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Artículo escrito por: José Manuel Jiménez Vidal y Rafael Loro Penella Cuando un vacío de poder sumió a Oriente Próximo en la incertidumbre tras la retirada británica de la región en 1971, tras ciento cincuenta años de hegemonía ejercida, los Estados Unidos de América, con intereses energéticos vitales en Arabia Saudí y de contención de la influencia soviética en la vecina Irán –todavía bajo la monarquía de Mohamed Reza Pahleví– comprendió que no tenía otra opción más que ocupar ese liderazgo como garante de la seguridad regional para beneficio de su agenda exterior (Lippman, 2011). No ha sido fácil para las distintas administraciones norteamericanas tener que buscar el equilibrio entre el petróleo y su estrecha relación con Israel, muy criticada por los países árabes. Tel Aviv recibe armamento y obtiene acceso a tecnología moderna, acceso a su mercados internos, apoyo total en caso de guerra y respaldo institucional a través de su veto en Naciones Unidas (Petras, 2002). En relación a ello, el embargo petrolero de 1973 establecido por las monarquías árabes exportadoras fue precisamente motivado por el apoyo al estado hebreo durante la Guerra de Yom Kippur contra el Egipto nasserista (Maffeo, 2003). Tal es el compromiso de EEUU en su alianza con Israel que, la Administración Biden, llegó a describir la posible normalización de las relaciones entre Riad y Beit Aghion como “un interés de seguridad nacional” para su país (Congressional Research Service, 2023). De hecho, su constante intervencionismo en la zona no puede explicarse dejando aparte su probada determinación de garantizar la existencia del país liderado por Benjamin Netanyahu. Tras la crisis de los Rehenes de 1979 –secuestro de personal diplomático norteamericano por fundamentalistas iraníes– se puso en marcha la Doctrina Carter, por la cual el país intervendría siempre que fuera necesario y por todos sus medios en el Golfo Árabe para defender sus intereses, vinculados como no, a su dependencia del petróleo. Esta doctrina fue recurrida por el presidente George H. W. Bush para el envío de tropas en 1990 a la Península Arábiga tras la agresión de Irak sobre Kuwait (Sánchez, 2001). En la actualidad, EE.UU. posee bases e infraestructuras militares en Kuwait, Baréin, Israel, Egipto, Jordania, Irak, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Turquía (Wallin, 2018). La cuestión del programa nuclear iraní La revolución liderada por el ayatolá Jomeini en 1979 convirtió a la anterior monarquía pro-estadounidense y “gendarme” de los intereses de Washington en un nuevo régimen que abiertamente le declaraba su hostilidad.  El período en el que nos encontramos es denominado como “Segunda Guerra Fría de Oriente Medio”. En ella, Arabia Saudí e Irán aspiraban a obtener la hegemonía y capitanear a las naciones musulmanas. Consciente de que el chiismo, interpretación del Islam seguida por esta teocracia y que tan solo representa al 5% de la población musulmanana mundial, –de la cual un 40% residen dentro de sus fronteras– es un elemento inviable ante la arrolladora corriente sunita a la hora de alcanzar sus intereses geopolíticos, el régimen de los ayatolás planteó una ideología revolucionaria y antiamericana (Poza, 2017). En tal forma, se enfatizó como arma los vínculos de Occidente con el Estado hebreo para legitimar el nuevo orden regional que esperaba liderar.   Esta animadversión ha motivado la creación y financiación de grupos armados tales como Hezbollah o los Hutíes. En el caso del primero, creado en 1982, consolidándose como el principal activo de Irán en su lucha contra la existencia del Estado de Israel, siendo entrenado y armado por la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds (Azani y Karmon, 2018).   Por su parte, la capital de Austria fue testigo de la firma en 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a los que se unió Alemania, por el cual se pretendía retrasar la obtención de armas nucleares por parte de la teocracia liderada por Alí Jamenei. Entre las medidas acordadas se incluyen la eliminación de casi la totalidad –un 98% – de sus reservas de uranio enriquecido en un período de 15 años, limitar al 3,67% su enriquecimiento de citado material y la reducción  de dicha actividad tan sólo a las instalaciones de Natanz. Doce fueron los años que duraron, las ahora ya sabidas, fallidas negociaciones (Dueñas, 2020). La preocupación mundial por la posibilidad de que Irán desarrolle su propio arsenal nuclear, en línea con el espíritu del Tratado de No Proliferación de 1968 adquiere una connotación existencial para el Estado de Israel y el status   quo  en Oriente Medio defendido por los Estados Unidos. A día de hoy, el ejército semita es el único de la región que posee armamento nuclear (BBC News Mundo, 2025) y la emergencia de otra potencia con capacidad semejante resultaría profundamente desestabilizante en favor de la antigua Persia y en detrimento de los estados árabes del Golfo, en especial Arabia Saudí. Según el Informe Anual sobre el poder militar de 2014 ofrecido por el Departamento de Defensa de los EE.UU., Jamenei estaba llevando a cabo una política militar defensiva que asegure el futuro del régimen que lideraba en un momento de desventaja nuclear, ya que si Teherán contase con este tipo de armamento podría hacer servir la doctrina de la “Destrucción Mutua Asegurada”. Citando textualmente dicho informe, se busca “disuadir un ataque, sobrevivir a un ataque inicial, tomar represalias contra un agresor, y forzar una solución diplomática a las hostilidades y evitar cualquier concesión que desafíe sus intereses fundamentales”. Contexto y ataque israelí-estadounidense del 28 de febrero de 2026 Los ataques conjuntos de Tel Aviv y la Casa Blanca sobre el régimen teocrático en el durante los últimos días están desencadenando una escalada sin precedentes en décadas. Durante las semanas anteriores se había procedido a un despliegue militar no visto desde la Guerra de Irak de 2003, acompañado de amenazas constantes de instigar un cambio de régimen. Ya en junio del año pasado se produjeron ataques militares enfocados a impedir el desarrollo del programa nuclear iraní por medio del desmantelamiento de su infraestructura técnica y científica, conocidos en conjunto como la Operación León Ascendiente (Patelli, 2025). En aquel entonces la base norteamericana en Catar fue atacada sin mucho éxito y sin daños personales graves. El 2 de enero del presente año, en la primera semana de una gran oleada de protestas que sacudieron al país de Oriente Medio y dejaron entre 3.000 (según las cifras oficiales) y 30.000 muertos (según medios europeos), el presidente Trump aseguró que se lanzaría una operación militar en Irán si el gobierno mataba manifestantes (BBC News Mundi, 2026). Casi dos meses han transcurrido para que esa posibilidad se haya convertido en realidad. La anterior intervención, junto con la que hoy sacude el sistema internacional, son ejemplos de guerras preventivas que tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu han evidenciado a través de comunicados en sus redes sociales. El primer ministro israelí acusa al gobierno de los ayatolás de ser “un régimen terrorista asesino” y que “no debe armarse con armas nucleares que le permitan amenazar a la humanidad”, y añade que “juntos nos mantendremos firmes, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel”. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos anunció públicamente minutos antes de las nueve de la mañana, en hora de Europa Central, los movimientos realizados por sus tropas en las horas previas:  “Nuestro objetivo es proteger al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní”; “Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos”. La operación ha sido bautizada como “Furia Épica” y según la U.S. Central Command –uno de los nueve comandos unificados del Departamento de Guerra encargado de velar por la seguridad y los intereses estadounidenses en Oriente Próximo–, a la una y cuarto de la mañana de Florida, desde donde se monitorizó el transcurso de la actuación, se alcanzaron los objetivos prioritarios con propósito de desarticular el aparato de seguridad de la República Islámica: aeródromos militares, capacidades de defensa aérea, instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria y de lanzamiento de drones y misiles. Asimismo, la Media Luna Roja iraní reportó la muerte de un total de 201 personas a las 17:48h del día 28 de febrero de 2026, a consecuencia de los ataques perpetrados sobre el país y además de que veinte de sus treinta y dos provincias habían sido atacadas. A las 22:47, hora española, la Casa Blanca anunció, republicando un tuit del presidente Trump, la muerte del Líder Supremo iraní: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia ha muerto”. Si bien el régimen había estado negando tal información ofrecida desde la tarde por el gobierno israelí, ha sido finalmente confirmada esta madrugada por la televisión pública nacional. Las repercusiones de la guerra preventiva declarada por Tel Aviv y Washington se sienten en el corazón económico del Golfo. La mayoría de los países árabes con bases militares americanas han sido atacados, y si bien se podía esperar una ofensiva focalizada en infraestructuras militares, los aeropuertos de Dubái, Abu Dabi o Kuwait han sido objeto de ataques que han dejado heridos y daños materiales limitados. La República Islámica parece estar decidida a vengar por todos los medios la muerte de su líder durante más de treinta y cinco años, paralizando uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo (Aeropuerto Internacional de Dubái) o atacando edificios emblemáticos como el Burj Al Arab o la zona turística de Palm Jumeirah. Emiratos Árabes Unidos parece estar llevándose la peor parte, quizás por la cercanía geográfica, los intereses financieros ligados, la percepción de Dubái y Abu Dhabi como icónos capitalistas –contrarios al ideario chiíta iraní– o el apoyo en inteligencia a servicios occidentales. En lo que concierne al Reino de Arabia Saudí, este parece enfrentar relativa calma tras el ataque frustrado en Riad y la Provincia Oriental. Cualquier esfuerzo previo por llegar a una solución pacífica ha quedado en vano. El ministro de Asuntos Exteriores del Sultanato de Omán, Badr Albusaidi, destacado por su papel en las negociaciones entre EE.UU. e Irán, se mostraba consternado en redes sociales, afirmando que “esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial”. Posteriormente, el puerto de Duqm, ha sido atacado por Irán, siendo el sultanato el último país bombardeado por Teherán por el frustrado intento de golpear las bases británicas en la isla de Chipre. Ataques sobre el Reino de Baréin El Reino de Baréin, pequeño Estado insular situado en las costas del Golfo Árabe, constituye desde hace décadas el principal centro neurálgico de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio. En su territorio se encuentra la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, desde donde se supervisan las operaciones del US Central Command en el Golfo Pérsica, el Golfo de Omán, el Mar Rojo y el Mar Arábigo, así como en enclaves estratégicos del comercio mundial como los estrecha de Ormuz, Bab al-Mandeb y el canal de Suez. La relevancia de esta infraestructura militar queda reflejada en la inversión estadounidense, que hasta 2017 ascendía a unos 2,000 millones de dólares destinados a la Naval Support Activity (NSA). La presencia naval estadounidense en el archipiélago se remonta a 1948 y quedó formalizada tras la independenci bareiní en 1971 mediante un Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA). Posteriormente, la cooperación se profundizó tras la operación “Tormenta del Desierto” en 1991 con la firma del Acuerdo de Cooperación de Defensa (DCA), conflicto durante el cual Baréin acogió tropas y aeronaves norteamericanas. La importancia estratégica del país quedó consolidada en 2002, cuando el presidente George W. Bush lo designó oficialmente como aliado principal no perteneciente a la OTAN. Como otras monarquías del Golfo, Baréin ha buscado beneficiarse del paraguas de seguridad de Washington, especialmente ante la percepción histórica de amenaza procedente de Irán, que llegó a reivindicar la isla como su decimocuarta provincia en 1950. En este contexto geopolítico se produjo la jornada de ataques atribuida a Irán contra el territorio bareiní. A las 11:51 horas locales, el Ministerio del Interior activó las sirenas de emergencia e instó a la ciudadanía a refugiarse y mantener la calma. Veinte minutos más tarde, el Centro Nacional de Comunicaciones confirmó que el centro de servicio de la Quinta Flota estadounidense había sido objeto de un ataque con misiles. A las 12:26 horas, el Gobierno bareiní condenó los hechos calificándolos como una flagrante violación a su soberanía y seguridad nacional, reservándose el derecho a responder. Posteriormente, a las 13:07 horas, las autoridades solicitaron a la población limitar el uso de las carreteras a casos estrictamente necesarios para facilitar las labores de los servicios de emergencia y recomendaron seguir exclusivamente fuentes oficiales. Aunque a las 13:19 horas la situación fue descrita como controlada, se adoptaron medidas adicionales de seguridad, entre ellas la clausura del puente Sheikh Khalifa y el cierre del acceso a Juffair por la autopista Al Fateh, zona próxima a instalaciones militares estadounidenses. A las 13:42 horas se cerró también el Salman Port, con presencia de buques norteamericanos, reabriéndose una hora después. A las 14:13 horas el Ministerio del Interior confirmó la evacuación del área de Juffair, mientras que a las 14:31 horas el Comando General de la Fuerza de Defensa anunció la intercepción de un nuevo ataque con misiles, reiterando el llamamiento a la cautela ciudadana. La crisis continuó escalando durante la tarde. A las 15:12 horas, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó a los ciudadanos bareiníes presentes en Irán a abandonar inmediatamente el país y registrar sus datos para facilitar su evacuación. Dieciséis minutos después volvieron a activarse las sirenas de emergencia en la isla. A las 16:19 horas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones anunció el cierre del espacio aéreo y la paralización de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Baréin. Poco después se suspendieron las clases presenciales hasta nuevo aviso y se implantó el teletrabajo para aproximadamente el setenta por ciento de los funcionarios públicos. A las 17:08 horas, el Ministerio de Industria y Comercio trató de contener la inquietud social asegurando que el Reino disponía de reservas suficientes para cubrir las necesidades de la población a precios estables. Sin embargo, las sirenas volvieron a sonar a las 18:50 horas y, más tarde, el Ministerio del Interior informó de daños en tres edificios de Manama y Muharraq causados por ataques con drones y la caída de restos de un misil interceptado. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó enérgicamente los ataques iraníes contra varios países aliados del Consejo de Cooperación del Golfo –Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait–,a los que se sumarían posteriores ataques en Jordania y Omán –también miembro del Consejo–, evidenciando la dimensión regional de la ofensiva. Por su parte, la noche estuvo marcada por una sucesión de nuevas alertas aéreas a las 22:22, 23:35 y 02:39 horas. Apenas un minuto después de la última, el Comando General de la Fuerza de Defensa informó la intercepción de 45 misiles y nueve drones iraníes, entre ellos modelos Shahid-136. Cinco minutos más tarde se confirmó la existencia de cuatro heridos atendidos en el Complejo Médico Salmaniya y un aumento de los daños materiales. Finalmente, a las 04:21 horas, la Bahrain News Agency informó de un ataque con dron contra el Aeropuerto Internacional de Baréin que provocó daños menores, cerrando una jornada que evidenció la vulnerabilidad estratégica del país y su papel central en la rivalidad militar entre Washington y Teherán. El ataque a los Emiratos Árabes Unidos: infraestructuras bajo fuego en la escalada regional La federación de los Emiratos Árabes Unidos, que alberga algunas de las infraestructuras militares y logísticas más relevantes para la proyección estratégica estadounidense en el Golfo, también se convirtió en objeto de la respuesta iraní contra intereses vinculados a Washington durante la jornada del 28 de febrero. Entre estos enclaves destaca la Base Aérea de Al Dhafra, donde desde 2016 permanece desplegado un contingente estadounidense de aproximadamente 3,800 efectivos; el Puerto de Jebel Ali en Dubái, que pese a no ser formalmente una instalación militar recibe de forma habitual portaaviones y buques de guerra norteamericanos; y la base naval de Fujairah, situada cerca del Estrecho de Ormuz y concebida como alternativa operativa terrestre ante un eventual cierre de esa vía marítima estratégica. Estas instalaciones, clave para la logística y la movilidad naval en la región, situaron al país en el centro de la escalada militar. La tensión comenzó a hacerse visible a primera hora de la tarde, cuando el diario local Gulf News informó a las 13:10 horas de la clausura parcial del espacio aéreo emiratí como medida preventiva tras la evaluación de los riesgos derivados del deterioro de la seguridad regional. Aproximadamente una hora después, el Ministerio de Defensa anunciaba públicamente la intercepción exitosa de varios misiles iraníes dirigidos contra el país, confirmando al mismo tiempo daños materiales en una zona residencial de la capital, Abu Dabi, así como la muerte de una persona de nacionalidad asiática. Las autoridades calificaron la acción como un ataque “cobarde” por poner en peligro instalaciones civiles y reiteraron su rechazo absoluto, reservándose el derecho a responder, en línea con el resto de Estados afectados por los ataques. La situación se agravó durante la tarde. A las 16:14 horas, la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái confirmó la suspensión completa de los aeropuertos de la ciudad, incluido el Aeropuerto Internacional de Dubái, coincidiendo con una segunda oleada de misiles iraníes que fue nuevamente interceptada por las defensas aéreas. Sin embargo, los restos de los proyectiles impactaron en diversas zonas del emirato de Abu Dabi, entre ellas Al Falah, Bani Yas, Khalifa, Saadiyat y la ciudad Mohamed Bin Zayed. Posteriormente, a las 19:44 horas, se confirmó que cuatro personas resultaron heridas tras el incendio de un edificio en Palm Jumeirah provocado por otro impacto. A las 21:30 horas, las autoridades difundieron un mensaje simbólico acompañado por la bandera nacional con la frase: “Señor mío, haz que esta ciudad sea tranquila y segura”, reflejando el clima de tensión que atravesaba el país y, especialmente, la ciudad de Dubái. En paralelo, un comunicado del Ministerio de Defensa emitido a las 19:37 horas reconocía que las fuerzas armadas continuaban interceptando con éxito nuevos misiles y drones iraníes en sucesivas oleadas sin registrar víctimas adicionales. Durante la madrugada, a las 01:51 horas, las defensas aéreas emiratíes afirmaron haber derribado un total de 137 misiles y 209 drones desde el inicio de la ofensiva iraní. Apenas minutos después, se informó de daños menores en una de las terminales del aeropuerto internacional de Dubái y de cuatro miembros del personal heridos, aunque la evacuación preventiva de pasajeros había sido completada previamente en la mayoría de las instalaciones. La tensión persistió durante la noche. Hacia las 03:00 horas, el Gobierno de Dubái comunicó que nuevos impactos relacionados con restos de misiles interceptados habían afectado al puerto de Jebel Ali, al tiempo que las autoridades pidieron a la población no difundir vídeos antiguos –especialmente vinculados a incendios ocurridos en 2021 en torres como el Burj Khalifa– para evitar la propagación de desinformación. Poco después, a las 03:36 horas, la Defensa Civil logró controlar un incendio menor en la fachada del emblemático Burj Al Arab tras un nuevo impacto. La jornada evidenció una fecha traumática para los principales nodos logísticos y militares del Golfo ante ataques de saturación con misiles y drones, así como el papel central que desempeñan los Emiratos Árabes Unidos en el entramado regional, convirtiendo al país en uno de los escenarios de mayor ataque de Irán y en un socio fundamental para Occidente. Posteriormente, se han documentado nuevos ataques e incidentes con restos de drones derribados en la zona del Puerto de Dubái, el Aeropuerto Internacional y zonas residenciales dubaitíes y de Abu Dabi. Asimismo, el gobierno emiratí ha confirmado la retirada del personal diplomático y el cierre de su embajada en Irán. Ataques sobre el Estado de Catar El Estado de Catar se convirtió igualmente en objetivo de la ofensiva iraní debido a su papel central dentro del dispositivo militar estadounidense en Oriente Medio. En su territorio se encuentra la Base Aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar de Estados Unidos en la región, inaugurada en 1996 y capaz de albergar a unos diez mil efectivos. Esta infraestructura permitió en su momento la reubicación de tropas estadounidenses desplegadas en Arabia Saudí tras la liberación de Kuwait y constituye uno de los principales centros de operaciones aéreas del US Central Command. A ello se suma la relevancia logística de Camp As Sayliyah, consolidando al país como un nodo estratégico prioritario y, por tanto, como objetivo directo dentro de la escalada regional. La jornada de ataques comenzó a las 12:57 horas locales, cuando el Ministerio de Defensa catarí anunció la intercepción de varios misiles antes de que alcanzaran territorio nacional, mientras fuertes detonaciones podían escucharse desde la capital, Doha. Minutos antes, la aerolínea Qatar Airways había suspendido todos sus vuelos tras el cierre preventivo del espacio aéreo. Pasadas las tres de la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó formalmente las acciones iraníes por considerarlas una violación de la soberanía nacional, expresó su solidaridad con otros países afectados y reiteró su derecho a responder. Las autoridades cataríes informaron posteriormente de la neutralización de una segunda oleada de ataques a las 13:13 horas, seguida de una tercera a las 14:30 y una cuarta durante la madrugada, en torno a las 03:00 horas, en la que fueron interceptados dieciocho misiles balísticos. Durante la segunda oleada, uno de los proyectiles cayó en una zona residencial del distrito de Barwa, en Doha, provocando daños materiales pero sin víctimas mortales. Ante la evolución de los acontecimientos, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión inmediata de las clases presenciales hasta nuevo aviso. A medida que avanzaba la tarde, el Ministerio del Interior instó a las 18:43 horas a la población a permanecer en sus hogares, alejados de ventanas y evitando desplazamientos innecesarios, en línea con las medidas adoptadas por otros Estados de la zona. Finalmente, a las 04:20 horas, un nuevo comunicado oficial actualizó el balance provisional elevando a dieciséis el número de heridos y confirmando que los daños materiales habían sido limitados, reflejando la eficiencia de los sistemas de defensa aérea. Ataques sobre el Estado de Kuwait El Estado de Kuwait también se vio afectado por la represalia iraní contra países aliados de Washington. Desde el final de la Guerra del Golfo de 1991, el país mantiene un estrecho acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, que se traduce en la presencia de instalaciones estratégicas como la Base Aérea Ali Al Salem, Camp Arifjan, Camp Buehring y Camp Patriot. Esta relación ha llevado a que Kuwait sea considerado un aliado principal no perteneciente a la OTAN, reforzando su papel dentro del sistema de seguridad de las administraciones norteamericanas. Las primeras señales de los ataques se produjeron tras el cierre preventivo de su espacio aéreo a las 12:43 horas. Poco después, el periódico Kuwait Times informó a las 13:23 horas de la activación de las sirenas de emergencia en distintas zonas del país. A las 13:36 horas, la Universidad de Kuwait anunció la suspensión de exámenes y actividades académicas con el fin de proteger a estudiantes y personal docente. El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó oficialmente los ataques a las 14:00 horas, advirtiendo del riesgo de desestabilización regional y reservándose el derecho a responder. Cuarenta y tres minutos más tarde, la Guardia Nacional confirmó su coordinación con el ejército, la policía y los servicios de emergencia para garantizar la seguridad interna. Paralelamente, el Ministerio de Salud activó reuniones de emergencia destinadas a reforzar la preparación hospitalaria, señalando que hasta ese momento no se habían registrado víctimas atendidas en centros médicos. A las 15:11 horas, el Ministerio del Interior describió la situación como “segura y estable”, aunque bajo vigilancia permanente, advirtiendo además sobre la ilegalidad de difundir información falsa. Ese mismo momento, el portavoz de la Compañía Nacional de Petróleo llamó a la calma asegurando la continuidad del suministro energético. Posteriormente, a las 16:05 horas, la defensa aérea confirmó la neutralización de varios objetos hostiles. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Kuwait también resultó afectado por ataques con drones, registrándose varios heridos leves y daños materiales según informaciones publicadas a las 18:11 horas. Horas después, Kuwait convocó al embajador iraní al considerar los hechos una violación del derecho internacional humanitario. El balance sanitario ascendía a doce heridos a las 20:00 horas, incluidos tres militares en la base de Ali Al Salem. Entre las medidas adoptadas por las autoridades destacaron la paralización de las operaciones en el Puerto de Shuaiba y la cancelación de las oraciones de Taraweeh, decisiones que reflejaron el impacto social y operativo de una jornada marcada por la tensión y la ampliación del conflicto a prácticamente todo el arco de aliados estadounidenses en el Golfo. Ataques sobre otros Estados (Jordania, Arabia Saudí, Omán y Chipre-Reino Unido) La crisis militar abierta entre Irán, Israel y Estados Unidos ha evolucionado rápidamente hacia un escenario regional tras la respuesta armada iraní contra posiciones militares situadas en otros Estados de Oriente Medio y el Mediterráneo oriental. La operación iraní, presentada oficialmente por Teherán como una acción defensiva proporcional, constituye la primera campaña de represalia ejecutada simultáneamente contra múltiples países fuera del territorio israelí. En las horas  posteriores al ataque occidental sobre Irán, Teherán inició una operación coordinada basada en el lanzamiento masivo de misiles balísticos y drones de ataque dirigidos principalmente contra instalaciones asociadas a fuerzas estadounidenses y aliadas. Según evaluaciones militares occidentales, el volumen total de proyectiles empleados durante las primeras fases superó varios centenares, organizados en oleadas sucesivas destinadas a saturar los sistemas defensivos regionales. Jordania se convirtió en uno de los espacios aéreos más sensibles debido a su posición geográfica entre Israel, Irak y Siria. El gobierno jordano confirmó la activación completa de su defensa aérea tras detectar múltiples trayectorias de misiles y vehículos no tripulados atravesando su territorio. Las intercepciones evitaron daños significativos, pero el episodio evidenció la vulnerabilidad estratégica del reino hachemí, tradicionalmente considerado zona de amortiguación entre frentes militares activos. Ammán protestó diplomáticamente por la violación de su soberanía aérea mientras reforzaba la coordinación con socios occidentales. En Arabia Saudí, los ataques iraníes se interpretaron como un mensaje estratégico más que como un intento de destrucción directa. Riad informó de la interceptación de varios proyectiles dirigidos hacia áreas donde operan infraestructuras militares vinculadas a la cooperación con EEUU. Aunque los daños fueron limitados, el incidente ha reactivado el temor a ataques contra instalaciones energéticas críticas, un factor que históricamente ha amplificado el impacto global de cualquier confrontación entre Teherán y las monarquías del Golfo. El caso de Omán ha presentado una dinámica distinta. No se han registrado las mismas estrategias militares; destacando la ausencia de impactos terrestres confirmados, pero la tensión se ha trasladado al dominio marítimo, especialmente en el entorno del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte sustancial del comercio mundial del petróleo. Incidentes con drones y amenazas contra buques mercantes han elevado el nivel de riesgo para la navegación internacional y provocaron alertas navales coordinadas por potencias occidentales y países del Golfo, evidenciando el uso iraní de la presión económica indirecta como instrumento militar. El episodio más significativo desde el punto de vista europeo es el que ha afectado a la isla de Chipre, donde el Reino Unido mantiene las bases soberanas de Akrotiri y Dhekelia. El Ministerio de Defensa británico confirmó que misiles iraníes fueron destacados en dirección a la isla y neutralizados antes de alcanzar sus objetivos. El secretario de Defensa británica, John Haley, declaró que fuerzas británicas participaron también en la interceptación de drones que amenazaban instalaciones aliadas, subrayando que la situación representa una escalada grave y potencialmente desestabilizadora para la seguridad regional. Desde una perspectiva estratégica, la operación iraní revela un cambio doctrinal relevante. En lugar de actuar exclusivamente mediante milicias aliadas o actores proxy, Teherán ha demostrado capacidad