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Han pasado más de 30 años, pero en Bosnia y Herzegovina la herida que dejó la guerra sigue abierta. Quizás en uno de los escenarios más crueles en la historia de Europa, la clase alta de países occidentales iba a los campos de batalla a divertirse mientras disparaban y veían morir a civiles inocentes, desde niños sin ningún tipo de culpa hasta ancianos sin posibilidad de defenderse. Ahora, más de tres décadas después la Fiscalía de Milán ha abierto una investigación para hacer justicia por aquellos que se quedaron en aquella horrible guerra. Tensiones en los Balcanes Para entender el origen de todos los conflictos en la zona de los Balcanes, hay que remontarse a varios siglos atrás. Tras la caída del Imperio Romano, durante los siglos VI y VIII la región quedó dividida en Serbia, que pasó a pertenecer al imperio bizantino, donde predominaba la religión ortodoxa; y Croacia, que quedó bajo el poder de Roma, de religión católica, originándose las primeras diferencias en los Balcanes. Sin embargo, con la llegada de los otomanos en el siglo XIV, se insertó el islam en la región, convirtiendo a la mayoría de la zona de Bosnia al islam sunita, por lo que tenían que convivir en la zona el cristianismo ortodoxo, católico y el islam. Por si fuera poco, el imperio austrohúngaro se asentó en el norte en el siglo XVII imponiendo su cultura en la zona norte. Poco a poco, en el siglo XIX las tensiones fueron aumentando con la creación de movimientos nacionalistas que exigían Estados propios.   Tras la Primera Guerra Mundial y la caída de los imperios austrohúngaro y otomano, se creó en 1918 el Reino de los Serbios, Croatas y eslovenos, el cual unió a varios pueblos eslavos del sur en un solo Estado para protegerse de las grandes potencias europeas. Finalmente, en 1929 se cambió el nombre a Reino de Yugoslavia, pasando a ser una monarquía centralizada caracterizada por las tensiones étnicas, lingüísticas y religiosas. Ejemplo de ello fue el asesinato del primer rey de Yugoslavia, Alejandro I, por parte de terroristas croatas.   Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se mantuvo neutral, pero ante el inicial éxito de Alemania decidió unirse al eje en marzo de 1941. Sin embargo, se produjo un golpe de Estado con apoyo británico que derrocó al regente Pablo. Esto obligó a las potencias del eje a invadir Yugoslavia, al mismo tiempo que iban naciendo movimientos de resistencia, dentro de los cuales destacaba Josip Broz “Tito”. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se abolió la monarquía y nació la República Federal Socialista de Yugoslavia bajo el mando de Tito, dividiéndose en 6 repúblicas (Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia y Montenegro) y 2 provincias autónomas (Vojvodina y Kosovo). En los primeros años, Yugoslavia fue un Estado satélite de la URSS, pero las diferencias entre Tito y Stalin finalizaron con la ruptura con Moscú y la integración de Yugoslavia al plan Marshall. Tito había conseguido tranquilizar los movimientos separatistas y mantener la unidad de Yugoslavia, sin embargo, tras su muerte en 1980 las tensiones nacionalistas se intensificaron, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque soviético. Tras la independencia de Eslovenia y Croacia a través de un referéndum celebrado en 1991, empezaron los primeros conflictos armados en la Guerra de los Diez Días y la Guerra de Croacia, la cual se alargó unos años. Guerra de Bosnia Bosnia y Herzegovina era el territorio que más etnias diferentes incluía de todas las repúblicas yugoslavas, ya que estaba integrada por bosnios musulmanes, serbobosnios ortodoxos y bosniocroatas católicos. En marzo de 1992, Bosnia decidió tomar el mismo camino que Croacia y Eslovenia y celebrar un referéndum de independencia. Los bosnios votaron y el 99.43% lo hicieron a favor de la independencia por lo que el 5 de marzo de 1992 proclamaron la independencia de Bosnia y Herzegovina, sin embargo, los serbios respondieron militarmente, dando comienzo a la guerra de Bosnia. Aunque Serbia y Croacia estaban en guerra, los presidentes Tudjman y Milosevic acordaron repartirse Bosnia, debido a que ambos buscaban expandirse en las zonas donde tenían mayorías. Este reparto dió lugar a la guerra bosniocroata. A medida que el conflicto avanzaba, la guerra se recrudecía, como en el sitio de Mostar o el asedio de Sarajevo, obligando a la comunidad internacional a intervenir cada vez más, empezando con operaciones militares organizadas por la OTAN en 1992. A partir de 1994 la OTAN se implicó activamente en el conflicto mediante bombardeos aéreos en la zona proserbia de Bosnia, Srpska.   En marzo de ese mismo año finalizó la guerra entre Croacia y Bosnia tras los acuerdos de Washington, donde también se estableció la Federación de Bosnia y Herzegovina. Pero el conflicto continuó entre Srpska y Krajina contra Bosnia, donde un nacionalismo xenófobo se impuso, desencadenando en terribles limpiezas étnicas, incluyendo deportaciones masivas y exterminios organizados, como la masacre de Srebrenica en 1995, donde acabaron con la vida de 8.000 bosnios musulmanes. Esto hizo que la presión internacional aumentará aún más, lo cual obligó a la OTAN a bombardear en Serbia en una operación llamada Fuerza Deliberada. Finalmente, Milosevic cedió y se logró llegar a un armisticio en los Acuerdos de Dayton, donde participaron Milosevic, Tudjman y Izetbegovic (Presidentes de Serbia, Croacia y Bosnia).   Además del fin de la guerra en Croacia y Bosnia (Aunque el asedio a Sarajevo siguió hasta febrero de 1996), los 3 Estados se reconocieron como Estados soberanos independientes. La región de Krajina acabó en manos de Croacia, mientras que Bosnia se quedó con Srpska. En total en esta cruel guerra murieron 100.000 bosnios y 2.000.000 en una de las mayores crisis humanitarias de la historia de Europa. Sarajevo safari En 2022, el director esloveno Miran Zupanic dirigió un documental llamado Sarajevo Safari, donde un testigo desconocido y un miembro del servicio de inteligencia bosnio que participó en la guerra, Edin Subasic, aseguran que los safaris humanos en Bosnia fueron reales. “El testigo”, tal como se le dice en el documental, era un ciudadano esloveno que había terminado sus estudios en Belgrado. Durante la guerra, fue llevado más de 30 veces a Bosnia como observador. La primera vez, fue llevado a Pale, donde esperaban para llevar a los turistas en un jeep a las colinas desde donde disparaban. El testigo vió que habían 3 señores, bien vestidos, que no parecían ni bosnios, ni serbios, tampoco de Occidente, más bien parecían rusos, lo cual le extrañó. Al principio creía que eran observadores como él, pero ellos no estaban asustados, sino llenos de adrenalina. Finalmente, les llevaron al barrio de Grbavica y vió como estos señores pagaban por disparar contra civiles. Estos señores no querían cazar animales, sino civiles. Mientras uno disparaba, otro miraba por prismáticos indicando dónde disparar. El testigo aseguró que el servicio no era barato, pero los niños eran más caros, ya que al matar un niño, se llevaban dos vidas por delante, la del niño y la de la madre que no podría vivir sin él. El testigo informó a los superiores de lo que estaba pasando, sin embargo, solo recibió un: “Oh, que interesante”.  El safari duró hasta 1994, y participó gente de muchas nacionalidades, incluyendo estadounidenses, canadienses, rusos, italianos e incluso españoles, que eran transportados desde el aeropuerto de Trieste a Belgrado, ya que habían 3 vuelos diarios entre ambas ciudades, y de allí vía terrestre a Sarajevo. El otro testigo, Edin Subasic, miembro del servicio de inteligencia del Ejército de Bosnia y Herzegovina, cuenta como un interrogatorio que parecía normal, se convirtió en un relato que demostraba hasta qué punto podía llegar el ser humano. En 1993, capturaron en Grbavica a un miliciano serbobosnio de tan solo 23 años, y al interrogarlo hubo un detalle que le llamó la atención. El serbio relató cómo fue transportado con un grupo de voluntarios desde Belgrado hasta Pale. En el viaje le llamó la atención 5 personas que estaban escoltadas por militares, los cuales no parecían serbios, parecían tener un poder elevado, ya que vestían con ropa cara, equipaje lujoso y traían buenas armas consigo. Tres de ellos fueron entrevistados durante el viaje, los tres hablaban italiano y uno de ellos era de Milán. El serbio entendió que se pagaban el viaje, además de un “impuesto de caza” para poder disparar contra civiles.   Tras el interrogatorio, los militares bosnios fueron a investigar por los bosques de las zonas que el serbio les había relatado, pero solo encontraron soldados serbios, no había rastro de extranjeros. Por lo que decidieron pedir ayuda a servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el “Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare” de Italia. La noticia también era una sorpresa para ellos y les pidió colaboración e investigación, ya que los extranjeros seguramente salían desde un lugar de Italia. Tras unos tres meses, el SISMI les informó de que  habían encontrado el lugar de donde salían, pero para sorpresa del servicio de inteligencia bosnio, solo habían neutralizado el lugar y les aseguraron que no volvería a pasar. La denuncia de Ezio Gavazzeni Tras el documental, el periodista y escritor originario de Milán, Ezio Gavazzeni siguió con la investigación y a principios del mes de noviembre presentó ante la Fiscalía de Milán un documento de 17 páginas, respaldado por el reconocido exmagistrado, Guido Salvini y la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, denunciando lo sucedido.   El documento que Gavazzeni ha presentado a la Fiscalía de Milán se divide en siete partes. Al principio pone de manifiesto el contexto en el que se desarrollaron los safaris, incluyendo el asedio a Sarajevo; luego Ezio describe los safaris, donde detalla como hombres ricos pagaban para disparar a civiles desde la posición de los francotiradores en las colinas de Sarajevo. Asimismo, presenta el listado de presuntos participantes y nacionalidades, incluyendo estadounidenses, italianos, rusos, entre otros. A continuación, muestra cómo los turistas eran transportados desde Trieste hasta Belgrado, y de allí a Sarajevo, también expone cómo eran equipados con armas y municiones. Además, Gavazzeni presenta sus fuentes basadas en entrevistas a gente que habría presenciado los hechos, como Edin Subasic. Finalmente, argumenta que de confirmarse los hechos constituirían crímenes de guerra, y pide a la justicia de Bosnia colaborar con las investigaciones.   Investigación abierta Finalmente, el pasado 12 de noviembre de 2025 la Fiscalía de Milán abrió una investigación contra personas desconocidas por homicidio voluntario agravado. El fiscal Alessandro Gobbis, el cual está al mando de la investigación, busca identificar a italianos, aunque habían participado gente de muchas más nacionalidades, que entre 1993 y 1996 pagaron por jugar a la guerra y matar civiles por diversión.   Según la Fiscalía de Milán podrían haber alrededor de 100 italianos implicados y otros 100 de muchas otras nacionalidades. Ya en el juicio contra Milosevic, un bombero estadounidense que había ido a Bosnia como voluntario de la ONU, John Jordan, había declarado que habían tiradores turistas entre los francotiradores, que debido a sus armas y sus vestimentas llamaban la atención entre los serbios.   El principal organizador de estas excursiones fue Jovica Stanisic, un alto cargo del sector de seguridad serbio durante la guerra de Bosnia, el cual fue condenado por el Tribunal Penal Internacional en 2013 por crímenes de guerra, asesinatos y deportaciones. Para justificar los vuelos en grupo a Belgrado, Stanisic los hacía pasar por excursionistas que iban de caza al extranjero, y así poder infiltrarlos en el territorio sin levantar sospechas. ¿Está el actual presidente de Serbia implicado? El actual presidente de Serbia, Alexandre Vucic, podría estar implicado en el caso de los safaris humanos en Sarajevo. Tan solo dos días después de la denuncia de Ezio Gavazzeni, el periodista croata, Domagoj Margetic, el cual lleva años investigando crímenes de guerra en los Balcanes, presentó ante la Fiscalía de Milán material que podría implicar a Vucic en el caso. Tras varias publicaciones a través de las redes sociales, acusándolo de su participación indirecta en los safaris, Margetic publicó un vídeo en el que Vucic, aparece junto al criminal de guerra, Vojislav Seselj, en el Cementerio Judío de sarajevo, considerado una de las ubicaciones más atractivas para disparar. En el vídeo se muestra a Vucic evitando las cámaras debido a que llevaba un rifle en la mano. Posteriormente, Margetic declaró que Vucic proporcionaba “logística” en el terreno a los cazadores, y que ocasionalmente los escoltaba desde Belgrado a Sarajevo. Fuentes cercanas al presidente aseguran que Vucic, estuvo en Pale a finales de 1992 y en 1993 como periodista y traductor, sin contacto con estructuras militares ni armas de fuego. El presidente serbio, ha sido muy claro mediante las siguientes declaraciones: “Nunca he tenido un rifle de francotirador en las manos, ni siquiera aquel rifle del que hablan, porque eso era un trípode de cámara. ¡Qué vergüenza! No hay palabra que no hayan dicho para presentarme como un monstruo, un asesino frío”.   Aunque no haya pruebas claras, la Fiscalía de Milán estudiará el material y los vídeos que el periodista croata les ha proporcionado para seguir con la investigación y hacer responsables a todos los que hayan participado tanto de manera directa como de forma indirecta. Conclusión Aunque no se haya dictado sentencia ni se hayan nombrado personas responsables, el hecho de que hombres adinerados hayan ido al campo de batalla a matar civiles por vivir nuevas aventuras y “placeres” es real, ya que hay distintos testigos y servicios de inteligencia que lo confirman. Pero ahora hay una investigación activa que busca sentar en los banquillos de los tribunales a los que participaron en estos crímenes por placer y hacer justicia por los más de 11.000 civiles que murieron inocentemente en el asedio de Sarajevo.

