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Las calles de Antananarivo y otras ciudades de Madagascar han sido testigos de un levantamiento juvenil que vuelve a poner en boca de todos la fragilidad de un Estado históricamente ineficiente y corroído por la corrupción. En una semana, las protestas por cortes de agua y electricidad han dejado al menos 22 muertos y más de 100 heridos, según la ONU, aunque el gobierno cuestiona las cifras. Raíces del conflicto Aunque los apagones –7 de cada 10 malgaches no tiene acceso a electricidad– y la escasez de agua –el 45,6% de la población carece de acceso a agua potable segura– fueron el detonante inmediato, la crisis refleja una serie de problemas estructurales que ya estaban presentes en la vida cotidiana del malgache promedio: Corrupción endémica:  Madagascar ocupa uno de los peores puestos en el ranking mundial de percepción de corrupción. El país ocupaba el puesto 145 de 180 en el Índice de Corrupción global presentado en 2023. Pobreza generalizada: casi el 90,44% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza para el año 2023. Es decir, 27 de los 30 millones de habitantes de la isla africana.  Incapacidad institucional: la riqueza natural del país no se ha traducido en servicios públicos eficientes, una economía competitiva o en infraestructuras adecuadas. La economía malgache se ubica en el puesto 134, con un PIB nominal anual de 15,763 millones de dólares. En términos per cápita –nominal–, el malgache promedio no superaba los 538 dólares anuales en 2024. A ellos, se suman la inestabilidad política, las crisis sanitarias y la falta de atención y cobertura médica –alta incidencia de malaria, tuberculosis e infecciones respiratorias–, la baja calidad educativa, la degradación ambiental y deforestativa acelerada, el impacto del cambio climático y la erosión del suelo en sectores primarios y el desempleo y la falta de oportunidades económicas para los jóvenes –el 70% está actualmente desempleado entre el rango de 15 a 30 años de edad–. Estas condiciones han generado un descontento generalizado, que la “Generación Z” ha logrado canalizar mediante movilizaciones organizadas digitalmente y con símbolos culturales reconocibles, como la bandera de “One Piece”. La reacción del poder El presidente Andry Rajoelina, consciente de la magnitud de la protesta, disolvió el gobierno y cesó al primer ministro y su gabinete, quienes permanecen como interinos. Acciones anteriores, como la destitución del ministro de Energía e Hidrocarburos, Olivier Jean Baptiste, fueron insuficientes para apaciguar las revueltas. La medida apunta más a controlar el estallido inmediato que a transformar plenamente la estructura política y económica que generó el malestar. Una generación que cuestiona el status quo La Generación Z malgache ha combinado la conciencia política y las herramientas digitales, logrando movilizarse en universidades y plazas, demandando servicios básicos, transparencia y justicia social. Aunque la protesta fue en gran parte pacífica, la presencia de actores externos provocó saqueos y violencia, lo que el gobierno utilizó para justificar la represión contra los manifestantes e imponer el toque de queda nocturno. La reacción juvenil malgache ha estado inspirada en las últimas movilizaciones en Nepal, Indonesia o Kenia, caracterizadas por las altas tasas de participación juvenil, sobre todo, por parte de estudiantes universitarios. En este nuevo caso, los manifestantes vitoreaban “Miala Rajoelina”, es decir, lárgate, Rajoelina –presidente del país–.  Implicaciones políticas y sociales En primer lugar, se ha disuelto el gobierno para calmar momentáneamente las calles, pero Madagascar requiere de reformas profundas para paliar las tensiones, las cuales persistirán. La dimisión del gobierno se hizo pública a través de la comparecencia del presidente en la televisión nacional, donde reconoció y pidió disculpas por el incumplimiento de su gobierno respecto a las tareas que tuvieron que haber sido cumplidas.   Seguidamente, la represión ha fortalecido la madurez política juvenil, lo que favorece la identidad política de la Generación Z y su capacidad de organización cara al futuro nacional. Estos hechos, profundizan en las capacidades sociopolíticas, favorecen la libertad de expresión, el multipartidismo y el respeto de ideas críticas frente al poder establecido. Por su parte, diversos gobiernos globales han manifestado sus condolencias y expresado su apoyo a las familias de las víctimas. Entre ellos: Francia, Estados Unidos –elevando el nivel de alerta de viaje–, Japón o Alemania. También se ha sumado la Unión Europea, quién ha instado al respeto de los derechos humanos y al diálogo.  Por último, la condena por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, junto a la de observadores externos ha limitado la discrecionalidad del gobierno –la cual tiende a usar debido al bajo perfil de Madagascar en la política global– y aumenta la presión sobre futuras decisiones políticas. Conclusión Madagascar enfrenta un momento crítico: una generación desesperada que exige derechos y justicia social confronta un Estado ineficiente y corrupto, donde los servicios básicos no están cubiertos. La respuesta de Rajoelina ha sido reactiva, pero la verdadera prueba será si el país logra implementar reformas sostenibles y progresivas, en vez de continuar atrapado en un ciclo de protestas, pobreza, represión y frustraciones sociales. Créditos foto: Vatican News.

El plan publicado por la Casa Blanca el 29 de septiembre de 2025 ya ha sido difundido por multitud de medios y cancillerías de exteriores a nivel global, marcando un hito para la diplomacia contemporánea. El plan, propone un cese de las hostilidades condicionado a una cesión total de la agenda política y militar de Gaza: devolución de rehenes en 72 horas, liberación masiva de presos por parte de Israel, desmilitarización y un proceso de reconstrucción bajo una gobernanza transitoria supervisada por un organismo internacional –”Board of Peace” – encabezado por el presidente Trump, junto al que al parecer estaría Tony Blair –exprimer ministro británico– como uno de los primeros responsables del proyecto.   El plan combina medidas de seguridad –desarme, garantías regionales…– con incentivos económicos –zona económica especial y planes de inversión–. El Estado de Israel ha expresado su apoyo públicamente; Hamás, aún no ha aceptado oficialmente nada, pero sí se ha mostrado favorable al plan, iniciando consultas internas. Presentación sencilla de los 20 puntos de Trump para Gaza Gaza sin terrorismo ni radicalización → desarme y control internacional. Reconstrucción en beneficio del pueblo → infraestructuras, servicios y empleo. Fin inmediato de hostilidades si hay acuerdo → alto el fuego supervisado. Rehenes devueltos en 72 horas → vivos y fallecidos. Intercambio de presos y restos → liberación masiva en Israel. Amnistía para miembros de Hamás que entreguen armas o salgan de Gaza. Envío inmediato de ayuda humanitaria tras devolución de rehenes. Entrada de ayuda sin interferencias y apertura de Rafah. Gobernanza transitoria supervisada por “Board of Peace” (Trump + Blair). Panel económico para atraer inversiones y generar empleo. Zona económica especial con incentivos comerciales. Nadie será expulsado de Gaza; derecho a salir y regresar. Hamás fuera del gobierno; desmilitarización total supervisada. Socios regionales garantizarán el cumplimiento del plan. Creación de Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) temporal. Israel no anexará Gaza; retirada progresiva del IDF. Si Hamás no acepta, el plan avanzará en zonas entregadas a la ISF. Fomentar diálogo interreligioso para la tolerancia. Camino condicionado hacia Estado palestino si hay reformas y estabilidad. EEUU impulsará el diálogo político Israel-Palestina para la coexistencia futura. Análisis detallado de los 20 puntos de Trump para Gaza 1. "Gaza será una zona libre de terrorismo, destadicalizada, que no representará una amenaza para sus vecinos". Este primer punto contiene inherentemente un objetivo claro: eliminar las capacidades militares/terroristas en Gaza y reformar las narrativas que generan violencia.  Así pues, las implicaciones prácticas podrían plasmarse en virtud a: Un desarme efectivo de las milicias, la imposición de un control fronterizo firme y programas de reintegración socioeconómica. La verificación independiente y la presencia sostenida de fuerzas internacionales o policiales locales formadas y avaladas por la comunidad internacional. La desradicalización sociopolítica de los locales –tanto israelíes como palestinos–. De tal forma, el primer punto ya comienza con una declaración potente, pero no exenta de controversias y desafíos. El riesgo de incumplimiento es altísimo, especialmente si las capacidades de verificación son insuficientes. De igual forma, el pueblo palestino podría tomar esta iniciativa como un pretexto de control externo o pactado solamente bajo el liderazgo de Tel Aviv, hecho que en el corto plazo desembocaría en revueltas y la reanudación de la violencia. Tampoco quedaría fuera la posibilidad de que la “desradicalización” se midiera mal y terminase por traducirse en una vigilancia masiva, detenciones prolongadas o presiones que socaven los ya vulnerables derechos civiles. 2. “Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza”: La administración Trump introduce una puerta hacia un programa de reconstrucción infraestructural amplio, así como una revitalización económica. Se entiende que los planes incluirían la reconstrucción y mejora de centros sanitarios y hospitales, servicios de agua y electricidad, infraestructura de saneamiento, recogida de escombros y reapertura de pequeños comercios locales, entre otros. Sin embargo, será necesario que los planes técnicos y de financiamiento internacional estén presentes sobre el terreno; Gaza precisa de una coordinación logística directa con ONG´s, Estados y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea. En caso contrario, se corre el riesgo de caer en el clientelismo y la corrupción por falta de transparencia y mecanismos disuasorios;la legitimidad  local depende del empleo y la entrega visible de servicios. En estos programas, los mayores donantes serían especialmente: Estados del Golfo y de la Liga Árabe, la Unión Europea y Estados Unidos, así como, la ONU y organismos financieros multilaterales de carácter contratista y prestativo. Si bien, cabe la gran posibilidad de que sean las empresas de un cierto número de países concretos las que se beneficien finalmente de estos planes, pese a que el fin de las mismas “sí” se traduzca en un beneficio para el pueblo de Gaza en términos generales y conclusivos. 3. “Si ambas partes están de acuerdo…la guerra terminará de inmediato; las FDI se retirarán de la línea acordada; se suspenderán todas las operaciones”. Aceptar este punto se traduciría en un cese de las hostilidades condicionado a la aceptación bilateral; congelando los frentes de conflicto, suspendiendo ataques, operaciones y bombardeos, favoreciendo el intercambio de rehenes. No obstante, este paso requeriría de una supervisión para evitar incidentes, lo cual, debería formalizarse a través del despliegue voluntario de operarios de los cascos azules de las Naciones Unidas sobre el terreno, pero que probablemente se plasme en una supremacía militar estadounidense en el área –junto a pequeños grupos de personal internacional–.   Además, se corre el riesgo de que facciones o incidentes puntuales puedan reanudar la violencia de forma rápida; por ello, los protocolos de desescalada y sanciones deben estar bien predefinidos y cumplirse, hecho hasta el momento complejo, admitiendo la tendencia regional a violar el Derecho de los Tratados, las Convenciones de Viena, la Haya y Ginebra, así como el Derecho Internacional, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.  Para que pudiera medianamente salir a flote semejante hazaña, se precisaría de protocolos claros de concentración y contención de tropas, retiradas ordenadas y delimitaciones de “líneas acordadas”. De momento, Israel ha aceptado las condiciones, pero Hamás todavía no se ha pronunciado, lo que abre las cuestiones respecto al futuro de las implicaciones prácticas derivadas de este punto. 4. “Dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte…todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos”. En el corto plazo, el cuarto punto se limita a la devolución total de rehenes israelíes a casa. Sin embargo, la factibilidad operativa dudosa –debido a las escasas 72 horas de márgen de actuación– hace más compleja la capacidad logística, la voluntad política y la seguridad para entregar a los rehenes en ese plazo.  Asimismo, la necesidad de crear corredores seguros, junto a la necesidad de verificación médica y un protocolo humanitario para la entrega y la documentación de fallecidos, complica todavía más el hecho de que este punto sea realmente tangible en 72 horas. En consecuencia, hay un altísimo riesgo de disputa por incumplimiento y de entendimiento: ¿si faltan rehenes, quién certifica que estén todos?¿bajo qué condiciones? En caso de fallar, se rompería la confianza mútua y podría reanudar la guerra, por lo que es una tarea frágil y compleja. 5. Intercambio: tras la liberación total de rehenes, Israel liberará 250 presos con cadena perpetua +1,700 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023 –día que comenzó el actual conflicto con Gaza–; por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel entregará los restos de 15 gazatíes. Probablemente, uno de los puntos más duros cara a la sociedad civil: un gran intercambio de presos y de restos mortales en una clara relación asimétrica para el intercambio: 1 frente a 15.  Su aplicación significaría que Israel liberase a cerca de 1950-2000 personas. De tal forma, es difícil comprender que este hecho no vaya a producir un terremoto político explosivo dentro de Israel, generando debates intensos sobre la justicia y la seguridad nacional, por lo que su plasmación parece a día de hoy, mínimamente extraña. Además, la liberación masiva de presos con condenas tan largas plantea un riesgo de reincidencia o reacción inmediata, lo que violaría las medidas de seguimiento y las posibles restricciones judiciales existentes.  6. “Una vez que todos los rehenes sean devueltos, miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía. Los miembros que deseen salir recibirán un paso seguro”. Pese a ser una amnistía condicionante para quienes depongan el uso de la fuerza, no deja de ser per se un perdón generalizado que generaría más que tensiones locales. La concesión de una amnistía por actos potencialmente constitutivos de crímenes de guerra choca con normas internacionales sobre la impunidad, Por ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones de derechos, señalan que las amnistías no deben impedir investigaciones de crímenes graves. De igual forma, la factibilidad política será compleja: nadie quiere ex-miembros de Hamás; especialmente cuando estos han colaborado con figuras políticas  y violencia masiva sin garantías legales y políticas. La amnistía puede, además, ser percibida por víctimas como una negociación de justicia, necesita mecanismos políticos complementarios de verdad, reparación y reconciliación para sostener la legitimidad. 7. “Al aceptarse el acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a Gaza… cantidades consistentes con lo acordado el 19 de enero de 2025 para la rehabilitación de infraestructuras". Parece que la ayuda humanitaria hacia Gaza y no solo a zonas “seguras” –comienza a llegar. Sin embargo, la falta de pasos, mecanismos de control de convoyes y equipos pesados para la retirada de escombros, así como el acceso a combustible o la electricidad, siguen siendo escasos.   También es necesaria la coordinación con la ONU, ONG´s y la Media Luna, Cruz y Estrella de David Rojas. En objetivo de evitar la politización y la trazabilidad de fondos, presupuestos y equipos.  A pesar de estas estructuras, existe el riesgo de que la asistencia llegue exclusivamente a puntos “calientes”, normalmente ubicados en centros urbanos, dejando una falta de asistencia a lo largo del país para cientos de miles de habitantes, lo que aumentaría las desigualdades y presiones internas.   8. “Entrada de ayuda sin interferencia de la ONU y sus agentes , la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales;apertura de Rafah según mecanismo del 19 de enero de 2025". Más allá de la crítica a la que el presidente estadounidense tiene acostumbrados a medios y público general cara a organizaciones como la ONU, el plan quiere transmitir un mensaje. Trump busca canalizar la ayuda por organismos neutrales y reactiva el paso de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria. No obstante esta ambición exige garantías de seguridad por parte de Israel y el control fronterizo por parte de Egipto; la confianza mutua y la logística deben estar resueltas y en sintonía.  De tal forma, la neutralidad de las agencias es crucial para la aceptación local y para evitar sobrepasar acusaciones de apoyo a un bando único.  Sin embargo, algunos actores de la zona, como Catar, Turquía o Egipto, tendrán balances políticos por administrar el flujo de ayuda, lo que puede desembocar en inestabilidades internas, cambios repentinos de la situación o chantajes interestatales por intereses y condiciones. 9. “Gobernanza transitoria: comité palestino tecnócrata y apolítico; supervisión por la “Board of Peace” encabezada por Donald J. Trump, con miembros a anunciar, incluido Tony Blair”. En los hechos, se plasmaría la creación de una autoridad transitoria internacionalizada para administrar Gaza hasta que la Autoridad Palestina se reforme. Esto, puede generar una falta de legitimidad local, ya que un gobierno transitorio impuesto o dirigido por figuras externas puede carecer de legitimidad popular; la exclusión de la Autoridad Palestina y el papel central de figuras del eje anglosajón –EEUU o Reino Unido– pueden generar rechazo por parte de los locales. Pese a la inclusión de figuras relevantes como Tony Blair, hemos de puntualizar que Blair ya de por sí es una figura polarizadora, tanto en Occidente como en Oriente Medio. Por ello, su presencia y eficacia podría provocar un rechazo político, aunque también la atracción de otros líderes y donantes. Todavía es demasiado pronto para valorar la aceptación del británico sobre el terreno. En último lugar, delegar la reconstrucción a paneles internacionales puede derivar en modelos “top-down”, los cuales, blindan intereses empresariales sobre las necesidades locales, privatizando sectores y dañando el tejido productivo local.   10. “Plan económico de Trump: panel de expertos para atraer inversiones y crear empleo”. El diseño de un plan de inversiones, con expertos de proyectos exitosos en la región puede entenderse en primera instancia como un intento de lograr un “milagro urbano”. Sin embargo, es un objetivo complejo, especialmente tras un escenario de guerra donde gran parte de los inversores privados temen la vuelta de los ataques. Para atraer a inversores, se deberán garantizar necesidades de seguridad y estado de derecho en favor del capital privado. Así pues, la oferta potencial de inversión occidental y del Golfo, condicionada a la rendición de cuentas y el retorno de las inversiones, podría hacer depender a Palestina indefinidamente del bloque pro-estadounidense.   De tal forma, se añaden posibles riesgos en cuanto a proyectos visionarios donde la participación puede ser desigual y generar poco impacto real en el corto plazo. Es razonable el intento norteamericano, pero cabe esperar que la cuestión desemboque en un conflicto de intereses entre los afanes estatales y las necesidades privadas. 11. “Zona económica especial con tarifas preferenciales y tarifas de acceso negociadas” EEUU está mostrándose favorable hacia la cesión de incentivos arancelarios y regulatorios para la inversión y el comercio en la zona. Pero, ¿cuáles serían las implicaciones? En primer lugar, pese a que la idea puede acelerar la reconstrucción del área y la mejora y creación de empleos, no se cuenta con controles aduaneros eficaces y medidas para evitar el contrabando o legislaciones que protejan el derecho infantil o la explotación laboral efectivamente. Además, hay un riesgo latente de que los beneficios se concentren en inversores externos si no hay cláusulas de comercio local y protección laboral, lo que afectaría negativamente a largo plazo a los locales y no cumpliría el “verdadero” objetivo presentado. 12. “Nadie será forzado a abandonar Gaza; quienes deseen marcharse podrán hacerlo y podrán regresar”. Posiblemente, uno de los puntos más populares a nivel general. Washington presenta una clara intención de que la Franja siga siendo habitada por sus ciudadanos originarios; contundente afirmación y defensa ante las violaciones humanitarias del Gobierno del Estado de Israel. Este objetivo es una garantía política muy útil para contrarrestar temores de limpieza demográfica, pero la seguridad y la vivienda serán los que realmente determinen si la población puede o no reconstruir su vida en Gaza. En consecuencia, se precisa de planes de protección de la propiedad, compensaciones, subvenciones y un retorno seguro y transitorio de los ciudadanos. 13. “Hamás y otras facciones no participarán en el gobierno; toda infraestructura militar será destruida; proceso de desmilitarización con observadores independientes, recompra y reintegración”. En la práctica, elimina y prohíbe la política de rol que ha estado utilizando Hamás desde hace años, presentando un programa organizado para inutilizar armas y reintegrar a combatientes. Destruir los túneles e instalaciones subterráneas exige tiempo, tecnología y acceso. Para ello, las implicaciones de seguridad y verificación serán un punto crítico en las negociaciones, especialmente teniendo en cuenta que significarán inspecciones, inventarios y mecanismos de control previos y posteriores.   Asimismo, el programa de recompra o reintegración requerirá fondos, incentivos laborales y un seguimiento social; sin alternativas creíbles, los ex-combatientes pueden volver a las armas o atacar a fuerzas verificadoras o apaciguadoras internacionales e independientes. Si bien excluir a Hamás de la vida política parece inherentemente lógico, hacerlo de facto puede impulsar la radicalización residual si no hay vías de inclusión pacífica y si los planes de mejora, reconstrucción y seguridad comienzan a fracasar o se abandonan en el medio y largo plazo. 14. “Socios regionales garantizarán el cumplimiento de Hamás y de la Nueva Gaza”. Mediante este objetivo, Trump pretende dotar de garantías políticas regionales y posiblemente materiales por parte de países de la región para asegurar el cumplimiento de obligaciones. En primer lugar, se tendrá que aclarar quiénes serán exactamente los garantes. Aunque se presume que los socios estadounidenses en la zona serán los encargados –Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Jordania, Kuwait, Bahréin, Egipto– y que asumirán tareas de presión diplomática, apoyo financiero y vigilancia. Otros países de la zona que podrían llegar a participar en dichas obras pueden ser: Omán, Turquía, Siria o Azerbaiyán.   Parece razonable la falta de presencia de Irak, Líbano, Irán o Yemen: actuales contrincantes de Washington y Tel Aviv en la región, debido a la injerencia iraní mediante grupos proxy o por control indirecto político-militar.   Sin embargo, las garantías regionales aumentarán la carga política sobre países vecinos, lo que puede tensar sus relaciones internas y externas, por lo que harán falta organizaciones y Estados terceros que también asuman responsabilidades y obligaciones. 15. “EEUU y sus socios crearán una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) temporal que se desplegará inmediatamente; entrenará a las fuerzas policiales palestinas y consultará a Jordania y Egipto”. En la práctica, se desplegaría rápidamente una fuerza interncional multilateral para el control interno palestino, así como para el adestramiento de los cuerpos de seguridad locales. Pero esta situación plantea similares cuestiones a las de los mandatos del Consejo de Seguridad o el despliegue de cascos azules de las Naciones Unidas: ¿quién aportará tropas?, ¿la ONU, una coalición ad hoc, los países árabes, todos…? ¿qué sucederá con las “rules of engagement”? Sin respuestas todavía claras sobre el terreno, el despliegue provoca serias dudas soberanistas. Asimismo, tanto Egipto como Jordania se posicionan como actores clave: serán imprescindibles para asegurar las fronteras y combatir el contrabando. Pese a la buena fe de la intención, este hecho puede provocar fuertes fricciones dentro de los dos Estados mencionados. En caso de llevarse a la práctica, El Cairo y Ammán precisarán de ayuda económica y material para lograr llevar a cabo su labor debidamente.   También provoca serias cuestiones el largo plazo de las fuerzas “temporales”, sin fechas exactas, y mucho menos hechos tangibles, las fuerzas de este tipo han tendido internacionalmente a perpetuarse, sin hitos claros y provocando una desconfianza local que ha generado la retirada y fracaso de la misión. 16. “Israel no ocupará ni anexará Gaza; IDF se retirará progresivamente conforma la ISF asuma control;  podría mantenerse una presencia perimetral”. La promesa de no anexión y retirada condicionada a hitos de desmilitarización es, al parecer, el principio funcional de este punto, el cual ha sido muy bien recibido por diversos gobiernos árabes. En cuanto a las implicaciones, la presencia perimetral prolongada puede entenderse como una ocupación tenue y provocar tensiones. Además, la política interna israelí es muy sensible a las coaliciones de gobierno; Netanyahu puede apoyar el plan, pero deberá gestionar negociaciones difíciles de aceptar por las alas más conservadoras que rechazan una retirada total. Asimismo, la verificación de hitos será la verdadera métrica objetiva para desmilitarizar la Franja y transferir el control, hecho que puede extenderse y congelarse complejamente. 17. “Si Hamás retrasa o rechaza la propuesta, lo anterior –incluida la ampliación de ayuda– procederá en las zonas libres de terrrismo entregadas por las FDI a las ISF". Esta declaración plasma un enfoque por franjas –implementar partes del plan donde las FDI cedan territorio a la ISF aún sin aceptación total de Hamás–. En la práctica, se podría crear una Gaza “a parches” con zonas reconstruidas y otras en conflicto, generando un riesgo notable de desplazamientos internos y tensiones. De igual forma, aumentaría la probabilidad de desigualdad en acceso a ayuda y servicios. 18. “Proceso de diálogo interreligioso para promover tolerancia y coexistencia”. Punto de inflexión con componente simbólico y cultural para cambiar e integrar narrativas mediante el diálogo. Es una propuesta útil en el largo plazo, pero su impacto real dependerá de programas sostenidos de educación, intercambios y justicia transicional; por sí solo no resuelve heridas estructurales, pero ayuda a la desradicalización social, especialmente en sociedades muy ligadas a las autoridades y ritos religiosos. 