para proyectar fuerza de manera directa y simultánea sobre múltiples escenarios. El objetivo aparente no ha sido provocar una guerra inmediata, sino ampliar el coste político y militar para EEUU y sus aliados, mostrando que cualquier ataque contra Irán puede desencadenar efectos regionales inmediatos. Las consecuencias inmediatas incluyen el aumento del nivel de alerta militar en Oriente Medio, restricciones del tráfico aéreo, volatilidad en los mercados energéticos y una intensa actividad diplomática internacional orientada a contener una escalada mayor. Analistas coinciden en que, aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, el impacto estratégico ya se ha producido: el conflicto ha dejado de ser bilateral para convertirse en una crisis regional con implicaciones directas para Europa y las rutas energéticas globales. ¿Dónde están los actores proxy? Uno de los aspectos más significativos de la actual escalada militar en Oriente Medio no ha sido únicamente la amplitud de los ataques iraníes, sino la relativa discreción operativa de las organizaciones armadas que tradicionalmente han actuado como extensiones regionales de Teherán. Durante décadas, la estrategia iraní se ha apoyado en una red de actores no estatales –conocidos como proxies– para proyectar poder sin implicarse directamente. Sin embargo, en la crisis actual, su papel ha sido notablemente más limitado de lo esperado. El caso más relevante es el de Hezbolá, considerado el principal instrumento militar iraní fuera del territorio nacional. A pesar del aumento de la tensión regional, la milicia libanesa no ha abierto un frente de gran escala contra Israel, al menos de momento. Las acciones registradas hasta ahora se han limitado a intercambios de fuego de baja intensidad en la frontera y movimientos defensivos, lejos de la ofensiva masiva que muchos anticipaban. Esta contención parece poder responder a un cálculo estratégico: una guerra total en Líbano podría destruir la estructura militar acumulada por Hezbolá durante años, reduciendo el activo disuasorio más importante de Irán frente a Israel. La situación es distinta en Gaza, donde Hamás atraviesa una fase de debilidad estructural tras las operaciones militares israelíes de los últimos años. Su capacidad organizativa y logística se encuentra severamente deteriorada, lo que limita su papel en una escalada regional coordinada. Aunque mantiene presencia armada y capacidad para acciones puntuales, ya no constituye el vector estratégico principal que Irán podía utilizar para abrir un segundo frente inmediato contra Israel. Por su parte, el movimiento hutí de Yemen, ha mantenido una actividad más visible, aunque indirecta. Sus acciones se han concentrado principalmente en el ámbito marítimo, mediante amenazas y ataques selectivos contra rutas comerciales en el mar Rojo y áreas próximas a las corredores energéticos internacionales. Esta presión no busca tanto la conquista territorial como el incremento del coste económico global del conflicto, afectando al comercio y a la seguridad del transporte marítimo. En conjunto, la limitada activación de estos grupos sugiere un cambio táctico temporal en la doctrina iraní. En lugar de delegar la respuesta en milicias aliadas, Teherán ha optado por demostrar capacidad militar directa, reservando a sus proxies como instrumentos de escalada futura. Mantenerlos en segundo plano permite conservar opciones estratégicas si el conflicto se intensifica, evitando al mismo tiempo una guerra regional inmediata y difícilmente controlable. Así, más que una ausencia real, lo que se ve es una contención deliberada, los aliados armados de Irán permanecen activos pero retenidos, funcionando como una reserva estratégica cuya plena movilización marcaría probablemente el paso definitivo hacia un conflicto regional abierto. El nuevo ayatolá y la sucesión del poder en Irán: cómo se elige al líder El asesinato del líder supremo Alí Jameneí, producida en medio de la actual escalada militar regional, abrió uno de los momentos más delicados para la República Islámica desde la revolución de 1979. La reacción del régimen ha sido inmediata y cuidadosamente coreografiada: proclamación de luto nacional, ceremonias masivas por el luto y una simbología pública destinada a transmitir continuidad del poder en un contexto de guerra y alta tensión interna. Durante las primeras horas tras confirmar el fallecimiento, las autoridades ordenaron que numerosas mezquitas y santuarios religiosos fueran iluminados con luces rojas, un gesto cargado de significado dentro del chiismo iraní. El color rojo, asociado tradicionalmente al martirio, fue utilizado para presentar la muerte del líder como un sacrificio en defensa de la nación y del islam revolucionario. En ciudades como Teherán, Qom o Mashhad, miles de fieles han participado en vigilias nocturnas mientras banderas negras de duelo cubrían edificios oficiales. El asesino no se ha producido en un vacío político. Según fuentes iraníes y evaluaciones occidentales, los ataques previos contra instalaciones estratégicas del país causaron también la muerte de varios altos mandos militares y asesores vinculados al aparato de seguridad estatal, incluidos miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Estas pérdidas reforzaron la narrativa oficial de “agresión externa”, utilizada por el régimen para movilizar el apoyo interno y justificar la posterior ofensiva militar regional. A diferencia de otros sistemas políticos, Irán no elige a su máxima autoridad mediante elecciones populares.Tras la muerte del líder supremo entró automáticamente en vigor el artículo 111 de la Constitución, que establece un liderazgo provisional mientras se designa al sucesor definitivo. El poder quedó temporalmente en manos de un consejo interino formado por el presidente Masoud Pezeskhian, el jefe del poder judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y el clérigo Alianza Arafi, figura destacada del establishment religioso. Este órgano asumió las competencias esenciales del líder supremo: supervisión del Estado, mando nominal de las fuerzas armadas y continuidad institucional. La decisión final corresponde a la Asamblea de Expertos, un consejo de 88 clérigos encargados constitucionalmente de elegir –y teóricamente supervisar– al líder supremo. Sus deliberaciones se realizan a puerta cerrada y sin transparencia pública, en un proceso comparable más aún al cónclave religioso que a una transición política convencional.  Aunque el cargo exige autoridad religiosa, el criterio decisivo es político. El líder supremo controla el ejército, valida elecciones, nombra jueces clave y mantiene autoridad directa sobre los Guardianes de la Revolución. Por ello, la elección depende del equilibrio entre tres centros de poder: el clero de Qom, el aparato de seguridad y las élites conservadoras. El nombre de Alireza Arafi comenzó a ganar peso precisamente por representar una figura de continuidad. Cercano a los círculos doctrinales y aceptable para los sectores militares, su perfil encaja con el patrón histórico iraní: en momentos de crisis, el sistema prioriza estabilidad antes que liderazgo carismático. Conclusiones El escenario abierto tras la escalada permanece marcado por una profunda incertidumbre estratégica. La decisión de Irán de cruzar el umbral cualitativo que supone atacar directamente infraestructuras críticas y zonas civiles en varios Estados introduce un precedente peligroso que altera las reglas tácticas de contención que habían regido, hasta ahora, la confrontación indirecta regional. La crisis deja abiertas incógnitas fundamentales: la capacidad real de disuasión de las alianzas regionales, el margen de respuesta de EEUU y, especialmente, la resiliencia interna del propio sistema político iraní en un contexto de presión militar extrema, pérdidas en su cadena de mando y crecientes tensiones domésticas. Al mismo tiempo, los países afectados se enfrentan probablemente al desafío de seguridad más serio desde su consolidación como Estados modernos. Se trata, en su mayoría, de naciones jóvenes cuya estabilidad ha descansando sobre la combinación de prosperidad económica, proyección internacional y garantías de protección tercera. La actual ofensiva pone a prueba no solo sus sistemas de defensa aérea, sino también sus modelos políticos y sociales, diseñados para la estabilidad y no para un escenario prolongado de conflicto abierto. Dentro de este marco, los EAU parecen haberse convertido en un objetivo especialmente simbólico. Golpear espacios como Dubái–asociado a la globalización, la modernidad económica y la imagen de un islam pragmmático y aperturista– trasciende el daño material inmediato y apunta a un efecto psicológico más amplio. La perturbación de un enclave percibido como seguro y ajeno a la confrontación directa busca proyectar vulnerabilidad, generar incertidumbre en los mercados y trasladar el conflicto al terreno del impacto mediático y emocional. En un entorno geopolítico donde la percepción condiciona tanto como la fuerza militar, el miedo se convierte así en un instrumento de presión estratégica orientado a modificar cálculos políticos y abrir nuevas posiciones.

Artículo escrito por: Paula Pellico De La Mata y Nicolás Morago Palazón. El ataque de Pakistán a Kabul el pasado viernes abrió una gran cantidad de interrogantes. Aún en un contexto regional delicado y habiéndose desarrollado ya importantes escaladas de tensión en los últimos meses, el choque entre Islamabad y el régimen talibán no deja de ser sorprendente, a la par que ciertamente inevitable. Hoy, investigamos las ruinas de dos naciones que, a pesar de su cercanía religiosa, siempre han tenido una relación marcada por la tensión. Disputas territoriales arrastradas desde el siglo XIX, importantes conflictos bélicos que han moldeado ambos países de manera paralela y regímenes complicados, así como un orden internacional cada vez más revuelto, han presentado el caldo de cultivo perfecto para la explosión de un conflicto que llevaba mucho tiempo haciendo tic-tac. La Línea Durand y el periodo colonialista inglés Las relaciones entre Afganistán y su vecino musulmán no han sido nunca especialmente tranquilas. Los afganos nunca reconocieron del todo la independencia de Islamabad en 1947, además de ser actualmente el territorio predilecto para refugiarse de los grupos secesionistas del país, los talibanes pakistaníes o TTP. Sin embargo, para entender realmente el origen de las tensiones debemos remontarnos al siglo XIX. El periodo decimonónico estuvo marcado por una fuerte presencia colonial de potencias como Francia y Gran Bretaña en las zonas de Oriente Próximo y Asia Central. El reino británico, que contaba con el Indostán como la joya geográfica de su corona, comenzó a preocuparse por la expansión rusa en la región. Sin querer perder sus posibilidades de comercio en Asia Central, y con el miedo a la llegada soviética, encontraron en Afganistán un territorio intermedio con el que dialogar para garantizar determinada seguridad geopolítica. De esta forma, y aún con las guerras anglo-afganas de 1839 y 1878, los años 80 del siglo XIX quedaron marcados por varios tratados entre Kabul y Londres. Si bien se puede analizar una inferencia británica cada vez mayor en el territorio afgano, no buscarían nunca un control colonial directo. Así, el cúlmen de estos acuerdos llegó el 12 de noviembre de 1893, con la firma entre el emir Abdur Rahman Khan y el secretario de exteriores británico Mortimer Durand del acuerdo que definió formalmente las delimitaciones entre ambos territorios, la Línea Durand. Mapa político de la Línea Durand (1893), frontera histórica entre Afganistán y Pakistán. La Línea Durand derivó en la separación de importantes tribus étnicas de la zona, entre las que destacaron los pastunes. Los pastunes, situados al sudeste del país, eran uno de los grupos étnicos más importantes del momento; basados en un fuerte islamismo, así como en un código social propio, se extendían por zonas fronterizas entre Afganistán y la colonia británica. La contención rusa se vio acompañada de una necesidad de frenar estos movimientos islamistas para evitar insurgencias contra el poder inglés por parte de las poblaciones de dicha religión en el Indostán. Por otro lado, Raham Khan tenía la necesidad de delimitar unas fronteras que permitieran el desarrollo de Afganistán como un estado moderno, basándose asimismo en el desarrollo de un sentimiento nacional con el sunismo como pilar principal. A pesar de todos los acontecimientos mencionados, el comienzo del siglo XX estuvo caracterizado mayoritariamente por un rechazo por parte de los gobiernos afganos a la división territorial establecida, influido por la poca presencia de los gobiernos británicos en zonas montañosas de mayoría pastún. Posteriormente, la tercera guerra anglo-afgana trajo consigo la firma del Tratado de Rawalpindi (1919), con el cual Afganistán consiguió finalmente el reconocimiento internacional que llevaba años reclamando. Mohammed Zahir Shah, Sadar Daoud Khan y la Guerra Fría La llegada del Rey Mohammed Zahir Shah en 1933 pareció disminuir las tensiones sobre reclamos territoriales en un inicio. No obstante, con la retirada británica de la zona tras la Segunda Guerra Mundial y la declaración de independencia de Pakistán en 1947, los enfrentamientos se reanudaron. Aunque la Línea Durand contaba con el reconocimiento de la comunidad internacional al amparo de la Convención de Viena, Afganistán reclamaba la creación de un “Pastunkistán” que abarcaría los territorios pakistaníes de la Provincia de la Frontera del Noroeste (actual Khyber Pakhtunkhwa) y Baluchistán, así como otras áreas tribales del anterior Punjab conformadas por asentamientos pastunes. El rechazo a la Línea llegó a su máximo esplendor el 26 de julio de 1949, cuando fue declarada imaginaria por parte del gobierno afgano. En 1953 el Rey Mohammed Zahir Shah nombró a Sardar Daoud Khan como Primer Ministro. Bajo el contexto de la Guerra Fría, Daoud buscaría la modernización del país mediante acuerdos con ambas potencias; el cuerpo militar afgano quedó influenciado por los soviéticos y su ideología socialista, mientras que, paralelamente, los planes de educación contaron con importantes ayudas americanas. Sin embargo, y aunque la transformación del país parecía funcionar, Daoud fue depuesto en 1963 tras una nueva escalada de las tensiones en relación a Pakistán y los límites fronterizos. Con una nueva constitución, el Rey intentó taladrar el foco de la cuestión fronteriza, de manera que la siguiente década estuvo marcada por una desaceleración las tensiones entre Islamabad y Kabul, así como por la intervención iraní en las relaciones diplomáticas entre ambos países. De otra parte, la construcción social afgana estaba altamente dividida entre unos militares proto-soviéticos, una clase media educada bajo el prisma occidental y un importante cuerpo estudiantil de sentimiento islamista influido por Egipto. Estas diferencias sociales trajeron consigo una nueva inestabilidad política que en 1973 se hizo insostenible. El que hubiera sido primer ministro en los años 50 y 60, Sadar Daoud Kahn, derrocó entonces al Rey, estableciendo un gobierno por su parte. Este mandato duró hasta 1978, cuando se produjo un nuevo levantamiento hacia el poder mediante la Revolución de Saur. Así, se consolidó un golpe de Estado a manos del partido comunista del país, el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) puso fin a la presidencia de Daoud. La guerra Afgano-soviética y Pakistán como el sponsor principal del nacimiento talibán Tras la Revolución de Saur en 1978, Afganistán quedó bajo el mando de un gobierno socialista, que se encontraba dividido entre dos corrientes principales. La corriente Khalq, gobernante del país, estaba conformada principalmente por pastunes; de corte más radical y revolucionario, tendrían la intención de desarrollar una rápida reforma agraria. Por otro lado, la corriente Parcham estaba compuesta mayoritariamente de intelectuales, más moderada y cercana a los intereses de la URSS. La división interna dio lugar a un conflicto que desembocaría en una intervención soviética en 1979. Al amparo de la Doctrina Brézhnev, la presencia rusa se legitimaría bajo la premisa de defender el socialismo en un país extranjero. Así, el 24 de diciembre de 1979, la URSS inició una invasión relámpago, buscando modificar el régimen interno. Esa misma noche, en el marco de la Operación Tormenta-333, comandos del KGB asaltaron el Palacio de Tajbeg, ejecutando a Hafizullah Amin, líder del país y miembro de la fracción Khalq, y transfiriendo el poder a Barbak Karmal, miembro de Parcham que se encontraba en el exilio. La invasión soviética se encontró asimismo confrontada por una importante resistencia de base social, guerrillera e islámica, los muyahidines. Inicialmente, contaron con el apoyo de Arabia Saudí, EE.UU y Pakistán. De un lado, EE.UU aportó apoyo logístico y económico con el fin de desgastar a los soviéticos. Este sustento destacó principalmente con los Misiles Stinger, entregados en 1986, que permitieron vencer la supremacía aérea soviética y forzar su retirada. A su vez, Arabia Saudí, con el fin de profundizar su liderazgo en el mundo islámico y combatir el comunismo ateo, favoreció la llegada de islamistas voluntarios a Afganistán, apareciendo aquí ya figuras de calibre internacional como Osama Bin Laden. Por último, para Pakistán el apoyo no se trataba simplemente de contrarrestar la influencia soviética en la región, sino que era una cuestión existencial basada en la doctrina de profundidad estratégica. Islamabad entendía que un gobierno aliado en Kabul le permitiría el repliegue en un país aliado ante un eventual ataque de la India, con mayor facilidad para organizar una contraofensiva. Así, el respaldo hacia los grupos islamistas insurrectos se realizó mediante el servicio de inteligencia pakistaní, el ISI, con el que se mantuvo un contacto altamente estrecho. Tras una décadas de combates, y ante su inminente colapso, la URSS se retiró de Afganistán en 1989 mediante los Acuerdos de Ginebra, negociados entre EE.UU, Afganistán, Pakistán y la URSS. Además del repliegue ruso, dicho acuerdo integró entre sus puntos principales la no injerencia entre Pakistán y Afganistán en los asuntos internos del otro, el retorno de los refugiados afganos en Pakistán y el cese de la ayuda externa. A pesar de la retirada soviética, el nuevo gobierno afgano debió enfrentarse a una resistencia creciente de los muyahidines en solitario, quienes tomaron el poder del país tres años después, en 1992. Los muyahidines eran por su parte un grupo altamente dividido, por lo que las disputas de poder no cesaron tras el fin del conflicto bélico. Pakistán, observador principal de dicho caos, decidió apoyar una fracción de los mismos surgida en 1994, los talibanes. De corte fundamentalista, la base demográica de este grupo provenía de aquellos niños criados en campos de refugiados de la guerra afgano-soviética y educados en el islam radical. Serían ellos quienes tomasen el poder en 1996, gobernando hasta el 2001 y enfrentando constantemente la resistencia de la Alianza del Norte, conformada por antiguos muyahidines derrotados, Rusia, India e Irán. Con los atentados del 11 de Septiembre y tras la negativa de los talibanes a entregar a Osama Bin Laden, EE.UU lanzó junto a sus aliados Australia y Canadá la Operación Libertad Duradera. Tras dos meses de asedio, un repliegue hacia las zonas montañosas y aún contando con el apoyo de la inteligencia pakistaní, los talibanes abandonaron el país, manteniéndose la presencia estadounidense durante 20 años. En 2020 la potencia americana firmaría los Acuerdos de Doha, consolidando su retirada del país y tras sufrir un altísimo coste tanto económico como humano, así como importantes juicios desde la opinión pública desfavorable. La evolución de las relaciones entre Afganistán y Pakistán tras el ascenso de los talibanes: del romance a la tragedia A pesar de las perspectivas optimistas tras la retirada de tropas estadounidenses, los talibanes tomaron nuevamente Kabul en agosto de 2021. Desde entonces, el grupo anteriormente amigo se ha convertido en una amenaza cada vez mayor para Pakistán, pasando de ser una ventaja en profundidad estratégica a una fuente de problemas. Durante décadas, el servicio de inteligencia de Islamabad consideró que un gobierno talibán en Afganistán garantizaría sus intereses militares frente a la India. Sin embargo, estos han traicionado a sus padrinos, priorizando el nacionalismo pastún y la identidad religiosa frente a sus lealtades pasadas. Uno de los puntos de fricción más fuertes ha sido la deslegitimación de la Línea Durand, que los talibanes aspiran a sobrepasar en busca de un ampliación territorial que se corresponda con la composición étnica pastún. Ello se ha traducido en el desmantelamiento de las vallas en dicha línea, con el objetivo de reunificar todas las tribus pastunes. Tras la consolidación del nuevo régimen talibán, el ejército pakistaní sufrió choques con los afganos en las provincias de Nangarhar y Nimroz tras los intentos de completar el vallado de la Línea, con muertos en ambos bandos. A este incidente se agregan otros como la batalla en el puesto fronterizo de Chamán, de diciembre de 2022. Siendo uno de los pasos comerciales más importantes, el incidente se saldó con el bombardeo de zonas civiles pakistaníes en la ciudad de Chamán por parte de la artillería afgana, obligando a cerrar el comercio y demostrando que los talibanes estaban dispuestos a usar armamento pesado para responder a cualquier provocación. Destaca asimismo el paso del cierre de Torkham, entre 2023 y 2024, debido a los tiroteos entre los guardias fronterizos, así como los intentos de sabotaje de Pakistán sobre los proyectos hídricos del régimen talibán. Por otro lado, tras la toma del poder, los talibanes liberaron a numerosos miembros del TTP, su filial pakistaní, dándoles refugio y protección en su territorio en lugar de entregarlos al país vecino, lo que se ha traducido asimismo en atentados en suelo pakistaní perpetrados por el grupo y bombardeos de la aviación pakistaní dentro de Afganistán a modo de represalia. Con ejemplos como Khost y Kunar, en abril de 2022, estos enfrentamientos se cierran igualmente con unos 40 civiles muertos. Todo lo expuesto se entiende como el preludio de la situación actual, con Pakistán habiendo declarado la guerra abierta a Afganistán y considerando a éste como un vasallo de los intereses de la India. Tras un devastasdor atentado del TTP en Bajaur a principios de este mes de febrero, Pakistán ha lanzado una campaña de bombardeos sobre Kabul y Kandahar, a lo que los talibanes han respondido con misiles tierra-tierra y drones, atacando bases militares dentro de Pakistán. Más allá de la militarización: La cuestión hidráulica y el impacto humanitario Fuera de las cuestiones de identidad nacional y puramente militares, existen otros aspectos que modelan la abrupta relación entre ambas naciones. La cuestión del agua es esencial. Ante un contexto regional de escasez en la región, no existe aún ningún signo de acuerdo en relación a la gestión de los cursos hidráulicos compartidos. Históricamente, Afganistán ha permitido el flujo de sus ríos hacia países vecinos sin un aprovechamiento infraestructural de los mismos; sin embargo, con la entrada talibán se han producido importantes construcciones como el Canal de Qosh Tepa y otros proyectos en la cuenca del río Kabul, que han sido analizados como Pakistán como una potencial amenaza. El río Kabul, que representa el 26% de las reservas hidráulicas de los afganos, engloba una cuestión crítica en relación al suministro de agua, una perspectiva que también comparte Pakistán. Por otra parte, la guerra por el agua se entrelaza con la crisis de los refugiados afganos en suelo pakistaní. Desde la invasión soviética en 1979, millones de personas buscaron refugio en este territorio, creando una interdependencia social y económica en las zonas fronterizas. Sin embargo, en el último año todo esto ha pasado de ser una cuestión humanitaria a un arma de presión política, iniciándose deportaciones masivas. Los campos de refugiados han comenzado a analizarse desde las narrativas pakistaníes como santuarios para las milicias del TTP, así como las deportaciones han consolidado un importante resentimiento en Afganistán. El régimen talibán considera así que se están usando como arma de presión para desestabilizar su ya precaria estructura económica. El tablero internacional del conflicto: La India, Irán, y otros actores secundarios A pesar de las tensiones bilaterales entre Kabul y Islamabad, el conflicto entre ambas no se entiende sin el marco de las relaciones de ambos países con la India. Además, se ha de destacar la interacción de ésta con Israel, paralela a los acercamientos de Pakistán con Arabia Saudí e Irán. Como se ha expuesto ya, las relaciones entre India y Pakistán son convulsas desde la partición de la India por parte de Reino Unido en 1947. Provocando la muerte de entre 200.000 y 2.000.000 de civiles y una grandísima cantidad de desplazamientos forzosos, Pakistán quedó inicialmente dividida en dos partes, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, convertido a partir de 1971 en Bangladés. Las tensiones entre ambos países han servido como fundamento para el desarrollo de sus programas nucleares, así como ha legitimado la lucha por el territorio de Cachemira, disputado también con China y clave para el control del agua. Con el fin de dañar la Doctrina de Profundidad Estratégica de Pakistán, la India ha iniciado una estrecha colaboración con Afganistán, invirtiendo más de 3.000 millones de dólares en el país. Entre las apuestas más consolidadas destacan la construcción del Parlamento de Kabul, la Presa de la Amistad Afgano-India y una extensa de red de carreteras, a lo que se suma la financiación del puerto de Chabahar en Irán, y la carretera que lo une con Afganistán, en busca de fomentar rutas comerciales alternativas a Pakistán. A ello, se agrega la cooperación con Israel, con quien comparte un enemigo común, intereses varios en el debilitamiento de una potencia musulmana con capacidades nucleares. Ambos países han estado profundizando el intercambio tecnológico y militar durante los últimos tiempos, ejemplo de ello es la creación de la Asociación Estratégica para la Paz, la Innovación y la Prosperidad, creada tras la visita de Narendra Modi el día previo al inicio de las hostilidades entre Kabul e Islamabad. Por otro lado, Irán juega un papel clave para Pakistán. Ambos países, pese a su enfrentamiento en 2024 de bombardeos mutuos, comparten intereses en frenar tanto al ISIS-K, (fundamentalistas islámicos) como al Ejército de Liberación de Baluchistán, secesionista de la etnia baluchí. Esto ha dado a un compromiso de “Frontera de Paz y Amistad” tras los ataques. En la misma línea, Pakistán se ofreció a defender a Irán frente a Israel durante la Guerra de los Doce Días, al considerar al Estado judío una amenaza, debido a su alianza con Nueva Delhi. Esto choca frontalmente con las fuertes relaciones que Islamabad mantiene con Arabia Saudí, enemigo de Irán, mediante la existencia de un acuerdo de defensa mutuo firmado en 2025 que poco ha servido al parecer en 2026. Para Arabia Saudí, este acuerdo sirve para contrapesar el poder israelí en la región y garantizarse la seguridad del mantenimiento de una amistad con una potencia nuclear, mientras que para Pakistán es fundamental para su defensa respecto a India, potencia en auge. Por último, cabe mencionar las relaciones pakistaníes con China y EE.UU, donde se mantiene una posición ambivalente. Históricamente, han sido clave para financiar y mantener la estructura operativa de los muyahidines, con la conveniencia y apoyo de EE.UU, aunque en los últimos tiempos se ha producido un distanciamiento. En la actualidad se ha iniciado un fuerte acercamiento a la potencia asiática, para quien Pakistán es fundamental para su estrategia frente a las presiones estadounidenses sobre su comercio exterior e indias en multitud de áreas, destacando la comercial, diplomática, militar y tecnológica. Destaca de tal forma el puerto de Gwadar, clave en esta relación, pues se acordó financiar un gasoducto virtual, es decir, una ruta de transporte basada en trenes y camiones, para importar Gas Natural Licuado, ayudando a China a eludir las restricciones marítimas que suponen los puntos críticos controlados por EE.UU., especialmente en lo referido a abastecimiento energético, como el Estrecho de Malaca. A lo anterior se agrega la construcción de un gasoducto con Irán, que pretende ser prolongado a China, el cual le ayudaría a paliar su crisis energética crónica, aunque dicho proyecto se encuentra temporalmente paralizado por el riesgo de sanciones estadounidenses, país del que depende para mantener su economía, mediante el FMI, y equilibrio militar con la India. Las perspectivas finales de un conflicto polifacético Tras todo esto, podemos analizar cómo el conflicto afgano-pakistaní no es más que la brocha final de un siglo de fronteras mal cosidas y apuestas estratégicas fallidas. Así, Islamabad no ha podido encontrar en sus antiguos amigos talibanes ese “patio trasero” que inicialmente buscaba, abriéndose un tablero regional sumido en una volatilidad sin precedentes donde la seguridad, el agua y la energía dictarán las nuevas alianzas. Mientras la India aprovecha el distanciamiento entre sus rivales para consolidar su influencia en Kabul, y China intenta blindar sus corredores energéticos, la población civil en la frontera sigue pagando el precio de una partida geopolítica que parece no tener fin. En este nuevo orden, la Línea Durand ya no es solo un mapa en un papel antiguo sino el epicentro de una crisis que obliga al mundo a mirar, de nuevo, hacia una región hace mucho tiempo olvidada.

