetuarse sin rendir cuentas.    Casos ejemplificativos del terror hacia los eritreos Durante la Guerra de Independencia de Eritrea, el ejército etíope cometió múltiples atrocidades contra civiles eritreos y viceversa. Una de las más devastadoras fue la masacre de Ona, donde se asesinaron entre 400 y 800 personas. Un ataque enmarcado entre los crímenes de guerra del régimen de Mengistu Haile Mariam, buscando eliminar a la población eritrea mediante la limpieza étnica. De igual forma, sucedió en Besikdira y She´eb. Entre 2009 y 2025, unos 60 jugadores y deportistas, sobre todo de la selección nacional eritrea, aprovecharon torneos internacionales para desertar y solicitar asilo en otros países. En concreto, durante la Copa CECAFA de 2009 en Kenia y en las competiciones celebradas en 2012 en Uganda –17 jugadores y un médico– y, de nuevo, en Kenia. Durante los JJOO de 2012 en Londres, varios atletas desertaron y en 2015, durante un partido para la clasificación al Mundial, 10 miembros del equipo nacional pidieron asilo en Botswana.  Estos hechos han provocado que Eritrea se haya retirado de las clasificaciones para los mundiales de fútbol y de otros torneos internacionales, por miedo a que jugadores y deportistas deserten ante la situación interna del país.  Masacres en Tigray: durante el conflicto en la región etíope de Tigray –2020-2022–, las fuerzas eritreas fueron acusadas de cometer atrocidades contra la población civil. Uno de los casos más documentados es la masacre de Axum, ocurrida en noviembre de 2020, donde cientos de civiles, incluidos niños, fueron ejecutados por tropas de Eritrea. Sobrevivientes y testigos entrevistados por Amnistía Internacional relataron ejecuciones sumarias, saqueos y ataques indiscriminados. Otras localidades afectadas por masacres fueron: Adigrat, Zalambessa, Hawzen y Mahbere Dego. Conclusión Eritrea representa un país como un pasado marcado por su lucha por la independencia, pero enfrenta hoy un presente marcado por el aislamiento político, la represión, la dictadura unipartidista y los desafíos económicos. La estabilidad y el desarrollo del país dependen de reformas y del respeto a los derechos humanos más básicos, que podrían convertir al país en un actor positivo en una de las regiones con más peso geopolítico del continente africano. Mientras tanto, sus políticas internas y externas continúan generando tensiones, ataques y desplazados, afectando a millones de personas, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2025, Marruecos ha estado experimentando las mayores manifestaciones juveniles en su historia reciente. El detonante fue la muerte de ocho mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir tras cesáreas fallidas, un caso que ha expuesto la precariedad sanitaria pública del país. La indignación se ha traducido en el nacimiento de GenZ212 –generaciones entre 1997 a 2012 + 212, código telefónico marroquí–, un movimiento digital que en cuestión de días ha pasado de los foros de Discord, Instagram y TikTok a las calles de las principales urbes marroquíes. De la indignación al estallido El 29 de septiembre se produjeron las primeras marchas pacíficas en Rabat. Sin embargo, tras la prohibición oficial de nuevas manifestaciones, la tensión ha derivado en enfrentamientos constantes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, extendiendo rápidamente las protestas. En apenas cuatro días, se han registrado disturbios en al menos 17 provincias, incluyendo Rabat y su zona metropolitana, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tánger, Salé, Temara y Oujda. Las cifras varían según la fuente, pero se habla –de momento– de entre 2 y 3 jóvenes –armados con cuchillos– fallecidos por disparos policiales en “legítima defensa” durante un –supuesto y oficial relato según autoridades–  intento de asalto a un cuartel en Lqliaa para robar armas y municiones –Agadir–, más de 350 heridos –263 policías y entre 20 y 90 manifestantes–  y alrededor de 409 detenidos, de los cuales unos 190 ya enfrentan algún tipo de proceso judicial, relacionados con el desorden público, los cuales empezarán el próximo martes en Rabat para 37 de los detenidos. A los daños humanos se suman los desperfectos notables: vehículos policiales –unos 142– y bancos incendiados, comisarías atacadas, comercios saqueados, espacios públicos deteriorados, contenedores quemados, etc. Las protestas han solido darse tras caer la noche, por lo que las fuerzas quedan, en la práctica, desbordadas, tanto por medios como por efectivos: cerca de 20,000 agentes de las Fuerzas Auxiliares no han podido con los manifestantes en todas las áreas, pese al apoyo de la policía o la Gendarmería Real –unos 33,000 agentes– en áreas rurales. El mensaje de GenZ212 Lejos de reivindicar la violencia, los organizadores insisten en que se trata de un movimiento pacífico, centrando en exigir mejoras en sanidad y educación públicas, acceso universal a la cobertura médica, mejores precios en medicamentos y oportunidades laborales. También cuestionan el gasto multimillonario destinado al Mundial de Fútbol de 2030, en contraste con la falta de inversiones en hospitales y centros educativos. Se estima que Rabat destine entre 50,000 y 60,000 millones de dirhams al Mundial –unos 5,500 millones de euros–, además de otros 18,600 millones destinados a proyectos estratégicos en infraestructuras deportivas, mejoras en telecomunicaciones, energía, transporte, urbanismo, etc. Mientras, en 2025 el presupuesto en educación y sanidad juntos no alcanzan ni los 11,000 millones de euros para un país con más de 8 millones de estudiantes. A lo largo de sus comunicados, GenZ212 ha pedido la dimisión del gobierno de Aziz Akhannouch, así como la liberación inmediata de los manifestantes detenidos. Como consecuencia de la represión gubernamental, las manifestaciones han ido tendiendo hacia la violencia, cada vez mayor, tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad.  