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Puerto Rico ha logrado consolidarse como uno de los enclaves estratégicos más relevantes dentro del marco de operaciones estadounidenses en el Caribe. Su posición geográfica, entre la República Dominicana y las Islas Vírgenes, y próximo a las rutas marítimas de América del Sur, lo convierte en un punto de gran valor para la proyección de poder   de Washington. El propio presidente norteamericano, Donald Trump, ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia de este territorio, siendo un elemento clave en la reciente misión para capturar a Nicolás Maduro. Esta acción no solo refleja la relevancia geográfica de Puerto Rico, sino también la función que podría desempeñar como plataforma de despliegue en operaciones de mayor alcance. Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha incrementado de manera significativa su presencia en el mar Caribe, especialmente en las zonas marítimas cercanas a Colombia y Venezuela. Actualmente, el despliegue supera en número de efectivos al registrado durante la Guerra del Golfo, contando ya con más de 15.000 militares, la presencia de bombarderos B-52   y con la incorporación del mayor portaaviones de propulsión nuclear de la Armada estadounidense, el USS Gerald R. Ford. La magnitud del despliegue refleja la importancia que la Casa Blanca concede al control de la zona, así como la necesidad de disponer de bases logísticas confiables para operaciones prolongadas. La ubicación de Puerto Rico lo convierte en una base de apoyo logístico esencial   para la gestión de recursos militares hacia Venezuela y el Caribe en general. Históricamente, la isla ha desempeñado un papel crucial en otros conflictos globales. Durante la Segunda Guerra Mundial, albergó la base naval de Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba. Esta base fue operativa entre 1943 y 2004, cuando fue desmantelada debido a la presión de la población local contraria a la presencia militar. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico volvió a ocupar un lugar estratégico en la proyección de poder norteamericano en el Caribe, particularmente por su cercanía a Cuba y su capacidad para albergar una infraestructura militar avanzada, incluyendo aeródromos, radares y puertos para la flota naval. El estatus de Estado Libre Asociado   permite a Estados Unidos desplegar sus fuerzas en la isla sin implicar una ocupación formal, otorgando una flexibilidad diplomática que facilita la logística militar. En el marco de la campaña contra el narcotráfico, Puerto Rico ha visto reforzada su relevancia operativa de tal manera que, desde hace meses, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y la base aérea Muñiz se utilizan para almacenar cazas F-35   operativos, mientras que la antigua base de Roosevelt Roads funciona como eje de apoyo logístico y punto de reabastecimiento para la flota desplegada en el Caribe. Esta infraestructura permite a Estados Unidos mantener operaciones de vigilancia y control del espacio marítimo con rapidez y eficacia. La opinión de la población local   ante este incremento de la presencia militar estadounidense no es homogénea. Por un lado, la mayor parte de la sociedad puertorriqueña percibe la llegada de personal militar y la ampliación de la infraestructura como una oportunidad económica, debido a los empleos directos e indirectos que genera, así como los beneficios asociados con la inversión federal en servicios, transporte y seguridad. Por otro lado, existen ciudadanos más críticos que perciben con recelo la militarización actual por los posibles impactos ambientales y las acciones llevadas a cabo por la administración Trump contra múltiples embarcaciones en el Caribe. Precisamente, uno de los aspectos más controvertidos dentro de este despliegue ha sido la neutralización de embarcaciones   supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Hasta la fecha, Estados Unidos ha informado de haber atacado ya más de 20 embarcaciones, lo que ha provocado la muerte de decenas de personas. Sin embargo, no se han publicado pruebas concretas sobre la carga que transportaban ni la identidad de los tripulantes, más allá de las afirmaciones de que podrían estar vinculados con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Estas acciones han generado debate sobre la legalidad internacional y sobre si pudieran considerarse crímenes de guerra, dado que la evidencia pública sobre la participación de los tripulantes en actividades delictivas es bastante limitada. Las operaciones han sido dirigidas por el secretario de defensa Peter Hegseth, quien ya ha mantenido algunos momentos de disonancia con los procedimientos de Trump. La respuesta venezolana ante este despliegue fue variada. Por un lado, se intensificaron las campañas de propaganda   sobre las capacidades defensivas del país, mostrando material militar, personal de maniobras y la movilización de civiles   para recibir instrucción militar. Por otro lado, el ya expresidente Nicolás Maduro buscó desarrollar un discurso de desescalada. Sin embargo, como se ha podido demostrar recientemente, estas acciones no han tenido ningún éxito. La combinación de estas dinámicas internas y externas configura un escenario regional complejo, donde la estabilidad política, económica y social de Venezuela se encuentra directamente condicionada por la capacidad de Estados Unidos de proyectar su influencia desde posiciones estratégicas como Puerto Rico. A pesar de la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, acusado de fomentar y liderar el narcotráfico en la región, Puerto Rico continuará siendo muy relevante para los intereses de la Casa Blanca en la zona. A continuación, se presentan una serie de escenarios prospectivos en los que la isla continuaría ejerciendo como base de operaciones: Escenario con posibles nuevas intervenciones militares limitadas En este escenario, la marina y la fuerza área continuarían realizando ataques selectivos contra el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y otras redes criminales, combinados con operaciones terrestres puntuales para debilitar sus capacidades logísticas y de transporte. Estas operaciones, que podrían realizarse en territorio venezolano y colombiano, aumentarían la tensión diplomática con ambos gobiernos y podría reforzar el apoyo residual al régimen chavista al presentarse como la víctima de una agresión externa. Puerto Rico desempeñaría un papel de centro de mando y apoyo logístico, ofreciendo aeropuertos, bases y almacenes para coordinar las operaciones con un riesgo mínimo para el territorio continental estadounidense. Escenario de acción militar a gran escala La captura de Maduro no implica necesariamente el fin de la presencia militar norteamericana en la zona. Estados Unidos podría aprovechar este despliegue sin precedentes para asegurarse un nuevo equilibrio favorable   en la región. La intervención incluiría campañas aéreas, bloqueos navales, operaciones terrestres y el control de infraestructuras estratégicas, con el objetivo de desarticular las capacidades remanentes del régimen y limitar la influencia de aliados externos como Irán, Rusia y China. Este escenario, aunque militarmente viable, implicaría un alto coste económico y humano, y conllevaría riesgos significativos de escalada regional y desgaste internacional. En este contexto, Puerto Rico funcionaría como retaguardia estratégica, suministrando soporte logístico, alojamiento de tropas y mantenimiento de aeronaves, además de servir como centro de operaciones de inteligencia y comunicaciones. Escenario de prolongación del despliegue y gestión de la transición venezolana En este caso, Estados Unidos optaría por mantener un despliegue militar prolongado en el Caribe, evitando una intervención directa a gran escala, pero utilizando su presencia naval y aérea como herramienta de contención, disuasión y presión sobre Venezuela. La presencia militar prolongada en el Caribe permitiría a Washington influir directamente en el desarrollo de la transición venezolana, incluyendo acciones sobre el terreno si fuera necesario. El mantenimiento de fuerzas navales y aéreas facilitaría el control de rutas marítimas, la protección de infraestructuras energéticas y la supervisión del flujo de recursos en un momento crítico para el país latinoamericano. Al mismo tiempo, esta estrategia podría combinarse con apoyo diplomático y económico, así como la planificación de asistencia humanitaria. Puerto Rico desempeñaría un papel clave como plataforma logística permanente y punto de apoyo para la rotación de fuerzas, así como para la planificación de escenarios de estabilización y ayuda humanitaria en caso de colapso gubernamental. Aunque este enfoque permitiría a la Casa Blanca minimizar los costes políticos y humanos de una intervención directa, también entraña riesgos significativos, como la posibilidad de una crisis social prolongada, episodios de violencia interna o una extensión indefinida del conflicto sin una resolución clara. En cualquier caso, Puerto Rico continuará siendo un elemento clave   para la proyección del poder estadounidense en el Caribe. Su infraestructura militar, las capacidades logísticas, la proximidad geográfica a zonas de interés y la estabilidad social lo convierten en una posición esencial para cualquier operación regional de Estados Unidos. La importancia estratégica de Puerto Rico se mantiene tanto en el presente, a través del despliegue actual, como en el futuro, al servir de base para operaciones militares de distinto alcance que la Casa Blanca pueda considerar en función de la evolución política y social de Venezuela y del Caribe.

Los últimos comicios electorales llevados a cabo en Honduras se han desarrollado en un contexto marcado por una histórica inestabilidad política, desconfianza institucional y profundas desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, es esencial comprender la tradición política, el sistema electoral y la situación del país centroamericano para poder observar ampliamente. Estas elecciones no se pueden entender como un evento aislado, sino, cuanto menos, como una nueva expresión de un proceso histórico que proviene ya del largo plazo, moldeando, nuevamente, la democracia hondureña. Tradición e historia política de Honduras La historia política hondureña ha estado marcada por una débil institucionalidad democrática casi desde sus comienzos. Durante una notable parte del siglo XX, el país experimentó gobiernos autoritarios, como las dictaduras de Tiburcio Carías Andino –1933 a 1949–; y algunos gobiernos militares surgidos tras el golpe del General Oswaldo López Arellano –1963 a 1982–, marcando una influencia militarista y una presencia determinante en los intereses económicos y políticos. Aunque desde 1982 Honduras reformó formalmente sus sistema con la llegada de Suazo Córdova y la promulgación de la Constitución, desembocando en elecciones periódicas, la democracia ha sido más procedimental o “teórica” que sustantiva, con altos niveles de clientelismo, corrupción y exclusión social. Durante décadas, el sistema político ha estado dominado por dos partidos: el Partido Liberal de Honduras –liberalismo clásico– y el Partido Nacional de Honduras –conservadurismo–. Ambos se han alternado el poder con diferencias ideológicas moderadas y con una fuerte dependencia a redes clientelares, especialmente relacionadas con las Fuerzas Armadas, las élites económicas y los sectores religiosos.   Este bipartidismo comenzó a resquebrajarse tras el golpe de Estado de 2009 –detonado por la iniciativa de Zelaya; cercano a los gobiernos izquierdistas de Iberoamérica; de impulsar una consulta popular para reformar la Constitución en favor de su reelección presidencial–, cuando se derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. Este evento marcó el punto de inflexión en la política contemporánea de Honduras, dando origen a nuevas fuerzas políticas, particularmente al Partido de la Libertad y Refundación (LIBRE), de orientación de izquierda a extrema izquierda liderado hasta el momento por la Presidente Xiomara Castro y fundado por el expresidente Manuel Zelaya, que canalizó el descontento social en favor de demandas y reformas estructurales más reactivas. Desde entonces, la política hondureña se ha caracterizado por una polarización cada vez más presente, similar a los hechos que se plasman en todos los demás países culturalmente occidentales, donde conviven sectores que buscan mantener un orden tradicional junto a quienes impulsan cambios más drásticos.  El sistema electoral en Honduras El sistema electoral de Honduras se rige por la Constitución de la República y por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Las elecciones generales se celebran cada cuatro años y en una misma jornada se escoge al presidente, a los diputados del Congreso Nacional, a las autoridades municipales y a los representantes ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN)  –órgano político regional de integración que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), conformado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana –. El presidente se elige  mediante un sistema de mayoría simple: gana el candidato que obtenga más votos, sin necesidad de alcanzar el 50%. Este diseño, si bien simplifica el proceso y evita una segunda vuelta electoral, tiene como consecuencia que el presidente electo pueda asumir el cargo con un respaldo electoral limitado, lo que debilita su legitimidad en contextos donde la fragmentación política puede darse en mayor medida. El Congreso Nacional, por su parte, se elige mediante un sistema de representación proporcional con listas abiertas siguiendo la cuota Hare, lo que permite el pluralismo partidista, pero también genera mayor fragmentación legislativa y dificulta la construcción de mayorías estables –nada nuevo para sistemas como el español o el francés–. La administración del proceso electoral está a cargo del Consejo Nacional Electoral de Honduras, mientras que el Tribunal de Justicia Electoral resuelve los conflictos y disputas. Entre las ventajas del sistema hondureño se encuentra la posibilidad de representación de diversas fuerzas políticas y la inclusión de distintos niveles de gobernanza en un mismo proceso electoral, algo a destacar frente a vecinos como Nicaragua. Sin embargo, sus debilidades son notables: problemas técnicos en el conteo de votos –lo que ha retrasado el resultado electoral y dificultado la transición pacífica del poder–, la transmisión de votos, la politización de los organismos electorales, lentitud en la resolución de conflictos y una profunda desconfianza ciudadana en la transparencia del proceso. Las elecciones de 2025 y sus candidatos Las últimas elecciones generales se celebraron en un clima tenso. La competencia ha sido muy cerrada entre candidatos, lo que ha exacerbado las debilidades del sistema electoral. Tres figuras han sido las que han concentrado la atención: Por un lado, Nasri Asfura, del Partido Nacional, representó  la continuidad de los sectores conservadores tradicionales. Exlcalde de Tegucigalpa, exdirector del Fondo Hondureño de Inversión Social y exRegidor del MDC, su perfil ha sabido combinar la experiencia administrativa con una narrativa focalizada en la seguridad, el crecimiento económico y la estabilidad. No obstante, su trayectoria ha estado acompañada de cuestionamientos por supuestos actos de corrupción, lo que ha generado rechazos en amplios sectores sociales. En segundo lugar, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, encarna una figura diferenciadora dentro de la política tradicional. Proveniente del mundo de los medios de comunicación, ha construido una campaña electoral con un discurso centrado en la anticorrupción y la crítica hacia el sistema existente, aunque ha mostrado dificultades para consolidar una base partidaria sólida y coherente. Finalmente, Rixi Moncada, candidata del partido LIBRE y representante del oficialismo, ha buscado dar continuidad al proyecto del Ejecutivo progresista previo. Su perfil técnico y su cercanía con el núcleo duro del partido le han otorgado un apoyo notable entre sectores organizados, pero no ha logrado captar el entusiasmo popular de sus antecesores. Ha ejercido como Secretaria de Defensa desde 2024, tras dejar la Secretaria de Finanzas que encarnó desde 2022, cuando era Consejera del CNE. Previamente había sido Gerente de la ENEE y Secretaria de Trabajo en el Gobierno de Zalaya. El proceso electoral se ha visto empañado por retrasos en el conteo de votos, inconsistencias en actas y denuncias cruzadas de fraude electoral. La falta de resultados definitivos durante semanas ha alimentado la incertidumbre, provocado protestas y profundizado las crisis de confianza en las instituciones del país. Resultados electorales Los resultados electorales del 30 de noviembre de 2025 reflejan un panorama político competitivo, marcado por una carrera extremadamente cerrada entre partidos tradicionales, mientras que el partido izquirdisrta oficialista, LIBRE, ha sufrido un gran retroceso en su apoyo popular. Con el 99,82% de las actas escrutadas, los números finales muestran una contienda reñida. Nasry Asfura “Tito” ha ganado las elecciones con un 40,40% de los votos (1,322,696 votos). Seguidamente, Salvador Nasralla, habría obtenido un 39,41% (1,290,119 votos). En tercer lugar, Rixi Moncada, habría alcanzado los 629,300 votos, un batacazo electoral para el oficialismo en favor de los partidos tradicionales, logrando tan solo el 19,22% del escrutado. Por debajo, candidaturas como la de Nelson Ávila o Mario Rivera se encontrarían por debajo del 1%. En cuanto a la participación ciudadana, se ha situado en torno al 53,08%, reflejando un nivel de movilización moderado e incluso bajo, marcado por un contexto de alta polarización y hartazgo político, lo cual, ha perjudicado a candidaturas como LIBRE. Por su parte, el mapa electoral refleja tanto fortalezas tradicionales como cambios recientes, especialmente en centros urbanos: El PNH ha dominado en 11 departamentos, con mayor fuerza en el oeste del país (Intibucá y Lempira), el sur (Valle y Choluteca) y el este (El Paraíso). En el Distrito Central (Tegucigalpa, capital nacional), su bastión más importante, Juan Diego Zelaya ha logrado la alcaldía con un 37,94% de los votos, consolidando al partido mayoritario en esta jurisdicción estratégica. En consecuencia, un buen resultado para los nacionales. El PLH ha logrado 7 departamentos, destacando en Islas de la Bahía y otros nodos comerciales. En San Pedro Sula, su victoria ha sido notable, encabezada por Roberto Contreras, quién ha alcanzado el 75,61% de los votos, haciéndose con la alcaldía de forma amplia. Además, lideran en ciudades como La Ceiba, El Progreso y Comayagua. LIBRE, aunque ha quedado tercero en la presidencia, ha mantenido presencia en Olancho, Santa Bárbara, Colón y Francisco Morazán, donde ha conservado tanto influencia urbana como rural, aunque insuficiente para retener la hegemonía previa. Solo han logrado liderar en un departamento: Santa Bárbara. Factores como la polarización, las alianzas y la influencia externa –como el apoyo de Trump a Asfura–, la crisis de credibilidad electoral o el desgaste del oficialismo han consolidado la pérdida de 15 diputados por parte de LIBRE en el Congreso, la vuelta del conservadurismo a Honduras tras la legislatura de Xiomara Castro. En términos visuales, el país queda en cierto estilo “ajedrez”: el centro y occidente se han teñido de azul (PNH), los nodos comerciales del norte y las islas de rojo (PLH), mientras que LIBRE se ha quedado aislado en el oeste del país y conserva ciertos focos dispersos de resistencia en el oriente e interior, pero lejos de la presidencia. Candidato presidencial ganador por departamento. Composición previa y actual del Congreso Nacional y las alcaldías Previamente a las elecciones de 2025, el órgano unicameral encargado del poder legislativo de Honduras, el Congreso Nacional de la República de Honduras, estaba dividido en tres segmentos claros. Por un lado, el partido del gobierno: LIBRE, con un total de 43 diputados, apoyado por el Partido Anticorrupción y el Partido Demócrata Cristiano, ambos con un diputado; y por el PINU-SD, con dos diputados de los 128 totales. Seguidamente, encontramos a la oposición, con otros 43 escaños liderados por el Partido Nacional y 35 por el Partido Liberal. Por último, el Partido Salvador de Honduras, de corte independiente y con 3 escaños, sería el séptimo y último grupo parlamentario. Por el momento, con un 99,82% del escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral, el Partido Nacional habría ganado los comicios, alcanzando los 49 escaños. Seguidamente, el Partido Liberal habría aumentado a 41, LIBRE habría disminuido hast los 35 representantes, PINU-SD habría aumentado un escaño, consiguiendo dos diputados y Democracia Cristiana se mantendría con un escaño nuevamente, desapareciendo del panorama parlamentario el grupo independiente. Respecto a las alcaldías, de los 298 municipios hondureños se repartieron en 2021 entre el Partido Nacional –144 alcaldías–, el Partido Libreral –90 alcaldías–, LIBRE –50 alcaldías–, Democracia Cristiana –3 alcaldías–, el Partido Salvador de Honduras –1 alcaldía– y el Partido Innovación y Unidad junto a otros pequeños partidos como Alianza Patriótica Hondureña o Todos Somos Honduras, con 1 alcaldía en cada caso, de igual forma que el grupo independiente. Pese a que todavía no conocemos los datos de las elecciones municipales, la candidatura de Asfura para la Presidencia Nacional ha sido la más escogida en 201 municipios, seguido por Nasralla en 81 municipios, Moncada en 14 y otros 2 municipios sin datos oficiales por el momento. En cuanto al PARLACEN, de los 20 escaños que le corresponden a Honduras, el PNH y el PLH recibirán cada uno 8 escaños y LIBRE los cuatro restantes, a falta de un 3,80% del escrutinio. Distribución por escaño del Congreso Nacional de Honduras. La situación actual del país En el plano económico, Honduras enfrenta problemas estructurales persistentes. La economía depende en gran medida de las remesas enviadas por migrantes, de la exportación de productos agrícolas y de maquila con bajo valor agregado. La pobreza afecta a una gran parte de la población y la desigualdad social sigue siendo un problema elevado a enfrentar. A esto se suma un mercado laboral precario, marcado por la informalidad y la falta de oportunidades para jóvenes. Socialmente, Honduras es un Estado que enfrenta altos índices de violencia, crimen organizado y desplazamientos forzados. La migración masiva hacia Estados Unidos u otros países de la zona es una manifestación clara de la falta de oportunidades y de la pérdida de esperanza en el futuro nacional. Los servicios públicos, especialmente en salud y educación, muestran serios problemas, lo que ha reforzado además la exclusión social. En el ámbito político, la polarización es uno de los rasgos más alarmantes. La confrontación constante entre fuerzas, la judicialización de la política y la percepción de injerencias de actores externos debilitan aún más la legitimidad del sistema democrático. Las elecciones de 2025 han evidenciado que, aunque existen mecanismos formalmente democráticos, estos no tienen por qué ser suficientes para garantizar la estabilidad y confianza democrática. Conclusiones Honduras refleja una democracia en tensión, similar al contexto en casi todas las sociedades occidentales, pero, exacerbada por el contexto socioeconómico y político tradicional del país. Por un lado, se muestra la existencia de prácticas democráticas sencillas o claras, como: competencia política real, pluralismo partidario o participación ciudadana. Por otro lado, asoman profundas debilidades institucionales a lo largo del sistema, las cuales, ponen en riesgo la gobernabilidad y legitimidad del poder político. El sistema electoral, legalmente establecido, requiere de reformas para mejorar la transparencia, la eficacia técnica y la independencia de los organismos encargados. Asimismo, el país necesita avanzar hacia un modelo que reduzca la polarización, el intervencionismo estatal y que fortalezca el Estado de derecho. En último lugar, el desafío de Honduras no se limita a quién gana la elección, sino a cómo construir una democracia capaz de responder a las demandas que le surgen, ofreciendo estabilidad y desarrollo. Las elecciones de 2025 son un espejo de los dilemas y una advertencia sobre los riesgos de no abordarlos de forma estructural.