Un nuevo color en la primera franja de la bandera y una estrella más parecen haber anunciado el cierre de unos de los conflictos más crueles de las últimas décadas en Oriente Medio. Donde hace poco más de un año se amanecía frente a frente con una de las guerras civiles más extensas y complicadas de toda la geografía regional parece ahora haber un nuevo tablero de juego, más manso, más maduro. Sin embargo, el verde esperanza que ahora ondea y la promesa de un cielo más despejado no parecen hacer olvidar el dolor, que se cuenta en millones: más de 6,8 millones de desplazados internos y otros 5 millones de refugiados observaron durante años el calvario que se vivía allá en sus fronteras. Hoy en Naciones En Ruinas, hablamos de Siria. La herencia del hierro: de la Primavera Árabe al abismo sectario Tras catorce años de conflicto, la Guerra Civil Siria llegó a su fin mediante una ofensiva relámpago del Organismo para la Liberación del Levante, conocido por sus siglas en árabe como HTS, en diciembre de 2024. La caída del gobierno de los Assad abrió un nuevo horizonte de posibilidades, donde el complejo ecosistema religioso que caracteriza el país puso de manifiesto la existencia de una sociedad fracturada que se enfrentaba ahora al reto de la reconstrucción desde una óptica, cuanto menos, escéptica. La Guerra Civil comenzó en los albores de la Primavera Árabe, el movimiento de rupturismo ideológico iniciado en 2010 que se extendió por Medio Oriente y el Magreb persiguiendo una mayor apertura y democratización entre los países de la zona. Al igual que en otros países como Yemen, el gobierno apostó por una fuerte represión que, lejos de instaurar el miedo entre los ciudadanos, derivó en un cruento conflicto civil. La dinastía Assad había consolidado desde los años 70 y hasta la fecha un mandato altamente sectario y autoritarista. Aprovechando la altísima atomización socio-religiosa, y a pesar de su supuesta laicidad, el aparato gubernamental se apoyó principalmente en la rama alauita, así como en otras minorías, que permitieron al país funcionar de facto  como una monarquía hereditaria.  A nivel militar, y si bien el ejército ordinario pronto desertó contra el gobierno de Assad, las fuerzas fueron prontamente sustituidas por milicias paramilitares tanto sirias como provenientes de países vecinos. Destacaron así el grupo libanés Hezbollah, integrado en el conflicto a partir de 2012, así como las milicias iraquíes. A nivel internacional, el gobierno alauita contó con el apoyo tanto de Irán como de Rusia.  Por otro lado, la oposición al régimen quedó dividida entre organizaciones civiles y militares, que se fragmentaron a su vez de acuerdo con la propia división ideológico-religiosa del país. A nivel social aparecieron importantes agrupaciones ya desde 2011, que contaron con el apoyo de potencias regionales como Turquía o Catar, así como también se vieron influenciadas por ideologías mayoritarias dentro de Medio Oriente como los “Hermanos Musulmanes”. A nivel militar quedaron de un lado el Ejército Libre Sirio, de corte moderado y nacionalista, y las Fuerzas Democráticas Sirias, nacidas en 2015 de base kurda, y por otro los grupos yihadistas como DAESH o Al-Nusra — facción siria de Al-Qaeda —, que se enfrentaron no solamente contra los Assad, sino también entre sí. El laberinto de intereses y el laboratorio de Idlib Con este escenario, el conflicto tuvo en un primer momento un carácter más bicéfalo, con la oposición al régimen aglutinada en las ramas expuestas. Sin embargo, con la declaración del autodenominado Estado Islámico en Raqqa a partir de 2014 por parte del DAESH, el enfrentamiento civil escaló a nivel tanto nacional como internacional, apareciendo nuevos actores.  El tablero sirio pasó entonces a entenderse como una estructura multifactorial de intereses cruzados, donde el propio régimen de Assad quedó supeditado a un segundo plano y las confrontaciones adquirieron un matiz más individualista. Así, el DAESH quedó bajo el paraguas de las fuerzas rusas y, en menor medida, iraníes. En el eje opuesto y contrarios al autodenominado Estado Islámico se encontró Estados Unidos, quien además se estableció como el principal promotor de las fuerzas kurdas situadas al noroeste del país. Por otro lado, Turquía, que buscaba establecerse como potencia regional, apoyó la creación del Ejército Nacional Sirio, intentando también posicionarse en contra del desarrollo de Rojava. Es importante entender que durante esta segunda etapa el auge del yihadismo se sintió a nivel internacional. Así, destacaron entre 2014 y 2017 una gran cantidad de ataques terroristas por todo el mundo, paralelos a un DAESH cada vez más empoderado que consiguió controlar, además de Raqqa, Alepo y Damasco. La lucha contra el autodenominado Estado Islámico ayudó asimismo a un blanqueamiento de la figura de Assad, que pasó a concebirse como el “mal menor” frente a la ideología salafista que amenazaba con instaurarse en el país.  Así, llegamos al último periodo del conflicto, destacado por ser una etapa de mayor estancamiento, así como por el refuerzo de Assad en el plano internacional y la reorganización demográfica de la oposición en la zona del Idlib, al norte del país y junto a la frontera con Turquía. Sin embargo, y a pesar de los grandes intentos de re-normalización de las relaciones diplomáticas con el gobierno — donde podemos destacar las Rondas de Ginebra o el Proceso Astana del 2017 —, serían justamente una conjunción entre la debilidad de los apoyos internacionales al régimen junto con un un control poblacional bastante disuadido lo que debilitó a los Assad.  Desde comienzos de la segunda década del siglo XXI, y especialmente a partir de 2022, tanto Rusia como Irán quedaron evidentemente debilitados por sus conflictos regionales. Así, tanto la guerra con Ucrania como el constante enfrentamiento iraní con Israel crearon un “efecto contagio” que debilitó sus capacidades de apoyo internacional. Por otra parte, en Idlib habría nacido ya el Gobierno de Salvación Sirio, encabezado por el HTS y su líder, Abu Mohammad al-Jolani, que se consolidaba como un “laboratorio de gobernanza”. Este caldo de cultivo permitió la victoria de los ataques relámpagos permitió su exportación al ecosistema nacional.  Entre la pólvora de Al-Jolani y el traje de Al-Shara La salida de los Assad inundó las calles de Siria de emoción, ante la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, el positivismo inicial dio paso a una reticencia posterior, mayoritariamente gestada en torno a la figura del nuevo gobernante, Ahmed al-Sharaa. Anteriormente conocido como Abu Mohammad al-Jolani, el desde entonces líder del HTS resulta ser también el fundador de Al Nusra, la facción siria de Al-Qaeda. La comunidad internacional apostó desde un primer momento por la normalización de las relaciones diplomáticas, así como el propio Al-Sharaa intentó suavizar su imagen, abandonando el nombre utilizado durante sus años en la agrupación terrorista y regenerando toda vinculación a ésta en un pasado; sin embargo, el recuerdo de lo que él mismo llegó a calificar como un “error de juventud” no ha abandonado del todo el ideario social del país. Y, sin duda, tampoco sus políticas. Bien se ha dejado claro que a pesar del intento de reconstrucción, las cicatrices del conflicto siguen presentes, y los factores para que se dé una nueva escalada son aún palpables en un país que continúa en ruinas. La justicia funciona de forma lenta, lo que genera un importante malestar social y un gran desequilibrio en relación a la rendición de cuentas. Las masacres contra grupos alauitas acontecidas en marzo del 2025 por parte de las fuerzas del Estado, que han llegado a ser calificadas como “crímenes de guerra” por grupos como Amnistía Internacional son sólo uno de los muchos reflejos de este desequilibrio. Del mismo modo, el periodo de adaptación del nuevo régimen se calcula entre los dos y tres años, con la postergación de la consolidación constitucional a ese horizonte y la ausencia de comicios hasta entonces, lo que alimenta la sombra del autoritarismo. Por otro lado, a nivel intencional la nueva figura de Al-Sharaa parece legitimada en pos de favorecer un clima de desescalada y ausencia de la violencia. La arquitectura financiera de la nueva Siria Como hemos comentado, el inicio de la reconstrucción siria se ha cimentado sobre un cambio del posicionamiento internacional en relación a la nación. De esta forma, el nuevo gobierno ha contado con nuevos apoyos como Estados Unidos, Turquía e incluso Francia.  Económicamente, el levantamiento definitivo de la Ley César por parte de los Estados Unidos en diciembre de 2025 supuso un punto de inflexión en relación a la recuperación bancaria siria. La Ley César, adoptada inicialmente en 2019, mantuvo el sistema bancario internacional totalmente bloqueado para el país árabe, cancelando todas las inversiones internacionales en territorio nacional, así como eliminando la posibilidad de ninguna transacción.  Por otro lado, lo que durante la dictadura Assad se conformó como un narcoestado de manual con el hermano del presidente como el máximo beneficiario del mismo se ha convertido ahora en un Estado de intolerancia severa contra las drogas. Las campañas de desmantelamiento de producción de Captagon  han sido relativamente famosas desde la caída de los Assad, dando una nueva imágen del régimen.  Las cicatrices de la diáspora: la geometría de una nueva Siria Analizar la idiosincrasia social de Siria sigue siendo todo un laberinto. Así, poco más de un año después de la caída de los Assad, el país sigue consolidado como una nación en ruinas que presenta un ecosistema desconectado e incluso enfrentado entre sí. Por una parte, el sur del país está mayoritariamente dominado por los drusos, quienes en cierta medida mantienen aspiraciones nacionalistas y además cuentan con el apoyo de Israel. Por otro lado, la costa, de mayoría alauita, destaca por las masacres de marzo de 2025, llevadas a cabo por las fuerzas gubernamentales so pretexto de acallar sus intentos revolucionarios. Si bien ha derivado en sanciones por parte de algunas potencias occidentales como Gran Bretaña, la tibieza de la mayoría de países como Estados Unidos o la Unión Europea ha hecho que todo pase, tal vez, “demasiado” desapercibido. Por otro lado, la cuestión kurda continúa siendo un elemento disruptivo. Con el lema de “uno, uno, uno, el pueblo sirio es uno” nacido del conflicto civil, el gobierno de Al-Sharaa tuvo siempre el objetivo de reunificar todo el territorio nacional. Los intentos de autonomía kurdos se han visto recientemente apaciguados por un plan de conquista del territorio y acuerdos de integración. La idea del Rojava kurdo se ha desvanecido, perdiendo asimismo el apoyo de los Estados Unidos.  Por último, cabe mencionar la complicación derivada de la diáspora. La cuestión de los refugiados ha pasado de ser una crisis humanitaria a convertirse en una moneda de cambio geopolítica, especialmente en la frontera norte. Turquía, que durante años albergó a millones de sirios, ha ejecutado tras la caída del régimen una política de repatriación forzosa hacia las denominadas "zonas seguras", un movimiento que muchos organismos internacionales califican de limpieza demográfica encubierta. Este retorno forzado a un país donde la infraestructura es inexistente y el nuevo autoritarismo de Al-Sharaa es la norma, ha creado un ecosistema de exclusión y miseria. Así, Siria se enfrenta a su reconstrucción no solo con el territorio fracturado y las instituciones paralizadas, sino con una identidad nacional desterrada que, entre el rechazo de Ankara y la desidia de Bruselas, ha perdido incluso el derecho a llamar hogar a sus propias ruinas.

En busca de la nueva ruta de la seda La huella del “viejo continente” alrededor de todo el globo terráqueo es latente y es fruto de lo que en un principio fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales que sustituyeran a las ya existentes, especialmente cuando el Imperio otomano se convirtió en una amenaza real para el orden cristiano-europeo tras la caída de Constantinopla –capital de Bizancio–, en manos de los otomanos en 1453, lo cual comprometía el intercambio de bienes por el estrecho del Bósforo, en la conocida como “ruta de la Seda” (Antequera,2021). La desaparición del último vestigio de lo que un día fue el Imperio romano es reconocido como uno de los momentos clave en la historia universal. Entre sus implicaciones destaca la reafirmación de la presencia otomana en Europa, el final de la hegemonía comercial italiana o la consumación de la era de las cruzadas (Salinas Gaete, 2005).  Sin embargo, Portugal ya había comenzado en 1415 una expedición que capturó Ceuta en el norte de África y que no quedó en un hecho aislado, sino que continuó en una expansión territorial que incluye la incorporación de las Azores a partir de su descubrimiento en 1427, fruto de la rivalidad castellano-portuguesa por el dominio en el Atlántico, y que sirvió como base estratégica para su flota durante su expansión por África occidental, América y la India (Newitt, 2004).  Ya antes de la llegada de los británicos a la región del Golfo los portugueses se habían erigido en sus “dueños”, quienes se vieron forzados a devolver el control de Ormuz al Sha de Persia tras su derrota en 1622 a manos de una coalición entre el monarca y la inglesa East India Company, a cambio de la cual esta establecería una fábrica en Bandar Abbas (Rubiés, 2018).  Desde el principio, el interés de los británicos en Oriente Próximo estaba intrínsecamente ligado a la protección de la “Joya de la Corona”, como se le conoce a la India bajo el control del Reino Unido. De hecho, el contacto entre la nación insular y las comunidades árabes de la península Arábiga comenzó impulsado por la búsqueda de nuevos mercados fuera de la India debido al exceso de producción de la EIC. Fue en 1798 tras la invasión francesa de Egipto, la amenaza otomana en el norte del Golfo y las actividades de las tribus árabes en el sur de la actual Irak cuando se firmó el primer acuerdo con el Sultán de Mascate –capital de la actual Omán– identificado como punto de inflexión para la política inglesa en la región, a partir del cual la hegemonía sobre el territorio se hizo latente, ya que este acuerdo, sumado a los posteriormente establecidos con los jeques de la península, limitaba la influencia del resto de potencias europeas en beneficio de Londres (Bin-Abood, 1992).  El estrecho de Ormuz, única vía de conexión marítima con el mundo para la mayor parte de los países del Golfo, estaba controlado entre finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX por la familia Al-Qasimi de Sarja y Ras Al-Jaima –actualmente dos emiratos constituyentes de los EAU–. De hecho, gran parte de sus ingresos provenían de los peajes impuestos a las embarcaciones que deseaban cruzarlo.  La negación británica al pago del peaje provocó represalias por parte de los Al-Qasimi, lo cual derivó a su vez en una respuesta contundente de las autoridades indias en 1809 y posteriormente en 1819. A este último episodeo le siguió la imposición de una paz anti-piratería mediante el Tratado General de 1820 a todos los líderes a lo largo de la costa omaní (Onley, 2005).  Si bien la tregua fue inicialmente pensada para el cese de la agresividad mutua durante la siguiente temporada de pesca de perlas –uno de los motores de la economía de las comunidades costeras de aquella zona–, esta fue renovándose anualmente por más de treinta años, hasta que en 1853, ambas partes acordaron convertirla en permanente (Bin-Abood, 1992). Es por ello que a los emiratos del Golfo, y en particular a aquellos que en 1971 se unirían para fundar los Emiratos Árabes Unidos, se les conocía como Estados de la Tregua. Gran Bretaña, como potencia naval e imperial con especial interés en la India había visto como a partir de 1820 aproximadamente, el crecimiento del transporte gracias al barco de vapor y la mejora en las comunicaciones terrestres habían agilizado y hecho del transporte tanto de personas como mercancías una actividad más segura. La ruta tradicional entre Europa y Asia bordeando el sur de África había sido desplazada por la de Egipto o la Creciente Fértil, bajo territorio formalmente otomano. Las relaciones entre el Imperio de los sultanes y la Corona británica se estrecharon al comprender esta segunda que el primero podía convertirse en un aliado vital que asegurase sus rutas hacia la India. Esto cristalizó con la reducción mutua de los aranceles comerciales, dando como resultado que para 1850, Estambul se hubiese convertido en un importante importador de manufacturas británicas (Brown, 2001). Entre el imperio formal y el informal El origen del Imperio británico en Asia se encuentra en la Compañía Británica de las Indias Orientales, reconocida como la primera corporación multinacional europea – fundada en 1600 por un grupo de ingleses entre los que destacan mercaderes, auditores, marineros, corsarios o busca fortunas– a la cual le fue concedida una Cédula Real por la entonces monarca Isabel I, obteniendo el monopolio comercial con Asia durante los siguientes quince años (Encyclopaedia Britannica, 2021). Entre las actividades de la compañía, destacan sus operaciones en India, Tailandia, Japón, China o Indonesia, resaltando su participación en el desarrollo de ciudades entre las que se nombran Calcuta, Mumbai o Chennai (Ruggeri, citado por Novoa, 2022). La autonomía de la que gozaba la entidad gracias al privilegio anteriormente nombrado es una de las razones que explican su desarrollo posterior como gran potencia colonial. La EIC poseía autoridad sobre dichos territorios para legislar, conformar un ejército propio, librar sus guerras particulares y dirigir una política exterior independiente, levantar fortificaciones o incluso acuñar moneda. En definitiva, se trataba de una empresa que funcionaba como un estado dentro de otro estado (Labrador, 2023). No es de extrañar que la adquisición y la preservación de gran parte del Imperio en Oriente fuese protagonizada por los esfuerzos militares conjuntos de la Corona y de dicha entidad, que convertida en una institución financiera central para la monarquía, no vio su independencia afectada hasta mitad del siglo XIX, cuando el régimen británico la incorpora a su política doméstica.  Según Burton Stein en “ A history of India ”,  la Compañía otorgaba ingresos y préstamos de manera constante y fluida a los líderes indios, obteniendo a cambio concesiones para el establecimiento de enclaves y otros derechos y privilegios comerciales. Así, esta empresa multinacional fue infiltrándose en las rivalidades entre gobernantes locales en búsqueda de nuevos privilegios y exenciones de impuestos. Su éxito la convirtió a mediados del siglo XVIII en una de las grandes empresas mercantilistas del mundo, incentivando la transformación de las instituciones mercantilistas locales a un grado mayor de desarrollo. El Imperio británico se extendió por los cinco continentes, coincidiendo con el reinado de S.M. La Reina Victoria con su período de mayor esplendor. No obstante es importante diferenciar entre aquellos territorios directamente controlados por Londres y aquellos que estaban bajo su influencia política indirecta y dependencia económica (Robinson y Gallagher, citados por Onley, 2005). En el caso de Medio Oriente, esta primera categoría incluye a Egipto, el Sudán Anglo-Egipcio, Somalilandia, el protectorado de Adén, los protectorados árabes en el Golfo, los mandatos de Palestina, Transjordania —posteriormente Jordania— e Irak. Mientras que en la segunda categoría se incluyen al Imperio otomano y Persia (Onley, 2005).  Los Intereses británicos en el Yemen Según Rodolfo Gil Benumeya en “ Lo interno y lo externo en el nuevo estado árabe del Yemen del Sur”  , cuando en 1839 Londres había decidido instalarse de manera permanente en el sur de la Península Arábiga ocupando Adén, por su importancia como punto medio entre el trayecto Bombay-Suez dentro de la ruta hacia la India, la Compañía Británica de las Indias Orientales ya había ocupado en 1789 la isla de Perim y firmado en 1802 un acuerdo de relación económica exclusiva con el Sultán de Lahej. Inmediatamente después, y tras el establecimiento egipcio en el norte de Yemen en 1818, Gran Bretaña firmó una serie de acuerdos con otros seis líderes tribales de la zona, ofreciéndoles protección ante una hipotética agresión del eje turco-egipcio de Muhammad Ali y el Sultán otomano o de los imanes zaidíes de las montañas del norte. Así, la potencia colonial europea se había asegurado el control del estrecho de Bab al-Mandab, que une el Mar Rojo con el Golfo de Adén, y por ende el Océano Índico. En 1914 las hostilidades turco-inglesas por el control del Yemen meridional parecían cesar tras la firma de un tratado fronterizo legitimando el status quo . Más adelante, y tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, los territorios otomanos pasaron a formar parte del Reino Mutawakkilita. Al igual que en muchos otros escenarios de la historia, las divisiones entre la población local facilitaron el éxito de la ocupación. El aspecto religioso supone una fractura entre los habitantes de la costa sur y de las montañas interiores de la actual República de Yemen. Estos primeros siguen el rito chafeita —una de las cuatros escuelas sunitas de jurisprudencia islámica—, mientras que los segundos siguen el Zaidismo —una rama del Islam chií que reconoce el poder absolutista de sus líderes tribales y dinastías—. La tensión entre norte y sur sigue vigente hoy en día, ya que en los años noventa, un grupo zaidí conocido como “Juventud Creyente” liderado por Badr al-Din al-Huthi que tenía como objetivo revitalizar el Zaidismo incurriendo en alianzas tribales, desembocó en una insurgencia conocida como “los hutíes” y que opera en la actualidad como uno de los bandos combatientes en la Guerra Civil Yemení desde 2014 (Arellanes, 2025). Adén, tomada en 1839 había visto transformado su estatus dentro del Imperio desde puerto franco en 1853 hasta colonia en 1937. En la década de los años cincuenta, se había convertido en uno de los puertos con mayor actividad en todo el planeta, recibiendo inversiones de 45.000 y 1 millón de dólares para una refinería y otras infraestructuras de suministro básico respectivamente. La mano de obra árabe en sus astilleros y la zona circundante alcanzaba las dos mil personas (Holt, 2004). El aumento de la presión local para obtener la independencia a mediados del siglo XX forzó al gobierno británico a firmar un tratado en 1959 por el cual se constituyó la Federación de Arabia del Sur, un nuevo estado árabe en estrecha asociación con el Reino Unido (Holt, 2004). La retirada de Gran Bretaña se produjo en un clima de violencia contra todo lo británico en la zona por parte de las facciones independentistas del Frente de Liberación del Sur Ocupado —influenciado por el Egipto panarabista de Nasser— y el Frente de Liberación Nacional que adquirió una connotación localista en el sur. El 27 de noviembre de 1967, las tropas restantes abandonaron Adén, proclamándose dos estados identificados con las facciones zaidí en el norte —la República Árabe Yemenita— y chafeita en el sur —la República Popular del Yemen del Sur— (Gil, 1968).  