Hoy en día, la tasa de desempleo juvenil –15 a 24 años de edad– en Marruecos es cercana al 47%, según datos registrados en el segundo trimestre de 2025. Además, dicha generación representa una cuarta parte de la población de un país de 37 millones de habitantes, por lo que unas 4,347,000 personas –jóvenes– se encontrarían en situación de desempleo. La respuesta del Estado El Ejecutivo marroquí ha lamentado los hechos y asegura estar abierto al diálogo, aunque mantiene la prohibición de manifestaciones. El portavoz del Ministerio del Interior, Rachid El Khalfi, afirmó que la prohibición era “ necesaria para garantizar el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y el de la sociedad a la seguridad y a la estabilidad ”. Mientras, medios afines al gobierno intentan asociar al movimiento juvenil con el vandalismo, señalando denuncias de vecinos de Oujda o Inezgane quejándose de los destrozos. El primer ministro Akhannouch, bajo presión, busca contener la crisis sin ceder demasiado terreno. Organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza, mientras que ministros del Ejecutivo y los partidos opositores, incluidos los islamistas moderados, piden calma para intentar contener a los manifestantes. En consecuencia, diversas voces políticas –como el ex-altos cargos del ministerio de Interior– piden la destitución de Mohamed Saad Baranda, Ministro de Educación, y, Amine Tahraoui, Ministro de Sanidad –ambos muy afines al actual primer ministro Akhannouch, quien es la segunda fortuna nacional, tras el monarca Mohamed VI–.  Un tsunami global La BBC y otros medios internacionales enmarcan lo ocurrido en Marruecos dentro de una ola de protestas juveniles globales, con similitudes más que notables a los hechos ocurridos en Indonesia, Perú, Kenia, Nepal o Madagascar. Lo que distingue al movimiento marroquí, es la falta de líderes visibles y la edad de los participantes –un 70% son menores de edad–, un patrón que está dificultando la represión y negociación con las autoridades políticas y policiales. Marruecos es un país profundamente autoritario, pese a su imagen internacional “moderada”. La concentración real del poder por parte del monarca ha generado un clima de corrupción, clientelismo y desigualdades que marginan las demandas ciudadanas. Las protestas evidencian la falta de inversión en servicios básicos, pero también la impunidad de un aparato gubernamental que prioriza su imagen en megaproyectos como el Mundial mientras ignora la miseria y el desempleo juvenil, que alcanza niveles alarmantes.  La represión, detenciones y censura mediática muestran un patrón de control social que simula a las dictaduras, mientras la corrupción enquistada en instituciones y empresas estatales se perpetúa ante gobiernos corruptos. En este contexto, el descontento cuestiona la legitimidad de un régimen que se presenta como constitucional, pero opera, de facto, como un Estado autocrático.  Memorias de…¿la Primavera Árabe? Marruecos revive un escenario que recuerda al Movimiento del Rif en 2016 y la Primavera Árabe de 2011, aunque actualmente con un elemento clave: una generación hiperconectada que convierte las protestas en un fenómeno viral, informado y globalizado. Lo que comenzó como indignación por la muerte de ocho mujeres embarazadas se ha transformado en el grito de una generación que exige futuro, dignidad y oportunidades menos desiguales. Marruecos se enfrenta, de tal forma, al desafío de atender no solo a una crisis inmediata, sino a una demanda de cambios estructurales firme, profunda y compleja que, de momento, será difícilmente silenciable. Las protestas presentan similitudes con la Primavera Árabe de 2011. Como entonces, la chispa inicial fue un hecho que evidenció la negligencia y desigualdades del Estado. Además, en ambos casos, la juventud ha sido central, desafiando a la censura y la represión. Las demandas tampoco quedan lejos: acceso a servicios sanitarios básicos, empleo, justicia social y rechazo de la corrupción. En consecuencia, la represión y la concentración de poder bajo élites políticas, económicas o el monarca recuerdan al contexto de 2011, donde la falta de respuesta institucional provocó las protestas masivas. De igual forma, las manifestaciones tienen un carácter descentralizado y horizontal, sin liderazgos formales, lo que dificulta la negociación y aumenta la imprevisibilidad de los eventos, cada vez más calientes. Mohammed VI: en la mira Tras más de cinco días de protestas, cientos de manifestantes están comenzando a quemar retratos del monarca marroquí, cada vez más cuestionado por la falta de liderazgo ante la situación. Si bien el derrocamiento del rey aún suena muy lejano, lo cierto es que Marruecos vive una ola de violencia y crispación atípica desde hace más de catorce años.  Pese a denominarse como “monarquía constitucional”, lo cierto es que el rey mantiene un papel central como símbolo de unidad nacional y garante de estabilidad, siendo el encargado de escoger al primer ministro. La presión organizada y cada vez más crítica  podría minar la percepción de que el monarca es capaz de velar por el bienestar nacional, especialmente en áreas tan sensibles como la salud o educación. En caso de que el Ejecutivo siga sin responder adecuadamente –se le demanda la destitución de Akhannouch–, la opinión pública podría culpabilizar indirectamente al monarca, ya que los ministros son percibidos como sus aliados cercanos. Ante esta situación, el monarca podría tener que ser forzado a intervenir, nombrando un nuevo gabinete o impulsando reformas. Asimismo, Marruecos busca proyectarse como un país moderno, estable y confiable, especialmente por el criticado proyecto coorganizado del Mundial de 2030. La violencia y represión pueden dañar su reputación, afectando a la inversión extranjera, el turismo y la cooperación internacional, incluido el mencionado evento. Históricamente, Mohamed VI ha respondido a las crisis mediante reformas selectivas. Esta vez, para recuperar la legitimidad y prevenir que la revuelta digital se traduzca en un levantamiento civil, probablemente tendrá que destituir al primer ministro, lo que si no se gestiona adecuadamente, puede generar inestabilidad temporal o disputas de poder dentro de las élites políticas. En un supuesto caso extremo en el que la monarquía o el rey Mohamed VI cayeran, Marruecos enfrentaría una crisis políticas severa: la caída del pilar central de legitimidad del país generaría un vacío de poder, con riesgo de enfrentamientos entre partidos, élites económicas y fuerzas de seguridad; las protestas juveniles podrían intensificarse y extenderse, mientras actores externos e internacionales vigilarán de cerca la transición o intervendrán directa e indirectamente. Por ello, el país