La madrugada del 7 de diciembre podría ser resumida con una palabra: volatilidad. Benín descubrió esa misma mañana que el modelo ampliamente celebrado por la comunidad internacional de estabilidad y modelo democrático podía saltar perfectamente por los aires en un segundo. Soldados fuertemente armados irrumpían en la televisión estatal para anunciar la disolución del gobierno, la suspensión de su Constitución y la caída del presidente Patrice Talon.  El golpe fracasó, sí, pero su fracaso no indica para nada una solidez democrática. Las palabras del ministro del Interior beninés, quien aseguró que “un grupúsculo de soldados protagonizó un motín con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones", y que “las Fuerzas Armadas beninesas y su cúpula, fieles a su juramento, han permanecido republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar la maniobra”, si bien pueden parecer tranquilizadoras en primera instancia, muestra que el estado beninés mantiene fisuras estructurales considerables, y que este episodio indica un síntoma de desgaste, en el que el poder, el cual mismamente negaba previamente que pudiera suceder algo así, tembló. Benín: un país que fue instalándose en una calma paulatina Los primeros años del camino de Benín como república independiente fueron bastante convulsos, pues estuvieron plagados de subidas en tasas de desempleo, descontento social, convulsiones políticas y golpes de Estado. Entre 1963 y 1972, se produjeron diversos cambios de gobierno por medios militares, lo cual marcó décadas de inestabilidad e intervenciones constantes de las fuerzas armadas. En 1974, se proclamó la República Popular de Benín, con fases nacionalistas basadas en el marxismo-leninismo, una fase socialista, y una fase de apertura hacia Occidente y el liberalismo económico. Precisamente, el deterioro económico, la presión social y la urgencia de reformas estructurales en el país africano, llevó a una profunda transformación democrática a finales de la década de los 80. La Conferencia Nacional de 1990 sentó las bases del nuevo orden constitucional y abrió la puerta a las primeras elecciones libres en 1991, que inauguraron un periodo de alternancia política relativamente pacífica. A pesar de que durante los años 90 y principios de los 2000 el país fue considerado un referente democrático regional, ese prestigio comenzó a erosionarse progresivamente a partir de la llegada al poder de Patrice Talon en 2016. Su administración impulsó un proceso de reconfiguración institucional que, aunque presentado oficialmente como una modernización del Estado, ha sido interpretado por expertos y observadores internacionales como un giro restrictivo del pluralismo político. Reformas electorales que aumentaron dramáticamente los requisitos para registrar partidos, ajustes legislativos que redujeron la participación de la oposición y una creciente concentración de poder en la figura presidencial generaron un debate intenso sobre la calidad real de la democracia beninesa.  Informes de organizaciones internacionales y de análisis político han señalado también un deterioro de la independencia judicial, especialmente por la cercanía de magistrados clave al entorno gubernamental y por decisiones consideradas desfavorables para candidatos y figuras opositoras. Aunque el marco institucional continúa funcionando formalmente bajo principios democráticos, es considerado un régimen híbrido por indicadores como el Índice de Democracia de The Economist (con una puntuación de 4.84 sobre 10, y un puesto alrededor del 104). En paralelo, el desempeño económico del país exhibió avances significativos que contribuyeron a sostener la imagen de estabilidad. Durante las dos últimas décadas, Benín mantuvo tasas de crecimiento relativamente altas impulsadas por el comercio regional, el dinamismo del puerto de Cotonú, la agricultura y la expansión progresiva de actividades industriales y de servicios. Informes del Banco Mundial registraron mejoras en indicadores básicos de desarrollo: incremento del ingreso nacional bruto per cápita, reducciones moderadas en la pobreza, mejoría en la esperanza de vida y ampliación del acceso a la educación. Sin embargo, este crecimiento coexistió con características estructurales de vulnerabilidad que continúan sin resolverse: una economía profundamente informal, limitaciones persistentes en infraestructuras, disparidades sociales entre regiones urbanas y rurales, así como escasa diversificación productiva. Todos estos factores han alimentado un sentimiento de fragilidad socioeconómica que no siempre coincide con los indicadores macroeconómicos positivos. En el ámbito regional, Benín enfrenta una situación geopolítica compleja. Su posición estratégica en la costa occidental africana lo convierte en un corredor comercial relevante, pero también en un territorio expuesto a tensiones transfronterizas. La vecindad con países sometidos a golpes de Estado recientes, como Guinea-Bissau, Malí o Burkina Faso, crisis políticas recurrentes o presencia de grupos insurgentes y fundamentalistas ha incrementado la presión sobre las fuerzas de seguridad y ha obligado al gobierno a adoptar medidas de vigilancia reforzada. Esta dinámica regional, sumada a los efectos colaterales de crisis económicas y movimientos migratorios, ha contribuido a un clima de incertidumbre que se ha infiltrado tanto en la percepción ciudadana como en las decisiones gubernamentales. Por ello es que cualquier cambio en la región de África Occidental, seguida de cerca por organismos internacionales como la Unión Africana, la CEDEAO o incluso ECOWAS en términos económicos y comerciales, despierta la atención internacional, sobre todo si se tratan de países con tradición democrática o una calma en la contemporaneidad. Los momentos previos al 7 de diciembre Durante las semanas previas al intento de Golpe de Estado eran observables diversas señales de tensión política y militar que pueden llegar a explicar el escenario previo que se respiraba en Benín, y que el hecho no fue aleatorio ni aislado, sino que fue el punto de ebullición de desavenencias latentes.  Diversos medios de comunicación (Al-Jazeera), documentaron malestar en sectores de las fuerzas armadas, rumores y testimonios sobre divisiones internas sobre la gestión de la seguridad en regiones fronterizas del norte. Por otro lado, el calendario electoral tensó evidentemente el ambiente: las elecciones próximas de abril de 2026 pusieron en relieve el debate de la sucesión presidencial y acusaciones de concentración de poder en torno al poder ejecutivo, lo cual generaron quejas y protestas en sectores de la oposición. A todo ello debemos sumar, como previamente ha sido comentado, el clima de “contagio” político de la región de África Occidental. La sucesión reciente de golpes de Estado exitosos en países (véase Guinea-Bissau) y la percepción de éxito en resultados políticos por parte de movimientos militares en ciertos casos, alentaron narrativas que concebían la intervención armada como solución a problemas de seguridad y gobernanza.  La tentativa de golpe de Estado En la madrugada del 7 de diciembre de 2025, la República de Benín vivió uno de los episodios más críticos de su historia reciente. Un grupo de militares, autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR) y bajo la supuesta dirección del teniente coronel Pascal Tigri, irrumpió en la escena política nacional con el objetivo declarado de “refundar” el Estado. La sublevación se manifestó inicialmente a través de la ocupación simbólica y estratégica de la televisión pública nacional, donde los amotinados leyeron un comunicado anunciando el derrocamiento del presidente Patrice Talon, la disolución de las instituciones, la suspensión de la Constitución y el cierre temporal de fronteras. La acción se articuló como un mensaje político de emergencia, diseñado para proyectar control y legitimidad ante la población y la comunidad internacional. Si bien las primeras horas fueron de informaciones cruzadas y contradictorias en forma, la situación es cierto que no iba a ser prolongable ya que contaban con bajo apoyo militar, territorial e institucional, por lo que parecía una suerte de delirio de cambio. Durante las primeras horas, se registraron enfrentamientos armados limitados en varios puntos de la capital, Cotonú, incluyendo las proximidades del palacio presidencial y otras zonas estratégicas. Estos hechos generaron alarma y confusión entre la ciudadanía, así como preocupación entre misiones diplomáticas extranjeras, que emitieron alertas preventivas a sus nacionales.  La reacción de las fuerzas de seguridad leales al gobierno fue rápida y coordinada. La Guardia Republicana y otras unidades fieles recuperaron el control de la televisión pública y de los accesos claves de la capital en cuestión de horas, contaron con ayuda del ejército de Nigeria, quienes entraron en el país y tomaron el control aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas de la televisión nacional y de un campamento militar donde se habían reagrupado, restaurando la normalidad institucional y procediendo a la detención de más de una docena de militares implicados en la sublevación, aunque algunos líderes lograron escapar temporalmente. También ha sido revelado que Francia ha realizado un “apoyo en materia de vigilancia y observación y apoyo logístico” a las fuerzas armadas de Benín, a petición de Cotonou, de forma similar a Nigeria. El domingo se entrevistó Emmanuel Macron con su homólogo de Benín, con Nigeria y Sierra Leona en representación de la CEDEAO, para efectuar una rápida respuesta que ayudara a que Benín rechazara el intento de golpe. El presidente Talon reapareció en la escena pública compareciendo esa misma noche del 7 de diciembre ante la nación, reafirmando que la situación estaba plenamente controlada y que los responsables serían procesados conforme a la ley, afirmando que “esta aventura no quedará impune”. La rapidez y eficacia de esta respuesta impidió que el golpe se consolidara, demostrando que, a pesar de los signos de tensión acumulada, el control institucional del Estado permanecía intacto. En su mensaje televisado, los amotinados del CMR justificaron la acción argumentando la existencia de una crisis institucional profunda y una supuesta incapacidad del gobierno para garantizar seguridad, tanto de la población general como de los efectivos militares y sus familias. Denunciaron negligencia respecto a los soldados caídos o excombatientes y el abandono de regiones fronterizas, particularmente en el norte, donde la inseguridad ha sido histórica y donde se concentran desafíos de gobernanza complejos. Los golpistas plantearon la necesidad de una “refundación” bajo un “nuevo orden republicano”, que implicaba no solo un cambio de liderazgo sino también una transformación de la estructura política y administrativa del Estado, señalando lo que consideraban fracturas críticas entre la ciudadanía y las instituciones. El análisis político posterior señaló que la intentona no puede entenderse únicamente como un reclamo por seguridad o justicia social. El contexto de la sucesión presidencial prevista para abril de 2026, con el eventual relevo de Talon por un candidato oficialista, creó un escenario de incertidumbre que algunas facciones militares interpretaron como amenaza a sus intereses y posición dentro del sistema político. La sublevación, en este sentido, reflejaba tanto preocupaciones estructurales como la intención de incidir en un proceso político clave, mezclando reivindicaciones de carácter social con la búsqueda de poder político e institucional. Las consecuencias y reacciones internacionales Si bien es cierto que el Golpe de Estado se desvaneció con relativa rapidez y fue declarado fallido con cierta celeridad, tuvo consecuencias evidentes, más allá de la detención de más de una docena de soldados sublevados. En primer lugar, es evidente que la exposición del sistema a un intento de toma de poder reveló vulnerabilidades latentes en la estructura de seguridad y en la percepción pública sobre la estabilidad institucional. La restitución rápida del control y la intervención coordinada de las fuerzas leales permitió que las instituciones continuaran funcionando, pero puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la cohesión interna, la confianza ciudadana, los mecanismos de supervisión y control sobre las fuerzas armadas y por supuesto la protección de instalaciones críticas, así como el establecimiento de sistemas de alerta temprana entre autoridades militares, políticas y civiles ante potenciales suspicacias y disidencias. La reacción internacional al intento de golpe de Estado en Benín fue inmediata y enérgica, reflejando tanto la preocupación por la estabilidad interna del país como la importancia estratégica de la región para la seguridad y la gobernabilidad de África Occidental. A nivel regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) condenó la tentativa como “una subversión de la voluntad del pueblo beninés” y anunció la activación de su fuerza de reserva para apoyar al gobierno legítimo y garantizar la preservación del orden constitucional. La organización enfatizó la necesidad de proteger los procesos democráticos y subrayó que no se tolerarían alteraciones del poder por la fuerza en ninguno de sus Estados miembros. Este despliegue implicaba no sólo la movilización de tropas sino también el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia conjunta y la coordinación entre las fuerzas armadas de los países miembros, enviando un mensaje de disuasión frente a futuros intentos de sublevación militar en la subregión. En el ámbito continental, la Unión Africana expresó su rechazo firme y categórico al golpe, reiterando su compromiso con la gobernanza democrática y civil en todos sus Estados miembros. La UA subrayó que cualquier intento de derrocamiento militar constituye una amenaza directa a la estabilidad regional y socava los valores fundamentales de los tratados africanos sobre democracia y derechos humanos. Además, la organización instó a la comunidad internacional a brindar apoyo político y técnico para la restauración del orden, la protección de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de derecho en Benín. A escala global, las Naciones Unidas emitieron declaraciones de condena rotunda. El Secretario General advirtió que la sublevación militar, aunque breve y contenida, representaba un riesgo significativo para la estabilidad de África Occidental y podía generar precedentes peligrosos en la región. La ONU instó a las autoridades beninesas a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los detenidos y a reforzar los mecanismos de supervisión civil sobre las fuerzas armadas. Los gobiernos de potencias internacionales con intereses estratégicos en África Occidental, incluyendo Francia, Estados Unidos, España y la Unión Europea, emitieron comunicados de apoyo al gobierno legítimo. Precisamente, Francia también ha reforzado su apoyo político a la CEDEAO, lo cual refuerza las instituciones africanas, su eficacia y capacidad de influencia. Todas estas reacciones fueron de ayuda al fortalecimiento del gobierno legítimo de Patrice Talon, y a la justificación de la acción nacional para sofocar la tentativa de golpe de Estado. Un golpe que refleja un horizonte ciertamente difuso Los hechos ocurridos el 7 de diciembre en Benín agrandan aún más la incertidumbre respecto al horizonte que maneja el país en los próximos meses y años. Como previamente ha sido comentado, el país tiene elecciones programadas para abril de 2026, en la cual el actual presidente no puede volver a concurrir a elecciones, designando a un candidato oficialista para sucederle. Esta decisión es bastante controversial, y el hecho de que en los meses previos haya existido una tentativa de golpe de Estado puede aumentar las tensiones internas, y provocar un escenario bastante más tensionado de lo que se podía imaginar. Si bien, esto tiene una doble lectura, porque la rápida intervención puede servir como garante institucional que promueva la confianza ciudadana, viendo en el nuevo candidato una posibilidad de renovación integral de la democracia de una forma más natural y paulatina. El episodio por otro lado deja una visión bastante interesante, y es que un “grupúsculo” como declaró el Ministro del Interior beninés, basta para sacudir el orden si las tensiones y la seguridad no se abordan con total contundencia, afrontando Benín a partir de ahora este reto para que no exista un riesgo de nuevos intentos de desestabilización del país. Por otro lado, el despliegue de la fuerza de reserva de ECOWAS y del ejército del aire de Nigeria y Francia, la condena de la UA, ONU, de países de la Unión Europea y EE. UU. implican que la comunidad internacional vigila de cerca la situación, implicando una responsabilidad interna de respeto a la legitimidad por parte del gobierno de Benín hacia sus instituciones propias y su Constitución. El futuro inmediato del país pasa por las elecciones de 2026 como gran prueba de fuego: si el Estado logra realizar un proceso electoral limpio, una transición de poderes justa y reconstruir la confianza institucional, los benineses podrán hablar del 7 de diciembre de 2025 como un pequeño susto, pero si se reacciona con represión, corrupción o cierre autoritario, podría significar el preludio de una crisis más profunda aún. En los próximos meses se verá, además, cuán frágil es la democracia beninesa, o si puede soportar incluso tentativas de golpe de Estado de forma solvente.

