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Cuando pensamos en actores internacionales presentes en la actualidad siempre solemos tener en cuenta a las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no, tal como son los Estados o grandes activistas que luchan por las causas en las que creen fielmente. Sin embargo, solemos pasar por alto un actor que está presente día a día en la vida de muchos y sobre todo subestimamos el poder que tiene para involucrarse en la política, ese actor internacional es la religión. La definición básica que hacemos de religión es un conjunto de creencias, valores y acciones que se comparten por un grupo de personas que forman una comunidad, orientada hacia lo sagrado, trascendental y espiritual. En la actualidad la mayoría de los Estados llevan a cabo la secularización en sus gobiernos, pero pese a eso, no se nos puede olvidar que la religión inculca unos valores, actitudes y formas que, a través de la moralidad, la ética y las creencias, moldean a la población. Con esto no se indica un adoctrinamiento, sino que la búsqueda del bien común o seguir los buenos pasos de un profeta que, día a día puede cambiar el comportamiento social. La religión nos ha acompañado a través de la historia desde hace miles de años, estando presente en los hitos más relevantes que han sucedido en el mundo. Si nos vamos a la declaración de los derechos humanos, la religión está presente con tanta fuerza que queda recogido el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. También está presente en temas de más relativa actualidad como, por ejemplo, en la partición de India y Pakistán, ya que se llevó a cabo una partición geopolítica del territorio según las religiones predominantes, algo que generó conflictos y migraciones. La reforma protestante, las cruzadas y la creación del estado de Israel son uno de los muchos ejemplos donde podemos ver reflejada la religión y su impacto en la política. Cuando hablamos del cristianismo, tenemos presente al Papa el cual es la máxima representación de Dios en la tierra, y, desde la Edad Media pasando por los distintos Papados existentes, hemos tenido una gran presencia en política de ellos, no se han limitado de manera exclusiva a la religión, sino que han sido claves en el desarrollo del mundo. En la Edad Media la figura del Papa era una autoridad supranacional, que tenía un derecho divino, era seguido por sus fieles y tenían tanto poder como para movilizar a la gente en contra de un gobernante y así destituirlo, mostrando así el poder que han llegado a tener en la política. Tenían un poder feudal el cual ahora es más bien un posicionamiento moral. Además, se llegó a crear un reino más, que eran los Estados Pontificios, con sus propias leyes y sistemas fiscales, algo que rivalizaba con los reinos. Alcanzando con el Papa Inocencio III el punto más álgido de protagonismo Eclesiástico. Pero a medida que pasó el tiempo, los gobernantes se fueron cansando de la intervención de la Iglesia en sus reinos ya que se convirtieron en apoyos indispensables con alta intervención y decidieron erradicar lo que era un gran problema para ellos, y quitarle ese protagonismo que amenazaba sus reinados. En la era moderna, con las diversas reformas y revoluciones, la Iglesia respondió con la Contrarreforma, un movimiento que quería reformar la disciplina y reafirmar la autoridad, aunque fue un periodo convulso para la Iglesia donde cada vez tenía menos protagonismo político, haciendo que los Papas se adaptaran a los tiempos y que ya no dependieran de ejércitos o tierras. En los últimos siglos, ya no ejercen tanto poder político tomando un enfoque mucho más diplomático, pero si tenemos momentos claves que hacen ver que su figura sigue presente y brota de importancia, intervienen en cuestiones sociales, ayudas humanitarias, paz mundial y justicia. En la Guerra Fría Juan Pablo II se posicionó en contra de los regímenes totalitarios, el comunismo y defensor de los derechos humanos, esto lo convirtió en un líder de masas y ayudó a la caída del comunismo en Europa, además de tener un gran papel simbólico en la caída del muro de Berlín. Otro ejemplo clave es el del difunto Papa Francisco, que se posicionó de manera tajante en temas como la desigualdad económica y la migración. Asimismo, también defendió el ejercicio hacia el acercamiento a los jóvenes, llamando a su actuación mediante Dios y el bien, a ser más activistas y a no temer. Por otro lado, se recalcó que con los tiempos modernos que corren, aunque la Iglesia pueda llegar a estar un poco anticuada al ser una institución tan antigua, todos tienen hueco en ella, sin distinguir el color de piel, su género o sexualidad, todos somos hijos de Dios. Las mediaciones en conflicto que llevó a cabo crearon acercamientos entre Cuba y EE.UU, mostrando que, pese a la secularización, la Iglesia sigue siendo un actor que moviliza masas y tiene relevancia diplomática. Dentro del Islam, podemos encontrar el islamismo que es una corriente que busca implementar los principios de la religión en los gobiernos desde sus orígenes en el siglo VII. Ha modelado sociedades y se instauró en aquellos estados que se convirtieron en islamistas al querer aplicar la ley islámica a sus territorios, la diversidad de los tiempos y las interpretaciones han creado dentro de la religión distintas prácticas. El Islam en el pasado llevo a cabo una fuerte expansión que sobrepaso las fronteras arábicas, logrando unir muchos territorios lo que posteriormente se llamaría el mundo musulmán. El profeta Mahoma no solo seguía unas creencias que se basaban en lo espiritual, sino que creó unas estructuras políticas basadas en la religión que profesaba. Tras la muerte del profeta hubo un periodo convulso para la religión y el sistema político que crearon, fue la primera guerra civil islámica donde se crearon muchas de las divisiones que conocemos en la actualidad dentro del Islam. Además, como los territorios musulmanes eran tantos y tan lejanos cada uno interpretaba la religión conforme llegaba y contextualizaban, dando lugar a variaciones, pero esto es lo que hizo que la religión sobreviviese a los tiempos y a las distintas crisis. El Islamismo ha resurgido con fuerza en los últimos siglos, dado los tiempos difíciles que ha sobrellevado la religión. Un ejemplo de la gran influencia que ejercen es la creación por Hassan al-Banna de “La Hermandad” que promueve el rechazo de la secularización y que el Islam sea la base de las políticas sociales, promoviendo así el activismo social y trabajando en la creación de una comunidad islámica fuerte. Esta, desde Egipto, donde se creó, ha derribado fronteras llegando a ser parte de grupos como el Frente Islámico de Salvación en Argelia, que la han hecho suya y las ha aplicado a su territorio y circunstancias. Hay que tener en cuenta que el islamismo que hablamos no es una corriente única donde todos quieran lo mismo, sino que existen vertientes tanto pacíficas como extremistas y violentas. No todos piensan que la ley islámica deba ser el centro, sino que hay quienes lo ven como leyes que coexistan con las de los gobiernos modernos, pero respetando la moralidad que la religión procesa. La imagen del Islam se ha visto deteriorada por los grupos radicales como ISIS que actúan según sus creencias y su mentalidad extremista con su propia visión de islamismo algo que ha afectado de manera totalmente negativa a la religión, por lo que es importante la separación entre la ideología política profesada por el islam y por los radicales y extremistas que son completamente diferentes. Al igual que hemos mencionado a la Iglesia Católica y al Islam existen diversas religiones que tiene o han tenido la misma importancia en política como pueden ser el Hinduismo, el cual es predominante en India e influye de manera notoria en sus políticas internas y externas; el Budismo con gran presencia en países como Tailandia; o, el judaísmo. Todas ellas han influido de manera fuerte en los futuros de los territorios donde se hallan sus creyentes y es que, a menudo, se nos olvida que la religión siempre ha estado presente de una forma o otra, que ha transformado el mundo y no solo a través de guerras problemáticas, sino que también han hecho mucho bien luchando por la libertad de creencias, por el bien común y por la justicia de los desamparados. (Esta parte no está mal, quizás demasiado subjetiva, yo la atenuaría algo más). La religión y los religiosos no solo han dado cobijo a aquellos que se sentían solos y perdidos, o a aquellos que necesitaban ampararse en su fe para sobrevivir, sino que han ordenado el mundo tal y como lo conocemos ahora y nos han dejado grandes herencias que actualmente damos por hecho pero que tienen un trasfondo religioso. Por ello, no se nos puede olvidar la trayectoria de las religiones, el peso que han tenido y que tienen en la actualidad, no solo son comunidades, sino fuentes diplomáticas que unifican mundos.

Introducción A pesar de la confusión sobre el origen etimológico de la anteriormente Dibai, ahora Dubái, la mayoría de historiadores apuestan por dos explicaciones al topónimo: la primera lo vincula a “ dab ”, que se refiere a un lagarto de cola espinosa comúnmente avistado en el interior del desierto del Golfo. Mientras que la segunda, establece que Dubái procedería de una palabra en lengua árabe que significaría “tierra devastada por las langostas” (Elsheshtawy ,2004). Sea como fuere, lo cierto es que el que fuera inicialmente un asentamiento anónimo de pescadores y recolectores de perlas de tan sólo 200 casas en las costas de la península arábiga (Elsheshtawy, 2004) hoy se presenta como una megaciudad de alcance global que ya cuenta con 4,248,200 habitantes -según datos facilitados por el gobierno del emirato en 2024-, y en el centro de atención por albergar el edificio más alto del planeta; el Burj Khalifa con 828m, así como por su potente atracción de inversión extranjera y capacidad de innovación constante.  La marca Dubái en el mundo Dubái se ha establecido como una marca diferenciada que resuena con fuerza en el mundo, y en esto tiene mucho que decir el uso de la paradiplomacia, entendida como la participación de ciudades o regiones en la actividad internacional, con un trato directo con otros gobiernos locales, regionales e incluso estados-nación, y que si bien no sustituye ni afrenta la política exterior de la nación de la que forma parte, la complementa en búsqueda del interés local.  Así pues, destacan varias actividades emprendidas por las autoridades dubaitíes para garantizar la notoriedad de la urbe no solo a escala regional sino universal: entre ellas el hermanamiento con casi una veintena de ciudades según cifras de 2016, -entre las que se encuentra Barcelona-, o su pertenencia a la Asociación Internacional de Ciudades Hermanas, siendo anfitriona del foro mundial de la misma en 2004.  Por otro lado, destacan los acuerdos de cooperación, y el enfoque en la promoción del turismo, comercio e inversión extranjera, - esta última a través del establecimiento de las zonas libres a empresas extranjeras, siendo el emirato pionero-, (Mesa, González, y Duarte, 2018). Todos estos elementos hacen del hogar de los Al Maktoum un punto destacado en el mapa, con un nombre de peso reflejado en datos que lo avalan . Asimismo, los aeropuertos de Dubái se posicionan como unos de los de mayor tráfico de pasajeros desde 2015, con más de 92 millones anuales. Por otra parte, el Jebel Ali Port, en el sur de la ciudad, es el principal puerto de la región en tráfico de contenedores, con unos 15.5 millones de TEUs. Por último, y no menos importante, el Rashid Port, en la desembocadura del Dubái creek, es el destino turístico de cruceros líder en todo el Medio Oriente (Gobierno de Dubái, 2024).  Dubái: historia, petróleo y transformación Pero, ¿Y cuáles son los orígenes de este imparable fenómeno, qué hace diferente a esta ciudad costera emiratí y qué influencia ha tenido su forma de gobierno en la transformación radical que ha experimentado?  Geográficamente hablando, Dubái se sitúa a orillas del Golfo Árabe -también comúnmente llamado Pérsico-, en una posición de relevancia estratégica por su cercanía  al estrecho de Ormuz, que une el Golfo con el mar Arábigo, y por ende, con el Océano Índico. Este estrecho actúa como arteria vital para el comercio de petróleo crudo mundial, conectando las petromonarquías árabes con su clientela. Además, se trata de uno de los seis emiratos que en 1971, tras la retirada británica, se unieron bajo el liderazgo del por aquel entonces gobernante de Abu Dabi, S.A. el Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan -hoy conocido como Padre de la Nación- para en la unidad, y en un contexto de inseguridad tras la desaparición del Reino Unido como garante en la región, asegurar la soberanía y futuro de sus miembros en forma de federación. En 1972, se les unió Ras al Jaima, completando lo que a día de hoy conocemos como los Emiratos Árabes Unidos (de Olazábal, 2018). Los Emiratos Árabes Unidos es una monarquía federal, compuesta por siete casas reales, cada una liderada por un emir, que gobiernan los territorios históricos de su familia, y que si bien renunciaron a la soberanía íntegra con el nacimiento del nuevo estado a principios de la década de los setenta, mantienen hasta día de hoy una amplia autonomía tanto política, económica, judicial como legislativa. La no existencia de partidos políticos y la invariabilidad en la estructura de poder, hace que el emir posea una capacidad de actuación y decisión absoluta, solo limitada por la existencia de competencias propias distribuidas entre el gobierno central y administración local, así como por el orden jerárquico entre los distintos líderes.  Desde el inicio de la federación, y de manera no oficial, la presidencia y por tanto jefatura de estado de los EAU recae sobre el emir de Abu Dabi –emirato más grande por extensión y rico de entre los siete gracias al petróleo–, mientras que la vicepresidencia y cargo de primer ministro lo hace sobre el emir de Dubái –segundo de mayor peso e influencia– (Brozzone, 2019).  Pero la historia de la ciudad de los rascacielos no comienza en 1971 con el proyecto de formación estatal, sino que esta se remonta al año 1833, en el cual liderada por la familia Maktoum –hoy familia real gobernante–, la tribu Bu Flasa se establece en las inmediaciones del Dubái Creek. Fue en ese preciso año cuando a través del comercio de las perlas, destacando los intercambios con China, India y Pakistán, S.A. El jeque Saeed Al Maktoum inicia el despegue de su economía, convirtiéndose en uno de sus productos estrella por los que será conocida y se basará su fuente de riqueza hasta el siglo XX .  Es importante recordar que al igual que en todas las civilizaciones, el estilo de vida en esta región ha ido transformándose con el paso del tiempo y de generaciones. De hecho, la Dubái tradicional se basaba en la recolección de perlas, dátiles, la pesca y la cría de ganado (de la Torre, 2020). Nada tiene que ver esa imagen ahora obsoleta con la realidad que día a día viven las más de cuatro millones de personas asentadas en la ciudad, de las cuales tan solo 299.600 son nacionales, lo que implica que 9 de cada 10 ciudadanos son extranjeros. También existe una disparidad poblacional en términos de género, ya que 2.911.500 son hombres, es decir, el 68.5% (Dubai Data and Statistics Establishment, 2024). Las explicaciones de los dos datos anteriores están vinculadas entre sí y serán desarrolladas más adelante.  La transformación de Dubái se inició en la segunda mitad del siglo XX gracias a los beneficios de la exportación de sus recursos petrolíferos, los cuales permitieron el desarrollo de grandes infraestructuras entre las que destacan el hoy conocido como Aeropuerto Internacional de Dubái, la draga de Dubái Creek y Puerto Rashid. En 1960 el Plan Harris prometía transformar al emirato a través de un gran plan urbanístico (de la Torre, 2020). Sin embargo, a diferencia de Abu Dabi, Catar o Baréin -con mayores recursos naturales-, esta se vio forzada a diversificar su economía, contribuyendo estos en menos del dos por ciento a su producto interior bruto desde el año 2007 (Dubai Statistics Center, 2010, citado en Govers, 2012). También es fruto de esta necesidad de diversificación el hecho de que Dubái, en ese mismo año aportara más del 80% de los activos no petroleros al PIB de Emiratos Árabes, a pesar de sólo aportar un porcentaje total inferior al 30%, siendo Abu Dabi el gran protagonista, con una aportación total de casi un 60%, del cual un 56% dependía del petróleo (Middle East Monitor, 2007, citado por Balakrishnan, 2008).  Capitalismo de estado y crisis financiera del 2008 Según Carlos Zeballos Velarde citando al profesor Samer Bagaeenen en Dubái vs. Abu Dabi : Dos modelos de ciudad en el Golfo , la decisión dubaití de permitir la adquisición de propiedades a población extranjera en los años noventa ante la necesidad de diversificación por la futura extinción total de las reservas petroleras en un plazo estimado de dos décadas, se convirtió en el catalizador de la expansión de Dubái. Añade también que “Conjuntamente, lo fue la decisión de los poderosos monarcas de invertir en su propio país adquiriendo igualmente el rol de promotores y ejecutores de muchos de los emprendimientos colosales de los últimos años”. Esta idea de la fuerte intervención estatal en la economía es denominada por Marina Inés de la Torre en La ciudad neoliberal: conceptos y realidades de Dubái como capitalismo de Estado. Para entender la fuerza que llega a alcanzar Dubái, en el año 2006 EAU –principalmente el emirato– atrajeron casi tanta inversión de origen extranjero como toda la que recibió en ese mismo año la India (Economist Intelligence Unit, 2007, citado por Govers, 2012). El boom inmobiliario en Dubái provocado a raíz de la aprobación de la Ley de Propiedad Inmobiliaria de 2002 se mezcló con el deseo dubaití por la colección de récords. Desde la inauguración en 1999 del Burj Al Arab, en aquel momento el hotel más lujoso y de mayor altitud en todo el mundo, le siguieron otras grandes infraestructuras que superaron todos los estándares establecidos: la ciudad portuaria de Jebel Ali; Dubai mall, el centro comercial más grande del mundo; The Palm fountain, la qué fuese fuente musical de agua de mar más grande del mundo; IMG Worlds of Adventure, el que fuese el parque de atracciones más grande del mundo entre otras (Zeballos Velarde, 2013). Sin embargo, Dubái no quedó inmune a la crisis financiera internacional de 2008, y es que para la financiación de proyectos a largo plazo en un sector inmobiliario en auge desde inicios de la década, Dubái se había sobreendeudado con deuda a corto plazo y muchos de aquellos megaproyectos de villas o apartamentos quedaron paralizados, ralentizados o simplemente no se vendieron. Miles fueron los puestos de empleo perdidos en los sectores de la construcción, inmobiliario y financiero. Pero la cosa no quedó ahí, y es que debido al modelo económico por el cual el Estado se presenta como un importante inversor en estos megaproyectos, varias de sus empresas públicas implicadas en el desarrollo de, entre otros, el Canal de Arabia o las Palmeras se vieron directamente afectadas. Para llegar a entender la dimensión de la vocación intervencionista del gobierno en la economía, desde el inicio de la crisis financiera ya se entendía que cualquier problema para las empresas públicas se traducía en problema para el estado de Dubái. No es de extrañar, puesto que la recaudación impositiva tan solo se traducía en un 10% de su producto interior bruto (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai, 2010).  El Comité Supremo Fiscal sorprendió a los mercados el 25 de noviembre de 2009 autorizando al Fondo de Apoyo Financiero de Dubái a reestructurar la deuda del Dubai World (DW), una de sus empresas públicas. Durante la crisis, Abu Dabi confirmó la teoría de los mercados de que la capital, sustentada en gran medida por el petróleo, acudiría en ayuda de Dubái y por lo tanto esta respaldaría a sus empresas. Abu Dabi ya había actuado en ayuda de Dubái en marzo de 2009 con 20.000 millones de USD, y a lo largo de 2009, una serie de empresas propiedad del gobierno del emirato bajo la protección de Investment Corporation of Dubai ya se estaban recuperando: es el caso de Emirates Airlines, DPW, JAFZ, DUBAL o DEWA.   Aquel contexto de incertidumbre no impidió que a principios de enero de 2010 se inaugurase el Burj Khalifa, anteriormente Burj Dubái, el edificio más alto del mundo y renombrado en honor a S.A. El Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, emir de Abu Dabi y presidente de los EAU en agradecimiento por el apoyo durante la crisis financiera. Si bien la dependencia de Dubái en el sector inmobiliario se había convertido en un gran problema en aquellos días –Dubái representaba el 48% del total de la aportación de la construcción al PIB en los EAU (Matly, y Dillon 2007)–, las caídas de precios habían hecho ganar competitividad de nuevo a la ciudad como un centro de negocios regional (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai, 2010). Cuando ser extranjero no es sinónimo de ser minoría Como ya ha sido comentado con anterioridad, los no emiratíes suponen más del 90% de la población actual de la ciudad, destacando en ella la segunda mayor comunidad de la diáspora iraní en el mundo (de Olazábal, 2018). Dubái, con un incansable aumento del sector turístico, la continuidad de la expansión en el sector de la construcción, así como de la seducción de inversión a través de sus atractivas zonas libres, mantiene una gran oferta de trabajo que la población árabe local no puede asumir, y es por ello que se precisa de la llegada de inmigrantes de otros países vecinos para cubrirla, fundamentalmente hombres, de ahí el desequilibrio demográfico entre el género masculino (68.5%) y femenino (31.5%). Asimismo, existe un sistema que desde hace décadas regula las condiciones de los trabajadores extranjeros y que ha suscitado críticas en la comunidad internacional: el sistema kafala. El sistema kafala es un modelo de sponsor a través del cual un empleador ejerce el patrocinio de sus empleados, y que es común en los países árabes del Golfo (Brozzone, 2019). Este sistema se relaciona con la mano de obra poco cualificada de origen extranjero, procedente fundamentalmente de países del subcontinente indio, que en busca de mayores oportunidades en el ámbito laboral respecto de sus países de origen, “está dispuesta a tolerar condiciones de trabajo desfavorables” (de la Torre, 2020). A este modelo se le atribuyen casos de vulneración de los derechos de los trabajadores. No obstante, el gobierno ha mostrado esfuerzos en la mejora de las condiciones laborales, siendo firmante de convenios sobre Trabajo de la ONU, ya que “los Emiratos Árabes Unidos tienen la convicción de que el ser humano tiene derecho a disfrutar de condiciones de vida adecuadas (vivienda, horarios, medios, tribunales laborales, seguro médico, garantías protectoras en conflictos laborales a nivel cooperativo internacional…)”, (Brozzone, 2019). Según The Transformation Index, los expatriados no están cubiertos por los beneficios que ofrece la Seguridad Social a la minoría local, “los cuales incluyen vivienda gratuita o subsidiada, un sistema de atención médica bien desarrollado, oportunidades educativas, incluidos programas de becas y una amplia gama de otras ayudas de subsistencia”. Si bien y a raíz de la vulnerabilidad de la población extranjera durante la pandemia de COVID-19, “El gobierno respondió aprobando reformas a las leyes sobre el estatus personal, ofreciendo acuerdos de visa más flexibles y realizando cambios en la legislación laboral, incluida la provisión de seguro de desempleo” (BTI Country Report. United Arab Emirates, 2024).  