tendría que definir rápidamente un nuevo marco constitucional y de gobernanza para garantizar la estabilidad, derechos y continuidad económica, lo que podría durar meses o incluso años y conllevar un alto riesgo de conflictos internos, guerras civiles o fragmentaciones y desigualdades mayores. Asimismo, la caída del monarca podría ser utilizada para revivir las tensiones entre el Frente Polisario y el país, quienes podrían apoyarse en Argelia, históricamente partidaria de la independencia saharaui, pudiendo incrementar su influencia o apoyo logístico, elevando el riesgo de una confrontación directa, una nueva “Marcha Verde Inversa” o una intervención. De igual forma, potencias extranjeras, actores internos y movimientos sociopolíticos secesionistas podrían resurgir ante la falta de un nexo de unión: territorios como el Rif podrían movilizarse en favor de la independencia, la cual podría ser apoyada por países con tensiones con la actual Marruecos, como Rusia, Argelia o la mayor parte de la Liga Árabe, debido al posicionamiento del país, favorable a Occidente –sobre todo a EEUU, Francia e Israel–, la cuestión Palestina y su constante opresión sobre el Sáhara y conflictos vecinales, entre muchos otros. ¿Cómo puede afectar a España la situación? Las revueltas en Marruecos pueden tener repercusiones en nuestro país, tanto a nivel social como político o económico. España comparte vínculos comerciales y migratorios muy profundos con el país: más de 900,000 marroquíes residen en territorio español, muchos manteniendo lazos comerciales y familiares con su país de origen. Por ello, la escalada de violencia y la inestabilidad podrían generar un aumento de migración irregular hacia España, especialmente a través de Ceuta, Melilla, las costas andaluzas y las Islas Canarias, añadiendo presión a los ya sobreexplotados sistemas de acogida y seguridad.   Además, la tensión podría afectar a acuerdos bilaterales en comercio, pesca y seguridad fronteriza, así como en cooperación antiterrorista. Las protestas también pueden influir en la percepción pública española sobre el país, condicionando políticas migratorias y generando debates políticos y privados internos sobre los lazos económicos, el turismo, inversiones o políticas hacia Marruecos. En consecuencia, Madrid tendría que equilibrar la “solidaridad” que ha caracterizado al actual gobierno con la gestión de riesgos geopolíticos, una presión migratoria cada vez mayor –con sus desafíos implicados– y de seguridad en nuestras fronteras, junto al impacto económico para ambos lados del Mediterráneo Occidental.   ¿Quién podría estar interesado en una desestabilización de Marruecos? Diversos actores –estatales y no estatales– podrían tener interés, tanto directo como oportunista, en la desestabilización de Marruecos, sea por motivos y capacidades varios. Entre ellos, encontraríamos: Argelia:  ha respaldado históricamente al Frente Polisario y se ha beneficiado del debilitamiento de Rabat frente al Sáhara Occidental. Esto reconfiguraría la disputa regional y daría margen de maniobra a Argel, más allá de las rivalidades históricas por posicionarse como socio preferente de la región occidental del norte de África, así como las tradicionales rivalidades internas derivadas del apoyo estadounidense, israelí y europeo a Rabat y el ruso a Argel.  Sáhara Occidental:  el pueblo saharaui busca su merecida autodeterminación; cualquier vaciamiento del Estado marroquí o pérdida de poder y control en el sur sería una oportunidad para relanzar su agenda, diplomática, y probablemente militarmente, abriéndose un posible conflicto en la región –lo que añadiría más presión a las rutas migratorias del África Occidental y del Norte–. Actores rusos y proxys privados: Moscú ha mostrado un cierto interés creciente en hipertrofiar su influencia en el Sahel y el Norte de África mediante empresas privadas de seguridad –como Wagner o los Afrika Korps–; la inestabilidad en Marruecos abriría espacios para extender sus capacidades de influencia, especialmente ante el flanco sur de la OTAN –España, Portugal, Francia e Italia– y erosionar la influencia occidental –estadounidense–, así como para controlar uno de los lados del Estrecho de Gibraltar. Grupos extremistas: organizaciones como AQIM y redes del Sahel podrían aprovechar el colapso institucional para ganar refugio, rutas de contrabando o reclutamiento. La desestabilización facilitaría el tráfico de armas, drogas y la expansión de zonas “sin ley” en la región. Redes criminales y traficantes de migración: la inestabilidad suele disparar el negocio de las mafias que trafican con migrantes; el caos reduce los controles y aumenta los beneficios, que además podrían usar la situación como arma de presión hacia Europa, de forma más potente a como lo han estado haciendo durante los últimos tiempos. Actores oportunistas:  países que busquen menguar la influencia occidental en África, como China, Burkina Faso, Mali o Níger podrían beneficiarse indirectamente, ofreciendo apoyos militares, diplomáticos o logísticos. De igual forma, países occidentales que busquen la estabilidad o la caída del territorio en manos opositoras podrían pretender lo contrario, esencialmente por parte de Francia, EEUU, España –especialmente los grupos de la actual oposición– y la UE –con un posible apoyo también de Israel–.  Sectores internos descontentos: grupos con demandas regionales de autonomía, mejor reparto de recursos o mayores inversiones podrían intensificar sus reivindicaciones o aspiraciones secesionistas si el poder se debilita; sus intereses domésticos tendrían un gran impacto estratégico, el cual, no sería ajeno a las potencias extranjeras.