19. “A medida que la reconstrucción y la reforma de la AP avanzan, podría abrirse un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”. Añadiendo este punto, hay un reconocimiento verbal de la aspiración palestina, condicionado a reformas y estabilidad. Es un hecho que responde en parte al creciente número de Estados que han reconocido la independencia palestina  y a una política exterior estadounidense más cambiante y coherente respecto a la causa palestina. Sin embargo, no hay compromiso explícito de reconocimiento; esto deja la cuestión del Estado para negociaciones futuras. Además, Netanyahu y sectores israelíes siguen opuestos a la creación de un Estado palestino, sobre todo si no se cumplen condicioones de seguridad muy estrictas, donde Tel Aviv aspira a tener el mando. 20. “EEUU establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera”. Como broche final, Trump ha relanzado formalmente el papel diplomático estadounidense entre las partes enfrentadas.  Junto a él, hará falta una reintegración de actores internacionales en un diálogo inclusivo, pero, sin participación creíble de los palestinos, cualquier “horizonte” será extremadamente frágil, hecho que dependerá en parte del beneplácito israelí. Tanto el cronograma como las condiciones de las reformas, elecciones o planes de seguridad y reconstrucción, deberán negociarse abiertamente para evitar percepciones de imposición futuras. Temas controvertidos de las propuestas de Trump Legitimidad local: la mayor debilidad política del plan es la posible exlusión práctica del pueblo palestino en la gobernanza y la percepción de control externo. La figura del “Board of Peace” genera resistencias simbólicas y pone en duda la veracidad moral y práctica de los objetivos expuestos. Responsabilidad y justicia:  la propuesta de amnistías condicionadas choca directamente con los estándares de derechos humanos y las obligaciones de investigar crímenes de guerra o penables internacionalmente. El Comité Internacional de la Cruz Roja y ONG's de derechos señalan que las amnistías no deben impedir investigaciones y rendiciones de cuentas. Verificación : todo el plan depende de mecanismos de verificación robustos –entrega de rehenes, destrucción de armas, cese de hostilidades etc. –. Sin inspectores independientes y sanciones claras para incumplimientos, el acuerdo será severamente frágil e ineficaz. ISF y soberanía:  la naturaleza, mandato y duración de la Fuerza Internacional de Estabilización determinarán si lo que se propone es una ocupación temporal legítima o una tutela prolongada con efectos políticos. Financiamiento y transparencia:  la reconstrucción exige miles de millones y control estricto de contratos y compras para evitar corrupción; la participación de inversores privados y Estados del Golfo y terceros será crucial, pero condicionada. Posibles escenarios futuros Escenario A: Aceptación por ambas partes –optimista pero realmente complejo–: Cese inmediato, devolución de rehenes dentro de plazos, liberación de presos y despliegue de ISF. Se reconstruye rápidamente las zonas seguras, se inician programas de reinserción…  Escenario B: Israel acepta, Hamás lo rechaza o condiciona –el más probable–: Implementación parcial, continuidad ofensiva en áreas no entregadas. Gaza termina fragmentada y en una reconstrucción desigual. Escenario C: nadie acepta, sigue la escalada: si el plan se percibe como inaceptable por los actores clave, la guerra seguirá y el plan quedará como un mero marco de presión política. Reacciones internacionales En cuanto al panorama internacional, multitud de líderes han apoyado el plan presentado por la administración estadounidense, especialmente en Europa, Oriente Medio y en ciertas organizaciones de derechos humanos e internacionales. Por su parte, Ursula von der Leyen, ha dado la bienvenida al plan, destacando la necesidad inmediata de terminar con las hostilidades y liberar a los rehenes. De igual forma, la mayor parte de Estados de la Unión Europea se han pronunciado en igual sintonía, viendo la oportunidad como un hecho que ha de aprovecharse.  En Oriente Medio, Turquía ha elogiado los esfuerzos de mediación de Trump y está en contacto con países de la región para evaluar la iniciativa. A su vez, Arabia Saudí, Egipto, Jordania y Catar han expresado interés o acogido favorablemente en parte el plan; pese a reservas importantes, sobre todo con lo que concierne a la soberanía palestina y la participación o no de Hamás. Desde el lado palestino, la respuesta es escéptica y desconfiada. Se critica que muchas condiciones son muy favorables a Israel y que se eliminará el papel político de Hamás sin unas garantías claras. Además del terror de que el plan no respete plenamente los derechos políticos y de autodeterminación de Palestina. Por su parte, Israel ha aceptado públicamente el plan, aunque con “condiciones” matizadas, sobre todo en concesiones y garantías de seguridad. No obstante, miembros de la derecha israelí lo han criticado duramente, alegando que pone en riesgo la integridad del Estado isaelí. Algunos advierten que la coalición gubernamental podría caer en caso de que el plan se llevase a cabo sin aceptar ciertas condiciones previas impuestas por Israel. Entre las organizaciones internacionales que se han sumado a las alabanzas encontramos a las Naciones Unidas, pese a que han recalcado la necesidad del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y la protección de civiles sin interferencias. Respecto a ONG´s, muchas son críticas con la parte de las amnistías, alegando que se debe evitar la impunidad. Por otro lado, Rusia ha dado la bienvenida a los esfuerzos de Trump para aliviar la crisis humanitaria y ha puntualizado que no aceptarán un futuro donde Palestina no tenga un Estado junto al de Israel y ha solicitado la implicación de Moscú. De igual forma, el Gobierno chino ha expresado su respaldo implícito a la iniciativa, aunque no ha mencionado directamente la propuesta de Trump, sino que ha “dado la bienvenida y aplaudido todos los esfuerzos que lleven a reducir las tensiones entre Palestina e Israel”. Conclusión El plan es muy ambicioso y combina incentivos, la liberación de presos, la reconstrucción y demás factores positivos junto a la coerción –desarme, exclusión política de Hamás… Sus elementos de mayor atractivo político se centran en la promesa de devolver rehenes y en la parte económica derivada de la reconstrucción de la Franja. Mientras, sus debilidades principales son la legitimidad local, la viabilidad técnica del intercambio en 72 horas, las consecuencias jurídicas de amnistías y la definición difusa del mandato y la composición de la ISF. La implementación exigirá acuerdos concretos y podemos afirmar que será extremadamente compleja de sostener para hacer perdurar el acuerdo. Créditos foto: El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebran una conferencia de prensa conjunta para anunciar el plan de paz de Estados Unidos para Gaza. The White House.

Durante los últimos meses de 2025, Indonesia ha sido escenario de una ola de protestas masivas, lideradas especialmente por estudiantes, activistas de la sociedad civil y comunidades locales, que se extienden por multitud de ciudades del país asiático y responden a un creciente paralelismo continental, siguiendo la ruta de Sri Lanka, Bangladés o Nepal.   Este descontento general ha surgido por varias causas: el coste de la vida, los privilegios parlamentarios que gozan los diputados, los recortes presupuestarios, las percepciones de autoritarismo, y cuestionamientos sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Todas estas protestas expresan una fuerte frustración contra el gobierno, del actual y nuevo presidente, Prabowo Subianto, del partido Gerindra –Partido del Movimiento Gran Indonesia–. Contexto indonesio Indonesia es un Estado del sudeste asiático, formado por más de 17,000 islas, siendo el mayor archipiélago del planeta. Asimismo, cuenta con la cuarta población más grande a nivel internacional, con 277 millones de personas. Esta gran cantidad de habitantes es mayoritariamente musulmana (87%), pero el país cuenta con minorías cristianas, hindúes y budistas. Con capital en Yakarta, su sistema político se centra en una democracia presidencialista multipartidista dividida en dos cámaras representativas, con graves tensiones por tendencias autoritarias pese a ser catalogada como “democracia imperfecta”, con un puntaje de 6,44 sobre 10.  Económicamente, Indonesia es una economía mixta con fuerte intervención estatal. Sin embargo, se ubica dentro de las 20 mayores economías del mundo en términos de PIB nominal anual. Sus sectores clave son: los recursos naturales –carbón, níquel, aceite de palma, madera y gas natural–; manufacturas –textiles, automotriz, electrónica ligera–; y servicios digitales y turísticos. No obstante, enfrenta una grave desigualdad entre regiones, clases e islas, una fuerte dependencia de las materias primas, una infraestructura deficiente y un alto peso de la presión inflacionaria que aumenta continuamente el costo de vida para las clases bajas y medias. A nivel social, hay una gran diversidad étnica, con más de 300 grupos distintos, siendo los javaneses el mayoritario (40%). Debido a este hecho social, el Estado se ha declarado secular bajo la doctrina del Pancasila  o cinco principios fundacionales: creencia en Dios, unidad nacional, justicia social, democracia y humanidad. Sin embargo, una violación de estos principios o una percepción de lo mismo, podría provocar fuertes movimientos de descontento, autonomismo o secesionismo entre étnias, especialmente rurales y religiosas, las cuales cuentan cada vez con menores derechos en favor de la islamización nacional.  Ante todo ello, encontramos un país insular, directamente expuesto a desastres naturales como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas; que cuenta con una creciente presión internacional por frenar la deforestación derivada del cultivo del aceite de palma y la minería y que vulnera derechos climáticos. Actualmente, su dirigente, Prabowo Subianto, elegido en 2024, no se define ideológicamente de forma precisa. Este hecho lo enmarca en una narrativa nacional-conservadora que resalta el orgullo nacional, la soberanía, la autosuficiencia o la importancia del Estado, al mismo tiempo que, defiende la unidad nacional frente a divisiones, aboga populistamente al “pueblo común” en contra de las élites tecnocráticas o apela a los trabajadores, los jóvenes o al nacionalismo popular y social. En términos económicos, Subianto ha promovido la idea de “Indonesia First”, con un mayor control nacional directo sobre ciertos recursos económicos estratégicos, especialmente en las exportaciones –representan alrededor del 18-20% del PIB–. Aún así, en la práctica, acepta políticas de mercado y la colaboración de inversionistas extranjeros. Subianto no se alinea con las ideas occidentales que se aplican en el estudio político europeo contemporáneo, sino que se ubica en un personalismo similar al de otros líderes asiáticos, haciendo alianzas tanto con islamistas conservadores como con grupos seculares, lo que muestra una flexibilidad ideológica que gana apoyos, pero una debilidad frágil inherente. Legislativo indonesio La Cámara de Representantes de la República de Indonesia es una de las dos cámaras elegidas de la Asamblea Consultiva Popular, la legislatura indonesia. Se considera la cámara baja, mientras que el Consejo de Representantes Regionales, la cámara alta.   Actualmente, la Cámara de Representantes cuenta con 580 escaños, de los cuales, 348 forman parte del gobierno y 232 de la oposición, quien otorga su confianza o apoyo. La división por partidos sería: 1. Gobierno: Partido Golkar  (derecha): 102 escaños. Gerindra (nacionalista): 86 escaños. PKB (centro): 68 escaños. PAN (centro derecha islámica): 48 escaños. Demokrat (centro): 44 escaños. 2. Oposición: PDI-L (centroizquierda): 110 escaños. Nasdem (centroizquierda): 69 escaños. PKS (derecha islamista): 53 escaños. El gobierno cuenta con: un presidente, 7 ministros coordinadores y 41 ministerios con sus respectivos ministros, repartidos entre los partidos del gobierno y figuras independientes. En consecuencia, el gasto del ejecutivo se encuentra disparado, lo que ha aumentado el descontento y las reclamaciones sociales.  De hecho, cada ministro mantenía un salario base mensual de unos 300 dólares, según el Decreto Presidencial No. 60/2000. Sin embargo, el monto se ve incrementado por beneficios y asignaciones, que pueden alcanzar otros 850 dólares mensuales cada uno y por diversas cuestiones. Además, por bonificaciones y beneficios adicionales, la remuneración ascendía,en total, casi a los 15,000 dólares mensuales para los miembros de la Cámara de Representantes, totalmente desorbitado para un gobierno con ministros de conveniencia duplicados y en un país de bajos ingresos. Ante este reparto parlamentario, Subianto no pertenece al partido más grande del Parlamento. En 2024, el partido Gerindra aumentó notablemente su peso, pero quedó segundo, detrás del PDI-P (Golkar), históricamente el más votado con referentes políticos como Sukarno, Suharto, Habibie, Wahid, Soekarnoputri o Bambang Yudhoyono, todos ellos expresidentes de Indonesia. Subianto ganó la presidencia en 2024 gracias a la coalición Koalisi Indonesia Maji –Indonesia Avanza–, que unió a Gerindra con varios partidos medianos y grandes, como Golkar o el PKB. Este hecho provoca que tenga una dependencia inherente a las coaliciones, haciéndolo vulnerable a tensiones internas y a apoyos parlamentarios. Asimismo, el PDI-P sigue siendo el partido más grande, teniendo capacidad de bloquear o retrasar iniciativas legislativas, por lo que si adopta un rol opositor podría resultar fatal. Además, las protestas recientes muestran una sociedad movilizada, donde las fracturas internas y el descontento gubernamental aumenta, pudiendo paralizar próximamente el gobierno o hacerlo funcionar vía decreto, lo que causaría una tensión democrática que debilitaría al ejecutivo y sus partidos. Sin embargo, Indonesia tiende a que los partidos gobiernen en coalición antes de formalizar una oposición dura, por lo que Gerindra y Subianto pueden mantenerse, con ciertas reformas, medianamente estables, si no caen de nuevo en un descontento masivo. Privilegios parlamentarios Uno de los principales detonantes de las masivas manifestaciones y altercados ha sido la indignación ciudadana por los altos beneficios de los diputados, incluyendo una asignación residencial mensual de alrededor de 50 millones de rupias –unos 3,000 dólares– exclusivamente para vivienda, sumando en total cerca de 14,000 dólares de sueldo por diputado y mes. Es decir, un diputado cobra en torno a un 97% más que un indonesia promedio, el cual logra llevar de media a su hogar unos 200-420$ mensuales. Estas asignaciones han sido vistas como abusivas, especialmente ante el empeoramiento de las condiciones económicas para muchos ciudadanos. De hecho, la Cámara de Representantes había decidido incrementar el sueldo de los 580 miembros de la cámara un 33%, lo que ha desembocado en protestas violentas que han generado la revocación de la propuesta y suspendido ciertos privilegios relacionados con dietas, viajes y asignaciones adicionales. Hechos El 29 de agosto, en Makassar, capital de la región de Sulawesi del Sur, los manifestantes quemaron el parlamento local, provocando tres muertos y cinco heridos. En ciudades como Bandung, Surabaya, Pekalongan y Cirebon también se quemaron edificios gubernamentales. En Yakarta, capital nacional, se saqueó la casa del diputado Ahmad Sahroni, en Tanjung Priok. Los manifestantes robaron objetos de lujo, vehículos e incluso una estatua de Iron Man. Otros funcionarios reportaron saqueos en viviendas de los barrios de Eko Patrio, Uya Kuya y Sri Mulyani, entre otros, los cuales se extendieron hasta inicios de septiembre. En infraestructuras de transporte, el TransJakarta y MRT registraron daños en estaciones y vehículos del sistema público, incluyéndome la estación de Senen y el sistema de autobuses TransJakarta. Prabowo Subianto, anunció la revocación de los beneficios salariales para legisladores y suspendió los viajes oficiales al extranjero, como el planeado a China para celebrar el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, ha desplegado fuerzas antidisturbios y de seguridad en los principales centros urbanos, resultando en cuentos de arrestos y enfrentamientos con los manifestantes. Durante las protestas, se reportaron más de 700 heridos tan solo en Yakarta, acabando con 43 oficiales de policía hospitalizados y en torno a 10 muertes relacionadas con las manifestaciones, entre ellas, la de Affan Kurniawan, joven de 21 años conductor de motocicleta, atropellado por la policía en Yakarta. Coste de vida, inflación y desempleo En Indonesia el coste de la vida se está encareciendo debido al aumento de los precios en productos básicos y el desempleo juvenil. En diciembre de 2024, la inflación interanual indonesia fue del 1,57% con una inflación mensual del 0,44%. En cuanto a la tasa anual promedia de inflación, los datos mostraban un 2,3%, una disminución respecto al 3,67% de 2023. Sin embargo, en 2025, la inflación se encuentra al alza, habiendo vuelto a datos del 2,37% de nuevo. Este mismo año, el precio de la vivienda, la electricidad y el combustible ha aumentado a un ritmo mensual del 8,45%, debido a la eliminación de subsidios en la inflación subyacente, lo que ha afectado directamente a las clases productivas nacionales. En consecuencia, la tasa de desempleo se ha mantenido en el 4,76%; la participación en la fuerza laboral ha aumentado un 70,6%, con un incremento notable en la participación femenina del 56,4%, quienes se han visto obligadas a buscar trabajo en muchas ocasiones por la falta de fondos en las familias debido al incremento de los precios, especialmente entre las mujeres musulmanas.  Respecto al desempleo juvenil, el 16% de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentra en situación de desempleo, una tasa elevada en comparación a vecinos como Tailandia (4,31%), Australia (9,47%) o Vietnam (6,82%). En cuanto al salario medio indonesio mensual, gira en torno a los 200-350 dólares, con variaciones según género y sector. En consecuencia, el gobierno ha tenido que aprobar el recorte de las tasas de intereses el 17 de septiembre de 2025, provocando que el Banco de Indonesia redujera su tasa de referencia al 4.75% para estimular la demanda económica. Asimismo, se ha presentado un paquete de 989 millones de dólares para estimular programas de empleo, el alivio fiscal para pymes y ayuda alimentaria. Recortes presupuestarios En febrero de 2025, se aprobaron instrucciones presidenciales para la eficiencia presupuestaria, los cuales implican recortes severos en ministerios y gobiernos regionales con valor de 18,800 millones de dólares, lo que afectó directamente al gasto del Ministerio de Obras Públicas, obligando a retrasar al menos 21 proyectos de infraestructura. Estos recortes han provocado preocupaciones sobre la reducción de la calidad de los servicios públicos, tales como la educación, la salud o el debilitamiento de organizaciones de supervisión política o policial. En educación, se identificaron recortes en viajes, eventos ceremoniales y adquisiciones de bienes, afectando al programa Bantuan Operacional Sekolah. En salud, los recortes afectarán el acceso a servicios en áreas remotas, afectando la calidad de la atención, y, en seguridad, las agencias nacionales de climatología, meteorología, geofísica o la de búsqueda y rescate enfrentaran una reducción muy sustancial, limitando sus capacidades operacionales y respuestas ante desastres, en un país azotado continuamente por catástrofes naturales. Reforma militar y poder civil Recientemente han ocurrido una serie de reformas que expanden la participación del ejército en funciones civiles. Esto se ha interpretado como una vuelta a modelos autoritaristas, mermando el legado democrático que Indonesia había logrado establecer de forma imperfecta.   La reforma permite que los militares en servicio activo asuman cargos civiles sin necesidad de renunciar a sus puestos militares. Entre las nuevas posiciones civiles se incluirían: Fiscal General o Secretario de Estado, al igual que las jefaturas de las agencias nacionales de contraterrorismo, narcóticos, gestión de desastres, fronteras o seguridad marítima. Además, se incrementaron las “Operaciones Militares No Bélicas” de 14 a 16, incluyendo tareas como protección contra ciberataques o defensa de ciudadanos y activos nacionales en el extranjero. Todo ello, aprobado sin consulta pública adecuada, generando cinco peticiones fallidas ante el Tribunal Constitucional cuestionando la legitimidad del proceso. Subianto, exgeneral y yerno de Suharto, ha promovido la participación militar en el gobierno. Ha nombrado a varios exmilitares en puestos clave, como el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Chaniago, similar al modelo dictatorial de Suharto.  Ante esta nueva situación, la población teme que haya un debilitamiento de las instituciones muy rápidamente, desembocando en conflictos civiles o en graves consecuencias socioeconómicas.  Violencia policial y derechos humanos Vídeos virales, como el de un conductor de moto-taxi atropellado por un vehículo blindado policial durante las protestas han generado indignación. Las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza o la muerte de manifestantes han deslegitimado socialmente al gobierno indonesio. Las protestas han resultado en múltiples violaciones a los derechos humanos. Las autoridades han detenido a más de 3,000 personas mediante represión, haciendo uso de casos desproporcionados y excesivos del uso de la fuerza. La muerte de manifestantes, la quema de edificios gubernamentales y el enfrentamiento entre estudiantes y autoridades han provocado heridos, evacuaciones, destrozos, explosiones… De tal forma, la represión mediática y la censura a la libertad de expresión es uno de los temas que más afectan directamente al nuevo gobierno. Se han reportado ataques y amenazas a periodistas que cubrían las protestas, así como restricciones a contenidos informativos en línea. De igual forma, la criminalización de la protesta, acusándolos de “terrorismo”, vulnera el derecho de manifestación y reunión, generalizando y utilizando una etiqueta jurídica que favorece la represión estatal. Impacto de las protestas Las protestas en Indonesia han provocado una serie de impactos analizables desde diversas dimensiones: política, económica, social y gubernamentalmente hablando. De tal forma, podemos destacar algunos impactos visibles a día de hoy, tales como: Debido a las protestas, el presidente Prabowo Subianto se vió obligado a cambiar a ciertos ministros clave, incluido al ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati y al ministro de Seguridad Política. Estos hechos reflejan la presión sobre el poder que han tenido las manifestaciones en cuanto al ejecutivo de forma directa. De igual forma, el gobierno anunció recortes en algunos beneficios parlamentarios, como subsidios a la vivienda o de viajes al extranjero, tras el clamor del pueblo. Quizás esta decisión, junto a la anterior, sean las que más impacto han tenido en términos políticos. Sin embargo, los grupos activistas y la sociedad civil aún reclaman mayor justicia ante los privilegios excesivos en contraste con las dificultades económicas generales. Por otro lado, el ejecutivo se ha visto obligado a aprobar revisiones recientemente sobre la ley militar que ampliaba el rol de las fuerzas armadas en los asuntos civiles. No obstante, lejos de contar con el apoyo popular, es una medida que ante las recientes situaciones de hartazgo, está destinada al autoritarismo.  Asimismo, la Corte Constitucional sigue evaluando peticiones que cuestionan las reformas militaristas que quiere aplicar el gobierno, alegando que no ha habido suficiente consulta pública ni cumplimiento de procedimientos legales válidos. En el ámbito económico, las protestas han causado daños estimados en infraestructura pública por cerca de 900 mil millones de rupias –unos 40-50 millones de euros–. Esto incluye edificios públicos, casetas de peaje, paradas de autobús, oficinas gubernamentales… Además, en Jakarta, capital del país, los negocios minoristas han estimado pérdidas de ventas por valor de 500 mil millones de rupias (25-30 millones de euros) durante los cinco días que duraron las protestas. Muchas tiendas cerraron, o lo hicieron en su momento, impactando directamente en el volumen de ventas y en las cadenas logísticas y de consumo; el mismo patrón también se plasmó en los canales de venta online. Siguiendo desde la perspectiva económica, las manifestaciones habrían generado un impacto directo en los inversionistas: el índice de bolsa cayó varios puntos y la rupia se debilitó frente al dólar, pese a que el gobierno ha pretendido intervenir la situación para estabilizar la economía. Más allá de las pérdidas tangibles, hay pérdidas derivadas del paro de actividades, la interrupción del transporte y las cadenas económicas, temor que ha desalentado el consumo e incentivado mayores gastos en seguridad y reparaciones. Focalizándose en el ámbito social, mucha gente ha resultado herida por las protestas, muchos de ellos por enfrentamientos contra las autoridades, las cuales también han sufrido daños y bajas. De hecho, uno de los hechos que detonó la situación fue el hombre atropellado por el vehículo policial, el cual hizo estallar la indignación.  Estas protestas expresan las frustraciones acumuladas por la subida del costo de vida, los salarios que no se ajustan, la desigualdad, los privilegios políticos abusivos, la percepción sobre corrupción, y una sensación de que las élites están desconectadas de la realidad de la mayoría. Los movimientos sociales, estudiantes, organizaciones civiles y demás, están ahora mismo muy activos y en auge, demandando no solo correcciones puntuales, sino mayor transparencia, rendición de cuentas, respeto de derechos y limitación de poderes militares, entre otras demandas. Repercusiones en el futuro cercano Ante estos hechos, es factible que en un corto periodo de tiempo, haya un mejor o mayor escrutinio de las políticas gubernamentales, especialmente aquellas que impliquen un gasto público significativo o beneficioso para la élite. También se espera que haya un debilitamiento institucional si las reformas militares no se regulan adecuadamente. De la misma forma, es probable que diversos partidos nacionales que actualmente son considerados como “élite” cambien sus discursos y narrativas en favor de aglutinar opiniones frustradas. Asimismo, grupos políticos populistas, reformistas o nuevos pueden aparecer en el espectro político indonesio, sino crecer. En consecuencia, muchos habrán de reforzar o reformar su discurso político público, siendo, seguramente, beneficiados aquellos que catalicen la situación mediante medios como las redes sociales masivas. A día de hoy, el ejecutivo indonesio precisa restablecer la confianza ciudadana. Para ello, serían necesarias nuevas medidas relacionadas con la transparencia, la participación ciudadana y acciones contra causas estructurales, como la inflación, la militarización excesiva, la desigualdad o el empleo. No obstante, todavía hay un riesgo creciente de inestabilidad, lo que afecta directamente a la inversión extranjera, la recuperación económica, el bienestar social y la estabilidad entre etnias regionales por la volatilidad de la situación.