Dubái, Occidente en el Golfo El abrazo de las costumbres occidentales y el elevado nivel de seguridad también han sido clave del éxito en la captación de inversión internacional. Dubái ha proporcionado durante años un clima occidentalizado de negocios a las empresas, con ventajas tales como la no existencia de impuestos salvo a bancos y petroleras (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai, 2010). De igual forma, y a diferencia de otras ciudades y países del entorno, Dubái tiene una amplia oferta de restaurantes de alto nivel y clubes nocturnos, y es abierta al consumo de bebidas alcohólicas. En ella “Los locales y los expatriados viven y trabajan juntos, creando un ambiente enriquecedor para el expatriado occidental” (Matly y Dillon, 2007).  Se presentan a continuación cifras más actuales para comprender el momento que vive Dubái en el presente: en primer lugar, el turismo sigue en aumento y para el tercer cuatrimestre de 2024 más de 13 millones de personas habían visitado la ciudad, de ellos destacan los más de dos millones y medio procedentes de Europa occidental (Dubai Data and Statistics Establishment, 2024). Seguidamente, en el año 2022  el sector de la construcción generó un valor añadido de 6.7 mil millones de euros, empleando a 702.338 personas (Dubai Data and Statistics Establishment, 2023). Finalmente, en términos de PIB en el emirato de Dubái, este creció un 4.7% en 2025 respecto al año anterior, con un valor superior a los 30,4 mil millones de euros (Dubai Data and Statistics Establishment, 2025). Lo cierto es que a día de hoy, y a pesar de eventos como la crisis del 2008, la economía de la ciudad continúa en expansión, su imagen es fuerte y sigue atrayendo a gran cantidad de inversores de todo el mundo. Gobierno, religión y multiculturalismo Los Emiratos Árabes Unidos, al igual que el resto de monarquías árabes del Golfo, es clasificado habitualmente como un estado rentista, en el cual este actúa como impulsor principal de la actividad económica, quien al recibir la renta externa de la economía la distribuye entre una lista jerarquizada de beneficiarios, algo que permite al gobierno mantener su posición dominante (Levins, 2012). Según Christopher M. Davidson en Arab Nationalism and British opposition in Dubai, 1920–66, con la llegada constante de los ingresos procedentes del petróleo, la población dejó de tener que pagar impuestos, y además, esto posibilitó la importación de bienes a una escala nunca antes vista: “Los jóvenes locales tenían dinero en sus bolsillos y negocios que administrar, y se ocuparon de seguir el ritmo del auge petrolero de la región en lugar de concentrarse en la reforma política”. En el caso de su vecino, el reino de Arabia Saudita, se aprecia también la existencia de un sistema de subsidios mantenido durante décadas que tenía como objetivo asegurar la pasividad y lealtad de las tribus del país hacia el gobierno de la familia real saudí. (Bosemberg, 1998).  La alta confianza de los ciudadanos emiratíes en el gobierno –presidido por S.A. El Jeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan– posicionó a este según Edelman Trust Barometer como el segundo más confiable del mundo en 2022 (BTI Country Report. United Arab Emirates, 2024). En cuanto a la administración local del emirato de Dubái se refiere, destaca la figura de S.A. El Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, el hombre que transformó la ciudad y “bajo cuyo liderazgo Dubái se ha convertido en un centro de innovación, sostenibilidad y avance tecnológico” (Gupta, Singla, y Suruchi 2025). “Iniciativas clave como Dubai Vision 2040, Clean Energy Strategy 2050, Smart Dubai Initiative y Dubai Blockchain Strategy ilustran su enfoque en la diversificación económica, la transformación digital y el equilibrio ecológico” (Gupta, Singla, y Suruchi 2025). Su cercanía y la de los miembros de su familia para con los ciudadanos se expresa en múltiples ocasiones, destacando sus constantes apariciones por los espacios públicos y calles de Dubái, rodeado de su séquito, quien como una persona más disfruta del ocio, interactuando de manera afectuosa con locales y turistas. El uso de las redes sociales se extiende entre la familia real Al Maktoum, cuyos integrantes comparten imágenes informales que muestran su lado más personal. Un ejemplo de ello es el príncipe heredero de Dubái y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes, S.A. El Jeque Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, quien cuenta con más de 17 millones de seguidores en Instagram. Melodena Stephens Balakrishnan afirma en “ Dubai–a star in the east: A case study in strategic destination branding ”  que “Dubai tiene algunas ventajas únicas. Ante todo, su liderazgo ha sido fuerte y dotado de una gran visión”. Pero no solo un liderazgo acertado es lo que atrae a tan importante número de expatriados, destacando cada vez más el de occidentales. Dubái y los Emiratos Árabes Unidos se han mostrado abiertos a la modernización y el progreso, adoptando una postura estricta en contra del extremismo religioso -con iniciativas como la creación del Instituto Internacional para la Tolerancia-(BTI Country report, United Arab Emirates, 2024), y abrazando un Islam moderado que promueve la tolerancia entre culturas y demás religiones, sin dejar de reivindicar sus raíces y promocionar la cultura local entre turistas y nuevos residentes. Una evidente prueba de ello es cuando los líderes emiratíes envían sus felicitaciones durante celebraciones no islámicas a las distintas comunidades culturales y religiosas implicadas en el país.  La Navidad, el Pésaj o el Diwali no están restringidos al ámbito privado o perseguidos como sí ocurre en países vecinos de la región, y pueden celebrarse públicamente a pesar de ser ajenas al Islam, la religión oficial. Una permisividad que no pasa desapercibida, especialmente en un país en el que si bien el 75% de la población es musulmana, se estima que la población cristiana alcanza el 13% y el 12% restante principalmente corresponde a budistas e hindús, relacionados con la numerosa comunidad originaria del subcontinente indio (Congressional Research Service, 2025).  Además, la tolerancia religiosa de Dubái y del conjunto del país también se expresa en la existencia de múltiples templos e iglesias que acogen las necesidades espirituales de las minorías. Si bien Emiratos mantiene en vigencia una serie de pautas morales de comportamiento y apariencia pública estrictas como la ilegalidad de las muestras públicas de afecto (besos, abrazos etc.), en noviembre de 2020, el gobierno anunció una serie de reformas que permitiría a los residentes extranjeros la posibilidad de evadir la aplicación sobre ellos de la Sharía, así como los tribunales islámicos en asuntos como el matrimonio, divorcio o la herencia.  Entre los diferentes ajustes anunciados, se contemplaba la permisión para las parejas no casadas de cohabitar y más flexibilidad en las restricciones sobre el acceso al alcohol (BTI Country report. United Arab Emirates, 2024). Esto supone un distanciamiento claro con otros países del Golfo en los cuales se practica un seguimiento más estricto de la Sharía, lo cual facilita su integración en el escenario internacional, y también la de los expatriados, sobre todo de aquellos inversores y emprendedores no musulmanes a los que Dubái pretende captar, ya que de esta manera pueden residir en ella sin la exigencia de un cumplimiento estricto de parámetros religiosos basados en el Islam.  Conclusión  Dubái no es una ciudad cualquiera, más bien atípica. De proyección mundial, cuyo nombre al ser escuchado despierta sensaciones, casi siempre positivas. A pesar de no poseer tanto petróleo como siempre se ha pensado comúnmente, sus limitados recursos naturales le permitieron financiar el inicio de la transformación de lo que en principio fue un pequeño asentamiento a orillas del Dubái Creek.   En la actualidad, se alza como una imponente ciudad de rascacielos y mega construcciones que desafían toda racionalidad: desde el edificio más alto del mundo con más de 800 m de altitud, hasta islas artificiales frente a sus costas convertidas en resorts de lujo que otorgan a Dubái de personalidad propia. El liderazgo de los emires de la familia real Al Maktoum, en especial el de S.A. El Jeque Mohammed bin Rashid, quien este pasado 5 de enero celebraba sus veinte años al frente del emirato, ha sido acertado y elogiado por muchos, quienes han logrado convertir a un pequeño emirato a orillas del Golfo Árabe en una potencia a todos los niveles. En Dubái convergen multiculturalismo, un islam moderado y oportunidades en el aspecto financiero, a lo que se le añaden la estabilidad política y un alto índice de seguridad característico de las monarquías árabes del Golfo envidiable a ojos del mundo.

La India, la democracia más grande del mundo, atraviesa un proceso de recalibración de su política exterior mediante una transformación simbólica y estratégica. Pues, desde que su primer ministro actual, Narendra Modi, tomó el poder en 2014, predominó una narrativa en política exterior basada en proyectar a la India como el Vishwaguru,  o el “maestro del mundo”. Este concepto pretendió proyectar las tradiciones filosóficas, espirituales e intelectuales de la India como fuentes de liderazgo moral para el planeta ejecutando una estrategia diplomática basada en la promoción del poder blando de la India. Así fue como a través de la “ diplomacia del yoga ”, el énfasis en logros científicos y filosóficos de la India antigua, los primeros gobierno de Modi ofrecieron una guía civilizatoria al resto del mundo y consiguieron grandes éxitos en “casa” reforzando la base ideológica de su partido:  Bharatiya Janata Party  o Partido Popular Indio, al mismo tiempo que fortalecía el proyecto de construcción nacional basado en la   Hindutva — el nacionalismo hindú. A pesar de ello, el concepto de Vishwaguru  no ha resonado con la misma fuerza entre los aliados y socios de la India. Pues la relación “maestro-estudiante” que se ha ido desarrollando es vista por naciones más pequeñas del Sur Global y los vecinos inmediatos de la India, es vista como una afirmación de superioridad tanto en el apartado moral, como en el apartado económico y militar. En el proceso, políticos nacionales consideraban el ascenso de la India como algo ‘inevitable y seguro’ pues, mientras el poder blando se reforzaba gracias a la estrategia de Vishwaguru , el país veía cómo incrementaba su poder gracias al crecimiento exponencial. El aumento de la población, las políticas específicas destinadas a aumentar la producción industrial (específicamente en tecnología avanzada), la posesión de armas nucleares como dinámica disuasoria y su dulce posición geopolítica entre una pujante China en Asia y un orden global dirigido por Estados Unidos y el mundo Occidental, hacen de India la receta perfecta. Sin embargo, las dinámicas regionales en el sur del continente asiático y el orden mundial cambiante obligaron al líder del Partido Popular Indio a la recalibración estratégica para ofrecer una visión más pragmática sin desviarse de la distinción cultural y la tradición diplomática de la India. Ahora, la India no se posiciona como un “maestro” sino que se muestra ante el mundo como un socio fiable y colaborador bajo la lógica de la Vishwamitra o “amigo del mundo” adaptada al devenir regional y global. Mediante esta nueva política, Modi pretende justificar una política de multialineación en un mundo más fragmentado, con el fin de lograr una autonomía estratégica que permita a la India navegar entre todos los polos de poder, sin depender o verse afectada por una sola potencia. Expertos coinciden en que la identidad de Vishwamitra permite a la India practicar la “ poliamoría geopolítica ” en tanto que le permite mantener vínculos estrechos de forma simultánea con los Estados Unidos (de forma bilateral y a través del QUAD) y con Rusia y China a través de los BRICS y la  OCS  ( Organización de Cooperación de Shanghái) . Esta práctica resulta fundamental para que la India justifique su estatus como la “voz del Hemisferio Sur”, capaz de actuar de puente entre el “Norte y Sur Global” enfatizando su flexibilidad estratégica que le permite participar en coaliciones basadas en temas específicos—véase seguridad, tecnología o comercio— sin comprometerse con alianzas militares formales (al estilo de la OTAN en Europa) ni quedar atrapada en rigideces ideológicas. Es así como el Bharatiya Janata Party, liderado por Narendra Modi, mediante la transición hacia el “amigo del mundo” ha conseguido deshacerse del “no alineamiento” tradicional, arrastrado desde la Guerra Fría. En consecuencia, India está mostrando una posición más proactiva y segura hacia la comunidad internacional mientras que en casa, le sirve para importar un mensaje de fuerza y autoridad moral ante la población india. Una convivencia complicada: los retos y dificultades en Asia del Sur Es precisamente en su vecindario más inmediato donde el rol de la India es más controvertido y enfrenta crecientes desafíos a su crecimiento como potencia global y regional. En primer lugar, debemos destacar que las relaciones entre India y Pakistán (vecino y rival histórico) han alcanzado su punto más crítico en décadas y razones no faltan. Desde la década de 1980, las principales ciudades, como Delhi y Mumbai, junto con la región fronteriza de Cachemira, han sufrido numerosos ataques terroristas de grupos terroristas asociados con Pakistán, los cuales, han acabado con la vida de miles de personas y han aterrorizado a la población local. Así pues, en mayo de 2025, tras un ataque terrorista en Pahalgam (Cachemira) que mató a 26 personas, la India respondió lanzando la   Operación SINDOOR   utilizando misiles contra objetivos militares en Pakistán. El conflicto de cuatro días destacó por el intercambio de drones de combate a gran escala entre las dos potencias nucleares y la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo que golpeó duramente a Pakistán debido a su dependencia extrema de las aguas del mencionado río, pues hasta un cuarto del PIB de Islamabad proviene de la actividad económica que genera este río. No obstante, el 10 de mayo, bajo mediación de los  Estados Unidos , ambas naciones anunciaron un alto el fuego que aún mantiene los niveles de hostilidad y el riesgo nuclear en cotas muy altas. En 2025, Nueva Delhi ha estado observado cómo sus vecinos atraviesan períodos de tensión e incertidumbre, motivados por la creciente influencia de China y los cambios políticos que desafían la presencia histórica que la   Rashtrapati Bhavan   mantenía en la región. Por otro lado, la presencia de China en Nepal y Sri Lanka pretende disminuir la influencia de la India en ambos países, pues desde Pekín se está aprovechando la reticencia india a la liberalización comercial para interferir en la política doméstica de Nepal y Sri Lanka. La Nueva Ruta de la Seda ( Belt and Road Initiative)  ha profundizado las relaciones entre China y Sri Lanka, aunque no sin sobresaltos, pues la “ trampa de la deuda ” obligó a Sri Lanka a  ceder el Puerto Internacional de Hambantota  a una empresa estatal china. La caída de la  primera ministra Sheik Hasina  en Bangladesh, tras las protestas masivas y el liderazgo de Muhammad Yunus en el gobierno interino, han restaurado las relaciones diplomáticas con Islamabad bajo la premisa de renovar sus vínculos militares. Sin embargo, el revés diplomático golpeó a Delhi cuando se propuso la creación de una  nueva organización regional  entre Bangladesh, China y Pakistán que aislaría por completo a la India. Esta nueva organización sepultaría la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional,  que se encuentra paralizada desde 2016 por las hostilidades entre India y Pakistán, obligando a los estados más pequeños a buscar alternativas de cooperación sin la India. Por último, la rivalidad que mantienen Delhi y Pekín es profunda y multidimensional, pues no solo se queda en meras disputas territoriales e hídricas, sino que se amplía hasta una competición feroz por la influencia regional y económica en la región asiática. El punto de fricción más crítico entre China y la India es la disputa fronteriza en el Himalaya, en especial en la “ Línea de Control Actual ” ( Line of Actual Control  en inglés) donde en 2020 el choque entre las fuerzas armadas de ambos estados provocó la muerte de 24 soldados y que, tras 6 años desde el enfrentamiento y 24 rondas de negociación, no se ha alcanzado una resolución sobre la delimitación de la frontera. Teniendo en cuenta la competencia geopolítica de China en la región planteada anteriormente, hay que sumarle las tensiones económicas y tecnológicas a la ecuación. Pese a ser el mayor socio comercial de la India, desde Delhi ven con preocupación el  enorme déficit comercial  ($116.12 billones de dólares) que genera una gran dependencia de productos provenientes de China. Como represalia al conflicto fronterizo y a las dificultades comerciales, desde Rashtrapati Bhavan han  prohibido TikTok  y otras aplicaciones chinas a la vez que han  bloqueado empresas estatales chinas de telecomunicaciones  como Huawei o ZTE.   A pesar de ello, ha habido acercamientos diplomáticos entre Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la OCS en Tianjin (2025) y la cumbre de los BRICS en Rusia (2024) que desescalaron la tensión mediante el restablecimiento de vuelos directos y la facilitación de visas. Aun así, las soluciones planteadas no resuelven los problemas estructurales a los que Delhi se enfrenta si quiere plantarle cara a Pekín en la región. La caída libre de las relaciones entre India y Estados Unidos: tensiones y desconfianza Las relaciones de Delhi con Washington han gozado siempre de un apoyo excepcional y bipartidista, llegando a abarcar cinco presidencias de distinto signo que señalaban a la India como un socio fiable a largo plazo. La preocupación compartida por las actividades de la envalentonada Pekín unió a ambos países en su deseo de equilibrar la balanza de poder en el Indo-Pacífico. Tanto es así que bilateralmente destacan iniciativas críticas como la  Iniciativa sobre Tecnología Crítica y Emergente  (iCET) y el  EE. UU.  (INDUS-X), además de la cooperación en inteligencia artificial y aeroespacial. También, India se ha posicionado como una alternativa a China, relevarla como “ fábrica del mundo”,  queriéndose beneficiar de la tendencia de las compañías norteamericanas a trasladar la producción a estados aliados—se conoce como “ friendshoring”— que  Apple  está sabiendo aprovechar. A la cooperación bilateral se le ha de añadir la arquitectura institucional que ambas capitales pretenden desarrollar con mayor profundidad en la región, pues ejemplos como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral ( QUAD  en inglés) junto con Japón y Australia son claves para mejorar la coordinación tecnológica y la cooperación militar con el fin de lograr un Indo-Pacífico libre de la sombra de Pekín. A pesar de los fuertes vínculos aparentes entre ambas naciones, la política de Vishwamitra no gusta en la Casa Blanca de Donald Trump, que, por un lado, impuso un arancel del 25% a productos indios en el fatídico   Liberation Day   y, por otro, impuso un 25% extra de carga arancelaria como sanción por la compra de petróleo ruso. Analistas geopolíticos sugieren que, contrario a las declaraciones que el primer ministro Narendra Modi realiza considerando a la India como un país “indispensable en el sistema internacional”, la India aún no ha logrado ser vista como un “socio indispensable” para las cadenas de suministro globales mostrándose vulnerable ante la ira arancelaria de Trump, la dependencia de la industria petrolífera y armamentística rusa y la competencia geopolítica de China.   Conexión Moscú-Nueva Delhi: un ejemplo de pragmatismo y autonomía estratégica Las relaciones entre la India y Rusia se pueden considerar como la declaración definitiva de multipolaridad que Delhi quiere mostrar al mundo. Por un lado, Moscú demuestra que no está aislada diplomáticamente pese a su invasión de Ucrania desde 2022 y, por otro, para la India de Modi, es una prueba más de su Vishwamitra en su intento de desarrollar la deseada autonomía estratégica. Los principales lazos de asociación se relacionan con la cooperación en defensa y tecnología avanzada, donde Rusia continúa proporcionando armamento sofisticado—como cazas Sukhoi-57 o sistemas de misiles S-500—al ejército indio. No sólo con eso, la India se convirtió en un comprador masivo de petróleo crudo ruso, beneficiándose de sus precios competitivos y generando un mayor beneficio mediante la refinería y reventa de los productos petrolíferos a otros mercados. Además, se discutió la posibilidad de crear un  corredor marítimo  entre Chennai (India) y Vladivostok (Rusia) con el fin de fortalecer los lazos comerciales. Ahora bien, la conexión Moscú-Delhi no está exenta de desafíos y riesgos que amenazan la estabilidad de los acuerdos alcanzados. En primer lugar, los aranceles impuestos por Washington a la India por la compra de petróleo ruso son uno de los mayores obstáculos geopolíticos para Modi en la actualidad. Seguidamente, el esfuerzo de guerra ruso en el frente está haciendo que se produzcan retrasos en la entrega de armas y suministros, tal y como ocurrió con el  portaviones Admiral Gorshkov , aumentando la desconfianza en Rusia como proveedor armamentístico. Sin duda, pese a mostrarse como una “declaración de multipolaridad” como así lo avala el ministro de exteriores indio S. Jaishankar, corre peligro de volverse puramente instrumental ante la amenaza de la superioridad económica y militar de China y la incertidumbre que generan las políticas provenientes de la Casa Blanca. El tren que la India debe de coger para convertirse en una gran potencia Tal y como se ha observado, la India todavía no ha alcanzado ese estatus de gran potencia que le permite sentarse en la misma mesa que Estados Unidos, China, Europa o Rusia. Expertos señalan que todavía el país asiático carece de una indispensabilidad estratégica suficiente en el sistema internacional que le permita ser fundamental para las cadenas de suministro globales y no depender de los vaivenes geopolíticos de sus socios y/o rivales. Esta autonomía estratégica que se reclama debe ser de carácter proactivo; esto quiere decir que Delhi debe aprovechar su flexibilidad geopolítica para liderar iniciativas globales, aprovechando el vacío de poder o la desestabilización de ciertos países, para asumir una mayor posición de liderazgo. Para ello, debe de apostar por dejar a un lado su miedo endémico al  libre comercio  mediante la firma del pendiente acuerdo comercial con la UE, mientras se abordan las reformas estructurales necesarias en aquellas áreas pendientes de industrialización con el fin de aumentar la productividad, generar más trabajos e integrar a la India en las cadenas de suministro globales. Con el fin de alcanzar las aspiraciones de la gran India o “ Bhavya Bharat”, las políticas partidistas del BJP deben dejarse a un lado y apostar por una estrategia nacional a largo plazo. El fortalecimiento de la justicia social y el desarrollo de regiones estratégicas como el noreste y el sur del país para generar empleo local y estabilidad son medidas domésticas aclamadas por expertos y población local. Por último, para poder respaldar su reclamación de liderazgo, la India debe consolidar su poder militar y su crecimiento económico, combinándolo con un mayor desarrollo en innovación en tecnología avanzada (semiconductores, inteligencia artificial o ciberseguridad), como así lo reconoció su ministro de tecnología  Ashwini Vaishnaw  en una entrevista con Bloomberg. Créditos foto: By Prime Minister's Office (GODL-India), GODL-India, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153357765