Contexto histórico Kosovo, pequeña región situada en el corazón de los Balcanes, ha sido desde hace siglos un territorio cargado de significados históricos y políticos. Su historia se remonta a la Edad Media, cuando formaba parte del Imperio Serbio, alcanzando gran relevancia tras la Batalla de Kosovo en 1389, un evento que, aunque resultó en la derrota de los serbios frente al Imperio Otomano, se convirtió en un símbolo central de la identidad nacional serbia.   Con la expansión otomana, la región fue incorporada al imperio durante unos 500 años, periodo durante el cual la población albanesa –de origen ilirio– se consolidó en la zona debido a sus terrenos fértiles, llanuras de pastoreo y rutas comerciales, muchas veces de forma tensa frente a los serbios ortodoxos, quienes fueron expulsados o huyeron de los otomanos. Esta compleja convivencia dejó una huella social profunda en la identidad de ambos pueblos y en la configuración demográfica kosovar que reviviría siglos después. Tras la Primera Guerra Mundial y las Guerras Balcánicas –1912-1918–, Kosovo fue anexado por el Reino de Serbia, que pasaría a formar parte del Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, y más tarde a lo que conocemos como Reino de Yugoslavia. Tras el derrocamiento de Pedro II Karadordevic, comenzó la época socialista yugoslava –1945-1989–, en la cual, Kosovo disfrutó de un grado notable de autonomía dentro de Serbia –no como república, sino como zona autónoma de la República de Serbia– , aunque las tensiones étnicas nunca dejaron de estar presentes, pero en menor medida que a día de hoy. A finales de los 80, las políticas de Slobodan Milosevic redujeron la autonomía kosovar, exacerbando los conflictos entre la población mayoritaria albanesa y el gobierno serbio, y sentando las bases del conflicto que estallaría durante la siguiente década. La guerra de Kosovo –1998-1999– fue el resultado de años de represión y discriminación –se limitó la educación en albanés, se reemplazaron funcionarios locales y hubo detenciones arbitrarias, todo ello, en una población 90% albanesa– por parte de Serbia, quien no buscaba otorgarles más autonomía de la que gozaban. En respuesta, se creó el Ejército de Liberación de Kosovo –Ushtria Clirimtare e Kosoves (UCK) –, formado principalmente por albaneses, el cual, se levantó contra el gobierno y fuerzas de seguridad serbias, desencadenando una respuesta violenta que incluyó campañas de limpieza étnica y asesinatos masivos.  La violencia aumentó: miles de personas fueron asesinadas –12,000-13,000 víctimas– y cientos de miles desplazadas. En respuesta, la situación provocó la intervención de la OTAN en 1999, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, poniendo fin al conflicto y dejando a Kosovo bajo administración de las Naciones Unidas y las fuerzas de paz internacionales, dejando un legado controversial sobre la legalidad de la intervención y el respeto a la soberanía de Serbia. Finalmente, tras 78 días de bombardeos, Serbia aceptó retirar sus fuerzas de Kosovo, el cual, nueve años después –2008– declararía la independencia. De tal forma, el Parlamento de Kosovo declaró unilateralmente su independencia, un acto que fue respaldado por los Estados Unidos, la mayoría de la Unión Europea y otros países, pero rechazado por Serbia, Rusia, China y varios otros Estados, como España, Grecia o Rumanía. En 2010, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva indicando que la declaración de independencia no violaba el derecho internacional, aunque no determinó si la independencia como tal era legal. Este fallo plasmó las tensiones entre los principios de soberanía e integridad territorial defendidos por Serbia y sus aliados, y el derecho a la autodeterminación reivindicado por Kosovo y sus partidarios. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia La Resolución 1244 del Consejo de Seguridad en 1999 marcó el comienzo de la administración internacional en Kosovo. Sin embargo, tras la proclamación de la independencia en 2008, Serbia reclamó a la Asamblea de la ONU que solicitara una opinión consultiva a la CIJ sobre si la declaración era conforme con el Derecho Internacional. De tal forma, la Resolución de la Asamblea General A/RES/63/3, del 8 de octubre de 2008 presentó la siguiente cuestión: “¿Es conforme con el Derecho Internacional la declaración unilateral de independencia de las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo?” Los 15 jueces titulares que votaron el fallo de la Corte fueron: Hisashi Owada –Japón–, Peter Tomka –Eslovaquia–, Abdul G. Koroma –Sierra Leona–, Awn Shawkat Al-Khasawneh –Jordania–, Thomas Buergenthal –EEUU–, Bruno Simma –Alemania–, Ronny Abraham –Francia–, Sir Kenneth Keith –Nueva Zelanda–, Eduardo Sepúlveda-Amor –México–, Mohamed Bennouna –Marruecos–, Leonid Skotnikov –Rusia, se abstuvo de participar por declaración de impedido, no tomando parte en las deliberaciones o votación–, Antonio Augusto Cançado Trindade –Brasil–, Abdulqawi Ahmed Yusuf –Somalia–, Sir Christopher John Greenwood –Reino Unido–, Xue Hanqin –China– y Shi Jiuyong –China, aunque no participó en el caso por dimisión previa antes de la emisión final, sí participó en la fase oral del caso–. La Corte no analizó si Kosovo tenía derecho a separarse de Serbia, ni si debería ser reconocido como Estado, ni los efectos jurídicos de su independencia. Solo respondió si la declaración –como acto– violaba el Derecho Internacional. En consecuencia, tras examinar tres posibles fuentes de prohibición: derecho internacional general (costumbre y principios), derecho internacional particular aplicable a Kosovo (Resolución 1244 y el marco de la ONU) y el derecho interno de Serbia (de las instituciones provisionales). La Corte recordó el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza y protege la integridad territorial de los Estados. Sin embargo, dijo que esa norma se aplica entre Estados, no a declaraciones de actores internos. La práctica internacional mostraba que no existe ninguna norma general que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia, concluyendo que no hay una prohibición general en el Derecho Internacional contra declarar la independencia. Seguidamente, mediante la Resolución 1244 de 1999 estableció una administración internacional en Kosovo (UNMIK) y preveía una “autonomía sustancial” dentro de Serbia, sin decidir el estatus final. Belgrado alegó que esa resolución preservaba su soberanía e integridad territorial, por lo que la declaración de independencia la violaba. La Corte examinó el texto y concluyó que la resolución no impedía una eventual salida política diferente, y no contenía ninguna prohibición expresa de declarar independencia, por lo que la declaración no violó la Resolución 1244 ni el marco jurídico establecido por la ONU. Serbia sostuvo que la declaración fue hecha por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo –subordinadas a la UNMIK– y, que por tanto, violaba el derecho interno kosovar/serbio. Pero la CIJ determinó que la declaración