Bangladés se encuentra ante una auténtica encrucijada. La densidad de población, el crecimiento urbano e industrial, la dependencia de recursos naturales y la pobreza sistémica han convertido al país asiático en uno de los puntos más críticos a nivel global en cuanto a contaminación, residuos y degradación ambiental. Al mismo tiempo, el país mantiene un marco legal sumamente incompleto, pese al aumento creciente respecto a la conciencia ambiental, y la urgencia de transformar desde sus bases el modelo productivo, de consumo y gestión ambiental nacional. El futuro de Bangladés dependerá de su capacidad para unir políticas efectivas, inversión en infraestructura, innovación tecnológica, participación social y justicia ambiental en uno, un reto más que notable para un país con sus características. Si logra eso, hay todavía cierta esperanza de encaminar el país hacia un futuro y desarrollo sostenible; si no, la degradación ambiental y sus efectos sobre la salud, dignidad y vida humana podrían profundizar incluso más de lo que actualmente están. Panorama general Bangladés es un país que cuenta con más de 176 millones de personas, con una densidad de población de 1,350 habitantes por kilómetro cuadrado. En consecuencia, el crecimiento urbano e industrial, el cual, todavía representa un 43% del total de la población, está generando un daño ambiental inmenso en un país ligeramente más grande que Grecia –148,460 km2 en total–. A su vez, la población bengalí se concentra principalmente en el eje Dhaka–Chittagong, donde vive en torno al 50% de la población nacional en poco más del 20% del total territorial del país, destacando ciudades como Comilla, Narayanganj, Gazipur o Chandpur, más allá de la propia urbe de Chittagong y la capital nacional, Dhaka. Por lo general, Bangladés es un país mayoritariamente llano y húmedo, atravesado por numerosos ríos, islas fluviales y algunas áreas montañosas concentradas en el sureste y noreste, principalmente en Chittagong y Sylhet. Esta geografía favorece la formación de suelos fértiles, lo que propicia una buena agricultura y el cultivo de alimentos básicos para la población. El país, además, posee un clima tropical monzónico, caracterizado por las altas temperaturas y lluvias intensas durante la temporada de monzones. Sin embargo, esta combinación de clima y relieve hace que Bangladés sea altamente vulnerable a desastres naturales, como inundaciones, ciclones, tormentas tropicales y erosión costera, que representan riesgos severos recurrentes para la población, campos de refugiados y la economía nacional. Las inundaciones y ciclones afectan periódicamente a millones de personas, especialmente cuando los ríos se desbordan. La erosión costera y la subida del nivel del mar amenazan a zonas habitadas y tierras de cultivo, desplazando comunidades rurales y provocando migraciones masivas hacia las ciudades, donde la infraestructura está saturada. Además, las lluvias y tormentas tropicales deterioran las redes de transporte, viviendas y servicios básicos, dificultando el desarrollo económico y aumentando la pobreza en las regiones más afectadas.   Asimismo, el clima tropical monzónico y la geografía bengalí crean condiciones propicias para la propagación de diversas enfermedades. Las inundaciones frecuentes generan la acumulación de aguas estancadas, las cuales, favorecen la proliferación de enfermedades transmitidas por el agua y vectores, como la diarrea, el cólera, la hepatitis A o la leptospirosis. La humedad elevada y el calor también aumentan la incidencia de enfermedades fúngicas y respiratorias, mientras que los ciclones y las tormentas pueden afectar al acceso a atención médica –poco más del 52% de la población recibe servicios básicos de salud de carácter esencial– y agua potable –se estima que solo un 60% de la población tiene acceso a agu potable de forma segura, dejando a más de 80 millones de personas sin la misma–, exacerbando brotes epidémicos en áreas densamente pobladas. Además, la contaminación de ríos y canales con desechos industriales y domésticos incrementa la exposición a metales pesados y patógenos, generando problemas crónicos de salud en comunidades enteras. Problemas ambientales Bangladés se encuentra en la región más hiperpoblada del planeta, rodeada por grandes potencias demográficas y económicas como India, China o la ASEAN, lo que la sitúa en un eje estratégico comercial y logístico del sur de Asia. Su ubicación en el delta del Ganges-Brahmaputra, con salida directa al océano Índico, ha favorecido el desarrollo de puertos, corredores de mercancías y rutas de exportación. Esta posición, junto con mano de obra abundante y salarios bajos, ha atraído masivas inversiones extranjeras y procesos de deslocalización industrial, especialmente desde países como China, Corea del Sur, India y economías occidentales, concentrándose sobre todo en los sectores textil, confección, cuero, calzado, productos químicos y manufacturas ligeras. Sin embargo, este auge industrial se ha sumado a problemas ambientales ya existentes y ha contribuido a perpetuar y amplifica daños ecológicos debido a la falta de regulaciones sólidas, el crecimiento urbano acelerado y la limitada capacidad del Estado para controlar emisiones y residuos, junto a la falta de conciencia ambiental de la propia población local. Como resultado, la combinación de densidad poblacional extrema, la concentración industrial y la débil gestión ambiental y de residuos han generado impactos extremos, muy difíciles de revertir. Los ríos bengalíes, tales como el Padma, el Ganges, el Brahmaputra o el Meghna, así como sus afluentes, representan tanto uno de los espacios fluviales más extensos del mundo como una fuente altamente peligrosa para la salubridad urbana. La contaminación derivada de las ciudades e industrias, principalmente por el vertido de aguas residuales sin tratamiento, residuos plásticos, el vertido de efluentes de fábricas químicas, textiles y de curtido de cuero –lleno de metales pesados como el plomo y el cromo o colorantes–, el uso de pesticidas y fertilizantes, la contaminación por arsénico, y la sobrepesca fluvial, han convertido a estas fuentes de agua en auténticos peligros para las comunidades locales. De tal forma, la situación plantea desafíos ecológicos, pero también cuestiones humanas, de justicia ambiental y problemáticas que urgen tratar para evitar la expansión de enfermedades y la pérdida de ecosistemas únicos. Por su parte, las fábricas de ropa y tejidos, especialmente en la región metropolitana de Dhaka, emiten grandes cantidades de partículas finas –como PM2.5 y PM10– y gases tóxicos. A ello, se suma la liberación de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas suspendidas emitidas por el tráfico vehicular. De igual forma, la quema de residuos y biomasa, especialmente en áreas agrícolas, vertederos y demás, contribuyen a la propagación de enfermedades respiratorias, agravadas por el uso del carbón, la leña o el estiércol en las cocinas tradicionales de áreas rurales. Por otro lado, más allá del agua y el aire, el suelo benglí sufre de multitud de impactos, entre los que destacan los vertederos no regulados en Dhaka y Chittagong, el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes que ha degradado la fertilidad del suelo y la contaminación de aguas subterráneas y los lodos de plantas textiles y de curtiembre que se vierten en la tierra. A su vez, también debemos exponer la contaminación urbana, estrechamente ligada al crecimiento desorbitado de sus ciudades, especialmente en Dhaka, donde la infraestructura no ha logrado acompañar el ritmo de la expansión. El cableado aéreo desordenado y la red eléctrica sobrecargada generan riesgos constantes de incendios, cortes de energía y contaminación visual, mostrando una falta clara de planificación urbana mínimamente sensata. A ello, se suma la acumulación de basura en calles, canales y espacios públicos, resultando en un sistema de gestión de residuos muy insuficiente, lo que provoca malos olores, proliferación de plagas y contaminación del agua cuando los desechos llegan a los ríos y drenajes. La mezcla de tráfico, emisiones vehiculares, obras informales y drenajes obstruidos por residuos agrava la mala calidad del aire y agua, así como del espacio urbano, dificultando la movilidad y afectando directamente a la salud ciudadana. En conjunto, las ciudades bengalíes se convierten en focos altamente contaminados, donde los problemas ambientales se entrelazan con fallas estructurales y de gobernanza.   Impactos en la sociedad La profunda crisis ambiental que vive Bangladés trasciende lo ecológico y se convierte, ante todo, en una crisis social. Las fallas en la planificación urbana, la gestión de residuos y la regulación industrial han generado un escenario donde millones de personas viven diariamente a niveles extremos de contaminación atmosférica, hídrica y del suelo. Esto no es un accidente ni algo inevitable, es el resultado acumulado de políticas recientes sumamente ineficientes y de corte socialista, una urbanización acelerada y un modelo productivo que ha priorizado el crecimiento económico por encima del bienestar humano. La falta de justicia ambiental se evidencia en la forma en que los sectores más pobres son quienes absorben los mayores impactos de este deterioro, más allá del deterioro de ecosistemas, extinción de especies y la pérdida de biodiversidad. En el ámbito sanitario, las consecuencias son alarmantes. La inhalación continua de aire cargado de partículas tóxicas procedentes del tráfico, los hornos de ladrillo, las fábricas textiles y la quema de basura incrementa las tasas de asma, EPOC, infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares. De igual forma, el consumo de agua contaminada con arsénico, metales pesados y bacterias se traduce en diarreas crónicas, cáncer de piel, problemas renales y fallos hepáticos, afectando especialmente a niños, mujeres embarazadas y ancianos. Las epidemias se vuelven más frecuentes y difíciles de controlar debido al colapso de las infraestructuras sanitarias, insuficientes para una población de tal calibre y aún más vulnerables en plena temporada de monzones. La precariedad de acceso al agua potable y a servicios médicos básicos consolida un círculo vicioso de enfermedad, gasto doméstico elevado, pérdida de la productividad laboral y pobreza sistémica. Socialmente, la contaminación y la vulnerabilidad climática generan patrones de desigualdad que ya estaban fuertemente arraigados. Millones de personas que pierden tierras por inundaciones, erosión o salinización se ven forzadas a migrar hacia ciudades más grandes, donde terminan instalándose en asentamientos informales sin servicios básicos, como barrios chabolistas. Estos barrios carecen de drenaje, alcantarillado, recogida de residuos y acceso estable a electricidad, con lo que se convierten en una exposición a plagas, incendios, intoxicaciones y enfermedades infecciosas constantes. La precariedad urbana no solo afecta la salud física, sino también la salud mental: estrés, ansiedad, incertidumbre laboral y falta de oportunidades educativas limitan la movilidad social y mantienen a decenas de millones atrapados en la pobreza generacional. En el plano económico, la degradación ambiental añade un costo oculto que rara vez es asumido por las industrias responsables. Las familias pobres destinan una parte creciente de sus ingresos al tratamiento de enfermedades evitables, mientras que los sectores económicos productivos –especialmente la agricultura, la pesca y la artesanía fluvial– se ven cada vez más comprometidos por la contaminación del agua y la pérdida de ecosistemas. La mano de obra barata atrae inversiones pero, al mismo tiempo, expone a condiciones laborales tóxicas en fábricas, curtidurías y vertederos, donde la salud se sacrifica en nombre de la competitividad global. Este escenario reproduce un modelo en el que el costo real del crecimiento económico es transferido a los trabajadores y a las comunidades rurales y urbanas más vulnerables. Conclusión La dimensión humana de esta crisis refleja un país atrapado entre la necesidad de desarrollarse y el peso de un modelo económico y urbano insostenible. Los problemas ambientales no solo deterioran la calidad de vida, sino que erosionan la dignidad, limitan la capacidad de las personas y generan una sensación de abandono institucional. La ausencia histórica de políticas ambientales, junto a la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana, ha creado un clima en el que la población apenas tiene voz sobre su entorno. Revertir este escenario implica no solo mejorar infraestructuras y regulaciones, sino también enfrentar las desigualdades estructurales que permiten que un país entero cargue sobre sus hombros el costo humano de una globalización que extrae beneficios sin asumir responsabilidades. Créditos foto: Adam Jones from Kelowna, BC, Canada.

Guyana es uno de los países menos conocidos de Sudamérica, lo que no quita que en los próximos años hablemos más de él, por eso analizaremos a continuación el “ boom” que ha tenido en la región y las nuevas relaciones que se están formando a nivel internacional. Para ponernos en contexto este territorio se independizó del Reino Unido en 1966 y tiene una curiosa diversidad étnica que mezcla herencias africanas, indo-guayanesas, amerindias y europeas, por ejemplo, en Guyana son festividades nacionales tanto la Navidad como el Eid al-Adha, así como la fiesta indu llamada Holi. Al mando de la nación encontramos desde agosto de 2020 a Mohamed Irfaan Ali, quien fue reelegido para un segundo mandato en septiembre de 2025.  A pesar de su modesta población que no llega al millón de habitantes y su tamaño, Guyana afronta también complejos reclamos fronterizos, uno de ellos con Surinam, país que le que le reclama la Región de Tigri en la frontera entre ambos países, por otra parte, con Venezuela se disputa una vasta región conocida como el Esequibo, en una controversia que se remonta al siglo XIX, este es uno de los temas por los cuales en los últimos años el país ha sonado más en las noticias internacionales, ya que para hacernos una idea, Venezuela estaría reclamando cerca de tres cuartas partes del territorio guyanes. Sin embargo, aunque este reclamo territorial es importante mencionar para lo que hablaremos a continuación, no nos centraremos especialmente en este conflicto, en Naciones en Ruinas disponemos de un artículo disponible en la web hablando del tema.  En este sentido, el crecimiento vertiginoso de Guyana gracias al petróleo, comenzó en el 2015 con el descubrimiento de grandes campos de petróleo en sus costas y el comienzo de su explotación en 2019, esto ocasionaría que sólo un año después, el crecimiento del PIB pasara a ser de dos dígitos siendo del 43,5% en 2020, posteriormente del 20,1% en 2021, del 62,3% en 2022 y un 38,4% en 2023, elevando el PIB per cápita de 6.950 dólares en 2020 a 20.560 en 2023, cifras que se estiman que seguirán aumentando en los próximos años, convirtiendo al país en uno de los territorios con mayor crecimiento en el mundo. Además se han visto como empresas como Exxon, han invertido cerca de 30.000 millones de dólares en Guyana, 450 millones de los cuales se han destinado a proveedores locales, algunos a organizaciones benéficas locales e iniciativas de investigación y a la formación de más de 3.000 empleados guyaneses para trabajar en la industria de hidrocarburos, esto sumando a la llegada al territorio de otras empresas estadounidenses como Chevron, ponen al país como un socio indispensable de Estados Unidos en sudamerica. Se espera que en 2027 alcance los 1,2 millones de barriles diarios de producción, una cifra que superaría con creces la producción actual de Venezuela.  Precisamente esta alta extracción de petróleo es lo que ha reactivado el conflicto territorial con Venezuela ya que estos descubrimientos de pozos petrolíferos se han hecho dentro del territorio reclamado por ambos países. Sobre esta disputa, ya en 2023 el secretario de Estado de Estados Unidos durante la administración Biden, Antony Blinken, transmitió al presidente de Guyana el “apoyo incondicional” de su Gobierno a la soberanía del país frente a las provocaciones de Venezuela, lo que nos deja claro que esta llegada de compañías estadounidenses a territorio guyanes a servido para poner la balanza a favor suyo en un conflicto que se puede agravar en un futuro. Este crecimiento tan exponencial debe ser mirado con lupa, ya que como nos ha enseñado la historia, una riqueza mal administrada puede ser mucho peor que no tenerla, especialmente un país como Guyana que tiene vecinos de los cuales tomar ejemplo. En este sentido, Guyana está en riesgo de convertirse en un estado rentista, término que es utilizado para describir a los países que basan su economía exclusivamente en la explotación de recursos naturales, lo que evita que generen otras formas de diversificación, un ejemplo de esto se vio a principios del siglo XXI con Ecuador y Bolivia, ambos países invirtieron ingentes cantidades de capital público para desarrollarse a base de extracción de productos como el gas natural, lo que con el tiempo parecía buena idea e incluso funcionó en un principio, terminó arrastrando la economía de estos países por falta de diversificación económica en sectores como la ciencia y tecnología.  Esto ya sin mencionar el peor de los casos, su vecino Venezuela, el país caribeño vivió gracias al petróleo sus años dorados entre los años 70 y principios de los 80, en estos años el país tuvo una gran bonanza económica por la inversión en la industria petrolera, pero a mediados de los 80 comenzó a cambiar y complicarse la situación económica, las caídas del precio del petróleo causaron una mayor pobreza que desencadenó en el “Caracazo” de 1989, que fueron una serie de protestas y saqueos en las calles del país debido al incremento de los precios y la inestabilidad económica. Esta situación como sabemos se ha ido repitiendo de forma periódica hasta el día de hoy en el país, que sumando su fuerte dependencia al crudo y las medidas económicas y políticas de las últimas décadas, no ha podido ser capaz de levantar cabeza. Este fenómeno en economía se le suele llamar como el “mal holandes”, ya que fue la situación vivida en Países Bajos en la década de los 60`s cuando los ingresos de divisas aumentaron considerablemente por el descubrimiento de yacimientos de gas causando que el resto de la economía se encareciera y se causara un abandono de otros sectores productivos. En política internacional es común también utilizar el término “maldición de los recursos” en especial cuando hablamos de países africanos, para referirnos a la desestabilización política, económica y social que puede surgir en un territorio al tener una gran cantidad de recursos naturales, uno de los ejemplos más conocidos es la República Democrática del Congo que goza de grandes reservas de cobalto, coltán, cobre, diamantes y oro, y sin embargo, su situación actual viene dada por la explotación sin medida de estos minerales, país que ha caído en las manos de la corrupción política y de empresas extranjeras.  Para que los productores de petróleo tengan éxito, por lo general, como mínimo necesitan un gobierno transparente, no corrupto y con experiencia, tres cosas que el gobierno de Guyana no tiene, esto debido a que la estabilidad política de Guyana ha decaído en los últimos años, al mismo tiempo que han aumentado en el país las tensiones étnicas, además, la corrupción es un problema relevante en la política guyanesa, ya que los dos principales partidos han sido acusados de conseguir acuerdos privados con empresas petroleras.  En este sentido, Guyana ocupa actualmente el puesto número 85 de 180 del índice de corrupción de International Transparency, un indicador nada favorable para el futuro de la democracia guyanesa que reduce las posibilidades de una mayor democratización en el país. Por tanto, Guyana debe mirar bien los casos de éxito y fracaso que han habido a lo largo de la historia al intentar sacar adelante un país utilizando un solo recurso estratégico como es el petróleo y no dar pasos agigantados sin una planificación a largo plazo, solo así, evitará el desastre económico.