Desde hace ya más de una década, los ataques sistemáticos contra poblaciones cristianas en el centro y nordeste de Nigeria –asesinatos masivos, destrucción de iglesias, secuestros de sacerdotes y desplazamientos forzados– muestran un mismo patrón dirigido contra un grupo definido por su religión. Organizaciones de vigilancia internacional, parlamentos extranjeros y grupos de analistas y expertos ya hablan de actos que pueden encajar en el delito internacional de genocidio. Pese a ello, la respuesta del Estado nigeriano y de la comunidad internacional ha sido nefasta y estructuralmente polarizada. Contexto Los ataques contra comunidades cristianas en Nigeria no son nuevos ni vienen motivados por contextos inmediatamente recientes. De hecho, durante los años 80´s  y 90´s ya existían tensiones religiosas y brotes de violencia intercomunitarios en el norte del país, de mayoría musulmana contra las minorías cristianas, mayoritarias en el sur. En aquel momento, los ataques se ligaban a la introducción de la sharía en varios estados a partir de 1999, atacando iglesias, barrios cristianos y provocando disturbios. A partir de 2009, la violencia se intensificó debido a la insurrección de Boko Haram tras la represión de su líder, Mohammed Yusuf. Desde entonces, los atentados suicidas contra iglesias, los secuestros de cristianos, las masacres en aldeas del noreste, la violación de religiosas; mujeres y niñas cristianas y demás; con picos de violencia en 2010 y 2015, no han parado de crecer.  En 2015, Boko Haram juró lealtad al Estado Islámico y pasó a denominarse ISWAP, intensificando la persecución religiosa que hoy se observa en las calles y aldeas de Nigeria, con el objetivo de eliminar el cristianismo e imponer la sharía. De igual forma, se intensificaron paralelamente los enfrentamientos entre agricultores –mayoritariamente cristianos– contra pastores fulani –mayoritariamente musulmanes–. En consecuencia, a partir de 2010, la violencia se volvió más letal, con ataques organizados, asesinatos masivos y desplazamientos forzados, a la vez que el terrorismo cogía poder y territorio. Los pastores y los agricultores comenzaron su rivalidad derivada del concurso por los recursos escasos. Ambos precisan de tierras y agua, aumentando la competencia. En consecuencia, los choques por materias primas, antes locales, se han ido intensificando hacia un componente religioso y étnico, con ataques fulani cada vez más organizados y dirigidos contra aldeas cristianas. ¿Qué pasa en Nigeria? hechos y cifras Nigeria atraviesa una serie de olas muy crueles y sádicas de ataques y asesinatos contra las comunidades agrícolas, pobladoras del “Middle Belt” –Estados como Benue, Plateau o Kaduna–, así como, atentados perpetrados por grupos terroristas como Boko Haram/ISWAP en el nordeste. La violencia ya se ha cobrado miles de muertes, secuestros y desplazamientos. Según datos e informes, en el periodo de enero a agosto de 2025, 7,000 cristianos habrían sido asesinados en ataques realizados por pastores o milicias fulani y otros grupos terroristas. Asimismo, se contabilizan numerosos casos de secuestros a clérigos, monjas o pastores, los cuales son normalmente asesinados, violados e incluso torturados por su condición religiosa. ONGs internacionales, así como organizaciones cristianas y otras fuentes católicas ya contabilizan los decesos por centenares en los últimos tiempos. De igual forma, los grupos islamistas atacan, incendian y destruyen lugares de culto, poniendo especial énfasis en la quema de iglesias, muchas veces con feligreses o religiosos en su interior. En consecuencia, la comunidad religiosa se ve completamente destruida, sobre todo en pequeñas poblaciones cristianas rurales, provocando el desplazamiento interno de centenares de miles de personas. La violencia en Nigeria tiene nombres: por un lado, Boko Haram/ISWAP –responsable de atentados, secuestros y violaciones en el noreste nigeriano–. Seguidamente, los grupos armados identificados como “herders”, de etnia fulani y tradicionalmente nómadas –se les atribuyen los ataques en la franja central nigeriana–. Por último, entre otros, las bandas criminales o “bandits” del noroeste –estas, mezclan motivos religiosos con la criminalidad–, reclamando compensaciones monetarias por los secuestros. En cifras totales, se estima que más de 52,250 cristianos han sido asesinados desde 2009 hasta 2025, desplazando a unos 14 millones de cristianos internos forzados a huir de sus hogares. En total, más de 18,000 iglesias han sido quemadas y 2,200 escuelas cristianas han sido destruidas.  Casos y ejemplificativos de la dramática situación 2015-2025 : entre estos años, 145 sacerdotes fueron secuestrados; de ellos, 11 asesinados y 4 desaparecidos. Las provincias más afectadas son: Owerri (47 casos), Onitsha (30 casos) y Kaduna (24 casos y 7 asesinatos). 2018 : Leah Sharibu, niña cristiana de 15 años, fue secuestrada por Boko Haram junto a más de 109 niñas. Leah permanece en cautiverio. 20 de diciembre de 2021 : Masacre de Nasarawa, donde pastores fulani atacaron varias aldeas por conflictos de tierras. Murieron 52 personas. 5 de junio de 2022 : ataque durante la misa en la Iglesia Católica St. Francis Xavier, combinando explosivo y tiroteo masivo, con 50 muertos y más de 100 heridos. 2022, Angwan Aku : cuatro mujeres cristianas fueron secuestradas y violadas por cinco hombres cada una en una pequeña comunidad cristiana. 2022, Borno : en campos de desplazados, entre el 50% y 60% de mujeres y niñas fueron violadas por bandas armadas o secuestradores. 15 de abril de 2023 : ataque de “bandits” a una población cristiana en Runji, matando a 33 personas. 7 de abril de 2023, Benue : más de 43 personas del campo de desplazados internos de Mgban fueron asesinadas por atacantes sospechosos de ser pastores fulani. 15-16 de mayo de 2023, Plateau : más de 130 personas asesinadas en ataques coordinados por pastores fulani en comunidades rurales de Mangu y Plateau. Diciembre de 2023 - febrero de 2024 : Estado de Plateau, más de 1,300 asesinados por ataques fulani. Las víctimas incluían niños, ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes; gran cantidad de aldeas y hogares destruidos. 24-25 de diciembre de 2023 : “Masacre de Navidad” en condados de Bokkos, Barkin Ladi y Mangu por extremistas fulani; mínimo 195 muertos y más de 29,000 desplazados. Marzo de 2024 : secuestro de 287 estudiantes en Kaduna, incluyendo menores de 12 años. Septiembre de 2024, Kaduna : una niña cristiana de 10 años fue violada por cinco hombres musulmanes; hospitalizada e inconsciente por semanas. Los atacantes fueron condenados a cadena perpetua en diciembre de 2024. 13-14 de junio de 2025 : ataque nocturno a aldeas cristianas por “bandits”, asesinando cerca de 200 cristianos en una misión católica que alojaba a desplazados internos. 2023, Borno : más de 40 mujeres fueron secuestradas por grupos islámicos mientras recogían leña en un campo de desplazados internos en el distrito de Mafa. Las víctimas fueron liberadas tras el pago de un rescate de 50,000 nairas por mujer, unos 28,4€. ¿Es este caso un ejemplo de genocidio según el Derecho Penal Internacional? El genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio –incluida en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional–, requiere dos elementos: Elementos objetivos: actos enumerados, tales como: asesinato, lesiones graves, sometimiento intencional a condiciones de existencia que lleven a la destrucción física total o parcial, traslado forzado de niños, medidas en contra de la natalidad…  Elementos subjetivos:  intención específica –dolus specialis– de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido –étnico, nacional, racial o religioso–. En el caso nigeriano, se han documentado numerosos casos de asesinato masivo, destrucción deliberada de lugares de culto y poblaciones rurals, desplazamientos forzados y secuestros selectivos contra la comunidad cristiana, así como, el sometimiento intencional de líderes religiosos, su asesinato, tortura y violación. Todo ello, son formas que encajan directamente con actos materiales del tipo penal recogido entre los elementos objetivos. Así pues, las víctimas son identificables bajo un mismo grupo religioso –cristianos–. El Genocidio protege a grupos por cuestiones religiosas; por tanto, el elemento de grupo protegido también se encuentra presente en el caso. Por último, las pruebas de intencionalidad: la intención podría llegar a probarse mediante los patrones de ataques repetidos y coordinados contra comunidades cristianas, la destrucción de bienes religiosos o el secuestro de religiosos. Asimismo, las declaraciones y prácticas demuestran la voluntad de diversos grupos islámicos de destruir a las comunidades cristianas en áreas concretas de Nigeria. En consecuencia, diversas organizaciones y expertos sostienen que la combinación de objetivos geográficos, la selección de las víctimas por religión y la continuidad temporal apuntan a la intención necesaria para calificar legalmente al caso como genocidio. Los hechos documentados cumplen los actos materiales del tipo penal y existen evidencias de un patrón dirigido contra un grupo religioso identificable. Por tanto, los hechos jurídicos fundados para sostener que la conducta podría constituir genocidio están mayormente argumentados. Sin embargo, la calificación requiere una decisión judicial internacional o un pronunciamiento formal comparable, como sería el de la Corte Internacional de Justicia o una resolución de la ONU –aprobada por el Consejo de Seguridad–.  Opiniones de instituciones y actores internacionales Algunas organizaciones sobre los derechos humanos llevan tiempo señalando los hechos en el país africano. Estas, declaran que los hechos son suficeintes como para catalogar la situación de genocidio. Entre ellas, encontramos al Genocide Watch. Por otro lado, ONGs han documentado matanzas, ataques y violencia sistematizada de pastores; denuncian la impunidad y los fallos del Estado en la protección de víctimas y en el sometimiento judicial. Estas organizaciones, como Amnistía Internacional, llaman a que investigadores lleven a cabo trabajos sobre el tema y a mayores medidas de protección y sanción. También es relevante el papel de los Estados y cámaras legislativas internacionales. Han habido pronunciamientos que denuncian la persecución, demandando medidas. Incluso ciertos polítticos lo tilde directamnte de “genocidio”. No obstante, nadie ha logrado frenar, por desinterés, motivaciones varias o temor, a Nigeria. En muchas ocasiones, solo una parte legislativa reclama acciones, como sucedió en el Congreso de los Estados Unidos de América, cuando el grupo republicano demandó acciones y fue rechazado por el partido demócrata. Respecto a la comunidad internacional, más allá de informes, documentos o resoluciones esporádicas, la respuesta práctica es casi inexistente. Ni las sanciones dirigidas, las misiones de protección o la intervención multilateral han servido para causar cambios frente a la situación. El genocidio implica obligaciones de prevención y acción bajo la Convención; por lo que es completamente criticable la inacción de la comunidad internacional. ¿Qué hace Nigeria al respecto? El Estado ha desplegado en numerosas ocasiones distintas campañas policiales y militares contra grupos terroristas, especialmente contra Boko Haram. De tal forma, se han llevado a cabo diversos procesos judiciales, procesos y condenas contra insurgentes, pero no con el final esperado. La respuesta ha sido en general muy heterogénea, totalmente insuficiente para la protección de civiles e impune para los atacantes. La falta de investigación efectiva es creciente, alarmante e indignante, especialmente en áreas rurales del centro de Nigeria –Middle Belt–. Ante estos hechos, diversas comunidades y observadores acusan al gobierno y a las autoridades judiciales, locales y federales de no actuar con diligencia o de aplicar enfoques selectivos. Tiempos de respuesta tardíos, ausencia de protección de aldeas, fracasos en la implementación de legislaciones… son solo algunos casos que demuestran la ineficacia y la falta de preocupación con la que el gobierno se toma el asunto. Nigeria cuenta con fuerzas armadas poderosas en la teoría, pero mal distribuidas, plenas de corrupción e impunidad. El gobierno no responde a tiempo a los ataques o directamente ni actúa, sea por ineficacia o desinterés. Además, la impunidad alimenta la continuidad de los ataques, con muy pocos autores juzgados. De igual forma, la religión e identidad étnica están siendo utilizadas como herramientas de poder en Nigeria, donde existen unas poblaciones musulmana y cristiana que representan un 45% del total de habitantes cada una. En consecuencia, algunos líderes locales motivan las diferencias para consolidarse en el poder, promoviendo el discurso de odio, la xenofobia y la intolerancia en todas sus formas. Asimismo, el reparto de cargos y recursos gubernamentales se divide en el eje “norte musulmán” y en el sur “cristiano”, lo que ha generado diferencias y desconfianzas cada vez mayores, provocando ataques.  Actualmente, pese a que Nigeria es oficialmente un Estado laico según su Constitución, la religión de los presidentes y sus políticas tienden a reflejar el equilibrio nacional. Hoy en día, el presidente Ahmed Tinubu y la vicepresidenta Kashim Shettima son musulmanes. Esto es una excepción a la norma, ya que para mantener el equilibrio se nombraba a uno de los dos cargos de la otra religión. Es decir, si el presidente es musulmán, el vicepresidente debería haber sido cristiano, y viceversa. En este gobierno, ambos son musulmanes, lo que ha generado desconfianza y debates por parte de la población cristiana. Pese a que los partidos no se definen por su religión, teóricamente, los votantes muchas veces apoyan a líderes según su identidad religiosa y regional. Esto se ve en las votaciones entre norte y sur del país, lo cual puede desembocar en una futura guerra civil por diferenciación identitaria, genocidio, imposición o abuso de poder contra las minorías por parte del Estado y las autoridades, entre muchos otros escenarios. Voces críticas: una perspectiva de dos opiniones Por un lado, encontramos a quienes sostienen abiertamente la tesis genocida de los hechos. Entre ellos, ONGs, think tanks, grupos políticos de diversas ideologías en occidente o algunos grupos religiosos que exigen el reconocimiento jurídico y acciones concretas.  No obstante, hay voces que piden cautela a la hora de catalogarlo como tal. Estos, señalan que aunque la violencia es extrema y selectiva, la palabra “genocidio” es jurídica y su uso requiere pruebas rígidas de intención; advierten contra la politizción de etiquetas sin evidencias judiciales completas, especialmente por la falta de una sentencia judicial internacional sobre el caso, debido a la justificación de violencia intercomunitaria. Sin embargo, internamente, este grupo también mantiene debates sobre la metodología estadística y la politización de cifras, lo que frena cada vez más sus declaraciones, pese a no tener a día de hoy una sentencia que declare completamente la situación como genocidio. Crimen de lesa humanidad El crimen de lesa humanidad es un delito internacional que consiste en cometer actos graves y sistemáticos contra la población civil, como asesinatos, torturas, violaciones, desplazamientos forzosos, persecuciones por motivos políticos, religiosos, étnicos o de género, o cualquier otro acto inhumano que cause sufrimiento grave. A diferencia del genocidio, no requiere de la intención de destruir total o parcialmente a un grupo específico, sino que basta que los actos formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles. En el caso de Nigeria, la violencia de grupos como Boko Haram, que incluye asesinatos masivos, secuestros, desplazamientos forzosos y ataques recurrentes contra comunidades cristianas y musulmanas, podría ser calificada jurídicamente como crimen de lesa humanidad, dado qu cumple con los criterios de sistematicidad, generalización y afectación de la población civil, aunque no se pueda –de momento– tipificar como genocidio por la falta de intencionalidad específica de exterminio –actualmente en valoración–. El crimen de lesa humanidad conlleva que quienes cometen actos graves y sistemáticos contra la población civil, pueden ser perseguidos penalmente a nivel internacional ante tribunales como la CPI, enfrentando penas de prisión severas y obligación de reparar daños a las víctimas. Además, genera responsabilidad política y social, obliga a proteger a la población civil y documentar los abusos para prevenir su repetición. En Nigeria, puede que la catalogación de los hechos como crimen de lesa humanidad –más “sencillo” que de genocidio, pese a las voces críticas que reclaman su declaración– quizás sea una solución más práctica ante la masacre. Pasos jurídicos y políticos necesarios Nigeria, forma parte del Estatuto de Roma, por ende, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional podría activarse. Para ello, se debería demostrar que el país es incapaz o no quiere investigar los hechos, o, la Fiscalía de la CPI debería decidir abrir un examen preliminar sobre la situación y proceder. A ello, se sumarían las investigaciones independientes y documentales de tribunales nacionales, comisiones de la ONU o investigaciones del OMP. Por otra parte, se deben primar inmediatamente las medidas de protección en zonas vulnerables, programas de desarme y control de armamento, cumpliendo las leyes anti-grazing y de reforma policial. Sin embargo, muchos mantienen severas dudas sobre la capacidad nigeriana para llevar esto a cabo, especialmente en un contexto de corrupción política, crisis social, persecución religiosa, una pseudo-guerra civil y genocidio. Para lograr el encauzamiento de la situación, actores internacionales deberían tomar cartas en el asunto: sanciones selectivas, asistencia y apoyo en inteligencia e investigaciones forenses y de campo, así como, medidas de presión diplomática para prevenir ataques. No obstante, lejos queda que parlamentos, Estados y organizaciones internacionales mantengan el foco sobre Nigeria. Conclusión Los hechos actualmente disponibles configuran, en sus elementos materiales, actos que el Derecho Internacional incluye en la categorización de genocidio. La pregunta real es la intención: los ataques repetidos, por identidad religiosa en áreas concretas, así como la selección de víctimas, proporcionan una presunción probatoria sólida de la intención dirigida. Por ello, además de exigir investigaciones judiciales internacionales e imparciales, corresponde que la comunidad internacional active mecanismos de prevención, asistencia y sanción previstos en el Derecho Internacional para evitar la consumación definitiva de un crimen de dimensiones genocidas. Crédito foto: © UNHCR/Xavier Bourgois. Some of the Nigerian refugees who crossed the border last week seek shelter in the Cameroonian town of Goura, after fleeing violence in Rann.