La desaparición de la plaza de Adén marcó el inicio del fin del Imperio británico en Oriente Medio, ya que a tan solo menos de dos meses después de la evacuación de sus tropas en el sur de Yemen, el gobierno anunció su retirada del Golfo Árabe, que se extendería hasta 1971. Los intereses británicos en Egipto y el Canal de Suez Siguiendo con el relato, esta vez en tierra de faraones, en 1863, Ismā‘īl, nieto de Muhammad Ali, ascendió al trono egipcio. Se demostró su gran admiración por Europa al embarcarse en un proceso de transformación que pretendía hacer del país uno europeo y no africano. Los elevados gastos asociados a esta política condujeron al tesoro egipcio al borde de la quiebra en 1875, declarando la bancarrota al año siguiente. Gran Bretaña y Francia acudieron a la ayuda del Pasha con la fundación de una caja de deuda pública que les otorgaba el control sobre el país (Campanini, 2004). La marginalización que enfrentaba la población local en contraste con los privilegios económicos y sociales de la élite europea y turcocircasiana de la que se rodeaba el jedive coincidió con la germinación de un movimiento nationalista en los años setenta de aquel siglo, añadida a la aparición de ‘Urābī, una figura carismática que tradicionalmente es considerada como la del primer nacionalista egipcio. La extensión de las actividades nacionalistas —cada vez más violentas— preocuparon a las potencias europeas, tanto que la Inglaterra victoriana decidió intervenir militarmente en 1882, estableciéndose en el país hasta 1956. La importancia estratégica de Egipto se vinculaba al Canal de Suez, punto clave en la ruta a la India, inaugurado en 1869. Los británicos no podían permitirse perder el control en El Cairo. Los resultados de la administración británica de facto convirtieron a Egipto en un país solvente y eficiente con una política fiscal y económica muy rigurosa (Campanini, 2004). Hoy puede parecer irónico, pero el primer ministro inglés Lord Palmerston se opuso enérgicamente en su momento a la construcción del Canal de Suez, sobre todo sabiendo que en 1875 su país se haría con el 44% de las acciones en la Compañía del Canal, estableciéndose de facto  como su verdadero dueño. Las razones tras la desconfianza en el proyecto que uniría las aguas del Mediterráneo con el Mar Rojo fue la participación francesa, la cual había acordado con Egipto su control sobre dicho paso marítimo hasta 1968. Por tanto, esto suponía una afrenta directa a los intereses de la Unión en África, Asia y Medio Oriente (Davidi, 2006).  Lo verdaderamente relevante es el hecho de que si bien Misr —”مِصر” nombre que oficialmente recibe la República en lengua árabe— aportó durante el siglo XIX casi la mitad del capital necesario para la construcción del canal, este y sus ciudadanos se vieron negados a ejercer cualquier puesto de responsabilidad o decisión sobre la infraestructura (Davidi, 2006). Tras la intervención militar de 1882, las autoridades ocupantes sostenían que la presencia de sus tropas debía continuar el tiempo necesario para restablecer la autoridad de un jedive que parecía incapaz de mantener el orden y por tanto de paliar la crisis económica y política que atravesaba la nación. Bajo esta supervisión extranjera, el poder político presentaba dos organismos de gobierno diferenciados: por una parte el jedive y sus órganos consultivos, y por otra parte el cónsul general y sus asesores—todos ellos altos funcionarios británicos—, que si era de carácter informal, en la realidad ejercía una autonomía absoluta en las tareas de gobierno, solo siendo responsable ante el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Así, el soberano no tenía capacidad de decisión alguna sobre los asuntos de interés nacional (Carman, 1921). La situación era inédita, pues formalmente Egipto era parte del Imperio otomano pero en la práctica era una colonia británica.  El protectorado oficioso británico vigente por más de treinta años hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial se formalizó en diciembre de 1914 cuando bajo el pretexto de cortar lazos con el sultán, aliado de Alemania y enemigo de Gran Bretaña durante el conflicto, se abolió el Jedivato con la destitución del anterior monarca y entronización del Príncipe Hussein, descendiente de Muhammad Ali, como sultán (Carman, 1921). En 1922, el Reino Unido proclamó la independencia de Egipto, siendo nombrado el entonces sultán Fuad como rey, si bien su soberanía era limitada, condicionada por los intereses de la potencia colonial. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la grave crisis económica provocó el estallido de un generalizado malestar social. En 1952, un grupo de jóvenes oficiales del ejército que se había instituido como sociedad clandestina bajo la denominación de “los Oficiales Libres”, deseosos por liberar a su país del dominio extranjero llevaron a cabo un golpe de estado exitoso el 23 de julio de 1952. Entre ellos se encontraba el posterior presidente Gamal Adbel Nasser. La nueva constitución abolió los privilegios sociales de la élite foránea y proclamó la arabicidad del pueblo egipcio. La monarquía cayó, pero no fue hasta que Nasser accedió a la presidencia cuatro años después que se procedió a la nacionalización del Canal de Suez y la retirada definitiva de las últimas tropas inglesas (Campanini, 2004). Siendo desafiada tanto políticamente como económicamente, la Gran Bretaña de S.M. La Reina Isabel II se unió junto con la Francia anti nasserista —por su apoyo a la emancipación de las naciones árabes que perjudicaban los intereses de París en Argelia— e Israel para atacar Egipto. Pese a haber intervenido sin mayor dificultad y amenazado la existencia del régimen de Nasser, la presión del presidente estadounidense Eisenhower y la URSS, así como la ilegalidad de la actuación a ojos del joven sistema internacional de Naciones Unidas obligaron a los tres estados a retirarse (Gálvez, 2024). Conocida como la Crisis de Suez, se sintió como una humillación en Downing Street y confirmó lo que se temía  al otro lado del Canal de la Mancha: el poder británico se estaba desmoronando. Los intereses británicos en Irán Cuando los británicos llegaron al Golfo, los portugueses se habían establecido como potencia dominante, controlando la isla de Ormuz, en el estrecho que lleva su nombre. El exceso de producción de la East India company exigía buscar nuevos compradores, y la entidad mercantil encontró en Persia un potencial cliente. El Shah aceptó hacer negocios con ellos, además de acordar el establecimiento de una fábrica en Bandar Abbas a cambio de participar en una ofensiva conjunta para recuperar la isla en manos de la monarquía católica y devolvérsela al soberano (Bin-Abood, 1992) Doscientos años más tarde, en 1822, gozando de una posición consolidada tras librarse de la amenaza neerlandesa y francesa, se creó el cargo de residente en el Golfo, quien sería desde entonces el responsable de las relaciones bilaterales con todas las partes en la región. Pero la Rusia de los zares, en un intento por expandir su imperio en Asia central y lograr el acceso a los puertos de la costa norte del Golfo, enfrentó una Inglaterra reticente que quería mantener su influencia sobre Irán debido a su proximidad a la India —joya de la Corona—. Esta pugna por la patria de Ciro el Grande se extendió hasta 1907 cuando el país fue dividido finalmente en dos áreas de influencia tuteladas cada una por una de las potencias mencionadas anteriormente (Rafeq, 2005). Las relaciones entre el Estado iranio y el europeo no fueron siempre cordiales, como demuestra la Guerra Anglo-Persa de 1856, una respuesta a la anexión de Herat ese mismo año por parte del Shah, interpretada por los británicos como la antesala a una posible invasión de la India. El tratado de paz firmado el año siguiente obligó al agresor a abandonar sus reclamos sobre Herat y Afganistán, y unido a los acuerdos con los líderes árabes de la costa sur posicionaron a Gran Bretaña como dueño indiscutible de la zona (Bin-Abood, 1992). El Reino Unido controlaba todo lo que ocurría en aquellas aguas e incluso en los estados circundantes por medio de los previamente nombrados acuerdos con las dinastías tribales árabes que incluyen el Tratado General de 1820 y de Persia, convertida en una especie de “estado tapón”. No obstante fue durante el reinado de Nasiruddin Shah, un monarca filo occidental que al poco tiempo de llegar al trono emprendió un programa de reformas militares, económicas y educativas, cuando la complejidad para recaudar impuestos sumada a las dificultades del tesoro para hacer frente a los gastos de su corte motivaron la concesión de monopolios en industrias como la minería o manufacturas a inversores europeos entre los que destacaron los de origen británico (Davidson y Goldschmidt, 2006). La penetración de la potencia colonial en sectores sensibles de la actividad económica afianzó aún más su influencia no solo en el ámbito de las relaciones exteriores sino también doméstico. El primer hallazgo de petróleo en el Golfo fue en 1908 por una compañía británica en Juzistán, en el suroeste de Persia. Miles de barriles fueron refinados en el puerto de Abadan en 1914, coincidiendo con el cambio del carbón al petróleo por parte de la Royal Navy. Las expectativas eran prometedoras, pero los ingresos relacionados con estos recursos naturales principalmente acababan en los bolsillos de los accionistas británicos y no en Teherán o una población empobrecida (Davidson y Goldschmidt, 2006). La Revolución constitucional (1906-1911) y la caída del zarismo en Rusia sumieron en la inestabilidad a la nación de Oriente Medio. El Reino Unido se entrometió de nuevo tratando de convertir a Irán en un protectorado en virtud del Acuerdo Anglo-Iraní de 1919, el cual fue rechazado por el parlamento. Eso no fue todo, pues en 1923 y tras haber forzado al anterior monarca Ahmad Shah Qajar dos años antes a aceptar su nombramiento como primer ministro, Reza Khan conspiró contra la dinastía Qajar para ser coronado como Shah. Se sabe que los agentes británicos colaboraron en el golpe de estado de 1921 (Brown, 2001). Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de la Unión Soviética se organizó la invasión del Irán de Reza Shah. El pretexto de la intervención militar conjunta fueron las simpatías pro germanas del monarca, el cual había negado el acceso del bando aliado desde su país hacia la URSS. El resultado fue la abdicación forzada del Shah, exiliado en Sudáfrica y el ascenso de su hijo Muhammad Reza Pahlavi. De nuevo los británicos se habían inmiscuido en los asuntos internos del Estado persa y cambiado un gobernante por otro más cercano a sus intereses ( Bin-Abood, 1992). En marzo de 1951, el parlamento iraní nacionalizó la Anglo Iranian Oil Company entre quejas elevadas al Consejo de Seguridad de la ONU y un refuerzo de la presencia naval británica en el Golfo. Cuando se hizo evidente que las presiones no habían hecho cambiar de opinión al primer ministro Musaddeq, un golpe instigado por británicos y americanos en 1954 lo derrocó y colocó en su lugar al General Zahedi. Esta actuación provocó un gran malestar entre la población árabe del Golfo que se solidarizó con el pueblo iraní y deslegitimó el sistema hegemónico de la Corona y debilitó su imagen al sur del estrecho de Ormuz. ( Bin-Abood, 1992). La caída de Musaddeq facilitó la materialización de las ambiciones absolutistas del Shah Muhammad Reza Pahlavi, de carácter abiertamente autoritario y respaldado por los Estados Unidos de América, que había comprendido que el vacío de poder que se estaba formando en Oriente Medio por la fragilidad de Londres debía de ser llenado por otra potencia con ambiciones de liderazgo. Irán y todo el mundo araboislámico se verían conmovidos por la caída de la Monarquía en 1979 y el ascenso de la teocracia del ayatolá Jomeini tras la Revolución Iraní. Los intereses británicos en las monarquías árabes del Golfo Cuando se habla de los estados árabes del Golfo se está haciendo referencia al conjunto de monarquías entre las que se incluyen Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán, además de la República de Irak. La arabidad y el petróleo son dos de los factores claves para entender la en otras ocasiones mencionada costa sur del Golfo Árabe. En ella, los británicos ejercieron un papel de potencia hegemónica que definió el status quo  en la región durante un siglo y medio. En esta parte se analizará la relación de intereses entre el primer conjunto de estados monárquicos con Londres.  Siempre a la sombra de la India, la península Arábiga sirvió a una política exterior imperial orientada hacia la joya de la Corona y su protección debido a su proximidad geográfica. Todo cambiaría tras los descubrimientos de petróleo a lo largo de las costas norte y sur de dicho mar a partir de la primera década del siglo XX, ya que la política de la Corona en la zona convertiría en su prioridad asegurar el abastecimiento de esta materia prima (Onley, 2005) Gran Bretaña estableció un sistema de protección en la región desde Kuwait hasta Omán, lo cual no suponía una novedad para las prácticas entre los gobernantes del momento. La ley del honor —conocida también como dakhala  o zabana , sagrada en la península arábiga— obligaba a ofrecer protección al que lo pidiera, quienes normalmente solían ser líderes tribales sin medios para contrarrestar una amenaza externa. La recompensa solía ser el pago de la khuwa  o cuota de hermandad. En las cinco décadas que transcurren desde 1805 a 1861, los británicos recibieron cerca de cien solicitudes de protección de los líderes tribales árabes (Onley, 2009) En un contexto de tensión por la actividad expansionista otomana en el norte del Golfo, así como por la invasión francesa de Egipto en 1798, cristalizó el primer acuerdo con el Sultán de Mascate, que extendía el poder de la India británica sobre Omán y lo estableció como una zona de influencia exclusiva. En 1808 la relación especial entre ambas partes se formalizó aún más con la llegada de un agente político británico. Mascate deseaba así defenderse de la amenaza wahabí que se extendía desde el Najd ( Bin-Abood, 1992). El bloqueo naval de 1806 y ataques de 1809 y 1819 contra los Al-Qasimi, familia dominante en el bajo Golfo, concluyó en el Tratado General de 1820 firmado por los gobernantes de los actuales EAU y de Baréin. Ampliada anualmente, en 1853 adquirió un carácter permanente que consolidó la hegemonía de Londres en la región en materia de relaciones exteriores y  defensa. Este sistema es conocido como Pax Britannica . Catar y Kuwait, quienes habían formado parte de la esfera de influencia otomana, se adhirieron a los tratados en 1899 y 1916 respectivamente, con el objetivo de escapar del control saudí y turco (Rafeq, 2005).  El Reino de los saudíes por su parte había evadido la injerencia de las potencias coloniales europeas debido al poco atractivo que despertaba el interior de Arabia y estaba proyectando una expansión territorial ambiciosa de su idea de estado wahabí. En 1915 un acuerdo entre el Reino Unido e Ibn Saud delimitó las fronteras en el este de la península y otorgó reconocimiento a la soberanía saudí sobre las regiones de Najd, Hasa, Qatif y Yubail (Bosemberg, 1998).  Las primeras extracciones de petróleo en Baréin en 1932, Kuwait en 1938, Catar en 1940, los Estados de la Tregua en 1958 y Omán en 1964 intensificaron el compromiso militar de Gran Bretaña en el Golfo. La zona adquirió un valor estratégico incalculable energéticamente hablando que sin duda fue un elemento determinante que explica su decisión de permanecer en ella incluso tras la pérdida de la India en 1947. La transferencia de responsabilidades sobre la política en el Golfo desde Nueva Delhi a Londres significó un cambio en la agenda de desarrollo, hasta ese momento solo impulsada en Baréin, apostándose por un plan generalizado en todos los protectorados británicos (Onley, 2009).  Los lazos económicos entre los Estados Árabes del Golfo y la Metrópolis eran fuertes, especialmente tras la llegada de abundantes ingresos procedentes de los recursos petroleros. El gobierno británico animó a los monarcas árabes a invertir sus beneficios en Gran Bretaña. En 1953 se creó la Oficina de Inversión de Kuwait, convirtiéndose este en su inversor más importante (Onley, 2009). La pérdida del Canal de Suez (1956) y la evacuación de las tropas en Adén (1967) explican la posterior retirada británica del Golfo Árabe en 1971, anunciada menos de dos meses después de la independencia de Yemen del Sur. La Pax Britannica  había llegado a su fin, y las Monarquías Árabes del Golfo veían como el garante de su seguridad desaparecía abruptamente. En 1961 Kuwait declaró su independencia, seguido de Baréin, Catar y un conjunto de emiratos independientes en el estrecho de Ormuz que se unieron para fundar los Emiratos Árabes Unidos en 1971. Omán nunca fue un protectorado británico pero sí un estado bajo influencia británica. En el caso del último, se considera que tuvo lugar su independencia de facto  con la llegada en 1970 de S.M. El Sultán Qaboos Bin Said Al Said. Los intereses británicos en Irak Ha sido extendida la idea de que los estados fruto de la descomposición del Imperio otomano en Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial son artificiales e ignoran la diversidad étnico-religiosa que los caracteriza, careciendo de toda legitimidad histórica para existir. Sin embargo, en el caso de Irak, ya bajo el dominio mameluco desde principios del siglo XVIII —una élite guerrera de origen tucocircasiano bajo el servicio del sultán otomano que con gran autonomía controlaron la extensa llanura aluvial de los ríos Tigris y Éufrates, históricamente conocida como Mesopotamia— la zona fue dividida en tres provincias: Bagdad, Basora y Mosul, recibiendo el nombre de al-‘Iraq (Tripp, 2000). La liberación de las antiguas provincias árabes bajo el yugo de Estambul a partir de la derrota otomana en 1918 había despertado el apetito imperialista de Francia y Gran Bretaña. En 1916, ambas potencias europeas habían firmado secretamente el Acuerdo de Sykes-Picot para resolver la llamada “Cuestión de Oriente” (Brown, 2001), traicionando las promesas al jerife Hussein Ibn Alí de la Meca de crear un estado árabe bajo su liderazgo. En la Conferencia de San Remo de 1920, gozando de la aprobación de la recién creada Sociedad de Naciones, establecieron un sistema de mandatos por el que París asumía la tutela de Siria y Líbano, mientras que Londres lo hacía de Irak, Palestina y Transjordania.  Reino Unido deseaba consolidar aún más su control sobre el Golfo expandiendo su área de influencia directa sobre el recién creado estado iraquí. Así, en 1921 otorgó la corona a Faisal, hijo del fallido rey Hussein, custodio de la Meca y con el Tratado de Lausana en 1923 amplió con la anexión de la región kurda de Mosul las fronteras del país (I Mas, 2016).  Tras más de una década de mandato británico, el Reino de Irak accedió a la independencia en el año 1932 —si bien limitada por los intereses ingleses en las bases militares y la Iraq Petroleum Company, evidenciado por la toma de posesión de Nuri Al Said como primer ministro por mediación de Downing Street—, siendo aceptada en la Sociedad de Naciones (Mondino, 2024). Los sentimientos anti británicos y las ideologías de izquierda se expandieron entre intelectuales y estudiantes, así como dentro de organizaciones tales como el Partido Democrático Nacional, el Partido Istiqlal  o el Frente Popular. Nuri comprendió la seria amenaza que suponía la propagación de las ideas de izquierdas y las críticas al Pacto de Bagdad de 1955 —con cuya adhesión el Reino Unido pretendía transformar el obsoleto sistema colonial en una relación de partes iguales con los estados de Oriente Medio— para la monarquía. Las actividades comunistas centraron sus objetivos en la base de al-Habbaniya y el puerto de Basra (Romero, 2008) desafiando al poder colonial extraoficial.  Un golpe de estado protagonizado por el general Abd al-Karim Qasim, líder de los Oficiales Libres iraquíes en 1958 abolió la monarquía hachemita —pasiva ante la injerencia exterior—e instauró la república (Franzén, 2011), marcando el fin del dominio extranjero sobre el país con la nacionalización de la Iraq Petroleum Company y evacuación de las tropas británicas. Conclusión Siempre condicionado por las necesidades de la India británica hasta la independencia de esta en 1947, el sistema de protección conocido como Pax Britannica  inaugurado en 1798 con el primer acuerdo con el sultán de Mascate ante la amenaza francesa tras la invasión de Napoleón a Egipto se extendió por más de 150 años hasta la retirada ordenada por Londres en 1971 y que propició la independencia de las Monarquías Árabes del Golfo. El valor de esta región fue en un principio meramente estratégico hasta el descubrimiento de petróleo por primera vez en Persia a comienzos del siglo XX.  El consolidado poder británico en Oriente Medio se logró mediante la retención de Egipto y el sur de Yemen, añadido a los acuerdos con el imperio otomano para estabilizar la ruta del Mar Rojo. Igualmente, la pugna contra la Rusia zarista por el control de Persia y el resto de potencias europeas por la influencia exclusiva en los estados tribales de la península arábiga estaban orientados a evitar cualquier amenaza extranjera sobre la India, posesión británica más preciada de todo el Imperio. El status quo  no se vio seriamente amenazado a pesar de las incursiones turcas en Mesopotamia, Kuwait, Catar o Norte de Yemen. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial la presencia del país europeo en la zona no hizo más que expandirse con la adhesión de Catar y Kuwait a los tratados anteriormente firmados con otros gobernantes árabes, la retirada otomano-egipcia del sur de Arabia y el fin del gobierno mameluco sobre Bagdad y por consiguiente establecimiento del mandato británico.  El auge imparable del nacionalismo y pérdida de posiciones claves como la del Canal de Suez y la plaza de Adén vinculadas a las independencias de Egipto y Yemen del Sur respectivamente provocaron el desmembramiento del imperio británico y de su hegemonía en Oriente Medio, cuya fecha de caducidad data de 1971 con las independencias de Baréin, Catar, y Emiratos Árabes Unidos.