Groenlandia no está en venta, ni un negocio privado. Sin embargo, volvió a ser mencionada como si se tratase de un activo disponible, una oportunidad estratégica esperando quien gane su subasta. Bastaron unas declaraciones de Washington para que la isla más grande del mundo regresase al centro del debate internacional, el cual ya de por sí se encuentra en plena convulsión tras la detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro, y el señalamiento del presidente Trump de sus próximos objetivos: Cuba, Colombia, México… y Groenlandia, tornándose de nuevo en un objeto de deseo geopolítico. Lo que durante décadas fue sinónimo de hielo, distancia, silencio diplomático e incluso podríamos decir aislamiento de los conflictos e intereses internacionales, hoy es un territorio disputado a viva voz. El deshielo abre rutas marítimas, los minerales despiertan apetitos y las potencias afinan su presencia militar en el extremo norte del planeta. En ese escenario, la insistencia de Donald Trump por el control de Groenlandia no cayó en el vacío: sus declaraciones resonaron en las capitales europeas, activaron reflejos diplomáticos y obligaron a líderes a cerrar filas en defensa de un territorio que se ha vuelto central, si bien esto puede sonar irónico por su recóndita ubicación. El episodio dejó imágenes elocuentes: aliados acordándose mutuamente los límites de la soberanía, gobiernos europeos reafirmando principios básicos del orden internacional y Groenlandia reivindicando su derecho a decidir su propio futuro. Más allá de la retórica, el debate reveló una verdad incómoda: el Ártico ya no es un espacio marginal, sino uno de los escenarios donde se redefine el equilibrio global de poder. Mapa de los municipios groenlandeses en idioma local. Groenlandia: una gran tundra con importancia creciente Cuando hay que describir Groenlandia, no debemos olvidar que se trata de la isla más grande del planeta, un vasto territorio de hielo y tundra con apenas 57 000 personas que ha ido ganando peso geopolítico exponencialmente en los últimos años. Aunque hoy parezca un nombre distante en los mapas, su historia se encuentra profundamente ligada a la colonización europea, pues, si bien no encontramos reconocimientos de soberanía danesa hasta el siglo XVIII, sí se intentó colonizar la isla, tanto por ellos como por los portugueses debido a su teórica pertenencia en el tratado de Tordesillas, aunque todos estos intentos fueron fallidos. Sí estuvo poblada y dominada por los Inuit desde 1300 aproximadamente, momento en el que una expedición llegó a la isla. Desde las décadas centrales del siglo XVIII, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, primero colonia, luego como condado, como región autónoma desde el 1 de mayo de 1979, y recibió el autogobierno en 2009., momento en el que se aprobó la Ley de Autogobierno, que reconoce a Groenlandia como entidad con competencias propias, aunque la soberanía internacional, la moneda y la defensa continúan en manos danesas. Geográficamente, los territorios más próximos son Canadá (con quien colinda), Islandia y las noruegas Islas Svalbard, con quienes siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Este estatus dual (autogobierno en lo interno y soberanía danesa en lo externo) ha generado tensiones y debates sobre el camino hacia una posible independencia plena, aunque ese proceso sería largo y complejo. Pese a ello, la identidad político-cultural inuit y la aspiración de mayor autodeterminación han sido temas constantes en la política groenlandesa. En las últimas semanas, tras la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump en que los Estados Unidos deberían “hacerse con” Groenlandia por motivos de seguridad nacional, Copenhague ha defendido con firmeza la integridad territorial del Reino y el derecho de Groenlandia a decidir su propio futuro. La primera ministra danesa ha dejado claro que Groenlandia no está a la venta y que cualquier intento de anexión sería rechazado con todas las herramientas diplomáticas disponibles Además, Dinamarca ha aprovechado la crisis para reforzar su compromiso con la defensa de la isla, mediante aumentos significativos en gasto militar y presencia aliada en la región ártica, así como con la cooperación más estrecha con la OTAN y otros socios europeos. La geopolítica del Ártico y el papel de Groenlandia Groenlandia ocupa una posición geográfica singular entre América del Norte y Europa, situada en el eje que conecta el Atlántico Norte con el océano Ártico. Esta localización la convierte en un territorio de alto valor estratégico, especialmente desde el punto de vista de la seguridad militar y del control de los accesos septentrionales al espacio euroatlántico. Para Estados Unidos, Groenlandia ha sido históricamente un enclave clave: desde 1951 mantiene en la isla la base aérea de Thule —actualmente denominada Pituffik—, integrada en el sistema de alerta temprana y defensa antimisiles estadounidense. Esta infraestructura ha desempeñado un papel central desde la Guerra Fría y sigue siendo un elemento esencial en la arquitectura de seguridad norteamericana. En el contexto actual de rivalidad creciente entre Estados Unidos, Rusia y China, el valor estratégico de Groenlandia se ha intensificado de forma notable. El Ártico ha dejado de ser un espacio periférico para convertirse en un escenario central de competencia geopolítica, donde convergen intereses militares, tecnológicos y económicos. En este marco, Groenlandia actúa como un punto de apoyo fundamental para la proyección de poder en el norte del Atlántico y como plataforma de vigilancia sobre posibles movimientos de actores rivales. Uno de los principales factores que explica esta transformación es el cambio climático. El Ártico se calienta a un ritmo significativamente superior al promedio global, lo que ha provocado una reducción sostenida del hielo marino y ha ampliado las ventanas temporales de navegación. Este fenómeno ha reactivado el interés por rutas marítimas como el Paso del Noreste y el Paso del Noroeste, que acortan considerablemente las distancias entre Europa y Asia. Aunque Groenlandia no ejerce control directo sobre estas rutas, su proximidad a los accesos atlánticos las convierte en un enclave logístico y militar de primer orden. Al mismo tiempo, el retroceso del hielo facilita el acceso a recursos naturales hasta ahora inaccesibles, intensificando la competencia por su explotación. En este sentido, Groenlandia posee importantes reservas de minerales críticos, entre ellos tierras raras, uranio, zinc y hierro, así como un potencial significativo en hidrocarburos y recursos pesqueros. Estos materiales resultan esenciales para industrias estratégicas vinculadas a la transición energética, la defensa y las tecnologías avanzadas. En un contexto internacional marcado por la fragilidad de las cadenas de suministro y la rivalidad tecnológica, el control o la influencia sobre estos recursos adquiere una dimensión claramente geopolítica. No es casual, por tanto, que actores externos como China hayan manifestado un interés creciente en invertir en proyectos mineros e infraestructuras portuarias en la isla. Este interés chino, sumado al interés territorial ruso que por cuestiones geográficas se convierte en una amenaza para la zona, han generado tensiones diplomáticas significativas. Tanto Estados Unidos como Dinamarca han expresado preocupación ante la posibilidad de que inversiones económicas se traduzcan en una mayor influencia política o estratégica de Pekín en un territorio considerado sensible para la seguridad occidental. La disputa en torno a Groenlandia refleja, así, una dinámica más amplia de competencia global por el control de recursos estratégicos y de nodos geográficos clave, en la que la economía, la seguridad y la diplomacia aparecen estrechamente entrelazadas. En este escenario, el papel de Dinamarca resulta particularmente complejo. Aunque formalmente responsable de la política exterior y la defensa de Groenlandia, Copenhague debe equilibrar múltiples dimensiones: sus compromisos con la OTAN, la relación estratégica con Estados Unidos, las aspiraciones de autogobierno —y eventualmente independencia— de la sociedad groenlandesa, y la presión creciente de actores externos. La relación entre Dinamarca y el gobierno autónomo de Nuuk ha adquirido una relevancia estratégica inédita, ya que la capacidad del Reino de Dinamarca para actuar como actor ártico depende en gran medida de la estabilidad política, económica y social de Groenlandia. El interés de Trump por Groenlandia: estrategia y marco jurídico Una vez explicado todo lo anterior, podemos entender qué significa tanto interés depositado y reiterado por parte del presidente estadounidense por Groenlandia, mostrándose como un caso que, lejos de ser aislado, se inscribe en la continuidad de la percepción sobre la política exterior estadounidense. La primera manifestación pública de esta idea se produjo en 2019, durante su primer mandato, cuando trascendió que la Casa Blanca había explorado informalmente la posibilidad de adquirir la isla. Aunque aquella iniciativa fue rápidamente rechazada por Dinamarca y recibida con escepticismo por la comunidad internacional, estableció un precedente relevante al introducir abiertamente la cuestión de la soberanía territorial en un marco contemporáneo. Desde una perspectiva analítica, el planteamiento de Trump responde a una visión transaccional del poder internacional, en la que el territorio, la soberanía y las alianzas son concebidos como activos negociables en función de intereses estratégicos inmediatos. A diferencia del enfoque tradicional estadounidense, más inclinado al multilateralismo y a la gestión institucional de alianzas, Trump ha privilegiado históricamente métodos bilaterales, directos y, en ocasiones, abiertamente disruptivos e incluso chantajistas en cierta parte (cabe recordar las controversias generadas por los aranceles a productos que impuso el pasado verano a una gran cantidad de países en el mundo, con el objetivo de obtener beneficios y ejercer presiones). Groenlandia emerge en este esquema como un elemento particularmente atractivo por su ubicación geográfica, su valor militar y su proyección en el Ártico. Justo después de la captura del ya expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026, Trump volvió a referirse explícitamente a Groenlandia, afirmando que Estados Unidos “necesita” el territorio por razones de seguridad nacional. Aunque estas declaraciones no se acompañaron de una propuesta formal ni de un procedimiento jurídico definido, ni tan siquiera se tornó en iniciativas legislativas concretas o procesos diplomáticos formales, sí recurrieron a un lenguaje de fuerte carga soberanista. Implícitamente, se cuestionaba la capacidad de Dinamarca para garantizar la seguridad de la isla y se sugería una legitimidad superior de los intereses estratégicos estadounidenses.  El argumento central volvió a girar en torno a la necesidad de contrarrestar la presencia de Rusia y China en el Ártico y de preservar la superioridad estratégica de Estados Unidos en el hemisferio norte. Por ello, no era de esperar que su impacto fuese considerable. En primer lugar, por provenir del presidente de Estados Unidos, lo que les confirió una capacidad real de alterar percepciones estratégicas entre aliados. En segundo lugar, porque reactivaron un debate altamente sensible sobre soberanía territorial dentro del espacio euroatlántico, algo excepcional entre Estados miembros de la OTAN y potencialmente desestabilizador para la arquitectura de seguridad colectiva. Conviene subrayar que el discurso de Trump no se limita al caso específico de Groenlandia. Forma parte de una narrativa más amplia orientada a redefinir el liderazgo estadounidense, cuestionar compromisos tradicionales y priorizar una interpretación estricta del interés nacional, conceptos que por otro lado en su campaña electoral dejó entrever. En este sentido, Groenlandia funciona tanto como objeto concreto de interés estratégico como símbolo de una política exterior menos constreñida por normas multilaterales y más orientada a la maximización directa del poder. ¿Por qué Groenlandia? Aparte de lo previamente expuesto sobre intereses relativos a materiales raros y estrategia, la geopolítica del Ártico resulta incomprensible sin considerar el papel central de Groenlandia. Su ubicación estratégica, la creciente accesibilidad de sus recursos naturales y su particular estatus político la convierten en un territorio clave en la competencia global del siglo XXI. A medida que el Ártico se transforma en un espacio de rivalidad estructural, Groenlandia se sitúa en la intersección de intereses militares, económicos y diplomáticos de alcance global. El desafío para la isla y para el Reino de Dinamarca será gestionar estas presiones externas de forma que permita aprovechar las oportunidades emergentes sin perder el control sobre su propio futuro político. Respecto al marco jurídico, desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos carece de viabilidad jurídica en el contexto normativo vigente en 2026, pues forma parte del Reino de Dinamarca, y cualquier modificación de su estatus estaría sujeta a los principios fundamentales del derecho internacional, como el de integridad territorial de los Estados, recogido en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe taxativamente la adquisición de un territorio mediante la amenaza o el uso de la fuerza; o el de autodeterminación de los pueblos, que reconoce a la población de Groenlandia el derecho a decidir su futuro político, que no implica la posibilidad de transferencia soberana a un tercer Estado sin un proceso claro, democrático y legalmente reconocido. A diferencia de precedentes históricos como la compra de Alaska en 1867, el contexto contemporáneo es radicalmente distinto, pues la soberanía territorial no se concibe como una mercancía transferible entre Estados por acuerdo bilateral sin la participación activa de la población afectada y sin supervisión internacional. Además, Groenlandia dispone desde 2009 de un régimen de autogobierno que reconoce explícitamente su derecho a avanzar hacia la independencia si así lo decide su población, lo que refuerza su condición de sujeto político diferenciado dentro del Reino de Dinamarca. Europa, plantada ante Trump por Groenlandia El pasado 6 de enero, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca firmaron una declaración en la que defienden que el futuro de Groenlandia y Dinamarca sólo puede ser determinado por sus propios ciudadanos y que la seguridad en el Ártico debe buscarse de forma colectiva por todos los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos. El texto, firmado por los jefes de Estado o Gobierno de los países previamente mencionados, subraya que la Alianza Atlántica debe tener la región ártica como prioridad clave, y que los aliados europeos están intensificando los esfuerzos, incrementando su presencia, actividades e inversiones para mantener el Ártico seguro y disuadir adversarios. En la declaración, se invocaron los principios de inviolabilidad de fronteras, integridad territorial y soberana, incidiendo en que la seguridad del Ártico debe lograrse “de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, finalizando con la siguiente sentencia: “Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos”, añadiendo que, para este cometido, “Estados Unidos es un socio esencial”. La reacción del gobierno de Groenlandia no tardó en llegar, siendo el primer ministro, Jens Frederik Nielsen, quien en su perfil personal de Facebook diera las gracias a los firmantes y repetido a grandes rasgos la respuesta que dio al reclamo de Trump el día anterior a la declaración, pidiendo respeto a Estados Unidos en el diálogo, el discurso y la soberanía de este territorio autónomo, abriéndose la puerta a un diálogo respetuoso fuera de las amenazas de Trump, y a través de los canales diplomáticos y políticos existentes, basados en los acuerdos vigentes con Estados Unidos. La declaración de los países europeos ha sido acertada, firme y acorde a las circunstancias a las que ha llevado el presidente Trump la situación, tornada hacia la tensión y la amenaza como arma diplomática. Por el otro lado, es cierto que no es un comunicado rupturista, teniendo en cuenta las ocasiones en las que se recalca repetidamente que Estados Unidos sigue siendo un socio esencial en seguridad transatlántica. Este balance deja claro que Europa busca reforzar las normas multilaterales y las alianzas estratégicas en un momento en el que la desconfianza es la norma, y en el que el sistema internacional se ubica plagado de propuestas y acciones unilaterales, por ello el tono de la declaración hacia Estados Unidos, buscando incluso con Washington y su entendimiento de la política exterior actual cooperación y alianza. Groenlandia ¿y ahora qué? El episodio controversial en torno a Groenlandia en el inicio de éste año 2026 no es un hecho aislado, sino que se encuentra enmarcado dentro del escenario de tensiones estructurales en el que se articula la actualidad transatlántica. Aunque las declaraciones del presidente estadounidense no derivaron en iniciativas formales, sí provocaron una reacción coordinada de aliados europeos. En el corto plazo, probablemente la respuesta a la pregunta previamente formulada sería el de una contención diplomática que reafirme el status quo. Dinamarca, Groenlandia y sus socios europeos han clarificado que cualquier cambio del estatus debe estar enmarcado en el derecho internacional y la voluntad de su población, mientras que los intereses estratégicos estadounidenses deben canalizarse a través de la OTAN preferentemente y de acuerdos de cooperación mutua ya existentes. No obstante, la presión geopolítica sobre el territorio tenderá a intensificarse indudablemente. El aumento de la presencia militar, las inversiones estratégicas y la competencia por recursos críticos convierten a la isla en un espacio cada vez más disputado, donde la frontera entre la cooperación y rivalidad resulta difusa. En este contexto, la capacidad de Dinamarca y del gobierno autónomo groenlandés para gestionar influencias externas será un factor clave. A más largo plazo, el caso de Groenlandia plantea una cuestión de fondo: si el Ártico evolucionará como un espacio gobernado por normas compartidas o como un nuevo escenario de competencia abierta entre grandes potencias. La respuesta no solo definirá el futuro de la isla, sino también la credibilidad del orden internacional en una de las regiones más estratégicas del siglo XXI.