fue adoptada por personas que actuaban en calidad de representantes del pueblo de Kosovo, no como instituciones provisionales bajo la UNMIK. Por ello, no estaban sujetas a las limitaciones del marco legal interno, no habiendo violacion de la normativa interna relevante. El 22 de julio de 2010, la CIJ concluyó que: “la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el Derecho Internacional general, la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, ni el marco constitucional creado por ella.” Asimismo, la Corte se basó principalmente en los tratados internacionales y la costumbre internacional para fundamentar el derecho. No había tratado que prohibiera la independencia, la costumbre internacional tampoco mostraba una prohibición general y la jurisprudencia previa se usó para reforzar que el Derecho Internacional es neutral respecto a las declaraciones de independencia –como en los casos de Quebec en Canadá o Katanga en el Congo–. En consecuencia, algunos Estados –como: EEUU o Reino Unido, que indirectamente lo introdujeron mediante declaraciones de sus ministerios de exteriores al derecho de poner fin a las injusticias mediante la independencia–  pidieron que la Corte reconociera el principio de “secesión remedial” –derecho de un pueblo oprimido a separarse como último recurso–. La CIJ no se pronunció al respecto, diciendo que no era necesario para responder a la pregunta planteada. El principio de secesión remedial no es un principio universalmente reconocido. La idea de que un pueblo tiene derecho a separarse como último recurso frente a opresión grave se discurre en la teoría, pero no está codificado como norma vinculante en tratados ni en la costumbre internacional. La CIJ no puede crear derechos nuevos ni afirmar principios que no existen, puesto que es una corte de interpretación.   Vulneración de derechos a los serbios Para los Estados e individuos que no desean la independencia, esta puede percibirse como una vulneración de sus derechos porque altera su vida cotidiana, su identidad y su pertenencia a un Estado determinado sin su consentimiento. Pueden sentir que se les impone un nuevo marco legal, fiscal, político y administrativo, que cambia su ciudadanía, sus derechos civiles o su acceso a servicios públicos. Además, puede generar incertidumbre sobre la protección de sus minorías étnicas, religiosas o culturales, y provocar discriminación o marginación en la nueva identidad. En este sentido, la independencia unilateral es una imposición sobre la voluntad de quienes no la apoyan, afectando directamente sus derechos individuales y su seguridad jurídica. Un hecho que los políticos separatistas de muchos lugares obvian y que es crucial, especialmente cuando se tiende a vulnerar a los opositores a la independencia. Intervencionismo de la OTAN El intervencionismo extranjero ha sido clave en la evolución kosovar. La OTAN justificó su intervención en 1999 como una acción humanitaria para detener la limpieza étnica, aunque su legalidad fue cuestionada por no contar con la autorización necesaria por parte de la ONU. Desde aquel entonces, EEUU y otros países –mayoritariamente occidentales– han mantenido presencia política y militar en la región para garantizar estabilidad y apoyo institucional, mientras que Moscú o Pekín han utilizado el caso como ejemplo para defender su política de no intervención o enfatizar la soberanía estatal frente a interferencias terceras propias. Los principales contribuyentes de medios y capacidades de la OTAN fueron, principalmente, tres Estados. En primer lugar, Estados Unidos, responsable de más del 60% del poder aéreo y naval de la operación. Seguidamente, Reino Unido, quien incluyó un portaaviones, aeronaves Harrier GR7 y Tornado GR4, así como misiles Tomahawk desde submarinos y buques de superficie. Por último, Francia, con el apoyo de las aeronaves Mirage 2000 y Rafale, aviones cisterna o vigilancia electrónica, así como fragatas y destructores para misiles de crucero. En menor medida, la participación de Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Canadá fue notable, pero en mucha menor medida, aportando aviones y navíos en menor porcentaje. Por su parte, España no envió tropas terrestres, pero sí participó en la fuerza internacional de paz KFOR tras la rendición serbia, desplegando unos 1,200 soldados durante casi una década. Durante la guerra, Madrid participó, pero en menor medida que otros aliados: aportamos unos 8-12  aviones de combate EF-18 de la Base Aérea de Aviano –Italia–, la Fragata F-81 “Santa María” y el Buque de aprovisionamiento “Marqués de la Ensenada”. Medios utilizados por la OTAN en Kosovo, 1999 Aviones de combate y ataque a tierra:  F-15, F-16, F/A-18, Tornado, Mirage 2000, AV-8B Harrier. En total, más de 1,000 misiones de combate aéreo en 78 días. Aviones de vigilancia y reabastecimiento: AWACS y KC-135 principalmente. Más de 20,000 bombas y misiles: tipo crucero Tomahawk –700-800–, bombas inteligentes, convencionales –14,000– y guiadas por láser –6,000–. Portaaviones: dos unidades; USS Theodore Roosevelt y el HMS Invincible. Cruceros de misiles guiados:  5. Destructores de misiles guiados: 20. Fragatas: 25. Submarinos nucleares y convencionales: 5-6. Buques de apoyo y logísticos: 15. Vehículos logísticos y ligeros: más de 500. Nunca se desplegaron fuerzas terrestres de combate en Kosovo, fue un despliegue aéreo y naval completo. Países que apoyaron la independencia kosovar y por qué Estados Unidos de América:  reconoció la independencia plenamente bajo la administración Obama. Washington apoyó la autodeterminación del pueblo albanés y buscaba “estabilidad” en los Balcanes después de la guerra de Kosovo. A su vez, EEUU vió en Kosovo una forma de proyectar su poder en los Balcanes tras la desintegración yugoslava. En consecuencia, el territorio kosovar alojó fuerzas internacionales y permitió a EEUU y la OTAN mantener influencia directa en la región. Como dato, Joe Biden –en aquel entonces vicepresidente y futuro presidente de los EEUU, visitó Kosovo y pronunció el discurso ante la Asamblea de Kosovo, reafirmando el compromiso de EEUU con la independencia. Reino Unido, Italia, Alemania y Francia: reconocieron la independencia rápidamente. Coinciden en la posición de la OTAN durante la guerra de 1999 y buscaban consolidar la paz en la región. De tal forma, Kosovo quedaba bajo el paraguas de la UE y en el control de la dirección política balcánica, expandiendo las empresas occidentales que aspiraban a contratos en reconstrucción y energía.  