Con la vuelta de la democracia en Chile el 11 de marzo de 1990 se cerraba el ciclo de dictaduras militares que —en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos, principalmente a través de sus organismos de defensa e inteligencia, y con la participación cívico-militar local— habían signado el destino político de gran parte de América Latina. Estas dictaduras se justificaban en la necesidad de combatir al denominado “enemigo interno”, término utilizado para definir a cualquier asociación civil o movimiento cuya ideología se contrapusiera con los valores occidentales capitalistas promovidos por Washington. En la práctica, su alcance fue mucho más amplio: alcanzó a partidos políticos, asociaciones sindicales, estudiantiles e incluso religiosas. Durante este periodo, y con matices entre países, el factor común fue la violación sistemática de las libertades constitucionales y de los derechos humanos. Con el abandono de la Doctrina de Seguridad Nacional en la región, coincidente con la finalización de la Guerra Fría y el inicio del denominado “Nuevo Orden Mundial”, tuvo lugar un renacer democrático que —no exento de crisis y dificultades— constituyó el ciclo de democratización más extendido de la historia latinoamericana. ¿Qué cambió? La vuelta de la democracia en muchos países de la región estuvo acompañada por la renovación de la esperanza de poder romper con las dinámicas de pobreza y exclusión que, durante décadas, marcaron a América Latina. Sin embargo, la falta de respuestas efectivas por parte de los gobiernos en materia de desigualdad, exclusión y oportunidades, combinada con el avance de la corrupción y la desconfianza en la legitimidad de los procesos electorales, profundizó la desconfianza ciudadana en la democracia y, sobre todo, en los valores republicanos. Este escenario favoreció la emergencia de liderazgos personalistas y populistas, tanto de izquierda como de derecha. De acuerdo con un informe del Georgetown Americas Institute , pueden identificarse síntomas claros de deterioro democrático en varios países de la región. Entre los más relevantes, el estudio señala la polarización y fragmentación extrema, el debilitamiento institucional y el surgimiento de movimientos autoritarios o la transformación de gobiernos electos democráticamente en regímenes cada vez más autoritarios. En estos casos, mandatarios surgidos de las urnas han comenzado a debilitar contrapesos fundamentales como la libertad de prensa, la autonomía del poder judicial y los organismos de control. Para graficar lo descripto hasta aquí, veamos algunos casos: El caso más emblemático es el de Venezuela . Durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez y, sobre todo, tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, el país entró en una espiral descendente de represión, ataques a la prensa y vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Como consecuencia directa, y de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, casi 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde la llegada de Maduro al poder. En El Salvador , la deriva autoritaria se evidencia en la concentración del poder ejecutivo por sobre el legislativo y el judicial, la vigilancia y hostigamiento a partidos de la oposición, las arbitrariedades del estado de excepción aplicado en el combate a las pandillas, el hostigamiento a los medios independientes y las reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida. En 2025, El Salvador recibió una calificación de 47/100 en términos de libertades políticas y civiles, seis puntos menos que el año anterior. Similares prácticas estatales se observan en Nicaragua , donde la represión a disidentes, la concentración del poder, el cierre de ONGs y universidades, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la creación de fuerzas policiales paraestatales han llevado esta calificación al nivel de 14/100 en libertades políticas y civiles, apenas un punto por encima de Venezuela. Bolivia , por su parte, atraviesa un proceso de normalización institucional tras años de inestabilidad que comenzaron con la renuncia de Evo Morales en medio de un intento de golpe de Estado y su posterior inhabilitación para competir en elecciones. En los comicios más recientes, el MAS —partido que dominó la política boliviana durante casi dos décadas— quedó fuera del ballotage, que se definirá en octubre entre dos candidatos de derecha. El desafío central para Bolivia es hoy recomponer su delicada situación económica en un marco de extrema fragilidad institucional. Finalmente, aunque no atraviesan una deriva autoritaria en sentido estricto, es necesario poner atención en lo que ocurre en Brasil, Argentina y Perú, los tres países más grandes de Sudamérica. En cuanto a Brasil , recientemente se conoció la condena a 27 años de prisión para el expresidente Bolsonaro quien tras perder las elecciones presidenciales frente al actual presidente, Lula da Silva, encabezó un intento de golpe de estado que finalmente no prosperó. Mientras que en Argentina  recientemente se efectivizó la condena a prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidente y una vez vicepresidente de ese país por causas de corrupción. Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder del partido de la oposición y su condena e inhabilitación llegan en el marco de una campaña electoral que la tenía como candidata. El caso argentino es particular porque si bien desde la vuelta de la democracia en 1983 el ejercicio electoral se realizó de manera ininterrumpida y sin mayores alarmas de fraude, las recurrentes crisis económicas, los casos de corrupción, la fragmentación y la tendencia hacia la polarización dieron por resultado una falta de interés en el ejercicio electoral. Al respecto, la participación de las últimas elecciones se encontró 19 puntos porcentuales debajo de la media histórica. Colombia  es una de las democracias más estables de América Latina. Mientras gran parte de la región se encontraba sumida en dictaduras Colombia logró mantenerse al margen de esa dinámica y, tras 1958, consolidó la alternancia democrática. En la actualidad, los informes internacionales de libertades políticas y civiles la ubican como un país “relativamente libre”, con una calificación de 70/100 en el índice de Freedom House . Sin embargo, la estabilidad formal no elimina los desafíos estructurales. Desde hace décadas, el país enfrenta altos niveles de violencia política, la persistencia de grupos armados ilegales y un Estado con limitada capacidad de ejercer soberanía en áreas periféricas. A ello se suman la corrupción y la creciente polarización de la clase política, factores que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde 2016 han sido asesinados 74 candidatos a cargos de elección popular, siendo el caso más reciente y de mayor impacto el de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial para 2026, asesinado en junio de 2025. Los números se vuelven aún más alarmantes si se consideran también los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, donde la cifra asciende a 2.282 asesinatos en los últimos nueve años. Estas cifras reflejan con crudeza la peligrosidad asociada a la vida política en Colombia, recordando que la democracia formal no siempre garantiza condiciones seguras para el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles. Por último, Perú  atravesó seis presidencias en apenas siete años, debido a renuncias y destituciones. Si bien se mantiene la continuidad electoral, la fragilidad institucional y las recurrentes crisis políticas impiden que los presidentes electos concluyan sus mandatos, colocando a su democracia en una situación de extrema vulnerabilidad. Conclusión A más de cuatro décadas del inicio de la tercera ola democrática en América Latina, la región enfrenta hoy un escenario ambivalente. Si bien la mayoría de los países mantiene elecciones regulares y procesos institucionales básicos, el deterioro de la calidad democrática es evidente: la polarización, la corrupción, la desconfianza ciudadana y el avance de liderazgos personalistas han socavado contrapesos esenciales. Casos como Venezuela y Nicaragua muestran regímenes autoritarios consolidados; otros, como El Salvador, evidencian un tránsito acelerado hacia la concentración del poder; mientras que democracias de mayor peso como Brasil, Argentina, Colombia y Perú exhiben vulnerabilidades serias que erosionan la confianza en el sistema. El desafío inmediato de la región no es solo preservar las formas de la democracia, sino garantizar su contenido: que las instituciones respondan a los ciudadanos, que se respeten los derechos humanos y que el ejercicio político se traduzca en mejoras concretas para sociedades atravesadas por la desigualdad y la inseguridad. En definitiva, la democracia latinoamericana ya no se mide únicamente en urnas y mandatos cumplidos, sino en su capacidad de sostener libertades, generar confianza y ofrecer horizontes de dignidad y justicia a sus pueblos.

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, Donald Trump ha presentado una visión contundente de su legado y de lo que consideran amenazas y desafíos globales, combinando un fuerte énfasis en la economía nacional, la seguridad propia y la soberanía nacional con críticas directas tanto a la anterior administración estadounidense como a la comunidad internacional. Bienvenidos a la “Época Dorada” de los Estados Unidos Trump ha comenzado su discurso destacando los logros económicos de su administración. Según sus palabras, bajo su gobierno, los mercados alcanzaron niveles récord, los salarios crecieron aceleradamente y se generaron más de 17 billones de dólares en inversiones extranjeras directas, en tan solo ocho meses. Criticó duramente la gestión de la administración Biden, a la que responsabiliza de los efectos de la inflación, los altos precios de la energía y las crisis en hipotecas y alimentos. Para el actual presidente, Estados Unidos ahora es nuevamente el mejor lugar del mundo para negociar, con recortes de impuestos y políticas que incentivan la inversión. En estas declaraciones Trump no solo busca resaltar su gestión económica frente a la de Biden, sino que responde a un objetivo político más profundo: reforzar la idea de que él es el garante de la prosperidad y la estabilidad, mientras su adversario representa crisis e incertidumbre. Al subrayar cifras de inversiones y crecimiento, contrapuestas con inflación y altos precios bajo Biden, Trump no está únicamente hablando de economía, sino construyendo un relato electoral: el pasado con Biden fue un retroceso. Indirectamente, lo que quiere transmitir es que para recuperar competitividad global y bienestar interno, la única alternativa viable es su regreso al poder, apelando tanto al orgullo nacional como a la preocupación ciudadana por el costo de vida. Fronteras cerradas y migración controlada La inmigración ilegal ha sido otro eje central del discurso, aunque no tanto como la parte económica. Trump ha afirmado que su gobierno ha detenido lo que califica de “invasión de extranjeros ilegales”, contrastando con lo que describió como la apertura caótica del gobierno de Biden. Asimismo, ha elogiado la labor de El Salvador y subrayado que cada nación debe tener el derecho de controlar sus fronteras. Además, ha destacado los peligros que enfrentan los migrantes ilegales, incluyendo muertes y trata de personas, mientras enfatiza la apertura a la migración legal. En esta parte del discurso, Trump busca defender tanto sus políticas migratorias como la instalación de la idea de que el control fronterizo es sinónimo de seguridad nacional, protección de la soberanía y hasta un acto humanitario. Al hablar de “invasión” contrapone orden frente al caos, reforzando la imagen de que solo bajo el liderazgo de sí mismo se ha detenido la amenaza que representa la migración irregular. Al mismo tiempo, al destacar los riesgos que sufren los propios migrantes, intenta apoyar su política de cierre como una medida de protección de vidas y no únicamente de exclusión. Indirectamente, el mensaje es doble: hacia dentro, transmitir que su dureza en fronteras protege a las estadounidenses; hacia fuera, advertir que una nación fuerte es aquella que no cede en su soberanía no en su derecho a decidir quién entra y bajo qué condiciones. Además, ha dejado un recado para Venezuela: mantén el narcotráfico controlado o tomaremos más medidas que las llevadas a cabo en el Caribe estos últimos meses, aunque lo ha hecho muy sutilmente. Cooperación internacional y relaciones estratégicas Trump ha destacado el papel de EEUU como socio global en un escenario de crecientes cambios. Para ello, ha señalado que los miembros de la OTAN ahora destinan un 5% de su PIB a defensa y ha mencionado acuerdos comerciales con países como Corea, Japón, Malasia, la UE o el Reino Unido, así como estrechas relaciones con los Estados del Golfo Arábigo, mencionando a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar. El mensaje es claro: Estados Unidos está de vuelta y se presenta como aliado indispensable, exigiendo reciprocidad. En este punto, Trump no solo enumera alianzas o acuerdos, sino que busca reafirmar el liderazgo estadounidense como eje indiscutible del orden mundial. Al destacar el aumento del gasto en defensa de la OTAN y los pactos comerciales con potencias clave, transmite indirectamente que estos logros son fruto de su presión y de su capacidad negociadora, proyectando a EEUU como motor de seguridad y prosperidad global. El mensaje implícito es que ningún país puede ignorar o prescindir del vínculo con Washington: quienes cooperan se benefician, quienes no lo hacen quedan rezagados. En otras palabras, está planteando que la grandeza estadounidense no solo se mide en lo interno, sino también en su capacidad de condicionar y guiar el rumbo de aliados y rivales en la arena internacional. 7 Guerras, 7 Meses Uno de los momentos más llamativos del discurso ha sido cuando Trump ha afirmado haber puesto fin a siete conflictos internacionales en apenas siete meses, incluyendo a:  Armenia - Azerbaiyán. Kosovo - Serbia. RD. del Congo - Ruanda. Tailandia - Camboya. Israel - Irán. Egipto - Etiopía. India - Pakistán. Asimismo, ha criticado a la ONU por su inacción, asegurando que su organización ni siquiera intentó ayudar en estos conflictos. También ha cuestionado su eficacia en la resolución de crisis globales. Mediante estos logros, Trump busca presentarse como mediador exitoso y contraponer su capacidad de acción directa frente a la pasividad burocrática de organizaciones como la ONU. Al atribuirse la resolución de los siete conflictos mencionados en un tiempo récord, se coloca en el papel de líder global capaz de lograr lo que los organismos multilaterales no logran. El fin indirecto de esta declaración es doble: hacia el electorado estadounidense, reforzar la idea de que bajo su liderazgo EEUU es de nuevo una potencia que garantiza la paz, la libertad y la estabilidad mundial; hacia la comunidad internacional, enviar el mensaje de que la seguridad y la resolución de conflictos dependen menos de instituciones y más de la voluntad y el poder. En esencia, desacredita el multilateralismo para ensalzar el unilateralismo estadounidense bajo su figura, que en parte, ante muchas organizaciones actuales, puede lucrarse de sus ineficacias. Críticas a la ONU: inacción y desperdicio El presidente estadounidense no ha escatimado en críticas directas hacia la ONU, a la que ha acusado de malgastar recursos sin resultados tangibles. Incluso se ha permitido hacer una metáfora sobre las escaleras mecánicas rotas para ilustrar la ineficiencia del organismo. Además, ha subrayado su propio logro en los Acuerdos de Abraham y ha reiterado que su objetivo no es recibir premios –como el Nobel de la Paz, al cual ha hecho referencia como digno merecedor–, sino salvar vidas pragmáticamente. Trump utiliza la crítica a la ONU como un recurso para reafirmar su narrativa de eficacia personal frente a la ineficacia institucional. La metáfora de las escaleras mecánicas rotas no es casual: busca transmitir que la ONU es costosa, lenta y estancada, mientras él se presenta como alguien que obtiene resultados concretos, como los Acuerdos de Abraham. Al mencionar que no le interesa un Nobel, sino “salvar vidas”, pretende colocarse en un plano moral superior, proyectando pragmatismo frente a la burocracia internacional. El fin se plasma en minar la credibilidad del multilateralismo actual y reforzar la idea de que solo un liderazgo fuerte y decidido, como el suyo, puede garantizar cambios reales. Amenazas globales y seguridad internacional En materia de seguridad, Trump ha afirmado haber contenido el terrorismo iraní y haber eliminado otras amenazas globales, usando la disuasión nuclear únicamente como medidia preventiva. Expresó su apoyo a un alto al fuego en Gaza, criticó a Hamás y advirtió que reconocer a Palestina sería premiar el terrorismo. También ha denunciado que países europeos financian indirectamente la Guerra de Ucrania mediante la compra de petróleo ruso, mientras que defiende la postura firme de los Estados Unidos frente a Putin y China. Trump busca proyectar a EEUU como el garante absoluto de la seguridad internacional, en contraposición a la debilidad de otros actores. Al hablar de contención al terrorismo iraní y de su uso “responsable” de la disuasión nuclear, se presenta como líder firme pero racional. Al mismo tiempo, al criticar el reconocimiento de Palestina y señalar a Europa por financiar indirectamente la guerra en Ucrania, lanza un mensaje: solo bajo su liderazgo Washington actúa con coherencia y contundencia, mientras aliados y rivales contribuyen al desorden global. Subraya pues que, sin él, el mundo sería más inseguro y avanzaría hacia la complicidad con el terrorismo o con regímenes autoritarios, reforzando deque un Trump en el poder es sinónim de orden, disciplina y paz por fuerza de autoridad. Energía y cambio climático: las renovables como gran fraude Trump ha cuestionado duramente la energía renovable, calificándola de cara e ineficiente, criticando a países verdes por destruir las industrias locales. Ha defendido la energía nuclear como segura y el petróleo y gas estadounidense como estratégico, responsabilizando a China de la mayor contaminación global. También ha afirmado que el cambio climático no es irreversible y señalado que la narrativa ambiental responde a intereses económicos más que a la ciencia. Trump no solo desacredita las energías renovables y el discurso climático, sino que persigue reposicionar a EEUU como potencia energética tradicional y a sí mismo como garante del crecimiento frente a lo que se presenta como dogmas ideológicos. Al culpar a China como verdadero contaminante y describir la agenda verde como un negocio disfrazado de ciencia, deslegitima el liderazgo europeo en materia ambiental y justifica la dependencia de los hidrocarburos estadounidenses como una opción “realista” –como ha plasmado con planes de inversión en energía por miles de millones por parte de la UE–.  El fin hacia el interior es tranquilizar a su base al asociar la prosperidad con el petróleo, el gas o el empleo industrial; hacia el exterior, advertir que apostar por la transición ecológica es un error estratégico que debilita las naciones, mientras EEUU ofrece la alternativa energética fiable y competitiva. Aranceles y eventos El mandatario ha defendido brevemente y en último lugar a los aranceles impuestos por su administración como herramienta de protección nacional ante la deslealtad internacional con y para el pueblo de los EEUU. Por otro lado, ha mencionado de manera cordial al presidente brasileño Lula da Silva, al tiempo que ha lanzado un sutil “toque de atención” a Brasil.  Finalmente, ha cerrado su intervención celebrando la historia, cultura y tradiciones de las naciones de la Tierra, invitando a festejar los 250 años de EEUU, los Juegos Olímpicos de los Ángeles y el Mundial de 2026 en su país, concluyendo con un “Dios bendiga a las naciones del mundo”. Con este cierre, Trump combina economía y al mismo tiempo se presenta como un líder moral y cultural en el escenario mundial. La defensa de los aranceles no es un técnicismo, sino un recordatorio de que su política económica se centra en blindar a la nación frente a lo que describe como abusos de otros países, dejando clara la idea de que él es el único dispuesto a confrontar dichas prácticas. La mención “cordial” a Lula va acompañada de un matiz de advertencia hacia Brasil,  es un gesto diplomático calculado: ofrece cooperación, pero bajo la lógica de que Washington marcará los límites.  Finalmente, tras haberse vendido política y económicamente durante 57 minutos, cierra con una exaltación de la cultura, la historia y las tradiciones, coloca a Estados Unidos en el centro de un relato de orgullo nacional con proyección global, envolviendo su discurso en un marco de excepcionalismo. Indirectamente, transmite que la fortaleza de su país no se mide solo en lo militar y económico, sino también en su capacidad de ser referente cultural y espiritual para el resto, consolidando una supuesta imagen de liderazgo, que quizás, quiera simular una futura imagen de líderes “occidentales” como la hecha en la última cumbre en China entre Xi Jinping y líderes de Estados autoritarios o más alineados con Pekín. Crédito foto: David Dee Delgado/ Bloomberg