Canarias es uno esos lugares que cuando se investiga ligeramente, te impresionas de la riqueza cultural e histórica que posee, aunque podríamos pasar horas hablando de las islas, hoy hablaremos sobre la geopolítica del archipiélago, en este sentido, no podemos entender el contexto actual de las islas si no miramos su pasado, por eso en el siguiente artículo haremos un recorrido a través de la historia y veremos cómo las islas han tenido un papel fundamental en el desarrollo de grandes acontecimientos no solo de España sino del mundo.   En primer lugar, es incomprensible la importancia de Canarias a lo largo de la historia y en la geopolítica actual sin entender su posición geográfica tan privilegiada, el archipiélago se encuentra frente a las costas del noroeste africano y pertenece a una región llamada la Macaronesia que engloba a las islas volcánicas de Cabo Verde, Madeira, las Azores, las Islas Salvajes y Canarias, territorios con flora y fauna similares que siempre han estado conectados a través de las rutas marítimas y constantes migraciones. Para poner en perspectiva lo lejos que se encuentran las islas del territorio español, Fuerteventura está a solo 95 km de Marruecos, mientras que la distancia que hay entre Canarias y la España continental es de más de 1300 km.   Los primeros registros que hay de Canarias proceden del mundo clásico, autores como Plinio el Viejo, Estrabón y Pomponio Mela describían unas islas en el extremo occidental del mundo conocido, a las que llamaban “Islas Afortunadas", la ubicación exacta no siempre era clara pero se sabía de la existencia de estas para los griegos y romanos, las cuales eran territorios cargados de mitología, asociados a paraísos, leyendas y héroes. En el 2012 en el islote de Lobos, ubicado entre Lanzarote y Fuerteventura se comenzó con la excavación de un yacimiento arqueológico donde se ha descubierto evidencia de un asentamiento romano, que de momento, es el único de este tipo en el archipiélago y que da pruebas concluyentes que al menos durante un tiempo, los romanos estuvieron dando vueltas por las islas.   Un dato curioso es que durante mucho tiempo los historiadores pensaron en Canarias como el sitio que relataba Platon en la famosa historia de la ciudad perdida de la Atlántida, ya que eran las islas conocidas por los romanos más alejadas del imperio. En este sentido podemos decir que hasta 1402, que fue cuando inició el proceso de conquista del archipiélago por parte del Reino de Castilla, Canarias no había entrado de lleno en las lógicas geopolíticas globales ya que los pueblos aborígenes de las islas vivían aislados del resto del mundo con una cultura e identidad propias, aunque vinculados genética y lingüísticamente con el pueblo bereber o amazigh del norte de áfrica, pero sin evidencia concluyente de que los aborígenes de las islas hicieran viajes frecuentes al áfrica continental.   Como mencionamos anteriormente, con el avance de la navegación europea durante la Baja Edad Media, la mirada de reinos como Portugal y Castilla se dirigió hacia el Atlántico, por tanto, Canarias representaba un objetivo claro ya que su posición permitía controlar rutas marítimas, abastecer naves y abrir nuevas esferas de influencia. Durante el siglo XIV y XV, Portugal y Castilla disputaron activamente la dominación del archipiélago, ya que para Portugal, el control de Canarias era coherente con su expansión hacia Madeira, Azores y la costa africana y para Castilla, significaba asegurarse una plataforma desde la que proyectar su influencia atlántica y comercial. La pugna diplomática alcanzó uno de sus puntos finales con el Tratado de Alcáçovas-Toledo de 1479, en el que Castilla consolidó su soberanía sobre las islas a cambio de reconocer la expansión portuguesa en el Atlántico sur, como por ejemplo, a Cabo Verde, este fue el primer gran tratado internacional que dividió zonas de influencia oceánica entre potencias europeas, anticipándose al más conocido Tratado de Tordesillas de 1494, sin embargo, la corona de Castilla no lo tuvo fácil para tener el control total de las islas ya que hasta 1496 no tuvieron el dominio total de la isla de Tenerife debido a la resistencia aborigen, población que terminó siendo masacrada a lo largo de casi un siglo de conquista. Para cuando en 1492 Cristóbal Colón zarpó rumbo al nuevo continente, hizo escala durante el viaje en Gran Canaria y La Gomera, razón por la que esta última se le suele llamar la isla Colombina, debido a que fue el último puerto donde Colón desembarcó antes de llegar a América. Con el tiempo, el archipiélago se volvería parte fundamental de está ruta ofreciendo instalaciones de reparación, agua, alimentos y un clima ideal para lanzar expediciones hacia el oeste, volviendolas una parada obligatoria para todo barco con rumbo al Caribe, a las costas de Sudamérica o a las colonias del Golfo de México, esto hizo que ciudades de las islas como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna prosperaron gracias a este intenso tráfico oceánico. Precisamente por su importancia estratégica, Canarias fue objetivo recurrente de ataques piratas, corsarios y potencias europeas rivales como fueron los ingleses, holandeses y franceses que intentaron en varias ocasiones controlar o saquear las islas, una de las batallas más famosas fue la derrota en Santa Cruz de Tenerife del almirante Nelson de la marina británica en 1797. En este punto no vamos a parar mucho, porque las historias de piratas e intentos de conquistas de Canarias en la época dorada de la pirateria dan para otro artículo, sin embargo, recomendamos a los lectores investigar sobre la vida del pirata Amaro Pargo, el cual fue un corsario de la corona española, contemporáneo al famoso Barbanegra, con una historia y leyenda que no decepcionan, inclusive, la compañía de videojuegos Ubisoft, hizo una investigación histórica exhaustiva de Amaro Pargo para la entrega de su juego “Assassins Creed IV: Black Flag” en el año 2013.   Estas conexiones de Canarias con América también se vieron reflejadas en los grandes flujos migratorios que surgieron desde el siglo XVI hasta bien entrado el XX donde miles de canarios emigraron principalmente al caribe a países como Cuba, República Dominicana o Venezuela, las primeras olas fueron impulsadas por las políticas colonizadoras que incentivaban el poblamiento de territorios estratégicos del imperio español , así como la búsqueda de oportunidades en el nuevo mundo. Sin embargo, la ola migratoria más reciente y la que sigue en el imaginario colectivo de los y las canarias fue la que ocurrió después de la guerra civil española, ya que se estima, que solo en Venezuela para 1958 había llegado al país más de 62 mil canarios, creando la mayor diáspora de isleños en américa.   No es por nada que a Venezuela, se le sigue llamando en Canarias la “octava isla” haciendo honor al refugio que dio a todos los isleños que hicieron el país su hogar, en este sentido, hoy en día en las islas ha llegado un importante retorno de hijos y nietos de canarios que se quedaron en Venezuela y ahora por la situación actual del país hispanoamericano están buscando emigrar a las islas. Los datos más actuales del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) nos arroja que los venezolanos son la población extranjera más grande en Canarias con más de 83 mil personas, seguidos de los cubanos y colombianos, lo que evidencia el impacto de los flujos migratorios en décadas anteriores de las islas a sudamérica y el caribe. La huella del pueblo canario en América es imborrable en aspectos como el habla y la cultura, además, muchos canarios trabajaron en plantaciones y aportaron formas de cultivo y de riego innovadoras para algunas zonas, esto hizo que la diáspora canaria se integrará profundamente en estas sociedades, a veces manteniendo vínculos identitarios que sobrevivieron generaciones, lo que hace que muchas familias latinoamericanas reconozcan hoy sus raíces isleñas.   En algunos espacios, especialmente en Cuba y Venezuela, los emigrantes canarios comenzaron a articular discursos identitarios propios sobre la especificidad cultural de Canarias, ideas que más tarde alimentarían los movimientos nacionalistas en el siglo XX. Estos movimientos identitarios tuvieron su momento álgido a partir de los 60´s cuando se estaban llevando a cabo procesos de independencia y descolonización en África, sumado a movimientos revolucionarios en américa como fue el caso de Cuba, isla que como mencionamos anteriormente tenía una importante población canaria, incluso José Martí, líder de la guerra de independencia de Cuba era hijo de canarios. Por ello, Martí siempre hablaba de las islas en sus discursos, dirigiéndose a los isleños siempre que podía, a los cuales les decía que era un pueblo que estaba “oprimido como nosotros”, discurso que podríamos enmarcar en un nacionalismo temprano.   En este sentido, una de las figuras más conocidas del independentismo canario es Antonio Cubillo, fundador del MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) una agrupación política que terminaría siendo considerada como organización terrorista por una serie de atentados con bomba que realizaron a lo largo de la década de los 70´s. Cubillo desde el exilio en Argelia defendió en foros internacionales, incluso en la Organización para la Unidad Africana, que Canarias era un territorio africano bajo dominación europea lo que posicionó la cuestión canaria en debates sobre descolonización y dio otro escenario político convulso en España durante la época de la transición.   El escenario del independentismo en Canarias es interesante analizarlo en el contexto internacional ya que a diferencia de otros movimientos nacionalistas en España como el Vasco o el Catalan, hubo una discusión seria respecto al tema en organismos internacionales como el comité de liberación de la Organización para la Unidad Africana, donde Argelia en 1978 planteó apoyo logístico y económico al MPAIAC, así como el envío de una comisión de investigación a las islas, esto sólo 3 años después de la pérdida de España del Sáhara Occidental por la ocupación marroqui del territorio.   Sin embargo, el auge de movimientos independentistas en Canarias no fue lo único que ocurrió en las islas en el siglo XX, no podemos hablar de estas décadas sin mencionar el franquismo y los nazis. En este sentido, a veces es interesante imaginar si la guerra civil española hubiera sucedido como ocurrió si a Franco no lo hubieran destinado a Canarias como comandante militar ya que desde las islas tuvo más facilidades para organizarse y partir  a Marruecos para ponerse al frente de las tropas sublevadas del Ejército de África, dichas tropas que Franco conocía muy bien por sus años en activo en el territorio.   Durante el franquismo, Canarias ocupó un lugar relevante en la política militar española, las islas funcionaron como zona de destierro interno para opositores políticos y personas que no eran del agrado del régimen, así por ejemplo, encontramos en Fuerteventura un campo de concentración unico en todo el país construido en Tefía para hombres homosexuales que fue legalizado por la modificación en 1954 de la Ley de vagos y maleantes. Las islas también sirvieron como refugio para los aliados del régimen, en Fuerteventura en la península de Jandía, vivió Gustav Winter, un ingeniero que Reino Unido consideraba como espía de los nazis que se sabe que colaboró con la llegada de submarinos y barcos alemanes al puerto de Las Palmas, además, a lo largo de la guerra diversas aeronaves de origen alemán tenían permitido aterrizar en los vastos terrenos que Winter tenía a su propiedad.   Con la llegada de la democracia y la integración de España en la Unión Europea y la OTAN, Canarias adquirió un lugar renovado en un nuevo marco geopolítico, en este sentido, la apertura a la UE consolidó las islas como uno de los principales atractivos turísticos en Europa, convirtiéndolo en la principal actividad económica de las islas, representando un porcentaje muy significativo del PIB regional, este crecimiento económico que trajo el turismo entre los 70´s y los 90´s produjo una gran ola de capital extranjero que cambió por completo zonas como el sur de Tenerife y Gran Canaria con grandes cadenas de hoteles y multinacionales, un ejemplo de esto son empresarios como Wolfgang Kiessling fundador de Loro Parque, uno de los zoológicos más grande de Europa ubicado en Puerto de la Cruz, el cual también es dueño de Siam Park, un parque acuático ubicado en el sur de Tenerife en Costa Adeje, el cual, es el más grande de Europa y bate varios récords mundiales. El impacto del turismo en las islas se entiende mejor si se observan los abrumadores datos de visitantes, ya que para 2024 la cantidad de turistas casi supera los 18 millones, es decir, 9 veces más personas que la población total de Canarias, para ponerlo en contexto, hay que pensar que solo Tenerife tuvo en dicho año más turistas que Brasil.   Un dato bastante revelador del poder geopolítico de canarias es su importancia militar, ya que cuando España entró en 1982 en la OTAN el artículo 5 de defensa colectiva contemplaba a las islas dentro de la alianza por encontrarse al norte del Trópico de Cáncer, sin embargo, España no pudo incorporar las ciudades de Ceuta y Melilla al pacto ya que se argumentó que su ubicación dentro de África continental no es concebida en los tratados internacionales de la OTAN. En este sentido, España mantiene en las islas una intensa actividad militar, en Gran Canaria, por ejemplo, encontramos la Base Aérea de Gando la cual es una de las más grandes e importantes de la Fuerza Aérea Española y es única por la gran variedad de aeronaves que operan en esta.   Las islas también son importantes para organismos como la ONU, que en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el Programa Mundial de Alimentos tiene uno de los centros logísticos más grandes del mundo desde hace más de 10 años, desde donde se distribuyen alimentos a países principalmente del África Occidental, además, Canarias se considera como punto seguro para investigar de cerca dinámicas del continente africano que afectan directamente a Europa como pueden ser los golpes de Estado que se han estado llevando a cabo en la zona del Sahel y que pueden causar una mayor presión migratoria hacia el continente europeo.   En este sentido, cuando hablamos de conflictos con nuestros vecinos, Canarias vive constantemente discusiones con Marruecos sobre los límites de las aguas territoriales, uno de los periodos más complicados se vivió en 2024 cuando el Tribunal de Justicia de la UE tumbó los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, esto en línea con una sentencia del Tribunal General de la UE en 2021, esto supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 licencias de barcos que faenaban en la zona son de bandera española.   Este problema con las aguas territoriales es complicado de explicar ya que cuenta con muchos matices que los países usan a su favor dependiendo del contexto, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional dice que las aguas donde un país tiene pleno derecho son las que se extienden hasta las 12 millas de sus costas, Canarias aunque es un archipiélago, al no ser un país, la ONU no incluye las aguas interiores de las islas como territorios marítimos de pleno derecho de España, lo que implica que un barco mercante o de cualquier tipo puede cruzar libremente las aguas interiores de Canarias mientras que dicha nave no se aproxime a 12 millas de cualquier costa, este es un conflicto que poco se conoce, pero que se lleva décadas luchando ante los organismos internacionales.   Por lo cual, no es lo mismo la jurisdicción que tiene un país sobre las aguas cercanas a sus costas y las zonas económicas exclusivas, esta área se extiende desde sus costas hasta las 200 millas náuticas que dan derechos económicos sobre el uso de dichas aguas al país, el problema comienza cuando dos o más países tienen su ZEE dentro de la de otro. La ZEE de Canarias entra en la de Marruecos y viceversa, con los acuerdos comerciales de pesca entre la UE y Marruecos existía un diálogo entre ambas partes sobre lo que se pretendía hacer en dichas aguas, al romperse, el gobierno marroquí ha comenzado a tomar decisiones de forma unilateral en la zona, lo que genera un panorama complejo para el futuro ya que Marruecos reclama poder explotar las tierras raras y minerales que se cree que hay en el Monte Tropic, el cual es una cadena de montes submarinos que entran dentro de la ZEE de Canarias y que Marruecos sólo es capaz de reclamar porque considera de facto las aguas del Sáhara Occidental como suyas. En este sentido, Canarias no escapa de las luchas de poder entre Estados Unidos y China, el archipiélago es la región de España que en los últimos años ha sido visitada más veces por los presidentes chinos, solamente Xi Jinping ha visitado las islas en tres ocasiones desde que está en el poder, la última visita la hizo en 2024, como escala en el viaje posterior que tendría a Perú. Esto aunque pueda parecer raro, en realidad tiene toda la lógica del mundo, ya que el gigante asiatico tiene mas negocios en Canarias de lo que uno piensa, un ejemplo de esto es que en Las Palmas encontramos una de las sedes de la Corporación Nacional de Pesca de China, que es la empresa estatal encargada de operar en altamar, teniendo parte de la flota pesquera de la compañía en el puerto de la ciudad, donde sus buques parten hacia las costas de otros países para pescar, muchas veces de forma ilegal.   China no reduce su negocio solo a la pesca, ya que en 2024 la terminal grancanaria de contenedores Opcsa, propiedad de la compañía de cruceros MSC, firmó un contrato con el fabricante chino ZPMC para incorporar dos nuevas grúas de muelle a sus instalaciones, lo que convierte al país en un socio estratégico para el desarrollo de infraestructura en Canarias, también los chinos han invertido grandes cantidades de dinero en el turismo, por ejemplo, la cadena de hoteles Radisson, es propiedad del fondo chino Jin Jiang International desde 2018, esta multinacional ha comprado en los últimos años hoteles sobretodo en Gran Canaria, lo que convierte a China en el quinto suministrador de bienes y mercancías en las islas, en este sentido, el gobierno chino sabe que Canarias es un punto estratégico para crecer y ampliar sus rutas comerciales, así como expandir sus negocios hasta África y América.    Para concluir, podemos decir que Canarias es un reflejo de cómo territorios tan pequeños pueden condicionar grande eventos históricos, desde los romanos que las imaginaron como un paraíso hasta los turistas que cada año aterrizan en sus aeropuertos, su valor geopolítico no ha disminuido, ha cambiado de forma a través de los siglos, siendo en el pasado escala obligada de galeones, luego objetivo de imperios, después origen de migrantes que transformaron sociedades enteras y hoy pieza esencial en el equilibrio estratégico europeo y ubicación clave para las nuevas lógicas comerciales. La imagen de Canarias como un lugar apacible y ajeno oculta una realidad muy distinta, el pueblo canario ha vivido transformaciones profundas, tensiones políticas, migraciones, disputas y cambios constantes que han moldeado su identidad.   Lejos de ser un territorio tranquilo, Canarias ha sido siempre un espacio en movimiento, abierto al exterior y condicionado por su posición estratégica, donde queda mucho por ver en su papel frente a cuestiones clave como son el Sáhara Occidental, la migración venezolana y las consecuencias de un conflicto directo entre Venezuela y Estados Unidos, así como, la muerte de Mohammed VI en un futuro próximo y el aumento de migración desde el continente africano en la ruta canaria, sin mencionar, el interesante papel que las islas están teniendo ahora mismo en el mundo de la música, con grandes artistas saliendo del territorio, que están generando un importante soft power –al ya propio de las islas–, especialmente en las relaciones culturales entre latinoamérica, Europa y las islas.

El inicio del año 2026 comienza mediante una operación militar llevada a cabo por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela el día 3 de enero, constituyendo uno de los episodios internacionales más importantes en el hemisferio occidental desde el final de la Guerra Fría, y, sin duda, uno de los eventos que marcarán el nuevo año. No se ha tratado de un ataque puntual ni de una acción militar aislada, sino de una decisión estratégica de alto nivel, adoptada en el seno de la administración estadounidense, que ha combinado fuerza militar, cálculo político y construcción narrativa. Como ocurrió en Panamá en el año 1989 o en las operaciones norteamericanas en Pakistán contra Bin Laden durante la primera década del siglo XXI, el objetivo no parece haber sido ni una guerra convencional ni la ocupación territorial, sino la alteración inmediata del equilibrio de poder interno mediante un “shock”, rápido, limitado y tremendamente simbólico. Ataque durante la madrugada del 3 de enero de 2026 Desde las primeras horas de la madrugada (02:00 am hora local en Caracas), las informaciones sobre explosiones y ataques sobre Caracas y en otros puntos claves del país hispanoamericano, cortes de electricidad, interferencias en las comunicaciones y sobrevuelo de aeronaves indicaron un patrón operativo claro: acción nocturna, simultánea y de corta duración, diseñada para desorganizar y paralizar el aparato estatal chavista. La Casa Blanca ha definido la operación como “limitada” y “quirúrgica”, habiendo confirmado el supuesto fin de los ataques desde prácticamente las nueve de la mañana (hora española peninsular). Mientras, el gobierno venezolano califica los hechos como una agresión directa e inaceptable. Más allá de la disputa retórica, el diseño de la operación parece responder a una lógica consolidada en la doctrina militar posterior a Irak y Afganistán: golpes de alta precisión, protagonismo de fuerzas especiales y retirada rápida, evitando el despliegue masivo de militares, la ocupación territorial o el coste político y humano de una intervención prolongada. La selección de los objetivos atacados refuerza la interpretación mencionada. Los indicios disponibles apuntan a centros de comando y control militar, instalaciones vinculadas a la seguridad del Estado, nodos de comunicaciones y complejos logísticos esenciales para una respuesta coordinada (de momento capitalizada por la prudencia en las declaraciones de Diosdado y las acusaciones de Delcy Rodríguez; a quien ha pillado la intervención en Rusia). El propósito no era destruir infraestructuras civiles ni derrotar al conjunto de las fuerzas armadas venezolanas, sino interrumpir la capacidad de mando, aislar a la cúpula del régimen y facilitar operaciones de captura o neutralización de alto valor, como ha sido la detención de Nicolás Maduro y su mujer. Esta lógica de “decapitación” política remite de forma directa a la Operación Causa Justa en Panamá, cuando EEUU neutralizó en cuestión de horas la capacidad operativa del régimen de Manuel Noriega (curiosamente arrestado también un 3 de enero, pero de 1990), dejándolo políticamente aislado y militarmente imponente. Figuras clave: más allá de Donald Trump El elemento decisivo de la operación no reside en la mera ejecución militar, sino en la voluntad política que la ha impulsado, personificada de manera clara en la figura de Donald Trump. El estilo del Presidente norteamericano –previsible desde su primera administración– se ha caracterizado por el rechazo al gradualismo con Venezuela, la desconfianza hacia la diplomacia prolongada y la preferencia por acciones visibles, directas y de fuerte impacto. Desde esta perspectiva, Venezuela representa un caso paradigmático de lo que Trump considera un fracaso de la política tradicional: décadas de sanciones, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición, hechos que no lograron desalojar al chavismo del poder ni modificar sustancialmente su comportamiento, derivando en un gasto de miles de millones para las arcas estadounidenses. La decisión de recurrir a la fuerza debe interpretarse –todavía con incógnitas–, por tanto, como una ruptura consciente con la estrategia de contención indirecta. En la lógica de Trump, mantener el status quo equivale a aceptar una derrota estratégica y proyectar debilidad. Como en el caso de la eliminación de Qasem Soleimani en 2020, la administración asume el riesgo de escalada y de críticas internacionales a cambio de un mensaje inequívoco: EEUU está dispuesto a actuar unilateralmente cuando percibe que su credibilidad o su seguridad estratégica están en juego, similar a la Doctrina Monroe o el posterior Corolario Roosevelt –hecho curioso, teniendo en cuenta que la narrativa política de Trump se ha caracterizado por la ruptura ante estas políticas tradicionales–. La intervención en Venezuela encaja de tal forma en una visión del poder internacional más transaccional, menos normativa y profundamente personalista. Este giro no se puede atribuir únicamente a Trump como individuo, sino que se inserta en una línea política coherente dentro de su administración, donde figuras como Marco Rubio –Secretario de Estado– han desempeñado un papel central. Rubio ha sido durante años uno de los principales arquitectos ideológicos de la política dura hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, construyendo un marco imperativo que presenta al chavismo no solo como un régimen autoritario –que lo es–, sino como un Estado criminal, vinculado al narcotráfico, al crimen organizado y a actores extra-hemisféricos hostiles a EEUU. Su influencia ha sido clave para convertir Venezuela en un asunto estructural de la seguridad hemisférica, no en una mera crisis política regional. En este sentido, Rubio cumple una función similar a la de los grandes “halcones” de la Guerra Fría: no ejecuta la acción militar, pero prepara el terreno político, moral y discursivo que la hace posible. La operación del 3 de enero no ha surgido del vacío, sino tras años de acumulación narrativa, sanciones, denuncias y construcción de consensos parciales en Washington. Cuando Trump decide actuar, el marco ya está definido: no se interviene contra un gobierno legítimo, sino contra una amenaza sistémica. Junto a Trump y Rubio, la operación revela una coordinación estrecha entre el poder político, el aparato de seguridad nacional y la comunidad de inteligencia. El protagonismo de fuerzas de operaciones especiales –como la Delta Force–, apoyadas por inteligencia satelital, cibernética y aérea, indicando que el objetivo principal no era militar en sentido clásico, sino político y psicológico. Estas unidades se emplean casi exclusivamente en misiones de alto valor estratégico: captura de líderes, neutralización de objetivos críticos y operaciones de extracción. Su uso en Venezuela refuerza la idea de que el centro de gravedad de la operación era la cúpula del régimen, no del territorio.   