El 24 de febrero pero de hace cuatro años, el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una ofensiva en Ucrania, justificándose como una “operación militar especial” mediante un discurso televisado. Bien es cierto que se venía oliendo este ataque, ya que los entrenamientos militares, tanto en Rusia como Bielorrusia, y la presencia militar en la frontera ucraniana era bastante frecuente desde mediados de 2021. Cuatro años después, la guerra se encuentra en un periodo de relativo estancamiento desde hace más de un año, aunque sigan habiendo frentes abiertos, sobre todo en el este y en el sur. Esta devastadora guerra que ha roto la paz en Europa ha dejado cientos de miles de muertos en ambos bandos, millones de desplazados y ciudades destruidas. Además, la actuación y narrativa de los Estados y la opinión pública internacional ha ido modificándose con el transcurso de la guerra. Balance humano Desde el inicio de la guerra Ucrania ha experimentado una fuerte crisis demográfica, debido al gran número de bajas, tanto militares como civiles; de refugiados y de desplazados internos. Sin embargo, debido al estancamiento de la guerra la tasa de crecimiento, la cual había caído un 8% al año de 2022 a 2024, ha empezado a situarse en positivo y recuperarse, aunque a un ritmo muy lento. Este conflicto, caracterizado por devolver la guerra convencional a Europa, ha dejado cientos de miles de muertos en los campos de batalla en ambos bandos. Sin embargo, los constantes bombardeos a ciudades con un elevado número de habitantes, como Kiev, Mariúpol o Donetsk; y genocidios, como el de Bucha, han dejado miles de muertos civiles, violando el derecho internacional.  Por otro lado, también ha traído una crisis de refugiados, no solo en Ucrania, sino que en toda Europa. Por una parte, en Ucrania, han sido cinco millones las personas desplazadas internamente debido al avance de la guerra. Por otro lado, Europa ha acogido alrededor de siete millones de refugiados ucranianos, muchos de los cuales se han ido a las vecinas Polonia y Rumania, pero también a Alemania, República Checa, España, Italia o Bulgaria, entre otros. Balance geopolítico El retorno de un conflicto a gran escala en Europa ha hecho que se reconfigure la seguridad continental, con un incremento del gasto militar en los países occidentales y una expansión de la OTAN en el flanco norte, tras la adhesión de Finlandia (2023) y Suecia (2024). Además, la Unión Europea concedió el estatus de candidato a Ucrania y se acercó a Moldavia, quedando orientada hacia la integración europea y atlántica. Por otra parte, la mayoría de relaciones diplomáticas rusas se han visto afectadas desde 2022, en su mayoría con países occidentales. Esto ha producido un giro de sus relaciones económicas y diplomáticas hacia China, y un fortalecimiento de las relaciones con países del “Sur Global”, como India o Irán. Asimismo, varios países de América Latina, África o Asia han evitado alinearse con Occidente, llevando a una fragmentación del orden internacional. Balance económico A nivel económico, Ucrania ha comenzado a recuperarse de la caída del PIB en 2022 (alrededor de un 30%), gracias a las masivas ayudas occidentales. Sin embargo, su infraestructura energética se ha visto gravemente dañada y el coste de su reconstrucción se estima en miles de millones de dólares todavía inexistentes.  Por su parte, la economía rusa se ha visto afectada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y Occidente, por lo que su sistema energético se ha reorientado hacia Asia, provocando una grave crisis energética en Europa. Además, el limitado acceso a la tecnología de Occidente y la fuga de capital humano cualificado ha afectado a sectores claves de la economía rusa. Evolución de la política interna La imagen de Volodimir Zelenski fue altamente aprobada durante los primeros meses del conflicto, debido a su imagen de liderazgo y capacidad de comunicación con los líderes europeos. Asimismo, el pueblo ucraniano mostró una fuerte imagen de unión e identidad, recibiendo el apoyo de Europa.  Sin embargo, la duración del conflicto ha provocado un cambio en estos ámbitos, rebajando el apoyo social hacia la figura del presidente ucraniano, debido a la suspensión de elecciones por la Ley Marcial, la suspensión de partidos vinculados a Rusia, la fatiga tras años de conflicto, el reclutamiento continuo y la presión sobre familias de soldados y desplazados. La narrativa del conflicto desde la perspectiva rusa En el caso de Rusia, la narrativa oficial sobre la guerra se ha construido desde el inicio. El Kremlin ha evitado sistemáticamente el término “guerra” o “invasión”, utilizando el concepto de “operación militar especial”, como una respuesta necesaria frente a la expansión de la OTAN y a lo que presenta como una amenaza directa a la seguridad rusa. Un elemento central de la narrativa rusa es la deslegitimación del Estado ucraniano como actor plenamente soberano. En distintos discursos oficiales y mediáticos se ha presentado a Ucrania como un país artificial, controlado por potencias occidentales y por élites nacionalistas. Por lo que desde Rusia no describen el conflicto como una guerra entre dos Estados, sino como una confrontación entre Rusia y un Occidente que utiliza a Ucrania como instrumento geopolítico.   La narrativa rusa también incorpora elementos históricos y simbólicos, movilizando apoyo interno mediante referencias a la identidad e intentando atribuir una justificación moral a la intervención. Al mismo tiempo, los medios estatales ponen en el centro la resistencia rusa frente a las sanciones y proyectan una imagen de fortaleza militar y económica, reforzando la idea de que el país no solo resiste, sino que avanza. Asimismo, en el plano interno, esta narrativa ha contribuido a consolidar el poder político y a legitimar medidas de control informativo y represión de la oposición. La narrativa del conflicto desde la perspectiva ucraniana Por su parte, la narrativa ucraniana se centra en la defensa existencial del Estado y la nación. Desde el inicio de la invasión, el discurso oficial ha presentado la guerra como una lucha por la supervivencia, la libertad y el derecho a decidir su propio futuro. Ucrania se posiciona como víctima de una agresión injustificada y como defensora no solo de su soberanía, sino también de los valores democráticos europeos, siendo clave para movilizar apoyo internacional y consolidar alianzas con la Unión Europea y la OTAN. La narrativa ucraniana enfatiza la resiliencia, el heroísmo y la unidad nacional frente a la agresión externa. La figura de Volodimir Zelenski ha sido proyectada como símbolo de la resistencia, y su comunicación estratégica ha buscado conectar emocionalmente con socios  internacionales, subrayando el sufrimiento civil y la destrucción de infraestructuras. Con el paso del tiempo, el relato ucraniano ha incorporado también elementos de reconstrucción y futuro europeo. Al mismo tiempo, la larga duración del conflicto ha obligado a reconocer el desgaste social y la necesidad de reformas internas. La narrativa del conflicto desde otras perspectivas La guerra no solo se ha dado en el campo de batalla, sino que el conflicto ha generado una auténtica “batalla de narrativas” a escala global, en la que distintos actores compiten por moldear percepciones, creencias y actitudes públicas sobre Ucrania, Rusia e incluso Occidente. En Occidente predomina la narrativa que presenta a Ucrania como víctima de una agresión ilegal y como un actor legítimo que defiende su soberanía. Sin embargo, incluso dentro de Occidente no existe una homogeneidad total, ya que junto al apoyo mayoritario a Ucrania, existen discursos que cuestionan los costes económicos de la guerra, el cansancio social o la necesidad de una solución diplomática rápida, incluso si ello implica la pérdida de parte del territorio ucraniano.  Por su parte, China entiende el conflicto dentro de la rivalidad entre dos grandes bloques históricos, como es el estadounidense y el ruso. El foco del discurso político chino no se coloca en Ucrania como víctima de una agresión, sino en la expansión de la OTAN y el aumento de la seguridad y defensa europea como factores explicativos del estallido del conflicto. Esto encaja con la posición oficial de “neutralidad” proclamada por Pekín, que combina llamados al diálogo y a la solución política con la negativa a condenar explícitamente a Rusia. Asimismo, se pone en duda frecuentemente la eficacia y legitimidad de las sanciones occidentales y se subrayan los efectos negativos de la guerra sobre la economía global.  En el Sur Global la guerra también tiende a interpretarse desde claves distintas a las predominantes en Europa occidental y Estados Unidos. En muchos casos, el conflicto es percibido como un enfrentamiento entre potencias externas cuyas consecuencias impactan indirectamente a otras regiones, por lo que se enfocan en los efectos materiales, como el aumento de precios de alimentos, fertilizantes y energía, así como la inestabilidad económica derivada de las sanciones y la disrupción de mercados. La memoria histórica del colonialismo y de intervenciones occidentales pasadas muestran cierta desconfianza hacia los discursos occidentales que apelan a la defensa del orden internacional basado en normas. Asimismo, los países del Sur Global ven injusta la intensidad de la respuesta internacional a la guerra en Ucrania en comparación con otros conflictos en África o Medio Oriente. Como resultado, pueden surgir relatos que señalan tanto a Rusia como a la OTAN o a los Estados Unidos, o que abogan prioritariamente por un alto el fuego rápido, incluso si ello implica cesiones territoriales. También se pueden encontrar narrativas alineadas con el Kremlin, especialmente aquellas que presentan a Ucrania como un actor instrumentalizado por Occidente o que describen la guerra como reacción defensiva ante la expansión occidental.   Conclusión Este conflicto ha traído de vuelta la guerra convencional a Europa casi un siglo después, recordando el sufrimiento y dolor de los conflictos armados. Millones de ucranianos se han visto obligados a dejar sus vidas, bien sea para buscar un futuro sin guerra en Europa, o bien para luchar y defender su país de la amenaza rusa.  Aunque ya hayan pasado cuatro años y el conflicto se encuentre estancado, la única manera para que los ucranianos puedan volver a su rutina con normalidad es poniendo fin al conflicto, encontrando una solución pacífica y diplomática, aunque cada Parte tenga que ceder ante ciertas cuestiones. Sin embargo, parece que esto no interesa a unas élites políticas que solo buscan culpar al enemigo y destruir la imagen internacional.

En las salas del Departamento de Estado en Washington, el 3 de Febrero de 2026, altos funcionarios de todo el mundo firmaron un nuevo pacto para el futuro. Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos 2026, encabezada por el Secretario de Estado Marco Rubio, junto a el vicepresidente estadounidense JD Vance, recibieron a 54 países y la Comisión Europea dejando claro que el tablero geopolítico ya no gira en torno al petróleo, sino al silicio, al litio y a las tierras raras. Con 11 memorandos de entendimientos firmados con países como Argentina, Perú, Marruecos, Filipinas, las Islas Cook (Nueva Zelanda), los Emiratos Árabes Unidos, Guinea o Uzbekistán, entre otros, Estados Unidos expresa su intención de cooperar en este sector buscando blindar cadenas de suministros esenciales para baterías de vehículos eléctricos, energías renovables y chips de inteligencia artificial frente a su adversario más directo, China (U.S. Department of State, 2026). La lista de socios revela las prioridades socioeconómicas estadounidenses: Argentina y Perú por el litio andino; Guinea y la República Democrática del Congo por el cobalto; Marruecos como puente africano que también puede ofrecer fosfatos para baterías, mientras que Uzbekistán y Filipinas son los nodos euroasiáticos que traen el níquel.  Más que simples acuerdos comerciales, estos  MOUs (memorandos de entendimiento) buscan crear un ecosistema para el procesamiento de materia prima local, integrando a esos países en cadenas occidentales y reduciendo la dependencia a otros mercados orientales. Aunque también mediante el financiamiento, condiciona las empresas que participan y construye una forma de cooperación a través de la jerarquía, denominada interdependencia asimétrica (Keohane & Nye, 2011). Sin embargo, las ausencias, o más bien las presencias incompletas pesan. España no fue partícipe y, aunque la Comisión Europea pudo estar invitada en su calidad de órgano ejecutivo, la Unión Europea no actuó como bloque político a través del Consejo de la Unión Europea o del Consejo Europeo. Además, varios miembros como Francia, Alemania, Polonia, Grecia o Suecia, entre otros, participaron de forma individual, priorizando sus agendas nacionales. Tampoco se tuvo la aparición de Chile o Bolivia, donde el primero es de los mayores productores mundiales de litio y el segundo posee una de las mayores reservas, formando el “triángulo del litio” junto con Argentina (Nueva Minería & Energía, s.f).   Finalmente, la exclusión de China y Rusia no es menor y habla por sí sola como un reflejo de las tensiones que subyace en el control por los minerales críticos. Esta arquitectura emergente de acuerdo bilaterales configura lo que se denomina “Pax Silica”, un orden internacional donde el control de los insumos tecnológicos sustituye al crudo como fuente primaria de poder, acercándonos al inicio de una nueva era geopolítica que conviene entender en detalle.  La nueva alianza tecnológica en la Era del Cómputo El nombre “Pax Silica” no es casual. “Pax” proviene del latín, evocando estabilidad, tranquilidad y prosperidad a largo plazo, mientras que “silica” hace referencia al silicio refinado, componente clave de los chips que alimentan el aprendizaje automático o la IA. Esta alianza se concibe como la nueva “Pax Americana” para esta era, compuesta inicialmente por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Australia, presentada formalmente el 11 de diciembre de 2025 en Washington. Sus objetivos se centran en construir cadenas de suministro tecnológicas seguras, resilientes y confiables, desde la extracción de minerales críticos y el procesamiento de energía, hasta la fabricación avanzada de semiconductores y la infraestructura de inteligencia artificial. Washington busca disminuir la dependencia de China en estas cadenas de valor y asegurar prácticas de mercado justas frente a el dumping, que es cuando una empresa o país vende sus productos por debajo del valor normal para eliminar competencia o rivalizar con otros oponentes (World Trade Organizations, s.f.), y ante los excesos de capacidad en la economía global.  Mientras que los países occidentales depositaron su confianza en la globalización, deslocalizando sus centros de producción a países con menor costo laboral y regulaciones, la República Popular China pasó décadas construyendo una economía de integración vertical de los sectores que más depende como la educación y la industria, hasta la defensa. La pandemia de COVID-19 evidenció la vulnerabilidad de la globalización ante los riesgos por la guerra arancelaria y los controles de exportación, llegando a cuestionar la dependencia excesiva a terceros países como resultado de las políticas del siglo 21 (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2026). Frente a esto, la Administración Trump ha anunciado la creación del Foro de Participación sobre Recursos y Geoestrategias (FORGE), que sustituye a la anterior Asociación de Seguridad para los Minerales. Este nuevo mecanismo, presidido hasta junio por la República de Corea, tendrá como objetivo coordinar regulaciones, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer cadenas de suministro seguras y sostenibles entre países aliados. No se trata solo de diálogo político, el gobierno estadounidense ha impulsado mediante el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), el Proyecto Vault, que contempla hasta 10.000 millones de dólares para crear una reserva estratégica interna de minerales críticos (Baskaran, 2026). Más que una simple estrategia de resiliencia económica, estas medidas evidencian un giro competitivo. Estados Unidos decidió pasar a la ofensiva al percibir que estaba perdiendo terreno frente a China por la primacía tecnológica global. El Subsecretario de Asuntos Económicos, Jacob Helberg (U.S. Department of State, 2025) resume esta nueva lógica como “el siglo XX funcionó con petróleo y acero, el Siglo XXI funciona con capacidad de cómputo y los minerales que la alimentan”. Del subsuelo al chip: las consecuencias humanas detrás de la tecnología La extracción de tierras raras y otros minerales no es un proceso limpio. La minería moderna, incluida la de tierras raras, litio, níquel y cobalto, está asociada a generar residuos radiactivos como son los del plomo o el uranio que pueden persistir durante décadas o siglos si no se gestionan adecuadamente. También pueden causar la acidificación de aguas y la contaminación del aire y suelos. Además, también puede afectar a la deforestación, la erosión y la pérdida de biodiversidad. Detrás del discurso de innovación y autonomía regional se esconden grandes impactos ambientales y sociales que rara vez ocupan un lugar central en las narrativas de memorandos de entendimiento y acuerdos de inversión.  En la Cumbre Climática de la Organización de las Naciones Unidas del 2025 en Be lém  (Brasil), los delegados incorporaron por primera vez los riesgos ambientales y sociales asociados a la extracción de minerales críticos en la transición energética, subrayando que una expansión mal gestionada puede replicar los daños del modelo fósil si no se aplican salvaguardias claras. Es decir, que si solo se cambia el recurso pero se mantiene el mismo modelo de extracción intensiva y poco regulada, se pueden repetir los mismos errores  ambientales y sociales que dejó la economía previa, basada en el petróleo y el carbón.  Este contexto tiene importantes repercusiones para las comunidades locales. En las cuencas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, al norte de Argentina, la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para intervenir ante la denuncia de la pérdida irreversible de tierras fértiles y fuentes de agua dulce por la extracción de litio y borato. Esta causa iniciada en 2019, compromete actividades agrícolas, la biodiversidad única del ecosistema y las formas de vida cultural de las comunidades que dependen de ese territorio. Los demandantes solicitaron no solo la evaluación de impacto ambiental acumulativa adecuada, sino también la suspensión de permisos mineros vigentes y la prohibición de otorgar nuevos sin garantizar esos estudios y la participación efectiva de las comunidades (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2025).  Por otro lado, en Perú, comunidades quechua de Puno y Cusco enfrentan el avance de megaproyectos de cobre y litio en cuencas estratégicas como Inambari, donde la explotación minera ha generado relaves que contaminan los ríos con arsénico, mercurio y otros metales pesados. En Guinea, los pueblos Fulani del interior han rechazado proyectos de bauxita y tierras raras, argumentando la pérdida de sabanas fértiles y la interrupción de sus medios de vida tradicionales. Asimismo, situaciones similares ocurren en Ecuador, donde comunidades indígenas y campesinas en provincias como Imbabura, Zamora-Chinchipe y Morona Santiago enfrentan programas de minería de oro, cobre y litio en cuencas vitales, causando daños a la agricultura, deslizamientos y contaminación por mercurio, afectando a la salud de las personas (Landin, 2025). Finalmente, en la República Democrática del Congo, se encuentra la capital mundial del cobalto, con el 70% de las reservas globales. Estas, alimentan las baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, especialmente desde la región de Katanga. Es uno de los casos más extremos de contaminación debido a las consecuencias que se han visto, tales como: intoxicación crónica, daños renales, problemas respiratorios y afecciones neurológicas en niños. Esta situación se agrava por la tensión creciente entre mineros locales y las empresas industriales, como la suiza Glencore o la china COMMUS, que tras el decreto de diciembre de 2025 del ministro Louis Watum fueron expulsadas. La suspensión temporal del procesamiento levantada en enero de 2026, no resolvió la falta de zonas oficialmente reguladas, exponiendo a riesgos letales a los mineros informales, como lo fue el colapso del 31 de enero de 2026, el cual mató a más de 200 personas tras el deslizamiento de tierra en las minas de coltán de Rubaya, controlada por el grupo armado M23 (Sanchez, 2026). Conclusión: una reflexión hacia el futuro Estos casos ilustran cómo la minería de recursos estratégicos, aunque clave para la transición energética global y para la competencia tecnológica entre potencias como Estados Unidos y China, genera desastres ambientales y humanos de magnitud histórica, dejando a las comunidades locales como las principales víctimas. Los “platos rotos” los pagan quienes viven en países con altos niveles de pobreza, mientras que las grandes potencias aseguran cadenas de suministro y ventaja tecnológica, planteando un dilema mucho más allá de la ética: la supremacía de unos pocos se construye a costa de la supervivencia y dignidad de muchos.

Durante décadas, la industria militar estadounidense ha dominado buena parte del mercado global de defensa gracias a su enorme capacidad de producción, su superioridad tecnológica y económica, y sus acuerdos de exportación. Europa, por el contrario, ha mantenido una industria más fragmentada, dependiente en muchos ámbitos del apoyo estadounidense, especialmente en sectores críticos como la aviación, los sistemas de defensa antimisiles, la infraestructura satelital o la guerra electrónica. Sin embargo, el contexto geopolítico actual, marcado por la guerra en Ucrania, la creciente rivalidad con China y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de sus aliados, obliga a la Unión Europea a reforzar su autonomía industrial y sus capacidades de defensa, así como a desarrollar alternativas reales que permitan reducir en el medio plazo la dependencia de Washington. La dependencia industrial como clave estratégica El debate sobre la autonomía estratégica europea no es nuevo, pero en los últimos años ha adquirido una urgencia considerable. La dependencia europea de material militar estadounidense se intensificó tras el estallido de la guerra de Ucrania, cuando numerosos países europeos aceleraron importantes inversiones en productos norteamericanos como el caza F-35, los misiles Patriot o los sistemas HIMARS. Estas adquisiciones, aunque comprensibles desde el punto de vista de las necesidades operativas inmediatas, ha demostrado la subordinación industrial existente que limita la soberanía estratégica de Europa. La cuestión central ya no es únicamente si Europa puede defenderse, sino si puede hacerlo con medios propios y con una base industrial capaz de sostener un esfuerzo militar prolongado sin depender de socios externos. En realidad, la industria militar europea cuenta con una base sólida. Empresas como Airbus Defence, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Saab, Naval Group o MBDA son actores con capacidades avanzadas en aviación militar, carros blindados, sistemas electrónicos, desarrollo de misiles y construcción naval. Esta diversidad constituye una de las principales fortalezas europeas: el continente dispone de un tejido industrial amplio y tecnológicamente desarrollado capaz de cubrir casi todas las necesidades militares. Según cifras recientes del Consejo Europeo, el sector de defensa europeo alcanzó en 2024 un volumen de negocio superior a los 180.000 millones de euros, con un crecimiento acelerado desde 2022, reflejo directo del nuevo ciclo de rearme. Sin embargo, la principal debilidad del sector europeo es la falta de planificación conjunta y la escasa cooperación real. A diferencia del modelo estadounidense, caracterizado por grandes conglomerados industriales integrados y un mercado interno unificado, Europa opera a través de múltiples mercados nacionales, con distintos objetivos y estrategias, además de una competencia interna que reduce la eficiencia colectiva. En lugar de desarrollar sistemas unificados, los Estados europeos han mantenido durante mucho tiempo proyectos paralelos que encarecen costes y dificultan la posibilidad de generar economías de escala que beneficien al sector europeo. De hecho, la fragmentación europea no es solo industrial, sino también política. Los 27 Estados continúan actuando con prioridades diferentes, lo que limita el poder de negociación y ralentiza la consolidación de una verdadera base industrial continental. Estados Unidos ha construido su hegemonía industrial y militar sobre una combinación de factores estructurales difícilmente replicables por los países europeos: un presupuesto de defensa muy superior, una capacidad industrial orientada a la producción masiva, un ecosistema tecnológico alimentado por Silicon Valley y una red de exportación global respaldada por acuerdos estratégicos con sus socios internacionales. Organizaciones como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon o General Dynamics no se limitan a la fabricación de armas, sino que forman parte del núcleo mismo del poder estadounidense, siendo parte de una fuerte relación entre el sector privado, el Gobierno y la política exterior. Europa, por su parte, ha dependido de una lógica diferente, más centrada en la defensa territorial limitada, con presupuestos menores y una menor correlación entre la industria y las necesidades continentales. A pesar de ello, el rearme europeo iniciado tras la invasión rusa del 2022 ha generado una oportunidad histórica para transformar la industria militar del continente. El aumento generalizado del gasto en defensa, junto con iniciativas como el Fondo Europeo de Defensa, la Estrategia Industrial de Defensa Europea o los planes de adquisición conjunta, están creando un ecosistema para fortalecer las capacidades propias. La Comisión Europea ha comenzado a impulsar un mercado común de defensa que permite coordinar compras, reducir duplicidades y fomentar la producción industrial dentro del espacio europeo. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha señalado en repetidas ocasiones que Europa vive “tiempos peligrosos” y que la seguridad del continente requiere reforzar urgentemente su base industrial. Este proceso, a pesar de sus evidentes dificultades, representar una de las alternativas más importantes para competir con la industria estadounidense. Las oportunidades del sector y los planes europeos Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la consolidación industrial. Europa necesita avanzar hacia fusiones empresariales y alianzas permanentes que permitan competir con los gigantes norteamericanos. En este sentido, el modelo de Airbus, nacido como un proyecto multinacional para rivalizar con Boeing, es un precedente clave. La industria de defensa europea podría seguir un camino similar, con figuras continentales capaces de liderar grandes programas de armamento y exportación.  Por su parte, la empresa MBDA ya constituye un consorcio europeo para la producción de misiles que compite directamente con firmas estadounidenses en sectores estratégicos. La creación de estructuras industriales de este tipo es esencial para reducir la fragmentación actual. Otra alternativa crucial es la inversión tecnológica en sectores emergentes donde Europa debe evitar quedar rezagada. La competencia militar del siglo XXI no se basa únicamente en carros de combate y cazas de última generación, sino también en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, los drones, la guerra electrónica y la ciberdefensa, entre otros elementos clave. En muchas de estas áreas, Europa todavía depende de tecnologías norteamericanas, pero también dispone de centros de innovación avanzados y una industria privada que puede convertirse en un motor militar. Resulta esencial crear un ecosistema de innovación dual, donde la defensa y el sector privado se refuercen mutuamente, como ocurre en Estados Unidos. En el ámbito aeroespacial, Europa ha lanzado proyectos ambiciosos para competir con el dominio estadounidense. El Future Combat Air System  (FCAS), impulsado por Francia, Alemania y España, pretende desarrollar un sistema de combate aéreo de nueva generación que sustituya al Eurofighter y rivalice con modelos como el F-35. Este programa incluye no solo un nuevo caza, sino una red completa de drones acompañantes ( remote carriers ) y conectividad de combate basada en inteligencia artificial. En caso de tener éxito, podría ser uno de los primeros pasos hacia una Europa capaz de desarrollar sistemas estratégicos completos sin depender de la Casa Blanca. A pesar de esto, por el momento el proyecto FCAS refleja dificultades inherentes a otros ámbitos dentro del contexto europeo: desacuerdos industriales, tensiones políticas y lentitud burocrática. En paralelo, el sector terrestre también está buscando alternativas. El proyecto Main Ground Combat System  (MGCS) aspira a reemplazar a los carros de combate Leopard y Leclerc mediante el desarrollo de un carro de combate europeo común. Liderado principalmente por Francia y Alemania, el MGCS pretende convertirse en el futuro estándar europeo de combate terrestre, reduciendo la dispersión actual de modelos nacionales. Sin embargo, al igual que el FCAS, su progreso se enfrenta a desafíos derivados de la competencia industrial interna y de las diferencias estratégicas entre los países participantes. Al mismo tiempo, empresas como Rheinmetall están ampliando rápidamente su capacidad de blindados y munición, impulsadas por la demanda de Ucrania. La capacidad europea de producir municiones a gran escala se ha convertido en un indicador clave. La guerra ha demostrado que los conflictos modernos requieren de reservas sostenidas, algo que Europa había descuidado durante décadas en favor de un modelo más dependiente del apoyo logístico estadounidense. La industria naval europea representa, de hecho, uno de los sectores donde el continente posee una ventaja competitiva frente a Estados Unidos. Francia, Italia, España y Alemania cuentan con destacados astilleros militares capaces de construir fragatas avanzadas, submarinos de última generación y otros buques. Naval Group, Fincantieri y Navantia compiten internacionalmente y podrían convertirse en pilares de una autonomía estratégica europea en el dominio marítimo. Además, la proyección de la guerra naval hacia sistemas no tripulados y capacidades híbridas puede ser una oportunidad de innovación para Europa. La autonomía europea no es el fin de la OTAN Un punto importante que es necesario entender es que competir o sustituir a Estados Unidos a nivel de industria militar no significa necesariamente romper la alianza transatlántica. El objetivo europeo debe ser conseguir una autonomía suficiente como para poder actuar de forma independiente cuando el apoyo de Washington no esté garantizado. Esto implica mantener la cooperación con Estados Unidos en determinados sectores, facilitando la interoperabilidad de la OTAN, pero impulsando un fortalecimiento europeo que mitigue las dependencias actuales. Figuras relevantes en la política europea, como el primer ministro francés Emmanuel Macron, han insistido repetidamente en que Europa no puede limitarse a ser un consumidor de armamento estadounidense, sino que debe convertirse en un actor estratégico con capacidad industrial propia. En última instancia, la cuestión de fondo es política. Europa puede desarrollar alternativas reales, pero solo si existe una voluntad sostenida en el tiempo. La industria militar no se construye en pocos años, requiere de planificación a largo plazo, importantes inversiones de capital, coordinación entre los Estados y el establecimiento de una cultura de defensa común. El éxito o fracaso de proyectos como FCAS y MGCS, así como la capacidad de consolidar un mercado europeo de defensa, determinarán si Europa puede transformar sus fortalezas industriales en una verdadera autonomía estratégica o si continuará dependiendo estructuralmente del liderazgo tecnológico y productivo de Estados Unidos.