El pasado 9 de septiembre de 2025, Polonia enfrentó un desafío sin precedentes hacia su soberanía y seguridad: de 19 a 23 drones rusos penetraron el espacio aéreo polaco durante la noche hasta 160 kilómetros tierra adentro, disparando las alarmas en todo el continente, especialmente entre los aliados OTAN. La acción, que ocurrió en el contexto de una ofensiva aérea rusa sobre Ucrania, llevó a Varsovia a invocar el artículo 4 de la OTAN, un mecanismo que permite al aliado plantear sus preocupaciones de seguridad ante la organización para su debate, sin que ello implique una respuesta militar inmediata. Las autoridades polacas describieron la incursión como la primera de tal magnitud desde la invasión de Ucrania en 2022, resaltando que significaba plenamente una violación directa al espacio aéreo OTAN y europeo. Según el informe de la Secretaría General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, los drones fueron derribados con el apoyo de Alemania, Italia y Países Bajos, y no se reportaron víctimas mortales. No obstante, el hecho ha encendido las alarmas por Bruselas respecto a acciones tanto diplomáticas como militares. En consecuencia, el despliegue de aviones de combate y sistemas de defensa aérea y de vigilancia en la región se han intensificado inmediatamente, así como sus perspectivas a futuro. ¿Dónde impactaron los drones? La incursión resultó en impactos en varias localidades del este y centro de Polonia. Entre las zonas afectadas se encuentran Cześniki, Czosnówka, Krzywowierzba-Kolonia, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew y Wyryki-Kolonia, ubicados cerca de la frontera oriental del país. Además, se encontraron restos en un campo cerca de Mniszków, en el centro del país, y en Oleśno, al norte de Polonia. En la localidad de Wyryki-Wola, un dron impactó en una vivienda de dos plantas a las 6:30 a.m, destruyendo el tejado y causando daños, aunque afortunadamente sin víctimas. Estos incidentes llevaron al cierre temporal del espacio aéreo sobre aeropuertos, incluyendo Varsovia, Lublin y Rzeszów. Mapa del impacto de los drones rusos en territorio polaco. Una escalada calculada Algunos analistas consideran el ataque como un simple error operacional. Sin embargo, tal vez Moscú tenga otros planes respecto a los hechos, sean o no intencionados. Lo cierto es que Rusia se encontraba lanzando un masivo ataque de hasta 415 drones contra Ucrania, lo cual no es tan habitual. En consecuencia, fuera o no la intención del Kremlin llegar a espacio aéreo OTAN, quizás si haya descubierto un interés derivado de los hechos: evaluar hasta dónde están los aliados a llegar frente a las provocaciones directas contra un miembro pleno de la alianza atlántica. Asimismo, los hechos ocurrían casi simultáneamente al comienzo del ejercicio militar conjunto entre Bielorrusia y Rusia, denominado generalmente como “Zapad”. Este hecho, refuerza la hipótesis de que Rusia estaba provocando una situación tensa, donde una gran cantidad de aliados se sintieran incómodos con batallones y ejercicios militares frente a sus fronteras. Además, el ejercicio parecía simular un ataque al corredor de Suwalki, franja crítica de la OTAN que separa Kaliningrado (enclave ruso) de Rusia por las fronteras entre Polonia y Lituania. El secretario general Mark Rutte, se encuentra evaluando el incidente, resaltando que las violaciones del espacio aéreo han ocurrido anteriormente, está acción constituye una primera histórica de ataque directo contra un aliado de la OTAN en el marco del conflicto ucraniano.   Armas y tácticas Los drones involucrados en la incursión fueron de tipo militar, diseñados para penetrar defensas aéreas y recolectar información, de tipo Gerbera y Decoy. Bielorrusia sugirió que algunos fueron desviados por “recursos de guerra electrónica”, mientras que Polonia confirmó que sus sistemas de defensa aérea los neutralizaron. Este tipo de armas, coordinado y nocturno,indica un nivel de planificación y sofisticación muy elevados, capaces de desestabilizar zonas estratégicas sin provocar bajas inmediatas. Declaraciones y reacciones Rusia ha negado cualquier tipo de intención de violar el espacio aéreo polaco, calificando las acusaciones de “mitos” y mostrando su disposición a manteenr consultas diplomáticas con Varsovia. En contra, funcionarios polacos y europeos lo consideran una acción intencional y provocativa, que refleja la escalada rusa y la vulnerabilidad de la región frente a nuevas formas de agresión. El portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó su preocupación al respecto, destacando el riesgo real de expansión del conflicto y la necesidad de un alto el fuego. Mientras, líderes como Emmanuel Macron iban advirtiendo que cualquier despliegue militar extranjero sobre Ucrania durante el conflicto todavía activo sería tomado por Moscú como un objetivo legítimo, lo que añade un matiz de amenaza indirecta a la incursión. Mensaje para la OTAN Visto desde cierta perspectiva, el ataque puede interpretarse como una prueba de límites o líneas rojas: Rusia evalúa hasta dónde puede desafiar a la OTAN, observando la reacción de sus aliados y midiendo la determinación de Washington y Bruselas frente a un incidente grave con uno de sus miembros. La coordinación con ejercicios militares en Bielorrusia y la advertencia de Putin contra la presencia de tropas extranjeras en Ucrania parecen reforzar esta impresión, dejando, quizás, entrever una estrategia de presión calculada seria y preocupante para el futuro. ¿Por qué Polonia? Polonia comparte frontera directamente tanto con Rusia como con Bielorrusia y Ucrania. Es decir, es el mayor Estado europeo –en términos de capacidades militares, económicas y territoriales– más cercano a lo que a día de hoy se encuentra en conflicto. Además, Polonia cuenta con una frontera con Lituania muy determinante: el corredor de Suwalki, el cual aísla a Kaliningrado –enclave ruso–  del resto del territorio ruso y bielorruso.   Estos factores, sumados al apoyo casi incondicional de Varsovia a Kiev; enviando armas, apoyando logísticamente o entrenando tropas; hacen que Polonia sea un territorio “accesible” para probar la determinación de la alianza sin tener que penetrar demasiado profundo en la organización, como sucedería con Reino Unido o Francia. De hecho, la incursión se realizó desde Bielorrusia, lo que sugiere que el país es un corredor muy cómodo para Moscú a la hora de provocar a Europa.   Polonia es un miembro clave de la OTAN, con un ejército moderno, potente y una alta coordinación con EEUU y Europa Occidental. Atacar su espacio permite a Rusia demostrar y estudiar político-militarmente las reacciones de otros aliados frente a un ataque contra el actual mayor inversor per cápita de la OTAN –superando el 4% del PIB destinado a defensa con proyecciones para alcanzar el 5% –.   Asimismo, el mencionado corredor de Suwalki es de vital importancia para la alianza atlántica. En caso de quedar en manos de Rusia, los países bálticos –Estonia, Letonia y Lituania– quedarían completamente aislados y enclavados entre las fronteras rusas. Por ello, tanto Tallin como Riga y Vilna han demostrado su alarmante preocupación ante los hechos, más aún donde el contexto ruso está motivado por ambiciones territoriales pasadas.  Rusia ha plasmado un mensaje peligroso y que debería preocuparnos: puede proyectar fuerza y miedo incluso sobre miembros fuertes de la alianza sin declarar una guerra directa ni gastar una sola bala. Elegir un país con defensas avanzadas como Polonia, cercano a Ucrania, clave para los bálticos, la logística europea, la economía de la UE y la política regional no es casualidad, es un indicador realista de la eficiencia del armamento ruso en tácticas de incursión.  ¿Y el resto? Si bien todos los Estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han condenado la incursión de los drones rusos en espacio polaco, lo cierto es que podemos considerar que la respuesta ha sido “tibia” respecto a los hechos. El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha autorizado la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio como parte de la respuesta aliada. A continuación exponemos las respuestas: OTAN : activó la “Operación Centinela Oriental” o “Eastern Sentry”, desplegando cazas Thyphoon británicos, Rafale franceses, F-16 daneses, y, Eurofighters alemanes y F-35 neerlandeses para reforzar la defensa aérea en el flanco oriental de la alianza. El Secretario General, Mark Rutte, señaló la necesidad de una respuesta unificada ante las crecientes amenazas rusas. Estados Unidos: Donald Trump ha minimizado el incidente, calificándolo de “comportamiento típico de Rusia” y sugiriendo que no justificaba una respuesta militar directa, añadiendo un tweet donde ponía textualmente: “¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos! Asimismo, Trump sugirió que podría tratarse de un “error” a lo que el primer ministro polaco, Donald Tusk afirmó: “También desearíamos que el ataque con drones a Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos”. Francia:  Emmanuel Macron calificó de “inaceptable” la incursión rusa. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés condenó la violación, considerándola una acción hóstil de Rusia. Italia:  Giorgia Meloni expresó su “plena solidaridad” con Polonia, calificando la violación como “grave e inaceptable”. España: el gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a participar en la iniciativa de la OTAN “Centinela Oriental”, destinada a reforzar el flanco este de la alianza. España ha confirmado su participación en misiones de vigilancia y control del espacio aéreo en la región, reafirmando su compromiso con la seguridad común y su apoyo a Polonia. Reino Unido:  Londres ha anunciado el despliegue de aviones de combate Typhoon en misiones de defensa aérea sobre Polonia para enfrentar amenazas, sumándose a la iniciativa “Centinela Oriental”. Países bálticos:  han condenado muy enérgicamente la incursión, acusándola de deliberada y un acto de agresión. Además, se han unido al refuerzo de su cooperación en el marco de la operación “Centinela Oriental”. Países nórdicos: Suecia ha enviado sistemas de defensa aérea y aviones a Polonia. Noruega seguirá participando en la operación en el flanco oriental. Mientras, Dinamarca se ha comprometido a enviar dos aviones F-16 y una fragata de guerra antiaérea para participar en la defensa comunitaria. Finlandia e Islandia han mostrado su apoyo diplomático y político a Polonia. Turquía : si bien Turquía ha sido uno de los Estados que más veces ha convocado el artículo 4 de la OTAN en cinco ocasiones, hasta la fecha no se ha pronunciado oficialmente de forma específica. Esto marca un punto de inflexión en la alianza, donde Ankara juega entre Occidente y el eje Moscú-BRICS. Turquía se ha visto muy beneficiada política, estratégica y económicamente de su posición como país tercero a la UE, lo que simula estar generando un perfil cada vez menor dentro de la OTAN, lo que podría desembocar en sorpresas o tensiones.  Países de los Balcanes:  Albania ha condenado la incursión y ha inaugurado una base aérea modernizada en Kucova, que servirá como centro de operaciones aéreas regionales de la OTAN. Croacia, ha condenado la incursión y reforzado su disposición a participar más en las operaciones de defensa aérea. Macedonia del Norte, por su parte, ha ofrecido asistencia técnica y logística para reforzar capacidades en defensa aérea, al igual que Eslovenia y Montenegro.  Países del sur de Europa:  Grecia ha expresado su solidaridad con Polonia, destacando una respuesta unificada y subrayando que cualquier país que amenace la seguridad europea no debería participar en sus esfuerzos de defensa. Por otro lado, Portugal ha mantenido su apoyo hacia Polonia. Centroeuropa:  la República Checa se ha comprometido a reforzar la vigilancia aérea conjunta con Polonia y a coordinar ejercicios de defensa en el marco OTAN. Praga declaró “Polonia no está sola, cualquier amenaza a un aliado de la OTAN es una amenaza para todos nosotros”. Eslovaquia ha mostrado su “solidaridad total con Polonia”, clasificando las incursiones como provocativas y desestabilizadoras. En respuesta, Bratislava desplegará unidades de defensa aérea en su frontera norte y participará conjuntamente con Polonia. Por último, Hungría ha calificado de “inaceptables e intolerables” las violaciones al espacio aéreo, poniendo a disposición la coordinación OTAN para el monitoreo del espacio aéreo y la preparación de recursos de defensa rápida para apoyar a aliados.  BENELUX : Bélgica ha ofrecido asistencia técnica y logística, comprometiéndose con la seguridad colectiva. Países Bajos se ha mostrado muy activo a la hora de responder a la incursión de los drones. La Fuerza Aérea Real de los Países Bajos desplegó aviones de combate F-35 para interceptar y derribar al menos tres drones que violaron el espacio polaco. Este despliegue, fue parte de la operación “Centinela Oriental”. Luxemburgo ha reafirmado su apoyo a Polonia. Canadá: asume mayores compromisos con la defensa de la alianza, incluyendo el despliegue de aviones de combate CF-18 y personal militar para patrullas de vigilancia.  Rumanía y Bulgaria: el Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro calificó la incursión como una amenaza a la seguridad. En respuesta, Bulgaria participará en más operaciones conjuntas de vigilancia y patrulla aérea, siguiendo colaborando con la “Centinela Oriental”. Por su parte Rumanía ha considerado que Rusia ha llevado a cabo un “acto hostil”, por lo que reforzará sus capacidades de defensa y contribuirá con personal militar y de vigilancia al flanco oriental. Aunque la OTAN y sus Estados miembros han mostrado su solidaridad y coordinación frente a la incursión de drones rusos en Polonia, la respuesta parece quedarse algo corta si se considera la magnitud y el simbolismo del ataque. Las medidas adoptadas, como la activación de la “Operación Centinela Oriental” y el despliegue de cazas y sistemas de defensa aérea, son significativos en términos logísticos, pero no contribuyen una disuasión contundente frente a Moscú, que poco después violó también el espacio aéreo rumano, sugiriendo que está probando la unidad y capacidad de reacción de la alianza. La actuación de Turquía, añade incertidumbre, dado que Ankara mantiene una posición cada vez más ambivalente entre Occidente y el eje Moscú-BRICS, mientras que Estados Unidos, minimiza el incidente, reforzando la percepción de una reacción “tibia” frente al agresor y poniendo de nuevo el miedo europeo a no contar con el apoyo americano. La sensación general es que Moscú se burla, de algún modo, de la respuesta de la OTAN, demostrando que puede penetrar en espacios aéreos de miembros sin enfrentar un castigo inmediato o contundente. Esto provoca un doble efecto: pone a prueba la cohesión y determinación de los Estados miembros; y; refuerza la percepción de que las amenazas híbridas y las provocaciones rusas podrían continuar escalando sin consecuencias inmediatas. Frente a este escenario, la alianza enfrenta un dilema: cómo mantener la unidad y disuadir futuras agresiones sin caer en una escalada directa que podría derivar en un conflicto mayor. ¿Por qué somos, quizás, algo “tibios”? Europa y Occidente en general, estamos mostrándonos cautelosos a la hora de responder a agresiones directas como la de la incursión de los drones rusos en Polonia. Tememos que una acción militar contundente pueda escalar rápidamente hacia un conflicto abierto con Rusia, con consecuencias económicas, energéticas y humanitarias gigantescas. Sin embargo, esta cautela tiene un costo estratégico para la OTAN: no reaccionar con firmeza podría ser interpretado como debilidad, incentivando nuevas provocaciones y erosionando la credibilidad y el poder de disuasión de la alianza, así como las garantías de seguridad colectivas. Aunque defenderse implique riesgos y sacrificios inmediatos, la inacción podría resultar todavía más peligrosa a largo plazo, al normalizar la violación de fronteras y debilitar el principio de disuasión que sustenta la estabilidad y seguridad, especialmente en Europa. No se trata de adoptar una postura belicista ni de involucrarse directamente en un conflicto que no es nuestro; Ucrania, como tal, no constituye una guerra de la OTAN. No obstante, eso no significa permanecer indiferente ante la agresión y las violaciones del derecho internacional. Un apoyo limitado, estratégico y medido –como el suministro de información, defensa aérea, asistencia humanitaria o preparación logística– permite reforzar la seguridad regional, proteger a los aliados y envía un mensaje de disuasión a Rusia, sin caer directamente en una escalada militar per se.   Desde el punto jurídico La incursión de los drones rusos en el espacio aéreo polaco constituye una violación clara del derecho internacional, al infringir la soberanía de un Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea, protegido por la Carta de las Naciones Unidas. Según el artículo 2.4 de la ONU, todos los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado; la incursión aérea rusa vulnera directamente este principio. Además, la acción no cumple con las normas del derecho internacional humanitario, que prohíben ataques indiscriminados o que pongan en riesgo a población civil, dado que los drones atravesaron territorio habitado y podrían haber causado víctimas. Jurídicamente, estos hechos dan pie a la activación del artículo 4 de la OTAN, que permite a un país miembro plantear amenazas a su seguridad, así como a procedimientos de consulta y resolución en la UE y el Consejo de Seguridad de la ONU, con la posibilidad de adoptar medidas colectivas de prevención, disuasión o sanción frente a agresiones que vulneren la paz y la seguridad internacionales.

El Brexit, la salida formal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, fue consumado el 31 de enero de 2020, con una fase de transición que terminó el 31 de diciembre de ese mismo año, y la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación –Trade and Cooperation Agreement, TCA— a partir del 1 de enero de 2021. Desde entonces, los efectos –anticipados, inmediatos y estructurales– han comenzado a manifestarse en múltiples dimensiones: economía, legislación, política, sociedad, salud, educación, vivienda, seguridad y relaciones internacionales, entre otros muchos. Durante el siguiente artículo, pretendemos abordar y proporcionar un análisis profundo, riguroso y objetivo de las consecuencias inherentes a la salida de la unión: qué efectos reales pueden ya documentarse, cuáles debatidos o difíciles de medir, qué estrategias ha adoptado el Reino Unido, cuáles costos se han observado en diferentes sectores, y qué escenarios podrían predominar en el futuro.   Consecuencias económicas Hablar del Brexit es sinónimo de tratar temas económicos. Así pues, según un informe del Office for Budget Responsibility (OBR) y diversos analistas, el Brexit ha generado una reducción del PIB real y de la productividad británica, comparadas con un “escenario hipotético” en el que Londres se hubiera mantenido en la UE. Se estima que la pérdida permanente ha sido de alrededor del 4% del PIB a medio y largo plazo.   Goldman Sachs estimó que el Reino Unido ha crecido un 5% menos de lo que harían otros países comparables desde el referéndum de 2016 hasta hoy en día, por factores combinados, tales como: menor comercio, inversión empresarial debilitada e inmigración reducida desde la UE.   Respecto a la productividad, la inflación y el “ahogamiento” de la mano de obra, estos han generado una desaceleración exacerbada. Por ejemplo, un miembro externo del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra identificó un “penalti de productividad” de 29 mil millones de libras esterlinas, es decir, unas 1,000 libras por hogar briánico, respecto a una trayectoria que se habría mantenido si el Brexit no hubiera ocurrido. Comercio e inversión extranjera directa Las exportaciones de bienes hacia la UE están entre un 15-16% más bajas en términos reales que lo que serían si hubieran seguido la trayectoria europeísta. El comercio con la UE ha sufrido barreras no arancelarias: trámites aduaneros nuevos, regulaciones, costes, documentación, inspecciones… lo cual, ha aumentado los costes y tiempos para exportadores e importadores. Estas barreras han afectado especialmente a pequeñas y medianas empresas británicas. Asimismo, se ha observado una caída de los proyectos de IED: el número de proyectos registrados se ha desplomado, y los montos de inversión en algunos sectores se ha desplomado. En el año fiscal finalizado en marzo de 2025, los proyectos de inversión extranjera directa nuevos eran unos 1,375, lo cual supone un 12% menos respecto al año 2024 y casi un 40% por debajo respecto al periodo 2016-2017. Inflación, coste de vida y tipo de cambio El Reino Unido ha experimentado una inflación cada vez más persistente, en parte atribuible a la depreciación de la libra esterlina tras el referéndum y a variables internacionales como los precios de la energía. Además, a los costes añadidos  se suman las dificultades para importar desde la UE. Aunque es difícil aislar qué parte exacta es resultado de la salida británica, es sensato identificar el alza de precios en bienes importados desde la UE como resultado de las nuevas barreras económicas, comerciales y logísticas. En términos de tipo de cambio, la libra se ha mostrado volátil, depreciándose frente al euro y al dólar en distintos momentos, lo que ha encarecido importaciones y presionado a la inflación. No obstante, sí se han mostrado ciertas recuperaciones, pero la incertidumbre sigue siendo un factor para inversionistas y comerciantes internacionales muy condicionante.   