Derecho Internacional y similitudes históricas La afirmación estadounidense de que Nicolás Maduro y parte de su entorno habrían sido capturados y trasladados fuera del país constituye el elemento más disruptivo del episodio. De confirmarse, el paralelismo con Manuel Nogueira sería muy similar: captura de un jefe de Estado en ejercicio, traslado a territorio estadounidense y eventual judicialización. No obstante, la falta de pruebas públicas concluyentes sugiere que la ambigüedad puede ser deliberada. Desde el punto de vista estratégico, la incertidumbre desorganiza, divide y paraliza: dificulta la articulación de una respuesta coherente, alimenta luchas internas y aumenta la presión sobre manos intermedios que deben decidir rápidamente a quién obedecer.  Desde la visión y análisis del Derecho Internacional, la operación presenta y plantea profundos debates y problemas. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad, supuestos que no parecen concurrir en este caso. EEUU ha recurrido, como en otros casos, a una interpretación ampliada de la legítima defensa: cuando un Estado es incapaz o no está dispuesto a neutralizar amenazas, la acción unilateral se vuelve legítima. La diferencia crucial es que, en Venezuela, el objetivo no es un actor no estatal, sino un gobierno reconocido internacionalmente, lo que grava el precedente y profundiza la erosión del orden jurídico internacional en favor de una lógica de poder. Así pues, la narrativa contra el narcotráfico seguida por la administración estadounidense durante los últimos meses ha desempeñado un papel fundamental como marco legitimador de la operación. Especialmente, el denominado “Cartel de los Soles”, ha presentado a un chavismo autoritario y criminal, integrado en redes de narcotráfico transnacional, la administración Trump pudo desplazar el foco desde una intervención contra un Estado soberano hacia una acción de seguridad contra una amenaza criminal. Este encuadre, impulsado durante décadas por sectores como el de Rubio y consolidado en acusaciones judiciales formales y sanciones, ha permitido justificar políticamente el uso de la fuerza ante la opinión pública estadounidense y reducir el coste narrativo internacional, situando la operación más cerca de una acción policial de alto nivel que de un guerra clásica. Según la Fiscal General de los EEUU, Pamela Bondi, Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por diversos delitos graves, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU. Asimismo, ha sostenido que ambos enfrentarán a la justicia estadounidense en tribunales de EEUU.   Aunque EEUU no ha reconocido a Maduro como presidente legítimo y sí respalda a otro líder, como lo fue Juan Guaidó o los actuales Edmundo González y María Corina Machado, esto no anula la soberanía de Venezuela ni legitima directamente la captura militar de Maduro en su territorio. La emisión de acusaciones criminales en tribunales estadounidenses es legal y permite medidas como alertas internacionales o congelamiento de activos, pero intervenir directamente en Venezuela sin cooperación internacional sería una violación del derecho intrnacional y de la inmunidad de jefes de Estado en funciones –puesto que no se acusa a Maduro por crímenes penales internacionales graves–. En la práctica, EEUU solo podría haber actuado legalmente si Maduro se encontrara en un país dispuesto a colaborar en su extradición, manteniendo así el respeto formal a la soberanía y las normas internacionales, hecho que no se ha dado. Reacción de la población venezolana En contra del Derecho Internacional, para la población venezolana, los efectos inmediatos han sido dispares: miedo, confusión, disrupción y alegría. Aunque no se ha tratado de bombardeos masivos, incluso las operaciones “quirúrgicas” genean impactos sociales significativos, especialmente en un país que sufre de una crisis humanitaria y económico profunda, derivada del régimen chavista. La experiencia histórica muestra que estos efectos tienden a intensificarse después del golpe inicial, cuando emergen problemas de gobernabilidad, seguridad y control territorial. Se conocen casos de declaraciones populares masivas y celebraciones contra Maduro, en favor de la intervención y la detonación de fuegos artificiales en urbes como Caracas o la celebración de los hechos en ciudades como Miami o Madrid. Diversos periodistas han recalcado que la población venezolana se encuentra esperanzada ante un posible cambio, temerosa del futuro inmediato. Asimismo, han criticado la falta de apoyo firme de algunos gobiernos que, como el español, no han mostrado el suficiente soporte a una población de centenares de miles de nacionales de ambos países en cada Estado respectivamente. Bajo el gobierno dictatorial de Maduro, Venezuela ha sufrido el colapso económico, la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, la hiperinflación y una escasez generalizada, erosionando la calidad de vida de su población extremadamente. La represión política y la persecución de opositores han debilitado las instituciones democráticas. Además, la corrupción y la mala gestión han agravado la crisis humanitaria, forzando la migración masiva de más de nueve millones de venezolanos. El papel de la oposición venezolana tras los ataques En dicho contexto, la oposición venezolana se enfrenta a una oportunidad histórica tan grande como convulsa. María Corina Machado (vista por última vez en Oslo; Noruega; tras recibir el Premio Nobel de la Paz) aparece como la figura con mayr credibilidad y legitimidad social interna, construida a lo largo de años de discurso firme, coherente y frontal contra el chavismo. Sin embargo, su desafío es delicado: capitalizar el colapso del régimen sin quedar excesivamente asociada a una intervención extranjera, lo que podría erosionar su autoridad moral y su capacidad de liderazgo a medio y largo plazo, vital cara a una transición estable. Sin embargo, Donald Trump ha sido prudente hacia el apoyo a Machado y González, afirmando que las negociaciones involucrarán a Delcy Rodríguez, puesto que “está dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”. Lo seguro, es que Marco Rubio y Pete Hegseth, secretarios de Estado y de Guerra de la administración Trump mantengan una figura central en la transición venezolana. Mientras, el panorama para Diosdado Cabello, Vladimiro Padrino y los hermanos Rodríguez parece nublarse cada vez más. Edmundo González, por su parte, encarna un perfil algo distinto: menos carismático, pero más institucional y diplomático, potencialmente más aceptable para actores internacionales y sectores moderados del chavismo. En escenarios de transición, figuras como la de González suelen desempeñar un papel clave como puentes entre la ruptura política y la reconstrucción institucional, aunque carezcan de empuje movilizador de líderes más carismáticos, los cuales, pueden lograr llegar al poder democráticamente posteriormente. Los precedentes históricos ofrecen lecciones claras. En Panamá, la oposición se benefició de la caída de Noriega, pero el proceso estuvo fuertemente condicionado por Washington. En Pakistán, las operaciones acabaron con amenazas concretas, pero no fortalecieron de forma sostenible el sistema político local. Venezuela corre el riesgo de reproducir ambos patrones: liberación política acompañada de tutela externa y fragilidad institucional. Sin embargo, no nos encontramos en 1989 y Venezuela, nunca será Panamá. En cuanto al futuro, los escenarios oscilan entre la transición tutelada con fuerte influencia estadounidense, un gobierno civil con autonomía limitada, una fragmentación interna si el aparato militar se divide, o una reinstitucionalización gradual apoyada por la comunidad internacional. La variable decisiva será la capacidad de los actores venezolanos para transformar una oportunidad geopolítica en legitimidad política propia. Las reacciones internacionales; oposición, silencio y apoyos Las reacciones internacionales han sido rápidas y marcadamente reveladoras de las fracturas del sistema global. Rusia, Bielorrrusia, Irán, Nicaragua y Cuba han denunciado de formas casi inmediata la violación del Derecho Internacional y de la soberanía venezolana, reafirmando un discurso jurídico que contrastas con su tolerancia –o práctica– de intervenciones unilaterales en sus respectivas áreas de influencia. De igual forma, facciones políticas afines al chavismo alrededor del mundo se han posicionado en contra del intervencionismo, algunos ejemplos son: el Partido Comunista de la India; EH Bildu, Izquierda Unida, SUMAR, ERC y Podemos en España; el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá; etc. Otros países, como China y Yemen,  se mantienen en silencio, posiblemente a esperas de las declaraciones de Trump esta tarde, pero con un previsible apoyo hacia el régimen de Maduro.  La UE ha optado por una condena matizada, apelando al Derecho Internacional y a una solución negociada, sin apelar a los ataques, similar a la de declaraciones como las del Gobierno del Reino de España. Por su parte, Portugal ha pedido que sus nacionales en Venezuela permanezcan en casa. El resto de países europeos parecen posicionarse en favor de las declaraciones de la Unión, lideradas por la narrativa española: no apoyar a Maduro pero tampoco ir en contra del Derecho Internacional, aunque de forma tibia. En América Latina, las respuestas son dispares: Colombia –a quién Trump ha llamado la atención por las declaraciones de Petro, las cuales ha mencionado que deberían de ser más cautelosas– y México se han mantenido en una narrativa contraria al intervencionismo estadounidense y en favor del Derecho Internacional (art. 2.4 de la Carta de NNUU), de igual forma que el Presidente saliente Boric, en Chile o el expresidente izquierdista hondureño Manuel Zelaya. En el caso mexicano, Claudia Sheinbaum se ha posicionado en favor del cese de agresión contra el gobierno y pueblo venezolano, en favor del diálogo y la mediación, mediante instituciones como la ONU. Mientras, países como Argentina, Ecuador o El Salvador han respaldado las acciones. Otros países, tales como: México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, el Presidente electo chileno (Kast) o Bolivia no se han pronunciado al respecto, aunque se espera un apoyo de la mayor parte de gobiernos ante las acciones o una respuesta tibia en el caso de Brasil o Uruguay, más relacionada con el respeto al DI y la desescalada. Conclusión El contraste más elocuente lo ofrece la realidad sobre el terreno: mientras numerosos gobiernos internacionales o facciones gubernamentales invocan principios abstractos, imágenes y testimonios muestran a sectores muy significativos de la población venezolana celebrando en las calles la caída de Maduro, lo que pone en relieve la paradoja –cuando no el cinismo– de exigir un respeto formal a un orden jurídico que, para muchos, llevaba años funcionando únicamente para perpetuar su propia opresión. En última instancia, la intervención estadounidense en Venezuela no es un episodio militar, sino la culminación de una cadena de decisiones políticas, trayectorias personales y doctrinas estratégicas. Trump aporta la decisión y su característico y “fanfarrón” estilo; Rubio, la coherencia ideológica; la administración, la ejecución; y la oposición venezolana, la incógnita del futuro. La historia demuestra que derrocar un régimen es relativamente sencillo; construir un Estado legítimo y estable es verdaderamente la prueba. Venezuela entra en una fase de celebración, pero de alto peso político, bajo la mirada de un sistema internacional cada vez más regido por el poder que por las normas. Declaraciones tras la rueda de prensa de Mar-a-Lago El Presidente Donald Trump ha comparecido media hora después de lo inicialmente indicado. El mandatario ha confirmado que se ha llevado a cabo un ataque de gran escala contra Venezuela y que el Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados y trasladados fuera del país en dirección Nueva York. Trump ha descrito la operación como sumamente exitosa y ha afirmado que contó con coordinación de las fuerzas estadounidenses durante los últimos días, aunque no ha detallado todos los componentes involucrados, indicando que se han desplegado aproximadamente 150 vehículos militares, centenares de soldados y miles de involucrados en los preparativos y operaciones. De igual forma, Trum ha defendido y presumido el poder militar, de seguridad y económico de los EEUU frente al resto del mundo: “ningún otro país podría haber hecho algo así”.   Asimismo, Trump ha anunciado que Estados Unidos dirigirá temporalmente Venezuela hasta que se establezca una “transición segura y ordenada”, afirmando que las compañías petroleras estadounidenses participen en la reconstrucción e inversión en el sector energético petrolero del país. También ha indicado que no descarta una segunda oleada militar –aunque ha planteado que de momento duda está vía– si fuese necesaria para estabilizar y garantizar la seguridad.  La acción ha generado condenas internacionales por violaciones de soberanía y preocupaciones sobre sus implicaciones legales y geopolíticas. Varias naciones han calificado la intervención como agresión, mientras que en EEUU hay dudas sobre la autorización del Congreso para este tipo de operaciones. De tal forma, Washington ha dejado clara una cosa a Moscú y Pekín en la región: la democratización de América Latina es posible, pudiendo perder un área de influencia deteriorada para las dos potencias tras la pérdida de Bolivia y el giro conservador del continente. Créditos foto: AFP

El año que estamos por cerrar ha sido, sin exagerar, uno de los más densos y determinantes de la política internacional reciente. En apenas doce meses, el tablero geopolítico ha experimentado una aceleración histórica: guerras que no encuentran salida, potencias que reconfiguran sus alianzas, economías sometidas a tensiones estructurales y una arquitectura multilateral que intenta adaptarse —con más dificultades que éxitos— a un mundo que ya no responde a los patrones del pasado. La sensación dominante es la de un sistema internacional sometido a estrés permanente, donde cada crisis se superpone a la anterior y donde los mecanismos tradicionales de gobernanza global muestran signos evidentes de agotamiento. 2025 también ha sido el año en que la financiación para el desarrollo, la seguridad energética, la regulación tecnológica y la transición climática han dejado de ser debates sectoriales para convertirse en ejes centrales de la política mundial. Las grandes cumbres multilaterales, desde Sevilla hasta el G20, han funcionado como termómetros de un orden en disputa, mientras nuevos actores han irrumpido con fuerza en la escena global. Entender 2025 es, en definitiva, comprender cómo se está configurando el mundo que vendrá. 2025, un año de rotación política A primera vista, 2025 podría interpretarse como un año de vitalidad democrática teniendo en cuenta cuán extenso fue el calendario electoral de este año (más de 40 procesos electorales nacionales) pero su capacidad para producir legitimidad efectiva se encuentra cada vez más en erosión. El problema va más allá de sistemas más democráticos o autocráticos; la pérdida estructural de confianza en la capacidad de voto para generar gobiernos representativos y funcionales se encuentra en clara tendencia. En diversos países, los comicios se desarrollaron conforme a la ley y sin irregularidades masivas, pero los gobiernos formados de estos procesos enfrentaron siempre contestación social y una dificultad creciente para construir mayorías estables, lo cual es un rasgo que emana de este año, pero no por menos es preocupante. En regímenes híbridos y autocracias, las elecciones funcionaron abiertamente como instrumentos de control (véase Camerún, Venezuela, Myanmar, Bielorrusia…). La exclusión de candidatos, la judicialización de la oposición, la captura de organismos electorales y el uso del aparato de seguridad para condicionar el proceso fueron prácticas recurrentes. Sin embargo, el efecto comienza a ser adverso en diversos países, pues, en lugar de consolidar el poder, convocar elecciones con irregularidades graves y marcadas por la ausencia de oposición han desembocado en protestas masivas, represión y un mayor aislamiento internacional. En democracias formales, el deterioro adoptó formas más sutiles pero no menos preocupantes. Las campañas de 2025 estuvieron marcadas por una fuerte polarización, discursos maximalistas y una reducción del debate programático. La política electoral se estructuró cada vez más en torno al miedo, la identidad y la confrontación moral, en detrimento de la deliberación sobre políticas públicas. El resultado fue una dinámica de gobierno frágil: ejecutivos con mandatos formales claros pero con una capacidad muy limitada para articular consensos, implementar reformas estructurales o gestionar crisis prolongadas, como, sin ir más lejos ni entrar en cuestiones valorativas, sucedió en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en España, una democracia plena según el Índice de Democracia de The Economist. El contexto socioeconómico agravó esta fragilidad. Elecciones celebradas en medio de inflación persistente, deterioro de servicios públicos, inseguridad y desigualdad estructural generaron expectativas que los sistemas políticos no estaban en condiciones de satisfacer. En este escenario, el voto operó menos como una elección entre proyectos viables y más como un instrumento de castigo o rechazo. Esta lógica punitiva, aunque comprensible desde el punto de vista ciudadano, contribuyó a ciclos de gobierno cada vez más inestables. Un elemento particularmente significativo en 2025 fue el comportamiento de las generaciones más jóvenes. En múltiples contextos, los jóvenes participaron activamente en elecciones, pero sin una identificación clara con partidos o liderazgos tradicionales. En otros casos, optaron por la abstención o por formas de movilización extrainstitucional. Esta actitud no refleja apatía política, sino una percepción extendida de que los mecanismos electorales existentes no permiten transformar condiciones materiales ni alterar estructuras de poder profundamente arraigadas. Por otro lado, si bien no son observables a nivel global tendencias ideológicas claras y concretas, es cierto que en términos regionales sí es posible realizar este análisis. Por ejemplo, en Latinoamérica el giro a la derecha es más que evidente, con 3 de 5 gobiernos electos de esta ideología, yendo desde el liberalismo pro-mercado en Ecuador hacia el conservadurismo en Chile y Honduras, siendo Bolivia la única en la que la izquierda venció, y lo hizo con menor apoyo que en previas ocasiones. Una tendencia que también ocurre en Europa, donde hubo cuatro elecciones, de las cuales tres fueron ganadas por la derecha conservadora (Polonia, Portugal o República Checa) mientras que en Noruega venció el partido laborista, destacando aquí una clara tendencia hacia el voto conservador en ambos continentes. En África y Asia analizar las tendencias ideológicas es más complejo, teniendo en cuenta que las ideologías son menos marcadas, y que, por ejemplo, en África, el avance de procesos autoritarios es evidente, y las elecciones se usan como mero instrumento de consolidación de las estructuras autoritarias existentes, sobre todo en la validación de las dictaduras africanas longevas, como Camerún. Si bien es cierto, Asia también comprende economías con tradición democrática, donde existen altas tensiones entre fuerzas conservadoras y progresistas, con una tendencia a la polarización social y a la fragilidad de consensos. En Oceanía ocurre una tendencia hacia la personalización y pragmatismo, con enfoques centrados en servicios básicos, respuestas a desastres, estabilidad económica y liderazgo local, y en sus elecciones concurren gran cantidad de candidatos independientes, como en Micronesia, Samoa, Tonga o Nauru. Un año marcado por Golpes de Estado, conflictos armados y tensiones sociales El año 2025 quedará marcado en la historia como un punto de inflexión en términos de estabilidad política y conflictos globales. Mientras unos países celebraban procesos electorales, otros veían interrumpidos sus sistemas democráticos por golpes de Estado, insurgencias armadas o protestas masivas, multiplicando las crisis humanitarias y la violencia criminal. En el ámbito de golpes de Estado, este año que dejaremos en breves atrás no ha sido demasiado convulso, pero sí se establece un peligroso antecedente de fragilidad institucional, concretamente en África Occidental y Austral. Guinea-Bissau experimentó un golpe militar el 26 de noviembre, cuando oficiales del ejército interrumpieron las elecciones generales celebradas días previos y detuvieron al presidente Umaro Sissoco Embaló, instaurando un “Alto Mando Militar para la Restauración del Orden”, anulando las elecciones. En Madagascar, un levantamiento militar respaldó protestas masivas derivadas del descontento social por cortes de servicios básicos y corrupción, provocando el cambio de gobierno. Por su parte, Benín fue escenario de un intento fallido de golpe el 7 de diciembre contra el presidente Patrice Talon, rápidamente frustrado por las fuerzas leales y el apoyo de aliados regionales como Nigeria y la CEDEAO. En total, 2025 registró dos golpes de Estado consumados y un intento fallido, evidenciando la persistencia de la intervención militar como mecanismo para resolver crisis políticas en países con instituciones débiles. Es peligroso el precedente que sienta sobre todo Guinea-Bissau y Benín, pues, en un área tan militarizada y con tantos regímenes autoritarios y juntas militares, sería una calamidad que estos hechos se convirtieran en una solución habitual y estructural. Estas rupturas institucionales se combinaron con conflictos armados de gran escala, que afectaron a múltiples regiones del mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania  continuó como el conflicto más prolongado y destructivo de Europa, con combates intensos en el este y sur de Ucrania, incursiones transfronterizas y millones de desplazados. En Medio Oriente , la Guerra en Gaza siguió produciendo miles de víctimas civiles y un colapso sistemático de servicios básicos.  La Guerra de los 12 Días  entre Israel e Irán, aunque breve, mostró cómo las tensiones regionales pueden escalar rápidamente, involucrando ataques aéreos, misiles y participación indirecta de potencias externas como Estados Unidos.  En el sur de Asia, India y Pakistán  protagonizaron enfrentamientos armados con misiles y bombardeos cruzados, elevando las tensiones nucleares en una región históricamente volátil.  