Trinidad y Tobago: el puente de Trump a Venezuela Desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, las tensiones en el Caribe no habían sido tan altas. Todo esto se debe a la inestabilidad venezolana, que Trump, sin duda, no ha tardado en aprovechar y, amparándose en la carta estadounidense de «liberador», todo parece apuntar a un antes y un después en el poder de Estados Unidos en la región. Y aunque aún está por verse cómo se marcará ese antes y después, hay una nación clave en este conflicto: Trinidad y Tobago. Este país vecino de Venezuela está sirviendo a la Casa Blanca para ejercer presión sobre el régimen de Maduro, y la razón por la que se ha convertido en una pieza tan crucial va mucho más allá de su geografía. Para entender la complejidad del papel geopolítico de Trinidad y Tobago, debemos tener en cuenta que se trata de una nación compuesta por dos territorios distintos, no solo porque son dos islas, sino porque cada una tiene una historia diferente y una unificación históricamente muy interesante.   En primer lugar, la isla más grande de esta nación es Trinidad, la cual, durante siglos, fue habitada principalmente por dos pueblos americanos: los arahuacos y los caribes. Los primeros eran más sedentarios y se dedicaban a la agricultura, mientras que los segundos, los caribes, eran más guerreros y se dedicaban a la exploración de otros territorios. Como nos ha enseñado la Historia, cuando un pueblo guerrero se encuentra con uno sedentario, el sedentario no suele salir muy bien parado. Así, aunque entre los arahuacos y los caribes hubo intercambios y comercio, también se produjeron grandes conflictos, pero todo cambió con la llegada de Colón en 1498, con su integración a la Monarquía Hispánica. Durante la época de los Habsburgo, aunque Trinidad formara parte de la Audiencia de Santo Domingo, no hubo una presencia española significativa ni una conquista como en otros territorios americanos. Más tarde, con cambio dinástico a los Borbones, como ocurrió en muchas otras partes del Imperio, Trinidad fue incorporada al Virreinato de Nueva Granada y se concedió permisos para que la isla fuera poblada por franceses y sus esclavos africanos. Por otra parte, Tobago, aunque fuera considerada española, no hubo un gran esfuerzo por integrarla como otros territorios, y su dominio pasó por manos de empresarios holandeses y piratas franceses. Tras la cesión de Trinidad a Inglaterra por parte de España en 1802, los ingleses se hicieron con Tobago, y así fue como Trinidad y Tobago pasó a ser un territorio unificado.  Durante más de un siglo como colonia inglesa, logró su independencia en 1962 y, al principio, la nueva nación gozó de gran prosperidad gracias a la industrialización y a una buena gestión de sus recursos, sobre todo del gas. Esto llevó al país a convertirse en un miembro clave de la Commonwealth, garantizando la influencia británica en el Caribe, y de la CARICOM (Comunidad del Caribe), pero en las últimas décadas, aunque la nación sigue siendo rica, la corrupción y la violencia están a la orden del día. Esto se debe a que la riqueza de los recursos se distribuye de manera muy desigual entre una clase política y una élite empresarial que acaparan gran parte de los beneficios, mientras que la población permanece pobre y además racialmente discriminada, derivando en una de las tasas de violencia más altas del Caribe anglosajón y de América en general. A pesar de estos problemas internos, Trinidad y Tobago es un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente contra el Tren de Aragua, una de las mayores organizaciones criminales de Venezuela. Este conflicto compartido se ha convertido en uno de los motivos principales por los que Trinidad y Tobago mantiene una posición alineada con Trump. El narcotráfico venezolano también ha incrementado la criminalidad en Trinidad y Tobago, por lo que este enemigo común refuerza la alianza entre los dos países. Además, la nación caribeña no tiene muchas más opciones si quiere prosperar, y Trump, consciente de ello, ha sabido aprovecharlo para consolidar la influencia estadounidense en la región. Esto nos sitúa en la actualidad, con un Donald Trump acorralado políticamente en Estados Unidos, con una popularidad por los suelos y una política exterior que ha traicionado gran parte de los motivos por los que los republicanos lo apoyaron; un Nicolás Maduro viendo sus últimas horas de poder; y, por último, una Trinidad y Tobago dispuesta a todo para no convertirse en un nuevo Haití.   Ante esta situación, Estados Unidos movió ficha, obteniendo el permiso de Trinidad y Tobago para desplegar buques de guerra bajo la excusa de realizar ejercicios militares y Maduro, interpretando esto como una amenaza, canceló la compra de gas a Trinidad y Tobago. Como respuesta, lejos de intentar presionar a Estados Unidos para reducir su presencia militar (algo a lo que EEUU probablemente tampoco hubiera accedido), Trinidad y Tobago ha permitido que los estadounidenses traigan más barcos, cazas y portaaviones, ubicándolos incluso en costas más al sur, es decir, más cerca de Venezuela. La estrategia trinitense es clara y es que, si Estados Unidos logra presionar más a Venezuela, la compra de gas podría reanudarse, y además se incrementa la seguridad en la zona, ya que es por el sur donde entran las embarcaciones del Tren de Aragua. De esta forma, Trinidad y Tobago, a pesar de ser una nación joven y pequeña, se ha convertido en un actor imprescindible entre Venezuela y Estados Unidos que, consciente tanto de sus limitaciones como de sus ventajas, está velando por su propia supervivencia. Al final, se trata de un país situado entre dos naciones con relaciones actualmente muy deterioradas y, de ellas, Estados Unidos sigue siendo, por ahora, la primera potencia mundial.   Entonces, mientras Estados Unidos moviliza billones de dólares en despliegues militares y Venezuela, ya sumida en una grave inestabilidad política, económica y social, parece al borde de una intervención, Trinidad y Tobago está reduciendo su tasa de criminalidad, asegurando sus aguas y recuperando su posición como uno de los mayores exportadores de gas del Caribe. Así que, al final, puede que no sea Trump quien esté utilizando a Trinidad y Tobago, sino que, en cierto sentido, está siendo al revés.

Cuando hablamos de regiones ultraperifericas de la Unión Europea, las primeras que se nos pueden venir a la cabeza son Canarias, Azores o Madeira, sin embargo, Francia todavía guarda una joya oculta de su presencia en América que no mucha gente conoce, esta es la Guayana Francesa, un territorio ubicado en Sudamérica, que hace frontera con Brasil y Surinam. Este pedazo de Francia en suelo americano tiene más de 83.000 km² de superficie lo que lo convierte de lejos en la región de ultramar más grande de Francia y de la UE. Un lugar lleno de mestizaje, historia y desigualdad, que en estos últimos años ha intentado adquirir mayor autonomía. Para entender mejor la peculiaridades de este territorio nos tenemos que remontar un poco lejos, ya que el primer asentamiento francés en la zona es del 1503, ya para entonces el territorio estaba poblado por aborígenes americanos, en este sentido, hasta 1643 los colonos no habían fundado ninguna ciudad, la primera en ser levantada fue Cayena, que como muchas ciudades coloniales de la época, se traficó con miles de personas provenientes de África para para ser usados como esclavos en las plantaciones. Después de la Revolución francesa, la esclavitud fue abolida y para 1797 la Guayana fue considerada departamento frances.   Sin embargo, hasta 1946 no dejó de ser oficialmente colonia, para convertirse en un departamento francés en toda norma y regla, al igual que el resto de regiones del país, este cambio fue fundamental, ya que marcaría el rumbo del territorio en los procesos de descolonización que vendrían después a nivel mundial, mientras que Reino Unido y Países Bajos mantendrán el estatus de colonia en la Guyana Inglesa y Surinam, que terminarían por ello independizandose de ambos países en 1966 y 1975 respectivamente, la Guayana Francesa mantenía instituciones francesas sólidas en suelo sudamericano que le ayudarían a disuadir intentos de independencia.   Un ejemplo de esto, es que en la década de los 60's Francia inicia la instalación en la ciudad de Kourou del centro espacial de Guayana, lo que hoy en día es la Agencia Espacial Europea, este puerto espacial es un tesoro preciado de la UE, ya que casi todo los cohetes lanzados al espacio con bandera europea casi seguro serán lanzados desde aquí, esto es así no solo por gusto, en realidad tiene una explicación muy científica que no nos daría tiempo desarrollar en este artículo, pero de forma simplificada podemos decir que cuando lanzas un objeto al espacio desde la línea del ecuador logras que vaya más rápido por la rotación de la tierra, así que si, la física también nos afecta cuando hablamos de geopolítica. Pero, a pesar del sector aeroespacial y de su importancia estratégica, la Guayana Francesa enfrenta problemas estructurales graves siendo una de las regiones más pobres de Francia, con elevados índices de pobreza, un fuerte desempleo que no baja desde hace años del 20% y carencias en infraestructuras sanitarias y educativas, esto agravado por una falta de industrialización y diversificación de la economía, también la región sufre de un alza generalizada de precios en contraste con el resto del estado francés debido a los altos precios de la importaciones. Para entender esto hay que tener en cuenta que en muchos sentidos este territorio vive “aislado” del resto de sudamérica en temas relacionados a tratados comerciales, relaciones bilaterales, infraestructura conjunta y otros aspectos que la asamblea del territorio no puede administrar.  Esto ha generado un clima social tenso que se expresa en protestas periódicas y demandas de mayor autonomía, por ejemplo, la manifestaciones más grandes que vivió el territorio en los últimos años ocurrieron en 2017, presididas por la coalición política “500 hermanos” la huelga comenzó con la toma de la ciudad de Cayena, donde se produjeron disturbios violentos en contra de las autoridades, los manifestantes bloquearon las principales vías de acceso de la ciudad, el puerto espacial de Kourou, el aeropuerto de Cayenne-Rochambeau y amenazaron con cerrar las fronteras e incluso la empresa aeroespacial Arianespace se vio obligada a aplazar un lanzamiento programado para el 28 de marzo de ese año.  A raíz de las intensas manifestaciones Macron prometió desembolsar 1.200 millones de euros para ayuda en infraestructuras, dinero que nunca vio la luz ya que apaciguadas las huelgas, el presidente francés dio un discurso en tono victorioso en territorio guayanés diciéndole a la ciudadanía que “No soy Papá Noel porque ustedes no son niños” en un discurso que lejos de dar tranquilidad, dio aún más incertidumbre a la población sobre la situación de su territorio. Esta relación de París frente a sus territorios de ultramar y sus ex colonias no es nueva y demuestra lo complicado que es administrar y tener presencia en lugares tan alejados de Europa.   Un ejemplo de esto fueron los enfrentamientos que tuvieron las autoridades francesas en Mayotte a finales de 2024 cuando la pequeña isla africana fue devastada por el ciclón Chido y la ayuda tardará días en llegar o el caso de Nueva Caledonia que en este mismo año el archipiélago ubicado en oceanía experimento huelgas y manifestaciones masivas contra las autoridades francesas que finalizaron en un nuevo estatuto de autonomía que entrará en vigor en 2026, en este el territorio será considerado un “estado” dentro de Francia, lo que le daría autonomía casi total, así como una mayor representación dentro de las cortes francesas. Estos eventos recientes pueden ser el caldo de cultivo para nuevos intentos en Guayana por una mayor autonomía, en especial si tenemos en cuenta el crecimiento exponencial que en los últimos años a tenido la Guyana Inglesa y Surinam, dos territorios que comparten lazos e historia con la Guayana Francesa y lugares a donde la población puede mirar en búsqueda de un cambio, por ejemplo, la Guyana Inglesa comenzó hace un par de años con la extracción de petróleo en grandes yacimientos lo que ha convertido al país en uno de los que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. Sin embargo, Francia actualmente, sin aliados en el Sahel y con desestabilidad política en casa, no dejará tan fácil perder la joya de su corona.

El pasado 16 de noviembre de 2025, Chile llevó a cabo Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, un proceso que ha generado un amplio debate y análisis tanto internamente como en la esfera internacional, especialmente en el contexto iberoamericano. Estos comicios representan no solo un acto democrático, sino también un reflejo de la organización institucional chilena, que combina obligatoriedad ciudadana, mecanismos de participación y medidas de transparencia y seguridad ciudadana. El sistema electoral chileno y la participación ciudadana El sistema electoral chileno establece el voto como obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad, con la excepción de aquellos que tengan condenas con penas aflictivas, chilenos residentes en el exterior habilitados para votar y extranjeros con derecho a sufragio. La mencionada obligatoriedad se refuerza mediante sanciones económicas que oscilan entre el 0,5 y 1,5 UTM, equivalentes a aproximadamente 34,633 a 103,898 pesos chilenos, o entre 32 y 95 euros. Sin embargo, el marco legal chileno contempla excepciones justificadas, tales como estar fuera del país, encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación, presentar certificado médico, cumplir funciones legales durante la elección o acreditar discapacidad u otros casos a justificar. En este último caso, la evaluación de las excepciones queda a cargo de los Carabinero y de los Juzgados de Policía Local, asegurando que cada caso sea ponderado de forma individual. El ejercicio del voto se organiza mediante mesas electorales, cada una con un vocal y miembros del colegio escrutador designados por las Juntas Electorales entre quienes desempeñaron dichas funciones en procesos previos. La obligación de asistir como vocal es severamente estricta, y la no presencia conlleva multas de entre 2 a 8 UTM –120 a 510 euros–. Mediante estas multas, se evidencia la relevancia que el sistema hispanoamericano otorga a la organización y la validación de las votaciones, clasificadas como una de las mejor estructuradas del continente. Para quienes ejercen labores de cuidado, existe un mecanismo especial de excusa y atención preferente, demostrando una firme inclusión de situaciones particulares dentro de una estructura electoral que de inicio puede presentarse rígida por su “obligatoriedad”. Infraestructura y logística electoral La jornada electoral se desarrolló entre las 8:00 y 18:00 horas locales, con posibilidad de extensión dependiente de la última persona en votar. Se contó con 3,379 locales de votación con 40,473 mesas a nivel nacional, garantizando la cobertura total del territorio. Para asegurar la movilidad y accesibilidad, el transporte urbano operó de forma gratuita y reforzada, especialmente en zonas rurales o aisladas, con un total de 2695 servicios subsidiados. La Red de Movilidad en Santiago, así como la red de Metro aumentaron las frecuencias. Asimismo, se desplegaron equipos de fiscalización y control de tránsito por garantizar un buen desplazamiento hacia los locales de votación, demostrando, de nuevo, que el sistema democrático chileno es uno de los más robustos a nivel continental y muy destacable en términos globales –Chile se considera una democracia plena, ocupando el puesto número 19 a nivel mundial, por debajo de Australia, Japón, Costa Rica o Reino Unido y por encima de otras democracias plenas com España, Francia o Austria–.   La accesibilidad se contempló, según medios oficiales, para personas con discapacidad, con mecanismos de voto asistido, plantillas en Braille y asistencia por parte de vocales de mesa, asegurando el respeto al secreto de voto y la inclusión. Derechos laborales El sistema chileno reconoce el derecho de los trabajadores a ausentarse para ejercer el voto mediante permisos, que incluyen tanto la jornada laboral normal como la participación como vocal o miembro colegiado. En algunos sectores, como los centros comerciales, la ley establece feriado obligatorio, garantizando que la presión laboral no pueda impedir el derecho a sufragio. Estos mecanismos reflejan un equilibrio entre obligación y protección de derechos ciudadanos, reforzando la participación democrática. Seguridad y participación exterior Para garantizar las últimas elecciones, se desplegaron más de 23,000 Carabineros y 2,249 voluntarios de Defensa Civil, cuya función era asistir a los votantes, prestar primeros auxilios y garantizar la movilidad y seguridad. En cuanto al voto exterior, de carácter voluntario y exclusivamente apto para la elección presidencial, se organizaron 119 locales de votación en 64 países, abarcando a unos 160,935 electores, de los cuales han ejercido el voto unos 65,000. Esta disposición subraya la proyección internacional del sistema democrático chileno y el compromiso de sus ciudadanos en el exterior, los cuales destacaron en los centros de votación de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Suecia, España, Alemania y Australia. Resultados electorales de la primera vuelta de las elecciones chilenas 2025 La primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas de 2025 ha dejado un resultado altamente polarizado, con un muy notable aumento en la participación electoral que refleja un interés ciudadano significativo. Según los datos oficiales reportados, Jeannette Jara, del Partido Comunista, se ha posicionado como la candidata más votada con el 26,85% de los votos válidos (3,476,615 votos), seguida por José Antonio Kast, del Partido Republicano, con el 23,92% (3,097,717 votos). El resto de candidatos obtuvieron porcentajes menores, quedando fuera de la segunda vuelta, destacando Franco Parisi –19,71% –, Johannes Kaiser –13,94% – y Evelyn Matthei –12,46% –, mientras que los candidatos con apoyo más modesto no superaron el 2% de los votos cada uno. En total, se han contabilizado 12,949,715 votos válidos, 142,083 en blanco y 360,926 nulos. En cuanto a la participación nacional, ha aumentado del 47,33% en 2021 al 85,26% en 2025, un salto que refleja la movilización ciudadana, motivada por la polarización del panorama político, la presencia de candidatos con fuerte identificación ideológica y las influencias políticas regionales.  Resultados por provincia de las elecciones presidenciales en primera vuelta. Análisis de las elecciones por región Las elecciones del 16 de noviembre han plasmado un mapa electoral que muestra patrones regionales claros, los cuales, muestran las diferencias sociopolíticas y culturales.   Norte del país (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama) Parisi lideró en todas las regiones del norte, con porcentajes entre el 27,84% y 34,99%.  La participación aumentó significativamente, pasando del 42-44% en 2021 al 80-82% en 2025. La preeminencia de Parisi puede explicarse debido a su perfil independiente y su enfoque en políticas de corte económica y tecnológicas, que resuena en zonas urbanas del norte, caracterizadas por la actividad minera y empresarial. Zona central (Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana) Jeannette Jara se ha impuesto en estas regiones con entre el 27-31% de los votos, mientras que Parisi y Kast ocuparon los siguientes lugares. La participación ha sido muy elevada, alcanzado el 84-86%, frente a una media ligeramente superior al 47% en 2021. La victoria de Jara en áreas urbanas muy pobladas –principales urbes de Chile– refleja un electorado más receptivo a la inclusión de programas sociales, postulados típicos de grupos izquierdistas. Asimismo, en la Región Metropolitana –Santiago de Chile–, con más de 5 millones de votantes, ha sido decisiva para consolidar la ventaja de la comunista a nivel nacional –además de haber sido una buena fuente de votos para Evelyn Matthei, quien ha logrado una segunda posición en dicha área–. Zona sur y centro-sur (O-Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) José Antonio Kast ha liderado en todas las regiones, con un 25-32% de los votos. La participación se ha mantenido notablemente alta, alcanzando entre un 84-91% según la región. Las regiones del sur chileno han presentado, durante años, una tradición más conservadora y rural, donde el mensaje de Kast sobre orden, valores tradicionales y seguridad han captado mejor al electorado.   