Empleo Ciertos sectores se han visto afectados por las pérdidas de empleo o el menor crecimiento de la demanda o la oferta, esperado debido a la reducción de las cadenas de suministro, la menor demanda de exportaciones o el aumento de los costes de producción. Sin embargo, otros sectores han crecido, particularmente los relacionados con servicios financieros, tecnologías digitales o el comercio con países fuera de la UE. En cuanto a la mano de obra, esta se ha visto afectada por la disminución de la inmigración intereuropea, lo que en algunos sectores, generalmente cualificados, ha generado escasez de trabajadores. De igual forma, la agricultura, la construcción, la salud o la hostelería han sido también azotados por los efectos de la salida. Impacto en la “City” de Londres La City –centro financiero– ha perdido cierto impulso como puerta de entrada para servicios financieros dirigidos hacia Europa, dado que algunas operaciones reguladas por la UE han sido reubicadas a ciudades dentro de la unión para mantener acceso al mercado europeo. Sin embargo, el Reino Unido ha intentado compensar esta situación mediante una serie de acuerdos regulatorios propios, la flexibilización regulatoria en algunos ámbitos o la búsqueda de nuevas asociaciones no es uniforme: algunas instituciones han reportado costos operativos más elevados, pérdida de clientes, necesidad de establecer sucursales europeas… Consecuencias jurídicas Dentro de los cambios normativos y pérdida de jurisprudencia europea podemos analizar diversas afecciones principales. Entre ellas, al abandonar la UE, el Reino Unido dejó de estar sujeto al Derecho de la Unión en casi todos los ámbitos: libre circulación de personas, política comercial común, regulaciones aduaneras, estándares comunes de productos, normas de competencia, protección de datos, medio ambiente, etc. Ha sido necesario transponer, adoptar o derogar muchas leyes que previamente dependían de legislación europea o de decisiones del Tribunal de Justicia de la UE. Un caso clave fue el de R(Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union (2017-2019). En ese caso, el Tribunal Supremo británico –y tribunales inferiores– determinaron que el Gobierno Británico no podía invocar su prerrogativa para activar el artículo 50 sin aprobación del Parlamento. En consecuencia, el caso reforzó el principio de soberanía parlamentaria en la Constitución del Reino Unido. Otro buen ejemplo ilustrador es la jurisprudencia, la cual, ha abordado los derechos de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido, y viceversa, en cuanto a seguridad social, pensiones, reconocimiento de cualificaciones profesionales, etc. Muchas de esas decisiones dependen ahora de los acuerdos del TCA, de leyes nacionales o de decisiones judiciales británicas, ya no del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Adaptación legislativa, tratados y aplicación del Tratado de Lisboa Mientras el Tratado de Lisboa sigue aplicable en parte al Brexit en cuanto a ciertos procedimientos de la UE hasta el fin del periodo transitorio, tras la salida plena, muchas referencias del tratado europeo han dejado de ser directamente vinculantes para el Reino Unido. El TCA establece los términos del comercio, cooperación judicial, aduanera, etc., pero ya no hay una participación institucional plena en la toma de decisiones de la UE. Legislativamente, el Reino Unido ha tenido que legislar para reemplazar lo que antes era derecho derivado europeo, como directivas y regulaciones, en ámbitos como estándares de productos, protección del consumidor, regulación financiera, transporte marítimo, etc. Se han aprobado leyes como el Retained EU Law –Revocation and Reform– Bill para eliminar, reemplazar o retener ciertos cuerpos de legislación europea. Rol del Tribunal Suprema británico y conflictos jurisdiccionales Tras el Brexit, los tribunales británicos, incluido el Tribunal Supremo, tienen un papel dominante en la interpretación de la legislación nacional que incorpore elementos previamente regulados por la UE. En muchos casos, los juicios relacionados con disputas sobre el alcance del TCA, derechos adquiridos de residentes, protección de datos, etc., han sido los que marcan precedentes. También ha habido debates sobre hasta qué punto los tribunales británicos deben considerar la jurisprudencia pasada del TJUE como guía, aunque ya no vinculante, al interpretar leyes “retenidas”. Consecuencias políticas Entre las dinámicas internas de partidos de Westminster, podemos observar como el Partido Conservados se enfrenta al Laborista. El Brexit ha sido un tema muy divisivo, no solo entre partidos, sino dentro de los mismos. Dentro de los conservadores, hubo fuertes tensiones entre los partidarios de “Leave” y aquellos de “Remain”, que continúan afectando a la política interna, la selección de líderes o a la agenda gubernamental. En los laboristas, se han visto promesas incumplidas y posicionamientos incómodos, teniendo que enfrentar dificultades económicas derivadas y gestionar las distintas situaciones. Sin embargo, ninguno de los partidos han logrado cautivar las expectativas de los votantes, sobre todo en temas como la inmigración, las relaciones exteriores o el comercio, lo que ha provocado un ciclo de crisis políticas en Reino Unido. Las elecciones generales, los debates parlamentarios, las manifestaciones políticas o las declaraciones públicas vuelven frecuentemente al Brexit como punto central, particularmente respecto a la “frontera de Irlanda del Norte”, en derechos de ciudadanos –como en Gibraltar–, comercio o regulaciones. Impacto en Escocia e Irlanda del Norte En Escocia, el Brexit ha reforzado el independentismo, pues en el referéndum de 2016, los escoceses votaron mayoritariamente por “Remain” en la UE. Esto ha deteriorado la confianza entre Westminster y Edimburgo, especialmente en temas como el comercio, la pesca, la agricultura y las regulaciones fronterizas. Actualmente, siguen habiendo reclamos contínuos sobre que Escocia quedó perjudicada al perder el acceso pleno al mercado comunitario, afectando a agricultores, marineros y clases bajas. En cuanto a Irlanda del Norte, es un tema todavía complejo. Para evitar una frontera”dura” con la República Irlanda –Dublín–, se acordó constituir el Protocolo de Irlanda del Norte, que en muchos aspectos alinea ciertas normas con la UE. Este Protocolo ha sido fuente de numerosas disputas políticas internas en Reino Unido, sobre todo entre gobierno, miembros conservadores, unionistas y nacionalistas, y negociación con la UE para revisarlo–”Windsor Framework de 2023”. Estas tensiones continúan afectando a la estabilidad institucional de Irlanda del Norte, donde sigue aumentando el auge nacionalista. Estabilidad institucional Ha habido desafíos para la gobernabilidad directamente relacionados con el Brexit, como la incertidumbre legislativa, los litigios, requerimientos parlamentarios sobre contenido del TCA, presiones de devoluciones y regionalismos, tensiones entre poderes ejecutivos y judiciales o temas relacionados con la transparencia gubernamental. Asimismo, se han observado cambios en la política migratoria, la política exterior y en la estructura regulatoria que requieren coordinación entre los niveles nacionales, regionales –Escocia, Gales e Irlanda del Norte– y locales; en algunos casos con una devolución de poderes o conflicto constitucional. Movilidad laboral y migración El fin de la libre circulación de ciudadanos de la UE significa que los ciudadanos europeos ya no tienen derecho automáticamente a vivir o trabajar libremente en el Reino Unido. Así pues, se han implementado nuevos sistemas de visados basados en méritos y ocupaciones, lo cual ha reducido todavía más la inmigración europea hacia el país. Por otro lado, la inmigración desde países no comunitarios se ha disparado, tanto para estudiantes como para trabajadores calificados. Esto ha reconfigurado la composición demográfica de los trabajadores extranjeros y provocado un choque intercultural cada vez mayor entre las urbes británicas. Nacionales de Pakistán, India, Bangladés, Turquía, Jamaica, Siria, Yemen, Sudáfrica, Filipinas o Nigeria han ido aumentando su peso, desplazando a las tradicionales comunidades de chinos, alemanes, polacos, franceses, españoles, italianos e irlandeses que habían llegado al país entre la segunda mitad del siglo pasado y 2015.   Derechos de los ciudadanos residentes Los nuevos mecanismos legales se han implementado para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido y viceversa, incluyendo derechos de residencia, salud o pensiones. Sin embargo, sigue habiendo incertidumbres prácticas y burocráticas respecto a los retrasos, costes u otros elementos adicionales. También hay disputas legales acerca de reconocimiento de cualificaciones profesionales, derechos laborales, protección social y demás,lo que anteriormente se resolvía bajo legislación europea. Políticas de visados Las reformas migratorias han introducido un sistema basado en puntos –”points-based immigration system” –, que da prioridad a habilidades, oferta laboral, idioma, salario mínimo, etc. Esto ha afectado tanto a trabajadores como estudiantes comunitarios.   Las políticas de visado han aumentado los costes administrativos, el tiempo de espera, los requisitos de permisos… lo cual, disuade o dificulta la llegada de ciertos perfiles, especialmente de Europa Occidental,los cuales optan por otros destinos como Europa Central, los países nórdicos o hubs en la Península Ibérica y el eje norte-centro de Italia. Impacto sobre el NHS y los profesionales de la salud Hay una creciente dependencia del National Health System de trabajadores extranjeros, especialmente en la actualidad, extracomunitarios. En septiembre de 2023, el 20,4% del personal en hospitales y servicios en Inglaterra no eran británicos. Entre los doctores, más de un tercio eran extranjeros. Con el Brexit, hubo una caída del crecimiento de profesionales médicos procedentes de la UE y la EFTA, sobre todo entre prácticas específicas de alta cualificación. Un estudio del Nuffield Trust estimó que en 2021 había 4,285 doctores menos de la Unión de lo que habría sido si no hubieran salido de la UE. Las especialidades con mayores déficits incluyen anestesiología, pediatría, psiquiatría o cardiotorácica.   En consecuencia, el sistema sanitario se ha visto colapsado en diversas ocasiones, especialmente en centros urbanos medios y grandes, como Londres, Birmingham, Leeds o Manchester. Las áreas rurales demandan un mejor servicio sanitario, el cual, se encuentra en proceso de desbordamiento debido a la creciente demanda y tiempos de espera de ciudades cercanas. Las listas de espera aumentan, los servicios empeoran, la natalidad nacional se estanca y la migración genera un mayor peso a tener en cuenta. Educación superior, investigación y Erasmus+ El número de estudiantes de la UE a universidades británicas se ha desplomado: de 64,120 en 2020 a aproximadamente 31,400 en 2022, una caída del 53% que ha seguido a la baja durante los siguientes años.   Pagos de matrículas y financiamientos se han visto obligados a adaptar cambio. Los estudiantes de la UE han dejado de ser elegibles para los “home fees” –tarifas como residentes domésticos– y para ciertos tipos de becas de financiación estudiantiles, lo que ha hecho que muchos estudiantes de la UE debieran pagar tasas mucho más altas, comparables a estudiantes internacionales no comunitarios. En términos de investigación, muchos proyectos colaborativos de la UE con Reino Unido han quedado fuera de las instituciones, por ende, de las subvenciones. Pese a que Londres ha tratado de reemplazar o compensar la financiación mediante programas nacionales o acuerdos bilaterales, la pérdida de acceso completo a ciertos fondos de las redes europeas han desalentado y ralentizado el desarrollo investigativo. Vivienda y mercado laboral Los precios de vivienda y el mercado de alquileres se han visto afectados a través de la menor inmigración europea, la cual ha reducido la demanda en ciertas zonas urbanas, especialmente del oeste de Londres. No obstante, otros factores como las crisis de oferta, las políticas locales, las tasas hipotecarias, la inflación o el coste de construcción han tenido y tienen probablemente efectos tan fuertes o más que el propio Brexit. No hay un consenso claro de que los precios hayan aumentado sustancialmente por la salida en sí sola, pero sí hay evidencias de ciertos costes añadidos para materiales importados mediante aranceles y regulaciones que han hecho aumentar los precios de construcción, especialmente en viviendas de pisos y edificios de oficinas.  En cuanto a movilidad profesional, al haber menos personas de la UE que puedan trasladarse libremente al Reino Unido a trabajar, los efectos han sido diversos. El reconocimiento de cualificaciones profesionales tiene más barreras, dificultando la movilidad en trabajos especializados, como en los sectores aeroportuarios, médicos o financieros. Además, algunos empleos de bajos salarios, como la hostelería, agricultura o servicios menores de dependencia de mano migrante europea –especialmente del este, balcanes y sur– han visto presiones cuando hay escasez de mano de obra. Esto ha aumentado los costes a los empleadores, pero también ha generado vacantes no cubiertas y aumentos salariales no transitorias, lo que ha alimentado la inflación de salarios en ciertos sectores, especialmente relacionados con manufacturas, agricultura, pesca o maquinaria. Consecuencias militares y de seguridad La cooperación con la OTAN no ha cambiado fundamentalmente. Reino Unido sigue siendo un miembro activo y clave de la alianza atlántica, y los compromisos militares y de defensa nuclear, así como los despliegues internacionales, continúan. Sin embargo, en cuanto a la interoperabilidad regulatoria, los estándares europeos de defensa, las cadenas de suministro militares, la adquisición de componentes o algunos proyectos con empresas europeas, se han complicado, paralizado o directamente revocado. Si bien el Reino Unido ha logrado una cierta estratégica independencia frente a Bruselas, ha rechazado muchos casos de armonización regulatoria con la Unión en ámbitos de seguridad y defensa, alegando a la autonomía propia. Esto, ha generado debates respecto a los fondos europeos de defensa, los proyectos de investigación en defensa conjuntos y abierto tensiones respecto a la situación social y la crisis de seguridad que atraviesa el país. Respecto a la inteligencia compartida y la cooperación policial, algunos instrumentos de cooperación han sido perdidos o debilitados, como el acceso a sistemas de datos de extradición, cooperación judicial o bancos de datos criminales comunes. El Acuerdo TCA contiene provisiones de cooperación judicial y policial, pero hay informes de que la cooperación no es óptima. El Comité de la Cámara de los Lores ya ha advertido de que la cooperación en este campo con la UE es menos eficiente desde la salida del Reino Unido, generando paradojas, duplicaciones y malentendidos con las autoridades y tribunales europeos. Relaciones Internacionales Las relaciones bilaterales con la UE se han tensado en multitud de aspectos, como la pesca, la frontera con Irlanda o los estándares. No obstante, hay muchos intentos recientes de reacomodo, como acuerdos de cooperación en seguridad, defensa, economía o ajustes al TCA. Con EEUU, Londres ha buscado un papel más central, intentando firmar tratados de libre comercio, alianzas estratégicas, inversiones en ciencia, tecnología y defensa o mejores relaciones bilaterales. Pero los acuerdos con Washington han sido lentos en concretarse, con muchas negociaciones pendientes y una creciente tensión gubernamental entre la inestabilidad política británica, el gobierno laborista de Starmer y la actual administración Trump. Con Pekín, las tensiones de acceso al mercado, inversiones, vigilancia o las restricciones a la tecnología avanzada han provocado diversos choques diplomáticos –como dejar fuera a Reino Unido del año con visa libre para ciudadanos de España, Italia, Francia, Países Bajos y Alemania al país asiático–.  El Reino Unido ha incrementado su énfasis en la seguridad nacional en inversiones extranjeras, lo que afecta a las inversiones chinas, especialmente en puntos calientes como Hong Kong. Respecto a la Commonwealth, el Reino Unido ha buscado mejorar los vínculos perdidos o abandonados durante décadas como parte de su estrategia post-Brexit. Sin embargo, los beneficios comerciales no siempre compensan los costes de la pérdida del libre comercio con la UE. Asimismo, ha habido “derrotas” diplomáticas por parte de ciertos Estados para Londres: Barbados se declaró como República, aboliendo el papel de Carlos III; escraches en el Parlamento de Australia hacia el monarca… Actores perjudicados y beneficiados del Brexit Perjudicados: Pymes exportadoras e importadoras de productos UE. Sectores dependientes de mano UE: salud, agricultura, hostelería o transporte. Estudiantes de la UE y programas de intercambio. Gobiernos regionales de Escocia e Irlanda del Norte. Poblaciones bajas y medias de áreas rurales y urbanas. Servicios públicos: seguridad, educación, transporte y salud. La Unión Europea per se. Gobiernos locales que se quedan sin subsidios y programas. Investigadores, científicos, migrantes legales y ciudadanos europeos en UK. Beneficiarios: Empresas de grandes capacidades para asumir nuevos costes aduaneros. Sectores financieros beneficiarios de la flexibilidad regulatoria. Países no europeos que exportan al Reino Unido. Diversas narrativas políticas e ideológicas. Estrategias adoptadas por el Reino Unido El Reino Unido ha establecido la aprobación de leyes nacionales para reemplazar normativas europeas, estableciendo organismos reguladores independientes, reformas migratorias, esfuerzos para atraer inversiones extranjeras mediante incentivos fiscales, desregulaciones en ciertos sectores… En políticas comerciales, la firma de acuerdos con países fuera de la UE o negociaciones de mejoras bilaterales, así como, renegociaciones puntuales, han buscado el acceso a mercados no europeos, especialmente en el marco de la Commonwealth. En cuanto a la movilidad educativa; Londres quiere crear o reforzar programas que puedan sustituir la colaboración europea, especialmente hacia la estadounidense, canadiense, australiana y neozelandesa. Para ello, están primando los premios nacionales de investigación, los acuerdos bilaterales de intercambio y las relaciones con universidades extracomunitarias. Por otro lado, se han establecido nuevos acuerdos de cooperación en seguridad o “sociedades” de seguridad con la UE, como las de diálogo estratégico, participación en iniciativas militares europeas sujetas a negociación y compras de diversos recursos y equipos militares, metalúrgicos, minerales, alimentarios o sanitarios, como el “Security and Defence Partnership”, firmado en mayo de 2025. Valoraciones críticas y reflexivas Los costes del Brexit fueron, son y serán reales y casi incuantificables. No obstante, se han de tener también en consideración factores exógenos que se han entrelazado: la pandemia COVID-19, la crisis energética, la inflación global, la Guerra de Ucrania o la fluctuación del precio de las materias primas, lo que dificulta en la práctica el aislamiento del impacto pleno del Brexit. Pese a que las expectativas de ganancias eran esperadas debido a la autonomía regulatoria, el control migratorio o la firma de nuevos tratados, lo cierto es que han sido parcialmente frustradas por la complejidad del mundo globalizado en el que nos encontramos. No es tan sencillo desvincularse de estándares internacionales, cadenas de suministros o normas cooperativas, especialmente si son europeas. Asimismo, las promesas políticas de que el Brexit generaría grandes beneficios rápidos han sido suavizadas o deslegitimadas por la evidencia empírica británica: los beneficios de nuevos acuerdos son modestos frente a los costes de las empresas con menor capacidad, los sueldos han disminuido, los servicios empeorado, la clase política colapsado y la inseguridad se ha desbordado. Tampoco se ha visto un beneficio directo en términos de cohesión, percepción de derechos, costo de la vida o bienestar social. De hecho, se ha incrementado la desconfianza institucional, la polarización social, las crisis socioeconómicas y políticas, así como los costos políticos y económicos difíciles de medir. De igual forma, la Monarquía Británica, ha pasado por un periodo turbulento y de cambios tras el fallecimiento de la aclamada Reina Isabel II, figura clave en el entendimiento de la historia contemporánea británica, lo que ha desembocado en una crisis institucional y en un fortalecimiento a movimientos independentistas o “anti-Carlos III” en contra de la monarquía o a favor del Príncipe Guilherme, cuestionando y poniendo en el tablero a la institución más antigua y relevante a nivel nacional. Los escenarios futuros dependen de las decisiones políticas: cuánto el Reino Unido esté dispuesto a cooperar o reglamentarse de modo compatible con la UE, cuánto invierta en capacidades internas, como la formación, la infraestructura o la innovación, y cómo maneje las presiones sociales y territoriales. Créditos foto: Pro-Brexit protesters take part in the March to Leave demonstration, in London, March 29. REUTERS/Toby Melville

La trayectoria política de Jair Messias Bolsonaro es digna de casi una telenovela brasileña: marcada por giros dramáticos, episodios de violencia, ascensos impensables y caídas pasadas por juicio. Hoy, ya con 70 años y una reciente condena de 27 años de cárcel a cuestas por planear un golpe de Estado, el excapitán del Ejército y expresidente enfrenta su momento más delicado. La gran cuestión es si esta nueva sentencia será el punto y final del “Trump brasileño”. De soldado a congresista La relación de Bolsonaro con la justicia comenzó mucho antes de que llegara al poder como presidente. Durante la década de los ochenta, fue sancionado en un cuartel militar por conspirar contra sus superiores en una protesta salarial y acusado –aunque absuelto en segunda instancia– de planear atentados con bombas a la edad de treinta y un años. Tras abandonar el ejército brasileño, inició una carrera de tres décadas en 1988, afiliándose al Partido Democrático Cristiano (PDC), manteniendo un perfil bajo, primero como concejal en Río de Janeiro y después como diputado federal desde 1991. Bolsonaro construyó su figura no por sus logros legislativos, sino por declaraciones incendiarias en programas de televisión: defendía abiertamente la dictadura militar, atacaba a minorías y parecía fantasear con un golpe de Estado. Durante la década de los noventa, Bolsonaro cambió varias veces de partido para adaptarse a las alianzas políticas y aumentar su viabilidad electoral, pasando por el Partido Progresista y finalmente por el Partido Social Liberal. En 1999 llegó a afirmar, de forma hipérbola que, de ser presidente, “asesinaría a 30,000 personas”, en el diario Folha de Sao Paulo, “comenzando” por el entonces mandatario Fernando Henrique Cardoso.  Durante años fue considerado casi un bufón sin opciones reales de poder. Pero en un Brasil débil y golpeado por la recesión, el desgaste de la clase política –como el caso de encarcelamiento de Lula da Silva entre 2018 y 2019 pese a tener una sentencia de 12 años por la que luego sería liberado por decisión del Supremo, al considerar que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en su enjuiciamiento— y la corrupción revelada por la operación Lava Jato, ese outsider se convirtió en la figura del cambio. La Operación Lava Jato fue una extensa investigación de corrupción en Brasil iniciada en 2014, centrada en sobornos y lavado de dinero dentro de la petrolera estatal Petrobras y grandes empresas constructoras nacionales. Destapó que políticos, empresarios y ejecutivos se beneficiaban de contratos inflados y pagos ilegales, afectando a varios partidos políticos y altos funcionarios, incluidos expresidentes, siendo el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Brasil. La operación alcanzó a políticos de todo el espectro político, tanto de izquierda como de derecha. Entre los destacados, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva –Partido de los Trabajadores, izquierda– fueron condenados inicialmente por corrupción o afectados por impeachment, aunque luego las sentencias lo anularon. También se vieron implicados miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño –centro-derecha– y del Partido Social Liberal –derecha–, así como empresarios y ejecutivos de grandes constructoras como Marcelo Odebrecht o compañías como Camargo Correa o Andrade Gutierrez. Dentro del partido de Bolsonaro, durante la campaña de 2018, algunos miembros también se vieron salpicados por investigaciones relacionadas o irregularidades, aunque en menor escala que la izquierda entonces. Se investigó a Flávio y Eduardo Bolsonaro, hijos del presidente, por desvío de fondos públicos, uso de “funcionarios fantasmas”, presión política y contactos irregulares con el gobierno de EEUU. No obstante, pese a que estos hechos han sido mencionados durante el juicio de su padre y pueden desvincularse más de la Operación Lava Jato, no ha habido más que acusaciones, de momento.   