En los últimos años la palabra “gentrificación”  ha irrumpido fuerte en nuestro vocabulario colectivo, aunque este fenómeno no es nuevo , c omenzamos a prestarle más atención hace un par de años, señalando como un punto de inflexión la pandemia, ya que después de 2020 fue cuando se puso el foco mediático a grandes manifestaciones contra el turismo que ocurrían en distintas ciudades europeas. En este sentido, aunque la escuchemos en todos lados, todavía no queda muy claro lo que realmente significa y la diferencia entre gentrificación y turistificació n, por ello, es importante sentar unas bases para entender la problemática real que hay detrás.  Gentrificación y turistificación La gentrificación es un proceso de transformación urbana donde los barrios que han estado tradicionalmente habitados por clases populares o medias son progresivamente ocupados por poblaciones con mayor poder adquisitivo, cambio que suele ir acompañado de inversión inmobiliaria, revalorización del suelo, aumento de los alquileres y sustitución del comercio local. Este concepto aunque parece nuevo fue creado en 1964 por la socióloga británica Ruth Glass, quien observó cómo barrios obreros de Londres eran ocupados por la gentry provocando el desplazamiento de sus residentes originales, “gentry” es el nombre que se le da en algunas partes de Reino Unido a las personas que pertenecen a la alta burguesía.  En este sentido, se puede entender que cuando Ruth Glass creó el término  de gentrificación fue para dar simbolismo a un fenómeno vinculado a dinámicas internas de las ciudades industriales. Sin embargo, actualmente esta situación adopta formas mucho más complejas y globalizadas, haciendo que con los años esta palabra haya cambiado su interpretación y hablemos de esta para dar nombre a contextos y dinámicas relacionadas principalmente con el turismo. Hay que aclarar también una confusión recurrente y es que muchas veces se escucha el uso de gentrificación y turistificación como si fueran lo mismo, cuando no lo son, aunque estén directamente relacionados entre sí.  La turistificación es lo que describe la transformación del espacio urbano para satisfacer las necesidades del turismo, como por ejemplo, tener mayor cantidad de alojamientos de corta estancia, un ocio específico para el visitante y el cambio de la propia experiencia de la ciudad. Los casos más comunes con los que la gente se suele dar cuenta de esto es con el cierre de comercios locales para implantar franquicias que encuentras a lo largo y ancho del país, siendo esto un motor acelerador de la gentrificación debido a muchos factores. Sin embargo, el más importante y el que genera más daño en el entramado social es el reemplazo del alquiler residencial por el vacacional. Esto ocurre de muchas formas y  al contrario de lo que se suele pensar, p ocas veces ocurre de forma acelerada, comenzando muchas veces con pequeños cambios, como por ejemplo puede manifestarse en varias viviendas vacacionales en un solo edificio, en una gran cantidad de Airbnb o incluso en la construcción de nuevos hoteles en terrenos destinados para uso residencial.  Turistificación ¿Causa o consecuencia? Con lo mencionado anteriormente, podríamos decir que aquí tenemos un típico dilema del huevo y la gallina: ¿Que viene primero, la gentrificación o la turistificación? Como hemos observado, la gentrificación es causada por múltiples factores. En países como España es cierto que el principal factor es el turismo y vemos estos procesos de gentrificación en los centros de las ciudades, en zonas como la Costa del Sol y especialmente en los archipiélagos de Baleares y Canarias. En el caso de Baleares, específicamente en Ibiza, vemos cómo el fenómeno es agravado por un turismo de recursos económicos muy altos que causan un precio exorbitado no sólo en vivienda sino incluso en insumos básicos y ocio.  Según la Organización de Consumidores y Usuarios en su informe del mes de septiembre, Baleares en 2025 tuvo la segunda cesta de la compra más cara de España solo por debajo de Cataluña, el presidente de la OCU, Enrique García, señalo respeto a esto en el diario Ultima Hora que “ el mayor nivel de renta del archipiélago tiene un peso importante, el hecho de ser una región turística tiene una incidencia significativa en el encarecimiento de los alimentos ”. Además, plataformas como Idealista ponen de media los alquileres en Ibiza sobre los 4,000 euros al mes, siendo los sueldos inferiores a 42,000 euros, insuficientes para vivir en zonas céntricas o cercanas a las playas de la isla.  En países como México vemos varias realidades de la gentrificación, por ejemplo, en ciudades como Tulum, Cancún y Ciudad de México su causa principal es el turismo, por otro lado, en ciudades como Mérida vemos que la gentrificación es causada por nómadas digitales y jubilados provenientes en su mayoría de Estados Unidos, según un estudio de la UNIR “ las rentas suban entre $12,000 y $20,000 MXN mensuales en algunas zonas de Mérida, dejando atrás a habitantes con ingresos promedio de $7,390 MXN ($385 USD) al mes para el año 2023” (Universidad Internacional de La Rioja, 2025).  Gentrificación en el mundo Otra consecuencia de la gentrificación es la pérdida de identidad cultural para adaptarse al visitante, un ejemplo de esto es algo que en redes sociales se ha viralizado entre la comunidad mexicana, donde la población local de ciudades como Jalisco y Mazatlán muestran que sus respectivos ayuntamientos han prohibido a grupos de música regional mexicana tocar en la playa u otros sitios porque “molestan al turista”.  Esta pérdida de identidad por culpa de la gentrificación es de lo que habla Bad Bunny en su último álbum DTMF y del que ya hemos hablado en Naciones en Ruinas. “Benito”, antes de la salida oficial del disco, publicó un “short film” donde Jacobo Morales aparece junto a un sapo llamado “Concho” y muestran la transformación de la vida social y cultural de Puerto Rico por la llegada masiva de estadounidenses continentales a la isla, principalmente buscando un mejor clima y menos impuestos. En una escena Jacobo Morales entra en una cafetería y es atendido en inglés, está buscando comida típica de la isla y no encuentra todo lo que quería, además, ve como lo poco que compro tenía un preci o muy elevado, plasmando, nuevamente, el fenómeno al que estamos haciendo referencia.  Con esto, el artista quiso reflejar una realidad que muchas personas ven en sus pueblos, barrios o ciudades, durante todo el 2025 canciones de este álbum fueron usadas para criticar este problema a nivel mundial, incluso llegando a los parlamentos nacionales de varios países. En el caso de Costa Rica, el diputado de Frente Amplio, Ariel Robles, para hablar del problema de la gentrificación en el país centroamericano, usó la canción “Lo que le paso a Hawaii”, comentando en su discurso ante el resto de diputados que “ esto pone sobre la mesa una problemática evidente, cosas tan sencillas como ir a la playa y descubrir que el camino que usabas para llegar ya no está, o que el lugar donde veías el atardecer ahora está ocupado por sillas y sombrillas que cobran por usar. Todo esto refleja un fenómeno de exclusión ” (Ariel Robles, Asamblea Nacional de Costa Rica, 2025).  Aunque el 2025 fue clave para hablar y entender el problema de la gentrificación, realmente ya se lleva un par de años comentando el tema y legislando al respecto. Uno de los casos más sonados y  que marcó un antes y un después, fue la prohibición de la entrada de cruceros en la laguna y canal de Giudecca en Venecia en el año 2021, impulsado por la ciudadanía que, saliendo del confinamiento por la pandemia, comenzaron a manifestarse en contra del turismo masivo en la ciudad, lo que terminaría con un duro golpe a la industria de los cruceros en Venecia, posteriormente la ciudad tomaría otras medidas como el cobro de entrada para poder visitarla y restricciones al alquiler turístico.  Nuevas prohibiciones Otros ejemplos de este tipo de políticas las encontramos en ciudades como Nueva York, donde en 2023 se reguló el alquiler de corta estancia haciendo ilegal alquilar un apartamento entero, a menos que el anfitrión esté presente y se cumplan requisitos estrictos , como por ejemplo, la prohibición de alquilarlos por más de 30 días consecutivos,  lo que eliminó de facto gran parte de los Airbnb de la ciudad. E n Países Bajos, específicamente en Ámsterdam, por ejemplo, a mediados de 2024 prohibieron la construcción de nuevos hoteles a menos de que otro sea cerrado. Casos como estos lo vemos también en Chile que a principios de 2025 también se limitaron los Airbnb con un incremento del IVA de hasta un 19% y la regulación de horarios y uso de zona comunes que pueden ser dictados por la comunidad de vecinos.  En Colombia se inició este diciembre una tramitación de ley que también busca regular la actividad de los Airbnb obligando a formalizarlos en un registro nacional de viviendas turísticas, fórmula muy parecida a la que a mediados del 2025 se hizo efectiva en España donde la nueva regulación obliga a todos los alojamientos turísticos a estar en el NRUA (Registro Nacional). Esto sacó del mercado en septiembre a más de 53 mil pisos de uso turístico, además el gobierno ha multado a la plataforma de Airbnb con 75 millones de euros por incumplimientos de la legislación. Manifestaciones en zonas gentrificadas Sin embargo,  este tipo de restricciones parecen insuficientes para una población que exige mayor disponibilidad de vivienda, lo que ha llevado a que el año pasado se llevarán a cabo manifestaciones contra el turismo masivo en varios puntos de España, como por ejemplo Cataluña, Baleares y Canarias, o en ciudades como Barcelona, las manifestaciones fueron apoyadas por grupos sociales como el Sindicato de Inquilinas. Por otro lado, en Canarias estas manifestaciones ya ocurrieron en 2024 para reclamar un cambio en el modelo turístico y económico de las islas, manifestaciones que en ambos años fueron las más multitudinarias del archipiélago en décadas, congregando a más de 50 mil personas.  Recientemente para el caso de Canarias, se ha planteado por parte del ejecutivo nacional proponer en la Unión Europea la limitación de compra de vivienda a extranjeros en las islas, por su situación de región ultraperiferica. Esto en parte fue alentado por diferentes colectivos sociales que alertan de un colapso habitacional, para poner algunos datos sobre la mesa,  por ejemplo, en el caso de Fuerteventura casi el 40% de la población es extranjera de origen europeo, siendo el perfil predominante de este colectivo italianos, alemanes e ingleses con alto poder adquisitivo que han llegado a la isla para teletrabajar, jubilarse o buscando un mejor clima, también en Tenerife vemos casos de chabolismo en el sur de la isla a escasos metros de grandes superficies hoteleras donde incluso viven en esa situación precaria trabajadores de dichos hoteles o apartamentos turísticos.  Volviendo al otro lado del charco, la situación que hemos comentado anteriormente en México , también ha llevado a grandes manifestaciones en su capital, en julio de 2025 llegaron a causar disturbios en las calles ocasionando saqueos de comercios y dañando infraestructura en su mayoría de locales comerciales que los manifestantes consideraban como “germen de la gentrificación”. La convocatoria a manifestarse se volvió a repetir a finales de año, exigiendo mayor regulación del alquiler turístico, que en la Ciudad de México, hoy en día permite a un usuario alquilar hasta 6 meses una vivienda vacacional. Un analisis del Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America conocido como PNAS, arrojó datos impactantes que indican que entre el año 2000 y 2022, la asequibilidad de la vivienda en Ciudad de México se desplomó cuando los precios se cuadruplicaron y los ingresos de los mexicanos disminuyeron, haciendo que algunos vecindarios gentrificados multiplicaran ocho veces el precio de la vivienda, lo que ha contribuido a la aparición de zonas muy costosas y al desplazamiento de más de 23.000 familias de bajos ingresos cada año.  Conclusiones finales Las protestas contra la gentrificación en distintas partes del mundo expresan una demanda compartida y un interés por una mayor regulación, el derecho a habitar la ciudad frente a la mercantilización del espacio urbano está ocasionando el auge de nuevos movimientos que cuestionan decisiones que de momento estaban dictadas por el precio y la demanda, constituyendo así una respuesta política y social a un modelo que ha demostrado ser insostenible. La gentrificación adquiere por tanto una dimensión geopolítica debido a que nos redefine las relaciones de poder entre territorios, llevando a distintas regiones a depender de economías basadas en el turismo, ocasionando así que los barrios pierdan su función social.  La ONU para 2025 registro 1.100 millones de turistas a nivel mundial, cifra que seguirá aumentando conforme crezcan las clases medias en los países en vías de desarrollo, por lo cual, es importante redefinir las ciudades y promover mayor legislación en un mundo cada vez más globalizado y digital donde la principal barrera ya no estará en las fronteras sino en tu economía, así mismo será importante tener un debate amplio e interdisciplinar sobre lo que queremos como sociedad, las economías basadas en el turismo y las zonas gentrificadas pierden identidad por la implantación de franquicias y comercios internacionales causando que muchas ciudades se vean iguales, encontrando las mismas cosas a donde vayas, por lo cual, llegados a este punto nos podríamos preguntar a nosotros mismos ¿Qué tan dispuesto estaríamos como sociedad en perder partes de nuestra cultura e identidad por entregarnos de lleno a la globalización, en pro del crecimiento económico?

Las elecciones generales de Costa Rica de 2026, celebradas el 1 de febrero, marcan la decimoctava cita electoral del país en el marco de su democracia moderna –instauración de la Segunda República tras la Constitución de 1949–, tras las elecciones anteriores en 2022. Este proceso permite a la ciudadanía escoger tanto a su presidente como a los miembros de la Asamblea Legislativa, consolidando la práctica democrática como un elemento central de la vida política del país hispanoamericano. La regularidad de los comicios y la alternancia en el poder son características distintivas del país, lo que refuerza, nuevamente, la estabilidad institucional del mismo. Costa Rica se distingue en la región por su solidez y credibilidad de su sistema electoral e institucional. El Tribunal Supremo de Elecciones, organismo autónomo y altamente confiable, es responsable de organizar y supervisar los comicios, asegurando transparencia, imparcialidad y legitimidad en cada etapa del proceso. La independencia del TSE y el respeto ciudadano por sus decisiones han generado un clima de confianza que permite que los resultados reflejen de manera firme y fiel la voluntad del electorado, reforzando a San José como referente democrático de calidad en América del Sur. El sistema electoral costarricense combina la elección directa de presidente, que puede requerir una segunda vuelta si ningún candidato supera el 40% de los votos válidos, con un modelo proporcional para la asignación de diputados en la Asamblea Legislativa. Esta combinación asegura la representatividad política y la pluralidad partidaria. En este sistema proporcional, los escaños se distribuyen según el porcentaje de votos que cada uno obtiene en las siete circunscripciones provinciales con listas cerradas, lo que garantiza que fuerzas minoritarias tengan representación o pueden alcanzar la misma. Esto, permite garantizar el equilibrio y la legitimidad del Ejecutivo, que requiere un amplio respaldo ciudadano, con la representatividad y la pluralidad legislativa, asegurando que diversas corrientes puedan influir en la toma de decisiones. Resultados electorales 2026: panorama nacional y legislativo Los resultados provisionales de los comicios presidenciales de 2026 en Costa Rica, con un 96,18% de las juntas nacionales procesadas y más de 2,494,611 votos recibidos, permiten ya una lectura política sólida y medianamente estable del escenario electoral total. El nivel de avance del escrutinio hace muy improbable un cambio sustancial en el orden de las fuerzas, por lo que la incertidumbre del conteo restante queda disipada en favor de las tendencias estructurales. Estos hechos, se enmarcan dentro de un país con alto grado de confiabilidad institucional, siendo Costa Rica, el segundo país del mundo hispanohablante en la clasificación mundial por índice de democracia.  La participación electoral ha alcanzado, de momento, el 69,10% (equivalente 2,480,032 votos), con un abstencionismo del 30,90% (de un padrón de 3,588,935 electores), cifras que confirman una movilización relevante del electorado, aunque sin llegar a niveles tan elevados como en comicios previos. Este comportamiento sugiere que la elección ha sido competitiva y significativa, pero pone de manifiesto la persistencia de un aumento de la abstención estructural que afecta a casi un tercio del padrón costarricense. Aún así, el volumen de votos emitidos otorga legitimidad democrática clara al proceso y al resultado que de él derive, siendo, como hemos mencionado, un faro democrático en la región. En este contexto, el partido Pueblo Soberano ha emergido como la fuerza claramente dominante de la elección, con el 48,33% de los votos válidos. Se trata de un resultado muy cercano a la mayoría absoluta, lo que evidencia tanto un respaldo social amplio como un resultado transversal, además, más que suficiente, en términos estrictos, para hablar de una victoria rotunda e incuestionable en primera vuelta, teniendo en cuenta que el umbral legal exige superar el 40% –artículo 138 de la Constitución Política de Costa Rica–, por lo que no cabe posibilidad de realizar una segunda vuelta. La ventaja sobre el segundo contrincante es contundente, cercana a los quince puntos porcentuales, lo que configura una elección asimétrica y consolida a Pueblo Soberano como el partido como el principal referente político del momento en el país hispanoamericano. El partido ganador ha logrado cumplir con los datos expuestos por casi la totalidad de encuestadoras costarricenses respecto a la candidatura presidencial, superando incluso el porcentaje que todas ellas les daban, convirtiendo a Laura Fernández Delgado en la 50ª presidenta electa de la República de Costa Rica y a Francisco Gamboa Soto como vicepresidente de la nación.  