Myanmar, investigada y en espera de una resolución de la Corte Internacional de Justicia El pasado 12 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), celebró la primera audiencia del procedimiento impulsado el 11 de noviembre de 2019 por Gambia en contra de Myanmar, proceso referido a los actos genocidas que el ejército y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo en contra de la etnia minoritaria rohingya en 2016 y 2017 en el Estado birmano de Rakhine.  A día de hoy, si bien la CIJ no ha acuñado de manera definitiva el suceso como genocidio, si que en base a testimonios de supervivientes y a las alegaciones de Gambia, ha determinado que Myanmar tiene como obligación proteger a la minoría rohinyá habitante en el país de cualquier acto genocida, así como preservar las evidencias relacionadas con las acciones denunciadas, como son las aldeas y poblaciones rohingyas calcinadas. Tras esta breve descripción sobre la posición de la CIJ, es necesario analizar y explicar detalladamente la persecución y masacre sufrida por la comunidad rohingya en Myanmar. Suceso condicionado principalmente por motivos étnicos y religiosos pero con un importante contexto histórico. Rencillas del pasado, legado del colonialismo británico La marginalización de la etnia rohingya es una clara herencia del imperialismo británico en la región durante los siglos XIX y XX, visto que las fuerzas británicas al asentarse en territorio birmano trajeron consigo un elevado número de migrantes rohingyas provenientes de la India, relocalización desarrollada con el objetivo de incrementar la productividad agrícola en un territorio escasamente habitado como consecuencia de previos éxodos y persecuciones étnicas.  El asentamiento de la comunidad rohingya y su estrecha colaboración a nivel administrativo con el régimen ocupante, supuso una gran fisura entre la comunidad budista autóctona y la población migrante musulmán, que al ocupar cargos de poder se vió como una extensión más del dominio colonial británico. Finalmente, con la ocupación japonesa del país durante la Segunda Guerra Mundial y la expulsión del Imperio Británico, la etnia rohingya comenzaría a verse amenazada por otras etnias mayoritarias en la región, que a diferencia de esta no se mantuvieron afines a la potencia europea durante el conflicto Británico-Japonés.  Rohingyas, una historia de persecución, vulnerabilidad de una minoría Las principales presiones sobre los rohingyas llegaron pasada la marcha de los japoneses en 1945. Entre ellas, caben destacar la Operación Dragón King en 1978, una campaña de arrestos, intimidación y violencia por parte del gobierno birmano hacía la supuesta población inmigrante, un evento que forzó la huida a Bangladés de más de 200.000 rohingyas; y la Ley de Ciudadanía 4/1982, la cuál determinó que toda aquella persona que hubiera llegado a partir de la ocupación británica en 1824 no tenía condición de ciudadano, estableciendo así un cambio legislativo que sentenció a millones de rohingyas a la apatridia, despojándolos en un mero instante de derechos básicos y existencia a nivel legal. Como anexo a la propia ley, Myanmar, no valora a la etnia rohingya entre los 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos a nivel estatal.  Tal marco de discriminación perduraría en las siguientes décadas dando pie a múltiples éxodos rohingyas, incluso en 2012. Sin embargo, el máximo apogeo llegaría en los años 2016 y 2017, en los que tras largas campañas de odio fundamentadas étnica y religiosamente por parte de las fuerzas armadas de Myanmar y monjes budistas pertenecientes al grupo nacionalista 969 (liderados por Ashin Wirathu), el propio ejercito birmano llevaría a cabo una persecución y masacre a gran escala hacía la etnia musulmana rohingya en todo el estado de Rakhine (llegando a más de 24.000 muertos), donde en base a testimonios de supervivientes, se produjeron asesinatos, violaciones, mutilaciones y quema de poblaciones de forma masiva.  Por parte del gobierno de Myanmar, liderado en ese momento por la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz, se justificó la intervención militar en base a los ataques realizados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ESRA) el 25 de agosto de 2017 a múltiples bases militares en el país, provocando la muerte de 13 militares y policías. De tal manera, que en palabras del gobierno, la respuesta militar suponía una persecución exclusiva hacia las fuerzas terroristas de ESRA. Sin embargo, múltiples fuentes gráficas y testimoniales desacreditan tal postura, recalcando una vez más las atrocidades sufridas por la comunidad rohingya, y los discurso de desafección y odio llevado a cabo en esas fechas por líderes budistas y militares, en los que incluso se llegó a negar la existencia de una comunidad rohingya.  En tal clima de inseguridad máxima, entre 2016 y 2017 más de 700.000 rohingyas huirían al país vecino de Bangladés (nación de mayoría musulmana), donde el gobierno en colaboración con entidades humanitarias los acogerían en campos de refugiados en la ciudad de Cox’s Bazar, instalándose primordialmente en el campo de Kutupalong (convirtiéndose así en el mayor campo de refugiados del mundo).   Una población dividida, secuelas de un éxodo forzado por la violencia Si bien las principales persecuciones ocurrieron en 2016 y 2017, la comunidad rohingya en estos años ha seguido encontrándose en una situación de alta vulnerabilidad, tanto en el propio Myanmar quienes se quedaron o migraron a nivel interno, como quienes buscaron cobijo en territorio bangladesí.  En primer lugar, en referencia a la población refugiada en Cox’s Bazar, debemos matizar que su situación en el país se está recrudeciendo paulatinamente, visto que: el apoyo humanitario se ha visto fuertemente reducido en los últimos años; siguen en condición de apatridia y su libertad de movimiento en Bangladés se restringe a los propios campos de refugiados; no se han producido avances en materia de repatriación; y su permanencia en el país choca de manera directa con los intereses locales y regionales de la población autóctona, pues la presencia de la población rohingya ha incrementado el precio de productos básicos, ha aumentado el vandalismo, ha agravado el desempleo y dificulta de manera notoria el posicionamiento de Cox’s Bazar como uno de los principales destinos turísticos costeros del país.   En segundo lugar, aquellos rohingyas que han permanecido en Myanmar, se han visto expuestos directamente a los cambios de regímenes y tensiones de poder acontecidos en el país (especialmente en el estado de Rakhine) desde el golpe de estado del año 2021. Golpe en el cuál el Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar), liderado por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing, derrocó al gobierno elegido democráticamente en las elecciones de 2020 presidido por la reelegida Aung San Suu Kyi (líder de la Liga Nacional para la Democracia).  Dicha imposición de un nuevo régimen, condicionó el fortalecimiento y surgimiento de múltiples grupos étnicos y políticos armados contrarios al régimen, casuística que ha fragmentado notoriamente todo el territorio nacional, llegando incluso al punto en el que el gobierno central aún preservando Naypyidaw y otras grandes ciudades, actualmente no controla de forma efectiva ni un tercio del país. En particular, centrándonos en el estado de Rakhine, dónde a día de hoy siguen estando la mayor parte de rohingyas en el país, este se encuentra controlado por el ya previamente mencionado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.  No obstante, ambas potencias se encuentran inmersas en un cruento conflicto por el dominio del territorio, dentro del cuál la minoría rohingya se encuentra plenamente afectada, pues por un lado, dentro del estado de Rakhine tiene como un nuevo sistema opresor y agresor al ESRA (que no es de corte musulmán a pesar de su conexión con la religión, sino supuestamente laico), mientras que por otro lado, el propio gobierno de Myanmar, aún no reconociéndoles como ciudadanos y negándoles derechos básicos ha estado estos últimos años reclutando de manera forzada a rohingyas para la contienda. Esta vulnerabilidad estructural a la que se encuentran expuestos los rohingyas, ha provocado un incremento de los refugiados en Bangladés llegando a estar por encima de 1,2 millones de personas.  Posibles escenarios a medio-largo plazo. Apatridia, aún lejos de una solución  En este marco de incertidumbre y brutalidad lleva navegando sin rumbo la comunidad rohingya desde hace décadas. No obstante, se pueden llegar a vislumbrar a medio plazo un par de posibilidades de retorno de la comunidad rohingya a Myanmar.  La primera de ellas consistiría en una victoria militar por parte del gobierno central respecto a ESRA, con el consecuente fortalecimiento de su figura,  ya de por sí se reforzada tras la victoria del partido PUSD, afín a la cúpula militar, en las elecciones generales de enero del 2026 respecto a las dos cámaras legislativas (elección muy criticada por la comunidad internacional a causa de la falta efectiva de garantías). En pocas palabras, un gobierno fuerte y estable, podría desarrollar y concretar acuerdos de cooperación con el régimen de Bangladés en pos de una repatriación escalonada de la población rohingya a Myanmar. Ya sea emplazándola de manera temporal en campos de refugiados (que sería la opción más plausible), ya sea ofreciéndoles plena libertad de movimiento y asentamiento. La segunda posibilidad, aún tal vez algo más inverosímil, sería la derrota y disolución de una Junta Militar cada vez más debilitada en estos últimos años tras sus múltiples derrotas en el campo de batalla, tanto por parte de fuerzas prodemocráticas como por grupos basados en origen étnicos como ESRA. En tal futuro posible contexto de reestructuración estatal, podría incorporarse un nuevo régimen soberano con la voluntad de acordar la repatriación de los refugiados rohingyas a Myanmar desde un Bangladés ya extenuado a nivel político y social,  al tener que mediar con discursos de cierto corte populista en contra del acogimiento de los refugiados rohingyas; así como a nivel económico, al mantener una población tan numerosa que no quiere llegar a incorporar en el Estado (pues restringe la movilidad de los refugiados exclusivamente a los campos e impide su inserción laboral).   A pesar de estas dos hipótesis de retorno, la comunidad rohingya tiene un obstáculo aún mayor a superar, la obtención de una ciudadanía que acabe con su situación de apatridia, un bache que posiblemente no esté cerca de resolverse hasta al menos haber vuelto a Myanmar.  Una sentencia que podría valer por dos, la importancia del precedente A modo de apunte final, volviendo al proceso actual al que se encuentra sometido Myanmar, subrayar que en el caso de que la Corte Internacional de Justicia calificase las persecuciones y masacre sufridas por la comunidad rohingya como genocidio (al considerarlas como estrategia propia de una limpieza étnica), tal matización podría sentar un precedente importante y afectar notablemente el juicio al que Israel se encuentra sometido en este momento en referencia a la violencia continuada y repetida sobre el pueblo palestino en Gaza, pleito iniciado por la denuncia de Sudáfrica el pasado 29 de diciembre de 2023.

Introducción Desde septiembre de este año, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de operaciones en el mar Caribe, en el marco de la denominada “Operación Lanza del Sur”, dirigidas contra el narcotráfico y la flota petrolera fantasma venezolana, sumadas a los bombardeos Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, lo que supone el mayor despliegue marítimo de Estados Unidos desde la guerra del Golfo. Entre los objetivos fijados con dicha operación se encuentra, principalmente, la presión sobre el Gobierno de Venezuela, con la finalidad de recuperar los activos petroleros expropiados por Hugo Chávez en 2004 y asfixiar su economía, buscando forzar un cambio de régimen en el país. Detrás de los intereses económicos y políticos, propios de la doctrina Monroe, se esconde un importante trasfondo geopolítico, marcado por la contención a China, importadora del 68% del petróleo producido en Venezuela, y a Rusia, que tiene una presencia militar significativa en el país, en especial en Valencia y Manzanares. Sin embargo, esta acción se encuentra marcada, de una forma más directa, por los intereses en Oriente Medio, particularmente con el estrangulamiento a la economía iraní, tanto a nivel petrolero como agrícola, sin olvidar su programa nuclear. A nivel histórico, las relaciones entre Irán y Venezuela datan de los años sesenta, aunque se fortalecieron en 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, en un intento de crear un contrapeso a la hegemonía estadounidense en la región. Posteriormente, en 2007, Nicolás Maduro mantuvo una reunión en Damasco con Hassan Nasrallah, difunto líder de Hezbolá, donde pactaron facilidades para que el grupo operase en Venezuela, usando al país como base logística para el tráfico de armas hacia el Líbano y la obtención de pasaportes falsos. El programa nuclear iraní y sus vínculos con Venezuela El programa nuclear es uno de los activos de disuasión más importantes del Gobierno de Irán, ya que garantiza su posición como potencia regional. Su desarrollo se inicia en los años cincuenta de la mano de EE.UU., mediante el programa “Átomos para la Paz”, con la creación de un centro de investigación nuclear en Teherán. Tras el parón que supuso la Revolución Islámica, el proyecto se reactivó entre los años ochenta y noventa con la ayuda de Rusia, aunque el punto de inflexión aconteció en 2002, cuando se revelaron las plantas de enriquecimiento de Natanz y de aguas pesadas de Arak, lo que dio lugar a una importante crisis diplomática. Entre 2006 y 2015 tuvo lugar una época marcada por las sanciones hacia Irán debido a su programa nuclear, las cuales se aliviaron en 2015, tras la firma de un acuerdo nuclear, que limitó dicho proyecto. No obstante, tras la salida de EE.UU. del pacto en 2018, Irán comenzó la construcción de cuatro nuevas centrales nucleares en 2024, y arrancó el enriquecimiento al 60%, situándose cerca del umbral de enriquecimiento necesario para la producción de armas atómicas. Aunque durante la Guerra de los doce días, las instalaciones y el personal científico iraní fueron fuertemente golpeados, el programa continúa, al no destruirse las reservas de uranio enriquecido al 60%, pudiendo Irán recuperarse del golpe asestado. A pesar de que el país cuenta con minas de uranio, lo cierto es que, en la actualidad, posee más material del que estas pueden producir, lo cual levanta sospechas de que pueda estar adquiriéndolo en el extranjero. Desde el año 2009, Israel ha afirmado que Bolivia y Venezuela suplen a Irán de este mineral, acusación que ha sido negada por ambos Gobiernos. Se sospecha que para el transporte del uranio y de otros recursos estratégicos se utilizaba una línea aérea directa entre Caracas y Teherán. Esta ruta fue operada por Conviasa entre 2007-2010, con vuelos esporádicos hasta el 2019, cuando reestableció formalmente, funcionando en la actualidad bajo Mahan Air, compañía vinculada a la Guardia Revolucionaria, en alianza con Conviasa y su filial de carga, Emtrasur. En relación con este punto, la cuenca de Roraima es la zona de Venezuela con mayores reservas de uranio, y cuenta con una gran presencia de ciudadanos iraníes. Se sospecha que su Gobierno ha iniciado prospecciones y labores de explotación mediante empresas fachada que poseen concesiones mineras desde la época de Hugo Chávez. Es importante señalar que dicha zona está denominada por el Gobierno venezolano como zona de exclusión aérea. Además, según una investigación de ABC, Venezuela ha contribuido, junto con China, a la financiación del programa nuclear iraní mediante fondos canalizados como falsos préstamos. La influencia de grupos afines a Irán en Venezuela y el poder blando cultural: más allá de la sospecha La operartividad de Venezuela como base logística, tanto histórica como actualmente, para los grupos afines a Irán, como Hezbolá o Hamás, supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para su interés de mantenerse como potencia hegemónica en Sudamérica. Según fuentes de inteligencia estadounidenses y denuncias recientes del Gobierno israelí, Venezuela es el centro de operaciones de Hezbolá en la región, donde se facilita refugio, asistencia logística, y la emisión de pasaportes falsos. Asimismo, se ha documentado su implicación en el tráfico de drogas a escala continental para financiar a la organización en el Líbano. Por lo que respecta a Hamás, su influencia en Venezuela ha trascendido del plano del apoyo diplomático, al considerarlo un movimiento de liberación nacional, para convertirse en una auténtica base operativa en América Latina. Informes de seguridad nacional de EE.UU. destacan que el país caribeño es un verdadero nexo logístico, tanto para Hamás como para los hutíes, desde donde pueden coordinar movimientos financieros y de propaganda. Todo esto se sustenta en acuerdos de cooperación mutua que  blindan a estos operativos frente a órdenes de captura internacional, permitiéndoles usar el suelo venezolano como zona de retaguardia y tránsito. Esta relación, sin embargo, no se limita a los niveles logísticos y operativos, sino que abarca la hegemonía cultural y la difusión del relato de dichos grupos. Un ejemplo de ello es la presencia en Venezuela de HispanTV, cadena financiada por Irán, que funciona como su centro de emisión para América Latina. A través de este medio de comunicación, se propaga una narrativa alineada con los intereses geopolíticos de Teherán, normalizando la presencia de sus grupos aliados y justificando el programa nuclear iraní, al tiempo que se debilita la influencia de la prensa occidental en la región. A esta estrategia se suma la diplomacia cultural y educativa, mediante la oferta de becas a estudiantes venezolanos y de otros países, como Perú. La finalidad de Irán es formar cuadros políticos y técnicos, con una estrecha afinidad ideológica. Estas becas abarcan desde estudios sobre ciencias básicas y tecnología a literatura persa y estudios religiosos, con un especial foco en ciudades como Qom, en un esfuerzo por tejer una red de influencia a largo plazo en las instituciones de los países latinoamericanos. Para arraigarse en el tejido social y profesional de la zona, esta iniciativa académica se complementa con la cooperación en materia económica, militar y energética. Escasez de agua en Irán y relevancia de las importaciones provenientes de Venezuela Debido a su situación geográfica y sus condiciones climáticas, Irán padece de una escasez crónica de agua que se ha agravado en los últimos años. En la actualidad, se ha llegado a plantear la posibilidad de evacuar la capital, Teherán, a causa de la sequía. Resulta fundamental subrayar la dependencia hídrica de la agricultura de iraní, lo que pone su soberanía alimentaria en juego. Por este motivo, el país depende fuertemente de las importaciones de comida, en un contexto internacional marcado por severas sanciones que le impiden comerciar con normalidad. En este escenario, Venezuela desempeña un papel clave en la garantía de su seguridad alimentaria, proveyéndole productos agrícolas y ganaderos a pesar del embargo. En el año 2018, Venezuela cedió un millón de hectáreas de cultivo a Irán, aunque la nación persa necesita hasta siete millones de hectáreas para cubrir sus necesidades, capoyándose también en otros socios como Rusia. Por otro lado, a finales de 2024 se firmó un acuerdo para la exportación de 11.000 cabezas de ganado mensuales hacia territorio iraní. Todo esto demuestra la importancia estratégica de Caracas como proveedor de un Estado fuertemente sancionado y con acceso limitado a los mercados internacionales. A cambio, Venezuela recibe fertilizantes y productos de nanotecnología agrícola, los cuales le permiten aumentar la productividad de sus plantaciones mediante microorganismos y semillas modificadas genéticamente, fortaleciendo así el eje comercial entre bilateral. A su vez, el país sudamericano se beneficia del intercambio de tecnología nuclear con fines pacíficos y de las innovaciones iraníes en la industria petrolera. Esta crisis hídrica en Irán responde a lo que los expertos denominan como “bancarrota hídrica”, causada por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de inversión en infraestructura, así como por la política de autosuficiencia agrícola que, durante décadas, priorizó el riego intensivo en zonas desérticas. Como consecuencia, el suelo de Teherán sufre un hundimiento progresivo de hasta 25 centímetros anuales en algunas áreas, lo cual compromete redes de transporte y edificios, al tiempo que aviva el debate sobre el traslado de la capital hacia regiones con mayor disponibilidad de recursos. Ante el mencionado colapso interno, el modelo de cultivos extraterritoriales en Venezuela adquiere una importancia existencial para Irán, ya que le permite utilizar el agua y las tierras caribeñas para producir los suministros que su propio ecosistema es incapaz de sostener. Mientras que el 90% del agua que consume Irán se destina a una agricultura local ineficiente, la alianza con Venezuela le da acceso a tierras en regiones como los Llanos o el estado de Bolívar, caracterizadas por sus abundantes precipitaciones. Por tanto, este intercambio no es meramente comercial, sino que responde a una necesidad vital de Teherán para asegurar el flujo de alimentos a su población. Esta sinergia operativa se sustenta en la transferencia de nanobiotecnología iraní, sector donde el país es un referente global, para optimizar la producción en suelo venezolano. La implementación de fertilizantes nanoquelatados y bioplaguicidas no solo maximiza el rendimiento agrícola, sino que permite la adaptación de semillas de alta resistencia a las condiciones del trópico. En última instancia, este flujo de alimentos impulsado por la vanguardia tecnológica trasciende el ámbito comercial y consolida un bloque de resistencia técnica capaz de mitigar el impacto de las sanciones occidentales y asegurar la resiliencia de ambos Estados. La evasión conjunta de las sanciones: petróleo y finanzas De esta manera, ambos países, mediante la firma de un acuerdo de cooperación a veinte años, consolidan una economía basada en la resistencia frente a Occidente, eludiendo mecanismos como el sistema SWIFT y los embargos al crudo. Respecto a este último punto, resulta clave el uso de la conocida como “flota fantasma”, la cual recurre a transferencias de petróleo en alta mar desde embarcaciones sancionadas a otras legales, el empleo de banderas falsas, la navegación sin el sistema de identificación automática (AIS) o la suplantación de  identidad con barcos desguazados, entre otros métodos. Este sistema de evasión no solo garantiza el flujo de hidrocarburos, sino que se apoya en una arquitectura financiera paralela, la cual utiliza criptomonedas o redes de mensajería interbancaria no occidentales para liquidar pagos, fuera del alcance del Tesoro de EE.UU. La triangulación de capitales a través de paraísos fiscales y empresas de fachada permite que los ingresos por la venta de crudo financien tanto el programa nuclear iraní como el sostenimiento operativo de sus grupos delegados (proxies) en Oriente Medio, además de consolidar la presencia de actores como Hezbolá en suelo sudamericano. Esta infraestructura representa un desafío directo a la hegemonía estadounidense, al facilitar redes ilícitas de narcotráfico y lavado de dinero bajo la permisividad de regímenes aliados. Esta “economía del asedio” ha creado una simbiosis técnica, en la que ingenieros iraníes aplican las lecciones aprendidas tras décadas de embargo a las refinerías venezolanas, logrando mantener activa una maquinaria que, bajo estándares normales, habría colapsado. Este modelo de resiliencia industrial no solo ha frenado la caída de la producción de gasolina en Venezuela, sino que ha convertido el complejo refinador de Paraguaná en un laboratorio de pruebas para las tecnologías de contingencia que Irán planea exportar a otros paísessometidos a regímenes punitivos similares. Asimismo, el uso de la flota fantasma ha evolucionado hacia una red logística altamente sofisticada que incluye el spoofing o falsificación de la señal GPS. Esta técnica hace que un barco petrolero parezca estar en aguas internacionales cuando, en realidad, está cargando crudo en terminales venezolanas. Dicha táctica, perfeccionada por Irán, ha sido transferida a PDVSA como parte de los acuerdos de defensa mutua, convirtiendo el comercio de petróleo en una auténtica operación de inteligencia militar. Es importante advertir que la falta de transparencia en estas rutas marítimas incrementa la probabilidad de vertidos y colisiones accidentales, puesto que las embarcaciones de la flota fantasma operan, a menudo, con estándares deficientes de mantenimiento y seguros de dudosa procedencia. Al realizar las transferencias de carga a oscuras, y en zonas no autorizadas, evaden los protocolos de respuesta ante emergencias, dejando a las naciones costeras del Caribe y del golfo Pérsico vulnerables ante desastres ecológicos. A esto se suma la sofisticación en el uso de señuelos digitales y la coordinación de movimientos basándose en los puntos ciegos satelitales, lo que obliga a las potencias occidentales a invertir una mayor cantidad de recursos en vigilancia de alta resolución. Finalmente, el acuerdo bilateral a veinte años se traduce en una alianza casi irreversible, en la que Venezuela se afianza como el principal socio de Irán en el hemisferio occidental para adquirir divisas y recursos básicos. Para Caracas, esta relación representa un seguro frente al aislamiento diplomático y comercial de Occidente, mientras que para Teherán supone una ruptura del cerco económico impuesto por Estados Unidos. La consolidación de este bloque de resistencia demuestra que la interconexión entre potencias sancionadas puede generar un mercado alternativo con capacidad para desafiar el control normativo del comercio global y la hegemonía del dólar. Venezuela, clave geopolítica en Oriente Medio Los acontecimientos en Oriente Medio durante los últimos años, marcados por los conflictos en Gaza y el Líbano, sumados al enfrentamiento directo entre Israel e Irán en la   Guerra de los Doce Días, videncian un cambio en equilibrio de poder. Se observa un Israel belicista, que busca el fin del régimen de los ayatolás, con el objetivo final es conquistar la hegemonía regional y eliminar a su gran rival. En vista de este panorama, Venezuela cobra una enorme importancia sobre los acontecimientos en Oriente Medio. Por un lado, gracias a sus exportaciones agrícolas, juega un papel primordial en el mantenimiento de la seguridad alimentaria y, por ende, de la paz social, dentro de un Irán ya de por sí convulso. Por otro lado, es una pieza fundamental en su infraestructura logística contra el bloque occidental, al proveerle del material necesario para mantener su programa nuclear, eje de su disuasión frente a Israel, y dotarle de capacidades para financiarse y hacer frente a las sanciones. La caída del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ansiada por Donald Trump, y cristalizada tras su detención, puede formar parte de una estrategia más amplia en Oriente Medio. Este movimiento dejaría a Irán sin los recursos necesarios para sostener a sus actores proxy, como Hezbolá, y su programa atómico. Además, podría como generar una crisis interna en el país persa debido a la escasez de alimentos o la falta de ingresos públicos, facilitando así un cambio de régimen favorable a los intereses de Washington. En sus recientes declaraciones junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Donald Trump insinuó la posibilidad de una ataque inminente contra Irán, si este insiste en continuar con su desarrollo nuclear, algo que Teherán mantendrá, por ser el pilar de su defensa. A esto se unen la inmensa movilización militar de Estados Unidos hacia el golfo Pérsico y los preparativos de israelíes para una eventual ofensiva. Si este ataque llega a producirse, y Venezuela sigue asediada por la Operación Lanza del Sur, Irán podría verse en una situación muy complicada para recibir el apoyo necesario para responder, más aún si se tienen en cuenta las recientes protestas internas que sacuden al país. Este escenario de máxima presión podría forzar una derrota estratégica iraní, y derivar en un cambio de régimen auspiciado por Estados Unidos e Israel, desequilibrando la distribución del poder en favor de este último. Todo esto tendría fuertes consecuencias, no solo para ambos países, sino para otros actores y conflictos en la región, como la guerra civil en Yemen (especialmente para los hutíes), así como la estabilidad en Irak y el Líbano, o el afianzamiento del poder en Siria por parte de Al-Sharaa.