El ascenso y la puñalada que lo hizo héroe El 6 de septiembre de 2018, mientras hacía su campaña electoral, un hombre -Adélio Bispo de Oliveira– apuñaló a Bolsonaro en el estómago durante un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Las imágenes de Bolsonaro herido, envuelto en la camiseta de la selección nacional, recorrieron el país. Sobrevivió, y aquel ataque fue realmente el que lo transformó en un símbolo de resiliencia para millones de ciudadanos. Su victoria en las urnas fue un terremoto. Un partido pequeño, sin apenas experiencia administrativa y rodeado de militares consiguió llevar a la derecha brasileña hacia un movimiento de masas. En las elecciones de octubre de 2018, Bolsonaro venció a Fernando Haddad –Partido de los Trabajadores–, obteniendo el 55,13% de los votos en segunda vuelta –unos 57,8 millones de personas—, 10 puntos por encima de su contrincante. Se alineó con Trump, debilitó las protecciones ambientales y abrazó a los sectores más conservadores. Pero la verdadera prueba llegó con la pandemia. El líder restó importancia al virus –al que llamó “gripecita” –, rechazó medidas sanitarias, se negó a vacunarse y retrasó la compra de vacunas. En consecuencia, más de 700,000 personas perdieron la vida en el país debido a su gestión. Pese a ello, siguió conservando un gran apoyo popular, sobre todo entre las comunidades evangélicas, los militares y las clases medias descontentas. Choque con la justicia y derrota El principal contrapeso a su poder no vino de la oposición, sino del Supremo Tribunal Federal, y en particular de un juez: Alexandre de Moraes –pese a que proviene de un trasfondo conservador y de centro-derecha, siendo un ejemplo de imparcialidad y lealtad institucional–. Bajo su supervisión se investigaron campañas de desinformación y amenazas a la democracia. Bolsonaro, en respuesta, lo insultó en mítines y llegó a decir que solo dejaría la presidencia “muerto, arrestado o victorioso”. En 2022, se enfrentó a Luiz Inácio Lula da Silva –quien pudo participar tras su encarcelamiento debido a la devolución de los derechos políticos derivados de la falta de imparcialidad del juez que lo sentenció– en unas elecciones marcadas por la polarización. Bolsonaro puso en duda el sistema de votación electrónica y sus aliados intentaron bloquear carreteras el día de la segunda vuelta. Lula ganó por un margen muy estrecho –50,90% de los votos frente a un 49,10% de Bolsonaro. Bolsonaro nunca reconoció la derrota y se marchó a Orlando, Florida, antes de la investidura de Lula. Volvió a Brasil tres meses después, con la intención de liderar la oposición al gobierno de da Silva. El 8 de enero de 2023, sus seguidores asaltaron el Congreso, el Supremo y el palacio presidencial, en una escena que recordó directamente a las escenas del Capitolio estadounidense. Aunque él negó su implicación, las pruebas apuntaban a una conspiración más amplia para impedir la toma de posesión de Lula.  El juicio y la condena El 11 de septiembre de 2025, el Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una conspiración golpista. El tribunal presentó pruebas suficientemente abundantes: mensajes de WhatsApp, borradores de decretos, correos electrónicos, reuniones documentadas con jefes militares en días previos donde se discutieron planes para declarar el estado de emergencia y anular las elecciones, audios, vídeos e incluso un croquis que planeaba asesinar a Lula, a su vicepresidente y al juez Moraes. La jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha recordó que el propio expresidente había firmado la ley que tipificaba como delito la abolición violenta del Estado de derecho: “Sabían exactamente lo que hacían”. Moraes, por su parte, sentenció que se trataba de una “organización criminal encabezada por el presidente”. Testimonios de funcionarios añadieron que el expresidente alentó a sus seguidores a movilizarse y bloquear vías de comunicación y transporte, mientras que documentos impresos por asesores dentro del Palacio Presidencial describen planes de acciones violentas contra altos funcionarios y autoridades. Junto a Bolsonaro, varios generales y policías recibieron penas de entre 16 y 26 años. Entre ellos, al almirante de la Marina, Almir Garnier Santos por delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioración de patrimonio histórico. También destacables las sentencias emitidas que han remitido a la Justicia Militar, determinando la pérdida de los cargos a Alexandre Ramagem –exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia– y Anderson Torres –exministro de Justicia–. El fallo envió un mensaje claro: la impunidad quedaba por finalizada. El dilema del futuro Bolsonaro está bajo arresto domiciliario en el condominio Solar de Brasilia, en el barrio del Jardín Botánico de Brasilia, mientras sus abogados –Celso Vilardi y Paulo de Cunha Bueno– apelan a problemas de salud para evitar la prisión –crisis gastrointestinal y episodios de hipo persistente, secuelas de la puñalada de 2018–. Según la ley, difícilmente pasará más de seis años entre rejas. Sus aliados en el Congreso ya maniobran para aprobar una amnistía, aunque el Supremo dejó claro que el golpismo no es perdonable. Ahora, el juez Alexandre de Moraes tiene la última palabra sobre la solicitud de arresto domiciliario, pero la defensa de Bolsonaro busca apelar tanto la condena como la sentencia ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces. Pese a la condena, el “bolsonarismo” sigue vivo. Su esposa Michelle, sus hijos Flávio y Eduardo, y figuras como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disputan su herencia política. Una encuesta reciente sugiere que Lula vencería a Bolsonaro por 12 puntos en 2026, pero también muestra que el 45% de los brasileños cree vivir bajo una “dictadura judicial”, mostrando un creciente descontento y hartazgo político ante una casta política brasileña corrupta. Punto y aparte…¿o punto final? Para 2026, Bolsonaro estará inhabilitado, pero su voz aún influirá en la definición del candidato de la derecha brasileña. La condena debilita su legitimación, pero no la borra: en Brasil, un país de resurrecciones políticas improbables, la figura del excapitán podría reaparecer a través de su familia, sus aliados o incluso de un eventual indulto mediante amnistía. Para que el Congreso Nacional de Brasil apruebe una ley de amnistía que beneficie a Bolsonaro, se requiere de una mayoría absoluta en ambas cámaras: la de Diputados y el Senado. Esto significa el apoyo de al menos la mitad más uno de los miembros de cada cámara. Actualmente, el Congreso tiene una mayoría conservadora que ha mostrado una disposición creciente para avanzar en esta iniciativa. Sin embargo, la aprobación de una amnistía enfrenta varios obstáculos políticos y legales. El Supremo ha indicado que una amnistía que beneficie a quienes cometieron crímenes contra la democracia sería inconstitucional. El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo, ha señalado que “no hay lugar” para una amnistía en estos casos. Asimismo, un 54% de los brasileños se opondría a una supuesta amnistía para el expresidente. La historia reciente del país muestra que nada es permanente. La caída de Bolsonaro es, sin duda, un triunfo para la democracia brasileña, pero también un recordatorio de que su sombra seguirá proyectándose sobre la política nacional de un Estado que mantiene a día de hoy fuertes limitaciones democráticas y una política nacional influenciada por la corrupción y los casos judiciales. Crédito foto: Brasília - DF, 07/09/2022) Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Foto: Alan Santos/PR

Los últimos acontecimientos ocurridos en Nepal no han dejado indiferente a nadie. Al igual que sucedió en Sri Lanka en 2022 o en Bangladesh en 2024, Katmandú se suma a una ola de estallidos sociales que sacuden el subcontinente indio. Imágenes impactantes han cruzado fronteras: jóvenes enfrentados a la policía, edificios e instituciones en llamas, calles tomadas por multitudes… El mensaje es claro: un pueblo que se siente abandonado y traicionado ha decidido levantarse. Estudiar a Nepal siempre ha sido sinónimo de turbulencia y cambios abruptos, especialmente en el ámbito político. Esta vez no ha sido diferente. Para comprender lo sucedido en septiembre de 2025, es necesario retroceder a principios de siglo y repasar el convulso camino que ha recorrido el país del Himalaya. Mapa político de Nepal. Contexto histórico Nepal, a pesar de sus tensiones internas, mantuvo durante más de dos siglos –240 años– una monarquía sólida y profundamente arraigada en la cultura local. Todo cambió en 2001, con la brutal masacre del palacio real: el rey Birendra, la reina y otros miembros de la familia real fueron asesinados por el príncipe heredero, Dipendra, bajo supuesto consumo de alcohol y drogas. Dipendra se disparó a sí mismo, quedando en coma y siendo proclamado rey mientras estaba hospitalizado, sin embargo, murió a los tres días. En consecuencia, el trono pasó a Gyanendra –su tío–, monarca muy cuestionado desde sus primeros días. Gyanendra jamás obtuvo el total apoyo de su pueblo. Muchos nepalíes nunca creyeron la versión oficial del asesinato de los reyes, ya que Dipendra tenía fama de disciplinado y se dudó que actuar solo, llevando a acusaciones contra Gyarendra debido a la falta de transparencia durante las investigaciones.  Durante su reinado, Gyanendra gestionó malamente la guerra civil maoísta que ya se encontraba en marcha desde 1996, intentando alternar entre los diálogos de paz y la represión militar, pero no logrando estabilizar la situación. A su vez, se encargó de destituir a varios primeros ministros, como Sher Bahadur Deuba, alegando la incapacidad de estos para frenar la insurgencia maoísta.  Se nombraron gobiernos tecnocráticos y cercanos al monarca, debilitando el sistema multipartidista y acumulando cada vez más poder. En 2002, Gyanendra disolvió el Parlamento y asumió mayores poderes, justificándose en una medida para enfrentar la violencia de la guerra civil. De igual forma, durante los años 2003 y 2004, impuso censura en medios y limitó actividades políticas, mientras endurecía la represión militar contra los maoístas.  El 1 de febrero de 2005, Gyarendra disolvió el Parlamento nuevamente y asumió plenos poderes estatales, declarando el estado de emergencia y desatando protestas masivas durante 2006 que forzaron la restauración democrática. Dos años más tarde, tras gobernar de forma absolutista, el 28 de mayo de 2008, la monarquía fue abolida y Nepal se declaró república democrática federal tras duras protestas. Para ello, hizo falta una reacción popular y política que encabezó la Alianza de los Siete Partidos –principales partidos democráticos–, los cuales, junto a la presión maoísta, firmaron un acuerdo en noviembre de 2005 en Nueva Delhi para lucha contra la monarquía absoluta: el “Movimiento Popular II”. Entre abril y mayo de 2006, millones de manifestantes llevaron a cabo huelgas generales y protestas pacíficas. Estos hechos desembocaron en la restauración del Parlamento el 24 de abril, devolviendo el poder a los partidos políticos. Finalmente, en 2007, el Parlamento votó por declarar a Nepal un Estado laico y federal, aboliendo la monarquía por decisión de la Asamblea Constituyente en 2008. Gyanendra aceptó la abolición sin resistencia armada, pasó a ser un ciudadano común y fue desalojado del palacio real de Narayanhiti –hoy Museo del Palacio Real de Nepal–. No obstante, sigue manteniendo influencia simbólica en algunos sectores nacionalistas, conservadores y monárquicos que se quejan de la falta de mejoras por parte de los partidos políticos tras la abolición de la monarquía. Durante la década siguiente, diferentes gobiernos de corte comunista dominaron el escenario político nepalí –PCN y CPN (con sus respectivas escisiones) —. Sin embargo, las luchas internas, la corrupción y las promesas incumplidas erosionaron rápidamente la confianza ciudadana. La alianza entre el Partido Comunista de Nepal (MLU) y los maoístas, liderada por K.P. Sharma Oli y Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, terminó rota y sin cohesión. Entre 2008 y 2021, Nepal tuvo más de 10 primeros ministros distintos. Los gobiernos comunistas fueron muy breves y la Asamblea Constituyente elegida en 2008 no aprobó la prometida constitución hasta 2015, cinco años más tarde de lo esperado. Este retraso mostró divisiones ideológicas y étnicas, debilitando la confianza popular.  Asimismo, la unión entre UML (partido de Oli) y maoístas (Prachanda) prometía estabilidad, pero no se plasmó nunca. En 2021, la Corte disolvió la fusión y volvió a dividirlos, derivando en un caos político y un gran descrédito. Estos partidos, generaron casos de contratos inflados, tráfico de influencias, pésima gestión del terremoto de 2015, pérdida de ayudas internacionales en burocracia y corrupción, una mala administración de la pandemia de COVID-19, un alto desempleo juvenil y una falsa promesa de industrialización y reforma agraria que nunca llegó. Además, la crisis siguió agravándose: Oli disolvió en dos ocasiones el Parlamento, hasta que la Corte Suprema lo reinstauró, en medio de una grave pérdida de legitimidad y visto como un golpe encubierto contra la democracia. Ese clima permitió que en 2022, un outsider, el rapero independiente Balen Shah, ganara la alcaldía de Katmandú, reflejando el hartazgo ciudadano hacia los partidos tradicionales. En paralelo, el desempleo juvenil creció de manera alarmante, la migración hacia el extranjero se intensificó hacia países como Qatar, Malasia o Emiratos Árabes Unidos y las desigualdades económicas se hicieron más evidentes. El terreno estaba listo para estallar. Antecedentes próximos En marzo de 2025, se produjeron manifestaciones promonáquicas en Katmandú que fueron reprimidas con violencia: dos muertos y decenas de heridos. El episodio, sumado al contexto, encendió aún más la frustración, especialmente entre jóvenes. En Nepal, la monarquía es entendida por muchos como la “madre de la nación”, representando estabilidad frente a las divisiones políticas. Asimismo, el monarca era considerado la encarnación de Vishnu, el protector del hinduismo. En consecuencia, muchos hinduistas más conservadores ven en la república un Estado “sin alma”, por lo que añoran un líder con legitimidad divina. El rey Birendra –asesinado en 2001– es recordado como un monarca cercano y pacífico, por lo que la república es comparada como un período peor por la falta de liderazgo por parte de los políticos. Además, la población mantiene una percepción de que con la monarquía había menos corrupción y más orden, lo que ha llevado a un apoyo al alza entre la población hacia movimientos promonárquicos, en torno entre un 20% y un 40% apoyaría la restauración de la dinastía Shah.  El 4 de septiembre de 2025, el gobierno tomó una decisión radical que resultó fatal: bloqueó las principales redes sociales –Facebook, LinkedIn, Reddit, Signal, Snapchat X, YouTube…— mediante decreto unilateral del gobierno, sin pasar por el parlamento ni consulta pública. El Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información dio a conocer la noticia mediante una orden administrativa que obligaba a las plataformas a registrarse bajo una nueva regulación para operar legalmente en Nepal, dando un escaso corto periodo de tiempo para que las redes lo cumplieran. En total, 26 plataformas fueron bloqueadas con excusa de proteger la seguridad cibernética, regular la información en línea y prevenir la difusión de “fake news” En una sociedad hiperconectada, la medida fue vista como un ataque directo a la libertad de expresión y una herramienta para silenciar la voz crítica del público más jóven. El resultado no tardó en llegar. Entre el 8 y el 9 de septiembre, estallaron protestas masivas en todo el país, con epicentro en Katmandú. El mundo se despertaba con portadas en los telediarios sobre Nepal, la Generación Z se colocaba en primera línea, exigiendo una democracia real, trabajo y dignidad. La represión se hizo también sentir: más de 72 muertos y miles de heridos. Entre los fallecidos, 59 eran manifestantes, 10 prisioneros y 3 agentes de policía. Además, se han contabilizado alrededor de 2,100 heridos, de los cuales más de 253 todavía quedan hospitalizados.  La presión social fue insoportable. El 9 de septiembre, el primer ministro K.P. Sharma Oli renunció y abandonó el país hacia India, seguido por varios ministros y altos funcionarios que huyeron para evitar represalias. La ira popular derivó en escenas de linchamiento y ataques a propiedades de exdirigentes, un reflejo del profundo resentimiento popular acumulado. Entre los linchamientos, destacan los de el ex primer ministro Sher Bahadur y su esposa, su residencia fue incendiada y la mujer falleció quemada viva en su domicilio. De igual forma, la vivienda del ex primer ministro Jagannath Khanal también fue atacada y destruida. El ministro de Finanzas Vishnu Prasad Paudel fue perseguido, ridiculizado y agredido por manifestantes por las calles de Katmandú, haciendo viral un vídeo suyo semidesnudo en un río. Tampoco quedaron exentos los ministros de Interior y Defensa, atacados por multitudes, reportando casos de cuerpos mutilados y asesinatos con cuchillo. Por último, entre los destacables, queda todavía en paradero desconocido la situación de la Presidente del Parlamento de Nepal, cuya residencia también fue incendiada. Sushila Karki: la primera mujer en liderar Nepal Tras la tormenta, el 12 de septiembre, el Parlamento disuelto y las fuerzas políticas acordaron nombrar a Sushila Karki, ex jueza del Tribunal Supremo, como primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de Nepal. El nombramiento buscó calmar los ánimos tras días de violencia, linchamiento y saqueos, y garantizar una transición ordenada hacia las elecciones generales convocadas para marzo de 2026. El hecho de que una figura independiente, con credenciales judiciales y sin afiliación partidaria directa, asumiera el poder, también buscaba restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, debilidades por décadas de corrupción y conflictos internos entre partidos. El 13 y 14 de septiembre se levantó el toque de queda y, en un gesto simbólico, miles de manifestantes comenzaron a limpiar calles y retirar escombros, como si quisieran dejar atrás las cenizas y preparar el terreno para un nuevo Nepal. Estas imágenes han recurrido las redes sociales, plasmando un mensaje directo: la sociedad nepalí está dispuesta a dejar atrás las cenizas de la violencia y preparar el terreno para un nuevo capítulo político en Nepal, marcado por la participación ciudadana y la esperanza de cambio. Primera líder elegida por discord Como curiosidad, una parte de la elección de Sushila Karki como primera ministra se coordinó de manera informal a través de plataformas digitales, entre las que destaca Discord, utilizada por grupos de la Generación Z y activistas juveniles durante las protestas. Esta plataforma sirvió como espacio de deliberación y consenso, donde representantes de distintos movimientos discutieron posibles candidatos para el gobierno interino. Karki fue seleccionada como figura de compromiso, neutral y con trayectoria reconocida, lo que la hacía aceptable tanto para los manifestantes como para ciertos sectores parlamentarios y fuerzas tradicionales. Nepal vio por primera vez un proceso de decisión política parcialmente impulsado por votación digital comunitaria, otro hecho que se suma a la influencia de las redes y el poder de la organización juvenil dentro de la política nacional. Reacciones internacionales Las protestas de Nepal han generado una amplia gama de reacciones alrededor del mundo. Entre ellas, podemos destacar: Reino Unido: el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido emitió una declaración instando a los ciudadanos británicos en Nepal a seguir los consejos de viaje, evitar las protestas y mantenerse informado a través de los medios locales. Además, ofreció asistencia consular.  India:  tras el cierre temporal de la frontera indo-nepalesa debido a los disturbios, India permitió la reapertura parcial de algunos puntos, como Rupaidiha y Sonauli. Esto facilitó el suministro de productos esenciales, como alimentos, combustible y medicamentos. China:  Pekín expresó su esperanza de que Nepal pudiera restaurar el orden tras las protestas. Aunque fue una declaración breve, reflejó un cierto grado de preocupación por la estabilidad regional, especialmente al ser China una sociedad que puede verse afectada por movimientos sociales ligados a las nuevas tecnologías, las cuales se encuentran en auge en el gigante asiático. EEUU:  tras la designación de Karki como primera ministra interina, la embajada estadounidense en Katmandú emitió una declaración donde celebraba la restauración de la calma y la resolución pacífica de la crisis. Destacó el papel del Ejército nepalí en la estabilización del país y expresó su disposición a apoyar el proceso democrático y las elecciones programadas en 2026. ONU y UE: expresaron su preocupación por la violencia y la pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones y revueltas. Instaron a todas las partes a la calma y al diálogo para resolver la crisis de manera pacífica. Posible impacto económico y social Las protestas y la represión en el país han tenido un efecto inmediato y profundo sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos. El comercio en Katmandú y otras ciudades clave se ha visto paralizado, con tiendas, mercados y oficinas cerradas durante días por miedo a la violencia. El sector turístico, vital para la economía nepalí, ha sufrido un golpe crítico: vuelos cancelados, el aeropuerto internacional de Katmandú paralizado, hoteles vacíos y quemados, rutas de trekking cerradas etc…, lo que afecta a guías locales, transportistas y comunidades rurales que dependen de ingresos turísticos. El desempleo juvenil, ya alto antes de las protestas, ha empeorado, y la incertidumbre política ha generado un aumento de la migración. Además, la infraestructura urbana ha quedado dañada:carreteras bloqueadas, edificios gubernamentales y comerciales incendiados, lo que retrasa servicios esenciales como salud o educación. La percepción de inseguridad también ha espantado a la inversión extranjera, afectando a proyectos en desarrollo y la llegada de capital externo. En el ámbito social, la represión deja huellas físicas y psicológicas a miles de personas. Familias han perdido miembros, y la violencia ha fracturado la confianza hacia las instituciones estatales. Los jóvenes, se sienten cada vez más marginados, pero también más movilizados políticamente, mostrando un cambio generacional en la forma de participación ciudadana.  Dimensión regional El estallido social en Nepal tiene implicaciones más allá de sus fronteras. Para India, la proximidad geográfica y los lazos comerciales hacen que cualquier desestabilización política pueda afectar al suministro de productos esenciales y de seguridad en los estados fronterizos de Uttar Pradesh y Bihar. Por su parte, Bangladesh observa el fenómeno con cierta inquietud, temiendo que la movilización juvenil inspire movimientos similares en su propio país, donde la generación “Z” también está descontenta con las élites políticas tradicionales. China, que mantiene intereses en el desarrollo de infraestructura en Nepal y proyectos del corredor económico China-Nepal, ha expresado su preocupación por cómo podría afectar sus inversiones. La situación en Nepal es vista como un indicador de cómo los movimientos sociales ligados a la digitalización y las redes pueden influir en países vecinos con regímenes más autoritarios, poniendo a prueba la capacidad estatal para controlar la información y mantener contenida la estabilidad social.