Liberación Nacional, con un 33,44% de los votos, se ha consolidado como la segunda fuerza del país y como núcleo central de la oposición. Aunque su votación es significativa y refleja una cierta base electoral, el resultado evidencia incapacidades para disputar realmente el liderazgo de los comicios o la posibilidad de ser una oposición contundente frente al primer puesto. La distancia respecto al partido ganador tampoco sugiere un escenario de polarización equilibrado, sino más bien un predominio claro de la fuerza vencedora sobre la otra, lo que condiciona la dinámica política que se irá desarrollando posteriormente. A partir del tercer lugar, el sistema pluralista de partidos muestra una fragmentación y atomización marcada. Ninguna de las dieciocho fuerzas restantes logra alcanzar el 5% de los votos –siendo Coalición Agenda Ciudadana el más votado con un 4,85% – y la mayoría de las mismas se sitúan incluso por debajo del 1%, lo que plasma un tercer polo prácticamente inexistente y poco competitivo. Esta dispersión electoral indica dificultades que los partidos costarricenses han tenido para articular proyectos alternativos de alcance nacional y refuerza la lógica bipartidista del voto útil, concentrado mayoritariamente en las dos principales fuerzas de oposición –evento similar observable en contextos políticos de democracias hispanoamericanas del momento, como Chile o Argentina–. El peso político queda, por tanto, ligado a las alianzas y apoyos indirectos de la oposición, dejando de lado la capacidad real de disputar el poder ejecutivo y muy deteriorado su mismo peso en el ámbito legislativo. La presencia de numerosos partidos con porcentajes inferiores al 1% acentúa la microfragmentación del sistema. Aunque formalmente existe el pluralismo, en la práctica muchas de las agrupaciones funcionan como opciones testimoniales, con escasa incidencia en el resultado general. Este fenómeno sugiere un sistema partidario que, pese a su diversidad nominal, tiende a concentrar efectivamente el poder electoral en pocas fuerzas con capacidades de movilización masivas.  Distribución provincial del voto presidencial en Costa Rica. Respecto al bajo nivel de votos nulos y blancos, los cuales apenas superan el 1% (en torno a 27,264 votos) del total, refuerza la idea de un electorado mayoritariamente decidido y con claridad frente a la oferta política. No se observa un uso del voto inválido como mecanismo de protesta, lo que apunta a unas elecciones definidas por la competencia entre proyectos –aunque en la práctica escasos– que por el rechazo generalizado al sistema. En conjunto, los resultados describen un escenario de predominio claro de Pueblo Soberano, una oposición relevante pero distante encabezada por Liberación Nacional y un sistema fragmentado y debilitado en los niveles intermedios. A continuación, presentamos una tabla con los partidos políticos, votos válidos y porcentajes a nivel nacional: Partido político Ideología Votos válidos Porcentaje (%) Pueblo Soberano Derecha 1,191,727 48,30% Liberación Nacional Centroizquierda 825,041 33,44% Coalición Agenda Ciudadana Centro reformista 119,700 4,85% Frente Amplio Progresismo 92,826 3,76% Unidad Social Cristiana Centro-derecha 68,732 2,79% Nueva República Derecha conservadora 53,797 2,18% Avanza Centro 43,968 1,78% Unidos Podemos Centro-derecha 21,126 0,86% Liberal Progresista Derecha liberal 11,179 0,45% Progreso Social Democrático Socialdemocracia 8,809 0,36% Nueva Generación Centro 5,992 0,24% Centro Democrático y Social Centro 5,659 0,23% Integración Nacional Centro-izquierda 4,433 0,18% Justicia Social Costarricense Centro-izquierd 3,414 0,14% De la Clase Trabajadora Obrerismo 2,737 0,11% Unión Costarricense Democrática Centro 1,995 0,08% Esperanza Nacional Centro 1,801 0,07% Esperanza y Libertad Centro-derecha 1,550 0,06% Aquí Costa Rica Manda Nacionalismo 1,442 0,06% Alianza Costa Rica Primero Nacionalismo 1,419 0,06% Con base en los datos agregados de votación y asignación de escaños legislativos (todavía en recuento), el panorama de la nueva Asamblea Legislativa se caracteriza por una clara concentración del poder parlamentario en dos fuerzas principales, con una presencia relevante pero secundaria de partidos medianos y una representación muy limitada del resto del espectro. Pueblo Soberano (PPSO), encabezado por Fernández Delgado, se consolida como la primera fuerza legislativa del país al obtener 1,185,446 votos, equivalentes a 31 de los 57 escaños nacionales. Este resultado le otorga una posición de dominio de la Asamblea, quedando muy por encima de la mayoría absoluta. Alcanza pues, por sí solo, el control total del órgano legislativo, en el cual dispondrá de una capacidad decisiva completa para marcar la agenda parlamentaria, condicionar la formación de mayorías y liderar procesos legislativos con apoyos puntuales.   En segundo lugar se ubica Liberación Nacional (PLN) nuevamente, con Álvaro Ramos Chaves como principal figura de la oposición, que obtiene 819,992 votos, equivalentes a 17 escaños legislativos, perdiendo dos escaños frente a las elecciones de 2022. Aunque la distancia respecto a Pueblo Soberano es más que considerable, el PLN se mantiene como fuerza opositora, con un bloque parlamentario donde podrá hacer cierta influencia y marcar de forma decisoria ciertas votaciones, especialmente en aquellas que requieran consensos amplios o mayorías cualificadas. Muy por detrás de estas dos fuerzas, Coalición Agenda Ciudadana, vinculada al PAC y representada por Claudia Dobles Camargo, con 119,010 votos, se encuentra en la pugna por un único diputado electo con Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana. Este resultado confirma el fuerte retroceso del espacio progresista y socialdemócrata tradicional y su transformación en una fuerza marginal dentro del Parlamento, con una capacidad de incidencia casi inexistente y dependiente de forma completa de alianzas coyunturales con bancadas mayores. Por su parte, el Frente Amplio, con Ariel Robles Barrantes como referente, ha obtenido 92,249 votos, traducibles a 7 diputados, sumando un escaño frente a 2022, pese a haber perdido casi el 50% de su electorado. Este dato es revelador, ya que muestra una cierta eficiencia en la conversión de votos en escaño –favorecida por la circunscripción territorial empleada mediante el método del cociente, subconsciente y residuo mayor, variación del sistema Hare, reduciendo la proporcionalidad pura, favoreciendo el umbral efectivo en provincias con pocos escaños y beneficiando a partidos nacionales–, lo que ha permitido al Frente Amplio consolidarse como una bancada de tamaño medio con peso político real. Aunque su porcentaje de votos es reducido, su número de diputados le permitirá actuar como un actor “bisagra” en discusiones puntuales y reforzar la visibilidad progresista en el debate legislativo. La distribución de diputaciones refleja un sistema legislativo claramente asimétrico. Pueblo Soberano domina la Asamblea, Liberación Nacional articula una oposición insuficiente para equilibrar el poder del oficialismo, y el resto de fuerzas quedan relegadas a un papel complementario. Este escenario anticipa una legislatura en la que las posiciones privilegiadas para gobernar primarán, pero donde la negociación parlamentaria seguirá siendo necesaria –como en toda buena democracia–, especialmente ante decisiones y reformas. Distribución de escaños parlamentarios por partido. Comparativa con la Asamblea Legislativa saliente: cambios y tendencias Comparando los resultados legislativos de Costa Rica entre 2022 y 2026 se observa un cambio profundo en la distribución de poder en la Asamblea Legislativa, que refleja tanto la consolidación de nuevas fuerzas políticas como la caída de partidos tradicionales. En 2022, el Partido Liberación Nacional (PLN) encabezaba la Asamblea con 19 diputados, seguido por el Partido Progreso Social Demcocrático (PPSD) con 10 escaños y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 9. Otros partidos menores como el Frente Amplio tenían 6 diputados y el Partido Liberal Progresista también otros 6, mientras que el Partido Nueva República contaba con 7 diputados. Esta distribución mostraba un parlamento fragmentado, con los tradicionales PLN y PUSC manteniendo relevancia, pero con espacio para fuerzas emergentes, alianzas y espectros de izquierda moderada. En 2026, el panorama ha cambiado drásticamente. La derecha hegemónica concentra el poder parlamentario, logrando una ventaja histórica en escaños y votos. El PLN y el PUSC pierden un porcentaje muy significativo de diputados, creando una oposición debilitada, el PPSD desaparece como fuerza institucional en favor del PPSO y los pequeños partidos quedan reducidos a mínimos o desaparecen, siendo marginalizados. El único que mejora sus resultados es el Frente Amplio, y no por número de votantes, sino por reparto de escaños.   Factores del giro a la derecho en Costa Rica En las elecciones de 2026, Costa Rica ha experimentado un claro giro hacia la derecha, resultado de una combinación de factores vinculados tanto al gobierno saliente como al contexto social y político del país. La administración de Rodrigo Chaves, que comenzó con un fuerte impulso como outsider político y promesas de lucha contra la corrupción y la ineficiencia del Estado, terminó desgastándose debido a su estilo confrontativo y polarizador. La gestión de Chaves, aunque inicialmente vista con esperanza, generó tensiones con instituciones públicas, medios de comunicación y organismos autónomos, y no logró consolidar resultados concretos en áreas clave como seguridad y economía. Esta percepción de falta de eficacia y su exposición mediática controversial erosionaron la confianza en su partido como vehículo político sostenible. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), altamente dependiente de la figura de Chaves, no ha logrado institucionalizarse ni construir una base sólida más allá de su líder. La combinación del desgaste de su gestión y la ausencia de un proyecto político autónomo ha provocado que el partido pierda capacidad de movilización y respaldo ciudadano, dejando un vacío que podía ser ocupado por nuevos liderazgos, especialmente de la derecha. Laura Fernández Delgado, actual segunda mujer presidenta de la historia de Costa Rica, emerge como sucesos natural de este espacio político. Su trayectoria en el gabinete del gobierno de Chaves, donde ocupó cargos clave como Ministra de Planificación Nacional y Ministra de la Presidencia, le permitió conseguir una imagen de capacidad técnica y conocimiento de la administración pública. Fernández Delgado fue presentada como la continuadora de la agenda de Chaves, pero con un perfil más moderado y confiable, capaz de capitalizar tanto a votantes de base del gobierno saliente como a aquellos sectores desencantados con la gestión directa del mismo. Su candidatura representa una estrategia clara de continuidad, pero con renovación de liderazgo, proyectando eficiencia sin carga mediática o política que sí afectaron a su antecesor. Además del desgaste del gobierno y la debilidad organizativa del PPSD, factores sociales y contextuales contribuyeron al giro hacia la derecha. La percepción de inseguridad, el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado (recomendable observar el artículo de Naciones en Ruinas al respecto (añadir link)) y el cansancio con los partidos tradicionales generaron un terreno fértil para propuestas más conservadoras o pragmáticas, especialmente en el ámbito de la seguridad. La polarización política, junto con un electorado urbano y conservador dispuesto a respaldar reformas estructurales y discursos de corte más populistas, reforzó la ventaja de Delgado.   Impacto de la tendencia regional, lecciones de América Latina Además de los factores internos costarricenses, el giro de Costa Rica se da dentro de un contexto político continental donde las fuerzas conservadoras y de derecha han ganado en múltiples países. Entre 2025 y 2026 se ha podido observar un patrón de victorias electorales de líderes y partidos de derecha o conservadores en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Honduras, y un impulso similar en otros procesos regionales, lo que muestra un desplazamiento general del electorado hacia propuestas más duras respecto a orden público, gestión económica y administrativa y seguridad, así como una demanda en los cambios de gestión tras años de gobiernos progresistas o de izquierda dominantes durante la primera mitad de la década. Este cambio no es aislado: líderes como Donald Trump, con un retórica fuerte sobre el crimen, inmigración y relaciones bilaterales, han reforzado –tanto política como simbólicamente– la narrativa conservadora en la región, promoviendo la alianza con gobiernos afines y enfatizando discursos de mano dura y restablecimiento del orden social. Al mismo tiempo, la influencia de figuras como Nayib Bukele en El Salvador, con políticas de seguridad extraordinariamente firmes y una fuerte presencia mediática, sirviendo como modelo para candidatos que capitalizan el temor al crimen y la ineficacia de respuestas estatales previas.   Esta ola no significa que todos los países se vuelvan homogéneamente de derecha, pero sí indica una tendencia regional fuerte hacia opciones políticas que prometen orden, alianzas más estrechas con Washington y respuestas más directas y menos burocráticas a problemas estructurales, una tendencia en la que Costa Rica encaja con el ascenso de Laura Fernández Delgado y su agenda político-electoral más enfocada en las crisis institucionales, la inseguridad y la mano dura. Hechos que, probablemente, veremos reflejados en los próximos meses en Brasil, Haití y Colombia en sus procesos electorales y cambios de gobierno. Conclusiones Las elecciones de 2026 consolidan a Costa Rica como un referente democrátic regional, pero también reflejan un momento de cambio profundo en la orientación política del país, con un giro claro hacia la derecha y la consolidación de Pueblo Soberano com fuerza hegemónica. La elección evidencia que la ciudadanía ha priorizado continuidad en reformas y mano dura frente a inseguridad y crisis institucional, mientras castiga la gestión desgastada de Chaves y la incapacidad del PPSD de institucionalizarse como partido duradero. El Parlamento resultante anticipa una legislatura asimétrica, dominada por un bloque oficialista fuerte y una oposición reducida a una función de contrapeso parcial. Esto permitirá al gobierno de Fernández Delgado impulsar con facilidad se agenda, aunque la necesidad de negociaciones puntuales con minorías subraya que la democracia costarricense sigue dependiendo del equilibrio institucional y de la representación plural, incluso cuando el voto se concentra en pocas fuerzas. Finalmente, este giro no ocurre en aislamiento: Costa Rica se inserta en un contexto regional de reconfiguración política, donde la ola conservadora en América Latina, influida por modelos populistas de derecha como los de Trump o Bukele, refuerza tendencias de seguridad, orden público y eficiencia administrativa. Esto sugiere que la política costarricense, aunque institucionalmente sólida, es sensible a tendencias globales y regionales, reflejando cómo las democracias de la región se adaptan y responden a los desafíos sociales, económicos y de gobernabilidad contemporáneos.

Sudán del Sur, tras años de negociaciones, proclamó su independencia en 2011, convirtiéndose en el país más joven del mundo, título que aún ostenta en la actualidad, con la premisa de crear nuevos comienzos tras décadas de constantes conflictos. No obstante, esta esperanza se verá opacada por una sucesión de conflictos internos que, desde sus primeros años como Estado independiente, han alimentado la inestabilidad política y han alterado gravemente el orden social. Lejos de consolidarse como un proyecto unificado con vistas a prosperar, el país ha estado marcado por conflictos internos, rivalidades entre élites políticas y profundas fracturas étnicas que han debilitado sus instituciones desde sus primeros años. En este contexto, el aumento de la violencia en Sudán del Sur actualmente no se encuentra inconexo respecto a su pasado más reciente y a su realidad en los últimos años, sino que se ha convertido en una variable constante a analizar que afecta de manera directa a la población civil y agrava una de las crisis humanitarias más severas del continente africano. Enfrentamientos armados, desplazamientos internos e inseguridad generalizada reflejan no sólo la incapacidad del Estado para ser garante de orden interno, sino también las consecuencias de un proceso de independencia que no resolvió las tensiones históricas existentes. El territorio actual de Sudán del Sur fue parte del Sudán Anglo-Egipcio y, posteriormente, de la República de Sudán desde su independencia en 1956. Hay que tener en cuenta la coyuntura social de Sudán en este momento, pues contaba con una zona norte, árabe y musulmán, y una sur, habitada por múltiples etnias nilóticas cristianas y animistas, que quedó subordinada a la zona norte.  Desde la proclamación en 1956 de la independencia de Sudán hasta la secesión de su región sur pasan 39 años, en los cuales habrá dos guerras civiles y más de 30 años de conflicto continuado hasta que, el 9 de enero de 2005, en la ciudad keniana de Naivasha, el gobierno sudanés permitió la autonomía de Sudán del Sur, que posteriormente, bajo esta misma premisa, será utilizada para crear un gobierno y una constitución propias. Ello aceleró el referéndum de independencia en 2011.  Sin embargo, dos años después de su independencia, estalló la Guerra Civil sursudanesa, concretamente en diciembre de 2013, tras una profunda crisis política interna dentro del partido gobernante, el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM), marcada por la fuerte rivalidad entre Salva Kiir, presidente, y su entonces vicepresidente, Riek Machar, por disputas relativas al control del poder, agravadas por la debilidad institucional ya de por sí existente, y la falta de mecanismos efectivos de resolución pacífica de controversias. Resulta relevante destacar que, si bien el detonante fue político, pronto adquirió una dimensión étnica entre los grupos dinka y nuer, lo que contribuyó a la fragmentación social y a la escalada de violencia. Así, las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes fueron acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, reclutamiento de niños soldado, ejecuciones extrajudiciales o ataques sistemáticos.  La guerra se prolongó entre 2013 y 2018, aunque la declaración de paz fuera efectiva a partir de 2020. Sin embargo, las negociaciones comenzaron en Addis Abeba a finales de 2014, y obtuvo diversos intentos fallidos, como el intentado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2016, o el alto al fuego en 2018, colapsado reiteradamente. Durante este periodo, el país colapsó por la destrucción de la infraestructura básica, la paralización del desarrollo de otras actividades económicas y la paralización a la explotación petrolera. Así, el conflicto causó aproximadamente 400.000 muertes directas e indirectas, y provocó el desplazamiento interno de más de cuatro millones de personas en un país que en 2013 tenía una población superior a los 11,1 millones de personas. El sistema político sursudanés Sudán del Sur se organiza bajo una república presidencialista con una amplia concentración de poderes por parte del Presidente, que ostenta el cargo de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas, configurando una fehaciente centralización del poder.  