Zona austral (Aysén y Magallanes) Jeannette Jara también se ha impuesto en el área sur del país, logrando un 27-28% de los votos en ambas regiones. La participación, aunque elevada pese a 2021, ha sido menor que en otras regiones, alrededor de un 73-76%. Estas regiones presentan una población más dispersa y con mayor dependencia de programas sociales e infraestructuras, lo que podría explicar su decantación por Jara como primera opción. Comportamiento del voto chileno en el exterior El voto exterior ha disminuido respecto a 2021, del 47,94% al 39,93%, con 64,269 electores de los 160,935 habilitados. De tal forma, los resultados han sido: Jeannette Jara  ha ganado el voto exterior con un 46,66%, reflejando el apoyo mayoritario de la diáspora, probablemente vinculada a sectores progresistas o ligados a experiencias políticas de dictadura militar-conservadora. En total, ha ganado en casi todos los países del voto exterior, especialmente en Europa y países occidentales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Japón . José Antonio Kast ha logrado el primer puesto en países hispanoamericanos, en Estados Unidos y ciertas regiones del Sudeste Asiático y Oriente Medio , incluyendo Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Líbano, Indonesia, Malasia, Panamá, Perú, Egipto, Malasia, Israel, El Salvador y República Dominicana. Probablemente, los migrantes conservadores y empresarios chilenos fuera del país han sido quienes se han identificado mejor con Kast, junto con el aumento conservador que la región hispanoamericana está experimentando, con figuras como Javier Milei, Nayib Bukele, Paz Pereira o Daniel Noboa. Evelyn Matthei  se ha impuesto en el voto desde el continente africano y en Asia Oriental –ha ganado en China, Argelia, Filipinas, Jamaica, Kenia, Marruecos, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y Turquía –, mientras que Johannes Kaiser  ha liderado en contextos europeos y de Medio Oriente – Croacia, Emiratos Árabes Unidos, India y Paraguay –. Ambos, han capitalizado nichos más específicos, con votantes que responden a ideologías moderadas de centro-derecha o libertarios y antielitistas. Franco Parisi no ha logrado ganar en ningún país exterior, lo que indica que su atractivo es simplemente doméstico y se vincula en mayor medida a las problemáticas nacionales específicas, como la economía o la gestión local. Tendencias generales de las elecciones Los resultados de la primera vuelta ponen de manifiesto una configuración electoral polarizada, donde los apoyos principales se han concentrado en polos opuestos. Por un lado, encontramos un bloque urbano progresista, representado por Jeannette Jara, por tro un espacio conservador más rural, encarnado por Kast y en tercer lugar un espacio intermedio donde el voto canalizado es más independiente o responde más al pragmatismo, con adhesiones volátiles según las condiciones locales. El panorama no solo describe una serie de preferencias partidarias, sino dos visiones contrapuestas de un mismo país, donde las candidaturas intermedias actúan como válvula de escape para los descontentos o no representados y ya no como un espacio de fortaleza política activa. Así pues, es recalcable que el voto se ha canalizado en un partido de izquierda frente a cuatro de derecha o centro-derecha, lo que plasma los peores resultados de la izquierda chilena a nivel histórico desde la llegada de la democracia.  De la misma forma, la alta participación sugiere un cambio en cuanto al involucramiento ciudadano, especialmente desde los sectores de derecha. En las anteriores elecciones, pese a la victoria de Kast en la primera vuelta, fue Boric –izquierda– quien logró la Presidencia de la nación. En estos comicios, la movilización, motivada por la polarización para impulsar o frenar determinados proyectos, la percepción de riesgo ante una situación liderada por antagonistas y la eficacia de las campañas territoriales plasman un panorama político muy distinto, que traduce la valoración pública chilena respecto a su actual gobierno.   ¿Por qué retrocede la izquierda chilena? La derecha ha obtenido un resultado muy amplio, logrando capitalizar un conjunto de factores que en el ciclo electoral en el que se ha movido Chile adquieren un enorme peso. El eje de la seguridad pública, especialmente en el sur y centro-sur del país, se ha convertido en un determinante poderoso del voto que, José Antonio Kast ha logrado captar, con respuestas más directas, simples y contundentes frente a una percepción de amenaza, abandono estatal y conflicto entre el mundo urbano y rural. A ello se suma un voto identitario conservador arraigado en territorios rurales, donde prevalecen estructuras comunitarias más tradicionales, una menor presencia estatal y una desconfianza creciente hacia la clase política urbana, considerada descontextualizada de la realidad. La narrativa de la derecha, además, se ha adaptado a características según la zona, desde la estabilidad económica y el orden necesario en el centro del país, la defensa de los valores comunitarios y tradicionales en el ámbito rural o la seguridad en el sur.   De forma paralela, el surgimiento de fuerzas como Kaiser, con un discurso más orientado al electorado joven, digitalizado y libertrio –en parte influenciado por la Argentina de Milei– ha ampliado aún más el ecosistema de la derecha al captar sectores que rechazan la política progresista y que no se sienten representados por la política institucional intrusiva en el ámbito privado. De esta manera, la derecha ha consolidado tanto a su electorado histórico, como a sectores nuevos, absorbiendo males que han generado desafección hacia proyectos de la izquierda gobernante. Por otro lado, el retroceso de la izquierda, pese al liderazgo de Jara en la primera vuelta, responde a un desgaste sistemático y a una pérdida de cohesión entre partidos de izquierda. Tras años de debates constitucionales fallidos, reformas lentas, expectativas no cumplidas, etc. parte del electorado urbano –base del progresismo– se ha fatigado y distanciado respecto a estos partidos del ala izquierdista. El progresismo aparece poco unificado, con candidaturas menores sin peso, que fragmentan opiniones y distancian los objetivos de las agendas políticas, lejos del contexto de la victoria de Boric en 2021. Asimismo, la izquierda mantiene un arraigo en los centros urbanos y administrativos, pero no tiene penetración territorial apenas, quedando confinada a espacios concretos, donde si no se gestiona debidamente, la derecha puede arrebatarles rápido el terreno rural, suburbano e intermedio –como ha sucedido en estas elecciones–. Además, a esto sumamos que la derecha jugaba en tres direcciones: clásica, drástica y antisistema, erosionando una base común desde distintas perspectivas, lo que en la práctica ha sido un auténtico “divide y vencerás”. Al haber cuatro partidos de derecha, pese a las diferencias internas entre los mismos, iban a apoyar al derechista ganador, puesto que todos comparten un objetivo común: evitar que la izquierda se mantenga en el poder. En consecuencia, Kast ganará –casi por asegurado– las elecciones chilenas en la segunda vuelta, puesto que el resto de líderes le ha otorgado su apoyo al ser el segundo representante más votado. En cambio, la izquierda, de forma abrupta ha canalizado su voto en un único partido –Partido Comunista–, lo que le ha otorgado peso en la primera vuelta, pero arrebatado sus posibilidades de ganar las elecciones. Esta competencia también se ha observado en el exterior: Jara ha triunfado en países con altos niveles de bienestar, pero Kast y Matthei dominan en entornos culturalmente conservadores o económicamente competitivos, mientras Kaiser ha atraído a expatriados conservadores, emprendedores y jóvenes. En conjunto, la izquierda chilena no desaparece, pero pierde su alcance nacional, mientras la derecha se expande como alternativa a un país polarizado y cansado del ciclo político previo. Pronto veremos a José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda, abriéndose un ciclo en el continente hacia la derecha, liderado por Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, cercando a Brasil, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, Honduras y México, junto a una Costa Rica y un Uruguay más moderados en el área centro-izquierda. Créditos foto: Agencia UNO.

El mediodía del 26 de noviembre de 2025 quedará en la mente de todos los bisauguineanos como el día en el que volvieron a situarse en el centro del mapa internacional por razones que no sorprenden en su forma, pero sí en su velocidad, precisión y sincronía, pero que generan una ruptura institucional de considerable envergadura. Todo este proceso sucede apenas tres días después de haber celebrado elecciones presidenciales y legislativas. Unas elecciones que, según observadores internacionales de varias misiones internacionales, incluyendo la Unión Africana, CEDEAO o CPLP, se produjeron “de manera pacífica y sin interrupciones”, destacando que la presencia de las fuerzas de seguridad permitió unos comicios “libres y transparente”, con un “importante respeto a los derechos humanos”. Sin embargo, la calma de las elecciones duraron hasta el mediodía del 26 de noviembre, tornándose en estallido, y la calma, en una tormenta anunciada cuya magnitud aún no sabemos. Umaro Sissoco Embaló denunció haber sido detenido en su despacho junto a otros mandos civiles que pasaremos a analizar posteriormente. Pero realmente, para comprender plenamente lo ocurrido, es indispensable considerar los antecedentes históricos del país, los patrones recurrentes de intervención militar y fragilidad institucional, así como los factores estructurales que multiplican el riesgo de rupturas políticas en momentos de disputa electoral para entender este hecho como un caso que no es aislado, sino otro eslabón en la larga cadena de crisis que define la política guineana. Antecedentes de Guinea-Bissau: una democracia frágil acostumbrada a los golpes Guinea-Bissau ha atravesado una evolución marcada desde su independencia en 1974 llena de golpes y episodios violentos que dañaron su legitimidad constitucional. Sin ir más lejos, el primer golpe fue en 1980, sólo seis años después de constituirse como estado independiente, cuando Joao Bernardo Vieira depuso al entonces presidente Luís Cabral, transformando al ejército en mero árbitro del poder estatal e imposibilitando la unión planteada entre Guinea-Bissau y Cabo Verde. A lo largo de estas décadas existieron grandes crisis internas que desembocaron en intentos de golpe y derrocamientos sucesivos, a menudo vinculados a rivalidades militares, control de recursos y redes informales de poder. Otro de los episodios que define esta historia fue la guerra civil de 1998-1999, fruto de las tensiones entre facciones del ejército y gobierno, culminando con la caída de Vieira y dejando nuevamente un país inestable en términos democráticos. Posteriormente, en 2003 hubo otro golpe encabezado por Veríssimo Correia Seabra, quien depuso al presidente Kumba Ialá, a causa del estancamiento económico, la inestabilidad política y la insatisfacción militar. Nueve años después, en 2012, una nueva intervención militar interrumpió el proceso en curso, arrestando a figuras como el primer ministro en el momento, en un contexto de fuerte desconfianza entre ejército y civiles. Entre esos eventos y hasta la actualidad se ha contribuido a la consolidación de un círculo de ruptura institucional constante, según diversos expertos. En este ámbito, si bien el sistema en la teoría estaba planificado para un equilibrado control entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con un Presidente que actúa como Jefe de Estado, y un gobierno con un primer ministro que ejercen funciones legislativas y detentan el gobierno del país, con un mecanismo definido de vías legales e institucionales para la competencia política, el control del poder y cambios de gobierno efectivos en base a un sistema semipresidencialista, la práctica sin embargo ha consistido en una vulneración persistente de este equilibrio, debido a una serie de factores estructurales. En primer lugar, las instituciones estatales presentan debilidades crónicas, con escasa presencia efectiva fuera de la capital, limitada capacidad para implementar políticas públicas en el territorio y una fuerte dependencia de recursos externos e informales, lo que debilita la gobernabilidad y limita la autoridad del Estado. La gobernanza es débil: según el Banco Africano de Desarrollo (2022–2026), Guinea-Bissau figura entre los países con los indicadores más bajos de desempeño del sector público, transparencia y control de la corrupción en África Occidental, lo que se traduce en una administración pública ineficaz y en dificultades para aplicar leyes y regulaciones fundamentales. En términos socioeconómicos, el país enfrenta desafíos estructurales significativos. Alrededor del 65 % de la población sufre pobreza multidimensional, con privaciones severas en salud, educación, servicios básicos, vivienda e infraestructura, afectando especialmente a las zonas rurales, donde reside la mayoría de los guineanos. La economía depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y de ayudas internacionales, mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción (2024) sitúa al país con solo 21/100, reflejando la extensión de prácticas corruptas y la infiltración de redes ilícitas en el aparato estatal. Desde la perspectiva política, Guinea-Bissau en la práctica es un sistema bastante débil: las restricciones sobre las libertades políticas, la participación ciudadana limitada y la debilidad de los mecanismos de control institucional erosionan la democracia. El Democracy Index 2024 le otorga un puntaje de 4.08/10, clasificándolo como un “régimen híbrido”, donde la autoridad formal del Estado coexiste con estructuras de poder informales y conflictos internos que dificultan la consolidación de un sistema político estable y transparente. Los días previos al golpe A pesar de que las elecciones del 23 de noviembre fueran pacíficas y libres según los observadores internacionales, y quizá la noticia cogiese por sorpresa a más de uno- escritor incluido- realmente el golpe del 26 de noviembre no fue repentino, pues en los meses, semanas e incluso días previos se acumulaban señales claras de tensión y crisis. Por ejemplo, en 2022 se denunció un intento de golpe cuando, mientras Embaló lideraba una reunión de gabinete, un grupo armado rodeó el Palacio de Gobierno y abrió fuego, provocando varias muertes. Aunque el gobierno atribuyó el ataque a narcotraficantes, realmente diversos analistas y opositores cuestionaron fuertemente esta versión. También denunció otro intento de golpe en diciembre de 2023. Todo esto, recordemos, tres años y medio después de que el 27 de febrero de 2020 tomara posesión. Tras ese evento, la situación institucional lleva dando signos de deterioro significativo. La Asamblea Nacional Popular fue de facto disuelta, el Parlamento dejó de funcionar regularmente y la judicialización de los conflictos políticos se paralizó de forma parcial, erosionando la confianza de la ciudadanía y los actores políticos, y la alternancia política se tornó en incertidumbre: cambios de primer ministro, aplazamientos electorales, falta de coordinación entre los tres poderes y la percepción de la inestabilidad se volvieron una constante. Incluso, en las semanas anteriores a las elecciones de noviembre de 2025, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau denunció un intento de golpe por parte de generales y otros altos mandos militares, que fueron detenidos de forma inmediata. Este hecho señalaba que ciertos sectores militares no confiaban ni en la estabilidad del gobierno, no en la posibilidad de dirimir conflictos mediante la democracia, lo cual genera un peligro considerable. Las elecciones programadas para el 23 de noviembre de 2025, lejos de ofrecer un espacio de estabilidad, aparecían como un momento de riesgo elevado: por un lado, representaban una oportunidad para consolidar el poder político; por otro, eran una prueba crítica para una institucionalidad ya debilitada, con parlamento disfuncional, justicia parcialmente paralizada y ejército dividido. La combinación de detenciones de oficiales, fractura interna del ejército, conflictos entre poderes y precariedad institucional creó un ambiente en el que el recurso a la fuerza militar dejó de ser un tabú y se convirtió en una opción latente y factible. 26 de Noviembre de 2025, mediodía. El Golpe El presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, poco después de la 13:00, denunció un golpe de Estado militar, asegurando que se encuentra bajo arresto junto a varios altos cargos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Biague Na Ntan, en medio de las tensiones derivadas en las elecciones del pasado fin de semana, cuyos resultados se hubieran conocido mañana jueves 27 de noviembre, y cuya victoria estaba siendo reclamada tanto por Embaló como por su competidor, Fernando Dias da Costa (quien fue el único opositor que se pudo presentar, pues el principal opositor, Domingo Simoes Pereira, fue descartado por las autoridades) desde la jornada del 24, lo cual generó una doble legitimidad autoproclamada y tensiones evidentes. Así, en unas declaraciones concedidas a la revista “Jeune Afrique” ha afirmado que el golpe se ha saldado con la detención del número dos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mamadou Toure, y el ministro del Interior, Botché Candé, y que quien encabeza este golpe es el jefe del Ejército de Tierra. La denuncia vino en consonancia con vídeos publicados en redes sociales que mostraron edificios en la capital, y con la noticia del diario guineano ‘O Democrata’ que indicó que se habían realizado disparos en los alrededores del Palacio de la República y la sede de la Comisión Nacional de Elecciones, sin lamentar de momento víctimas mortales. Por otro lado, el propio Simoes Pereira pone en duda la denuncia de Embaló y ha afirmado en declaraciones a ‘Jeune Afrique’ que las informaciones apuntan a un grupo de militares que irrumpió en la sede del CNE para forzar a su presidente a leer unos resultados que daban por vencedor a Embaló, insistiendo en que Dias fue ganador de la primera vuelta. Cabe recordar que Simoes Pereira fue candidato del partido que llevaba liderando desde 1974 Guinea-Bissau, el PAIGC-CV, lo cual, aunque parezca un detalle sin importancia, es relevante, pues nos muestra la ausencia de alternancia de este partido durante más de cuarenta años. En suma, esta última declaración fue tumbada hace poco más de una hora, en el momento en el que Dinis N’Tchama, portavoz del Ejército, dio un mensaje a la población retransmitido por la cadena de televisión pública TGB, argumentando que el Golpe de Estado busca restaurar la seguridad nacional y el orden público, afirmando que la junta asume todos los poderes del Estado. Ha recalcado además que los militares descubrieron un plan de desestabilización en marcha y un intento de manipulación electoral, tras los cuales estarían el presidente, algunos políticos y capos de la droga, según el portavoz. Anunció también el retorno a la normalidad constitucional, anunciando el cierre de las instituciones públicas guineanas, así como el cierre de la frontera terrestre, marítima y aérea, la suspensión del acceso a redes sociales y el establecimiento de un toque de queda de 21:00 a 6:00. La acción militar fue relámpago, ordenada y eficaz. La