El objetivo que planteamos mediante el siguiente artículo es analizar de forma objetiva e integral la situación de la mujer afgana bajo el actual gobierno talibán, retomado en 2021. Para ello, abordaremos el contexto histórico, político y social que ha llevado a la instauración de un sistema profundamente restrictivo para los derechos femeninos, así como las consecuencias humanas y las formas de resistencias que todavía persisten pese a la represión. Afganistán ha sido, durante las últimas décadas, escenario de cambios, imposiciones y gobiernos muy drásticos en cuanto al estatus y la libertad de las mujeres. La llegada de los talibanes al poder, tanto en 1996 como en 2021, ha marcado un retroceso grave respecto a los avances logrados durante los años de intervención internacional. Contexto histórico Durante la monarquía de Zahir Shah –1933-1973–, Afganistán inició tímidas reformas modernizadoras. En las áreas urbanas, especialmente en Kabul, mujeres y hombres comenzaron a compartir espacios educativos. A partir de la Constitución de 1964, se les reconoció el derecho al voto y a ocupar cargos públicos. En las décadas de 1960 y 1970, mujeres afganas trabajan como médicas, profesoras, funcionarias y hasta parlamentarias.  Sin embargo, este panorama de apertura estaba limitado a las ciudades; en zonas rurales y tribales, las costumbres tradicionales restringían severamente la vida femenina. La invasión soviética ––1979-1989— y la posterior guerra civil entre facciones muyahidines —1989-1996—  agravaron la situación: la violencia generalizada redujo la movilidad de las mujeres y debilitó los servicios educativos y sanitarios. Las conquistas urbanas de las décadas anteriores quedaron prácticamente destruidas. Con la llegada de los talibanes al poder en 1996, se impuso una visión ultraconservadora del islam. Las mujeres fueron excluidas casi totalmente de la vida pública: Se prohibió su educación en todos los niveles. El trabajo femenino quedó reducido a excepciones mínimas –como enfermería—. Las mujeres debían usar el burka y no podían salir sin acompañante masculino. Este período significó un colapso para el desarrollo social y generó una fuerte condena internacional por el retroceso en derechos y libertades civiles, tanto a mujeres como a hombres. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la coalición internacional encabezada por Washington derrocó al régimen talibán. Se creó un nuevo marco constitucional que garantizaba derechos formales a las mujeres. En los siguientes años: Más de 3,5 millones de niñas fueron matriculadas en escuelas. Universidades y academias reabrieron al alumnado femenino. Las mujeres llegaron a ocupar el 27% de los escaños parlamentarios y ministerios. Los medios de comunicación dieron visibilidad a periodistas y presentadoras. Sin embargo, los logros tuvieron ciertos límites: en zonas rurales dominadas por las insurgencias talibanes, la educación femenina seguía siendo peligrosa, con ataques a escuelas y amenazas a maestras. Además, la corrupción y la dependencia de la ayuda internacional, especialmente occidental, hicieron que muchos programas fueran insostenibles sin respaldo externo. La retirada de las tropas internacionales en agosto de 2021 permitió a los talibanes recuperar el poder en pocas semanas, dejando imágenes impactantes en escenarios como el aeropuerto de Kabul. A pesar de las promesas iniciales de un “gobierno inclusivo”, rápidamente reinstauraron políticas severamente restrictivas: Suspensión de la educación secundaria y universitaria para niñas y mujeres. Prohibición del trabajo femenino en la administración pública y sector privado. Represión de manifestaciones y disolución de asociaciones femeninas. En menos de seis meses, se había revertido gran parte de los avances conseguidos durante casi dos décadas de intervención internacional, instalando nuevamente un régimen de segregación de género. Marco legal y político Los talibanes han instaurado un sistema normativo basado en su interpretación rígida y excluyente de la sharia –ley islámica–, que difiere de las interpretaciones más flexibles aplicadas en otros países musulmanes. Su visión se caracteriza por la supremacía masculina en todos los ámbitos de la vida, el control absoluto de la conducta social y la eliminación de cualquier participación femenina en la toma de decisiones. Tras retomar el poder en 2021, el movimiento abolió de facto la Constitución afgana de 2004, que reconocía formalmente la igualdad entre hombres y mujeres y garantizaba el derecho a la educación y al trabajo. En su lugar, el país se rige por decretos emitidos por el líder supremo, Hibatullah Akhundzada, y por normas dictadas por ministerios controlados exclusivamente por hombres. Esto implica que: No existe un marco legal que reconozca derechos civiles, políticos o sociales. La autoridad religiosa está por encima de cualquier principio normativo o legal. Las decisiones se aplican sin posibilidad de apelación o supervisión independiente. Afganistán es hoy el único país del mundo sin representación femenina en el gobierno o el parlamento. Durante la época republicana —2001-2021—, las mujeres habían alcanzado hasta un 27% de los escaños legislativos, un récord en la región. Bajo los talibanes, todas esas figuras fueron apartadas, y los cargos públicos quedaron monopolizados por clérigos y combatientes masculinos del movimiento talibán. El sistema impone la figura del mahram –acompañante masculino–, como requisito no solo para la movilidad, sino también para acceder a derechos básicos: abrir una cuenta bancaria, viajar o incluso recibir atención médica en algunos casos. Esto coloca a las mujeres en un estatus de dependencia legal perpetua, similar a la tutela vitalicia. En cuanto a la justicia, se administra en tribunales de la sharía, sin procedimientos estandarizados ni garantías procesales. Las mujeres rara vez pueden presentar denuncias o defenderse por sí mismas; en la práctica: Casos de violencia doméstica, abusos o matrimonios forzados no se investigan. La palabra de la mujer tiene menor valor jurídico que la del hombre. Las sentencias dependen de la interpretación local de los jueces talibanes. En consecuencia, el vacío legal y la ausencia de mecanismos de protección convierten a las mujeres en sujetos jurídicos invisibles, subordinados a la autoridad masculina y sin capacidad de recurso frente al Estado. Educación Desde el retorno de los talibanes al poder en 2021, la educación femenina secundaria y universitaria ha sido prácticamente eliminada. En la práctica, esto se plasma en: Cierre de escuelas y universidades femeninas: miles de instituciones educativas que antes recibían a niñas y jóvenes mujeres fueron clausuradas. En muchas provincias, los edificios permanecen vacíos o han sido reasignados para otros usos exclusivos para hombres. Prohibición de matriculación femenina:  se suspendió la inscripción de nuevas estudiantes a partir del sexto grado, bloqueando el acceso a educación avanzada y profesional. Limitaciones a la educación mixta o a distancia: los programas que intentaban ofrecer clases en línea o en entornos mixtos fueron suspendidos por temor a la “influencia occidental” y la interacción entre sexos. La UNESCO y otros organismos internacionales estiman que millones de niñas afganas han quedado sin acceso a la educación, lo que genera efectos devastadores a corto y largo plazo: Económicos : la exclusión femenina del sistema educativo reduce la fuerza laboral calificada y limita el crecimiento económico del país, al impedir que las mujeres ocupen cargos profesionales o generen ingresos. Sociales : la escolarización femenina está directamente ligada a la disminución de matrimonios infantiles y al aumento de la participación ciudadana; su ausencia refuerza ciclos de pobreza y dependencia. Culturales : la prohibición afecta la transmisión del conocimiento, la creatividad y la diversidad cultural, consolidando un entorno donde las mujeres permanecen invisibilizadas en la esfera pública y cultural del país. Las consecuencias a futuro que esta interrupción educativa supondrá podría afectar a toda una generación de mujeres, limitando no solo su desarrollo personal sino también la estabilidad y el progreso de Afganistán como sociedad. La falta de educación también aumenta la vulnerabilidad frente a matrimonios forzados, explotación laboral y violencia de género, perpetuando un ciclo de desigualdad estructural. Trabajo y economía El acceso de las mujeres al empleo público y privado ha sido severamente restringido, revirtiendo los avances alcanzados entre 2001 y 2021. Las medidas incluyen: Exclusión del empleo público:  las mujeres han sido removidas de ministerios, oficinas gubernamentales, instituciones educativas y organismos locales. Limitación en el sector privado: la mayoría de los trabajos formales en empresas y comercio quedan vetados a las mujeres. Solo se permiten ciertas excepciones, principalmente en el ámbito sanitario femenino, como médicas, enfermeras o personal de clínicas que atienden exclusivamente a mujeres y niñas. Prohibición de empleo en ONG y organizaciones internacionales:  En muchas provincias, se ha bloqueado la participación de mujeres en organizaciones de educación, desarrollo o asistencia humanitaria, restringiendo además el funcionamiento de programas de ayuda dirigidos por y para mujeres. Estas restricciones han tenido efectos inmediatos y severos sobre la economía y sociedad afgana. Miles de mujeres con familias monoparentales o viudas,  que sostenían a sus hogares tras la guerra o la pérdida de sus esposos, han quedado sin ingresos, aumentando la pobreza extrema.   También, ha habido una reducción del ingreso nacional. La exclusión de la mitad de la población adulta del mercado laboral ha reducido la productividad y limitado la recuperación económica del país. Asimismo, ha habido un repunte de la informalidad laboral: algunas mujeres buscan trabajar clandestinamente, ya sea en cooperativas locales, talleres en casa o servicios de enseñanza privada. Estas actividades generan un riesgo para quienes las imparten, ya que pueden ser perseguidas o sancionadas por las autoridades, representando una forma de resiliencia y resistencia frente a la exclusión. Vida cotidiana y movilidad Bajo el régimen talibán, la vida cotidiana de las mujeres afganas está casi totalmente controlada, restringiendo tanto su libertad física como su participación en la comunidad. Entre las normas principales impuestas podemos encontrar: Mahram obligatorio:  ninguna mujer puede salir de su hogar sin un mahram –padre, hermanos, hijo adulto o esposo—. Esta norma aplica para actividades básicas como ir al mercado, acudir al hospital o realizar trámites administrativos. Prohibición de transporte público y viajes solitarios:  el uso de autobuses, taxis o trenes queda limitado a acompañadas por hombres, dificultando enormemente la independencia y la capacidad de desplazamiento para las mujeres. Las mujeres deben cubrirse completamente con burka o niqab , incluyendo rostro y manos, siempre que estén en espacios públicos. La violación de las normas de vestimente puede acarrear amonestaciones, arrestos o castigos físicos impuestos por patrullas de moralidad talibanas, conocidas como “Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio”. Quedan prohibidas de espacios públicos como parques, gimnasios, cafés o baños públicos aquellas mujeres no acompañadas, limitando su derecho al esparcimiento, la práctica deportiva y la socialización. Las actividades educativas informales o reuniones culturales entre mujeres son restringidas, bajo amenaza de intervención policial o intimidación. Estas restricciones reducen drásticamente la autonomía femenina y fomentan el aislamiento. Las mujeres dependen completamente de la voluntad de los hombres para cualquier actividad externa, su participación comunitaria, el acceso a redes de apoyo, redes sociales o la interacción social ya no existen en la práctica.  Los efectos a largo plazo, incluyen aislamiento social, estrés psicológico, pérdida de habilidades profesionales y educativas, y un aumento de la vulnerabilidad frente a la violencia doméstica o la explotación. Hechos que costará décadas revertir para las mujeres afganas. Salud y derechos reproductivos El acceso a la salud de las mujeres se ha visto profundamente restringido bajo el régimen talibán. La obligatoriedad de contar con un mahram para salir y la segregación de género impiden que muchas mujeres sean atendidas por médicos hombres, mentiras que la escasez de médicas –resultado de la prohibición educativa femenina– agrava la crisis sanitaria. Afganistán se encuentra entre los países con mayores tasas de mortalidad materna e infantil del mundo, una situación que se ha deteriorado desde 2021. La falt de atención adecuada durante el embarazo, el parto y la infancia temprana pone en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas obligadas a matrimonios, sexo y embarazos forzados sin ningun garantía de seguridad, con aprobación social masculina y religiosa y sin posibilidad de acceso a métodos anticonceptivos o aborto. Además, las restricciones contribuyen a problemas de salud mental, aumentando la ansiedad, el aislamiento y la sensación de abandono en la población femenina. Violencia de género y represión La violencia contra las mujeres en Afganistán combina represión institucional y social. Las autoridades talibanes aplican castigos físicos, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, desapariciones de mujeres que desafían las normas.  Se han documentado matrimonios forzados y tempranos, así como el uso de la violencia sexual como instrumento de control, para silenciar a mujeres y disuadrilas de participar en la vida pública. La ausencia de un marco legal que proteja a las víctimas hace que estas situaciones queden en gran medida invisibilizadas, perpetuando un ciclo de abuso y vulnerabilidad.  Resistencia y voces femeninas A pesar del riesgo, las mujeres no han desaparecido totalmente del escenario público. En Kabul y otras urbes, han organizado protestas por el derecho a estudiar y trabajar, a menudo dispersadas mediante violencia. Periodistas, profesoras y activistas continúan trabajando clandestinamente, manteniendo redes secretas de educación y apoyo para niñas y mujeres jóvenes. Estas iniciativas no solo preservan el derecho a la educación, sino que también sostienen espacios de resiliencia comunitaria, ofreciendo acompañamiento psicológico, cultural y social frente a la exclusión sistemática. Muchas mujeres reciben el apoyo de sus maridos, hijos o hermanos, quienes en numerosos casos se han posicionado en contra del régimen. En particular, aquellas que ocupaban cargos de alto nivel y percibían salarios elevados, como educadoras, médicas o políticas, han optado por exiliarse o continuar su labor de manera clandestina, amparadas por la protección y confianza de sus familiares cercanos, un hecho que resalta la importancia de las redes de apoyo masculino en la supervivencia y resistencia femenina.   Reacción internacional Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado de manera constante las violaciones a los derechos de las mujeres en Afganistán. Sin embargo,  la presión internacional enfrente limitaciones: La falta de reconocimiento oficial al régimen dificulta la diplomacia directa. Las sanciones económicas afectan a la población en general, no a los líderes. La dependencia de Afganistán hacia el exterior obliga a equilibrar la denuncia de violaciones con la provisión de asistencia vital para la población. El gobierno talibán es actualmente reconocido por Rusia de forma exclusiva. Sin embargo, algunos países han establecido relaciones diplomáticas funcionales con el régimen. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos o China han acreditado embajadores, y Pakistán, Irán, Kazajistán o Turkmenistán han aceptado enviados diplomáticos designados por Kabul. Perspectivas futuras Si el régimen se sigue consolidando, Afganistán podría enfrentar una generación completa de mujeres sin acceso a educación o empleo, con consecuencias catastróficas para el desarrollo social, económico, cultural e internacional del país. La desigualdad y la exclusión institucionalizada podrían perpetuarse todavía más por décadas completas. No obstante, existe una pequeña resistencia interna e iniciativas clandestinas de educación y apoyo, respaldadas por algunos casos de cooperación internacional, constituyendo una ligera esperanza para preservar derechos y empoderamiento femenino en medio de una tormenta de adversidad. Sin embargo, lejos queda ese final y mucha lucha y esfuerzo humano requerirá el fin de los talibanes y el régimen actual. La situación de la mujer afgana es probablemente la más restrictiva del mundo contemporáneo. Los retrocesos sufridos desde 2021 borran los avances previos, generando una alerta histórica sobre la fragilidad de los derechos conquistados.

Si bien Corea del Norte no se caracteriza por publicar sus datos económicos o participar en organismos internacionales, hemos considerado relevante dedicarle un artículo al respecto. Nuestro interés por el cambio económico del régimen juche viene  de la observación de escenas que plasman un considerable cambio en el desarrollo de áreas urbanas como Pionyang. Contexto histórico y crisis del comunismo Para contextualizar el tema, hemos de recordar que a inicios de siglo, Corea del Norte sufrió una crisis severa marcada por la caída del bloque soviético —por ende de los fondos del país— y por desastres naturales que mermaron la producción agrícola nacional. Como resultado, el entonces dirigente, Kim Jong-il, abrió una ligera puerta al mercado privado interno, flexibilizando tímidamente los ingresos salariales y los precios de los bienes. Sin embargo, estas políticas fueron abandonadas en 2009, volviendo a la economía planificada. Reformas de Kim Jong-un en el mercado interno No será hasta la llegada de Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, que el país volvería a experimentar un cambio económico algo más alejado de la economía planificada total. Para ello, Corea del Norte ha intentado atraer inversión extranjera, especialmente china, para fomentar la creación de núcleos industriales y proyectos mineros y turísticos. De igual forma, pese a las reticencias con su vecino del sur, ambas Coreas participaron en un proyecto común en la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong, lo que favoreció que trabajadores del norte adoptaron formación del sur, mejorando la productividad laboral y las prácticas operacionales en sectores manufactureros, de consumo, electrónicos o plásticos—pese a que el acuerdo ya ha finalizado por las constantes amenazas entre países—.  Asimismo, la autarquía norcoreana se ha visto frenada por la dependencia hacia el sector primario —23,1% del total del PIB—, lo cual se ha intentado revertir mediante el impulso de fábricas y la utilización de fertilizantes, la modernización de la maquinaria agrícola y la construcción de mejores infraestructuras en las áreas rurales. No obstante, su casi nulo acceso a mercados internacionales dificultan que las medidas realmente tengan éxito a medio y largo plazo, mejorando la calidad de vida de ciertos locales ligeramente en el corto plazo. Pyongyang también depende de Pekín Asimismo, las sanciones internacionales al programa nuclear norcoreano han perjudicado a su economía, afectando especialmente a sus exportaciones. Actualmente, Corea del Norte comercia casi exclusivamente con China —98,3% del intercambio de bienes y servicios internacionales de Corea del Norte—. En consecuencia, la dependencia hacia Pekín es extrema y sus relaciones diplomáticas también, lo que limita y marca su independencia hacia la inversión y capital mandarín. Proyectos a la coreana En virtud de ello, Kim Jong-un ha incrementado la idea del “socialismo de características coreanas” implicando a la planificación estatal con la mejora de la economía interna con limitaciones de mercado. Como resultado, el pequeño mercado privado e informal se ha visto beneficiado y el consumo de bienes importados básicos ha mejorado. Mientras, el sector de la construcción vive un momento pujante impulsado por las obras faraónicas del Estado. A continuación, vamos a compartir algunos proyectos que se han terminado o proyectado desde éste 2025 en el país. En primer lugar, en enero, se finalizó la construcción de una nueva fábrica de alimentación en Kwail —localidad ubicada en la costa oeste del país—. Esta fábrica, es parte de la Política “20x10 para el desarrollo social” que busca reindustrializar las áreas rurales para eliminar los atrasos existentes, como es el caso de ciudades como Kusong, Kumya, Sinyang, Koksan, Jongphyong, Sepho, Taegwan, Kim Hyong Jik y otra veintena de industrias alrededor del país, construidas por los regimientos militares del Ejército Popular de Corea y focalizadas en la producción de alimento, textiles y productos básicos de higiene, limpieza, químicos, fertilizantes, maquinaria, electrónica y tecnología militar.   Por otro lado, Corea del Norte también ha llevado a cabo la construcción de instalaciones educativas y deportivas, como el caso del instituto superior de la ciudad de Hamhung, lo que plasma su interés por mejorar el sistema educativo —con un incremento prometido en la Asamblea Popular Suprema del 5,6%— y su soft power deportivo —marcado por las victorias en el mundial de fútbol femenino y sus características militaristas, con un futuro incremento del 5,4%—. De tal forma, la nueva escuela de fútbol de Hamgyong del Sur, por ejemplo, se enmarca en estos planes con ambición militarista, como se muestra en la construcción del tercer destructor clase Choe Hyon. También se ha finalizado la construcción de la nueva biblioteca de ciencias y tecnología de Hwanghae del Sur o Wonsan, lo que plasma el interés de Pyongyang por incrementar sus medios científicos más allá de la capital, diversificando sus núcleos de producción —orientados quizás a la energía, la estrategía defensiva y desarrollo armamentístico nuclear—. Mientras, en el sector de proyectos a futuros, encontramos planes como la creación del invernadero más grande del país en Kang Dong  o el de Sinujiu—hecho público tras las devastadoras inundaciones del país, las cuales acabaron con una gran cantidad de la producción nacional—. También destaca la proyección del nuevo distrito de Ragwon en búsqueda de mejorar la matricultura y la industria pesquera en la costa costa del mar del Japón. Otro caso es el de la fábrica de tractores de Kumsong y la mejora de la nueva zona turística de Wonsan-Kalma y Yeombunjin o la declaración del monte Kumgang como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que busca atraer al turismo chino. Otro punto vital está siendo la construcción de viviendas, las cuales —en teoría— se regalan a los ciudadanos del pueblo —los cuales no pueden movilizarse libremente del país, encasillados en el destino que el Estado les ofrezca—. Son así, casos como la finalización de nuevas áreas residenciales en Yom Bunjin o el inicio de la quinta etapa del plan de construcción de Pionyang, aportando más de 10,000 viviendas adicionales a las 20,000 construidas en los últimos dos años en el barrio de Hwasong. Asimismo, se busca reurbanizar las áreas suburbanas de Tungme, Wolhyang y Hadang, ubicadas en Pionyang. Del mismo modo, también se han llevado mejoras mediante la construcción de casas de descanso de trabajadores, la mejora de las rutas de transporte público, espacios de ocio y concesionarios —servicio esencial en un país donde el vehículo principal sigue siendo la bicicleta—. De igual forma, Pyongyang ha estado favoreciendo la construcción de otros tipos de infraestructura hasta ahora casi nulas en el país. Por ejemplo, un nuevo albergue para la Unión de Mujeres Socialistas, el sistema de “mini tranvías” de la zona turística de Wonsan-Kalma, la creación de los móviles Mpixel, el proyecto de Honggondo y Ryongmadeo para conseguir terreno cultivable ganando terreno al mar o la finalización de zonas mineras, como el caso de Komdok.  Tampoco han quedado atrás los proyectos turísticos. Algunos como el complejo de Wonsan-Kalma –con capacidad para más de 20,000 alojamientos— buscan atraer a los turistas chinos y movilizar un pequeño sector de población interna, la apertura de la playa de Jasan o el parque recreativo de Waudo, en la ciudad de Nampo. Pyongyang ha reabierto su ruta directa con Moscú, con dos vuelos semanales, que se suma a los esfuerzos del país para extender su red de transportes, como es el caso del proyecto para poner en marcha el aeropuerto de Samjiyon. Por último, el régimen está incrementando su gasto sanitario, con el objetivo de mejorar las tasas de esperanza de vida. Por ello, no sorprenden proyectos como el Complejo de Servicios de Kang Dong, el nuevo Instituto de Investigación Avícola o la construcción de dos hospitales en Ryanggang y Kusong. y la finalización del Hospital Universal de Pyongyang que abrirá en octubre de este año.   Perspectivas futuras y retos económicos generales No sabemos si Corea busca un incremento de su calidad de vida como objetivo final, pero al parecer, su economía comienza a movilizarse de forma más dinámica. No obstante, hemos de recordar que sigue siendo uno de los Estados más herméticos, donde su población no es libre y se encuentra aislada a nivel mundial en uno de los regímenes más autoritarios del planeta. Pero, lo que sí parece es que Corea del Norte está sacando beneficios rusos y chinos, especialmente por la participación activa en la Guerra de Ucrania, y los está invirtiendo con una razonable “cabeza” en la maquetación de una economía propia ligera y estratégicamente conectada con el exterior con un claro peso autárquico. Pyongyang está aprovechando quizás estos beneficios extranjeros en el desarrollo de unas capacidades propias que permitan una mayor independencia a las sanciones y al comercio. Sin embargo, todavía le queda mucho camino para dejar de ser una de las naciones más pobres de Asia, uno de los lugares con menores libertades individuales y uno de los países más aislados comercial y políticamente del globo.