Esta configuración de poderes quedó vigente desde la aprobación de la Constitución interina de 2011, adoptada tras la independencia y posteriormente modificada en el marco del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en 2018. Ésta definió la forma de Estado que pretendía establecer Sudán del Sur, definiéndose como una «entidad multiétnica, multicultural, multilingüe, multirreligiosa y multirracial», y estipulando la separación entre Iglesia y Estado y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco teórico y constitucional. En la práctica, ha sido el instrumento de validación para una separación de poderes débil, con un poder legislativo limitado y fiscalizado y un poder judicial con una independencia condicionada por las interferencias políticas y la falta de recursos, configurando un sistema sin una rendición de cuentas efectiva, y que valida y empodera al Ejecutivo respecto a los otros poderes del Estado. El sistema de partidos políticos se encuentra dominado por el SPLM, un partido de ideología socialdemócrata surgida del movimiento armado que lideró la independencia. Las divisiones internas del SPLM dieron lugar hasta a 5 facciones diferentes, una de ellas en oposición al gobierno, y bastantes con estructuras militares propias. Esto último ha derivado en una politización de las fuerzas armadas, y en una dinámica interna basada en el personalismo y en la lógica de lealtades armadas más que por una competencia programática. El sistema político gira entorno a la figura del actual presidente del partido y de Sudán del Sur simultáneamente desde 2011, Salva Kiir Mayardit, ejerciendo un liderazgo personalista con una influencia considerable respecto a su poder político y militar sin contrapesos, y debido al hecho de que es un país que, en 15 años de existencia, nunca ha celebrado elecciones nacionales tras su independencia. La última vez que se realizó una elección general fue en 2010, cuando la región era parte de Sudán. Asimismo, también es necesario analizar la condicionalidad de la gobernanza del país por los desafíos estructurales profundos que presenta, entre los que destaca la dependencia económica casi exclusiva del petróleo como principal fuente de ingresos estatales en una economía nulamente diversificada, lo que ha provocado prácticas clientelares, disputas por el control de recursos y una capacidad limitada del Estado para diversificar la economía y fortalecer la provisión de un sistema de servicios públicos, combinando elementos formales de un régimen presidencial, con prácticas de poder informales, personalistas y militarizadas, lo que dificulta la consolidación de un orden político estable e institucionalizado. La escalada de violencia reciente: al borde de una guerra civil El proceso de paz en Sudán del Sur, cimentado en el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto (R-ARCSS) de 2018, fue el que sentó el marco político y de seguridad negociado entre el gobierno de Sudán del Sur y los principales grupos opositores armados, con la mediación del IGAD (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo), cuyas premisas eran la formación de un gobierno de transición, reformas constitucionales, un alto al fuego permanente y compromisos en materia de gobernanza y preparación de elecciones. No obstante, su implementación fue tardía y parcial debido a desacuerdos políticos, falta de recursos, persistencia de violencia local y a las debilidades estructurales del Estado. Todo ello permitió que su efecto fuera diluyéndose poco a poco, aumentando progresivamente el clima de tensión interna dentro del país africano, y evidenciando la grave erosión en los últimos años del sistema de transición. Así, el detonante de la vuelta a las hostilidades fue el ataque del Ejército Blanco, milicia vinculada a la oposición armada, atacara una guarnición gubernamental en marzo de 2025 sobre la ciudad de Nasir, lo que llevó al arresto de Riek Machar, principal figura de la oposición y vicepresidente desde su regreso del exilio en el marco de la firma del Acuerdo de Paz Revitalizado. Poco antes, ya se habían notado tensiones entre ambos grupos, después de la destitución por parte de Kiir de varios de sus altos ministros y altos funcionarios vinculados a Machar. Ésto significó un retroceso bastante significativo en materia de búsqueda de una paz prospera, sobre todo tras la firma del pacto de seguridad entre ambas partes en 2022, y el anuncio de la Presidencia en 2024 de la convocatoria de elecciones para el 22 de diciembre de 2026. Este contexto ha provocado una escalada de violencia desde hace más de diez meses, agravado por otras dos circunstancias externas: las inundaciones masivas derivadas de la crisis climática que dejaron más de un millón de afectados en octubre de 2025, y la guerra civil en Sudán, vigente desde 2023 y que ha dejado la mayor crisis de desplazamiento del mundo, siendo Sudán del Sur el principal país receptor de refugiados. Así, la situación actual desde finales de diciembre de 2025 revela una escalada significativa de violencia militar, particularmente en el Estado de Jonglei, donde se han desarrollado operaciones ofensivas a gran escala entre el Ejército regular (South Sudan People’s Defence Forces, SSPDF) y las fuerzas leales a la oposición (Sudan People’s Liberation Army‑In Opposition, SPLA‑IO). Las autoridades han anunciado un plan ofensivo denominado “Operation Enduring Peace” con el objetivo declarado de recuperar territorios controlados por la oposición y “restablecer el orden público”. Dentro de este aumento de violencia, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur denunció este viernes un aumento calificado como “inaceptable” de un 20% en secuestros y un 7%  violencia sexual contra niños y mujeres en Sudán del Sur, según publicó en el último informe trimestral sobre Derechos Humanos de la UNMISS, que merece una mención especial. Este documento informa el grave deterioro de la seguridad y protección de los civiles en los estados de Equatoria Central, Jonglei, Unity, Alto Nilo, Bahr el-Ghazal Occidental y Equatoria Occidental, debido a los enfrentamientos armados generalizados. Posteriormente, el portavoz militar de la oposición, Peter Lam Gabriel, confirmó la existencia de una nueva alianza que abarca a todas las facciones antigubernamentales, coordinadas para derrocar al régimen y establecer un gobierno civil que «refleje la voluntad popular». Esta nueva alianza tomó a mediados de enero de 2026 el control de una zona estratégica cercana a la ciudad oriental de Bor, capital del estado de Jonglei, a 150 kilómetros de Yuba y vital para las rutas de suministros que conectan el centro y el este de Sudán del Sur. De forma simultánea, y a más de 250 kilómetros de allí, la oposición atacó Kapoeta, en el sureste, lo que provocó el desplazamiento de miles de civiles. Dentro de este marco temporal, el 18 de enero la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Sudán del Sur advirtió de una escalada de violencia catastrófica, justo cuando los combatientes tomaban el control de Pajut, violando de forma significativa el alto al fuego desde que se firmara el Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018, declarando que la escalada suponía una gran erosión al mismo y exponía a la población civil a riesgos de muerte, desplazamiento y privaciones, e instando a la desescalada inmediata y al cese de las hostilidades en las zonas pobladas por civiles, incluidos los ataques aéreos, las ofensivas terrestres y las operaciones militares. Tras ello, lejos de calmarse la situación, el aumento de las tensiones no ha cesado, tanto en el discurso como en los hechos. En el primer caso, cabe destacar unas declaraciones del general Johnson Olony, del Ejército de Sudán del Sur, quien ordenó a los militares que “no perdonen vidas, ni a una persona mayor, ni a las gallinas, a ver si nos dejan de molestar". durante la inminente ofensiva que están preparando para eliminar a las milicias que operan en la región de Jonglei, las cuales han concentrado en la zona a más de 10.000 efectivos y han prometido contraatacar las posiciones militares, mientras que la población ha huido masivamente de la zona, con hasta 200.000 desplazamientos forzosos estimados. De forma similar, el jefe del Ejército, el general Paul Nang Mahjong, desde la localidad de Bor, declaró: "Estáis aquí para una misión. Os doy solo siete días para terminarla: para aplastar la rebelión en las zonas donde exista, y recuperar el control de las mismas”. No sólo en discursos militares se observa esta palpable tensión, sino que en comunicados oficiales también se observa este lenguaje urgente y agresivo, como el emitido el pasado 24 de enero “"Se recomienda encarecidamente a los residentes de Duk, Panyigor, Puktap y Bor que permanezcan en sus hogares, ondeen banderas blancas, eviten portar armas o equipo militar y se mantengan a una distancia prudencial de las bases e instalaciones del Ejército sursudanés". En otra instancia, las tensiones van más allá de discursos y comunicados, y trasciende lo militar, político y humanitario. A principios de la semana del 18 de enero, Kiir destituyó a la esposa de Machar de su cargo como ministra de Interior en el gobierno de unidad, y la sustituyó por alguien de su propio partido, mientras que la presidenta de la UNMISS denunció ataques aéreos en diversos lugares de Jonglei, que han matado y herido a diferentes civiles. Asimismo, declaró la muerte de un trabajador de la ONU que estaba detenido desde el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Wau, considerando “imperativo que se respete la seguridad del personal de la ONU”, calificándolo de “inaceptable”. Esta situación se une al brote de cólera que ha provocado más de 3 muertes y 25 enfermos, provocando la evacuación del personal esencial de Médicos Sin Fronteras del condado de Akobo por la falta de seguridad reciente. Esta misma asociación denunció semanas atrás la falta de recursos y la imposibilidad de realizar su trabajo en el estado de Jonglei ante las restricciones de acceso por la escalada de violencia, que ya en 2024 acabaría con la vida de un miembro de su personal, teniendo que suspender las actividades en algunos lugares. A ellos se une Cruz Roja Internacional, que instó a garantizar el tránsito seguro de ayuda, pidiendo respeto al tratamiento y protección de heridos, enfermos y detenidos. Todas estas circunstancias y condicionantes han generado que el gobierno de Sudán del Sur califique de una seria amenaza para la paz, destacando al avance militar de la oposición, liderada por el SPLA-IO, instándoles a cesar las hostilidades para restaurar el orden público y proteger a los civiles, y adviertiendo que la escalada del discurso de odio está alimentando peligrosas tensiones étnicas, lo que implica riesgo contra civiles. Además de ello, ordenó a todos los civiles y a todo el personal de Naciones Unidas en Jonglei evacuar Jonglei en aras de una operación militar contra las fuerzas de la oposición. Reacciones internacionales: la comunidad internacional condena la escalada de violencia, pide el cese de las hostilidades y muestra preocupación La intensificación de la violencia en la República de Sudán del Sur ha provocado un conjunto amplio de respuestas por parte de la comunidad internacional. Dichas reacciones, emanadas de organismos multilaterales, agrupaciones regionales, misiones de paz de la ONU, agrupaciones de cooperación subregional y gobiernos con presencia diplomática en Juba, establecen un panorama de creciente preocupación por la seguridad de la población civil, la protección de derechos humanos, la estabilidad política y el respeto del derecho internacional humanitario. En primer lugar, como previamente ha sido expuesto, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha expresado una preocupación sostenida por el impacto de la violencia en la población civil, haciendo un llamado explícito al cese de hostilidades y a la protección de los no combatientes en todo el territorio. y. Complementariamente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, un órgano independiente respaldado por el Consejo de Derechos Humanos, ha advertido que la retórica incitadora y los discursos de mandos militares que parecen alentar ataques indiscriminados contra poblaciones civiles pueden constituir no solo una grave violación del derecho internacional humanitario, sino también una forma de responsabilidad penal individual bajo el marco de responsabilidad de mando. En su declaración, la Comisión instó a un inmediato cese de tales mensajes y al compromiso con el desarme y la disciplina de mando dentro de las fuerzas enfrentadas. El Secretario General Adjunto de Naciones Unidas ha reiterado, asimismo, la urgencia de que las partes en conflicto respeten los compromisos del Acuerdo Revitalizado de Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018, destacando que la permanencia de la violencia amenaza con revertir los avances formales alcanzados en ocho años de proceso de paz y con poner en riesgo la organización de elecciones previstas para finales de 2026. La Unión Africana (UA), a través de su Presidente de la Comisión, H.E. Mahmoud Ali Youssouf, ha expresado profunda alarma por la actual escalada de tensiones y violencia en Sudán del Sur, especialmente en áreas como el estado de Jonglei donde se han registrado enfrentamientos recurrentes y desplazamientos masivos. En un comunicado oficial emitido el 27 de enero de 2026, la UA instó a todas las partes a desescalar inmediatamente, a respetar las obligaciones del R-ARCSS y a evitar discursos y acciones que puedan incitar a mayor violencia, particularmente contra mujeres y niños, sectores más vulnerables. Simultáneamente, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), agrupación que históricamente ha facilitado las negociaciones de paz en Sudán del Sur, emitió una declaración en la que condena todas las formas de violencia dirigidas contra civiles, lamenta las violaciones persistentes de los acuerdos de alto al fuego y hace un llamado firme a la inmediata reanudación del diálogo político entre las partes beligerantes. Asimismo, IGAD reafirma su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con socios regionales e internacionales para fomentar una salida negociada y pacífica al conflicto. Por último, diversos gobiernos con presencia diplomática en Sudán del Sur y en el exterior han emitido declaraciones conjuntas denunciando la escalada de violencia y reafirmando su apoyo a un proceso de paz sostenible. Un ejemplo pertinente es el “Joint Statement on Violence and Humanitarian Access” firmado por las embajadas de Canadá, Francia, Alemania, Japón, los Países Bajos, Noruega y Suiza, entre otros países, en Juba el 20 de enero de 2026. En este comunicado, los firmantes condenan los ataques indiscriminados, piden el respeto inmediato del derecho internacional humanitario, y solicitan que el Gobierno sudsudanés permita el acceso sin restricciones de la asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas por el conflicto. Escenarios posibles A la luz de los hechos más recientes, ampliamente denunciados y atendidos de cerca por la comunidad internacional, cabe destacar que, considerando la evolución reciente del contexto político, social, étnico, militar y humanitario en Sudán del Sur, pueden identificarse varios escenarios probables a corto y medio plazo, cuya materialización dependerá de las decisiones de los actores nacionales y del grado de coherencia y presión sostenida y constante de la comunidad internacional. Un primer escenario contemplaría una prolongación e incluso una intensificación del ciclo violento, alimentada por la fragmentación militar, social y política, así como la impunidad y la nula rendición de cuentas observable en el país y la politización de las fuerzas armadas y viceversa. La retórica incendiaria, la debilidad de mecanismos de control civil y los movimientos de militares y civiles podrían derivar en nuevas violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario, como lleva ocurriendo desde hace semanas, con un aumento de secuestros, violencia sexual relacionada con el conflicto o un aumento de los desplazamientos internos, lo cual significaría un serio retroceso del proceso político que iba en camino de cristalizar (cabe recordar que Sudán del Sur tenía elecciones programadas para diciembre de 2026) y podría compremter de forma perenne la viabilidad de las mismas, lo que se podría traducir en una mayor desestabilización de una región que ya se encuentra de por sí en problemas constantes, con tensiones y conflictos internos en Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Ruanda, o RDC, entre otros.  Un segundo escenario contemplaría una contención parcial de la violencia, generada por la intensificación de la acción internacional en el país bajo el uso de la diplomacia preventiva regional y multilateral. En este supuesto, tendrían gran importancia la Unión Africana, e, IGAD y las Naciones Unidas para lograr una supuesta desescalada por medidas tales como el reforzamiento de los mecanismos de verificación de alto al fuego, la reducción de operaciones militares ofensivas y una reactivación del diálogo en el marco del R-ARCSS. Sí bien este escenario no resolvería las causas de fondo de este conflicto, y habría riesgo de una reaparición futura, sí permitiría una estabilización mínima que reduciría el impacto humanitario inmediato, preservando el frágil entramado institucional del proceso de paz. Sería igualmente probable, siendo los dos escenarios futuros más realistas. Un tercer escenario, de carácter transformador pero menos probable, sería un reinicio sustantivo del proceso de paz de algún modo, acompañado de reformas estructurales en temas como seguridad, gobernanza o separación de poder. Este escenario encuentra el escollo principal de requerir la voluntad política clara de parte de los líderes sursudaneses, respaldada por una presión internacional firme y coordinada, incluyendo concesiones políticas, diplomáticas y económicas. Además, los altos costos políticos internos de este camino lo hacen más frágil y menos factible a corto plazo de forma simultánea. Sudán del Sur: el costo humano de una violencia sostenida La persistencia de la violencia en la República de Sudán del Sur no puede interpretarse únicamente como una crisis de seguridad o un estancamiento al proceso de paz. Es una tragedia, un fracaso moral profundo, muchas cosas que se han hecho francamente mal, que han provocado que una población retroceda nuevamente catorce años y vuelva al punto de partida, a las hostilidades, a las tensiones étnicas, a la fragmentación social y a la violencia generalizada. Todo ello ha sido sostenido por unas decisiones políticas cuestionables, por la normalización de la ausencia del rendimiento de cuentas de las élites políticas y por una desconexión alarmante entre el poder y la población civil. Cada llamado al cese de las hostilidades no se traduce en cambios reales, y esto no hace otra cosa que provocar que se pierda fuerza, credibilidad y humanidad. La reiteración de comunicados, resoluciones y declaraciones formales contrastan con la realidad de comunidades que siguen siendo desplazadas, de mujeres y niñas sometidas a tratos inhumanos y degradantes, y a niños forzados a crecer bajo la lógica de las armas. La violencia tiene consecuencias irreversibles en las vidas de todas esas personas. Resulta igualmente ineludible una mirada crítica hacia la comunidad internacional. La insistencia en el diálogo sin mecanismos efectivos de presión, la prolongación indefinida de procesos de paz incumplidos y la ausencia de consecuencias tangibles frente a violaciones graves han contribuido a consolidar una peligrosa sensación de impunidad estructural. Condenar sin actuar, o actuar sin coherencia, equivale a aceptar tácitamente que la vida de la población sursudanesa es negociable. El cese de las hostilidades, en este contexto, no puede seguir siendo presentado como un objetivo gradual o condicionado. Debe entenderse como una urgencia ética absoluta. Cada día de violencia adicional profundiza el daño social, fragmenta aún más el tejido comunitario y reduce las posibilidades de una paz genuina. No hay transición política viable ni proceso electoral creíble en un entorno donde la violencia continúa siendo un recurso político aceptado. La verdadera pregunta ya no es si Sudán del Sur puede permitirse la paz, sino cuánto está dispuesto a tolerar el mundo antes de exigirla con seriedad y garantías.

La República Srpska es un territorio ubicado en Bosnia y Herzegovina, que ocupa la zona norte y este del país. Su capital de iure es Sarajevo, mientras que, de facto, Banja Luka funciona como capital de la entidad. Pero este lugar tiene una cosa especial, y es que es la manzana de la discordia para el país eslavo, ya que, tras los acuerdos de Dayton, se aprobó la creación de esta entidad que condenaría al país a un estancamiento endémico, dificultando sus posibilidades de progresar como Estado unificado. Contextualización Srpska y serbios Desde tiempos otomanos, podemos ver cómo Bosnia se ha considerado como una región fronteriza. Esto ha propiciado que se fomentase el asentamiento de pobladores tanto turcos como originarios de Serbia, para de esta manera, poder hacer frente de manera efectiva a cualquier intento de invasión por parte de los reinos católicos fronterizos. Esto permitió que se crease en la región una importante comunidad serbia ortodoxa, ya que cabe recalcar que el Imperio otomano solo fomentaba la conversión religiosa, pero no la forzaba en términos generales de forma directa, por lo que estos pudieron mantener su fe ortodoxa. Adelantándonos a la Segunda Guerra Mundial, podemos ver cómo el dominio ústaša simplemente buscó confrontar con las poblaciones serbias, ya que estas eran consideradas invasoras dentro de los territorios controlados por el Estado Independiente de Croacia. Esta situación puso a la población bosniaco-musulmana en una posición en la que, dado que no eran perseguidos, prefirieron mantener cierta neutralidad frente a las injusticias cometidas hacia los serbios. Esta ambigüedad fue tomada por el ideario nacionalista serbio como complicidad, lo que hizo que se guardase cierto rencor que acabó explotando con la independencia de Bosnia en 1992. Cuando se buscó realizar el referéndum de autodeterminación para Bosnia, la población serbobosnia lo boicoteó, realizando uno propio a su vez para mantenerse en Yugoslavia. Esta disparidad de decisiones dio lugar a la creación de la República Srpska como representación de la población serbobosnia, que tenía como aspiración formar parte del proyecto de la Gran Serbia de Slobodan Milošević. Todo esto ocurrió de manera paralela al establecimiento del Estado de Bosnia y Herzegovina por parte de los bosníacos y los croatobosnios, sentando de esta manera un precedente que sería utilizado constantemente como baza por parte de las autoridades serbobosnias para poder obtener privilegios. Una vez finalizada la guerra, y dada la cantidad de asesinados y desplazados —ya fuese de bosníacos o de croatobosnios que huían de las zonas controladas por los serbios, como de refugiados de la Krajina croata o serbobosnios de otras zonas del país—, la República Srpska se consagró como prácticamente un etnoestado serbio dentro de Bosnia. Eso sí, como en cualquier otra región de los Balcanes, y como ocurre también en la Federación de Bosnia-Herzegovina, los bosníacos y croatobosnios tienen garantizado cierto peso político dentro de Srpska. Milorad Dodik y los socialistas de Srpska Ahora bien, si hablamos sobre la política de la República Srpska, Milorad Dodik es sin lugar a dudas la figura más importante de la entidad. Dodik fundó la Alianza de Socialdemócratas Independientes y ha estado ocupando cargos en la República Srpska desde su creación. Ejerció el cargo de primer ministro de la entidad desde 1998 hasta 2010. Después se convirtió en presidente de la República Srpska desde 2010 hasta 2018, para luego pasar a ser el representante por parte de la población serbobosnia en la presidencia de Bosnia y Herzegovina hasta 2022, para luego ejercer un tercer mandato como presidente de la República Srpska hasta el año 2025, cuando fue destituido de su cargo debido a una orden de arresto judicial. Durante todo este tiempo, Dodik ha seguido una estrategia de confrontación constante hacia las autoridades, ya fuesen estatales o, en el caso de cuando fue miembro de la presidencia, hacia sus iguales. Todo esto ha sido con el objetivo de dinamitar lentamente la autoridad que ejerce Sarajevo en la entidad, aprovechando además su posición de miembro de la presidencia de Bosnia y Herzegovina para poder mejorar sus relaciones personales con otros altos mandatarios. Respecto a las propias acciones que ha empleado Milorad Dodik, caben destacar: la promoción de leyes locales que contradicen aquellas provenientes del Estado central; prohibir que ciertos cuerpos a nivel estatal operen en la entidad, como podría ser la policía, la fiscalía o tribunales; bloquear resoluciones que provengan del Alto Representante Internacional; o incluso; impulsar la creación de instituciones paralelas que reemplacen a aquellas que Dodik no quiere que se controlen desde Sarajevo. Todo esto ha creado ciertos precedentes que han permitido el establecimiento de una mayor independencia por parte de la entidad frente al Gobierno central de Sarajevo. Todas estas acciones permitieron parcialmente a Dodik mantenerse en el cargo incluso una vez emitida la orden de arresto hacia el mandatario. De hecho, él mismo rechazó la autoridad