Los conflictos no solo se limitaron a guerras entre estados, sino que continuaron guerras civiles prolongadas y violencia insurgente. En Siria, Sudán, República Democrática del Congo, Somalia o el Sahel central (Mali, Burkina Faso y Níger), las insurgencias armadas generaron desplazamientos masivos y crisis humanitarias, con impactos significativos sobre la población civil. Según informes globales, al menos 56 conflictos armados activos afectaban al mundo en 2025, la cifra más alta de la década en términos de zonas de combate sostenido. Por otro lado, otra de las aristas principales para analizar sobre este año han sido las protestas masivas y la violencia interna registradas en el mundo. Según el Observatorio de Conflictos ACLED, en 2025 se han registrado más de 204.605 eventos violentos, lo que equivale a un promedio de 550 eventos violentos por día en todo el mundo. Caben destacar algunos muy relevantes: En Bangladesh, entre el 12 y el 21 de diciembre de 2025, se registraron protestas estudiantiles y opositoras tras el asesinato de un líder juvenil en Dhaka. Las manifestaciones exigieron justicia y responsabilidad, y en algunos casos derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques a medios de comunicación. En la República Democrática del Congo, los disturbios en Kinshasa el 28 de enero reflejaron la indignación contra la inacción internacional frente al avance de grupos armados en el este del país; las protestas incluyeron ataques a embajadas y vandalismo, subrayando la interacción entre conflictos armados y tensiones civiles.  Asimismo, movimientos juveniles como las protestas del “Gen Z” en Marruecos, exigieron mejoras en servicios públicos, igualdad y oportunidades laborales, denunciando la brutalidad policial y la represión estatal. También caben destacar dentro del continente europeo y EE. UU. el fenómeno de las manifestaciones pro-palestinas que se realizaron para pedir el cese de la violencia y mayor apoyo humanitario. Las crisis humanitarias derivadas de la violencia y los conflictos armados alcanzaron niveles críticos en 2025. En Myanmar, el conflicto armado iniciado tras el golpe militar sigue generando una de las peores emergencias de Asia, con más de 20 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y 3,6 millones desplazados internamente, mientras que más de un millón requiere ayuda vital para sobrevivir. En Sudán, tras años de guerra civil entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, más de 14 millones de personas han sido desplazadas y 40.000 han muerto, con reportes de crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos, en medio de hambrunas y acceso limitado a servicios básicos. En la República Democrática del Congo, la violencia de milicias en el este ha saturado hospitales y generado desplazamientos masivos, creando una emergencia humanitaria sostenida por la falta de recursos y la incapacidad de garantizar la seguridad en regiones afectadas. Un año de cumbres, crisis y reconfiguración del multilateralismo El año 2025 estuvo marcado por una intensa agenda internacional que reflejó tanto la urgencia de los desafíos globales como la creciente dificultad para articular respuestas colectivas. En un contexto de guerras abiertas, tensiones geoeconómicas y retrocesos democráticos, las cumbres multilaterales se convirtieron en espacios de negociación donde se intentó redefinir las reglas del sistema internacional. El hito central del año fue la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) , celebrada en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio. La magnitud del evento (más de 15.000 participantes y alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno) lo convirtió en la mayor reunión global dedicada a la reforma de la arquitectura financiera internacional desde Addis Abeba en 2015. En un mundo marcado por niveles récord de endeudamiento, presiones inflacionarias y crisis climáticas recurrentes, FfD4 se transformó en un foro donde el Sur Global exigió mayor voz, mayor acceso a financiación concesional y una revisión profunda de las instituciones de Bretton Woods. Aunque no se alcanzaron acuerdos estructurales definitivos, la conferencia dejó claro que la gobernanza financiera global ya no puede sostenerse sin integrar plenamente a las economías emergentes. Otro hito relevante fue la Cumbre del G20, celebrada en un clima de creciente fragmentación. Las tensiones entre Estados Unidos, China, India y la Unión Europea dificultaron la adopción de compromisos comunes en materia de comercio, regulación tecnológica y transición energética, sobre todo por la ausencia de los norteamericanos en Johannesburgo. Aun así, el G20 logró avances parciales en la coordinación fiscal internacional, aunque insuficientes para responder a la magnitud de los desafíos. Finalmente, 2025 también estuvo marcado por cumbres regionales clave: la Unión Africana, la CEDEAO, la CELAC, la ASEAN y el BRICS ampliado reforzaron su papel como plataformas alternativas de coordinación política y económica. Específicamente, las instituciones africanas estuvieron a la altura ante los incesantes cambios de gobierno, golpes de Estado y protestas dentro del continente, destacando la gran labor de la UA y la CEDEAO, en coordinación con Nigeria y Benín, para rechazar el intento de Golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2025 en Benín. De esta forma, estos hitos demuestran que el multilateralismo no desaparece, sino que se fragmenta y se transforma, se pretende volver menos jerárquico, más disputado y regionalista, destacando la orientación hacia la financiación para el desarrollo como eje central de la gobernanza global, pero con debates estructurales profundos dentro del mismo. Los protagonistas geopolíticos del 2025 Si los hitos, las elecciones, las crisis humanitarias, las protestas internas o las guerras nos revelan un sistema internacional con severos retos y en transición clara, los protagonistas del año muestran quiénes están moldeando esa transición.  En el plano estatal, es evidente que la figura de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a ocupar un lugar central en la política mundial. Su retorno al poder reconfiguró de forma profunda las alianzas globales, tensando las relaciones transatlánticas, en una política exterior profundamente proteccionista, con aranceles utilizados como amenaza o como rechazo hacia la política de ciertos países, y los conflictos como algo en lo que obtener un beneficio (véase Gaza o los Grandes Lagos), reactivando debates sobre seguridad fronteriza y liderazgo global y siguiendo ese estilo confrontativo como el centro de sus políticas globales.  También en Estados Unidos debemos destacar otros dos nombres: Charlie Kirk, quien se encontraba consolidando su papel como articulador del conservadurismo juvenil, proyectándose en debates nacionales sobre educación, identidad o libertad de expresión, y destacado por su brutal fallecimiento a inicios de septiembre; y Zohran Mamdani, legislador del estado de Nueva York, quien se convirtió en una de las voces visibles de la izquierda estadounidense contemporánea, con su discurso claramente antirracista, defensor de la vivienda pública, crítico con el poder corporativo y soporte de causas internacionales como la situación en Palestina. En Extremo Oriente sin destacables Xi Jinping, quien continúa proyectándose en el Indo-Pacífico y África, y mostrando una política comercial altamente competitiva en términos tecnológicos con Occidente; Narendra Modi, quien continúa reforzando el papel de la India como potencia emergente, combinando ambiciones globales con una política interna basada en la convivencia pacífica, el nacionalismo y la modernización económica; y Sanae Takaichi, primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra, mostrando un proyecto altamente conservador en el que se redefinía el papel nipón en seguridad regional. En el papel espiritual, otra de las caras más relevantes ha sido la del Papa León XIV, quien sustituyó, tras el cónclave sucedido en abril de 2025, a Francisco I tras su fallecimiento, reconfigurando el escenario de liderazgo espiritual y abriendo debates sobre continuidad, reforma, convivencia entre religiones, la persecución de cristianos en África, o el papel del Vaticano en un mundo polarizado, destacando visitas como la recientemente realizada a Líbano. Por otro lado, el protagonista sin duda más influyente del año no tiene un nombre ni apellido, sino millones de ellos, y es la Generación Z. En 2025, los jóvenes nacidos entre finales de los noventa y principios de los 2010 dejaron de ser un actor emergente para convertirse en una fuerza política plenamente consolidada. Su influencia se manifestó en varios frentes: participación electoral creciente, liderazgo en movimientos climáticos y de justicia social, campañas digitales contra la desinformación y una capacidad inédita para imponer temas en la agenda pública.  La Generación Z no solo protesta: vota, organiza, crea narrativas y redefine la política desde plataformas digitales que escapan a los marcos tradicionales. Su peso fue decisivo en debates sobre regulación tecnológica, derechos reproductivos, vivienda, deuda estudiantil, seguridad y política exterior. El fenómeno está siendo transversal: En Estados Unidos, Reino Unido, Tanzania, Madagascar, Marruecos, España, Brasil, Corea del Sur… los jóvenes se están convirtiendo en el bloque electoral y político decisivos. Su lenguaje, su estética y su forma de entender la política están obligando a readaptar el espacio público, de tal forma que sean escuchados. Desde Naciones en Ruinas, no sólo pretendemos destacar nombres propios, ni tan siquiera una generación. Nuestro protagonista han sido todas las personas que han fallecido en conflictos y a causa de la violencia, han sufrido represión de cualquier tipo (religiosa, política, social…) o cuyos derechos hayan sido vulnerados gravemente. A esas personas que lo han perdido todo por desastres ambientales, a esas mujeres que se encuentran a día de hoy sin voz en algunas sociedades, a esos niños obligados a trabajar o a coger un fusil. Todos ellos son los protagonistas del 2025, porque son quienes verdaderamente han sufrido las consecuencias que todo este artículo expone.

Bulgaria lleva varias semanas protestando masivamente contra el actual gobierno de Rosen Zhelyazkov, el cual acabó cayendo en bloque tras asegurar el haber escuchado la voz del pueblo, por lo que Bulgaria se encamina hacia las octavas elecciones generales anticipadas en los últimos cuatro años. Los protestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a la calle a finales de noviembre para pedir la dimisión del primer ministro, debido a la propuesta del plan de presupuestos, donde los búlgaros se verían obligados a pagar más impuestos, contribuciones a la seguridad social  y unos mayores gastos en la vida diaria; además de la corrupción generalizada, que llega de la mano de Delyan Peevski, el cual ha sido el símbolo de la corrupción en Bulgaria en los últimos años y ha tenido una significante influencia sobre este último gobierno. Asimismo, las condiciones de vida y laborales también han sido motivo de protesta. Situación actual en Bulgaria En cuanto a las condiciones de vida, Bulgaria ha notado mejoras, principalmente en los salarios y el empleo. Los salarios han pasado de unos 500€ al mes en 2016 a alrededor de 1.500€ al mes este año, sin embargo el coste mensual para una persona en Bulgaria está en torno a 1.100€ al mes, y peor aún si miramos los costes mensuales para una familia de 4 personas, los cuales alcanzan los 2.700€ al mes. Es por ello, que el 30,3% de los búlgaros viven al borde de la pobreza, muy por encima de la media europea, la cual se sitúa en el 20,9%, según la OCDE.  Una situación muy parecida se ve en la tasa de desempleo, la cual ha caído considerablemente en los últimos años, ya que ha pasado de más de un  14% en 2013 a alrededor del 3,5% en octubre de 2025, situándose por debajo de la media europea (6%) y siendo uno de los países con la tasa de paro más baja de la UE. Sin embargo, hay gran diferencia regional, ya que en áreas urbanas hay más oportunidad de empleo y salarios más altos, pero en las zonas rurales hay más desempleo y menos acceso a servicios. Otro factor que hace que las mejoras no se vean reflejadas en el día a día son las desigualdades de oportunidades en cuanto a nivel educativo, género y pertenencia a minorías étnicas, lo que lleva a la emigración de jóvenes y trabajadores cualificados. A pesar de las mejoras en cuanto al empleo y los salarios, los búlgaros protestan debido al bajo poder adquisitivo frente al promedio europeo (64%), al alto riesgo de pobreza y la desigualdad en el reparto de la renta. Gobierno de Zhelyazkov   El Gobierno recién caído tan solo llevaba 11 meses en el poder, cuando el pasado 15 de enero, el Parlamento, el cual había sido constituido tras las elecciones del 27 de octubre de 2024 (Las séptimas en tres años y medio, aunque solo tras tres de ellas se logró formar gobierno), dió el visto bueno a la coalición liderada por Rosen Zhelyazkov, tras unas votaciones de mayoría simple con 125 votos a favor y 114 en contra, poniendo así fin a la crisis política en Bulgaria, la cual se remonta a 2021.  El gobierno estuvo formado por una gran coalición entre el partido conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria-Unión de Fuerzas Democráticas (GERB-SDS); el partido socialista, Coalición por Bulgaria (BSP); y el partido populista Existe Tal Pueblo (ITN). Aunque la coalición salió adelante, esta no reunía mayoría parlamentaria, ya que solo juntaban 102 de los 240 escaños. Antes de asumir el poder, la coalición liderada por Zhelyazkov, había prometido poner fin a la inestabilidad política y llevar a cabo reformas económicas, al igual que un proyecto de presupuestos que defendiese el crecimiento económico y social del país. Sin embargo, fue este mismo proyecto el cual desencadenó las grandes protestas en varias ciudades de Bulgaria, debido a que incluía un aumento de impuestos y contribuciones, empeorando el ya perjudicado nivel de vida de los búlgaros.  La introducción del euro Aunque parecía estar en pausa, debido a informes pendientes, ajustes económicos y negociaciones políticas, el paso de Bulgaria del Lev al Euro se hizo oficial el pasado 8 de julio, y será real a partir del próximo 1 de enero. Sin embargo, el proceso de aprobación no fue rápido, ya que se requería demasiados informes, evaluaciones económicas e inspecciones técnicas sobre la inflación, deuda pública, estabilidad fiscal y tipo de cambio. Aún así el proceso salió adelante, por votaciones institucionales en los órganos de la UE, y no por votación popular en referéndum. El pasado 19 de junio, el Eurogrupo, compuesto por los ministros de finanzas de la Eurozona, recomendó la adhesión de Bulgaria a la Eurozona tras ver que cumplían con los criterios de convergencia. Finalmente, el 8 de julio, se hizo la aprobación formal tras una mayoría sólida en una votación realizada por los ministros de economía y finanzas de los Estados miembros. A pesar de cumplir con los criterios de convergencia, Bruselas ha informado de que Bulgaria deberá seguir avanzando en unos cuantos puntos clave, como la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, la modernización administrativa, la inclusión social o la transición energética. No obstante, este cambio no es un simple cambio de moneda, ya que habrá cambios positivos para la vida cotidiana. Las empresas reducirán sus costes de transacción, los bancos operarán de forma más integrada en el mercado europeo y el país ganará estabilidad al no tener que sufrir más fluctuaciones de su moneda. El ex primer ministro de Letonia y actual vicepresidente de la Comisión y comisario europeo del Euro, Valdis Dombrovskis, ha declarado que la llegada del euro supondrá una integración total en el mercado único, acceso a financiaciones en mejores condiciones y el fortalecimiento de la confianza de inversores y empresas extranjeras.  Para evitar colapsos, la transición ya está planificada, y es que a partir del 1 de enero todas las cuentas bancarias (Nóminas, ahorros, pensiones…) pasarán al euro automáticamente, al igual que los contratos, los cuales se convertirán en euros sin necesidad de firmar uno nuevo. Además, durante 30 días se usarán las dos monedas, pero el cambio se dará en euros, al igual que los cajeros, los cuales solamente proporcionarán euros. Asimismo, las monedas y los billetes se podrán cambiar gratis en el Banco Nacional de Bulgaria. Por otra parte, el tipo de cambio va a ser fijo para todo tipo de transacciones: 1 euro será 1,95583 lev. Para la Eurozona, la adhesión de Bulgaria significa el refuerzo del bloque oriental, donde Europa del Este gana protagonismo dentro de la Eurozona; mayor cohesión económica; y una presión indirecta para los países que siguen fuera, como Rumanía, Hungría, Polonia o Suecia, entre otros. Sin embargo, la conversión del lev al euro, no ha terminado de convencer a la población, ya que solo el 46,5% está a favor, mientras que el 46,8% está en contra. Esto se debe a que puede afectar a la soberanía y al miedo de que los minoristas exploten el cambio para aumentar los precios. Aún así, la presidenta del Banco Central Europeo ha calificado estas preocupaciones como entendibles, ya que la inflación podría crecer a corto plazo, debido al redondeo de los precios, pero el impacto negativo desaparecerá rápidamente y los beneficios serán mayores. Actualmente, la tasa de inflación se encuentra en el 4,1%, una de las más altas de la UE, y el cambio del lev al euro hará que suba entre un 0,2% y un 0,4% más.  Propuesta del plan de Presupuestos para 2026 El Plan de Presupuestos se elaboró conforme al primer plan fiscal-estructural nacional a medio plazo (2025-2028) de Bulgaria, un documento redactado bajo el nuevo marco fiscal de la UE, adoptado por el Consejo de ministros de Bulgaria en febrero de 2025. Este plan fiscal incluye previsiones de ingresos, gastos, deuda pública e inversiones estratégicas, priorizando la sostenibilidad a medio/largo plazo de las finanzas públicas y un entorno económico previsible para atraer inversión extranjera.  El Plan de Presupuestos para 2026 fue aprobado en primera lectura por la Comisión parlamentaria de presupuestos y finanzas con 13 votos a favor y 4 en contra. Este plan preveía un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y una bajada de la inflación al 3,5% en 2026 y 2,5% en 2028. También incluía un incremento del salario mínimo, pensiones prestaciones familiares y salarios del sector público, sin embargo, la subida de las cotizaciones a la seguridad social y del impuesto sobre dividendos al 10% le han traído bastantes críticas. Otro punto clave criticado fueron las medidas para mejorar la recaudación mediante control electrónico y seguimiento fiscal. Este proyecto ha desencadenado una división social en Bulgaria, ya que aunque haya habido gente que lo ha visto como un plan que iba a beneficiar la economía búlgara, muchos han lanzado duras críticas contra el plan y han apoyado las protestas. Entre los que apoyaban el proyecto, se encuentran Lyuboslav Kostov, economista jefe de la Confederación de sindicatos independientes en Bulgaria, el cual ha dicho que el enfoque del Plan de Presupuestos en el aumento de los ingresos apoya el crecimiento, ya que el crecimiento económico se basa en el consumo, además de considerar que esta política no es inflacionaria. Por otra parte, Atanas Atanasov, diputado de BSP-Izquierda Unida, dijo que el partido apoyaba el presupuesto, ya que lo consideran de naturaleza social, con medidas que aumentaban los ingresos, siendo crucial antes de la entrada a la eurozona. Por último, Silviya Georgieva, de la Asociación Nacional de Municipios, dijo que los municipios estaban satisfechos con el plan, pero también solicitó la actualización de las tasaciones del impuesto predial, el cual se mantiene sin cambios desde 2006, para impulsar los ingresos municipales. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar de forma masiva. Entre ellas se encuentran Boyan Nikolaev, de la Confederación de empresarios e industriales, el cual calificó el plan como altamente inflacionario, pudiendo crear un “monstruo incontrolable” en los próximos 5 años. Dobri Mitrev, de la Asociación Industrial Búlgara, afirmó que el proyecto “castiga” a 2,1 millones de trabajadores y empresas que cumplen las normas, además de criticar los aumentos automáticos de los salarios mínimos. Por otra parte, Tsvetan Simeonov, de la Cámara de Industria y Comercio Búlgara, afirmó que el mayor problema para las empresas es el aumento de los costes laborales, asimismo se opuso al aumento de las cotizaciones a la seguridad social, advirtiendo que solo podía tener efectos negativos. Por último, Martin Dimitrov, diputado de Continue the change- Bulgaria Democrática, afirmó que el Plan de Presupuestos acaba con la principal ventaja competitiva de Bulgaria, los bajos impuestos; también el líder del partido, Assen Vasiliev, ha mostrado su descontento con el plan, argumentando que el gobierno está debilitando financieramente a las empresas al aumentar el impuesto sobre dividendos, mientras que estimula el gasto mediante mayores contribuciones a la seguridad social.  Al surgir las protestas, los manifestantes argumentaron que el presupuesto habría aumentado las contribuciones a los programas de pensiones y seguridad social, al igual que los impuestos para financiar los salarios de los altos funcionarios, la administración pública y las instituciones de seguridad, en vez de invertir en programas sociales. Además de que varias organizaciones las calificaran como los peores presupuestos en los últimos 30 años. Delyan Peevski y Boiko Borisov El enfado de muchos manifestantes se dirigió contra el ex primer ministro (2009-2013; 2014-2017; 2017-2021) y actual líder del GERB, Boiko Borisov, y el oligarca, Delyan Peevski, líder del minoritario partido DPS (Nuevo Comienzo), el cual, aunque su partido no formaba parte de la coalición,  proporcionaba un apoyo clave al gobierno de Zhelyazkov, el cual no gobernaba con mayoría absoluta en el Parlamento.  Delyan Peevski, había sido sancionado en 2021 por Estados Unidos en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos por corrupción, ya que el Departamento del Tesoro de Estado Unidos alegaba que Peevski participaba regularmente en actos de corrupción y recurrir al tráfico de influencias y a los sobornos para ejercer control sobre las instituciones y sectores clave del país. Además en 2023, Reino Unido también le impuso sanciones por corrupción.  Según numerosos politólogos búlgaros, Peevski tiene influencia sobre el sistema judicial, los servicios de seguridad, gran parte de los medios de comunicación más importantes del país y otros sectores de la economía de Bulgaria. Es por ello, que las protestas derivaron en un rechazo hacia ambos, con lemas como “¡Dimisión!, Fuera Peevski y Borisov del poder”, llegando a proyectar con láseres “Fuera la mafia del poder” en la fachada de la sede del Gobierno. Desarrollo de las protestas Las primeras protestas, fueron organizadas por el partido Continue the Change, el pasado 26 de noviembre, con el objetivo de rodear el Parlamento. Estas protestas coincidían con una reunión de la Comisión de Presupuestos y Finanzas, donde revisaban los presupuestos propuestos del Fondo Nacional de Seguro de Salud y el Instituto de Seguridad Social. La reunión fue calificada como bastante tensa debido a los fuertes altercados entre diputados tras la sesión en los pasillos. Esta reunión de más de 7 horas fue transmitida durante las protestas, las cuales fueron pacíficas y apenas hubo incidentes.  A la mañana siguiente, el líder del GERB, Boiko Borisov, anunció su apoyo a la suspensión del Plan de Presupuestos, y poco después el primer ministro, Rosen Zhelyazkov, hizo oficial la temporal suspensión de los presupuestos, invitando a los sindicatos y organizaciones patronales a restablecer el diálogo y negociar algunos puntos del plan. Durante los siguientes días las protestas fueron organizadas por el partido Velichie frente al Parlamento. Ya el 1 de diciembre, las protestas fueron organizadas por el principal partido de la oposición PP-DB, siendo unas protestas más multitudinarias, con apoyo de varios grupos de la sociedad civil, entre ellos la Generación Z, la cual promocionó las protestas a través de Tiktok y de Instagram. Las protestas empezaron siendo pacíficas, pero acabaron siendo violentas, incluyendo contenedores quemados, vehículos policiales vandalizados y ataques a las principales oficinas de los partidos de la coalición, lo cual hizo que 71 personas fueran arrestadas y 3 transportadas al hospital con heridas graves. Ese mismo día las protestas se extendieron a varias ciudades del país, demandando renuncias de figuras políticas, entre ellas la del actual presidente, Rumen Radev. El 2 de diciembre ya se hizo oficial la retirada del Plan de Presupuestos, sin embargo, las protestas siguieron, pidiendo la dimisión del Gobierno, con el apoyo del Presidente reflejado en un discurso televisado a la nación. Durante los próximos días, las protestas siguieron, pero estas siendo más multitudinarias, llegando a más ciudades y con una mayor promoción de la Generación Z.  El 5 de diciembre, 61 diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, presentaron la moción de censura, acusando al gobierno de corrupción y de no implementar políticas económicas. Durante la sesión en la que se hizo oficial la moción de censura, dos jóvenes manifestantes pertenecientes a la Generación Z, Ani Bodakova y Kaloyan Vasev, estuvieron presentes en la sala como representantes de la Generación Z.  A su vez, Delyan Peevski organizó contraprotestas el día 7 de diciembre, y el DPS el día 9, bajo el lema “No al odio”,  pero apenas consiguieron reunir a unos centenares de personas, mientras que las protestas contra el gobierno ya congregaban alrededor de 200.000 personas sólo en Sofía. El 10 de diciembre durante los debates sobre la moción de censura, hubo protestas con miles de personas que contó con la presencia de estudiantes de universidades búlgaras, los cuales anunciaron el inicio de “la marcha de protesta estudiantil”, uniéndose masivamente a las protestas, sumando entre 40.000 y 60.000 personas a las protestas. Además de manifestarse en las ciudades más importantes del país, como Sofía, Plovdiv, Varna o Razgrad; la diáspora búlgara salió a las calles de Praga, Viena, Bruselas, Londres, Zurich o Nueva York, entre muchas otras. Finalmente, el día 11 de diciembre el Gobierno presentó su dimisión justo antes de la moción de censura tras realizar una evaluación por parte de los partidos de la coalición y escuchar a la nación durante las protestas. En el discurso en el que se hizo oficial la dimisión, el primer ministro aseguró escuchar la voz del pueblo, donde jóvenes y mayores alzaron la voz a favor de la dimisión, por lo que respondieron a sus demandas. "Sin embargo, hay un desafío por delante: las protestas deben transmitir cuál debe ser el perfil del gobierno a partir de este momento y la ciudadanía debe exigir esto a los líderes de la protesta.” añadió Zhelyazkov. Participación de la Generación Z La Generación Z es el sector de la sociedad que más se ha movilizado durante las protestas, llegando a acumular alrededor de 50.000 participantes en la capital. En las protestas se vieron varias banderas de los piratas del sombrero de paja, el cual se utilizó como símbolo de la generación, al igual que otras protestas de la generación en el mundo. Otras símbolos que usaron los jóvenes fueron carteles con la D y la B tachadas, expresando el descontento hacia Delyan Peevski y Boiko Borisov; o las caricaturas de cerdos, usadas como burlas hacia oligarcas corpulentos, haciendo alusión al mismo Peevski. Conclusión Una vez más se ve como la voluntad del pueblo ha vencido a la corrupción ejercida por los altos cargos de poder, en unas protestas donde la movilización de la generación Z  ha tenido un rol fundamental, reclamando la destitución de las figuras corruptas dentro del gobierno, una mejora de las condiciones de vida y laborales y la bajada de los impuestos que se querían subir, ya que los bajos impuestos, es algo que caracteriza a Bulgaria y atrae inversión que genera grandes ingresos en el país. Foto: By © European Union, 1998 – 2025, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179775416