En estas fechas el amor está en el aire, un sentimiento que miles de escritores a lo largo de la historia han expresado de distintas maneras. Nietzsche, por ejemplo, en su obra “ Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal”,  consideraba que amar era dejar atrás el pensamiento egoísta. En un mundo donde el individualismo gana terreno, es complicado plantearse una sociedad donde sus individuos no sean egoístas, especialmente cuando vemos que un sentimiento como el amor ha sido tan mercantilizado con el paso del tiempo.  El 14 de febrero se presenta como una celebración íntima, dos personas, una mesa, una rosa y quizás, una declaración de amor eterno, sin embargo, detrás de este gesto se esconde una maquinaria global de comercio, leyes, fronteras y poder, de la cual todos y todas formamos parte. San Valentín no es solo una fecha en el calendario, es un evento geopolítico de gran impacto, ya que el amor, lejos de ser apolítico, cruza fronteras, crea revoluciones, paga aranceles, depende de legislaciones y se permite o se castiga según el país que se habite.  De Roma al capitalismo San Valentín, como muchas fiestas que tenemos hoy en día, viene de una compleja reinterpretación llevada a cabo durante siglos de celebraciones o rituales de las antiguas civilizaciones, en este caso, los historiadores no saben con exactitud el origen, sin embargo lo ubican en la antigua Roma, en la celebración de las Lupercales  que se hacía aproximadamente entre el 11 y el 15 de febrero. En este periodo, un sacerdote sacrificaba una cabra y a continuación, los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Otras teorías sitúan el origen en una fiesta romana llamada Juno Februata , en la cual era costumbre que los jóvenes escogieran el nombre de su pareja durante esos días, extrayendo de una caja un papel con el nombre de una de las chicas, estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Sin embargo, no fue hasta el siglo III cuando la historia de San Valentin cobraría más sentido, cuando el cristianismo comenzó a extenderse por Roma, el Emperador Claudio II el Gótico promulgó una ley que prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Esta medida no fue excesivamente popular, siendo ejemplo el sacerdote Valentín, quién al no estar de acuerdo, decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo. Valentín, finalmente, fue descubierto y encarcelado, siendo un 14 de febrero del año 269 lapidado y decapitado. Siglos después, en el año 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero, el día de la muerte del sacerdote Valentín, como el día de San Valentin. Así pues, durante mucho tiempo en la Edad Media su tumba fue considerada un lugar de peregrinaje. Sin embargo, en 1969 bajo el pontificado de Pablo VI, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Esto, como vemos hoy día, no fue impedimento para que San Valentin sea una de las festividades más celebradas a nivel mundial, promovido principalmente por la propaganda y un capitalismo emocional, aunque también es cierto, que existen evidencias de tarjetas de amor producidas en masa para el 14 de febrero a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, es decir, mucho antes de la sociedad del consumo actual.  Las flores y la economía mundial Las flores han sido usadas durante milenios por la humanidad para todo tipo de rituales, incluso hay evidencias del uso de estas por parte de los neandertales para despedir a sus seres queridos. De tal forma, las flores en San Valentin son una muestra de amor que no desaparece con el tiempo, sino que aumenta. Curiosamente son muy pocos países en el mundo los que tienen en sus manos el monopolio de la producción de flores. En Estados Unidos, más del 90% de las flores que se venden en San Valentín son importadas, la mayoría provenientes de Colombia y Ecuador, lo que nos muestra como el amor, como tantas otras cosas, se cultiva notablemente en el Sur Global y se consume en el Norte. Durante las semanas previas al 14 de febrero, el aeropuerto internacional de Miami se convierte en uno de los centros neurálgicos de entrega de flores al país norteamericano, cientos de vuelos cargados aterrizan cada día para cubrir la demanda. En 2025 se estima que Estados Unidos compró a Colombia el equivalente a 65 mil toneladas de flores. Para poner en contexto esta cifra, hablamos que el 13% aproximadamente de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son únicamente flores, cifras que queda por ver si merman este año, debido al aumento de aranceles de Trump que actualmente siguen en el 10% para este producto.   Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo, solo por detrás de los Países Bajos. Por ello, para el sector floricultor colombiano, San Valentín puede representar hasta el 20% de las ventas anuales. Mientras, en Ecuador, la dependencia de este sector al 14 de febrero es similar. Por otro lado, Kenia es otro gran productor mundial, las flores viajan sobre todo hacia Europa, convirtiendo al aeropuerto de Ámsterdam en el punto de entrada de la mayoría de las flores provenientes de este país. Sin embargo, pese a las multimillonarias compras, el comercio mundial de flores se encuentra atravesando fuertes problemas estructurales; como son unos salarios bajos, el trabajo estacional que, mayoritariamente es femenino, y, una vulnerabilidad extrema a cambios políticos.  Sin libertad de amar en gran parte del mundo En ocasiones cuando se habla de amar, se olvida la dura situación que viven muchas personas a lo largo y ancho del mundo, aunque en las últimas décadas ha sido significativo el avance en derechos de la comunidad LGBTIQ+, también se han visto retrocesos importantes en lugares donde parecía que las libertades alcanzadas no podían ir hacia atrás. Para 2025, alrededor de 38 países habían legalizado el matrimonio igualitario y la unión civil entre personas del mismo género. En consecuencia, esto permite que puedan casarse con plenos derechos legales, tales como la herencia, la adopción o el reconocimiento de familia, aunque en el caso de la unión civil, que no es igual que hablar de matrimonio, estos derechos pueden cambiar dependiendo del país, habiendo sido generalmente más recortados o limitados.  Estos datos representan a unos 1.500 millones de personas en todo el mundo, lo que quiere decir que apenas el 20% de la población global puede legalmente casarse con personas del mismo género. El último en sumarse a la lista fue Tailandia, que el año pasado aprobó en su parlamento el matrimonio igualitario, siendo el primer país del sudeste asiático en tener una ley de este tipo. Otro nuevo país en legalizarlo en 2025 fue el Principado de Liechtenstein, siendo un gran cambio para este pequeño territorio europeo, ya que a fecha actual el país tiene leyes muy restrictivas a nivel social. Por ejemplo, en Liechtenstein sigue prohibiendo el aborto en casi todos sus casos. Mientras, otros países que recientemente han hecho cambios positivos en sus legislaciones en este sentido son el caso de Grecia en 2024 y la aprobación de la unión civil igualitaria en Letonia también en dicho año.  Sin embargo, se está viendo un retroceso importante en otros países, en el caso europeo, en Bulgaria su parlamento prohibió el año pasado lo que denomina "propaganda de orientación sexual no tradicional"  en los colegios de primaria y secundaria. En consecuencia, los hechos se han considerado como el inicio de una clara invisibilización de la comunidad LGBTIQ+ en la sociedad búlgara.  Por otra parte, en Italia el gobierno de Giorgia Meloni prohibió el registro de hijos de parejas del mismo sexo, reconociendo solo al progenitor biológico. Mientras, en el caso de Estados Unidos, ya son numerosos casos al respecto que, en los últimos años, han pasado por el Tribunal Supremo, juzgados o declaraciones de congresistas y de gobiernos estatales para restringir el matrimonio igualitario. Actualmente, al menos nueve Estados gobernados por el Partido Repúblicano han impulsado iniciativas para revertir el fallo del Supremo sobre el matrimonio igualitario a nivel federal, en un intento por lograr que el asunto vuelva a estar en manos de los propios Estados. En consecuencia, un buen ejemplo es el de finales de octubre del año pasado, cuando una orden del Supremo en Texas dictaminó que los jueces que "se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio" debido a una "creencia religiosa sincera" no están violando las leyes estatales. Por otro lado, en todo el mundo hay 67 Estados miembro de la ONU, casi la mitad de ellos en África, que aún criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo género, en países como Argelia, Túnez y Libia, las penas pueden ser de hasta ocho años de prisión según el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) de 2020 sobre Homofobia de Estado. Además, incluso en países de la mencionada lista como son: Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabía Saudí o Yemen, la homosexualidad no solo se penaliza, sino que existe certeza legal para aplicar la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo género. Asimismo, hemos de resaltar que, en muchos países. las cifras exactas de ejecuciones y encarcelamientos por la orientación sexual es sumamente complicada de determinar, ya que en muchos de estos, como es el caso de Indonesia, la homosexualidad se criminaliza en territorios concretos. Este es el caso de Sumatra, donde practican la sharía (ley islámica) y en ocasiones la condena suele ser recibir latigazos en público u otro tipo de daños físicos.  Poliamor, un debate en occidente, machismo en oriente El poliamor siempre ha estado en el debate ético y moral de las sociedades durante siglos, antropólogos y sociológos han identificado decenas de grupos aborígenes en América y África donde sus estructuras sociales y familiares se basaban en la practica de la poligamia. Un ejemplo de esto es la etnia náhuatl, que habita la sierra Zongolica, en el Estado mexicano de Veracruz, el cual, acostumbra la unión libre o consensual en matrimonios polígamos. A su vez, movimientos contraculturales como grupos anarquistas e hippies en Estados Unidos y Europa durante la década de los años 60´s ya practicaban el poliamor como forma de libertad y como una manera de crear igualdad jerárquica entre los géneros.  Es importante que, en este punto, destaquemos la diferencia entre poliamor y poligamia. El poliamor como concepto, habla de la libertad de tener relaciones sexuales dentro de una pareja con varias personas y poder tener un vínculo sentimental entre estas. Por el contrario, la poligamia es la práctica de estar en una unión de tres o más personas bajo alguna forma de “contrato” o matrimonio, sin capacidad de cambiar dicha estructura. Por ejemplo, en una relación poligámica, si alguna de las personas tiene relaciones sexuales fuera de dicho círculo, esto puede considerarse infidelidad, en cambio, en una relación poliamorosa esta limitación usualmente desaparece.  En el mundo, gran parte de los países que permiten la poligamia son países con mayoría de población musulmana o donde hay una cantidad importante de personas que profesan dicha religión. Países como Arabía Saudí y Emiratos Árabes Unidos, permiten a los hombres casarse con hasta cuatro mujeres. En cambio, en lugares como India, Malasia, Filipinas, Sri Lanka o Singapur, la poligamia está restringida para uso exclusivo de los ciudadanos que profesen el islam. No obstante, hemos de reclacar que, en todos los países del mundo donde es legal la poligamia, existe un factor fundamental, esta solo la pueden ejercer los hombres.  En este sentido, la legalidad y la práctica del matrimonio de una mujer con varios hombres se considera extremadamente rara en el mundo. Tan solo en Bután, en el distrito de Trachigán, hay legislación específica para estos casos. Por otro lado, hace años, en Sudáfrica, donde con ciertas restricciones es legal la poligamia, se llevó al Congreso una modificación de ley para que esta también pueda ser aplicada a las mujeres y que ellas puedan ejercer la poliandria (nombre que se le da a la poligamia cuando es una mujer con varios hombres). Finalmente, está proposición de ley no prosperó y el debate actualmente sigue estancado en el país.  Turismo del amor Siguiendo con nuestro recorrido amoroso, no podíamos olvidarnos de los viajes. Hay ciudades que son comercializadas como los lugares perfectos para ir en pareja, aunque estás ciudades cambian con el tiempo, hay algunas que nunca pasan de moda. París o Venecia se venden como lugares perfectos para ir y reforzar el amor, de hecho, en París especialmente, existe un marketing bien estructurado detrás de esto.  La capital francesa aparece plasmada en decenas de películas y series como un lugar idílico donde nace el amor. Películas como “ Amélie”, “Al final de la escapada”, “Medianoche en París”, “Antes del atardecer” y “Moulin Rouge” , muestran monumentos como la Torre Eiffel, el Muro de los Te Amo y el Puente de las Artes, lugares que se han convertido en la máxima representación del sentimiento amoroso plasmado en la arquitectura. En consecuencia y como curiosidad, la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), empresa operadora encargada de la Torre Eiffel, estima que al año se hacen entre 7 mil y 10 mil pedidas de mano dentro del monumento.  Aunque suele tener varias explicaciones el por qué se considera a París “la ciudad del amor”, la idea más acertada es que dicho lugar fue una de las cunas del romanticismo en el siglo XVIII, lo que hizo que grandes nombres de la literatura como Víctor Hugo y Alphonse de Lamartine desarrollaran sus obras en la ciudad, contribuyendo a asociar a la misma con la idea del amor romántico. En cambio, otras ciudades no tienen la misma suerte y tienen la fama de ser la causa por la cual terminan las parejas que pisen sus calles, este es el caso de Oporto, donde en los últimos años a través de las redes sociales se ha viralizado una leyenda urbana que invita a los novios y novias a cruzar el puente que conecta Porto con Gaia, para comprobar su amor eterno, ya que según el mito, las parejas que cruzan este puente al poco tiempo de irse de Portugal, terminan sus relaciones.  Hasta en el amor, China a lo suyo El gigante asiático tiene una festividad propia que cada año llama más la atención a nivel internacional, esta es el Día del Soltero, celebrado cada 11 de noviembre. El mencionado evento surgió en 1993 en la Universidad de Nanjing, cuando un grupo de estudiantes resignificó el 11/11, cifra que en China representa a los solteros. El motivo principal era crear una jornada que fomentara la vida social y redujera la presión por encontrar pareja, con el tiempo, este día se transformó en un fenómeno social y comercial de gran magnitud, con ventas online que superan los 150.000 millones de dólares cada año, según la agencia de noticias Reuters.  Esta festividad, aunque no es una fecha oficial en el calendario, se ha convertido en uno de los días del año donde se compran online más productos en el gigante de oriente. Esto es debido a que empresas como Alibaba –que posee 18 subsidiarias entre las que destacan compañías como Aliexpress y Wish–, han sabido aprovechar su peso en el mercado chino y hacen descuentos especiales el 11 de noviembre. Además, el Día del Soltero también coincide con los días previos al Black Friday, lo que ha impulsado que este día sea conocido a nivel internacional debido a que es usado por muchas personas para realizar las compras navideñas y conseguir productos a buen precio a través de plataformas y distribuidores chinos.  Conclusiones El amor, lejos de ser un sentimiento puramente íntimo o espontáneo, está profundamente atravesado por estructuras económicas, decisiones, marcos legales, injusticias y dinámicas de poder global. Desde el origen de San Valentín hasta su consolidación como una de las fechas más rentables del calendario, se ha visto una instrumentalización del amor como producto cultural, lo que demuestra que amar es también un acto político. La socióloga Eva Illouz en su libro Consuming the Romantic Utopia  publicado en 1997, sostuvo,  forma de reflexión que, el capitalismo “no solo vende objetos, sino que organiza las emociones, convirtiendo el amor romántico en un escenario privilegiado de consumo, expectativas y frustraciones”.  Esto se aprecia especialmente en la industria del cine donde películas como Titanic no solo narran una historia de amor imposible, sino que convierten el sufrimiento romántico en espectáculo global. El amor entre Jack y Rose se transformó en una experiencia emocional compartida por millones de personas, acompañada de una poderosa maquinaria de marketing y una idealización del sacrificio que refuerza un modelo afectivo que llama la atención del público, lo que demuestra cómo los sentimientos más íntimos pueden ser empaquetados, reproducidos y vendidos como producto. En este sentido, quizá la pregunta que queda abierta no sea si el amor ha sido mercantilizado, porque la respuesta es obvia, sino hasta qué punto somos conscientes de ello, por tanto, entender el amor como un fenómeno político, económico y cultural no lo aleja de su significado, pero sí nos obliga a mirarlo con mayor perspectiva.