que tenía el tribunal para arrestarlo, y han sido policías locales de Srpska los que han impedido que los cuerpos pertenecientes al Gobierno central arrestasen al mandatario. Es más, Milorad Dodik ha estado realizando dos movimientos estos últimos meses para poder acelerar la separación entre Sarajevo y Banja Luka: el primero es la aprobación de leyes locales que contradicen e incluso rechazan la autoridad que tiene Sarajevo en ciertas cuestiones; y, por otro lado, Dodik ha intentado promover la redacción de una nueva Constitución para la República Srpska, que ahora está en proceso de elaboración. En esta, se especula que se pueda buscar el establecimiento de un ejército, policía o incluso inteligencia propia. De esta manera podemos ver cómo Dodik está buscando, a través de la confrontación con Sarajevo, una situación más favorable de cara a negociaciones con posibles socios, como podría ser la Unión Europea, ya que estas tácticas de coacción hacen que tanto Sarajevo como la Unión Europea sean más propicios a dar mayores concesiones a la entidad. Ahora bien, el hecho de que haya sido detenido no ha impedido que haya movido fichas dentro de su partido para poder encontrar al candidato idóneo que lo sustituya mientras no pueda presentarse a la presidencia. Poster propagandistico de la Alianza de Socialdemocratas Independientes en Banja Luka, donde se puede ver el uso de la figura de Dodik para captar votantes Un reflejo del espejismo con Serbia Antes de entrar en profundidad en cómo Dodik lleva a cabo la política internacional de la República Srpska, cabe aclarar que en los Acuerdos de Dayton se expresó que el Gobierno central de Sarajevo tiene la competencia exclusiva en política exterior, relaciones diplomáticas, comercio exterior, fronteras, cooperación internacional y tratados. Pero hay una cláusula que permite a las entidades establecer un tipo especial de relaciones bilaterales con aquellos Estados que lo consideren necesario, siempre y cuando no socave la soberanía de Bosnia y Herzegovina como Estado. En la práctica, esto permite a la República Srpska cierto grado de libertad para tomar decisiones paradiplomáticas. De esta manera, la República Srpska cuenta con Serbia con un “Acuerdo Especial de Relaciones Bilaterales Paralelas”, donde se establece un consejo de cooperación e incluso coordinación política. El acuerdo ha permitido que representantes de ambos lados hayan realizado reuniones tanto formales como informales de manera constante, además de establecer misiones diplomáticas tanto por parte de Srpska en Belgrado como por parte de Serbia en Banja Luka y en Trebinje. Para Belgrado, este trato especial con la entidad permite al país obtener una gran influencia en Bosnia y Herzegovina y también dentro de la propia Srpska, mostrando cómo el poder blando serbio considera este territorio como parte del proyecto irredentista de Aleksandar Vučić del “Mundo Serbio”. Ahora que nos focalizamos en el papel de Serbia y de territorios con ambiciones separatistas, es inevitable que se nos venga a la cabeza el caso de Kosovo. Esto nos es, a los internacionalistas, un ejemplo bastante claro –según la perspectiva y punto de análisis– ya que nos permite hacer una comparativa que las mismas autoridades de Srpska utilizan para justificar una posible secesión de Bosnia. Esto se debe a que en ambos casos nos encontramos con territorios que contaban con autonomía y en los que, en el caso de Kosovo, se promovió el derecho de autodeterminación (que la antigua Yugoslavia no concedía a Kosovo) después de una ocupación extranjera. Dodik justifica que, si Kosovo tiene derecho a ser considerado como Estado independiente por cuestiones étnicas, Srpska tampoco debería ser la excepción, propiciando que la posición de Bosnia y Herzegovina sea contraria a reconocer a Kosovo como Estado independiente, dado que esto podría propiciar un referéndum unilateral por parte de la República Srpska, apelando al mismo derecho de autodeterminación concedido a Kosovo. El alcance de los tentáculos de Dodik Ahora bien, Serbia no es el único Estado con el que Srpska busca materializar su diplomacia, ya que la entidad también es un peón fundamental para la Rusia de Putin, donde el mismo Dodik ha llegado a proclamar que tiene una relación de colaboración intensiva con Moscú en todos los campos. Aunque se pueden destacar dos ámbitos en los que ambos han cooperado de manera muy intensiva y que han beneficiado sobre todo a Srpska. Uno de estos es el campo de la seguridad, donde Moscú ha estado asesorando a Srpska para poder socavar la autoridad de Bosnia y Herzegovina con mayor efectividad, sobre todo en lo relativo a la cooperación entre cuerpos policiales. El segundo campo es el energético, donde Srpska ha firmado un acuerdo con Gazprom para que este se convierta en el principal proveedor de gas en la región. Por otro lado, es curioso cómo Dodik ha intentado internacionalizar la crisis institucional de Bosnia, buscando que Rusia promueva resoluciones en el Consejo de Seguridad que le favorezcan. Otro aliado bastante inesperado de la entidad es la Hungría de Orbán, con la cual se han establecido unas relaciones sumamente favorables, llegando incluso a desplegarse unidades de la unidad antiterrorista húngara (TEK) en la entidad durante la crisis política en la que se buscaba arrestar a Dodik. Todo esto ocurrió sin el conocimiento de Sarajevo, ya que iban camuflados como civiles y entraron por la frontera serbia. Incluso se llegó a temer desde el Gobierno central que Dodik escapase a Hungría. Orbán tiene la intención de consolidar a Hungría como una potencia regional, y este tipo de acciones son una muestra clara de que, desde Budapest, se ve a la Srpska de Dodik como una pieza fundamental del poder blando húngaro en la región. Aun así, Srpska también ha intentado mostrarse dispuesta a cooperar con Occidente. Esto se refleja cuando vemos que muchos de los consulados que tiene Srpska se encuentran en suelo europeo, occidental o aliado de la Unión Europea, como pueden ser Salónica, Bruselas, Stuttgart, Viena, Washington o Jerusalén. Pero, sobre todo, Dodik ha logrado diversificar bastante sus aliados más allá de Serbia; ya sea con Rusia, con China o con Hungría, que son considerados aliados de Banja Luka, simplemente intentando proyectarse en otros Estados aliados de Bosnia. ¿Hay esperanza de futuro? Habiendo profundizado ya sobre cómo funciona la República Srpska y el peso que tiene Dodik en la entidad, toca comentar cómo han ido las elecciones que se celebraron recientemente el 23 de noviembre en la entidad. En estas elecciones se enfrentaban los socialdemócratas independientes de Dodik, los cuales en su tiempo estuvieron como observadores de los socialistas europeos, pero que en la actualidad se consideran un partido populista y prorruso, liderados por Sinisa Karan. Por otro lado, nos encontramos con el Partido Democrático Serbio, de carácter más conservador, igualmente nacionalista serbio, pero que curiosamente es más proeuropeo, liderado por Branko Blanuša. Los resultados finales de las elecciones fueron muy ajustados, ganando los socialdemócratas con un 50,41 % de los votos, quedándose los demócratas serbios, siendo Blanuša un candidato prácticamente desconocido para la población serbobosnia, con apenas un 48,20 % de los votos. De todos modos, las elecciones no han estado exentas de polémicas, ya que los demócratas serbios han sugerido que ha habido fraude y han pedido que se repitan los conteos en varias ciudades serbobosnias, como Doboj. Como dato curioso, Orbán felicitó rápidamente a Karan por su victoria. En conclusión, como podemos ver en los resultados de las elecciones, es muy poco probable que se cambie el rumbo que ha estado tomando la entidad serbia durante estos últimos años. Además, Dodik no va a pisar la cárcel, ya que, a pesar de haber sido acusado por conductas anticonstitucionales, llegó a un acuerdo con la fiscalía para simplemente pagar una multa y retirarse temporalmente de funciones políticas. Aun así, en teoría, hay nuevas elecciones en 2026, dado que las circunstancias por las que se celebraron votaciones este año se debieron a la crisis política. Por lo tanto, todavía hay posibilidades de que haya algún cambio de cara al futuro por parte de los posibles nuevos candidatos. Pero se nota cuál es la opinión predominante en la población serbobosnia, la cual parece apoyar este tipo de confrontaciones. Aun así, solo queda esperar al devenir del tiempo y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Créditos foto: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132595689

La gran red de puertos, bases y alianzas marítimas impulsadas por Pekín redefine de manera profunda la geopolítica regional. En este artículo presento un análisis de sus orígenes, objetivos y repercusiones en el equilibrio geopolítico mundial. El concepto de “collar de perlas chino” alrededor del océano Índico se ha vuelto popular para describir esta red estratégica impulsada por China. Diversos análisis recientes han catalogado estas políticas como una de las estrategias geopolíticas más ambiciosas del siglo XXI, señalando que esta red de puertos, bases militares, alianzas diplomáticas e inversiones resultan clave para asegurar las rutas marítimas fundamentales para su economía y para los objetivos de su política exterior. Las preguntas que me hago para este artículo son: ¿Cómo este concepto emergió en la estrategia china? ¿Cuáles son los objetivos que busca Pekín a través de este “collar”? y ¿Representa un desafío al orden mundial vigente o responde simplemente a su necesidad de suministro energético y comercial? Contexto y marco general La importancia del océano Índico y del Indo-Pacífico para China es indiscutible, ya que en esta región se concentran las rutas estratégicas marítimas por las que transita más de la mitad del comercio petrolero mundial, a través de estrechos como el de Malaca y el de Ormuz. Esta dependencia se refleja en que, en 2021, más del 50 % de las importaciones petroleras chinas provenían del Golfo Pérsico, principalmente de Arabia Saudí, por lo que para Pekín garantizar estas rutas comerciales constituye una cuestión de supervivencia. En China ha surgido el denominado “dilema de Malaca”, que ilustra claramente las preocupaciones relacionadas con posibles bloqueos en este estrecho crucial, ya que cualquier interrupción afectaría gravemente a su economía y, por ese mismo motivo, desde los años 2000 el gobierno chino ha buscado alternativas logísticas fuera del Golfo. En paralelo al anuncio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China desplegó inversiones portuarias e infraestructuras que conectan Asia con el océano Índico, el mar Rojo y el Mediterráneo, de modo que el trazado de esta red forma literalmente una estructura en forma de collar desde China hasta Sudán, abarcando puertos desde el Pacífico hasta Europa. La prensa especializada resume esta visión estratégica como una auténtica “arquitectura de poder” diseñada para cimentar las posiciones chinas en mares ajenos. Objetivos estratégicos del collar de perlas Para Pekín, el collar de perlas responde a metas geoeconómicas y geopolíticas ambiciosas, ya que China, como primera potencia manufacturera mundial, necesita asegurar la exportación de sus bienes y la entrada constante de recursos básicos. En este sentido, la red de puertos funciona como un sistema de “nudos” logísticos que protegen las rutas comerciales, donde cada enclave actúa como un punto de apoyo para garantizar el tránsito de mercancías y energía. De hecho, las recientes inversiones en puntos estratégicos como Gwadar, en Pakistán, así como en Yibuti, responden a la necesidad de acortar las rutas hacia Oriente Medio, evitando el estrecho de Ormuz, del que proceden en gran medida las importaciones energéticas chinas, como ya he señalado anteriormente. Además, este collar refleja debilidades internas de Pekín, ya que, ante la escasez de materias primas nacionales, el Partido Comunista busca diversificar fuentes y asegurar el acceso a recursos en el extranjero. Fuentes especializadas señalan que los objetivos chinos incluyen el fortalecimiento del yuan, la reducción de la dependencia energética y la expansión de su poder geopolítico más allá de Asia. Los puertos del collar no son únicamente instalaciones comerciales, sino que muchos se diseñan con fines duales, y la particularidad de esta estrategia reside en su carácter híbrido, dado que China financia proyectos civiles que impulsan el comercio, y al mismo tiempo firma acuerdos militares y mantiene presencia naval en estos enclaves. A ello se suma la conocida diplomacia blanda china, basada principalmente en préstamos con bajas tasas de interés, cooperación tecnológica y vínculos empresariales que generan dependencias locales y abren la puerta a una futura presencia militar. Esta expansión responde al objetivo declarado de Pekín de garantizar la estabilidad energética y comercial de su economía y, al mismo tiempo, le permite proyectar su influencia geopolítica en países aliados o receptores de inversión. Infraestructura: nodos y alcance geográfico del collar Los informes especializados enumeran un amplio conjunto de puertos e instalaciones asociados a este proyecto, en China continental destacan puertos como Tianjin o Shanghái, así como bases navales en Sanya, en la isla de Hainan, mientras que en territorios en disputa, Pekín ha buscado posiciones en islas como Woody, en el mar del Sur de China, y en las Spratly. Fuera de China, la lista incluye Kampong Som en Camboya, el canal de Kra en Tailandia, los puertos de las islas Coco y Kyaukpyu en Myanmar, Chittagong en Bangladesh, Hambantota en Sri Lanka, Mirbat en Omán y Maldivas, Gwadar en Pakistán, Yibuti, Puerto Sudán en Sudán, e incluso El Pireo en Grecia. Así, el collar de perlas se proyecta a lo largo de todo el Indo-Pacífico, a modo de ejemplo, el primer eslabón concreto fue el puerto de Gwadar, conectado al Corredor Económico China-Pakistán, al que siguieron Hambantota, Chittagong, Kyaukpyu y otros, formando un rastro estratégico desde el Pacífico hasta el Índico. Cada enclave del collar cumple una función específica, facilitando la entrada de mercancías y el comercio local, pero también actuando como punto de reabastecimiento o de escala para la armada china en largas travesías, funcionando como “nudos de una cadena” diseñados para reducir las vulnerabilidades de la flota frente a chokepoints críticos como el estrecho de Malaca. La infraestructura del collar presenta así una doble faceta económica y militar, por un lado, China invierte de manera generosa en obras civiles como puertos, carreteras e industrias, fomentando el desarrollo local y consolidando su presencia económica, mientras que, por otro, establece acuerdos de cooperación en defensa, sistemas de vigilancia portuaria, permisos de atraque para sus buques, centros de mando conjunto e incluso bases navales, como la de Yibuti, esta estrategia dual permite a Pekín disponer de margen de maniobra, manteniendo relaciones comerciales fluidas en tiempos de paz y apoyándose en estas instalaciones en contextos de crisis o conflicto. El collar de perlas combina economía, logística, diplomacia y defensa en un mismo entramado, reforzado además por un esfuerzo de persuasión mediante créditos blandos y transferencias tecnológicas, lo que en algunos casos genera una fuerte dependencia de China para los países receptores. Dinámicas regionales y contradicciones Pekín sostiene que su estrategia es esencialmente defensiva y comercial, y no una ambición hegemónica, ya que, según fuentes oficiales chinas, el collar de perlas se basa en pactos mutuamente beneficiosos que respetan la soberanía nacional de los socios implicados. El propio gobierno de Xi Jinping subraya de forma recurrente que China no busca la hegemonía y que su creciente presencia marítima responde a la necesidad de proteger a sus ciudadanos y sus inversiones en el exterior. En teoría, la diplomacia china promueve la no intervención y el desarrollo compartido, presentando sus acuerdos como estrictamente comerciales y desprovistos de condiciones políticas. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la percepción de otros actores, ya que desde India y Occidente se observa con recelo el despliegue militar chino. Analistas indios interpretan el collar de perlas como un intento de “encerrar” a la India en el océano Índico, rodeándola de puertos bajo influencia china, y, en efecto, la alianza estratégica entre Pekín y Pakistán, junto con los estrechos vínculos con Sri Lanka, Maldivas, Myanmar y Bangladesh, reconfigura el mapa regional en detrimento de la influencia tradicional de Nueva Delhi. Aunque China niega cualquier estrategia de contención, las tensiones recurrentes, desde incidentes fronterizos hasta la venta de submarinos chinos a Pakistán, alimentan esta desconfianza. El collar de perlas pone así de manifiesto las tensiones internas de la estrategia internacional china, ya que, mientras el discurso oficial insiste en la construcción de un marco de cooperación basado en el respeto mutuo y la no intervención, la práctica revela una armada que opera cada vez más lejos de sus costas y una red de socios que refuerza progresivamente sus capacidades estratégicas. Esta contradicción resulta difícil de ignorar, pues un proyecto presentado como alternativa al orden históricamente dominado por Estados Unidos acaba apoyándose también en una creciente proyección naval, no como un gesto abiertamente confrontacional, sino como una forma de prevenir vulnerabilidades y asegurar intereses vitales. Esta ambigüedad, situada entre un discurso de paz y desarrollo compartido y la acumulación gradual de capacidades militares y logísticas, constituye uno de los rasgos más característicos del fenómeno y explica por qué el collar de perlas genera interpretaciones tan divergentes, ya que para China estas “perlas” económicas funcionan como un contrapeso a lo que percibe como la influencia hegemónica del siglo XX, mientras que para numerosos observadores externos representan riesgos geoestratégicos difíciles de ignorar, no tanto por su naturaleza actual, sino por el potencial que encierran en un contexto internacional cada vez más competitivo. Implicaciones para el orden internacional El collar de perlas tiene consecuencias que trascienden la región asiática, ya que, a través de esta estrategia, China aspira a desempeñar un papel dominante en el Indo-Pacífico. El despliegue naval chino, respaldado por inversiones de cientos de miles de millones de dólares en la Ruta Marítima de la Seda, apunta a un posible reequilibrio del poder global, mientras el gigante asiático moderniza su armada para proteger intereses en ultramar y mantiene misiones en el Índico desde 2009; a medida que extiende sus redes comerciales y de defensa más allá de Asia, China consolida una retórica diplomática propia que compite con las reglas occidentales, apoyándose en acuerdos bilaterales sin denuncias públicas, lo que contrasta con la lógica de libre tránsito global defendida por Estados Unidos y sus aliados. Esta dinámica incrementa las tensiones geopolíticas a escala mundial, dado que Estados Unidos ha respondido reorientando su estrategia hacia Asia desde la administración de Obama con su estrategia “Pivot to Asia” mediante alianzas como el Quad, junto a India, Japón y Australia, o AUKUS, con Australia y el Reino Unido, interpretadas en parte como un contrapeso a la creciente presencia militar china. A largo plazo, el éxito del collar de perlas podría contribuir a la consolidación de un sistema internacional más multipolar, con Asia como centro de la ecuación y China influyendo de manera decisiva en las reglas del comercio y la seguridad. No obstante, sus logros potenciales están condicionados a la capacidad de Pekín para sostener esta red frente a desafíos económicos, presiones internacionales y resistencias locales que podrían limitar su eficacia, por ahora, el collar de perlas constituye un indicio claro de que China está dispuesta a competir por la primacía global no solo en tierra, sino también en el ámbito marítimo, y su evolución será determinante para el equilibrio de poder mundial. Conclusión El collar de perlas chino puede entenderse como la manifestación más clara de una China que ha dejado de concebir su seguridad únicamente en términos continentales y ha asumido que su futuro económico, político y estratégico se juega, en gran medida, en el espacio marítimo. En esta estrategia destaca la necesidad de sostener un modelo de crecimiento profundamente dependiente del comercio exterior, la urgencia de garantizar un suministro energético estable y la voluntad de reducir vulnerabilidades históricas asociadas a rutas marítimas estrechas y fácilmente bloqueables, factores que explican por qué Pekín ha invertido de manera sostenida en puertos, infraestructuras y acuerdos a lo largo del Indo-Pacífico. Al mismo tiempo, esta ambición pone de relieve las tensiones internas de la política exterior china, ya que el discurso oficial del ascenso pacífico y de la cooperación se matiza al observar el carácter dual de muchas de estas infraestructuras, concebidas como proyectos civiles pero con un claro potencial estratégico y militar, lo que alimenta la percepción de que China no solo busca integrarse en el sistema internacional existente, sino también prepararse para un entorno más competitivo e incierto. Esta dualidad, lejos de ser una anomalía, constituye uno de los rasgos centrales del comportamiento internacional chino a lo largo del siglo XXI, donde economía y seguridad aparecen cada vez más entrelazadas. En el plano global, el collar de perlas refleja un desplazamiento progresivo del centro de gravedad del sistema internacional hacia el Indo-Pacífico, una región en la que China se posiciona como un actor capaz de disputar influencia y presencia de manera estructural, no a través de confrontaciones directas, sino mediante una acumulación gradual de capacidades, conexiones y dependencias. El alcance final de esta estrategia dependerá de su sostenibilidad económica, de la estabilidad política de los países implicados y de la reacción del resto de actores internacionales, que podrán limitar, condicionar o ralentizar su consolidación, pero difícilmente, ignorarla.