La Navidad, celebrada mundialmente como un momento de unión, concordia, regalos y luces, tiene un trasfondo mucho más profundo y cultural: la celebración del nacimiento de Jesús y los valores de esperanza, solidaridad o resiliencia. Aunque en muchos países el componente religioso se ha diluido, para millones de cristianos que viven en zonas de conflicto, la Navidad sigue siendo una festividad cargada de significado cultural, espiritual y político. Las guerras, la violencia o las persecuciones han obligado a miles de comunidades cristianas alrededor del mundo a adaptar, reducir o incluso eliminar tradiciones, transformando la manera en que celebran estas fechas. En el siguiente artículo, nos focalizaremos en cuatro de las decenas de ejemplos que existen, explorando cómo se vive la Navidad en Ucrania, Líbano, Siria y Nigeria. Ucrania, concentración de cristianos y resiliencia frente a la invasión Ucrania es un país de mayoría cristiana, con aproximadamente el 70% de la población afiliada a la Iglesia Ortodoxa –Patriarcado de Moscú y Patriarcado de Kiev– y un 10% a diferentes ramas de las iglesias católicas, quedando un reducido número de minorías agnósticas, ateas o pertenecientes a otras religiones. Las regiones más concentradas de cristianos incluyen Lviv, Ivano-Frankivks, Ternopil, Kiev y las áreas más occidentales del país, que tradicionalmente celebran la Navidad el 7 de enero según el calendario juliano ortodoxo. Impacto del conflicto Ucrania no es la primera vez que experimenta cambios culturales-religiosos relacionados con festividades propias, ya sucedió décadas antes con otras etnias, tanto cristianas como no, incluyendo a los tártaros, cosacos o religiosos cristianos, especialmente perseguidos durante el periodo soviético.   Actualmente, las regiones del sur y este del país, como Mariupol, Donetsk y Járkov, aunque con menor concentración de cristianos que el oeste, han sido fuertemente afectadas por los ataques derivados de la guerra, desplazando a miles de fieles y limitando las celebraciones de Navidad. desembocando en la pérdida de más de 15,000 civiles cristianos. En ciudades como Kiev, se han organizado misas al aire libre y ceremonias en refugios, mientras que los Koliadky –villancicos locales– se cantan en grupos reducidos para proteger la seguridad de los participantes y simular una vida que lejos queda de los años tranquilos en Ucrania.   Un ejemplo más concreto es el que pudimos observar en diciembre de 2022, cuando la Catedral de San Miguel Arcángel de Kyiv organizó un servicio de misa al aire libre para 300 desplazados, acompañado de la entrega de alimentos y kits de higiene a familias afectadas por el ataque a sus hogares. Además, en Lviv, región menos afectada por la guerra en cuanto a ataques directos, voluntarios instalaron un árbol de Navidad comunitario en un estacionamiento, iluminandólo con energía solar, simbolizando la continuidad y resistencia de la tradición pese a los apagones y cortes eléctricos provocados por la guerra. El Líbano, zonas cristianas y adaptación frente a la crisis El Líbano, lejos del pensamiento popular, es un país multirreligioso donde los cristianos –herencia de Francia e historia previa a la colonización de la zona– representan aproximadamente el 33% de la población, con fuertes concentraciones en el Monte Líbano –Jbeil, Keserwan, Matn–, Beirut –Achrafieh y Zalka– y el valle de la Bekaa. Estas áreas históricamente celebran la Navidad con procesiones, belenes y mercados, incluyendo comidas típicas como el pan de jengibre o los dulces de sésamo. Impacto del conflicto La crisis económica y la devaluación de la libra libanesa han limitado los recursos de las familias para llevar a cabo ferias y celebraciones públicas.  Asimismo, en barrios como Achrafieh, se han mantenido las celebraciones, pero con grupos reducidos actividades comunitarias dentro de parroquias para garantizar la seguridad y reducir los gastos. En 2022, la parroquia de San Jorge de Beirut repartió alimentos, ropa y juguetes a más de 500 familias en situación de vulnerabilidad. Las tradiciones, como villancicos y conciertos, se adaptaron a espacios interiores y grupos más pequeños, preservando el sentido de comunidad, pero cada vez en menores espacios en el ámbito público. En zonas rurales del Monte Líbano, se reemplazaron los fuegos artificiales tradicionales por luces LED y pequeñas representaciones teatrales del Nacimiento, manteniendo la esencia frente a la crisis económica y política que atraviesa el país. Siria, zonas perseguidas y fe clandestina Antes del conflicto civil, Siria tenía una población cristiana cercana al 10%, concentrada principalmente en Alepo, Homs, Damasco –barrios de Bab Tuma y Mazraa– y la región de Maaloula, famosa por conservar el arameo como lengua litúrgica. Impacto del conflicto Tras la guerra, Alepo y Homs, históricamente centros cristianos, sufrieron bombardeos y ocupaciones por grupos extremistas, asesinando en torno a 17,000 cristianos por persecución sectaria, transformando las celebraciones en actos clandestinos perseguidos. Las misas públicas, procesiones y representaciones teatrales se vieron reemplazadas por reuniones en sótanos y hogares. En diciembre de 2021, las familias cristianas de Alepo organizaron cientos de misas clandestinas en sus sótanos, combinadas con la distribución de alimentos a niños desplazados. En Damasco, las comunidades greco-católicas mantuvieron la tradición del Fawaz, un cántico o villancico local sobre la llegada de los pastores al pesebre, adaptando su interpretación a pequeños grupos y grabaciones compartidas para mantener su fe. En Maaloula, se mantuvo la decoración de belenes y algunos servicios en arameo, pero con mucha menos asistencia y un mayor control de seguridad. Nigeria, concentración y resistencia frente a Boko Haram En Nigeria, los cristianos representan en torno a la mitad de la población total, concentrándose en el norte central –Plateau, Kaduna, Taraba– y el noreste –Borno, You, Adamawa–. Estas áreas han sido fuertemente afectadas por la insurgencia de Boko Haram, especialmente durante la celebración de actividades religiosas cristianas como es la Navidad. Impacto del conflicto Las misas se han comenzado a celebrar en refugios temporales o escuelas convertidas en centros de desplazados, bajo vigilancia militar y continuos ataques sistemáticos. Además, tradiciones como las procesiones de Nochebuena, las reuniones familiares grandes o villancicos y música tradicional han sido reducidos o incluso eliminados de zonas de alto riesgo. Uno de los ejemplos lo podemos observar en la comunidad cristiana de Maiduguri, la cual celebró la Navidad en escuelas convertidas en refugios para cristianos perseguidos, con apoyo de ACNUR y Cáritas Nigeria, distribuyendo alimentos y regalos a más de 1000 niños desplazados. En aldeas cercanas a Bama, algunas familias mantuvieron la tradición de encender pequeñas velas en las ventanas, adaptando su costumbre en un contexto inseguro, transmitiendo un mensaje simbólico de esperanza. Actualmente, las estimaciones de organizaciones sobre violencia contra cristianos estiman que entre 2019 y 2023, se han informado al menos 16,700 asesinatos hacia cristianos en Nigeria, relacionados con incidentes asociados a violencia de herders fulani, milicias y grupos armados en zonas afectadas por conflictos intercomunitarios. A ello, se suman miles de muertes derivadas de ataques yihadistas vinculados a Boko Haram y facciones afines, junto a la destrucción de miles de iglesias y escuelas, especialmente en áreas rurales sin recursos. Conclusión En Ucrania, Líbano, Siria y Nigeria, la navidad se vive como un acto de resistencia, identidad y esperanza. Cada misa clandestina, cada villancico reducido, cada luz encendida y cada regalo entregado representa la afirmación de la vida cultural y espiritual frente a la violencia, el asesinato, la persecución y la crisis económica, entre muchos otros. Las comunidades cristianas, aunque dispersas o desplazadas, continúan transmitiendo mensajes de solidaridad y fe, mostrando que incluso en los entornos más difíciles, la Navidad conserva su esencia: esperanza, unión y resiliencia. En esta Navidad, recordemos que la festividad no es solo un momento de celebración para quienes vivimos en paz y seguridad. Es también un acto de resistencia para millones de personas en los rincones más oscuros de nuestros días. Desde Naciones en Ruinas, deseamos que la luz de estas fiestas llegue a todos, sin importar las dificultades, y que inspire solidaridad, comprensión y humanidad. Feliz Navidad, incluso para aquellos que hayan perdido la esperanza en medio del conflicto y la adversidad. Que la esperanza, la paz y la fe llegue y perdure donde más se le necesita.

El próximo 21 de diciembre el balón comenzará a rodar en África, y no se detendrá hasta pasado cerca de un mes, periodo en el cual comenzará uno de los torneos más importantes, al mismo tiempo que interesante como objeto de estudio, del fútbol internacional: La Copa Africana de Naciones. Precisamente se presenta como una oportunidad para analizar la intersección entre deporte, poder, política y sociedad en el continente africano. Lejos de ser meras competiciones deportivas exclusivamente, todos los torneos internacionales se convierten en espacios de proyección internacional, producción diplomática e intereses geopolíticos en el que los Estados, las federaciones y los actores transnacionales articulan estrategias de legitimación, influencia y proyección internacional. Específicamente, la CAN no es únicamente el principal torneo de selecciones del continente, sino también un espacio donde se articulan estrategias de liderazgo regional, competencia simbólica  e incluso, por muy atrevido que pareciera, como símbolo del estado contractual de cada país participante. La geopolítica del fútbol y el soft-power,  como conceptos clave El concepto “geopolítica del fútbol” parte de la premisa de que el deporte no es un ámbito separado de la política, sino que funciona como uno de sus escenarios más visibles y emocionalmente eficaces. El fútbol es un deporte emocional, que transmite una serie de valores de comunidad, hermandad o unión, por lo que se puede convertir en una herramienta de poder simbólico capaz de influir tanto en audiencias internas como externas, operando a través de métodos como la identificación sensitiva, la narrativa épica y la representación simbólica de la nación.  Si bien éste es un concepto novedoso en términos geopolíticos, especialmente en el contexto de las controversias acerca el mundial de Qatar 2022, ha sido incorporado por múltiples autores (Xavier Brito Alvarado, Santiago Vayas Castro, Valerio Mancini, Javier Pera…), y actualmente tiene bastante sentido analizar cualquier factor relacionado a un evento futbolístico internacional y unirlo a la geopolítica del fútbol. En África, esta dimensión se ve reforzada por factores estructurales, empezando con que el fútbol es uno de los pocos elementos que verdaderamente unen de forma transversal a sociedades marcadas por la fragmentación étnica, lingüística y religiosa. También se observa en las fronteras heredadas de épocas de descolonizaciones, en las cuales no fueron tenidos en cuenta las particularidades de los pueblos y etnias que quedaron separadas por una frontera, por lo que la construcción de una identidad nacional es, cuanto menos, delicada, otorgando a este deporte un papel central en ello. Finalmente, la presencia limitada de África en otros espacios de poder global convierte al deporte en un canal verdaderamente privilegiado de visibilidad internacional efectiva. La CAN funciona así como un microcosmos del sistema político africano. De este modo, la geopolítica del fútbol se inscribe dentro de la diplomacia deportiva, que a su vez constituye uno de los puntos principales del más que conocido concepto de Soft Power, formulado por Joseph S. Nye, el cual hace referencia a la capacidad de los actores internacionales para proyectar sus propios valores e intereses, e influir en el comportamiento de otros a través de la atracción, la legitimidad y la construcción de narrativas positivas, en lugar de realizarlo mediante la coerción o la imposición (que sería el hard power). Así, el deporte, y muy de forma particular el fútbol, se ha convertido en una de las herramientas más eficaces, pues permite a los Estados: Proyectar estabilidad institucional y capacidad organizativa Construir reputación internacional. Reforzar identidades nacionales e imaginarios colectivos. Neutralizar o atenuar críticas externas en ámbitos sensibles (por ejemplo, el respeto a los Derechos Humanos) Evolución histórica, centralidad continental y proyección internacional Celebrada por primera vez en 1957 en un contexto marcado por la búsqueda de reconocimiento internacional en el inicio de los procesos de descolonización, la Copa Africana de Naciones constituye una de las competiciones continentales más antiguas del fútbol internacional. Su nacimiento surge dentro de un contexto histórico peculiar, en el que África se encontraba en plena transformación política, donde los nuevos Estados independientes buscaban espacios de afirmación soberana, reconocimiento internacional y construcción nacional, por lo que el fútbol era el acompañante perfecto para condensar aspiraciones políticas en un formato más distendido, pero al mismo tiempo competitivo. Así, las primera ediciones del torneo fueron una extensión simbólica de esta independencia política: portar una bandera nueva, competir bajo el amparo de un escudo, cantar un himno nacional… adquiría un significado especial.  Con el paso de las décadas, la CAN ha ido presentando una transformación profunda. La ampliación progresiva del número de selecciones participantes refleja no sólo el crecimiento del continente futbolístico, sino que triunfa como un evento verdaderamente continental (que fue el objetivo de la Confederación Africana de Fútbol cuando creó esta competición). Además, la profesionalización del fútbol africano, la exportación de futbolistas a ligas europeas y la mercantilización del deporte han modificado evidentemente la naturaleza del torneo.  Hoy, la CAN se sitúa en la intersección entre deporte, política y economía, pues celebrar el torneo actualmente involucra dimensiones económicas relevantes- derechos televisivos, turismo, patrocinios…- y ofrece una fuerte capacidad de incidencia política. En este sentido, este es uno de los espacios donde África se representa, se ordena, se reconoce y se proyecta al exterior. Precisamente, uno de los aspectos más peculiares de este torneo es la fecha en la que se celebra usualmente- entre los meses de diciembre y febrero-. Si bien este es un suceso multifactorial, la razón más importante por la que se escoge esta fecha es por motivos climáticos, pues gran parte de África atraviesa en dichos meses la estación seca, lo que permite campos en buen estado y partidos sin interrupciones ni aplazamientos por lluvias torrenciales, aparte por supuesto de que muchas regiones sufren temperaturas extremadamente altas en los meses de verano, lo que complica las circunstancias para jugar un partido de fútbol. Por otro lado, esto también tiene que ver con la tradición histórica del torneo, pues desde la primera edición lleva celebrándose en esta estación, soportando incluso intentos de moverla a verano por intereses del fútbol europeo. Relacionado con lo anterior, la Copa África precisamente supone un altavoz del continente sobre el fútbol europeo, pues los jugadores seleccionados que jueguen en ligas europeas deben abandonar sus clubes en plena temporada. Sin ir más lejos, la liga española perderá, según lo estimado, a unos 12 jugadores que militan en 6 equipos por un mes. La CAF 2025: Contexto internacional, y Marruecos como sede La Copa Africana de Naciones de 2025, organizada por Marruecos, se sitúa dentro de un contexto particularmente denso desde el punto de vista geopolítico, pues se trata de una edición que coincide con una etapa de reconfiguración del orden mundial, marcada por una competencia simbólica, regional y multipolar entre Estados, y por el creciente protagonismo de los grandes eventos deportivos como herramientas de posicionamiento global (véase el Mundial 2022, en Qatar). Devolviendo la pelota al tejado futbolístico, esta edición reunirá a una generación de selecciones africanas muy competitivas, nutridas por futbolistas que son verdaderas estrellas en las principales ligas deportivas, reforzando la calidad del torneo y su solidez. La presencia masiva de la diáspora africana en Europa y la creciente atención de las plataformas audiovisuales globales contribuyen a situar el torneo más allá de los márgenes tradicionales del continente. Sin embargo, la singularidad de la edición de 2025 no reside únicamente en su dimensión deportiva. Su relevancia fundamental es de carácter político. Marruecos no actúa como un anfitrión neutral, sino como un Estado estratega que concibe la organización del torneo como un instrumento de política exterior, de legitimación interna y de acumulación de capital simbólico. La CAN 2025 se convierte así en un evento cuidadosamente integrado dentro de una narrativa estatal de modernidad, estabilidad y liderazgo regional. En las dos últimas décadas, Marruecos ha desarrollado una política exterior orientada de manera creciente hacia el continente africano. El retorno del país a la Unión Africana en 2017 constituyó un hito fundamental, simbolizando la voluntad de Rabat de abandonar una posición periférica para situarse como actor central en la arquitectura política africana. Desde entonces, esta estrategia se ha materializado a través de inversiones financieras, cooperación bancaria, presencia empresarial, iniciativas religiosas y una intensa diplomacia cultural y deportiva. La organización de la Copa Africana de Naciones de 2025 debe interpretarse como una prolongación coherente de esta estrategia. El fútbol opera como un lenguaje transversal que permite a Marruecos reforzar su liderazgo simbólico, presentarse como socio fiable y proyectar una imagen de estabilidad en un entorno regional marcado por la incertidumbre.  El esfuerzo inversor realizado por el Estado marroquí en infraestructuras deportivas, urbanas y de transporte responde a esta lógica. Estadios modernizados, nuevas instalaciones, redes ferroviarias de alta velocidad, aeropuertos ampliados y dispositivos de seguridad reforzados conforman un paisaje material diseñado para exhibir capacidad organizativa y competencia técnica. Estas infraestructuras no son únicamente herramientas funcionales, sino elementos centrales de una puesta en escena política destinada a demostrar que Marruecos está preparado para jugar en la primera división de los grandes organizadores deportivos. Por ello, Marruecos pretende obtener grandes beneficios en términos económicos de este torneo, pues se anticipa un impacto positivo en el turismo, la inversión extranjera y la proyección de la marca país, así como el refuerzo de la legitimidad interna del régimen marroquí en términos políticos.  La CAN 2025 desempeña además un papel clave como ensayo general del Mundial de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal. Desde una perspectiva geopolítica, en caso de ser la CAN un éxito, esto posee un valor estratégico considerable: consolida a Marruecos como puente entre África y Europa y refuerza su narrativa de actor transcontinental. La Copa África permite poner a prueba capacidades logísticas, coordinación interinstitucional, gestión de flujos turísticos y construcción de relatos internacionales, elementos imprescindibles para el éxito del Mundial. No obstante, esta narrativa positiva convive con profundas desigualdades sociales y con denuncias persistentes de violaciones de derechos humanos. Diversas organizaciones internacionales han señalado restricciones a la libertad de expresión, represión de la disidencia política y problemas estructurales en materia de derechos laborales, así como vulneraciones al bienestar animal, asesinando a millones de perros callejeros para la realización de ambos eventos . En este contexto, la CAN 2025 puede interpretarse como un ejemplo paradigmático de sportswashing, es decir, el uso estratégico del deporte para mejorar la reputación internacional del Estado y desplazar el foco mediático de cuestiones controvertidas. A esta dimensión se añade la cuestión del Sáhara Occidental, que introduce una capa geopolítica adicional. El fútbol funciona como un instrumento de normalización simbólica de la posición marroquí, integrando la narrativa de unidad territorial dentro del discurso deportivo y reforzando su legitimidad internacional de manera indirecta. Conclusión: un torneo vibrante con mucho en juego De este modo, la Copa Africana de Naciones constituye un espacio privilegiado de proyección de rivalidades históricas y contemporáneas. Caben destacar partidos como el Marruecos - Malí, característico por la rivalidad magrebí-saheliana; el Nigeria-Túnez, Senegal - RD Congo y el Camerún - Gabón por motivos futbolísticos; todos los partidos de fase de grupos de Tanzania por sus rivalidades con sus vecinos; el Egipto-Sudáfrica como rivalidad norte-sur, entre el máximo ganador de la CAN y el país que renació tras el apartheid; o el Argelia - Sudán, por términos de rivalidades árabe-africana. Todos ellos se celebrarán exclusivamente en fases de grupos, por lo que es muy probable encontrar enfrentamientos con cargas mucho más simbólicas en las fases de torneo del KO. Así, la edición de 2025 hará que todos los ojos del fútbol internacional miren nuevamente hacia África, entendiéndose como un dispositivo central de poder blando en el continente africano, y articulando estrategias estatales de legitimación, liderazgo y proyección, destacando el paradigmático caso de Marruecos, pues, aparte de partir como claro favorito, es el anfitrión, consolidándose como una de las potencias africanas en términos deportivos más relevantes del momento, en estrecha conexión con la organización del Mundial de 2030, aunque es cierto que está por ver cómo resuelve las tensiones previamente expuestas. Analizar la CAN desde esta perspectiva además permite comprender que el fútbol, lejos de ser un mero espectáculo, tiene unas raíces e intenciones más profundas, y constituye uno de los escenarios más relevantes de la actualidad político-social en África. Sólo queda que el árbitro dé el pitido inicial, y que comiencen a funcionar las estrategias de cada nación.