suspensión electoral impide la proclamación de resultados, y borra cualquier validación legal de cualquier nuevo gobierno, transformando el proceso democrático en un vacío institucional. En la nada más absoluta. Implicaciones y consecuencias inmediatas Este golpe ha abierto una fase crítica para Guinea-Bissau de la cual poco sabemos a día de hoy, pero de la cual sí se puede asegurar que generará efectos profundos y multidimensionales. Primero, en el plano institucional, la suspensión de este proceso electoral representa un colapso de la arquitectura democrática, dañada previamente. No hay resultados, no hay presidente, no hay gobierno civil, no hay calendario electoral. El país acaba de romperse hacia una deriva militar cuyas intenciones reales, estructura interna, ideología y visión de gobierno no están claras. La instauración de una junta como se ha anunciado genera un evidente proceso de retroceso, y cualquiera de las opciones futuras son perjudiciales para la imagen de Guinea-Bissau. Segundo, la seguridad ciudadano y el bienestar de la población están en evidente riesgo. Los disparos, el despliegue de tropas, los bloqueos de calles, el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, el toque de queda, o la prohibición de las redes sociales, pueden provocar graves problemas de seguridad ciudadana y de orden público, así como la interrupción al acceso a servicios básicos y la posibilidad de generar desplazamientos internos en una región bastante malograda en este aspecto. En un país con instituciones débiles y un sistema sanitario endeble de por sí, la prolongación de la crisis va a acentuar la fragilidad social y económica. Tercero, en el ámbito regional e internacional, se necesita una respuesta inmediata. La CEDEAO (y ECOWAS en este contexto) han intervenido ya en situaciones similares en este país, exhortando a la restitución del orden constitucional. La presión diplomática, sanciones y llamados a la mediación y vuelta al orden pueden tener un papel clave para restablecer la situación, aunque la eficacia de estas medidas dependerán en gran parte de la contundencia y cohesión internacional, de la voluntad de los golpistas y la capacidad de oposición civil de movilizar respaldo interno y externo. Lo que se observa hoy en Guinea-Bissau, es una madeja de urgencias, problemas, vacíos y contradicciones. Sabemos con certeza lo que ha ocurrido, no de la manera que ha sucedido de forma total, pero, sobre todo, no conocemos las intenciones ni quiénes van a controlar el país. Tampoco sabemos a largo plazo qué efectos sobre la institucionalidad va a generar este golpe. Por eso, la prensa, los medios de comunicación y las asociaciones debemos monitorear esta situación con atención y cautela, en parte por lo que también puede significar la restauración de otro régimen militarizado más en la zona, y siempre con nuestra atención dirigida a la población civil, que hoy se encuentra más expuesta que nunca, a la vez que está exhausta de situaciones recurrentes. Si se restaurara el orden constitucional, la transición servirá como prueba de que el país puede romper el ciclo de golpes y retornos violentos que lleva soportando desde su independencia, pero si no ocurriese, existe un grave riesgo de prolongar el vacío institucional y agravar la crisis de gobernabilidad. En Guinea-Bissau, la situación no ha acabado, sino que no ha hecho más que empezar. Créditos: Patrick MEINHARDT / AFP.

Octubre de 2025, fecha en la que el mundo se estremeció con sus ojos puestos en Sudán. La ciudad El-Fasher, capital de la región de Darfur del Norte, fue el punto neurálgico de una tragedia que muchos observadores equiparan a los peores crímenes del siglo XXI. La masacre en esta ciudad en el sudoeste de este país del África Austral no fue una casualidad, más bien fue la consecuencia de 18 meses de asedio, miseria y muerte, en el cual la unidad, la integridad territorial y la estabilidad en Sudán se encuentran gravemente ultrajadas debido al aumento de la fragmentación por motivos políticos y étnicos. El presente artículo tiene como objetivo analizar la masacre de El-Fasher dentro del contexto de la Guerra Civil sudanesa, actualizando el artículo ya existente sobre Sudán en Naciones en Ruinas , enfatizando mucho más lo sucedido recientemente, y esclareciendo la denominación que debe darse desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario – Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Contexto: la Guerra Civil Sudanesa Realmente, Sudán ha sido un Estado que, desde su independencia de Egipto y Reino Unido en 1956, ha sufrido diversas tensiones internas y controversias derivadas de desigualdades políticas, económicas y étnicas entre el poder central (dominado usualmente por élites islámicas) y las regiones periféricas (habitadas usualmente por comunidades africanas no árabes), lo cual provocó que hubiera diversas guerras civiles (entre 1955 y 1972, y entre 1983 y 2005, en esta última se independizará Sudán del Sur, aunque su reconocimiento internacional llegaría en 2011 como Estado independiente). Tras 30 años de régimen autoritario, Omar al-Bashir cayó en abril de 2019, lo que abría la puerta a una esperanza democratizadora, la cual se esfumó ya que la transición hacia un gobierno civil fue absolutamente inestable. Es más, los dos partidos que irían a las elecciones serán precisamente los dos frentes de guerra que se verán posteriormente en Sudán. Dicho gobierno duró hasta octubre de 2021, cuando fue derrocado en un Golpe Militar protagonizado por ambos líderes, Burhan y Hemedti, miembros de las Sudanese Armed Forces y de las Rapid Support Forces respectivamente. El punto de fricción entre ambos se acentuó cuando en diciembre de 2022 se pretendió realizar una reforma en el sector de seguridad, en el cual las RSF fueran añadidas denro del ejército regular, lo cual causó grandes controversias ya que Hemedti pretendía conservar su autonomía y el poder adquisitivo de su fuerza paramilitar. Será entonces el 15 de abril de 2023 cuando, tras varias semanas de tensión y despliegues militares en Jartum, estallaron enfrentamientos abiertos entre el SAF y el RSF, dando el comienzo oficial a la guerra. Las hostilidades, según el Consejo de Seguridad de la ONU, comenzaron en la capital y rápidamente se extendieron por todo el país, lo cual deja entrever que no es meramente una pugna militar, sino también una lucha por el control económico y político del Estado y sus recursos. La difícil historia de la región de Darfur La región de Darfur, situada en el sudoeste de Sudán y con una población de más de seis millones de habitantes, es el epicentro histórico de las tensiones étnicas, económicas y políticas que alimentan la guerra civil sudanesa. Pero su conflicto no comienza en 2023, sino que sus raíces se remontan entre 1980 y 1990, momento en el cual, bajo el gobierno islamista de Jaafar Nimeiri, y posteriormente bajo la dictadura de Omar El-Bashir, el propio gobierno sudanés promovió la formación de milicias locales para controlar la región, realizando un armamento selectivo documentado en el informe Panel of Experts on Sudan , del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El conflicto contemporáneo y previo al actual estalló en Darfur en 2003, cuando dos grupos rebeldes se levantaron en armas contra el gobierno en Jartum, acusándolos de discriminación étnica, marginación económica y falta de representación política. El conflicto finalizó con el gobierno de Al-Bashir apoyando y armando a las milicias árabes Janjaweed, que lanzaron ataques sistemáticos que terminaron con la vida de más de 300.000 personas al final del conflicto, así como el desplazamiento de 2’7 millones de personas, según el OCHA. Este conflicto incluso precisó de ayuda internacional desplegando diversas misiones de paz entre 2004 y 2020, con intentos de terminar la guerra desde fuera (El Acuerdo de Paz en Abuya, o el Documento de Doha para la paz en Darfur) sin éxito. Posteriormente, el territorio estaría militarizado, y las milicias Janjaweed, por decreto de al-Bashir (quien además tiene diversas órdenes de arresto por crímenes de guerra, de lesa humanidad y un delito de genocidio), se convertirían en una fuerza regularizada, las Rapid Support Forces. De ahí la pertinencia de explicar el contexto de la región, puesto a que todo se encuentra interrelacionado, y así como la guerra civil sudanesa no puede entenderse sin Darfur, Darfur no puede ser explicado sin todo lo que se ha vivido en este territorio, desde 2003 de forma directa, y desde hace más de 45 años de forma indirecta. Fue en esta región donde se formaron las redes, liderazgos, estructuras paramilitares y dinámicas tensionadas que a día de hoy estallan diariamente. La caída de El-Fasher y una catástrofe en ciernes La movilización de las RSF se endureció en agosto, cuando construyeron una enorme barrera de arena elevada para bloquear cualquier ayuda humanitaria. A principios de octubre, el bloqueo era total, con ataques menores previos, como la muerte de 78 personas en un ataque contra una mezquita el pasado 19 de septiembre, o en un ataque de drones contra un campamento de desplazados a inicios de octubre. Se cortaron totalmente carreteras y accesos, y se pretendía realizar un bloqueo total que doblegara a las SAF y a la población civil, lo cual es una violación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados y del Derecho Internacional Humanitario de forma flagrante, que fue denunciada por diversas organizaciones internacionales. El 26 de octubre, tras 18 meses de asedio, Al-Fashir cayó en manos de la RSF. La ciudad se trataba del último bastión de las Sudanese Armed Forces, y había resistido gracias a la ayuda de grupos locales y comunidades desplazadas. La ofensiva final fue devastadora, con combates que duraban días y una población civil desprotegida una vez se retiraron las SAF. Entonces, comenzó el verdadero terror: soldados riendo mientras recorrían cuarteles abandonados, grabando filas de cadáveres, bombardeos al hospital civil de El-Fasher, detenciones arbitrarias de médicos locales denunciadas por Médecins Sans Frontières, ejecuciones explícitas y una amplia lista de crímenes contra los derechos humanos , generalmente contra comunidades no árabes, en particular masalit y fur, incluso uno de ellos en un vídeo difundido por la BBC se enorgullecía del genocidio que estaban provocando. El vacío de poder se transformó en un campo de muerte el cual, si bien antes era hermético y poco se conocía, a partir de esa mañana del 26 de octubre todo el mundo pudo ver lo que estaba ocurriendo en Sudán. Las consecuencias humanitarias no tardaron en ocurrir: según Amy Pope, Directora General de la Organización Internacional de Migraciones, quien estuvo de visita cinco días en Sudán, desde que fuera capturada la ciudad por las RSF, más de 100.000 personas han huido de la ciudad, verificado por la ACNUR a 14/11/2025, de las cuales un 79% se refugiaron en aldeas ubicadas al oeste y norte de la ciudad, unas 38.990 personas han huido al estado de Kordofán del Norte y otro 7% han huido a Tawila, quien ya acoge a más de 650.000 desplazados del conflicto de 2003, y otros tantos se han movido a campamentos improvisados en Chad, mientras que otros miles quedaron atrapados en la ciudad, sin agua potable ni refugio. Además, copan la cifra de 13 millones de desplazados, la mayoría internos, un aumento según la ONU de un 83% de violencia sexual infantil y más de 17 millones de niños sin escolarizar.   Con la retirada de las SAF, las Naciones Unidas describieron la situación como una “zona sin ley dominada por actores armados irregulares” (informe ONU Sudán), ante lo cual las RSF están intentando limpiar su imagen, subiendo vídeos a sus redes sociales de arrestos a miembros de sus propias fuerzas que hayan cometido violaciones, aunque se trata más de un mero trámite de limpieza de imagen más que de una regularización de sus actos. La masacre a punta de satélite A día de hoy, ningún organismo internacional ha podido verificar los muertos que ha habido en Sudán durante la guerra, a pesar de que se estiman unos 40.000 desde el inicio del conflicto. De forma más acentuada ocurre este suceso si nos referimos a la caída de El-Fasher, pues no ha sido posible realizar una verificación independiente en este ámbito. Del mismo modo, no se conocían imágenes de la brutalidad de los hechos ocurridos en las inmediaciones y en el núcleo urbano de la ciudad hasta su propia caída. Aldea de las afueras de Al-Fashir en enero de 2025. Fuente: elaboración propia, vía Google Earth Aldea de las afueras de Al-Fashir, hace una semana. Fuente: elaboración propia, via OpenAerialMap Si bien sólo he podido recopilar la comparativa realizada en Google Maps y en el satélite de libre uso OpenArialMap sobre las imágenes tomadas de una aldea al norte de Al-Fashir, donde se puede observar la destrucción de la aldea totalmente y de su mezquita, de la cual no quedan más que restos, diversas imágenes publicadas por RTVE en este artículo  y otras analizadas por Amnesty International Crisis Evidence Lab, se muestra la destrucción total de barrios, carreteras, ejecuciones masivas, cadáveres… las cuales han sido analizadas y verificadas por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale.   Estas imágenes sustentan la hipótesis de una campaña sistemática de limpieza étnica flagrante en una ofensiva de la cual no se estiman cifras exactas ni estimadas de fallecidos, debido a la imposibilidad de verificación independiente. Sin embargo, sí se estiman unas 2000 muertes (France 24), de las cuales más de 460 fueron en un hospital de maternidad.   Reacciones internacionales y diplomáticas Las reacciones internacionales a la caída de Al-Fashir y a la violencia utilizada de forma arbitraria por parte de las RSF no tardaron en llegar, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la urgencia en una respuesta internacional unitaria. En primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC) convocó en noviembre de 2025 una sesión especial sobre Sudán, destacando que existen “razonables indicios de crímenes bajo el derecho internacional” incluyendo ejecuciones sumarias, limpieza étnica y violencia sexual generalizada.  También la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitió una declaración denunciando las condiciones en El-Fashir, destacando que podrían constituir castigo colectivo, lo cual es una práctica contraria al Derecho Internacional Humanitario, así como la nula distinción entre objetivos civiles y militares.  En siguiente lugar, se sumaron recientemente la Comisión Europea, quien ha pedido el cese inmediato al fuego, unas negociaciones para el cese de las hostilidades, la posibilidad de entrada de ayuda humanitaria, un respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario, y la creación de comités que faciliten una gobernancia cívica inclusiva, representativa e independiente, destacando que la propia UE ha sido la principal donante de ayuda económica a Sudán en este conflicto, y remarcando la declaración conjunta firmada entre todas las partes para el cese al fuego. De la misma forma, tanto la UE como Reino Unido y Estados Unidos han propuesto un embargo de armas a Sudán para que cesen las hostilidades.   Por último, el pasado 14 de noviembre diversos representantes de la ONU y de la Unión Africana mostraron su preocupación ante una alerta de genocidio es “real y aumenta cada día” ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este caso, hablaron diversas autoridades de Sudán que mostraron su preocupación por los hechos acaecidos en su Estado, instando a la ONU a que reconozca el genocidio y pidiendo presión contra la milicia rebelde y contra Emiratos Árabes Unidos, quien realmente les provee de ayuda militar y equipamiento estratégico. Pese a la indignación considerable de la comunidad internacional, así como de diversas asociaciones como Amnistía Internacional, la acción internacional se ha visto considerablemente limitada por diversos obstáculos, como el bloqueo hacia la ciudad realizado por las milicias rebeldes, que ha impedido la llegada de ayuda humanitaria, con convoyes detenidos y atacados, así como la falta de verificación de los hechos debido al control de la RSF en la zona circundante a la ciudad, la ausencia de fuerzas internacionales de protección, dado que la UNAMID fue retirada en 2020- cuando finalizó la anterior guerra civil sudanesa de facto- , el apoyo logístico y financiero de actores externos a la RSF, como Libia o EUA, y la fatiga política evidente de la comunidad internacional, sumida en otras crisis globales (Gaza, Ucrania, Sahel…) lo cual está provocando una respuesta algo más tardía y menos centralizada en el objetivo común, que es el cese de las hostilidades y ataques. ¿Se trata de un genocidio? Ésta es una cuestión bastante común cuando se habla de la crisis humanitaria que está asolando Sudán en los últimos años y, específicamente, en las semanas recientes. Pues bien. De acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), el genocidio se define en su artículo II como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante actos como:   Matar a miembros del grupo Causarles daño físico o mental grave Someterles intencionadamente a condiciones destinadas a su destrucción física Impedir nacimientos Trasladar a la fuerza a niños de un grupo a otro. Según los actus reus de este conflicto, específicamente de la ofensiva en Al-Fashir, los hechos cumplen bastantes de estos criterios, como el asesinato masivo de civiles no combatientes, la realización de un bloqueo prolongado intencional, ataques deliberados a hospitales y campos de refugiados, desplazamientos forzosos masivos y ejecuciones selectivas por motivos étnicos. Si bien, donde se encuentra el matiz para definir si es o no un genocidio es en el mens rea, esto es, en la determinación judicial que confirme la intencionalidad de exterminio hacia otras comunidades por parte de las RSF. Los patrones observados son bastante consistentes, pues incluso testigos aseguraron que los atacantes separaban a las víctimas por su grupo étnico antes de ejecutarlas (Human Rights Watch, 2025). Sin embargo, aunque desde una perspectiva jurídica existan indicios evidentes de la confirmación de esta hipótesis, serán las investigaciones internacionales en curso quienes determinen la calificación formal de estos hechos. No obstante, el pasado sudanés es bastante propenso a pensar que se esté cometiendo un genocidio, teniendo en cuenta el cometido en Darfur entre los años 2003 a 2005, cuyos protagonistas pertenecían a los mismos grupos étnicos que los combatientes actuales. La impunidad del pasado y la falta de ejecución de la orden de arresto por genocidio a Al-Bashir en 2009 han servido de incentivo para la repetición de los crímenes. A día de hoy, la prioridad inmediata debe ser la protección de los civiles, la llegada de ayuda humanitaria, el despliegue de observadores independientes y su protección, y superar la impunidad procesal para que Sudán pueda finalizar el ciclo de violencia en el que lleva décadas inmerso.   La masacre de Al-Fashir representa no sólo un episodio de violencia extrema, sino una barbarie anunciada y justificada por la marginación de esta situación, la impunidad y la militarización étnica en Sudán. Los hechos de octubre de 2025 no pueden entenderse aislados, sino que siguen un patrón de destrucción que requiere una investigación sobre su calificación legal y formal, pues la evidencia disponible sugiere que en Al-Fashir se perpetraron actos que violan de forma directa la Convención de 1948. Sin embargo, tal y como ha anunciado en su declaración reciente el Ministro de Finanzas de Sudán “Es más honorable para nosotros morir que coexistir con quienes cometen asesinatos contra mujeres, hombres, niños y enfermos" , el conflicto parece no tener un final cercano. Desde Naciones en Ruinas nuevamente te animamos a que firmes el embargo de armas propuesto por Amnistía Internacional a Sudán , para evitar que las partes sigan extendiendo el conflicto y para poder aportar, por simple que sea a este ignorado y cruel conflicto.