Australia, Canadá y Japón:  apoyaban la seguridad internacional y la resolución del conflicto. Apoyar la independencia kosovar era sinónimo de restarle espacios de influencia a Rusia, especialmente por la estrecha relación entre Moscú y Belgrado. En consecuencia, Kosovo marcó un precedente internacional claro y clave en términos funcionales: establecer un caso donde la intervención militar y la declaración unilateral de independencia podrían “ser aceptables” si convenía a los intereses occidentales.   De forma similar, pero no tan directamente como hizo Occidente, Rusia o China han actuado a través de apoyos indirectos, en conflictos “asimétricos” o prestando servicios a separatismos aliados. En vez de intervenir militarmente para crear un nuevo Estado que reste poder  Occidente, Moscú ha optado por crear situaciones “congeladas”, conflictos internos o separatismos: Osetia del Sur y Abjasia –debilitó la influencia occidental en el Cáucaso–, Crimea –aseguró el control militar ruso sobre el Mar Negro y frenó la expansión de la OTAN–, Donetsk y Lugansk –generaron zonas de influencia que limitaron la expansión occidental–.  En el caso de Pekín, China no suele apoyar independencias de facto porque teme que genere precedentes para Taiwán, Tíbet, Xinjiang o Mongolia interior. No obstante, aunque rechaza la secesión unilateral, sí ha usado otros medios, sobre todo económicos, para contrarrestar la influencia occidentalen África, Asia y América del Sur.  Occidente debilitó a Serbia, aliado natural de Rusia. A su vez, se amplió el control político y militar en los Balcanes, con presencia OTAN, enviando un mensaje geopolítico de que podrían redefinir fronteras de facto sin consultar a Rusia. Por su puesto, junto a otros intereses secundarios –económicos, estratégicos, migratorios –entre Serbia, Albania, Macedonia, Montenegro, es una zona natural de tránsito hacia países UE debido a sus rutas cortas y relativamente fáciles de recorrer hacia el norte y oeste de Europa—.   Hoy en día, 103 Estados miembros de las NNUU reconocen a Kosovo como Estado, la mayoría occidentales, pero también con casos más curiosos como: Malasia, Chad, Níger, Tanzania, Yemen, Honduras, Bangladés, Guinea, Perú o Mauritania. Mapa del reconocimiento internacional de Kosovo. Países que no reconocen a Kosovo y por qué A día de hoy, 90 Estados no reconocen a Kosovo, incluyendo a varias potencias globales muy significativas. Este hecho, ha reducido la influencia diplomática y política de Pristina en la comunidad internacional, más allá de Serbia. Rusia:  ha apoyado tradicionalmente a Serbia en su defensa y principio de integridad territorial. Moscú ha utilizado a Kosovo como un ejemplo opositor hacia Occidente en el reconocimiento de otros territorios donde guarda intereses, como Osetia del Sur, Donetsk y Crimea.”Si ustedes reconocen a Kosovo, nosotros podemos reconocer territorios separatistas prorrusos”.  China:  tiende a oponerse absolutamente a cualquier secesión unilateral por precedentes internos. Prefiere mantener la postura de soberanía estatal fuerte, sin abrir la puerta a movimientos separatistas o que perjudiquen a su soberanía, especialmente por la pugna taiwanesa. España: similar a China, ha optado por no reconocer la independencia kosovar alegando que es contraria al derecho internacional sin un acuerdo con Belgrado. No obstante, reconoce el Pasaporte Kosovar, pero no su independencia, temiendo que el “principio de secesión remedial” pudiera ser utilizado en un hipotético caso de declaración de independencia de alguno de sus territorios –hecho que tras la DUI catalana parece que se ha disipado–.  Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre:  tienen preocupaciones por movimientos separatistas internos o vecinales. Además, Grecia mantiene buenas relaciones con Serbia y Chipre teme que se use el caso de Kosovo para justificar la independencia del norte ocupado por Turquía. Hispanoamérica:  México, Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina, Brasil… no reconocen la independencia, la cual es vista como ilegal según el derecho internacional o consideran que está motivada por Washington.  África: Sudáfrica, Etiopía, Marruecos, Angola, Nigeria, Sudán, Argelia o Egipto defienden la integridad territorial, motivados por la herencia política del movimiento de los países No Alineados surgida en la segunda mitad del siglo XX. Asia: India, Filipinas, Indonesia o Vietnam no quieren apoyar sucesiones por temor a ejemplos como el de Cachemira –India y Pakistán–, Papúa –Indonesia– o minorías internas, así como, por herencia de la Conferencia de Bandung y los países No Alineados. Países musulmanes: una gran parte de la comunidad internacional islámica no reconoce a Kosovo, pese a ser un Estado de mayoría musulmana. Muchos alegan una independencia creada por EEUU y Occidente, otros por intereses con terceros –como Serbia o Rusia– y algunos, por neutralidad histórica, como Omán. Entre los que no le reconocen, destacan: Irak, Siria, Irán, Líbano, Bosnia y Herzegovina o Túnez. Países que le reconocieron y le retiraron el reconocimiento Aunque parezca paradójico, sí, ciertos Estados reconocieron en su día a Kosovo y hoy ya no. Esto refleja que el reconocimiento de Estados es un acto político y soberano, no un derecho automático ni obligatorio, incluso después de una declaración de independencia. Diversos países retiraron su apoyo a Pristina debido a la presión política o diplomática serbia o de sus aliados. Otros, por cambio de gobierno o política interna, realizando revisiones sobre su política exterior. También aquellos donde surgieron movimientos independentistas posteriores o ciertos países que hicieron reconocimientos condicionados o parciales, sujetos a negociaciones que finalmente no se cumplieron. Actualmente, trece países retiraron su reconocimiento a Kosovo: Burundi, Papúa Nueva Guinea, Lesoto, Comoras, Dominica, Islas Salomón, Madagascar, Togo, República Centroafricana, Ghana, Nauru, Sierra Leona y Burkina Faso. Perspectiva serbia y kosovar sobre la independencia Desde la perspectiva serbia, Kosovo es considerado el corazón histórico y espiritual del país, hogar de monasterios