La historia de la radiación en las Islas Marshall es, frente a todo, la historia de un territorio remoto convertido en “conejillo de indias”. Desde 1946 hasta 1958, los Estados Unidos ejecutaron en el archipiélago un total de 67 pruebas nucleares –entre ellas algunas de las más grandes de la historia, como Castle Bravo, Castle Yankee, Castle Romeo, Castle Nectar o Ivy Mike– equivalentes a unas 7,233 bombas del tipo “Little Boy” de Hiroshima. Aunque se suele narrar este episodio como un capítulo técnico de la Guerra Fría; “un campo de pruebas lejano” necesario para la seguridad global; lo cierto es que las pruebas se realizaron, más allá de por objetivos militares necesarios en el contexto, sin consentimiento local, generando uno de los mayores laboratorios de experimentación nuclear del mundo, lo cual, se ha plasmado en el desarrollo futuro del país. El caso marshalés es el ejemplo de cómo una potencia militar puede manipular geografías periféricas y poblaciones de baja visibilidad para sostener sus proyectos e intereses militares, inclusive cuando la urgencia bélica ya no se encuentra sobre la mesa. De la posguerra al laboratorio militar: la geopolítica paradisíaca de las islas “perdidas” Las Islas Marshall quedaron bajo administración de los EEUU al finalizar la Segunda Guerra Mundial como parte del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, acabando con el previo mandato japonés que había administrado las islas desde 1914, tras la firma del Tratado de Versalles. En teoría, este régimen internacional debía promover la autodeterminación. En la práctica, normalizó un conjunto de decisiones unilaterales: desplazamientos forzados, clausura de atolones y reorganización espacial del archipiélago para servir a objetivos militares. Washington definió a las islas como un espacio “vacío”, pese a su larga historia de asentamiento humano, navegación tradicional y vínculos directos culturales con el mar. El argumento fundamental para seleccionar la región fue su “aislamiento”. Ese mismo, sin embargo, no era una propiedad natural sino más una estrategia discursiva: etiquetar un territorio remoto y poco conocido como remoto facilitaba su transformación en zona sacrificable –contextualizando que el racismo sistemático seguía existiendo, pese a que la Corte Suprema ya había declarado la inconstitucionalidad y comenzaban a surgir; en la metrópolis; los primeros movimientos por los derechos civiles que cuestionaban estas injusticias profundamente arraigadas– de la segregación escolar. Las distancias geográficas se convirtieron, así, en distancias morales. La vida marshallesa podía ser perturbada sin que ello afectara al cuerpo político estadounidense. La América continental se mantenía segura; el daño se externalizaba hacia un pueblo pequeño, poco conocido y sin representación dentro de la “democracia” que los administraba –los marshalleses no eran ciudadanos estadounidenses, por lo que no tenían derecho a votar ni a escoger representantes en el gobierno, puesto que las islas habían quedado bajo fideicomiso estadounidense para “preparar la autodeterminación del territorio”–.   Causas estructurales e inmediatas: más allá de los errores técnicos   El discurso histórico que ha predominado sostiene que eventos como Castle Bravo –mayor detonación nuclear estadounidense, con 15 megatones–, fueron resultado de fallos de cálculo. Si bien hubo errores científicos, reducir la tragedia  incompetencia técnica oculta el marco político en el que se encontraban esos errores: la convicción de que la seguridad nacional justificaba exponer a poblaciones sin poder de negociación. Documentos desclasificados, análisis médicos y archivos históricos muestran que los planificadores conocían la posibilidad de reacciones más intensas en los combustibles de litio empleados. Aún así, se siguió adelante con las pruebas. Se podría argumentar que, con un cinismo helador, la toma de decisiones de EEUU en las Islas Marshall se encuadraba y “justificaba”en la fría lógica político-militar de la Guerra Fría: qué importa que familias enteras fueran desplazadas, que niños jugaran con la lluvia radiactiva o que los atolones quedaran inhabitables durante generaciones, si el objetivo era asegurar la supremacía nuclear y la defensa continental estadounidense. ¿Qué valor puede tener la vida de un “puñado” de micronesios de las Islas Marshall frente al equilibrio estratégico global? desgraciadamente, esta planificación, sostenida sobre un tablero de pruebas donde cada explosión era un cálculo de poder, y cada desplazamiento, una “medida operativa necesaria”, fue algo común, un hecho que hubiera dado el mismo resultado si la Unión Soviética –en el mismo contexto– hubiera interferido en las islas; así como si otra potencia del momento, como Francia o Reino Unido, a los que más tarde podríamos añadir a China y, en el caso no nuclear a Japón –que también incluiríamos durante la Segunda Guerra Mundial–.   La negligencia posdetonación refuerza nuestra crítica. A varios atolones afectados por lluvia radioactiva se les evacuó tarde, a pesar de testimonios sobre irritación cutánea, caída de cabello y náuseas. El retraso no fue meramente operativo; respondió a una jerarquización de prioridades: primero la evacuación militar, después la integridad humana. A ello se suma el retorno prematuro de habitantes a zonas aún contaminadas, una decisión que se puede interpretar como parte de un conjunto de “experimentos de seguimiento”, destinados a observar los efectos de la exposición prolongada.   Asimismo, muchos soldados y personal estadounidense desplegados en las Islas Marshall no tenían conocimiento completo de los riesgos ni de la magnitud de la radiación a la que estaban expuestos y exponiendo a los locales. La información sobre la intensidad de la radiación y los riesgos para la salud era estrictamente confidencial, muchos miembros de la Marina, del Ejército y contratistas civiles recibieron instrucciones vagas, como “mantener distancia” o “usa equipos de protección estándar”, sin saber que las nubes radiactivas podrían cubrir centenares de kilómetros. Según el Department of Veterans Affairs, al menos entre 50 y 100 veteranos murieron prematuramente por exposición prematura a radiación durante las pruebas en las Islas Marshall, aunque las cifras podrían ser más altas considerando enfermedades tardías no registradas. En cuanto a locales, algunas estimaciones sitúan entre 200 y 500 muertes atribuibles a la radiación directa e indirecta, especialmente en Rongelap y Utirik en una población de unos 14,703 –datos de 1960– habitantes en la época –lo que se traduce en un 3,40% de población asesinada por causa de las pruebas nucleares–. Radiación como experiencia: cuerpos, tierras y temporalidades El impacto de la radiación sobre las marshalleses no puede reducirse a meras estadísticas médicas, aunque estas mismas sean ya per se graves: el aumento de cánceres tiroideos, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y enfermedades crónicas relacionadas con la alteración hormonal, entre muchas. Más decisivo es comprender cómo la radiación ha afectado a la relación entre pueblo y territorio. En un país donde la identidad cultural está anclada a islotes específicos, genealogías particulares y prácticas de subsistencia, la contaminación equivalió a una forma de desposesión cultural.   En las Islas Marshall, la incidencia de cáncer de tiroides es entre 10 a 20 veces mayor que en países que no han estado expuestos a radiación nuclear. Otros cánceres como la leucemia o el cáncer gastrointestinal también muestran un mayor grado frente a otros Estados de la comunidad internacional. El 80% de los adultos marshalleses presentan sobrepeso y obesidad, y alrededor del 40% tienen diabetes, cifras extremadamente altas frente a un promedio global cercano al 11%. También hay prevalencia de hipertensión y enfermedades cardíacas, como consecuencia de la obesidad, la diabetes y los cambios en la dieta tradicional. Otro elemento a tener en cuenta es el aumento de la infertilidad y de abrtos espontáneos, con malformaciones congénitas por encima de las medias globales. La radiación no solo destruyó ecosistemas; destruyó certezas. Los alimentos tradicionales –coco, pandanus (planta tropical) y pescado– se volvieron sospechosos. El mar, fuente de mitología y sustento, pasó a ser un posible afluente de enfermedades. Esta erosión de la confianza en el entorno natural generó una ruptura difícil de reparar. La dependencia de alimentos importados, inicialmente una medida de emergencia, evolucionó hacia la transformación estructural del modo de vida, con efectos posteriores de obesidad, diabetes y desigualdades económicas. El Domo de Runit: símbolo de la modernidad tóxica El Domo de Runit es sinónimo del legado de la Guerra Fría, un cráter lleno de desechos radiactivos sellado con una capa de concreto de los años setenta. Concebido como solución temporal, quedó como monumento permanente a la irresponsabilidad técnica y al abandono político. Su base carece de barrera impermeable, permitiendo filtraciones en el suelo y en el océano; mientras el aumento del nivel del mar y las tormentas tropicales y terremotos amenazan con fracturas más severas. El dom encarna la tensión entre una infraestructura pensada para gestionar un desastre y otra que, en sí misma, se convierte en parte del desastre. Más que una simple infraestructura defectuosa, el Domo es un producto de una lógica pseudo-colonial moderna: se construye una solución mínima, barata y provisional, un “parche”, porque el lugar donde se instala queda fuera del imaginario de la protección del poder que la edifica. En otras palabras, si ese reservorio nuclear estuviera en suelo estadounidense, su diseño, mantenimiento y supervisión serían francamente incomparables. Impactos socioeconómicos: la construcción de una dependencia El colonialismo nuclear no terminó con el cese de las pruebas militares. Su legado modela la economía marshellesa contemporánea. El desplazamiento forzado hacia islas superpobladas, la pérdida de tierras cultivables y la ruptura de actividades tradicionales generaron una dependencia sistemática de ayuda externa. Esta dependencia se consolidó a través de los acuerdos de Libre Asociación, que, aunque permiten migración y asistencia económica, también refuerzan una relación asimétrica donde los marshalleses deben negociar reparaciones y ayudas dentro de un marco diseñado por su antiguo administrador. La diáspora creciente, sobre todo hacia EEUU y Guam, es otra consecuencia. Muchos emigran no por oportunidades simplemente, sino porque su territorio ya no les puede sostener. La migración se convierte en estrategia de supervivencia, aunque fragmenta familias y altera la cohesión sociocultural del país, más allá de lo que un Estado con las características propias de las Islas Marshall ya tenía que afrontar. Más allá de la historia: justicia nuclear La justicia nuclear en las Islas Marshall rebasa la compensación económica. Implica reconocer la dimensión cultural y social perdida, el impacto intergeneracional y las responsabilidades éticas de quienes administraron el territorio durante las pruebas. Es también una cuestión de narrativas: ¿quién cuenta la historia?,¿desde qué marco la analizamos?, ¿qué voces silenciamos? El caso marshalés exige una crítica más amplia al orden internacional que permitió este tipo de prácticas. Tristemente, ese orden, liderado por Moscú y Washington ha cambiado, ha pasado, por lo que nos queda recordar y reforzar otra parte oscura de la historia humana, obviando más allá del mero mal hacer de la administración estadounidense y la mala fe con la que se actuaba entre Estados durante la Guerra Fría –algo similar a lo que ahora denominamos multilateralismo–.  Conclusión Las Islas Marshall son un territorio dañado y un espacio de resistencia. Pese a las huellas del colonialismo nuclear, el país se ha convertido en una voz influyente en los debates internacionales sobre el desarme y cambio climático. La radiación no solo ha dejado cicatrices, ha generado una conciencia que cuestiona los desequilibrios del sistema global. Analizar este caso no es un solo ejercicio histórico, debe ser una llamada contemporánea. La historia nuclear del Pacífico recuerda que el desarrollo sin responsabilidad puede convertir regiones enteras en zonas de sacrificio. Reconocer esta verdad es el primer paso para una comunidad internacional justa, donde todos los territorios cuenten con valor, algo que todavía no hemos conseguido. El futuro puede que sea imposible que no se construya sobre la vulnerabilidad de los otros, pero hemos de marcar líneas rojas, como la experimentación sistemática nuclear sobre población civil, como una de ellas.

La integración regional en América del Sur ha sido, desde finales del siglo XX, una respuesta política y económica frente a un orden internacional marcado por grandes bloques, mayor interdependencia y crecientes presiones competitivas. En este contexto, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) surge como un intento por ampliar las capacidades nacionales mediante la cooperación interestatal y la coordinación económica. Sin embargo, su evolución ha estado lejos de ser lineal: alterna períodos de dinamismo con etapas de estancamiento, producto de tensiones internas, asimetrías estructurales y divergencias políticas que condicionan su desarrollo.   El MERCOSUR desde la óptica geopolítica   El MERCOSUR no nace por inercia histórica ni por un impulso idealista de hermandad regional. Surge de un conjunto de condiciones estructurales que, en la segunda mitad de los años ochenta, convergieron en un diagnóstico común: los Estados sudamericanos no podían enfrentar aisladamente los desafíos del nuevo escenario internacional.   En primer lugar, la crisis de la deuda externa atravesada por los países de la región durante la década de 1980 demostró con crudeza la vulnerabilidad de economías nacionales pequeñas y altamente endeudadas. La intensidad del colapso financiero expuso, en términos estructuralistas, los problemas de depender del crédito de los centros y puso en evidencia la necesidad de transformar las relaciones económicas que habían prevalecido durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones aplicado en la región entre las décadas de 1950 y 1980.   En segundo lugar, la transición simultánea hacia regímenes democráticos en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay generó las condiciones políticas para una mayor cooperación. Por un lado, la restauración democrática redujo la percepción mutua de amenaza que había signado la relación -sobre todo entre Argentina y Brasil- durante décadas y favoreció la búsqueda de mecanismos de estabilidad regional. Por otro lado, la aún no resuelta “cuestión militar” y el peligro de nuevos golpes de estado se verían atenuados si los países de la región avanzaban en esquemas cooperativos complejos que no fueran compatibles con dichas prácticas.   En tercer lugar, la consolidación de grandes espacios económicos —como la Comunidad Europea y el posterior NAFTA— presionó a los países sudamericanos a evitar la marginalidad económica. El propio Tratado de Asunción subraya esta motivación al señalar que la integración constituye una respuesta adecuada a la conformación de grandes bloques y a la necesidad de lograr una adecuada inserción internacional . Finalmente, la creciente conciencia sobre la insuficiencia de los mercados nacionales para sostener industrias complejas llevó a valorar la integración como vía para alcanzar economías de escala y atraer inversiones. El análisis económico de la época mostró que ni siquiera Brasil —la economía más grande de la región— alcanzaba, por sí sola, la masa crítica necesaria para competir con los grandes polos económicos del Norte.   Estos factores —económicos, políticos y geoestratégicos— convergieron en la decisión de avanzar hacia un mercado común cuyos fundamentos quedaron plasmados en el Tratado de Asunción de 1991.   Luces y sombras del proceso de integración  A más de tres décadas de su creación, el MERCOSUR presenta logros concretos que no pueden soslayarse.   En el plano económico, el bloque consolidó una unión aduanera imperfecta con un Arancel Externo Común que funciona como la columna vertebral de su política comercial. Esto permitió negociar en conjunto con terceros actores internacionales y otorgó cierto grado de previsibilidad normativa.  El comercio experimentó un incremento significativo desde la conformación del MERCOSUR multiplicando por cuatro los valores comerciados intrabloque durante sus primeros 3 años de existencia.   A su vez, el bloque avanzó en dimensiones sociales e institucionales: desarrollo de la Ciudadanía MERCOSUR, creación del Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM), fortalecimiento de instancias como el Tribunal Permanente de Revisión, y ampliación de su red de Estados Asociados, que otorga al proceso cierta capacidad de proyección subcontinental.   Aunque para nada despreciables, bajo la superficie de estos avances se encuentran una serie de debilidades que han limitado el alcance del proceso. La más evidente es la asimetría estructural entre Brasil y sus socios. Brasil concentra casi el 80% de las exportaciones totales del bloque y representa la mayor parte de su población y PBI. Esta desproporción genera tensiones recurrentes, especialmente para Uruguay y Paraguay, cuyas economías dependen en mayor medida del acceso al mercado regional.   A lo anterior se suma la debilidad institucional del esquema. El Protocolo de Ouro Preto define al MERCOSUR como un proceso estrictamente intergubernamental: no posee órganos supranacionales con capacidad decisoria autónoma; sus normas requieren incorporación interna por parte de cada Estado; y el poder de veto nacional limita la eficacia del bloque. Esta arquitectura explica su dificultad para sostener políticas comunes de largo plazo. Asimismo, el bloque exhibe limitada coordinación macroeconómica. El propio Tratado de Asunción contempla la convergencia de políticas fiscales, monetarias, cambiarias e industriales, pero más de treinta años después estos compromisos siguen siendo metas pendientes.   Finalmente, la dependencia y vulnerabilidad externa continúa siendo elevada estando el bloque atado a los vaivenes de los precios internacionales de materias primas producto de la escasa diversificación de sus economías.   La dinámica Argentina–Brasil como termostato del bloque   Más que un componente del bloque, esta relación constituye su núcleo organizador. En términos estrictos, el ritmo de avance o estancamiento del MERCOSUR ha estado históricamente subordinado al grado de cooperación política entre estos dos países. Cada etapa dinámica del bloque coincide con períodos de sintonía política entre Buenos Aires y Brasilia. Durante los años noventa, la convergencia entre los gobiernos de Menem y Cardoso facilitó la constitución efectiva de la unión aduanera y permitió la expansión del comercio intrazona. Lo mismo ocurrió durante la etapa Lula–Kirchner, en la que ambos países priorizaron la integración política y económica y fortalecieron la interlocución regional.   Por el contrario, en los momentos de desacuerdo —como los años de Bolsonaro en y Alberto Fernández, o Lula y Milei — el bloque ingresó en una fase de parálisis operativa, con debates estériles sobre flexibilización, dificultades para avanzar en negociaciones externas y aumento de fricciones comerciales.   El motivo de este comportamiento pendular es institucional: el MERCOSUR carece de mecanismos supranacionales capaces de amortiguar las divergencias políticas internas, lo que lo convierte en un esquema extremadamente vulnerable a los cambios de signo ideológico en sus principales capitales. A diferencia de la Unión 1 Si bien existe el PARLASUR este no tiene poder normativo vinculante y su funcionalidad es principalmente consultiva. Europea, donde las instituciones comunitarias garantizan continuidad aun frente a gobiernos disímiles, el MERCOSUR depende íntegramente de la voluntad de los ejecutivos nacionales.   Así, la pregunta sobre la integración regional no puede separarse de otra más elemental: ¿qué relación atraviesan en ese momento Argentina y Brasil? En esa respuesta se anticipa, casi siempre, la orientación inmediata del bloque.   La relación con la Unión Europea   La Unión Europea ha sido históricamente uno de los interlocutores externos más relevantes para el MERCOSUR. La relación bilateral combina comercio, inversiones, cooperación política y un diálogo institucional sostenido a lo largo de décadas ya que este vínculo representa alrededor del 17% del comercio total del MERCOSUR, lo que convierte a la UE en uno de los principales socios extrarregionales.   No obstante, la relación también revela contrastes profundos. La Unión Europea opera mediante instituciones supranacionales robustas —Comisión, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia— que aseguran continuidad, previsibilidad y capacidad normativa. El MERCOSUR, en cambio, se apoya en consensos intergubernamentales frágiles que pueden alterarse con cada cambio de gobierno.  El prolongado proceso de negociación del Acuerdo MERCOSUR–UE, aún pendiente de ratificación plena, evidencia esas limitaciones. Los avances técnicos han convivido con disputas internas, tensiones ambientales y diferencias en materia de estándares productivos, sobre todo en cuestiones agropecuarias donde Francia se muestra particularmente reticente a avanzar en las negociaciones.   Desafíos estructurales y futuro del bloque Podemos resumir lo hasta aquí expuesto afirmando que los desafíos del MERCOSUR pueden sintetizarse en cinco ejes estratégicos:   El fortalecimiento institucional, a través de la consolidación de órganos autónomos y reglas de cumplimiento efectivo; convergencia macroeconómica, indispensable para evitar distorsiones internas; diversificación productiva, que permita reducir la dependencia de materias primas; expansión del comercio intrabloque, aún por debajo de su potencial; y la profundización de los vínculos comerciales extrazona, donde destaca el demorado acuerdo con la Unión Europea.  En última instancia, el futuro del bloque dependerá de su capacidad para resolver tensiones internas persistentes, fortalecer mecanismos de cooperación y adecuarse a un escenario global crecientemente proteccionista y marcado por la competencia entre grandes polos económicos. Su continuidad como proyecto viable exigirá una agenda de integración capaz de sostenerse en el tiempo, respaldada por instituciones más robustas, mayor previsibilidad normativa y una concertación política que supere los ciclos domésticos de sus Estados miembros. Créditos foto: © European Union, 2025. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Javier_Milei_in_2024#/media/File:VdL_Mercosur_2024.jpg