Turquía es un país que se encuentra en una posición privilegiada, enfrascado entre Europa y Asia. Este emplazamiento le ha servido al país túrquico para forjar uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad: el Imperio Otomano. Con Estambul (Constantinopla, para los nostálgicos) como capital imperial, los otomanos tenían bajo su control un vasto territorio que abarcaba tres continentes, desde Trípoli en África, hasta Bagdad en Asia, pasando, destacablemente, por Sarajevo, en Europa. Aunque ha pasado más de un siglo desde la caída del Imperio Otomano, este ha dejado un legado bastante palpable que, actualmente, el gobierno turco de Recep Tayyip Erdoğan está buscando aprovechar para consolidar el papel de Turquía en el mundo. Pero hoy nos vamos a centrar en Bosnia y Herzegovina, país en el que este dominio otomano ha moldeado en gran parte su historia, creando una conexión que actualmente se ve más que nunca. Historia turca en Bosnia Antes que nada, hay que tener claro que la conquista turca de la región fue bastante lenta y progresiva, llegando a tardar dos siglos en tomar todo el territorio actual de Bosnia y Herzegovina, finalizando la conquista total del Reino de Bosnia en 1527 tras tomar la ciudad de Jajce. Una vez ya consolidado el control turco en la región, la población local empezó a convertirse al islam de manera voluntaria, debido a varios factores, ya sean económicos o, principalmente, la falta de arraigo hacia una religión específica por parte de la población local, dividida entre diferentes ritos hasta el momento. En Bosnia, encontrábamos a la Iglesia católica y la ortodoxa compitiendo para consolidarse en la zona, y a su vez, surgió una corriente cristiana propiamente bosnia hacia la cual se llegó a declarar una cruzada en el siglo XIV. Todo esto, además de la conversión de las mismas élites del antiguo Reino de Bosnia al islam, facilitó el proceso de islamización, ya que había una mayor receptividad. Durante el dominio otomano ocurrieron varios eventos relevantes para la historia bosnia, como el establecimiento del Eyalato de Bosnia en 1580, que en cierta parte contaba con casi todo el territorio actual del país –salvo Bihać–, que se conquistó en 1592. Por otro lado, al ser una región fronteriza, el sultanato incentivó la migración de otras poblaciones del imperio a la zona, principalmente de turcos y de serbios, lo que acabó afectando a la composición étnica de la provincia. El control turco se mantuvo constante hasta el siglo XIX, donde, en plena decadencia otomana, el Imperio Austro-Húngaro aprovechó para conquistar toda la zona en 1878, siendo anexada oficialmente en 1908, terminando con más de cuatro siglos de control e influencia turco-otomana en la región. Legado turco en Bosnia En cuanto al legado turco en Bosnia, podemos destacar varias aportaciones a la cultura del país. Entre estas se encuentran algunas de carácter arquitectónico, como mezquitas o puentes, y también el trazado de ciudades, como puede ser el distrito de Baščaršija en Sarajevo. Por otro lado, existen además reminiscencias de carácter lingüístico o culinario, ya que gran parte de la cocina bosnia tiene influencia turca. Esto se puede ver en platos como el ćevapi, el burek o el baklava. Pero ¿cómo podríamos hablar de la influencia turca en Bosnia sin mencionar el rasgo más importante que nos ha dejado la ocupación otomana en el país eslavo? La fe islámica. Incluso una vez terminado el dominio del sultanato, podemos ver cómo el islam sigue siendo parte de la esencia del país, sobre todo de cara al siglo XX, ya que, en pleno auge de los nacionalismos, los bosnios empezaron a sentirse como algo diferente e independiente: no serbios ni croatas, sino relacionados con el antiguo Reino de Bosnia previo a la campaña otomana, cuyas élites se convirtieron al islam. Esta relación previa a la conquista otomana les ha servido para poder autodeterminarse como pueblo más adelante. En la actualidad, la Turquía de Erdogan utiliza este legado previo para buscar ahondar en las relaciones con el país balcánico, todo esto dentro del marco del neo-otomanismo turco, que es la doctrina geopolítica que emplea Ankara para poder obtener influencia en aquellos países que alguna vez formaron parte del extinto imperio. Este interés se materializa de bastantes maneras, ya sea mediante inversiones económicas o intercambios culturales, que permiten ejercer un poder blando en la población de Bosnia y, por lo tanto, hacer que vean a Turquía con buenos ojos, incluso como un “hermano mayor” en términos fraternales. ¿Realmente qué es el neo-otomanismo? En el panorama político turco se puede definir como la intención de la actual Turquía de Erdogan —teniendo en cuenta que Erdogan es el principal promotor de esta ideología— de recuperar la influencia que una vez tuvo el Estado túrquico, sobre todo de cara a Oriente Medio, el norte de África y los Balcanes. Pero para entender bien la geopolítica turca, también cabe destacar el turanismo, que es otra corriente ideológica que busca juntar más aún a todos los estados túrquicos, como Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán. Esto se articula a través de la Organización Túrquica, en la que, por ejemplo, Hungría es un miembro observador. Estas dos corrientes son las que definen en gran medida la geopolítica turca, ya que una se centra en recuperar relaciones que una vez se tuvieron, mientras que la otra busca establecer lazos con aquellos países que comparten características culturales. Fuera de lo geopolítico, y entrando en política nacional turca, el neo-otomanismo se ha logrado consolidar como la principal doctrina que llevan a cabo tanto Erdogan como su partido, el más islamista AKP, para oponerse a la visión más occidentalista del CHP, que son los kemalistas, partido heredero del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Además, desde Ankara se ha buscado bastante autonomía en el plano internacional, actuando tanto a favor de Estados Unidos, su aliado atlántico tradicional, como manteniendo relaciones relativamente cordiales con la Rusia de Putin y logrando, a su vez, consolidar una esfera de influencia a través del neo-otomanismo. En cuanto a Bosnia, este es un país importante para la doctrina turca, ya que una vez fue una de las provincias más leales al sultanato y, en la actualidad, se está invirtiendo mucho para consolidar la influencia turca en el Estado bosnio, ya sea económicamente, culturalmente o incluso mediante influencia religiosa. Esta última propicia que los bosnios vean con muy buenos ojos cualquier tipo de inversión turca, ya que consideran a Turquía como un país hermano. La ubicación además es clave, ya que Bosnia está en el centro de los Balcanes, región que en el último siglo ha pasado por todo tipo de atrocidades, muchas de ellas afectando a la población bosníaca musulmana local. Pero ¿cómo está Turquía ejecutando su poder blando? En cuanto a acciones, podemos separar tres pilares respecto a las inversiones turcas: En primer lugar, podemos destacar un importante poder blando cultural. Esto se ve, por ejemplo, en la existencia de una gran cantidad de intercambios entre los dos Estados. Incluso, en Sarajevo existe la Universidad Internacional de Sarajevo, la cual está fundada por el mismo círculo cercano de Erdogan. Esta universidad cuenta con una gran cantidad de estudiantes provenientes de Turquía, que eligen hacer su intercambio en la institución bosnia o simplemente son enviados para realizar sus estudios. La universidad cuenta con cursos de turco, cursos de bosnio, y la mayoría de sus clases son en inglés, por lo tanto, cumple un doble papel: influencia turca y, hasta cierto punto, proyección internacional de Bosnia. Por otro lado, desde Turquía también se busca financiar la reconstrucción de patrimonio otomano, principalmente mezquitas, puentes o madrazas. Todo esto se organiza desde la agencia TIKA, que es el principal agente de influencia en este ámbito por parte de Turquía en Bosnia. Esto es relevante, dado que permite a la población bosnia sentir una conexión con su pasado otomano, lo cual facilita una opinión más favorable hacia Turquía y hacia las políticas que lleve a cabo en el país. Universidad Internacional de Sarajevo, donde curiosamente se pueden ver al lado las banderas de Turquía y de Bosnia. Fuente: elaboración propia. El segundo pilar destacable sería el religioso. En esta cuestión, Turquía, a través del Diyanet —la autoridad religiosa turca— ha estado financiando la construcción de mezquitas, la formación de imames y el desplazamiento de estudiantes bosnios a Turquía para realizar estudios islámicos. De esta manera, y compartiendo la misma rama religiosa suní, Turquía ha intentado mostrarse como una potencia religiosa moderada, buscando contrarrestar cualquier tipo de influencia wahabí o salafista proveniente del Golfo. El último pilar sería el económico. Esto se puede comprobar en la financiación y la participación de empresas turcas en la construcción de infraestructuras, como la autovía Sarajevo-Belgrado, o en proyectos energéticos. También existen buenas relaciones comerciales y se potencia el turismo entre las dos naciones; por ejemplo, mediante la low-cost turca Pegasus, un vuelo Sarajevo–Estambul puede costar aproximadamente unos treinta euros. Todo esto demuestra que Turquía va en serio a la hora de consolidar un papel fundamental en la región balcánica, y a Bosnia le beneficia, ya que obtiene un aliado relativamente cercano y con quien comparte bastante historia, que le ayuda en su desarrollo. Identidad musulmana en Bosnia: ¿puente o frontera? Hablando sobre la propia Bosnia, la corriente del islam que sigue es bastante permisiva, ya que absorbió gran parte de las tradiciones que tenía la antigua Iglesia católica bosnia y que facilitaron su integración a la nueva fe islámica que venía desde Estambul. Sin embargo, esta conversión les iba a jugar una mala pasada en el futuro, ya que, tras la conquista serbia de la región, siempre se consideró a los habitantes de Bosnia como serbios o croatas católicos, mientras que a los musulmanes se les veía como invasores. Esto se llevó al extremo en la misma Yugoslavia, donde no existía una forma de considerarse como “bosnio” más allá de ser habitante de la República Socialista de Bosnia; la población que profesaba la religión islámica era considerada simplemente como “musulmanes”. Por alguna razón, sus vecinos siempre han tenido miedo de que Bosnia llegase a crear una identidad propia, y por eso existe la diferenciación entre bosnios y bosníacos: unos son los habitantes de Bosnia y Herzegovina y los otros el principal grupo étnico del país, que profesa la religión islámica. Este mismo miedo a que se pudiera establecer un Estado bosnio con influencia musulmana propició la separación tanto de Srpska como de Herzeg-Bosnia durante la década de 1990. De hecho, durante las guerras de desintegración de Yugoslavia, se puede ver cómo, en el ideario popular serbio, se promovía al enemigo bosnio como “turcos”, al igual que a los croatas les llamaban “ustachas”, intentando deshumanizar a la población contra la que estaban arremetiendo. Todo esto podría considerarse como una “frontera” que ha determinado bastante la situación actual de Bosnia. Por otro lado, el hecho de que Bosnia sea un país con bastante población musulmana ha permitido que muchos países, sobre todo petro-monarquías árabes, hayan mostrado interés en invertir en la zona. Esto se puede ver, sobre todo, en el municipio de Ilidža, en Sarajevo, donde existe una gran cantidad de publicidad o incluso nombres de establecimientos en árabe. Además, se ha podido aprovechar la influencia islámica que existe en el país para atraer un nicho de turismo procedente de estos estados, que está siendo muy rentable debido a su poder adquisitivo. A su vez, también hay bastante movimiento respecto a viajes hacia los países del Golfo, principalmente a Dubái. Conclusiones Bosnia y Herzegovina ha sabido aprovechar el legado islámico que existe en el país para atraer inversiones, turismo y, en general, la atención e interés de países que podrían encontrar en Bosnia a un aliado en pleno corazón de los Balcanes. Y, sobre todo, con Turquía: Bosnia es un país que mantiene una relación muy especial con Ankara debido a la conexión histórica existente entre ambos Estados. Para Bosnia, Turquía es un aliado fiable; mientras que, para Turquía, Bosnia es una oportunidad para expandir su influencia en la zona, aunque esto haya generado situaciones complicadas con sus vecinos.