Costa Rica ha sido durante décadas una anomalía en América Latina. En una región marcada por dictaduras, conflictos armados y golpes de Estado, el edén centroamericano construyó su identidad sobre la decisión de abolir su ejército en 1948, prefiriendo apostar a la educación y la salud de sus ciudadanos. Desde entonces, Costa Rica se presentó ante el mundo como una democracia estable, un referente de paz y un destino de “pura vida” en medio de una región convulsa.     Hoy, mientras el mundo admira sus playas y selvas, esta imagen empieza a resquebrajarse. En los últimos años, el narcotráfico ha convertido al país en una ruta clave para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. Su ubicación estratégica, entre los grandes productores de cocaína en Sudamérica y los principales mercados de consumo, en el norte del continente, ha hecho el país un punto de tránsito atractivo para organizaciones criminales transnacionales. El narcotráfico parece ser el tema estrella de la agenda regional estos días. Tanto así que, incluso, el presidente Donald Trump parece ya saber ubicar San José (Capital del país) en el mapa, luego de que este lo incluyera en un listado publicado el 15 de septiembre del 2025 sobre los peores países del mundo en materia de seguridad.   Dejando de lado las opiniones del líder, la realidad es que Costa Rica ha experimentado un aumento sin precedentes de la violencia a partir del año 2023, considerado el año más violento de la historia nacional con 907 crímenes para una tasa de homicidio del 17,2 por cada 100 mil habitantes. Durante el 2024, Costa Rica comenzó a aparecer junto a países como Honduras y Guatemala en los registros regionales de narcotráfico. Para dimensionar lo que esto implica, Honduras se ha posicionado como el país más violento de Centroamérica según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que evidencia la gravedad del fenómeno,     La paradoja es evidente: un país sin ejército enfrenta una guerra que no declaró. Una guerra sin frentes definidos, sin enemigos visibles y sin una estrategia militar clásica. El narcotráfico no solo atraviesa el territorio, sino que erosiona el tejido social, desafiando la autoridad del Estado y pone en entredicho, en un escenario regional cada vez más inestable, uno de los pilares fundamentales del proyecto costarricense: la seguridad sin militarización.    De la guerra civil al “Pura Vida”: el país que cambió soldados por escuelas  Fue en un contexto dominado por la lógica belicista de la Guerra Fría, y en plena reconfiguración geopolítica, cuando José Figueres Ferrer- líder de la Revolución de 1948- abolió el ejército al término de la Guerra Civil y ordenó dinamitar el cuartel Bellavista frente a una multitud emocionada y un tanto dudosa. Esa guerra civil, que duró solo 44 días entre marzo y abril de 1948 pero dejo unos 3,000 muertos en un país de menos de 1 millón de habitantes en ese entonces, enfrentó a fuerzas lealistas del gobierno de Teodoro Picado, aliadas a comunistas del Partido Vanguardia Popular, contra los rebeldes de Figueres, que luego de haber sido expulsado del país en 1942 por impulsar protestas del sector empresarial alemán y germano-costarricense que estaban siendo sometidos por medidas represivas de parte del gobierno, regresa en 1944 convertido en líder político de los sectores opositores al gobierno de Picado y Rafael Calderón Guardia.   Las elecciones de 1948 enfrentaron a Otilio Ulate, candidato de la oposición y compañero de José Figueres, contra Calderon, reflejando la polarización política arrastrada durante los años anteriores. Las elecciones dieron como vencedor a Ulate, pero su resultado debía ser ratificado por el Congreso Nacional, entonces dominado por republicanos y comunistas. El informe electoral presentado al Congreso, acompañado del voto disidente de un magistrado, derivó en la anulación de los comicios. Esta decisión se convirtió en el detonante de la Guerra Civil de 1948, que comenzó el 12 de marzo con el alzamiento armado liderado por Figueres.   Motivado por el trauma que dejó el conflicto armado interno, el temor a que Costa Rica repitiera el ciclo de golpes militares que azotaron a gran parte de América Latina y la convicción de que un ejército pequeño y altamente politizado representaba una amenaza interna mayor que una garantía de defensa externa, Figueres apostó el 1 de diciembre de 1948 por desmantelar ese poder antes de que se convirtiera en un factor de inestabilidad. Esta medida quedó consagrada en la Constitución Política de 1929 art. 12. aboliendo permanentemente las Fuerzas Armadas. La decisión no sólo redefinió el modelo de seguridad del país convirtiéndolo en el primer país del mundo en no tener ejército, sino que desde entonces todo el gasto militar por ley se traspasó a la educación y salud pública, estimadamente entre el 4% y el 7% del producto interno bruto de la época. Con ello, Costa Rica establece los cimientos de un Estado de bienestar social orientado a la prevención estructural de la violencia.     Cuando Fernando Volio, representante costarricense ante la ONU destacó esta experiencia como contribución pionera a la paz mundial, no recibió elogios sino cuestionamiento que tildaban al país de “sub-Estado” indigno del respecto global y comparable a un “mini-Estado” vulnerable sin capacidad defensiva. Circularon incluso rumores de que la proscripción era una fachada, con un ejército camuflado detrás de la policía civil. Sin embargo, con el tiempo Costa Rica demostró lo contrario: su neutralidad facilitó mediaciones en crisis centroamericanas, albergó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979 y se posicionó como líder en desarme global, transformando el escepticismo inicial en admiración por la “Suiza centroamericana”. Su reputación como país pacífico y seguro se convirtió en un activo clave para el turismo a récord de 2.6 millones de visitantes en 2024, y se encuentra en el puesto 62 de 193 países del Índice de Desarrollo Humano (2023).    ¿Cuándo el narcotráfico se convirtió en una amenaza para Costa Rica?   El narcotráfico irrumpió como una amenaza grave en Costa Rica desde aproximadamente 2010, cuando los principales cárteles colombianos y mexicanos comenzaron a utilizar el país como corredor para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y el Viejo Continente. La combinación de 1290 km de costas porosas, una ubicación geográfica bisagra y puertos previamente orientados a la exportación agrícola, como Limón-Moín y Puntarenas, facilitó inicialmente un tránsito relativamente discreto. Sin embargo, tras 2018, esta dinámica escaló: el Clan del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) establecieron alianzas con bandas locales, especialmente con el Caribe Sur y los Picudos, consolidando una presencia más estructurada. En 2025, los decomisos de droga alcanzaron alrededor de 60 toneladas, pero los flujos persisten, mientras el país enfrenta la presencia creciente de drogas sintéticas, como el fentanilo, que añade complejidad a la crisis.    Asimismo, también pensamos que se suman factores regionales implicando la reconfiguración de las rutas criminales. Las políticas públicas y medidas represivas implementadas en países vecinos con alta presión del crimen organizado, como Honduras, El Salvador y Guatemala, generaron un efecto desplazamiento buscando territorios menos saturados. Además, la pandemia disparó el desempleo juvenil facilitando el reclutamiento local por parte de las redes de narcotráfico y alimentando tanto el tránsito como el consumo interno.    Las debilidades estructurales del Estado han facilitado aún más la infiltración de estas organizaciones. La vigilancia limitada de fronteras con Nicaragua y Panamá, la insuficiencia de recursos de la policía y la corrupción judicial han creado un entorno donde los grupos criminales pueden operar con facilidad. Esta vulnerabilidad se evidencia en casos recientes de alto perfil. El 23 de junio de 2025, Celso Gamboa, exministro de Seguridad entre 2014 y 2025, fue capturado en San José tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos por cargos de conspiración y complicidad en el tráfico y distribución de cocaína. El caso Gamboa no es un hecho aislado. El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema solicitó al Congreso retirar la inmunidad del presidente Chaves Robles para que pueda enfrentar investigaciones por corrupción. Además, se ha registrado una ola de casos que involucran a jueces, fiscales, abogados y personal administrativo presuntamente implicados en el fraude registral, apropiaciones indebidas de propiedades y lavado de dinero a través de terrenos en desuso.    Costa Rica ha dejado de ser un tránsito relativamente discreto y se enfrenta hoy a un fenómeno complejo de seguridad, económico y social de amplio alcance. Con todo esto sobre la mesa, las elecciones del 2026 serán un escenario clave donde se jugará mucho más que votos.   Bajo el fuego del crimen: un país en transformación   La tasa de asesinatos pasó de 10 por cada 100,000 habitantes en 2010 a 16,7 por cada 100,000 habitantes en 2025, con 873 homicidios registrados, mayoritariamente concentrados en las zonas de Limón, San José y Puntarenas, posicionando al país en su tercer año consecutivo con niveles históricamente altos. Entre el 60 y 70% de estos crímenes están vinculados al narcotráfico, principalmente ajustes de cuentas entre bandas. Las víctimas son mayoritariamente jóvenes entre 18 y 39 años, aunque los civiles colaterales, incluidos niños afectados por extorsiones, también sufren las consecuencias de esta violencia organizada.   La vida de los costarricenses se ha transformado completamente. Según la encuesta CIEP de 2025, el 68% de los habitantes perciben un alto nivel de inseguridad. Comercios han cerrado, escuelas han tenido que ser evacuadas por tiroteos, y en zonas bajo control de redes narco, los “toques de queda” informales regulan la vida social. La economía también resiente la crisis. El turismo, que representa aproximadamente el 8% del PIB, sufrió una caída del 5% en reservas de hoteles o servicios turísticos durante 2025 debido a robos y asaltos en playas.   La crisis del narcotráfico en Costa Rica refleja como un fenómeno transnacional puede impactar incluso a un país históricamente percibido como seguro y estable. La narrativa social y política se encuentra fracturada: el tradicional lema “Pura Vida” choca con la realidad de la “guerra narco”, generando tensiones culturales y debates políticos. El presidente Rodrigo Chaves declaró que Costa Rica enfrenta un “Estado contra las mafias” y ha propuesto medidas de políticas de mano dura. Y aunque muchos podrían encontrarse la magnitud de la crisis menor en comparación con países vecinos, su intensidad relativa es significativa, especialmente considerando se está empezando a cuestionar si la ausencia de ejército en Costa Rica, hasta ahora un símbolo de paz, sigue siendo suficiente para enfrentar los retos que impone el narcotráfico y las nuevas dinámicas del poder internacional.

El año 2026 se configura en África como en el resto del mundo, pleno de procesos electorales, siendo un año sumamente crucial del presente ciclo político mundial en general, y en África específicamente, con  hasta 18 países celebrando procesos presidenciales y legislativos y decenas de millones de ciudadanos llamados a las urnas. Estas elecciones no sólo determinan gobiernos en África, sino que ponen a prueba la calidad democrática y la capacidad de los Estados africanos de canalización pacífica de la competencia política.  Sin embargo, el elevado número de procesos electorales que observamos agendados en el continente no tiene porqué significar un síntoma de calidad democrática elevada, al contrario, suele reflejar tensiones internas entre sistemas dominados por líderes de largo mandato, presiones sociales por reformas profundas en democracias nuevas y choques sociales ante cambios estructurales.  El escenario regional africano invita a la reflexión, en una década marcada por retrocesos democráticos en algunos países de la zona, golpes de Estado, reformas constitucionales controvertidas y una creciente brecha entre legalidad electoral y legitimidad política, acrecentada desde el año 2021, con procesos aún abiertos de guerras, juntas de transición militares e intentos de golpes de Estado en numerosos países, especialmente en el Sahel y África Occidental, como son el caso de Malí, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Benín, Camerún o Níger. Esto ha tenido varios efectos clave sobre los procesos electorales de 2026, como la normalización del discurso anti-democrático en ciertos contextos, donde las elecciones son vistas como una mera formalidad sin esperanzas de cambio; un refuerzo del autoritarismo preventivo con gobiernos civiles endureciéndose para evitar rupturas; y una reducción de la presión internacional en la zona por el temor de una mayor desestabilización, que conlleva muchos factores que no podríamos entrar a analizar en este artículo. Por ello es que, aunque África continúa celebrando elecciones de forma regular, múltiples informes internacionales coinciden en que, en numerosos países éstas se desarrollan en entornos cada vez más hostiles y restrictivos, con un uso intensivo del aparato estatal para reducir de forma progresiva el espacio cívico sistemáticamente. Todo ello, sumado a que la enorme cantidad de países africanos se encuentran en una fase de crecimiento exponencial de su población y una juventud que cada vez engloba más masa social siendo gobernada por personas de edad avanzada con liderazgos eternos, como son el caso de Camerún, Guinea Ecuatorial o Uganda. El caso de Uganda, que celebra elecciones generales el 15 de enero, sintetiza muchas de las mismas: continuidad de un liderazgo de larga duración, oposición desactivada aunque moviéndose dentro de sus limitaciones, juventud movilizada con un papel clave de la Generación Z, instituciones electorales cuestionadas y una comunidad internacional dividida entre cooperación estratégica y preocupación por la legitimidad democrática. África Oriental: estabilidad relativa, autoritarismo y tensiones latentes Resulta imposible comprender el caso ugandés sin antes haber entrado a analizar su entorno regional, al que pertenece y en el que se inscribe no sólo en términos geográficos, sino de evolución político-social. África Oriental se ha consolidado en las últimas dos décadas como una de las regiones más destacables del continente africano desde el punto de vista geopolítico, económico y de seguridad internacional. Países como Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda, Etiopía o Sudán del Sur, si bien con sus diferencias, ocupan rasgos y retos ciertamente similares en términos, por ejemplo, de lucha contra el terrorismo regional (especialmente contra Al-Shabaab), las rutas comerciales del Índico, la gestión de refugiados y flujos migratorios (que proceden de flujos entre ellos mismos, Somalia y Sudán en este caso), cooperación regional en términos militares y de acceso a recursos naturales estratégicos (energía, minerales o tierras agrícolas).  Por otro lado, a diferencia del Sahel, donde los patrones tienen otras características y han generado rupturas institucionales abiertas, África Oriental presenta regímenes formalmente constitucionales, pero con rasgos persistentes de autoritarismo electoral, destacados por liderazgos prolongados, reformas constitucionales diseñadas para perpetuar gobiernos, elecciones periódicas con fuerte represión de la oposición social y política (como se pudo observar en el proceso electoral de Tanzania) y la restricción progresiva del espacio cívico y mediático. En este caso, Uganda encaja con esta narrativa junto a casos como Ruanda o el previamente explicado de Tanzania, donde la estabilidad ha sido priorizada sobre la competencia política real y la eficiencia democrática. En último lugar, otro factor regional es la juventud y presión social, pues, sin ir más lejos, en países como Uganda más del 70% de la población tiene menos de 30 años, lo que introduce variables interesantes en términos de expectativas de movilización social, desempleo juvenil estructural, mayor activismo en redes y mayor sensibilidad a abusos de poder y corrupción sistemática, Todo este escenario político, social y económico ha incrementado las tensiones estructurales entre los intereses de estabilidad defendidos por actores internacionales y las demandas internas de apertura democrática, generando una condición real en los procesos electorales próximos en la zona en 2026. Uganda: antecedentes históricos y formación del sistema político actual La Uganda actual tampoco puede comprenderse sin una lectura de su trayectoria post colonial caracterizada primeramente por la violencia, posteriormente por la militarización, y finalmente por la consolidación de un régimen que, aún habiendo erosionado la democracia, ha conseguido la estabilidad que años antes le faltaba a Uganda. El proceso electoral de 2026 es el resultado acumulado de más de seis décadas de tensiones no resueltas. Tras su independencia en 1962, Uganda heredó un Estado débil, profundamente fragmentado por divisiones étnicas, regionales y administrativas exacerbadas durante el periodo colonial británico. Las primeras experiencias de gobierno civil no lograron consolidar instituciones estables ni un consenso nacional sobre el ejercicio del poder. La política pronto se vio absorbida por luchas internas, intervenciones militares y una creciente personalización del liderazgo.  Posteriormente, el golpe de Estado de 1971 que llevó al poder a Idi Amin supuso una ruptura total del orden institucional. Durante su régimen, Uganda se convirtió en uno de los ejemplos más extremos de autoritarismo militar en África, con asesinatos masivos, exilios forzados, colapso económico y aislamiento internacional. La violencia sistemática destruyó la confianza ciudadana en el Estado y dejó una huella duradera en la relación entre poder y sociedad. Principalmente por todo ello fue que la caída de Amin en 1979 no implicase una transición democrática ordenada. La década siguiente estuvo marcada por guerras civiles, gobiernos efímeros y disputas armadas entre facciones, lo que reforzó la percepción social de que la política era sinónimo de caos, una narrativa que más tarde sería instrumentalizada por el régimen posterior para justificar la centralización del poder. El acceso al poder de Yoweri Museveni en 1986 representó finalmente un punto de inflexión histórico, el fin de las idas y venidas del sistema ugandés. Tras liderar una insurgencia armada exitosa, Museveni se presentó como un reformador pragmático que era capaz de restaurar el orden, reconstruir el Estado y evitar el retorno a la violencia y a la inestabilidad circular y endémica previa. En sus primeros años de hecho su gobierno contaba con amplia legitimidad y apoyo social tanto interno como internacional, especialmente por esa retórica previamente deslizada sobre la disciplina institucional y la reconstrucción nacional.  El nuevo régimen de esta forma priorizó la seguridad, la estabilidad macroeconómica y la reconstrucción administrativa, permitiendo así avances significativos en indicadores básicos de crecimiento y gobernabilidad, sentando las bases de un sistema donde la estabilidad es el valor añadido supremo del país, por encima de la transición a una apertura democrática. De esta forma, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM) no sólo era un partido, se veía como un proyecto de Estado, un presente y un futuro, fusionando la estructura partidaria con el aparato gubernamental y militar. Esta fusión estructural precisamente explicará la dificultad posterior para separar competencia política y control institucional. Durante la década de 1990, Uganda fue presentada como un modelo de “buen gobierno africano”, especialmente por organismos financieros internacionales. Sin embargo, este reconocimiento convivía con un sistema político profundamente controlado. El modelo de “democracia sin partidos” restringía la actividad partidaria bajo el argumento de evitar divisiones sectarias, pero en la práctica eliminaba la competencia real. La adopción de la Constitución de 1995 formalizó un sistema presidencialista fuerte, con garantías de derechos fundamentales, pero también con amplias facultades para el Ejecutivo. A partir de los años 2000, el equilibrio entre estabilidad y apertura comenzó a romperse definitivamente. La eliminación del límite de mandatos presidenciales en 2005 y del límite de edad en 2017 marcó el tránsito hacia una presidencia sin horizonte de alternancia, consolidando un modelo de poder personalista sostenido por reformas legales, disciplina partidaria y control de las fuerzas coercitivas del Estado. Uganda en la actualidad: un sistema autoritario, coercitivo y con un Partido de Estado La arquitectura formal del estado ugandés se define de forma constitucional como una república presidencial con separación de poderes, en la cual el presidente concentra jefatura de Estado, Gobierno y Fuerzas Armadas, siendo el Parlamento unicameral un órgano legislativo y de control, y con un Poder Judicial formalmente independiente. Si bien es cierto que en la práctica el sistema funciona bajo una lógica de dominación del poder ejecutivo, donde el parlamento se encuentra ampliamente dominado por el NRM y donde la independencia judicial no se cumple de facto, encontrándose limitada por presiones políticas, nombramientos estratégicos y autocensura institucional. Las instituciones clave (la Comisión Electoral, Fiscalía, fuerzas de seguridad del Estado y organismos reguladores y recaudatorios) entran dentro de un sistema que favorece de forma permanente al poder impuesto en el gobierno. La figura de Yoweri Kaguta Museveni constituye el elemento central del sistema político de Uganda, hasta el punto de que el régimen vigente es difícilmente comprensible sin su liderazgo personal. En el poder desde 1986, su liderazgo se ha consolidado a través de una combinación de legitimidad histórica —derivada de su papel en la pacificación del país tras décadas de violencia—, control institucional y capacidad para adaptar el marco legal a las necesidades de continuidad del régimen. Museveni actúa, además, como garante último de la estabilidad interna y regional, un rol que ha reforzado su posición tanto dentro de Uganda como ante socios internacionales. Su liderazgo ha sido clave en la proyección de su país como actor relevante en seguridad regional, lo que ha contribuido a amortiguar las críticas externas sobre la calidad democrática del país. En términos internos, la centralidad de Museveni ha generado un sistema altamente personalizado, en el que la lealtad política, militar y administrativa converge en su figura. Esta personalización del poder plantea interrogantes estructurales sobre la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, especialmente en ausencia de un proceso claro y consensuado de sucesión, convirtiendo la cuestión en un desafío estratégico para el futuro del Estado ugandés. Dentro de este entramado tiene un papel relevante el NRM, que funciona como un partido hegemónico, con acceso privilegiado a recursos públicos, redes clientelares y estructuras administrativas en todo el territorio nacional. Esta posición le permite movilizar apoyo político incluso en zonas rurales donde el Estado es el principal proveedor de servicios, y con una oposición que opera en condiciones estructuralmente desiguales, con limitaciones financieras, restricciones administrativas y una exposición constante a la coerción estatal. Este desequilibrio convierte las elecciones en procesos competitivos solo en apariencia, donde el resultado está condicionado por el entorno institucional previo más que por la libre competencia de programas. Otro de los pilares centrales del sistema político ugandés es el papel de las fuerzas armadas y policiales. Su presencia en la vida pública va mucho más allá de funciones de seguridad, extendiéndose al control de protestas, la regulación de campañas políticas y la disuasión de la movilización ciudadana. Durante periodos electorales, la militarización del espacio urbano se intensifica, enviando un mensaje claro sobre los límites de la disidencia. Esta lógica ha contribuido a una cultura política donde el miedo y la autocensura son factores determinantes en la participación ciudadana. Teniendo en cuenta todos los factores previamente explicados sobre la funcionalidad interna de Uganda como Estado, podemos entender de forma clara que es una autocracia electoral con partidos pero compitiendo bajo una desigualdad evidente. Freedom House por ejemplo califica a Uganda como “Not Free” con baja puntuación en derechos políticos y libertades civiles, con una puntuación global de 34/100 en 2025. Fue calificado con un 4.49 sobre 10 en el índice de democracia de The Economist 2024, manteniéndose en niveles similares a los años anteriores en todas sus categorías y convirtiéndolo en un régimen híbrido según sus criterios. Los principales déficits identificados incluyen la falta de independencia en la Comisión Electoral, el uso de leyes para limitar la oposición, la criminalización de la protesta y las restricciones claras a la libertad de prensa y expresión. Elecciones generales de 2026: estructuras, dinámicas y un aviso de la ONU Las elecciones generales previstas para enero de 2026 incluyen la elección presidencial y parlamentaria. Con más de 21 millones de votantes registrados, el proceso representa uno de los mayores ejercicios electorales en África Oriental. La Comisión Electoral es responsable de la organización, aunque su independencia ha sido cuestionada reiteradamente por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. En este proceso, los candidatos son Yoweri Museveni, quien se presenta nuevamente como garante de la estabilidad para resolver su próximo mandato, llevando este mismo año 40 en el poder, con un discurso que apela al miedo al retorno del caos, enfatizando su experiencia y el papel de Uganda como actor regional clave; y Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, quien encarna la ruptura generacional, el descontento juvenil,  urbano y digital, con un programa que presenta reformas institucionales, lucha contra la corrupción, empleo activo juvenil y respeto por los derechos humanos. El proceso pre electoral ha sido ciertamente tenso, con Bobi Wine denunciando al inicio de la campaña electoral, el 7 de diciembre, una agresión perpetrada por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Gulu, al norte del país, donde también afirmó que las fuerzas de seguridad habían entrado previamente en una oficina de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional. Hubo disturbios, dispersiones y temor tanto aquel día como el resto de la campaña. Tal fue así que el gobierno de Uganda anunció el 5 de enero la prohibición de la emisión en directo de disturbios, actos y procesiones ilegales o “incidentes violentos” de cara a las elecciones presidenciales en sus últimas dos semanas de campaña, contando con diversas denuncias de organismos como Amnistía Internacional, quien ese mismo día denunció arrestos arbitrarios, torturas, represión ilegal con fuerza innecesaria y excesiva, y una campaña de represión contra la oposición y sus partidarios. Además, el mismo 13 de enero, la Comisión de Comunicaciones de Uganda ha ordenado el bloqueo temporal del acceso público a internet a dos días de las elecciones generales “por motivos de seguridad”  Tal es el clima de represión y de tensión, que la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe el viernes previo a las elecciones (9 de enero) en el que declara que “las autoridades ugandesas deben garantizar que todos los ugandeses puedan participar de forma libre y segura en las elecciones, tal y como es su derecho según el Derecho Internacional (...) deben, entre otras cosas, garantizar que no se hace un uso desproporcionado o innecesario de la fuerza, incluida fuerza letal, para dispersar a manifestantes pacíficos” según ha declarado Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así, los días previos a las elecciones se viven sin acceso a internet, sin conocer lo que ocurre dentro del país, con informes evidentes de represión sistemática contra la población que ejerce su derecho de reunión, manifestación y libre expresión, con un país con cada vez más presión demográfica de una población muy joven gobernada por un líder con más de 80 años y con grandes retos sociales, económicos y políticos, y con una comunidad internacional que revisa muy de cerca la situación electoral, denunciada por Amnistía Internacional y alertada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué impacto post-electoral podría haber en Uganda? Estabilidad sin democracia La más que probable renovación del mandato de Yoweri Kaguta Museveni en el poder consolidaría nuevamente un sistema que, sí bien formalmente contiene separación de poderes y es constitucional, ha derivado hacia una autocracia electoral personalista plenamente estabilizada, que garantizaría previsibilidad a corto plazo al precio de profundizar la erosión de la legitimidad democrática interna. Su continuidad conviene a ciertos actores internacionales interesados en seguridad regional, control migratorio o explotación de recursos naturales, pero sin duda para el país de forma interna es algo evidentemente negativo, y que además no es apoyado por un grueso poblacional evidente. Sin embargo, el riesgo no sólo reside en la perpetuación en el poder, sino en la normalización de que un sistema político vea la alternancia como un peligro desestabilizador y una amenaza a su construcción nacional en lugar de un principio básico en la democracia, y que unas elecciones no deben confirmar siempre un poder existente, sino ser un mecanismo de rendición de cuentas ante el pueblo. De esta forma, un resultado ampliamente cuestionado —como ya ha ocurrido en ciclos electorales anteriores— podría detonar protestas significativas, especialmente entre una juventud urbana que se siente sistemáticamente excluida del sistema político y económico. Estas movilizaciones no deben interpretarse como un fenómeno desestabilizador en sí mismo, sino como el síntoma inevitable de un sistema que ha cerrado sus canales de participación efectiva. La respuesta del Estado a este tipo de contestación será determinante. Una estrategia basada en la represión, la militarización del espacio público y la criminalización del disenso no solo agravaría las tensiones internas, sino que aceleraría la desconexión entre Estado y ciudadanía, profundizando una fractura social que ningún aparato de seguridad puede contener indefinidamente. Al haber precedentes ya de este tipo de acciones, es algo bastante probable que desencadenaría en inestabilidad interna. Uganda se encuentra hoy ante una disyuntiva profunda: seguir gestionando el poder como un recurso a preservar o transformarlo en un mandato sujeto a la voluntad ciudadana real. El problema ya no es únicamente Museveni ni su permanencia en el poder, sino un sistema político que ha sido diseñado para sobrevivir sin alternancia y sin rendición de cuentas efectiva. La pregunta central que plantea el proceso de 2026 no es quién ganará las elecciones, sino si Uganda es capaz —o está dispuesta— a reconectar estabilidad con democracia, autoridad con legitimidad, seguridad con derechos. Hasta ahora, el sistema ha optado sistemáticamente por aplazar esta reconciliación en pro de su supervivencia, pero es momento de ser capaces de renovarse democráticamente sin colapsar.