En el marco de los estudios contemporáneos sobre regímenes autoritarios, un caso extremadamente estrafalario, hermético y, por qué no decirlo, extraño, es el de Turkmenistán. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el país emergió como un Estado nominalmente independiente, pero rápidamente se vio sumergido en una vorágine de elementos cuanto menos interesantes. En este caso, se configuró como un modelo de presidencialismo que combinaba nacionalismo, aislamiento internacional y una sorprendente vocación por la monumentalidad, convirtiéndose Asjabad, su capital, en un laboratorio de simbolismo: avenidas desiertas flanqueadas por edificios de mármol, fuentes coreografiadas, palacios gubernamentales de geometrías imposibles y una cantidad totalmente exagerada de estatuas doradas dedicadas a sus líderes. Este impulso estético no ha sido un simple capricho arquitectónico, sino una pieza central en la puesta en escena del poder. Turkmenistán no sólo ha construido una identidad nacional de cero, sino que lo ha hecho basándose en elementos visuales, liturgias estatales y elementos culturales inventados sobre la marcha, convirtiendo la extravagancia en un principio político: desde el énfasis en la raza equina nacional, hasta las sincronización extrema en celebraciones coreografiadas, desde el “Libro Sagrado” Ruhnama, impuesto como lectura obligatoria desde los escalafones más menores de la educación; hasta la peculiar afición del actual presidente de actividades aparentemente ajenas a la políticas, como cantar en televisión, pilotar motocicletas, perforar objetos con fusiles o ejecutar sesiones de DJ para las juventudes estatales. Turkmenistán se encuentra en el corazón de Asia Central, cubierto en más de un 70% por el desierto del Karakum, que marca su geografía y posesión de recursos naturales. Las principales ciudades se distribuyen en torno a antiguos oasis o líneas ferroviarias heredadas del Imperio Ruso y más tarde reforzadas por la Unión Soviética. La historia moderna de Turkmenistán estuvo marcada por la incorporación al Imperio ruso en el siglo XIX, la consolidación soviética en el XX, siendo una república asociada a la URSS, y la independencia en 1991 tras la desintegración de la URSS. A diferencia de otras repúblicas exsoviéticas que atravesaron períodos de transición caóticos, Turkmenistán mantuvo una continuidad casi absoluta en su élite dirigente. Saparmyrat Nyýazow, autodenominado Türkmenbaşy (líder de los turcomanos) y primer secretario del Partido Comunista local, se convirtió en presidente vitalicio del país independiente y estableció las bases de un sistema político centrado en su figura, siendo considerado por diversas organizaciones de Derechos Humanos como uno de los dictadores más represivos del mundo contemporáneo. Este régimen fue continuado por su sucesor, Gurbanguly Berdymujamédov, y más recientemente por su hijo Serdar, en el cargo desde marzo de 2022. Sistema político-social turcomano: Presidencialismo absoluto, hipercentralización, culto al líder y control Desde su independencia en 1991, Turkmenistán ha experimentado una deriva política que lo ha convertido en uno de los regímenes más cerrados, herméticos y autoritarios del espacio postsoviético. Bajo una apariencia de institucionalidad —Constitución, elecciones periódicas, multipartidismo formal, parlamento unicameral, un Consejo del Pueblo con rango constitucional—, el país opera en la práctica como un sistema político hipercentralizado, patrimonialista y personalista donde el poder se concentra en torno a una figura presidencial que combina autoridad ejecutiva, supremacía normativa, dirección ideológica y protagonismo simbólico absoluto, ejerciendo un poder basado en la exaltación del pasado y en la singularidad étnica, y en el que las excentricidades se han ido acumulando y transmitiendo de presidente a presidente (cambios de nombres de ciudades, culto a la personalidad, vigilancia, cambio de nombres a alimentos y días de la semana… entre otros). Dentro de este marco, los indicadores internacionales confirman la magnitud del autoritarismo: Freedom House califica al país como Not Free, con 0/40 en derechos políticos y apenas 2/60 en libertades civiles, una de las puntuaciones más bajas del planeta; Reporteros Sin Fronteras mantiene a Turkmenistán de forma recurrente en los últimos lugares de la clasificación mundial de libertad de prensa, junto con Corea del Norte y Eritrea; y los datos del Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad (IDH-D) confirman un desfase estructural entre la riqueza nacional —sustentada principalmente en el gas natural— y las capacidades reales de la población, afectadas por fuertes desequilibrios regionales, clientelares y étnicos. La primera arista de este sistema político descansa sobre el Democratic Party of Turkmenistan (DPT), heredero directo del antiguo Partido Comunista Turcomano, que desde 1991 ha actuado como eje ideológico y organizativo del régimen. Aunque en 2012 se legalizaron el Partido de Industriales y Emprendedores y el Partido Agrario, estos no constituyen una oposición real: son extensiones funcionales del poder, diseñadas para simular pluralismo sin alterar la arquitectura autoritaria. En términos comparativos, Turkmenistán reproduce un patrón ciertamente común en sistemas autoritarios de multipartidismo no competitivo, donde todos los actores políticos comparten la ideología oficial, carecen de autonomía, no expresan intereses diferenciados y no representan canales auténticos de participación ciudadana. En este contexto, el presidente concentra las competencias ejecutivas, controla la agenda legislativa, interviene en la designación de jueces y fiscalías y domina los gobiernos regionales, cuyos cargos dependen de criterios de lealtad y obediencia. El Mejlis , teóricamente órgano legislativo, opera como cámara de ratificación: aprueba de manera sistemática los proyectos enviados por el Ejecutivo, no fiscaliza a otras autoridades y no actúa como voz de representación social. La justicia , por su parte, constituye un mecanismo de disciplinamiento político y social antes que un sistema de protección de derechos. Sentencias por motivos políticos, detenciones arbitrarias, ausencia de defensa independiente y control de la abogacía completan el panorama de subordinación del poder judicial.   En suma, un ejemplo bastante claro de esta concentración de poderes en la figura presidencial fue la transición de 2022 (cuando Serdar Berdimuhamedov sustituyó formalmente a su padre), la cual profundizó una lógica dinástica en el régimen, no vista hasta entonces y calificada por observadores “ni libre ni justa”. El ascenso de Serdar no modificó la distribución real del poder, pues su padre fue inmediatamente designado “Líder de la Nación” y presidente del órgano constitucional más poderoso, encargado de definir las orientaciones estratégicas del Estado.  Uno de los rasgos más distintivos del sistema y unido a lo anterior es el culto al líder, que en Turkmenistán alcanza niveles extraordinariamente performativos. Desde la época de Saparmurat Niyázov, la presencia del líder se materializa mediante estatuaria dorada, bustos monumentales, retratos obligatorios, himnos personalizados, festivales masivos, murales, publicaciones autobiográficas y transmisiones televisivas centradas en su figura. Su sucesor, lejos de desmontar esta tradición, la adaptó a un lenguaje visual más tecnocrático pero igualmente personalista: aparición en vídeos cantando canciones patrióticas, montando caballos emblemáticos, conduciendo vehículos de competición o realizando demostraciones deportivas. Estas prácticas refuerzan la imagen del líder no solo como jefe de Estado, sino como figura carismática dotada de habilidades excepcionales, a menudo vinculadas a la juventud, la fortaleza física y la conexión espiritual con el pueblo. En paralelo, la ideología del régimen articula una síntesis peculiar de nacionalismo turcomano, estatismo económico, conservadurismo cultural y legitimación carismático-familiar. Bajo el concepto de “turkmenismo”, el DPT y el aparato estatal promueven una narración histórica que enfatiza la continuidad étnica del pueblo turcomano, la sacralidad del Estado, la obediencia al líder y la pureza de una identidad cultural idealizada. Este discurso se despliega a través de símbolos omnipresentes: el caballo Akhal-Teké como emblema de resistencia y belleza nacional; la alfombra turcomana como alegoría de la unidad; y el mármol blanco —material predominante en la arquitectura oficial— como metáfora de pureza, modernidad y grandeza. La construcción ideológica recurre también a elementos de paternalismo patriarcal: el presidente se presenta como protector, guía moral, garante de la estabilidad y encarnación viviente de la nación. La   propaganda estatal se complementa con una estructura de control ideológico y censura extremadamente rígida. Los medios de comunicación son propiedad directa del Estado; cualquier publicación independiente es ilegal; los contenidos informativos están sometidos a revisión previa; la crítica pública es inexistente. Para ejemplificar la situación, Reporteros Sin Fronteras sitúa sistemáticamente a Turkmenistán en los últimos lugares del mundo en libertad de prensa, equiparándolo con los regímenes más cerrados del planeta. Internet, por su parte, se encuentra filtrado y parcialmente bloqueado: miles de dominios están inaccesibles, las VPN son perseguidas y el acceso es limitado y costoso, lo que reduce drásticamente el espacio para opiniones divergentes. Estudios recientes sobre censura digital confirman que Turkmenistán opera un modelo de vigilancia algorítmica combinado con métodos clásicos de seguimiento físico, creando un entorno de autocensura generalizada. La vigilancia y el control social se ejercen mediante una multiplicidad de mecanismos formales e informales. Existen comités de barrio encargados de reportar comportamientos sospechosos; redes de informantes profesionales y voluntarios; controles policiales en carreteras; restricciones internas de movilidad; y regulaciones estrictas para viajar al extranjero. Las autoridades imponen inspecciones periódicas, supervisan celebraciones familiares, intervienen en las actividades cotidianas e incluso restringen la apariencia personal en función de códigos estatales no codificados pero ampliamente conocidos. El control se extiende, asimismo, a los flujos migratorios internos: los ciudadanos de regiones rurales necesitan permisos para residir en Asjabad, y miles de personas están inscritas en listas de prohibición de salida del país debido a vínculos familiares con críticos, activistas o exiliados. La desigualdad social constituye otro elemento estructural del régimen. Aunque Turkmenistán dispone de vastas reservas de gas natural y obtiene ingresos estatales multimillonarios, los beneficios se distribuyen de forma profundamente asimétrica. El IDH ajustado por desigualdad evidencia una brecha persistente entre las capacidades nominales del país y su realidad social. La élite política —altos burócratas, gobernadores, empresarios vinculados al DPT, familias afines al círculo presidencial— disfruta de acceso preferente a servicios, oportunidades económicas, vivienda, transporte y suministros básicos. Mientras tanto, amplios sectores de la población padecen escasez periódica de alimentos, racionamiento de productos esenciales, interrupciones de agua y electricidad, deterioro de la atención sanitaria y salarios reales bajos. El clientelismo, la corrupción y el patronazgo determinan quién accede a posiciones de poder y a beneficios estatales, reforzando una segmentación social donde la proximidad política define las oportunidades vitales. Economía turcomana: entre la riqueza por gas, las fragilidades estructurales y la contradicción interna La economía turcomana está definida por una paradoja fundamental: dispone una de las mayores reservas de gas natural del mundo, pero su población enfrenta escasez recurrente de bienes básicos, una infraestructura deficitaria y una baja diversificación entre sectores económicos.  El gas natural representa uno de los puntos más importantes de la economía turcomana, pues engloba el 80% de sus exportaciones, convirtiéndose en uno de los motores de ingresos estatales. Turkmenistán está entre los países con mayores reservas probadas, lo cual ha podido sostener durante décadas un sistemas de subsidios masivos que incluye electricidad o agua a precios simbólicos. Por otro lado, esta enorme dependencia del sector no es un signo positivo. La nula diversificación sectorial genera una excesiva vulnerabilidad ante fluctuaciones de un mercado bastante volátil que expone al país a los posibles cambios en los precios, una dependencia excesiva de pocos compradores como China- quien además, al controlar las rutas críticas, tiene poder pleno como negociador- y una escasa reinversión en infraestructuras, limitando la capacidad de modernización y expansión.  Por otro lado, sectores como la agricultura y la industria ligera sufren los efectos de la nula diversificación sectorial, manteniendo estructuras rígidas y poco competitivas. En agricultura, el algodón continúa siendo un cultivo obligatorio en muchas regiones, a pesar de la escasez de agua en la zona al ser desértica (cabe recordar que el algodón necesita grandes cantidades de la misma para poder crecer) y el vasto beneficio económico que genera. Los agricultores deben cumplir cuotas establecidas por el Estado, lo cual reproduce patrones de trabajo forzoso, o al menos coercitivo. En otro ámbito, la industria depende aún de tecnologías soviéticas, y se concentran sobre todo en el procesamiento de gas y manufacturas básicas. Los intentos de modernizar el sector textil enfrentan dificultades por la baja calidad de la fibra y la falta de inversión. A pesar de la riqueza energética del país, Turkmenistán padece escasez periódica de productos básicos como la harina. azúcar, aceite, carne y otros productos básicos, que deben ser a la fuerza importados por la falta de condiciones mínimas para su producción. Las tiendas estatales solo venden cantidades limitadas, y la población debe recurrir a mercados alternativos (por tanto ilegales y de precios inflados). Esta dualidad genera un mercado informal robusto, con economía de supervivencia. La inexistencia de un tipo de cambio libre y las restricciones cambiarias refuerzan la informalidad, incentivando el contrabando, la corrupción y la clandestinidad.  Algo que se ha dejado caer previamente y que es considerable tener en cuenta es la escasez de agua. El río Amu Daria se encuentra sometido a un estrés enorme por los cultivos de algodón previamente expuestos y a la eficiencia limitada de los sistema de riego, y el canal de Karakum pierde enormes cantidades de agua por evaporación y filtración del agua. Otra arista abierta que impide el crecimiento de Turkmenistán es el turismo restringido. Si bien el país posee lugares únicos, como la Puerta del Infierno o la antigua Merv, el turismo se encuentra muy limitado por la necesidad de visados bastante difíciles de obtener, la obligatoriedad de contratar guías estatales obligatorios y controles intensos sobre los visitantes.  En resumen, en Turkmenistán vemos que la economía rentista les ha permitido consolidar y justificar la política seguida a cabo, pivotante sobre un Estado centralizado, y financiar los megaproyectos nacionales; pero realmente constituyó un obstáculo a la diversificación productiva, reforzando la opacidad en la gestión de ingresos, y causando, en cierta parte, un estancamiento económico y un sistema con desigualdades estructurales considerables. Proyección exterior, vista como un aislamiento controlado, con alianzas selectivas La política exterior turcomana se articula en torno a un principio central proclamado por el Estado desde 1995: la neutralidad permanente .  En la práctica, esta neutralidad no implica ausencia de alineamientos, sino un modelo de aislamiento diplomático cuidadosamente administrado, que permite al régimen evitar compromisos multilaterales democráticos mientras mantiene relaciones económicas y de seguridad convenientes con potencias regionales. Turkmenistán limita al máximo su participación en organismos internacionales, evita involucrarse en disputas regionales, restringe la presencia de misiones extranjeras y reduce al mínimo la cooperación política con Occidente, especialmente en temas sensibles como derechos humanos, gobernanza, transparencia o liberalización política. Frente a Rusia y China, Turkmenistán mantiene una relación pragmática: Moscú continúa siendo un actor cultural y estratégico clave en Asia Central, mientras que Pekín se ha consolidado como comprador prioritario de gas, financiador de infraestructura y socio político que no exige reformas. Esta combinación de dependencia energética y confianza diplomática permite al régimen garantizar ingresos estables sin someterse a auditorías internacionales. A su vez, la neutralidad opera como escudo discursivo: el Estado la presenta como una opción soberana, pacifista y orientada a la estabilidad, aunque su función real sea blindar el autoritarismo interno frente a presiones externas. El aislamiento no se limita a la esfera diplomática: también se proyecta sobre la movilidad de personas, la circulación de información y la conexión digital. Turkmenistán es uno de los países más herméticos del mundo: obtener visado es extremadamente difícil; la presencia de turistas extranjeros es minúscula (son menos de 20,000 personas las que anualmente suelen visitar el país); el acceso de periodistas internacionales es prácticamente imposible; y la sociedad civil carece de canales para interactuar con redes globales. El resultado de esta estrategia es un equilibrio delicado. Por un lado, la neutralidad brinda al régimen margen para evitar involucrarse en conflictos y garantiza cierta estabilidad regional, pero por otro lado limita la diversificación económica, frena el intercambio tecnológico, dificulta la diplomacia cultural y restringe la capacidad del país para adaptarse a dinámicas globales. Turkmenistán proyecta hacia el exterior una imagen de país cerrado pero autosuficiente, orgulloso pero distante, rico en recursos pero pobre en vínculos internacionales. En última instancia, esta política exterior refleja el modelo interno: centralizado, controlado, vigilado y orientado a la preservación del poder antes que a la integración global. Extravagancia y un futuro plasmado en la estética del autoritarismo Uno de los motivos principales por los que el caso turcomano es bastante extravagante a la par que extraño en el estudio y descripción, más allá de la conformación de un sistema económico desigual, clientelista y poco diversificado o un sistema político caracterizado por un culto al líder y un autoritarismo multipartidista sin competencia práctica, es en la manera que tiene de plasmar todos estos conceptos que previamente han sido analizados dentro de la sociedad y cómo utiliza la estética y las estatuas para generar identidad y poder, pues la monumentalidad extravagante que define el paisaje urbano turcomano construye el lenguaje visual a través de la cual se ha legitimado de forma simbólica y ha proyectado un ideario de continuidad a futuro. El uso de mármol blanco, los bulevares vacíos diseñados para procesiones casi rituales, los megaproyectos infrautilizados y las innumerables estatuas doradas funcionan como un dispositivo de poder que cristaliza la ideología del Estado. La estética monumental de Asjabad opera como un intento de detener el tiempo histórico. La ciudad proyecta una modernidad inmaculada, congelada, en la que la grandiosidad arquitectónica suplanta la participación democrática. Las estatuas doradas de los líderes, presentados como héroes culturales, protectores y guías morales, forman parte de una narrativa de eternidad política: el líder se representa no como gobernante temporal, sino como punto fijo en un relato nacional que pretende ser inmutable. Incluso los fenómenos naturales, como la llamada Puerta del Infierno, son incorporados simbólicamente a esta visión, transformándolos en metáforas de un país condenado a mantener encendido su propio fuego, espectacular y abrasador, pero estancado en un consumo sin renovación. Desde este punto de vista, es perfectamente enlazable todos los elementos que componen el Estado y el sistema político-social turcomano. Desde la estética, Turkmenistán parece condicionar su futuro a esta forma de política anticipatoria en la que el régimen analiza, diseña y marca un futuro que reproduce las mismas lógicas de orden visual allá donde tiene poder e influencia, y extiende su control desde sus comités por barrios hasta el performativo en base a toda la parafernalia estética formulada sobre las calles de sus ciudades, convirtiéndose en museos habitados, los monumentos en referencias morales perennes y los paisajes en escenarios sobre los que formular relatos nacionales, tratándose de un proyecto de eternización en todos sus sectores. Al proyectar un futuro que visualmente se parece al presente (grandes avenidas, mármol, dorado, fuego eterno, rituales coreografiados), el Estado asegura que el horizonte político siga siendo estático y predecible, evitando la entrada de narrativas alternativas o de posibles cambios, impensables por otro lado a día de hoy. Así, los espacios extravagantes y el futuro estético del régimen se encuentran íntimamente enlazados. Las escenografías del poder no solo representan la grandiosidad simbólica del Estado, sino que definen los límites de lo imaginable en Turkmenistán. En un país donde la oposición política es inexistente, la sociedad civil está controlada y la libertad de expresión es mínima, la monumentalidad funciona como un sustituto de la política: una arquitectura que gobierna, una estética que disciplina y un paisaje urbano que ordena dentro de un relato preestablecido.