La soberanía es un fenómeno que, en apariencia, resulta sencillo de comprender para el común de las personas. Sin embargo, su alcance jurídico y político revela  una complejidad considerable. Desde una perspectiva estrictamente jurídica,  puede afirmarse que la soberanía de los Estados se expresa en el “poder  supremo e ilimitado […] para establecer su constitución y adoptar las decisiones  políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano  internacional” (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2025).  De acuerdo con las Naciones Unidas, todos los Estados gozan de igualdad soberana: poseen los mismos derechos y deberes y son, por igual, miembros de  la comunidad internacional. Además, la organización subraya que la integridad  territorial y la independencia política de los Estados son inviolables (Naciones  Unidas, 1970).  A partir de estas definiciones, es posible identificar dos dimensiones en las que  podemos conceptualiza y evaluar la soberanía. En el plano externo, esta implica  la facultad del Estado para ser reconocido y actuar libremente dentro del sistema internacional, sin subordinación a poderes ajenos. En el plano interno, la  soberanía se traduce en la capacidad de ejercer efectivamente la autoridad, el orden jurídico y el control sobre su territorio y población, garantizando el  monopolio legítimo de la fuerza.  En este marco, no caben dudas respecto a que en América Latina las cuestiones soberanas en términos externos se encuentran, a grandes rasgos, resueltas. La  región puede ser considerada una zona de paz en lo que a conflictos  interestatales respecta: más allá de casos puntuales que desarrollaremos más adelante, no presenta disputas territoriales de gran magnitud ni amenazas a su integridad externa. En consecuencia, los Estados latinoamericanos ejercen, en  general, su soberanía externa de manera plena, lo que contribuye a un escenario de relativa estabilidad en materia de política internacional. Sin embargo, el  panorama cambia cuando el análisis se traslada al ejercicio de la soberanía  interna, donde la debilidad institucional, las crisis políticas recurrentes y las  limitaciones del poder estatal en amplios sectores sociales y territoriales ponen  de manifiesto importantes déficits en su ejercicio efectivo.  Si bien resulta difícil cuantificar el grado de ejercicio soberano, existen indicadores que permiten aproximarse al modo en que las capacidades estatales  se manifiestan territorialmente. El Global Peace Index , elaborado por el Institute for Economics and Peace , pondera 23 variables cualitativas y cuantitativas para  medir niveles de seguridad ciudadana, presencia de conflictos internos y  externos, y grado de militarización. España, por ejemplo, obtiene una calificación de 1,58, ubicándose en el puesto 25 entre 163 países, siendo Islandia, Irlanda y Nueva Zelanda los de mejor desempeño.  Aunque el índice no mide directamente la capacidad soberana, resulta útil para  contrastar las condiciones de estabilidad en América Latina. Al hacerlo, los resultados no sorprenden: países como México, Colombia y Brasil registran  puntuaciones en torno a los 2,7 puntos, situándose entre los puestos 135, 140 y 130 del ranking global.  Veamos algunos ejemplos  México no mantiene disputas fronterizas abiertas y posee una larga tradición diplomática, lo que garantiza el pleno ejercicio de su soberanía externa. Sin embargo, la expansión del crimen organizado transnacional ha socavado el  monopolio estatal de la fuerza. En diversas regiones, los cárteles no solo dominan la producción y comercialización de drogas, sino que han diversificado  sus actividades ilícitas hasta adquirir capacidad logística y financiera suficiente para influenciar el territorio y reemplazar parcialmente al Estado en la provisión de bienes básicos, buscando legitimidad social. Si bien el país presenta una  puntuación nacional de 2,64 en el Global Peace Index, estados como Baja California (4,13), Guanajuato (4,30) o Colima (4,74) exhiben niveles de violencia equivalentes a zonas de conflicto armado.   Colombia, también con fronteras estables y reconocidas, enfrenta un único conflicto limítrofe activo en el llamado trapecio amazónico, un espacio fronterizo tripartito con Perú y Brasil donde persiste la disputa por la isla Santa Rosa cuyo  tratamiento se encuentra transitando la vía diplomática tras un breve periodo de tensiones durante los últimos meses. A pesar de su estabilidad democrática, la persistencia de grupos armados y estructuras narco-paramilitares continúa degradando la autoridad estatal. Según Reuters (2025), estas organizaciones  han expandido su control territorial en los últimos tres años, constituyendo en algunas regiones verdaderos estados paralelos que reemplazan funciones básicas del Estado y ejercen autoridad coercitiva local.   En Brasil, organizaciones criminales como el Comando Vermelho (CV), el  Terceiro Comando Puro (TCP) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) operan  en grandes centros urbanos —Río de Janeiro, São Paulo, Recife y Fortaleza— sustituyendo parcialmente al Estado en diversas funciones. En numerosas  comunidades, estos grupos prohíben robos, resuelven disputas domésticas y  regulan la vida cotidiana mediante mecanismos de coerción propios. La ausencia  prolongada del Estado permitió que tales actores “internalicen” tareas de policía,  justicia y control social. En ciertas favelas, incluso organizan el suministro  irregular de electricidad o agua e imponen tarifas de seguridad. Durante la  pandemia, distribuyeron alimentos y medicamentos, consolidando una imagen  de protección local (Goomez, Merlo, & Pires, 2025). Más allá de estos casos emblemáticos, en varios países sudamericanos se observan formas parciales de soberanía interna erosionada: En Perú, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) constituye un enclave donde confluyen narcotráfico, remanentes del Sendero Luminoso y economías ilegales que sostienen estructuras armadas locales; pese a los programas estatales, el control gubernamental sigue fragmentado.   En Bolivia, regiones como el Chapare, núcleo cocalero tradicional, exhiben una autonomía económica y política que limita la autoridad central.   En Paraguay, el avance de las narco-economías en departamentos fronterizos y la penetración del PCC han configurado redes ilícitas transnacionales que erosionan la capacidad estatal.   En Ecuador, la escalada de violencia criminal y la infiltración del narcotráfico en las instituciones desembocaron en la declaración del estado de conflicto armado interno en 2024.  En conjunto, estos procesos reflejan una tendencia regional hacia la  fragmentación de la soberanía interna: los Estados conservan su legitimidad y  reconocimiento externo, pero su autoridad efectiva sobre el territorio se ve disputada por actores ilegales que ejercen funciones coercitivas, económicas e  incluso sociales en los márgenes del poder formal.  El Cono Sur como eje de la resistencia   A medida que nos desplazamos hacia el sur, el panorama se torna sensiblemente más estable. Los países del Cono Sur —Chile, Argentina y Uruguay— han dejado atrás sus históricas disputas limítrofes y ejercen hoy un control efectivo y consolidado sobre la totalidad de sus territorios, tanto en el plano político como institucional, obteniendo puntuaciones de 1.90; 1.77 y 1.78 respectivamente.   Si bien el fenómeno del narcotráfico ha comenzado a manifestarse con mayor  intensidad en zonas fronterizas y —puntualmente— en grandes centros urbanos de la República Argentina —particularmente en Rosario y Buenos Aires—, estos  casos constituyen desafíos emergentes de seguridad pública, más que síntomas  de una erosión estructural de la soberanía interna. En conjunto, el Cono Sur mantiene un elevado nivel de gobernabilidad, cohesión estatal y estabilidad  institucional, consolidándose como un espacio sólido de soberanía plena en el  continente. El desafío para estos países será observar la situación vecina y accionar de manera preventiva para evitar ceder espacios al crimen organizado que —como se observó— son difíciles de recuperar una vez estos se consolidan.

Las elecciones generales del 25 de octubre en la República Unida de Tanzania han marcado un punto de inflexión en la trayectoria política del país. Aunque Tanzania mantiene formalmente un sistema pluripartidista desde 1992, el dominio ininterrumpido del Chama Cha Mapinduzi (CCM) desde 1977 ha configurado un ecosistema político en el que las instituciones, las redes clientelares y el aparato estatal han girado históricamente alrededor del partido gobernante. Ante este contexto, la reelección de la presidenta Samia Suluhu Hassan –con un resultado oficial del 97,95% de los votos– plantea interrogantes profundos sobre la compatibilidad entre la legalidad formal tanzana y la legitimidad democrática de sus procesos. Marco político condicionado Tras la muerte del presidente John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassan asumió el cargo en un clima lleno de interrogantes. Durante su primer periodo, impulsó el programa de las “4Rs” –reconciliación, resiliencia, reforma y reconstrucción–, restableciendo algunos derechos políticos anulados durante el periodo de Magufuli –como la prohibición de mítines políticos vigente desde 2016– y propició el retorno de líderes opositores exiliados. Sin embargo, a partir de 2024, el Gobierno profundizó un giro de control institucional más rígido, ampliado mediante reformas legales, nuevas regulaciones administrativas y el fortalecimiento de los aparatos de vigilancia. Asimismo, la Tanzania de Hassan se encuentra a día de hoy en un proceso de aceleración demográfica y, sobre todo, económica, marcada por las inversiones en turismo –especialmente en Zanzíbar y la zona norte del país (zona con presencia de safaris)– y en las exportaciones de productos alimentarios –como el café, el té, las especias o las frutas– y minerales –como el cobre o minerales y piedras preciosas–, contando con socios comerciales como India y China. Sin embargo, su PIB per cápita sigue siendo muy escaso –1,091€ anuales, puesto 170 de 196–, al igual que su IDH –puesto 167 de 196–, lo que muestra un país poco desarrollado, donde las desigualdades entre áreas rurales, el litoral urbano y las áreas turísticas marcan el panorama político y social. Fundamentos legales del proceso electoral de 2025 El sistema electoral tanzano se sistema en tres pilares normativos esenciales sobre los que se han construido las decisiones más controvertidas del proceso de 2025: La Constitución de 1977 , que establece la forma de Estado, el sistema presidencialista y los requisitos para ser candidato. El artículo 39 exige que los aspirantes a la Presidencia sean ciudadanos por nacimiento, tengan al menos 40 años, no posean antecedentes penales y sean nominados por un partido legalmente registrado. En la práctica, esta nominación partidaria funciona como primer filtro para excluir a actores no alineados. El National Elections Act y el Presidential Elections Act , que conceden a la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) amplias facultades y competencias para registrar votantes, examinar nominaciones, administrar centros de votación, validar   rechazar candidaturas y proclamar resultados. Aunque el marco legal define a la INEC como “independiente”, en la práctica sus miembros son designados por el Ejecutivo, lo que limita completamente su autonomía. El Political Parties Act , que regula el registro, supervisión y conducta de los partidos. La ley otorga al Estado amplias competencias para suspender organizaciones políticas por incumplimientos administrativos o de conducta, especialmente en períodos electorales.  Inhabilitaciones, controles y exclusión de la oposición Uno de los puntos más críticos ha sido la descalificación de CHADEMA, principal partido opositor, tras no firmar el código de conducta electoral en el plazo fijado por la INEC. Desde una perspectiva meramente legal, la comisión actuó dentro de sus atribuciones, pues los reglamentos electorales habilitan denegar candidaturas que incumplan procedimientos administrativos esenciales. Sin embargo, el carácter decisivo de este requisito –junto a que el código debía firmarse en una lotería pública organizada con poca antelación– generó la impresión de ser una maniobra diseñada para limitar la competencia real. A esto se añade la inhabilitación de otros candidatos, incluidos líderes de ACT-Wazalendo, y la imposibilidad de que Tundu Lissu –uno de los principales líderes opositores de Tanzania– pudiera competir al enfrentar procesos judiciales por supuestos delitos contra la seguridad del Estado. El artículo 39, al exigir que un candidato no tenga procesos penales pendientes, permite que causas controvertidas bloqueen su aspiración política sin necesidad de una sentencia firme. La conjunción actual entre persecución judicial, requisitos constitucionales y la amplia discrecionalidad administrativa producen un escenario en el que la competencia electoral ha quedado, en la práctica, anulada. Medios de comunicación, control digital y legislación restrictiva El proceso electoral ha estado fuertemente influido por la aplicación del Media Services Act de 2016, una ley que ha regulado la concesión de licencias, habilitado sanciones administrativas y permitido suspender medios por “información contraria al interés público”. Aunque concebida como una herramienta de regulación, su redacción ambigua facilita restricciones a la prensa crítica. Durante la campaña, varios medios han denunciado presiones, investigaciones administrativas y amenazas de retirada de licencia. Junto con la mencionada ley, el Cybercrimes Act de 2015 y algunas otras normas complementarias sobre comunicaciones electrónicas permitieron al Gobierno perseguir la “difusión de información falsa”, controlar redes sociales y restringir plataformas digitales. Durante los días previos y posteriores a la elección, el acceso a internet se redujo drásticamente debido a la aplicación de la ley a la población –a excepción de funcionarios públicos–; la ley permite suspender servicios “por razones de seguridad pública”, aunque la proporcionalidad de la medida es cuestionable, según organizaciones locales e internacionales. Día de la votación El 25 de octubre transcurrió bajo una presencia policial intensa, respaldada legalmente por las normativas de orden público que autorizan la movilización de fuerzas de seguridad en “situaciones de riesgo”. Sin embargo, la utilización de la fuerza durante las manifestaciones en Dar es Salaam, Mbeya y Tunduma excedió dichos márgenes. Se documentaron detenciones sin orden judicial, uso de gases lacrimógenos y disparos para dispersar a manifestantes, prácticas que vulneran tanto las garantías constitucionales de libertad de reunión como los estándares internacionales ratificados por Tanzania. A nivel electoral, se reportaron casos de relleno de urnas, emisión de votos múltiples y expulsión de observadores. Tales prácticas contravienen de forma directa la National Elections Act, que garantiza la integridad del voto secreto y la presencia de observadores acreditados en los centros. La situación se vio agravada por la restricción de internet, que impidió la verificación ciudadana y bloqueó la circulación de denuncias. Observación internacional Un elemento que ha caracterizado a los comicios tanzanos de 2025 ha sido la ausencia o falta de misiones de observación internacional. Aunque algunas delegaciones regionales sí lograron desplegar equipos durante días previos, el proceso de acreditación fue notablemente tardío y restringido. La normativa que regula la presencia de observadores en Tanzania deja abierto un amplio margen de discrecionalidad al Gobierno y la INEC, sin prever garantías de acceso pleno. La Unión Africana, en su informe preliminar, ha afirmado que las elecciones tanzanas no han cumplido con los estándares democráticos básicos, señalando irregularidades en el recuento, falta de transparencia y un ambiente intimidatorio. Resultados oficiales La proclamación de Samia Suluhu Hassan como vencedora con un porcentaje cercano al 98% se ajusta formalmente al mecanismo de mayoría simple establecido en la Constitución. Sin embargo, la falta de competencia, las restricciones legales y administrativas, y el clima de intimidación provocaron que el proceso careciera de legitimidad sustantiva. La participación oficial del 94% contrasta con informes de baja audiencia en áreas urbanas y con la apatía generalizada entre jóvenes y sectores urbanos. Violaciones de derechos En las semanas posteriores, organizaciones de derechos humanos han denunciado desapariciones, detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza. Al amparo de leyes de seguridad y disposiciones contra el terrorismo, el Estado justifica parte de estas detenciones como medidas preventivas. Sin embargo, la ausencia de transparencia, sumado a la continuidad del apagón digital, dificulta la verificación real de víctimas y detenidos. Conclusión Las elecciones de 2025 en Tanzania muestran una brecha entre la legalidad formal y la legitimidad democrática. El Gobierno operó dentro de un marco normativo que, sea por diseño o interpretación, permite controlar candidatos, restringir información, regular medios y movilizar fuerzas de seguridad. Pero la forma en que estas leyes se están aplicando, debilitan la competencia electoral, reducen el espacio cívico y erosiona la confianza y legitimidad de la ciudadanía con y para el sistema democrático y de derecho. El desafío al que aboca Tanzania no reside en la reforma de leyes, sino en que la Constitución y la normativa electoral sirvan y garanticen protecciones hoy ausentes, que no restrinjan la pluralidad política. En un país con un fuerte crecimiento económico pero profundas desigualdades, la consolidación de un sistema político cerrado podría generar tensiones sociales crecientes y motivar movimientos terroristas o secesionistas. El futuro depende de la sociedad tanzana, de sus logros en la articulación de espacios de exigencia democrática y en que las instituciones recuperen una autonomía y credibilidad perdida. Créditos foto: Scottish Government - International leaders sign joint statement at COP26.