ortodoxos y símbolos de la identidad nacional. Para Serbia, la pérdida de Kosovo representa tanto un retroceso territorial como un golpe a su memoria histórica y cultural. Por el lado contrario, para la mayoría albanesa de Kosovo, la independencia es vista como un acto legítimo de liberación tras años de opresión y violencia. La población kosovar busca consolidar su soberanía, integrar instituciones en la comunidad internacional y garantizar derechos para todas las comunidades que habitan la región, aunque los desafíos internos y la presencia de población serbia en el norte dificultan severamente dicha cohesión. El reconocimiento internacional de Kosovo sigue siendo un tema muy divisivo. Más de cien países han reconocido su independencia, incluyendo a Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Japón, Reino Unido o Canadá. Sin embargo, países como India, China, Rusia, España, Argentina, Indonesia, Eslovaquia o Brasil se mantienen en contra, alegando respeto por la soberanía serbia o temores a movimientos separatistas dentro de sus propios territorios. Este reconocimiento parcial limita la capacidad kosovar para integrarse plenamente en organizaciones internacionales, como la ONU, obligando al territorio a depender de alianzas estratégicas con actores externos que le apoyen. El papel de Turquía y Albania Ankara y Tirana han desempeñado un papel clave en el apoyo internacional a Kosovo desde su declaración de independencia en 2008. Albania, por razones étnicas y culturales, ha sido uno de los primeros y más firmes países en reconocer a Kosovo, brindando apoyo político, diplomático y económico, así como respaldo en foros internacionales para consolidar su soberanía. En Kosovo, se ven tantas banderas albanesas como kosovares, incluidas en las instituciones públicas, donde ondean junto a las de la UE y la OTAN. Por su parte, Turquía, por su posición geográfica y geopolítica, así como por vínculos históricos, también reconoció rápidamente a Kosovo y ha apoyado su integración en organizaciones internacionales, ofreciendo asistencias en seguridad, educación y desarrollo institucional.   Ambos países han actuado como aliados estratégicos, promoviendo la estabilidad de Kosovo y la proyección internacional del mismo. Al mismo tiempo, Kosovo refuerza la influencia turca en la región y su papel clave como mediador entre Europa y Asia, aislando al cristianismo e influencia ortodoxa serbia de la zona, creando un eje Albania-Kosovo que se traduce en una zona histórica de influencia que vuelve a manos turcas en contra de posicionamientos más europeístas. Al mismo tiempo, Turquía también provoca que un sustancial futuro ingreso de Albania o Kosovo a la UE favorezca su estatus hacia la unión, pese a que en los últimos tiempos ha sido más cauto debido a la mejora de relaciones con Moscú. Kosovo a día de hoy Actualmente, Kosovo funciona prácticamente como un Estado independiente, con instituciones propias, gobierno, fuerzas de seguridad y administración territorial, aunque no todos los países reconozcan su soberanía. La frontera con Serbia al norte sigue parcialmente cerrada y existe una cierta tensión política y étnica en la zona, pero en la mayor parte del territorio kosovar la vida cotidiana transcurre con plena normalidad. Las ciudades, pueblos y carreteras están relativamente bien desarrolladas; de hecho, algunas infraestructuras, como autopistas y redes urbanas, son consideradas entre las mejores en los Balcanes occidentales, gracias a la inversión internacional, la cooperación y proyectos de reconstrucción. La economía kosovar depende en gran medida de remesas del exterior, especialmente de ciudadanos que trabajan en Europa y América del Norte, lo que representa una fuente vital de ingresos a muchas familias. Además, recibe ayuda internacional, tanto en inversión pública como en cooperación al desarrollo. Otros sectores incluyen la minería, energía, construcción, comercio y los servicios, aunque la tasa de desempleo sigue siendo alta, especialmente entre jóvenes.   Además, Kosovo tiene una población de aproximadamente 1,8 millones de habitantes, mayoritariamente albaneses étnicos, con minorías serbias, gitanas, bosnias y turcas. La sociedad kosovar es en general, similar a la serbia o macedonia, pero ligeramente más acogedora y abierta, dotando de especial importancia a los vínculos vecinales y familiares, el respeto a los mayores y la celebración de festividades culturales y religiosas. Conclusión Kosovo, en su corta experiencia como Estado pseudo-independiente, se enfrenta a multitud de cuestiones todavía por resolver: la consolidación de su gobernanza, la lucha contra la corrupción, la integración económica y la reconciliación con el Estado y la población serbia, incluidos ciudadanos de su propio territorio. Además, sigue siendo un ejemplo donde los derechos humanos, la autodeterminación, los conflictos históricos y la intervención extranjera convergen, dejando lecciones sobre límites soberanos y el rol cuestionable que juega la comunidad internacional.

Cuando Peter Jackson llevó a la gran pantalla la trilogía de El Señor de los Anillos entre 2001 y 2003, no solo creó un fenómeno cinematográfico sin igual a nivel global, sino que también transformó la identidad y la economía de un país remoto: Nueva Zelanda. Gracias a estas películas, la nación insular pasó de ser un destino poco conocido a convertirse en la representación física de la mítica Comarca , un lugar que millones de personas soñaban con visitar. Un impulso económico El rodaje de las películas supuso una inversión muy considerable en infraestructura y talento local. Compañías como Weta Workshop y Weta Digital se consolidaron como referentes mundiales en efectos especiales y diseño de producción, generando empleos y trayendo inversiones extranjeras. Esta industria cinematográfica fortalecida permitió que Nueva Zelanda se posicionase como un destino atractivo para otros grandes rodajes internacionales, desde El Hobbit hasta Avatar, Las Crónicas de Narnia o Mulan . Más allá del cine, el país vio un crecimiento económico directo e indirecto gracias al aumento del turismo y la promoción global de su imagen y empresas. El auge turístico Tal vez, el impacto más notable sea el turismo. Miles de personas viajan cada año para recorrer los escenarios que se convirtieron en la Tierra Media: Hobbiton en Matamata, Tongariro como Mordor o Fiordland evocando a los bosques de Fangorn. Hobbiton, reconstruido como un set turístico permanente, se ha convertido en una de las principales atracciones del país y de la región. El gobierno y agencias de turismo supieron capitalizar perfectamente el fenómeno de masas mediante campañas promocionales que vinculaban Nueva Zelanda con la Tierra Media, reforzando así la imagen del país en el imaginario popular. Se estima que el turismo hacia el país de Oceanía aumentó un 40% debido a la famosa trilogía. En aquel entonces, entre un 15-20% de los turistas mencionaban que la principal razón de su viaje había sido motivada por las películas. El país, pasó de recibir cerca de 1,5 millones de turistas a rápidamente colocarse en los 2,1 millones, los cuales no han dejado de aumentar hasta llegar a los 3,90 millones. En consecuencia, miles de empleos se crearon en sectores como el alojamiento, el transporte, los guías turísticos o la restauración. La industria turística neozelandesa aumentó hasta llegar al 6% del PIB nacional, por un valor de unos 12 mil millones de dólares en ingresos anuales.  Actualmente, el turismo representa un 7,5% del PIB, habiendo mejorado notablemente pese a la caída drástica durante la pandemia de COVID-19. Durante el rodaje de las películas, se estima que se crearon unos 15,000 empleos directos –en un país de poco más de 5,2 millones de habitantes–. Indirectamente, más allá de técnicos, actores, diseñadores de vestuario, electricistas y otros profesionales del cine, los datos rondan entre los 20,000 y 25,000 empleos indirectos adicionales durante la producción y los años posteriores, dejando un legado laboral que benefició el rodaje de nuevas filmografías. Aproximadamente, un 1% de la población activa neozelandesa, coetánea a las grabaciones –no actual– trabajó directa e indirectamente gracias a El Señor de los Anillos . Los beneficios turísticos mejoraron: más gasto por parte de los visitantes –actualmente sobre los 12,2 mil millones de dólares anuales–, y se invirtieron sabiamente; construyeron sets permanentes ambientados, mejoraron carreteras y aeropuertos –como el de Auckland–, así como condiciones de rodaje, lo que benefició en gran medida al turismo posterior. La trilogía fue un anuncio no pagado, colocando a Nueva Zelanda en el mapa mundial como destino turístico.  Transformación cultural y social Más allá de la economía y el turismo, El Señor de los Anillos generó un profundo impacto en la cultura local. Los neozelandeses comenzaron a sentirse orgullosos de ser los guardianes de los paisajes que inspiraron a Tolkien y a Peter Jackson. Sin embargo, este fenómeno también planteó nuevos debates sobre la comercialización de la naturaleza y la dependencia excesiva de la fama cinematográfica para la identidad nacional. Aun así, es innegable que hoy el nombre de Nueva Zelanda se asocia internacionalmente con magia, aventuras y paisajes naturales impresionantes. Nueva Zelanda destaca por una extraordinaria belleza y riqueza natural, caracterizada por el cambio paisajístico entre montañas nevadas de los Alpes del Sur, fiordos profundos, bosques subtropicales, playas vírgenes y lagos cristalinos, junto a volcanes, archipiélagos y un vasto Océano Pacífico. Esta biodiversidad única, que combina especies endémicas como el kiwi, el kakapo, la kea, la weka o el tuatara; con ecosistemas marinos y terrestres impresionantes, no sólo sostiene una fuerte identidad cultural y turística, sino que desempeña un papel crucial en la conservación global de la naturaleza. Los parques nacionales –13 en total con carácter de protección oficial– y reservas protegidas –unas 3,000 incluyendo áreas de conservación– del país ofrecen hábitats esenciales para flora y fauna únicas en el mundo –Nueva Zelanda cuenta con unas 80,000 especies nativas, del cual un 80% son endémicas–, al tiempo que atraen a millones de visitantes cada año, posicionando al país como un modelo de armonía entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.  Impacto en la política y las relaciones internacionales El éxito global de las películas posicionó al Estado insular como destino turístico de primer nivel y como un país moderno, creativo y capaz de producir cine de clase mundial. En consecuencia, se reforzó la “marca país” y permitió proyectar una imagen positiva y atractiva ante gobiernos, inversionistas y turistas, facilitando relaciones diplomáticas y comerciales más favorables. El fenómeno impulsó al gobierno a crear políticas de apoyo a la industria cinematográfica, incluyendo créditos fiscales, subvenciones y la consolidación de estudios. Esto fortaleció la industria local, mejorando la economía y la imagen creativa internacional, atrayendo a coproducciones y empresas extranjeras. También se benefició la herramienta de la “diplomacia cultural”, promoviendo la cultura y la naturaleza alrededor de festivales internacionales, premieres y eventos turísticos. La prensa de figuras internacionales asociadas a las películas permitió estrechar vínculos con otros países, especialmente con EEUU –debido a Hollywood– y Reino Unido –se fortaleció posición estatal dentro del Commonwealth para iniciativas educativas y culturales–, y aumentar la visibilidad de Nueva Zelanda ante organismos internacionales de cine, turismo y cultura. Otros países con los que Wellington mejoró las relaciones fueron: Australia –cooperación logística debido al mayor peso de los aeropuertos australianos en la región, puerta de entrada hacia Nueva Zelanda–; Alemania, Francia, Japón y China –programas de intercambios culturales y atracción de empresas cinematográficas y de documentales–. En términos económicos, las relaciones comerciales aumentaron, especialmente debido a los empleos y a las exportaciones de servicios de efectos especiales, así como al turismo, fortaleciendo el papel del país como socio confiable en la industria.  Legado duradero Más de dos décadas después, la influencia de la saga permanece. La serie Los Anillos de Poder y los tours temáticos mantienen vivo el interés de turistas y fans, consolidando a Nueva Zelanda como un referente cultural y turístico global. La trilogía dejó un legado cinematográfico, pero también mejoró la imagen y percepción del país, que ahora se reconoce como un espacio creativo y paisajístico único en el mundo.