Sudáfrica y Estados Unidos a día de hoy han entrado en unas relaciones en punto muerto, siendo éste uno de los momentos más complicados de las relaciones bilaterales entre los dos países desde el final del apartheid. Lo que durante décadas era cooperación estratégica, diálogo político y convergencia en torno a valores democráticos ha derivado en una dinámica de desconfianza y malos gestos de alto impacto simbólico.  Los hechos acaecidos en los últimos meses, como la ausencia deliberada de EE. UU. en la cumbre del G20 en Johannesburgo, o el allanamiento a un centro de procesamiento de refugiados vinculados a un programa estadounidense por parte de las autoridades sudafricanas, demuestran que más que episodios anecdóticos, presentan una crisis más profunda, estructural y prolongada, en la que confluyen diferencias ideológicas, choques de narrativa y tensiones sobre soberanía.  Estos sucesos no deben ser analizados sólo en clave bilateral, pues en términos internacionales puede suponer una transformación del panorama regional e internacional de África Austral en general, y del papel de Sudáfrica como potencia media representante de los BRICS en el G20 en específico. Los fundamentos históricos de las relaciones bilaterales entre Sudáfrica y EE.UU. Para entender la profundidad de la crisis actual, es necesario analizar de dónde proceden las relaciones entre ambos países y situarlas en un marco histórico. Tras el fin del apartheid en 1994, Estados Unidos comenzó a tener bastante importancia como socio político y comercial en la nueva Sudáfrica democrática. Washington apoyó activamente una transición política, promoviendo programas de cooperación en salud, educación y seguridad, respaldando su reconocimiento en la comunidad internacional, dando una imagen de actor responsable, alternativo, comprometido con el derecho internacional y capaz de ejercer influencia en África Austral como actor y potencia principal de la región. Durante las dos primeras décadas post-apartheid, la relación fue de equilibrio pragmático, evitando confrontaciones abiertas y directos con Estados Unidos, pero siguiendo una política exterior independiente, marcada por el no alineamiento en conflictos y la cooperación Sur-Sur. Si bien, a pesar de estas relaciones pragmáticas basadas en la no confrontación directa, sí hubo desacuerdos, como por ejemplo en torno al papel de Estados Unidos dentro de la guerra de Irak, o respecto a su relación con Cuba, pero no eran actos que no pudieran ser solucionados en canales diplomáticos tradicionales bajo la cordialidad y la puesta en común de perspectivas. Sin embargo, el equilibrio comenzó poco a poco a deteriorarse a partir de la segunda mitad de la década pasada. Todo ello fue en parte causa del fortalecimiento de los BRICS, que trajo relaciones más intensificadas con China y Rusia, y su postura crítica hacia ciertas políticas occidentales en foros multilaterales. Sin embargo, una vez sale Donald Trump de la Casa Blanca, estas tensiones quedan contenidas hasta su regreso, momento en el que alcanzan un carácter mucho más explícito. El retorno de Trump y el cambio de tono de la política estadounidense El segundo mandato de Donald Trump ha supuesto un endurecimiento significativo del enfoque estadounidense hacia países considerados “discordantes” o insuficientemente alineados con sus intereses. En este marco, Sudáfrica dejó de ser tratada como un socio estratégico con autonomía relativa para convertirse en un objeto de crítica pública y presión política. Trump ha utilizado reiteradamente a Sudáfrica como ejemplo en su discurso sobre inseguridad, migración e injusticias raciales. Uno de los elementos más polémicos ha sido la insistencia del presidente estadounidense en denunciar una presunta persecución sistemática contra la minoría blanca sudafricana, particularmente los afrikaners. Estas afirmaciones, difundidas desde la presidencia y amplificadas por sectores conservadores estadounidenses, han sido categóricamente rechazadas por el gobierno sudafricano y por múltiples organismos independientes. Pretoria considera que esta narrativa no solo carece de base empírica, sino que constituye una distorsión deliberada de la realidad social sudafricana y una instrumentalización política del pasado racial del país. Este uso selectivo del discurso de derechos humanos ha generado un profundo malestar en Sudáfrica, donde se percibe como una forma de injerencia simbólica que socava la legitimidad de su marco constitucional y su soberanía política. Más aún, la insistencia en una lectura racializada de la violencia y la desigualdad ha sido interpretada como una banalización de las heridas históricas del apartheid y un desprecio hacia los esfuerzos de reconciliación nacional. Uno de los ejemplos de esta nueva visión de la política exterior estadounidense por parte de Trump ha sido la imposición de aranceles “recíprocos” del 30% sobre todos los bienes sudafricanos que ingresen al mercado estadounidense a partir del 1 de agosto de 2025. Esta decisión se tomó en el marco de un paquete arancelario dirigido a decenas de países que mantienen “prácticas comerciales injustas” o “desequilibrios permanentes” según la administración de Washington, alegando que la relación comercial no era suficientemente recíproca. Cabe recordar que estas prácticas han sido demostradas como ilegales por parte de otros países como España, a la cual la OMC el pasado 19 de diciembre de 2025 falló en favor respecto a este caso, autorizando represalias contra Estados Unidos por esta práctica. Ramaphosa respondió señalando que los precios de los productos a los que se refiere Trump han sido calculados desde una metodología cuestionada, entrando el 77% de las exportaciones estadounidenses a Sudáfrica con arancel cero, siendo el arancel promedio sobre bienes estadounidense es de apenas 7,6%, lo cual contrastaba fuertemente con ese 30% anunciado por EE. UU. Hasta antes del anuncio, los datos de comercio entre ambos países mostraron cifras relevantes: en 2024, Estados Unidos importó desde Sudáfrica unos 14.7 mil millones de dólares en bienes, mientras que exportó unos 5.8 mil millones de dólares (con un déficit de cerca de 8.8 mil millones para Estados Unidos). Además, antes de estas medidas, Sudáfrica disfrutaba de acceso preferencial al mercado estadounidense bajo la African Growth and Opportunity Act (AGOA), que otorga desgravaciones arancelarias a miles de productos originarios de países africanos, entre ellos vehículos, minerales, frutas y textiles. El anuncio del arancel general y del incremento del 25% específico para vehículos complicó gravemente este acceso preferencial y ha tenido efectos en la industria automotriz sudafricana, que tradicionalmente exporta importantes volúmenes de vehículos y partes a Estados Unidos.  Ramaphosa y Trump: dos visiones de la política internacional confrontadas El enfrentamiento político y diplomático entre Cyril Ramaphosa y Donald Trump no puede entenderse únicamente como un choque de estilos personales, sino como la manifestación de dos visiones profundamente divergentes sobre la soberanía estatal, el comercio internacional y el funcionamiento del orden global.  Desde la perspectiva sudafricana, la defensa de la soberanía nacional constituye un eje central de la política exterior de Ramaphosa. Ante las reiteradas críticas de Trump a políticas internas como la reforma agraria o las acusaciones de una supuesta “persecución” a comunidades blancas, el gobierno sudafricano ha insistido en que estas cuestiones se rigen por un marco constitucional sólido y por procesos institucionales democráticos. Ramaphosa ha advertido que la difusión de narrativas simplificadas desde el exterior no solo carece de base empírica, sino que resulta potencialmente desestabilizadora. Si bien es cierto que Sudáfrica tiene importantes desafíos sociales, económicos y políticos que lidiar, como ciertas desigualdades sociales e históricas latentes, pues es un Estado, ello no da legitimidad a la injerencia ideológica o comercial de un Estado dentro de las dinámicas de otro. Trump, en contraste, ha adoptado un enfoque que instrumentaliza el lenguaje de los derechos humanos como herramienta de política exterior. Desde su administración, la identificación de supuestos agravios contra grupos específicos se presenta como una justificación válida para la imposición de medidas diplomáticas o comerciales, aún cuando dichas acusaciones sean ampliamente contestadas por datos oficiales e informes independientes. Este choque epistemológico —datos institucionales frente a narrativas morales— revela concepciones incompatibles sobre la legitimidad de la crítica internacional. La divergencia se amplía en el ámbito económico. Trump ha promovido una política de “reciprocidad estricta”, en la cual cualquier país que no abra completamente sus mercados a bienes estadounidenses debe enfrentar tarifas equivalentes o superiores, mientras que Ramaphosa sostiene que la relación comercial entre ambos países es esencialmente complementaria y beneficiosa para ambas economías.  En el plano multilateral, actualmente Estados Unidos proyecta una visión condicional de la gobernanza global, frente a la apuesta sudafricana por un multilateralismo inclusivo acorde con un mundo cada vez más multipolar El plantón estadounidense en la cumbre del G20 Uno de los episodios más recientes que refleja las tensiones entre ambos países lo comprende el acaecido en noviembre de 2025, respecto a la Cumbre del G20 organizada en Johannesburgo, pues constituía un acontecimiento de gran valor simbólico para Sudáfrica y en conjunto de todo el continente africano, pues la presidencia rotatoria del G20 y la celebración de la cumbre en el país daba mayor importancia al Sur Global, situándose en el centro de un espacio clave de coordinación económica a nivel mundial. En este contexto, la decisión de la Administración Trump de no enviar delegación oficial a Johannesburgo fue percibida como un gesto de ruptura y de desinterés sin precedentes. No hubo ningún representante estadounidense, ni presidente, ni ministros, ni autoridades relevantes. Esto fue muy perjudicial, sobre todo, para alcanzar consensos económicos. Un organismo que se basa en la continuidad institucional y la igualdad formal entre sus miembros no puede recibir el plantón de una de las economías más grandes del mundo sin afectar a su legitimidad. Más allá del daño institucional de este plantón dentro del contexto del G20, todo ello tiene un trasfondo político más profundo. Diversos observadores interpretaron la decisión del presidente estadounidense como una respuesta directa al perfil diplomático independiente de Sudáfrica y de sus posicionamientos en conflictos geopolíticos sensibles para EE. UU. entre ellos haber sido el primer país que interpusiera una denuncia por delitos de genocidio, en el contexto de la guerra en Gaza, contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, siendo leído como una forma de “castigo” simbólico.  Desde Pretoria, la reacción fue firme pero contenida. El presidente defendió el derecho a ejercer liderazgo internacional por parte de Sudáfrica sin someterse a presiones externas, advirtiendo que un sistema multilateral basado en castigos selectivos socava su propia credibilidad. En su discurso, además, destacó que el G20 no es un club condicionado por afinidades ideológicas, sino que, más allá, es una plataforma para gestionar problemas globales. Un episodio reciente que enciende las alarmas: el Centro de Procesamiento de Refugiados La tensión diplomática se ha intensificado aún más si cabe entre el 16 y el 17 de diciembre de 2025, momento en el cual autoridades sudafricanas allanaron un centro de procesamiento de refugiados en Johannesburgo, vinculado a un programa de reasentamiento estadounidense.  La operación resultó en la detención y deportación de siete trabajadores de Kenia por violaciones en la legislación migratoria sudafricana y trabajar sin permisos adecuados, y fue utilizada por Sudáfrica para destacar su cumplimiento a la ley en una operación rutinaria. Sin embargo, Washington la calificó de hostigamiento y exigió explicaciones formales. Según el Departamento de Asuntos Internos de Sudáfrica, los siete kenianos además habían ingresado al país con visados de turismo pese a que solicitudes previas de permisos de trabajo fueron denegadas. Al encontrarlos trabajando, fueron detenidos, emitidos con orden de deportación y sujetos a una prohibición de reingreso por cinco años. No se arrestaron funcionarios estadounidenses, sólo dos fueron retenidos y liberados. La cuestión tiene un entendimiento más sensible y profundo, pues el centro en cuestión procesaba aplicaciones para el programa de refugiados impulsado por la administración Trump, que da prioridad a sudafricanos blancos bajo la justificación de que enfrentan persecución  sistemática. La tensión es evidente, pues desde el punto de vista jurídico, Sudáfrica sostiene que actuó dentro de sus competencias soberanas y que el centro allanado no gozaba de estatus diplomático. Desde el punto de vista político, el episodio revela hasta qué punto la desconfianza mutua ha contaminado incluso ámbitos tradicionalmente técnicos, como la cooperación migratoria. Este incidente se inscribe dentro de un clima de deterioro de las relaciones bilaterales, incluyendo la reducción drástica del techo anual de refugiados admitidos en Estados Unidos a 7500 personas, dando prioridad a sudafricanos blancos, y la postura crítica de Donald Trump sobre las políticas internas sudafricanas. La controversia del centro de procesamiento de refugiados puede parecer un incidente desafortunado, pero más bien ilustra un episodio más de deterioro, en el que las interpretaciones divergentes del derecho internacional y el respeto a las leyes migratorias se pueden tornar en un punto de fricción diplomática. El futuro incierto de las relaciones bilaterales entre Sudáfrica y EE.UU. La crisis entre Estados Unidos y Sudáfrica trasciende la relación bilateral y tiene profundas implicaciones geopolíticas tanto en África como en el contexto global. En el continente africano, los gobiernos observan con cautela esta situación, evaluando hasta qué punto Sudáfrica puede resistir presiones externas sin comprometer su autonomía política y económica. Hay que tener en cuenta que la administración Trump recientemente también ha sometido a presiones similares a países como Nigeria, lo cual hace despertar la atención en esta zona, observando hasta qué punto pueden soportar la presión de Estados Unidos los países africanos, demostrando, en caso afirmativo, cohesión interna e institucional. A nivel global, la confrontación contribuye a la fragmentación del multilateralismo y refuerza tendencias hacia un orden internacional más polarizado, donde el alineamiento político y económico se convierte en condición de la participación en foros multilaterales. La ausencia de Estados Unidos en la Cumbre del G20 en Johannesburgo y la imposición de aranceles unilaterales representan señales de que la cooperación internacional puede ceder ante dinámicas de confrontación y competencia estratégica. Este escenario desafía la capacidad de instituciones globales para generar consensos en temas críticos, desde deuda soberana hasta seguridad sanitaria y cambio climático, debilitando la confianza en el sistema multilateral. En el corto y medio plazo, es probable que Washington y Pretoria coexistan en un marco de conflicto permanente, caracterizado por episodios recurrentes de tensión, gestos simbólicos y ausencia de cooperación estratégica profunda, especialmente en comercio y seguridad. A largo plazo, el desenlace dependerá de la evolución del liderazgo político en ambos países, de la habilidad de los actores internacionales para reconstruir canales de diálogo inclusivos y predecibles, y, por supuesto, de potenciales cambios de gobierno en ambas partes en próximos períodos electorales.  Hasta entonces, es difícil vislumbrar el horizonte y el rumbo de la escalada de tensión entre dos países que tradicionalmente siempre han cooperado juntos, y entre los cuales rara vez ha habido un problema estructural en sus relaciones bilaterales, algo que, por otro lado, desde que la administración Trum llegó al poder se está convirtiendo en habitual debido a la política arancelaria. Lo más importante es que no ocurran excesos de ninguna de las partes sobre la otra, respetando los principios generales del derecho internacional.

El pasado domingo 8 de febrero de 2026, culminó el proceso electoral de sus undécimas elecciones presidenciales de su historia democrática, el cual ya tuvo su primera vuelta el 18 de enero, para elegir al Jefe de Estado para el quinquenio 2026-2031. Este proceso electoral no sólo marcó un hito numérico dentro de la historia portuguesa- las dinámicas internas del país en la actualidad provocaron que, por segunda vez en su historia democrática, hubiera segunda vuelta- sino que también expuso con claridad la transformación estructural de su sistema de partidos y, al mismo tiempo, de su sociedad. La segunda vuelta enfrentó a António José Seguro, candidato del Partido Socialista (PS), y a André Ventura, líder del partido Chega, en un duelo que sintetizó la tensión entre la defensa del consenso liberal-democrático y la fuerza creciente de discursos nacional-conservadores. El resultado, con una victoria amplia de Seguro, se interpreta tanto como reafirmación institucional como evidencia de una polarización que deja de ser marginal para instalarse en el centro de la competencia política portuguesa. Este episodio electoral constituye, por tanto, un punto de inflexión: no sólo es una contienda presidencial más, sino una manifestación de que Portugal —largamente visto como una “excepción moderada” en el sur de Europa— entra plenamente en la lógica de recomposición política que caracteriza al continente en esta década. Contextualización histórica: de la Revolución de los Claveles a la normalización de dinámicas europeas Durante décadas, Portugal ocupó una posición singular dentro del ecosistema político europeo. Tras la Revolución de los Claveles de 1974 y la Constitución de 1976, el país logró articular un modelo democrático que, pese a tensiones iniciales entre sectores militares, fuerzas revolucionarias y partidos moderados, derivó en una arquitectura institucional relativamente estable. A diferencia de otras transiciones del sur de Europa, donde la polarización o la fragmentación persistieron durante décadas, Portugal consolidó rápidamente una dinámica de alternancia bipartidista en el seno del Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD), ciertamente diferentes en ideología, pero de tendencias relativamente similares. Ello seguía una lógica parecida a la tendencia de su vecino español durante las décadas de 1990 y 2000, sí bien el sistema español era algo más diferente en cuanto a la ideología interna de los partidos políticos. Volviendo a Portugal, la configuración previamente expuesta generó lo que numerosos analistas describieron como un bipartidismo imperfecto o pluralismo moderado, caracterizado por su alta previsibilidad gubernamental, una cultura de compromiso institucional, la integración europea vista como un proceso transversal y la ausencia de contrapesos desestabilizadores o antisistema estructuralmente competitivas. La integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 reforzó este anclaje. La europeización operó como vector de modernización económica, disciplinamiento fiscal y convergencia normativa. Durante décadas, el eje estructurador del sistema no fue identitario ni cultural, sino programático: debates sobre política económica, Estado social y reformas administrativas dentro de un consenso europeo compartido. Sin embargo, esa estabilidad contenía vulnerabilidades latentes. La crisis financiera internacional de 2008 actuó como catalizador. La intervención de la troika en 2011 no solo supuso ajustes macroeconómicos; alteró profundamente la percepción de soberanía económica y eficacia política. La reducción salarial, el aumento del desempleo, especialmente juvenil, y la emigración de una generación cualificada generaron una sensación de pérdida acumulativa. A diferencia de Grecia, donde la crisis produjo un colapso abrupto del sistema partidista tradicional, en Portugal el impacto fue más gradual. El PS y el PSD conservaron centralidad institucional, pero el vínculo emocional entre ciudadanía y partidos comenzó a erosionarse, destacando transformaciones silenciosas, pero relevantes en este caso de estudio:  Desalineamiento partidista progresivo: menor identificación estable con siglas tradicionales. Volatilidad electoral creciente: disposición a experimentar con opciones emergentes. Emergencia de un eje cultural complementario al tradicional eje socioeconómico. Este último elemento es crucial. El conflicto dejó de organizarse exclusivamente en torno a redistribución y políticas fiscales, para incorporar dimensiones identitarias: inmigración, seguridad, corrupción, valores culturales y percepción de privilegios. Aquí es donde comienza a hacerse visible la ola populista que ocurrió en todos los países europeos, que en Portugal específicamente tardó bastante en aparecer, resistiendo aparentemente a la consolidación de una derecha radical. Ello apuntaba sobre todo a la memoria histórica de la cercanía histórica del salazarismo y el estado novo, así como un sistema electoral relativamente proporcional, una cultura política europeísta fuerte que hacía que los partidos se centrasen en mostrar un enfoque muy acorde al sistema al que pertenecían y la ausencia de grandes conflictos migratorios, en comparación con otros países europeos como Suecia o Alemania. Sin embargo, estas condiciones no implicaban inmunidad estructural, sino simplemente desfase temporal. La emergencia de Chega en la segunda mitad de la década de 2010 demostró que el espacio existía, aunque todavía no había sido articulado eficazmente. Chega no surgió como un fenómeno espontáneo, sino como resultado de una combinación de factores: Personalización carismática en torno a André Ventura. Capacidad mediática y discursiva confrontativa. Aprovechamiento de escándalos de corrupción. Inserción estratégica en debates sobre seguridad y minorías. Lo relevante no es solo su crecimiento electoral, sino la transformación cualitativa que introduce en el sistema: por primera vez desde 1976, una fuerza con discurso abiertamente nacional-conservador logra estructurar un polo alternativo estable. Las elecciones presidenciales de 2026 deben interpretarse como el momento en que estas tendencias dejan de ser marginales y se hacen sistémicas. La incapacidad de cualquier candidatura para superar el 50 % en primera vuelta —algo inusual en la tradición presidencial portuguesa reciente— simboliza el fin del automatismo mayoritario. Portugal no ha abandonado su modelo democrático, pero ha dejado de ser una excepción. Ha convergido con Europa en un fenómeno más amplio: la reconfiguración de sistemas partidistas bajo presión de populismos identitarios. En términos geopolíticos, esto implica que Portugal pasa de ser un actor periférico estable a un laboratorio donde se reproducen dinámicas continentales de polarización contenida. Sistema electoral portugués El Presidente de la República Portuguesa es elegido mediante sufragio universal, directo y secreto, en el marco de un sistema mayoritario a dos vueltas que constituye uno de los pilares más relevantes de la arquitectura constitucional del régimen democrático instaurado tras 1974. Este mecanismo, consagrado en la Constitución de 1976, no es únicamente una fórmula técnica de selección del jefe del Estado, sino un instrumento cuidadosamente diseñado para equilibrar pluralismo político, legitimidad democrática y estabilidad institucional. Para resultar elegido en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50 % de los votos válidamente emitidos. Este umbral de mayoría absoluta introduce un requisito de legitimidad reforzada que diferencia la elección presidencial de otros procesos electorales de carácter proporcional, como las legislativas. En caso de que ningún aspirante alcance dicha mayoría -supuesto contemplado expresamente por el texto constitucional- se procede a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, celebrada normalmente dos semanas después de la primera. En esta ronda decisiva basta la mayoría simple para proclamar al vencedor. La lógica política subyacente a este diseño es doble. En primer lugar, la primera vuelta cumple una función expresiva y pluralista: permite la concurrencia de múltiples candidaturas, facilita la visibilización de corrientes ideológicas diversas y actúa como mecanismo de medición del estado del sistema político. En este sentido, funciona como una radiografía sociopolítica del país, reflejando tanto la fragmentación como los nuevos alineamientos emergentes. En segundo lugar, la segunda vuelta introduce una dimensión agregativa. Al reducir la competencia a dos alternativas, obliga a los candidatos a ampliar su base de apoyo más allá de sus núcleos ideológicos originales. Este elemento favorece la moderación estratégica y la construcción de consensos transversales, pues la victoria exige atraer votantes que no necesariamente compartieron la opción inicial del candidato en la primera ronda. El sistema, por tanto, combina apertura inicial con concentración decisiva, configurando un modelo de legitimidad escalonada. Desde el punto de vista comparado, este mecanismo sitúa a Portugal dentro del grupo de democracias europeas que emplean sistemas presidenciales mayoritarios de doble vuelta —como Francia o Austria— aunque en el caso portugués se inserta en un régimen semipresidencial donde el poder ejecutivo cotidiano recae principalmente en el Gobierno responsable ante la Asamblea de la República. Sin embargo, pese a no ejercer funciones gubernamentales directas, el Presidente dispone de competencias de considerable relevancia institucional: puede disolver el Parlamento, vetar legislación, solicitar control preventivo de constitucionalidad y nombrar al Primer Ministro en función de los equilibrios parlamentarios. Estas atribuciones explican por qué el diseño electoral busca asegurar una legitimidad robusta y transversal. Asimismo, el sistema mayoritario a dos vueltas opera como mecanismo de contención frente a candidaturas altamente polarizadoras. Al exigir mayoría absoluta o, en su defecto, una segunda ronda de agregación, dificulta que una opción con apoyo intenso pero minoritario pueda acceder a la jefatura del Estado sin demostrar capacidad de expansión electoral. Esta característica introduce un elemento de estabilización democrática, especialmente en contextos de fragmentación partidista o emergencia de fuerzas antisistema. No obstante, el mismo sistema también puede evidenciar transformaciones estructurales del electorado. Cuando ninguna candidatura alcanza la mayoría absoluta en la primera ronda —situación históricamente infrecuente en Portugal— ello suele interpretarse como síntoma de mayor dispersión política o debilitamiento del consenso centrista tradicional. En esos casos, la segunda vuelta se convierte en un escenario de confrontación más nítida, donde el voto estratégico adquiere protagonismo. En suma, el sistema electoral presidencial portugués no solo organiza la competencia por la jefatura del Estado, sino que desempeña una función reguladora del sistema político en su conjunto. Su estructura de doble filtro —expresión plural seguida de agregación mayoritaria— articula un equilibrio entre representación y estabilidad, reflejando la vocación constitucional portuguesa de conjugar pluralismo democrático con continuidad institucional. La primera vuelta: fragmentación y un escenario insólito La primera vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas de 2026, celebrada el 18 de enero, marcó un punto de inflexión en la evolución político-electoral de Portugal, al constatarse, por primera vez desde 1986, la necesidad de disputar una segunda vuelta por ausencia de mayoría absoluta en la fase inicial del proceso electoral. Este resultado no solo evidencia la diversificación del voto, sino también la emergencia de nuevos alineamientos sociopolíticos y la consolidación de actores que reconfiguran el espacio político nacional. La concurrencia de once candidaturas fue en sí misma un indicador de fragmentación y dinamismo competitivo inédito en el contexto presidencial portugués reciente: además de los aspirantes tradicionales —representantes de la izquierda socialdemócrata, la derecha liberal y los partidos clásicos—, la candidatura de André Ventura, líder del partido Chega, reunió un apoyo electoral significativo, convirtiéndose en la primera representación de la derecha radical en disputar una segunda vuelta presidencial en Portugal. Los datos oficiales recabados por la Secretaría-Geral do Ministério da Administração Interna muestran que ningún candidato consiguió superar el umbral del 50 % necesario para una victoria en primera vuelta, lo que activó, conforme a la Constitución portuguesa, el procedimiento de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votado, poniendo de manifiesto el nuevo carácter competitivo y la dinámica subyacente, en el cual las fuerzas menores quedan bajo importancia residual y fragmentada, el voto queda dispersado en tres partidos y los liderazgos tradicionales fueron sacudidos. Resultados oficiales de la primer vuelta Candidato Afiliación / Partido % de votos Votos (aprox.) António José Seguro PS (Partido Socialista) 31,12 % 1.755.764 André Ventura Chega 23,52 % 1.326.942 João Cotrim de Figueiredo Iniciativa Liberal 16,01 % 903.201 Henrique Gouveia e Melo Independiente 12,32 % 695.244 Luís Marques Mendes PSD / CDS-PP 11,30 % 637.535 Catarina Martins BE (Bloco de Esquerda) 2,06 % 116.413 António Filipe PCP (Partido Comunista Portugués) 1,64 % 92.634 Manuel João Vieira Independiente 1,08 % 60.934 Jorge Pinto Livre 0,68 % 38.586 André Pestana da Silva Independiente 0,19 % 10.896 Humberto Correia Independiente 0,08 % 4.622 Fuente: datos de escrutinio oficial y conglomerados periodísticos basados en reportes de la Secretaría-Geral do Ministério da Administração Interna y medios internacionales. La segunda vuelta: cuando Portugal paró al desconocido La segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, celebrada el 8 de febrero de 2026, constituyó un momento definitorio en la trayectoria reciente del país, tanto por la contundencia del resultado como por las dinámicas políticas que reflejó. Tras una primera vuelta fragmentada, la pugna entre António José Seguro y André Ventura concentró la atención de analistas, partidos políticos e instituciones europeas, marcando un claro contraste entre dos modelos de interpretación de la política nacional y europea. De acuerdo con los datos oficiales del recuento —con un porcentaje muy alto de votos escrutados por las autoridades electorales portuguesas— António José Seguro obtuvo una victoria amplia, con aproximadamente 66,8 % de los votos válidos, frente al 33,2 % registrado por André Ventura en la segunda vuelta. Este margen de victoria, además de constituir una reafirmación de legitimidad democrática para el presidente electo, representa uno de los resultados más amplios en la historia reciente de las presidenciales portuguesas y supera las expectativas previas a la votación. Resultados oficiales de la segunda vuelta Candidato Partido / Afiliación % de votos Votos (aprox.) António José Seguro PS (Partido Socialista) 66,8 % ~3,48 millones André Ventura Chega 33,2 % ~1,74 millones Fuente: datos de escrutinio oficial y conglomerados periodísticos basados en reportes de la Secretaría-Geral do Ministério da Administração Interna y medios internacionales. Los contendientes António José Seguro António José Seguro, veterano dirigente socialista y figura de referencia en la política portuguesa con trayectoria tanto nacional como europea, centró su campaña de segunda vuelta en la defensa explícita de los valores constitucionales, el Estado social y el compromiso europeo. Su mensaje articuló tres pilares estratégicos: Estabilidad institucional: Seguro presentó la elección como una garantía de continuidad democrática frente a opciones percibidas como disruptivas o polarizadoras. Unidad política ampliada: Su discurso no se circunscribió al electorado tradicional de izquierda, sino que apeló también a votantes de centro y centro-derecha preocupados por la cohesión democrática. Enfoque moderado y conciliador: Evitando confrontaciones ideológicas excesivas, promovió una narrativa de reconstrucción y diálogo, con énfasis en la responsabilidad cívica y el respeto a las normas constitucionales. El resultado cuantitativo de Seguro no solo refleja un respaldo explícito mayoritario, sino también su capacidad para agregar apoyos más allá de su base partidaria original, incorporando electores de diversas sensibilidades que optaron por una opción moderada como baluarte contra la polarización. André Ventura André Ventura, líder del partido Chega y figura prominente de la derecha radical portuguesa, logró posicionarse como alternativa competitiva en la primera vuelta y consolidar un bloque electoral significativo, con alrededor del 33,2 % de los votos en la segunda ronda. Su trayectoria política se caracteriza por: Crítica a las élites establecidas, con énfasis en la corrupción, la “desconexión” entre política y ciudadanía y la defensa de un sentido de soberanía nacional. Discursos centrados en inmigración y orden público, que resonaron en segmentos del electorado preocupados por los cambios sociales y la percepción de inseguridad. Movilización de un electorado identitario y disidente, dispuesto a desafiar el consenso político dominante y a explorar opciones alternativas al centro político tradicional. A pesar de la derrota, el respaldo de más de un tercio de los votantes en la segunda vuelta simboliza la consolidación de una fuerza social y política que trasciende la marginalidad. Ventura no solo representó un desafío en términos electorales, sino que logró posicionar su discurso en el centro de la competencia política, obligando al sistema a reconocer la expansión de un espacio derechista crítico de la ortodoxia centrista. El resultado de la segunda vuelta no puede leerse únicamente como una victoria clara de António José Seguro, sino como la expresión de un país que, ante una disyuntiva percibida como decisiva, optó mayoritariamente por la estabilidad. Portugal ha demostrado que, cuando la competencia se polariza de manera intensa, una parte sustancial del electorado prioriza la continuidad institucional y la previsibilidad frente a la incertidumbre. Sin embargo, reducir el significado de esta elección a una simple reafirmación del centro sería un error analítico. El 33 % obtenido por André Ventura no es residual ni coyuntural. Representa a cientos de miles de ciudadanos que sienten que el modelo político surgido tras la consolidación democrática no responde plenamente a sus inquietudes, ya sean económicas, culturales o identitarias. Ese bloque no desaparece tras la derrota; permanece, se organiza y se consolida como actor estructural. Portugal, por tanto, no vuelve al escenario previo a la irrupción de Chega: entra en una etapa en la que la competencia estará marcada por una tensión constante entre institucionalismo moderado y pulsión identitaria. El futuro dependerá menos de la aritmética electoral y más de la capacidad del sistema para interpretar el mensaje subyacente. Si la presidencia de Seguro logra combinar firmeza constitucional con sensibilidad hacia el malestar social, especialmente en territorios y sectores que se sienten desplazados, la bipolarización podrá mantenerse dentro de parámetros democráticos manejables. Si, por el contrario, se impone una lógica de autocomplacencia del bloque vencedor, el espacio político de Ventura podría ampliarse en próximos ciclos electorales. En definitiva, 2026 no cierra una crisis ni inaugura una ruptura inmediata; abre una etapa de redefinición. Portugal ha elegido estabilidad, pero esa estabilidad ya no es automática ni incuestionada. Es una estabilidad que deberá construirse activamente en un contexto de competencia ideológica más intensa que en cualquier momento de las últimas décadas.