El pasado 28 de diciembre estallaron las que fueron las primeras protestas en Irán. Unas protestas que se han ido intensificando y amenazan con acabar con el régimen islamista de Alí Jamenei, el cual lleva en el poder desde 1989. Sin embargo, esta revolución ya ha dejado más de medio millar de muertos y alrededor de 11.000 detenidos, siendo según expertos la revolución más sangrienta en la República islámica en más de medio siglo.  Además de las protestas internas, Irán afronta una gran presión internacional, principalmente proveniente de Estados Unidos e Israel, los cuales están atentos para intervenir en cualquier momento en Irán y así debilitar aún más el régimen. Orígenes Las protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre cuando comerciantes del Gran Bazar de Teherán salieron a las calles de la capital, debido al descontento por la fuerte caída del rial iraní, el cual había perdido más del 40% de su valor desde la guerra de 2025 con Israel. Esta devaluación de la moneda ha traído una gran subida de precios y una grave situación económica en el país.  Asimismo, la crisis alimentaria ha sido grave, ya que los productos básicos, como el aceite de cocina o el pollo habían subido alrededor de un 70% de la noche a la mañana o incluso desaparecieron completamente de las tiendas. Por lo que el gobierno iraní intentó contener el descontento ofreciendo una ayuda directa equivalente a unos 7 dólares americanos al mes, aunque la medida no resultó muy efectiva.  Un día después, el 29 de diciembre ya se extendieron hacia varios puntos del país, llegando actualmente a las 31 provincias del país y más de 100 ciudades. Además fuentes de alta fiabilidad han confirmado que han habido hasta 290 protestas desde el 29 de diciembre, 81 de ellas en Teherán. Otros puntos de grandes protestas han sido la ciudad de Mashhad en la provincia de Jorasán Razavi, Hamadan, Ispahan o Bandar Abbas en la provincia de Hormozgan.  Desde un principio, los manifestantes mostraron críticas al líder supremo, con frases como “Muerte al dictador” en la isla de Qeshm o “Seyyed Alí será derrocado este año” en Zanyán. La primera semana de enero, las regiones de mayoría kurda, Ilam y Lorestan fueron grandes focos de disturbios, impulsados por las divisiones étnicas y la pobreza, las multitudes incendiaron las calles y coreaban “Muerte a Jamenei” desafiando al líder supremo de Irán. Otro símbolo principal de las protestas han sido las mujeres. Aunque todo un pueblo clama por un cambio radical de gobierno que les devuelva la dignidad y las libertades, las mujeres también lo hacen por el fin de la brutal opresión y represión, el control sobre sus vidas y las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos en nombre de una religión. Las protestas por parte de las mujeres se basan en quitarse el velo en público, quemar fotos de dirigentes y exdirigentes, fumar, bailar, cantar…  Reza Pahlavi Reza Pahlavi es el hijo mayor del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979. Desde entonces, Pahlavi se ha convertido en la figura central de la oposición al régimen iraní, ya que promueve una transición democrática. En varios mensajes, llamó a los iraníes a ocupar las calles del país, además de pedir a trabajadores de sectores clave, como el del transporte, petróleo, gas y energía a paralizar sus labores en procesos de huelgas a nivel nacional. Además a través de varias publicaciones en X ha pedido a los empleados de las instituciones estatales y Fuerzas Armadas y de seguridad a ponerse del lado del pueblo y convertirse en héroes de la nación, en vez de ser cómplices de los asesinos del pueblo y soportar la vergüenza eterna de la nación. Asimismo, ha solicitado a todas las representaciones de Irán en el extranjero a retirar la “vergonzosa bandera” de la República islámica y en su lugar izar la bandera usada antes de la Revolución de 1979, defendiendo que todos los consulados y embajadas pertenecen al pueblo iraní. Por otra parte, la ausencia de figuras capaces de ejercer un liderazgo dentro y fuera del país ha contribuido a que Pahlavi sea una de las pocas opciones reales para liderar una posible transición, comprometiéndose a regresar a casa casi 50 años después en el caso de que el régimen de Jamenei caiga. Restricción de internet y las telecomunicaciones El día 8 de enero las protestas se empezaron a descontrolar, llegando a hasta 50 muertos, por lo que sobre las 20:30 hora local, el gobierno decidió desconectar y aislar a los iraníes. No solo cortaron el acceso a internet, sino que también las líneas telefónicas fijas y móviles, además de que hicieron el esfuerzo de bloquear señales GPS e interrumpir el acceso a Starlink, la “constelación” de satélites de Elon Musk que ofrece internet desde el espacio. Más del 99% de la población iraní se quedó sin internet, mientras que de las 40.000 personas que tienen suscripciones a Starlink en Irán, el 30% también se ha visto afectado por los cortes de internet. Según el ministro de exteriores de Irán, Abbas Araqchi, el corte de internet se debe a que se vieron amenazados por operaciones terroristas ordenadas desde el extranjero. Según fuentes del gobierno, los servicios de seguridad de Irán han arrestado a la mayoría de sujetos que apuntan a que han recibido dinero a cambio de actos específicos de sabotaje. El 12 de enero, algunas personas tuvieron la posibilidad de realizar llamadas a números internacionales, aunque las llamadas internacionales entrantes siguen estando prohibidas e internet sigue sin funcionar. "No se pueden cobrar cheques, el flujo de dinero se ve interrumpido, los negocios se ven afectados, los camioneros no trabajan como de costumbre, por lo que las mercancías no llegan de la fábrica al consumidor; es la vida cotidiana", comentó el experto iraní en derechos digitales Amir Rashidi.  Sin embargo, durante el apagón se han seguido difundiendo imágenes y vídeos de los enfrentamientos mediante una serie de herramientas en línea diseñadas para eludir la censura, incluidos servidores proxy de Telegram, navegadores y un servicio de mensajería seguro llamado Delta Chat. Aunque aquellos que difunden las protestas corren un gran riesgo debido a la censura por parte del gobierno. Magnitud de los enfrentamientos Hasta el apagón apenas se habían registrado alrededor de 50 muertos y unos centenares de detenidos. Sin embargo, desde el 8 de enero los muertos se han ido multiplicando hasta llegar según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) a 734 muertos, de los cuales 9 eran menores. Otras organizaciones como Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportan más de 500 muertes y casi 10,700 detenciones. Sin embargo, debido a la escasa información que llega desde el país varias ONG's apuntan a que hay miles de muertos desde que comenzaron las protestas. Con la llegada del  apagón, el régimen iraní ha aprovechado para recrudecer la represión, incluyendo francotiradores reprimiendo a la población, de detenciones masivas y del terror instaurado en decenas de ciudades. “Muchos de los fallecidos presentan heridas de bala en la cabeza y el cuello” afirman médicos de distintos hospitales del país.  Además, el gobierno iraní ya tiene preparadas las primeras ejecuciones de manifestantes arrestados durante las protestas. Una de las primeras víctimas será Erfan Soltani, un joven de 26 años, que ya ha sido condenado a muerte en un juicio sumarísimo y cuya ejecución por ahorcamiento está prevista para este miércoles. Según Hengaw, una organización humanitaria Soltani fue arrestado en su domicilio particular en Fardis, un barrio en la periferia de Teherán.  Desde su arresto, Erfan Soltani se ha visto privado de sus derechos más básicos, como el acceso a asistencia jurídica, el derecho a la defensa y otras garantías procesales fundamentales. Su familia también ha sido deliberadamente desinformada sobre el proceso judicial, informa Hengaw. Asimismo, el régimen ha comunicado a la familia de que la sentencia es firme y que solo tendrán la oportunidad de hacer una breve visita antes de la ejecución.  ¿Es posible una intervención estadounidense? Trump ha seguido de cerca las protestas en Irán y no ha descartado una intervención militar estadounidense, aunque cada vez parece estar más cerca. “Está muriendo gente que no debería morir, estamos viendo opciones muy fuertes”, “Estamos listos para intervenir” ha declarado en varias ocasiones el presidente estadounidense, Donald Trump. Del mismo modo, la embajada virtual de EEUU en Irán ha advertido a los ciudadanos americanos que se encuentren en Irán, que tienen que tener un plan para salir del país sin depender de la ayuda del gobierno americano. Aunque Trump haya afirmado que Irán quiere negociar, y esas negociaciones se veían posibles, el presidente estadounidense ha cancelado las reuniones previstas con representantes iraníes y llama a los manifestantes a tomar las instituciones del país. Además, Trump ha amenazado con efecto inmediato a cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán con el pago de un arancel del 25 % sobre todo y cualquier negocio que se realice con los Estados Unidos de América. Con la intensificación de las protestas en los últimos días y el aumento continuo de la represión, Trump ha confirmado el pasado 13 de enero durante un viaje a Detroit que la ayuda ya está en camino, incrementando la posibilidad de un ataque en Irán.  Israel también mira hacia Irán Al igual que Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha seguido muy de cerca el alzamiento contra el régimen de su principal enemigo. También ha mostrado su apoyo a la lucha por la libertad y condena enérgicamente las masacres masivas de civiles inocentes.”Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos pueblos.” ha dicho Netanyahu en una reunión con su gabinete.  Asimismo, el primer ministro israelí ha asegurado que Irán e Israel volverán a ser buenos aliados si cae el régimen de los Ayatollah. "Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos" añadió en su reunión con el gabinete. Respuesta de la ONU Por su parte, las Naciones Unidas pide el fin de la represión, además de calificar de inaceptable el hecho de tachar a los manifestantes de terroristas para justificar el ataque contra ellos. Por otra parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, pide la restauración del acceso a internet y las telecomunicaciones y ha solicitado que se produzca una rendición de cuentas por la violación de derechos humanos en el país islámico. Reacción de la Unión Europea En Europa, un gran número de países ha convocado a sus respectivos embajadores iraníes para mostrar su descontento con la situación en Irán. España no ha sido la excepción, ya que el ministro de exteriores José Manuel Albares se ha reunido el pasado martes con el embajador iraní, Reza Zabib, para comunicarle la condena del Gobierno español a la violenta represión.  A nivel oficial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, únicamente propondrá nuevas sanciones contra los responsables de la represión. Por otra parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha solicitado la detención de la violenta represión del régimen contra su propio pueblo. Además, el canciller alemán, Friedrich Merz, cree que estamos ante los últimos días del régimen iraní, ya que no tardará mucho más en caer. Otro caso particular es el de Irlanda, ya que la presidenta, Catherine Connolly, tenía previsto recibir el martes a Eshagh Al Habib para acreditarlo como nuevo embajador de Irán en Irlanda. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que era inapropiado proceder con la ceremonia, según apuntó la cadena pública RTE. En un comunicado posterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que la decisión de posponer el evento se tomó a raíz de las protestas de los últimos días. Conclusión Como ya se ha demostrado en numerosos países a lo largo de las últimas décadas, la fuerza y la unidad de un pueblo puede acabar con la opresión de un régimen que lleva violando las libertades de los ciudadanos más de 45 años, ya que ningún apagón masivo ni las duras represiones pueden impedir la voluntad del pueblo. Así como se ha unido el pueblo, también las mujeres se han agrupado con el fin de recibir libertades que en la mayoría de los países occidentales se muestran como una rutina, tal como salir a la calle sin el permiso de nadie, mostrar el pelo con total libertad, bailar, entre muchas otras. La caída de un régimen que lleva décadas en el poder parece estar cada vez más cerca, y Reza Pahlavi espera desde el exilio “recuperar el trono” que le había sido prometido para iniciar una transición democrática de la mano de Occidente. Esta transición puede llegar de la mano de una intervención de Estados Unidos, el cual al igual que en Venezuela, desea poner orden en la región y acabar con las constantes tensiones que el régimen iraní ha tenido con Israel a lo largo de los últimos años.

Introducción Para hablar del Kurdistán iraquí es importante saber primero a qué nos referimos con Kurdistán. Muchos lo definen como la nación sin estado más grande del mundo, pues alrededor de 40 millones de kurdos. divididos entre: Turquía, Siria, Irán e Irak, se encuentran en la tesitura de ser un grupo étnico sin estado reconocido. Las Naciones Unidas, por ejemplo, reconocen la existencia de Kurdistán, pero, como una región que de manera semiautónoma y federal coexiste con alguno de los cuatro países mencionados previamente. Aún sin tener reconocimiento internacional los kurdos se han mantenido como un pueblo unido con identidad propia desde hace siglos. De tal forma, para focalizar la temática de análisis, en el siguiente estudio nos centraremos concretamente en el Kurdistán iraquí. Situado en el norte de Irak, este territorio goza de un alto grado de autonomía política, administrativa y de seguridad, sobre todo desde principios de la década de 1990. Su historia reciente ha estado marcada por conflictos internos, tensiones con el gobierno central de Bagdad y la complejidad de las relaciones con actores regionales e internacionales. Aunque el Kurdistán Regional de Irak (KRI) ha logrado crear instituciones propias y mantener cierta estabilidad, sigue enfrentándose a desafíos en diferentes niveles, tanto a nivel estructural, político y económico.  En el siguiente apartado nos focalizaremos en analizar el origen y desarrollo del Kurdistán iraquí, su sistema político interno, las relaciones con el gobierno federal de Irak y su papel en la política regional, con el objetivo de comprender sus avances y sus limitaciones en el marco del Estado iraquí. Mapa político de Irak con énfasis en el Kurdistán.   Origen y consolidación de la autonomía kurda Tras las Guerra del Golfo en 1991, podemos discernir cómo la autonomía del Kurdistán iraquí emerge y tiende sus raíces y es, llegado 1992, cuando se celebraron las primeras elecciones regionales. En ese mismo año se creó el Parlamento del Kurdistán, asentando las bases de una administración autónoma. Sin embargo, este proceso estuvo lejos de ser lineal pues entre 1994 y 1998, el Kurdistán iraquí se vio sumido en una gran guerra civil entre los dos partidos políticos kurdos: el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK). Dicho conflicto derivó en una división territorial y administrativa que marcó profundamente el desarrollo político de la región. Lo que provocó un éxodo masivo de población hacia Turquía e Irán. Sin embargo, la situación en la región comenzó a estabilizarse tras el Acuerdo de Washington de 1998 y, aún más y de una manera más tangible, después de la caída del régimen de Saddam Hussein y la invasión estadounidense de Irak en 2003. La Constitución iraquí de 2005 reconoció oficialmente al Kurdistán como una región federal, otorgándole ciertas competencias en materia de seguridad, administración interna y, aunque de forma limitada, en materia de relaciones exteriores.   Sistema político y dinámicas internas El Kurdistán Regional de Irak cuenta con sus propias instituciones. Entre ellas podemos encontrar un parlamento regional, un gobierno encabezado por un primer ministro y fuerzas de seguridad propias, conocidas como los Peshmerga. No obstante, el funcionamiento real del sistema político está profundamente condicionado por el dominio de los partidos tradicionales. El KDP controla principalmente las provincias de Erbil y Duhok, mientras que el PUK domina la provincia de Suleimaniya. Si nos paramos a analizar lo que significa esta división territorial, podemos ver que refleja una gran fragmentación política, la cual, impide una gobernanza plenamente unificada. A pesar de la existencia formal de un gobierno regional, muchas decisiones clave siguen dependiendo de los liderazgos partidistas, lo que debilita la institucionalidad y refuerza la corrupción.  Además, es necesario resaltar otras dinámicas internas a nivel político. Estas, siguen siendo la falta de alternancia política efectiva y el debilitamiento de la oposición. Esto empobrece la calidad y los índices de democracia en la región, además de generar un gran descontento social, especialmente entre los kurdos más jóvenes. Protestas recurrentes por impagos salariales, desempleo y falta de servicios públicos ponen de manifiesto una creciente crisis de legitimidad del liderazgo kurdo.   Relaciones entre Erbil y Bagdad Las relaciones entre el gobierno regional kurdo en Erbil y el gobierno federal iraquí han sido históricamente conflictivas. El principal foco de tensión gira en torno al control de los recursos naturales, especialmente el petróleo. A nivel económico, podemos asegurar que Irak es altamente dependiente de la exportación de petróleo, ya que según The Washington Institute, representa cerca del 93% de su PIB. El KRI ha defendido su derecho constitucional a explotar y exportar petróleo de forma independiente, mientras que Bagdad considera que estos recursos pertenecen al Estado iraquí en su conjunto, lo que desemboca en continuas tensiones.   En consecuencia, desde 2014, el gobierno federal ha hecho del presupuesto una herramienta de presión política, suspendiendo en varias ocasiones las transferencias financieras al Kurdistán. Esta estrategia ha tenido consecuencias graves que han afectado a la población kurda, incluyendo el impago de salarios a empleados públicos y una crisis económica prolongada en la región. Otro punto clave del conflicto fue el referéndum de independencia organizado por el KRI en 2017. Aunque dicho referéndum obtuvo un amplio apoyo popular, fue obviamente rechazado por Bagdad y también por la comunidad internacional. Como consecuencia, el gobierno central recuperó el control de territorios disputados y debilitó significativamente la posición política y económica del Kurdistán.   El Kurdistán Iraquí en la política regional El Kurdistán iraquí mantiene relaciones con actores regionales, lo que le ha permitido cierto margen de maniobra internacional. Turquía es su socio económico más importante, especialmente en el ámbito energético y comercial. A través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, el Kurdistán exporta petróleo a los mercados internacionales, aunque esta dependencia también le expone a presiones políticas por parte de Ankara.   Irán, por su parte, mantiene una influencia significativa, especialmente en áreas controladas por el PUK. Teherán ve al Kurdistán como un espacio estratégico para proyectar poder en Irak y contener la influencia estadounidense. Estas dinámicas convierten al KRI en un escenario de competencia indirecta entre potencias regionales.   A nivel internacional, el Kurdistán ha sido un aliado clave en la lucha contra el Estado Islámico. Los Peshmerga jugaron un papel fundamental en la contención y derrota de ISIS, lo que reforzó la cooperación con Estados Unidos y países europeos. Sin embargo, este capital político no se tradujo en un respaldo internacional a las aspiraciones independentistas kurdas.   Conclusión Para concluir este análisis, es importante admitir que el Kurdistán iraquí representa un caso único de autonomía regional en Oriente Medio y en el mundo. Es cierto que ha logrado muchos avances significativos en términos de autogobierno y proyección internacional, especialmente en comparación con otras regiones de Iraq. Sin embargo, su desarrollo sigue estando limitado por divisiones internas, una gobernanza dominada por élites partidistas y una relación conflictiva con el Estado central.   El futuro de esta región dependerá de su capacidad para reformar sus instituciones, superar la fragmentación política y redefinir una relación sostenible con Bagdad basada en el respeto mutuo y la cooperación. Pese a que estos factores sean difíciles de solventar, la sociedad kurda en Irak, así como sus autoridades, debe esforzarse, ya que sin estos cambios, la región corre el riesgo de ver erosionados los logros alcanzados en las últimas décadas. Esta incertidumbre hace que sea una de las regiones más interesantes y convulsas del mundo y a su vez nos obliga a tener que seguir viéndola de cerca, de forma continuada, a todos los apasionados de las relaciones internacionales y la geopolítica .